ARTÍCULO DE FONDO: Afiliados de IndustriALL sufren acciones antisindicales

Texto: Leonie Guguen

Las represivas políticas antisindicales son síntoma de la desigualdad mundial cada vez mayor y de la avaricia corporativa. No es de extrañar que los centros de poder a nivel mundial pretendan reprimir a los sindicatos, que influyen en la situación económica, redistribuyendo las riquezas para que pasen de manos de inversionistas a los trabajadores. Los afiliados de IndustriALL Global Union han experimentado muchos ataques de esta naturaleza.

EE.UU.

Cuando el sindicato United Steelworkers, organización afiliada a IndustriALL, presentó una solicitud para que le autorizaran la realización de elecciones en Kumho Tire en EE.UU., la compañía lanzó inmediatamente una campaña, típica del sur de Estados Unidos, para evitar que los trabajadores pudieran lograr representación sindical.

Kumho Tire, situada en Macon, Georgia, que produce neumáticos para fabricantes de automóviles, incluyendo Chrysler, Hyundai y Kia, contrató a una empresa de consultoría, Road Warrior Productions, pagándole por lo menos US$ 300,000 para contratar a siete personas a tiempo completo para dedicarse a actividades antisindicales en la planta.

Kumho Tire creó un sitio web antisindical, que incluía un mensaje del alcalde de Macon instando a los trabajadores a votar en contra del sindicato. Posteriormente ese sitio web fue eliminado.

Los trabajadores se vieron obligados a asistir diariamente a reuniones antisindicales que duraban varias horas, y los administradores les dijeron que la fábrica recién inaugurada tendría que cerrar si votaran en favor de tener un sindicato. La señalada multinacional coreana está actualmente bajo el control de un comité de acreedores encabezado por el Banco de Desarrollo de Corea administrada por el estado, hecho que recalcaron los administradores de la planta para aprovechar los temores de la fuerza de trabajo.

También se obligó a los trabajadores a asistir en forma individual a muchas entrevistas en que se atacaba al sindicato. Un portavoz de United Steelworkers afirmó:

“Tenemos una grabación donde el director de recursos humanos de la compañía amenaza que se van a perder clientes y cerrar plantas si el personal formaba un sindicato. También tenemos testigos que están dispuestos a declarar que les dijeron en entrevistas individuales que si apoyaban al sindicato los iban a despedir”.

Antes de la implacable campaña alarmista y de intimidación en la planta de Macon, un 80% de los trabajadores de Kumho Tire firmaron tarjetas que decían que querían tener un sindicato. Cuando se realizó la votación, los días 12 y 13 de octubre de 2017, USW perdió las elecciones por 28 votos (164 a 136), una reducción del 34% de la fuerza de trabajo que había estado a favor de tener un sindicato.

A Kumho Tire no le bastó el resultado de la votación: pocos días después de la votación le dio por despedir a Mario Smith, uno de los dirigentes de la campaña de sindicalización. Los Steelworkers han respondido presentando cargos por prácticas laborales injustas ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Si se acepta este reclamo, se volvería a realizar la votación o se podría mandar a la empresa a entablar negociaciones con el sindicato.

Vale la pena señalar que la fuerza de trabajo de casi todas las 3,700 plantas de Kumho Tire en Corea del Sur cuenta con representación del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Corea, organización afiliada a IndustriALL.

La discriminación antisindical es muy común en los estados del sur de EE. UU., incluso en empresas que suelen participar en el diálogo social, como Nissan, Boeing y Airbus. El fabricante alemán de automóviles, Volkswagen, que tiene buenas relaciones con los sindicatos en su país de origen, está luchando activamente contra el sistema legal estadounidense que impide la sindicalización de los trabajadores de su planta en Chattanooga, Tennessee. Los Acuerdos Marco Globales de IndustriALL, tanto con Volkswagen como con Airbus, han tenido poca influencia en los Estados Unidos.

Corea del Sur

Las empresas surcoreanas son bien conocidas por sus actividades antisindicales en el exterior, pero las políticas antisindicales en Corea del Sur están muy arraigadas y son graves. Han Sang-gyun, Presidente de la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), ha estado encarcelado desde diciembre de 2015. Así mismo la ex Secretaria General de la KCTU, Lee Young-joo, fue detenida en enero de 2018 y ahora se encuentra en el mismo centro de detención en Seúl.

La compañera Lee se había refugiado en la oficina de la KCTU durante dos años después de que se emitiera una orden de arresto por su papel en la organización de la movilización popular masiva del 14 de noviembre de 2015 contra la reforma laboral represiva del gobierno anterior.

Aunque gracias a las movilizaciones de una amplia alianza de sindicatos y la sociedad civil se logró destituir a la Presidenta Park en marzo de 2017, Lee y Han Sang-gyun no figuraron entre los muchos miles de personas indultadas por la nueva administración bajo el Presidente Moon Jae-in.

IndustriALL visitó y se reunió con Han y Lee varias veces después de 2015 como parte de su campaña de solidaridad mundial con el movimiento sindical de Corea del Sur.

En abril de 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria estudió el caso de Han y Lee y recordó al gobierno coreano que tiene “la responsabilidad, también en el contexto de las protestas pacíficas, de prevenir las detenciones y reclusiones arbitrarias, y exhortó a los Estados a que impidieran en todo momento que se abusara de los procedimientos penales”.

Además de las autoridades, los sindicatos en Corea tienen que combatir constantemente los ataques brutales contra los derechos de los trabajadores en las poderosas empresas familiares del país (conocidas como “chaebol”) como Hyundai y Samsung.

Argelia

Los gobiernos prestan poca atención a los convenios internacionales del trabajo diseñados para proteger los derechos sindicales, aun cuando su país los haya ratificado. En 1962, Argelia firmó el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.

Sin embargo, una poderosa alianza constituida por el gobierno, empresas y el poder judicial, está empeñada en destruir a los sindicatos independientes en Argelia, incluyendo SNATEGS, organización afiliada a IndustriALL. SNATEGS representa a más de 30,000 trabajadores de la empresa estatal de electricidad y gas Sonelgaz. Cuando el sindicato exigió un aumento salarial y mejores condiciones de salud y seguridad, tuvo que enfrentar represalias terribles.

Desde su registro oficial en 2013, SNATEGS y sus dirigentes han sido víctimas de represión cada vez más severa y persecución judicial. En diciembre de 2016, el presidente de SNATEGS, Raouf Mellal, quien fuera despedido por Sonelgaz por sus actividades sindicales, fue condenado en su ausencia a seis meses de cárcel después de revelar la inflación ilícita de las facturas de ocho millones de clientes de Sonelgaz durante un período de diez años.

Cinco meses después, el Ministro de Trabajo anuló el registro de SNATEGS faltando apenas unos días para que comenzara una huelga nacional de los trabajadores de Sonelgaz. En una carta con fecha de 16 de mayo de 2017, el Ministro afirmó que el sindicato había irrespetado la ley argelina 90-14/1990, pero en esa carta no se proporcionó ninguna información relacionada con esa supuesta infracción a la ley. También dijo que Mellal fue destituido de su cargo como Presidente del sindicato.

Posteriormente, fue condenado a un total de 17 meses de cárcel, con multas de 10,000 euros (US$ 12,300) por una serie de acusaciones falsas. Actualmente no está bajo custodia y ha apelado contra los cargos.

La persecución judicial se ha extendido a otros miembros de SNATEGS. El Secretario General y otros altos dirigentes del sindicato, e incluso el abogado que representa a SNATEGS, ahora se enfrentan cargos falsos.

En numerosas ocasiones, las fuerzas de seguridad han sido desplegadas para evitar que el sindicato organice manifestaciones. El 20 de enero de este año, unos 10,000 policías argelinos se hicieron presentes para impedir una manifestación pacífica organizada por SNATEGS en la capital, Argel. Tomaron preso a unas 1,000 personas que iban a participar en la manifestación. Los detenidos fueron trasladados en autobús a zonas remotas, donde les negaron alimentos y agua durante diez horas. Las fuerzas de seguridad confiscaron sus teléfonos y borraron fotos de la manifestación, y así como evidencias de la represión policial. Según SNATEGS, algunas mujeres manifestantes fueron acosadas sexualmente y otros sindicalistas fueron agredidos.

Los sindicatos mundiales, IndustriALL, UITA, la ISP y la CSI, escribieron al Ministro de Trabajo de Argelia, Mourad Zemali, para manifestar su repudio por el mal trato que sufrieron los manifestantes, que incluían sindicalistas y personas de la sociedad civil que simpatizaban con las reivindicaciones de los trabajadores.

En febrero de 2018, se suspendió la visita de una misión de contactos directos de la OIT a Argelia después de que el gobierno se negara a permitir que la delegación se reuniera con sindicatos independientes.

Bangladesh

En diciembre de 2016, el gobierno de Bangladesh utilizó las huelgas espontáneas de las trabajadoras y trabajadores de la confección que exigían un aumento salarial como una excusa para lanzar una gran ofensiva contra los sindicatos del sector. A consecuencia de la política gubernamental, treinta y cinco dirigentes sindicales y trabajadores de la confección fueron detenidos, permaneciendo en detención arbitraria durante varias semanas. Las oficinas del sindicato en las zonas de producción de prendas de vestir cerca de la capital, Dhaka, fueron saqueadas y cerradas por las autoridades. La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladesh (BGMEA) suspendió la producción en 59 fábricas y dieron de baja a más de 1,600 trabajadores y trabajadoras. La policía presentó cargos contra 600 trabajadores y dirigentes sindicales.

Este ataque a gran escala contra los sindicatos recibió una fuerte respuesta del movimiento sindical. IndustriALL movilizó una campaña de solidaridad internacional #EveryDayCounts, que contó con el respaldo de UNI Global Union y sus afiliados en todo el mundo.

Cientos de fotos de todo el mundo se publicaron en las redes sociales, y los sindicatos de más de 20 países enviaron cartas al Primer Ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, pidiendo la liberación de los detenidos. En más de 16 ciudades, los sindicatos protestaron y visitaron a las embajadas de Bangladesh, mientras que una campaña de LabourStart para liberar a los activistas encarcelados logró más de 10,000 firmas.

Al final, el 23 de febrero de 2017, después de dos meses de encarcelamiento, se llegó a un acuerdo tripartito entre el Consejo de IndustriALL en Bangladesh, el Ministerio de Trabajo y BGMEA, poniendo en libertad a los sindicalistas y trabajadores de la confección detenidos, y retirando todos los cargos en su contra.

Sin embargo, a pesar de este gran avance, las relaciones entre los propietarios de las fábricas, el gobierno y los sindicatos del sector de la confección de Bangladesh siguen siendo sumamente frágiles y peligrosas. Apenas seis meses después de que los sindicalistas fueran puestos en libertad, 50 trabajadores de la confección fueron gravemente agredidos por una banda de matones por participar en una protesta pacífica frente a las instalaciones de Haesong, empresa fabricante de jerséis. Los manifestantes se sentaron para protestar junto con algunos huelguistas frente a la sede de la empresa de propiedad coreana en Hizalhati, Gazipur. Esta acción fue organizada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Confección (NGWF), organización afiliada a IndustriALL.

Entre los heridos figuraban mujeres, incluyendo la Secretaria General y la Vicepresidenta del sindicato. Además, un activista de la NGWF fue secuestrado y luego puesto en libertad muchas horas después. A pesar de muchas solicitudes al respecto, la policía local se negó a aceptar una demanda por los reclamos de los trabajadores, ni sobre el secuestro, ni respecto a la agresión contra los manifestantes.

Es esta impunidad lo que hace que sea peligrosa la labor de organización sindical en Bangladesh.

Filipinas

Las personas que trabajan en las complejas cadenas de suministro mundiales son especialmente vulnerables a violaciones de sus derechos, malas condiciones de salud y seguridad, y bajos salarios. Se responde poco por las responsabilidades ante lo que es una fuerza de trabajo oculta de las empresas multinacionales, y muchas veces se acoge con poco agrado a los sindicatos.

En su planta en Lipa City, al sur de Manila, Furukawa Automotive Systems, empresa de propiedad japonesa en Filipinas, fabrica componentes de automóviles para importantes marcas como Toyota, Suzuki y Nissan.

Los trabajadores de Furukawa lograron un importante triunfo en enero de este año después de votar por un amplio margen para ser representados por una seccional de la Alianza

de Trabajadores Metalúrgicos de Filipinas (PMA), organización afiliada a IndustriALL. Casi 1,500 trabajadores de una fuerza de trabajo de 5,000 votaron en favor de tener un sindicato; más del 50% de estos trabajadores son temporales o contratados por agencias.

Se ganó la lucha por el reconocimiento sindical en Furukawa con el apoyo de sindicatos encabezados por la PMA, el Sindicato del Consejo de Trabajadores Metalúrgicos del Japón, y también de sindicatos mundiales y otras organizaciones.

Sin embargo, a pesar del hecho de que la PMA ganó la votación sobre su certificación sindical, continúan las acciones antisindicales en esa compañía. Otro sindicato, que cuenta con el apoyo de la empresa, está retrasando el proceso de negociación colectiva acudiendo al tribunal laboral para afirmar que también tienen miembros en Furukawa. Hasta que se resuelva la intervención de este sindicato, no puede haber negociaciones para establecer un convenio colectivo.

Colombia

Al igual que Filipinas, la CSI califica Colombia como uno de los diez peores países del mundo en lo que se refiere a los derechos laborales, ya que ofrece un ambiente donde las empresas pueden fácilmente atacar a los sindicatos.

TuboCaribe, propiedad de la multinacional siderúrgica Tenaris, fabrica tubos de acero en una planta en el puerto caribeño de Cartagena. En diciembre de 2017, después de negarse a firmar un nuevo convenio colectivo con los trabajadores, TuboCaribe despidió tanto al presidente como al vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de Tenaris en Colombia (Sintratucar). Luego, después de que se afiliaran al sindicato, TuboCaribe se negó a recontratar a veinte jóvenes que habían estado trabajando con contratos renovables de seis meses.

Como consecuencia de esto, otros 100 trabajadores renunciaron a afiliarse a Sintratucar por temor a perder sus trabajos. En cambio, la empresa renovó los contratos de estos trabajadores.

“Me han despedido debido a la creación del sindicato”, dijo Walberto Marrugo, Presidente de Sintratucar. “Tenaris no respeta la libertad de sindicación. Estamos tratando de anular los despidos a través del sistema legal, pero si resultara necesario, vamos a acudir a un tribunal de arbitraje y tomar otras medidas”.

Al enterarse de los despidos, la Red Sindical Mundial de IndustriALL para Tenaris/Ternium lanzó una campaña de solidaridad con los trabajadores y dirigentes sindicales despedidos. El 17 de diciembre, Sintratucar realizó una serie de protestas y una reunión masiva de sus miembros en las puertas de la fábrica. Los trabajadores reunidos hicieron un llamado a todos los trabajadores del mundo para que se uniesen a una campaña en Facebook para intensificar la presión sobre la empresa. Sintratucar también instó a todos los empleados de Tenaris a que grabasen un vídeo que demostrase las actividades antisindicales de la empresa y que exigieran la reincorporación de los trabajadores despedidos.

Después de que el sindicato presentara una demanda, el juez municipal de Cartagena ordenó a TuboCaribe a reincorporar al Vicepresidente de Sintratucar, Jairo del Río, aduciendo que no se justifica que se rescinda su contrato. Fue una victoria clave, pero el Presidente del sindicato, Walberto Marrugo, y los otros trabajadores jóvenes siguen luchando por sus puestos de trabajo.

Rusia

Se ha calificado como un duro golpe para los sindicatos independientes en Rusia la reciente decisión de un tribunal ruso de disolver la Asociación Sindical Interregional de Trabajadores (ITUWA).

El 10 de enero de 2018, el tribunal local de San Petersburgo dictaminó la disolución del ITUWA, diciendo que el sindicato había realizado actividades políticas y que había recibido fondos del extranjero.

ITUWA reúne a 4,000 trabajadores del sector automotriz y otras industrias. Según la oficina del fiscal, la decisión se basó en el apoyo solidario que ITUWA brindó a camioneros que protestaban contra los aumentos de los impuestos y también se debía a las críticas que el sindicato había publicado en su sitio web respecto a las políticas socioeconómicas del gobierno.

El tribunal también incluyó, como parte de las evidencias para su decisión, las actividades y la naturaleza intersectorial de la membresía del sindicato, además del hecho de que recibiera fondos del extranjero para participar en talleres conjuntos con IndustriALL.

Ocho afiliados de IndustriALL en Rusia emitieron una declaración conjunta en defensa de ITUWA. La declaración fue enviada a la Duma Estatal, a la Fiscalía, al Presidente del Tribunal Supremo y al Presidente de Rusia, diciendo lo siguiente:

“Consideramos que la decisión del Tribunal Municipal de San Petersburgo no sólo ha violado flagrantemente los derechos de los trabajadores y de los sindicatos que representan sus intereses. Esta injusta decisión también impide la regulación adecuada de las actividades sindicales en Rusia, al dejar estas normas fuera del contexto de los marcos legales nacionales e internacionales”.

ITUWA ha apelado al Tribunal Supremo de Rusia y se está preparando para nuevos juicios.

Costa de Marfil

Los trabajadores comenzaron a sentir todo el impacto de las políticas antisindicales del grupo energético marroquí, Akwa, poco después de que el grupo adquiriera una participación del 80% en la empresa de distribución de combustible marfileña Klenzi, en diciembre de 2014.

Al tratar de destruir a SYNTEPCI, sindicato del sector de la energía afiliado a IndustriALL, Klenzi ha demostrado una falta total de respeto por la legislación laboral, por la inspección del trabajo y por el Ministerio de Trabajo de Costa de Marfil.

Los problemas comenzaron en septiembre de 2015, cuando Klenzi se negó a permitir la elección de representantes de los trabajadores porque habría significado pedir a SYNTEPCI una lista de los candidatos, reconociendo así al sindicato en la empresa. Al final, después de una reunión de arbitraje organizada por la inspección del trabajo en mayo de 2017, el Director General de Klenzi, Ali Boutaleb, no quiso entregar el acta de la reunión.

Después de eso, los trabajadores fueron sometidos a todo tipo de amenazas y acoso, intimidándolos con el fin de obligarlos a renunciar al SYNTEPCI. Después de que tres empleados se negaron a elaborar una lista identificando a los trabajadores clave para esta acción antisindical de la empresa, el 5 de julio de 2017 el mismo Director General dirigió una carta a los trabajadores, solicitándoles renunciar a su afiliación al SYNTEPCI. Al poco tiempo se hizo evidente que la compañía estaba obligando a los empleados a firmar la carta bajo coacción, a consecuencia de lo cual el Secretario General de SYNTEPCI, Jeremy Wondje, presentó una queja urgente al inspector del trabajo.

La inspección del trabajo convocó a una reunión entre las partes el 3 de agosto, pero la dirección de Klenzi no apareció. Los trabajadores que asistieron a la reunión fueron sancionados con advertencias escritas por abandonar el trabajo sin autorización.

Después de la intimidación constante, uno de los diez trabajadores que se había negado a firmar la carta renunciando a su afiliación a SYNTEPCI, envió un mensaje de texto a sus colegas revelando que había cedido bajo presión, diciendo: “Hola compañeros, de verdad soy débil, no podía seguir resistiendo. Lo firmé. Les pido disculpas”.

De los nueve empleados restantes que se negaron a firmar la carta renunciando a su afiliación a SYNTEPCI, ocho han sido despedidos.

Cuando la secretaria del Director General también se negó a firmar, la enviaron a trabajar como operadora de bombas en la mina Tongon en Korhogo, donde Klenzi entrega combustible.

El 31 de enero de 2018, SYNTEPCI realizó una huelga de tres días para protestar por las violaciones de la libertad de sindicación en Klenzi, así como por los problemas con otras empresas petroleras en Costa de Marfil. Sin embargo, la situación sigue sin resolverse.

EL CAMINO A SEGUIR

Los gobiernos deben reconocer el papel legítimo e imprescindible que realizan los sindicatos para corregir la desigualdad, aumentando la prosperidad y ampliando la base tributaria a través de salarios más altos. Los gobiernos también deben hacer más para proteger a los sindicatos, señala el Secretario General de IndustriALL, Valter Sanches:

“Las empresas multinacionales son demasiado ponderosas, realizando acciones antisindicales para proteger sus ganancias. Esto es perjudicial para comunidades y sociedades enteras. Los gobiernos deben rechazar la avaricia corporativa, y eso incluye tomar medidas enérgicas para defender el derecho a la libertad de sindicación”.

Existe una nueva generación de trabajadores, que enfrentan trabajo precario y bajos salarios, que se va dando cuenta de que la acción colectiva es la mejor manera de defender sus intereses. Esto constituye una pequeña luz de esperanza. En 2017, se afiliaron 262,000 nuevos miembros a los sindicatos en EE. UU., de los cuales un 75% tenía menos de 35 años. Algunos de los mayores avances se lograron en campañas de sindicalización dirigidas por mujeres y personas de color.

Sanches concluyó diciendo: “Mientras más crezcan los sindicatos al dirigirse a los jóvenes y mujeres, más fuertes serán para combatir los ataques antisindicales”.

ENQUÊTE: Tentatives de casse syndicale, les affiliés d’IndustriALL assiégés

Texte: Leonie Guguen

La répression syndicale est symptomatique des inégalités mondiales croissantes et de la cupidité des entreprises. On ne s’étonnera pas que des forces mondialisées cherchent à détruire les syndicats, qui sont acteurs économiques dans la redistribution des richesses du capital vers le monde du travail. Les affiliés d’IndustriALL Global Union ne connaissent que trop bien ces attaques.

États-Unis

Lorsque l’affilié d’IndustriALL, les Métallos USW, a introduit une demande de scrutin pour Kumho Tire aux États-Unis, l’entreprise a immédiatement lancé une campagne pour démolir les chances des travailleurs et travailleuses d’obtenir une représentation syndicale, ce qui est typique dans le sud des États-Unis.

Kumho Tire, à Macon, en Georgie, qui fournit des pneus à des constructeurs automobiles, dont Chrysler, Hyundai et Kia, a fait appel à une firme de consultance, RoadWarrior Productions, lui versant au moins 300.000 dollars, pour envoyer sept personnes à plein temps à l’usine afin de casser du syndicat.

Kumho Tire a mis en ligne un site anti-syndical où figurait un message du maire de Macon exhortant les travailleurs et travailleuses à voter contre le syndicat. Ce site a depuis été retiré.

Les travailleurs et travailleuses étaient forcés à participer quotidiennement à des réunions qui duraient plusieurs heures, où les cadres leur disaient que l’usine nouvellement ouverte serait obligée de fermer si le vote était en faveur du syndicat. La multinationale coréenne est actuellement sous contrôle d’un comité de créanciers chapeauté par la banque étatisée Korea Development Bank, et la direction de l’usine a insisté sur la chose pour jouer sur les peurs des salariés.

Les travailleurs et travailleuses ont été également amenés à participer à des réunions en face à face : “Nous avons un enregistrement où un des responsables des ressources humaines de l’entreprise menace de la perte de clients et de la fermeture de l’usine en cas de syndicalisation. Nous avons également des témoins qui sont prêts à répéter qu’on leur a signifié en face-à-face que s’ils soutenaient le syndicat, ils seraient mis dehors,” a indiqué un porte-parole des Métallos USW.

Avant cette campagne effrénée et anxiogène d’intimidation à l’usine de Macon, 80% des salariés de Kumho Tire avaient signé une carte indiquant vouloir un syndicat. Lorsque le vote a eu lieu les 12 et 13 octobre 2017, l’USW a perdu le scrutin par 28 voix (164 à 136), une chute de 34% par rapport aux intentions de vote favorables au syndicat.

Non content du résultat du scrutin, Kumho Tire a ensuite mis à pied Mario Smith, un des leaders de la campagne de syndicalisation, quelques jours à peine après le vote. Les Métallos USW ont répliqué en déposant une plainte pour pratique de travail inéquitable auprès de l’autorité compétente, la NLRB. Si elle aboutit, le scrutin pourrait être refait ou l’entreprise recevoir l’ordre de négocier avec le syndicat.

Il est bon de noter que pratiquement l’ensemble des 3.700 salariés de Kumho Tire en Corée du Sud sont syndiqués par l’affilié d’IndustriALL, le Syndicat coréen des métallurgistes.

Aux États-Unis, la discrimination anti-syndicale est monnaie courante dans les États du sud, même auprès d’entreprises qui, normalement, s’engagent dans le dialogue social, comme Nissan, Boeing ou Airbus. Le constructeur automobile allemand Volkswagen, qui a de bonnes relations avec les syndicats dans son pays d’origine, résiste activement aux lois des États-Unis pour empêcher les salariés de se syndiquer dans son usine de Chattanooga, au Tennessee. Les accords-cadres mondiaux d’IndustriALL aussi bien avec Volkswagen qu’avec Airbus ont eu peu d’influence aux États-Unis.

Corée du Sud

Les compagnies sud-coréennes sont bien connues pour leurs activités anti-syndicales à l’étranger, mais cette attitude, en Corée, est bien ancrée et rude. Han Sang-gyun, Président de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) est emprisonné depuis décembre 2015 et l’ancienne Secrétaire générale de la KCTU, Lee Young-joo, a été arrêté en janvier 2018 et est maintenant emprisonnée dans le même centre de détention de Séoul. 

La Camarade Lee avait cherché refuge dans les locaux de la KCTU depuis deux ans, après qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre elle pour son rôle dans l’organisation des mobilisations populaires de masse du 14 novembre 2015, contre la nature répressive des réformes du travail du précédent gouvernement.

Alors que des mobilisations de la part d’une large alliance entre syndicats et société civile sont parvenues à faire tomber la Présidente Park en mars 2017, Lee et Han Sang-gyun ne figurent pas parmi les nombreux milliers de personnes amnistiées par la nouvelle administration du Président Moon Jae-in.

IndustriALL a été rendre visite à Han et Lee à plusieurs reprises depuis 2015 dans le cadre de sa solidarité internationale avec le mouvement syndical sud-coréen.

En avril 2017, le Groupe de Travail de l’ONU sur la Détention arbitraire a pris en considération le cas de Han et Lee et rappelé au gouvernement coréen qu’il a “la responsabilité, y compris dans le contexte de manifestations pacifiques, d’empêcher les arrestations et détentions arbitraires et a appelé les États à éviter en toute circonstance l’abus de poursuites judiciaires”.

En plus de celles des autorités, les syndicats de Corée doivent faire face en permanence aux attaques brutales sur les droits des travailleurs de la part des toutes puissantes entreprises familiales du pays (connues sous l’appellation chaebols), comme Hyundai et Samsung. 

Algérie

Certains gouvernements ne se soucient guère des conventions internationales du travail destinées à protéger les droits syndicaux, même si leur pays les a ratifiées. L’Algérie a signé la Convention 87 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la liberté syndicale et la Convention 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective en 1962.

Et pourtant, une puissante alliance entre gouvernement, entreprise et magistrature semble déterminée à écraser les syndicats indépendants, y compris le SNATEGS, affilié à IndustriALL. Le SNATEGS, qui représente plus de 30.000 salariés de la compagnie étatique du gaz et de l’électricité, Sonelgaz, a vu ses revendications en vue de meilleurs salaires et conditions de santé et sécurité rencontrer des représailles extraordinaires.

Depuis son enregistrement en 2013, le SNATEGS et ses dirigeants ont été soumis à une oppression et une persécution judiciaire croissantes. En décembre 2016, le Président du SNATEGS, Raouf Mellal, qui avait été licencié par Sonelgaz pour ses activités syndicales, a été condamné par défaut à six mois de prison après avoir été lanceur d’alerte à propos de surfacturations illicites de huit millions de consommateurs sur une période de dix ans.

Cinq mois plus tard, le Ministre du Travail a retiré l’agrément du SNATEGS, à peine quelques jours avant une grève nationale des travailleurs et travailleuses de Sonelgaz. Dans un courrier daté du 16 mai 2017, le Ministre indiquait que le syndicat ne s’était pas conformé à la Loi 90-14/1990, sans en préciser de quelle manière. Il y était également dit que Mellal avait été démis de ses fonctions de président du syndicat.

Il a depuis été condamné à un total de 17 mois de prison et à des amendes d’un équivalent de 10.000 euros (12.300 dollars), sur base d’une kyrielle de charges fallacieuses. Il n’est pas détenu pour l’instant et a fait appel.

Cette persécution judiciaire s’est étendue à d’autres membres du SNATEGS. Le Secrétaire général, d’autres hauts responsables du syndicat et même l’avocat représentant le SNATEGS font maintenant face à des accusations bidons.

Des forces de sécurité ont été employées à de nombreuses reprises pour empêcher le syndicat d’organiser des rassemblements. Le 20 janvier de cette année, environ 10.000 policiers ont été mobilisés pour arrêter un rassemblement pacifique organisé par le SNATEGS dans la capitale Alger. Ils ont arrêté quelque 1.000 personnes soupçonnées d’être des manifestants, qui ont été emmenées en autocar vers un endroit éloigné et privées d’eau et de nourriture pendant dix heures. Les forces de sécurité ont confisqué leurs téléphones et effacé les photos du rassemblement, ainsi que toute preuve de la répression policière qui avait eu lieu. Selon le SNATEGS, des manifestantes ont été sexuellement harcelées et d’autres syndicalistes ont été agressés physiquement.

Les Fédérations syndicales internationales IndustriALL, UITA, ISP ainsi que la CSI ont écrit au Ministre algérien du travail, Mourad Zemali, pour condamner le traitement réservé aux manifestants, qui étaient constitués d’un mélange de syndicalistes et de sympathisants de la cause des travailleurs, issus de la société civile.

En février 2018, une mission de contact direct de l’OIT en Algérie a été annulée à la suite du refus du gouvernement de l’autoriser à rencontrer des syndicats indépendants.

Bangladesh

En décembre 2016, le gouvernement du Bangladesh a pris prétexte de grèves sauvages de travailleurs et travailleuses de la confection qui revendiquaient de meilleurs salaires pour lancer une importante répression sur les syndicats du secteur. Trente-cinq leaders syndicaux et travailleurs de la confection ont été arrêtés et détenus arbitrairement pendant plusieurs semaines. Des locaux syndicaux dans toutes les zones de production de vêtements autour de la capitale Dacca ont été fermés et vandalisés par les autorités. L’Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA) a suspendu la production dans 59 usines et plus de 1.600 travailleurs et travailleuses ont été suspendus. La police a engagé des poursuites contre 600 travailleurs et leaders syndicaux.

Cette attaque généralisée contre les syndicats a rencontré une ferme réplique de la part du mouvement syndical. IndustriALL a mobilisé une campagne de solidarité internationale sous le hashtag #EveryDayCounts, soutenue par UNI Global Union et les affiliés du monde entier.

Des centaines de photos ont été publiées partout dans le monde sur les médias sociaux et des syndicats de plus de 20 pays ont envoyé des courriers au Premier Ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, pour appeler à la libération des détenus. Les syndicats ont manifesté et rendu visite aux ambassades du Bangladesh dans plus de 16 villes, tandis qu’une campagne de LabourStart en faveur de la libération des militants emprisonnés a récolté plus de 10.000 signatures.

Finalement, le 23 février 2017, après deux mois de captivité, un accord tripartite a été conclu entre le Conseil d’IndustriALL pour le Bangladesh, le Ministère du travail et la BGMEA, permettant la libération des syndicalistes et travailleurs de la confection arrêtés et toutes les charges contre eux ont été abandonnées.

Cependant, en dépit de cette avancée, les relations entre les propriétaires d’usine, le gouvernement et les syndicats du secteur de la confection du Bangladesh restent sur le fil du rasoir. À peine six mois après la libération des syndicalistes, 50 travailleurs et travailleuses de la confection ont été rudement passés à tabac par des hommes de main pour avoir pris part à une manifestation contre un fabricant de sweaters, Haesong. La grève et le sit-in devant le siège de cette compagnie à capitaux coréens à Hizalhati, Gazipur, étaient organisés par l’affilié d’IndustriALL, la Fédération nationale des travailleurs de la confection (NGWF).

Parmi les personnes blessées figuraient deux femmes qui se trouvent être la présidente et la vice-présidente du syndicat. Un recruteur syndical de la NGWF a été enlevé pour n’être libéré que de nombreuses heures plus tard. En dépit de multiples sollications, la police locale a refusé de prendre les plaintes des travailleurs et travailleuses à propos de l’enlèvement et des attaques.

C’est cette impunité qui rend la syndicalisation périlleuse au Bangladesh. 

Philippines

Les personnes qui travaillent au sein de chaînes d’approvisionnement complexes sont particulièrement vulnérables aux violations de leurs droits, à une mauvaise santé et sécurité et aux bas salaires. Il est difficile de faire rendre des comptes pour ce qui constitue une main d’œuvre cachée des multinationales et les syndicats sont rarement les bienvenus.

Furukawa Automotive Systems, une compagnie à capitaux japonais présente aux Philippines, fabrique des pièces pour d’importantes marques automobiles comme Toyota, Suzuki et Nissan, au départ de son usine de Lipa, au sud de Manille.

Les travailleurs et travailleuses de Furukawa ont emporté une victoire en janvier de cette année en votant à une large majorité en faveur d’une représentation par une section de l’affilié d’IndustriALL, l’Alliance des métallurgistes des Philippines (PMA). Près de 1.500 travailleurs et travailleuses sur un total de 5.000, ont voté en faveur du syndicat, dont plus de 50% dépendent d’agences de recrutement ou sont temporaires.

Ce combat pour la reconnaissance syndicale chez Furukawa a été gagné avec le soutien de syndicats emmenés par la PMA, le Conseil des syndicats de métallurgistes du Japon, ainsi que des fédérations syndicales internationales et autres organisations.

Cependant, et en dépit du fait que la PMA a emporté le scrutin pour sa certification, l’anti-syndicalisme est toujours présent dans l’entreprise. Un autre syndicat, soutenu par l’entreprise, retarde le processus de négociation collective en se portant devant le tribunal du travail pour prétendre qu’il a également des membres chez Furukawa. Tant que l’intervention de ce syndicat n’est pas résolue, il ne peut y avoir de négociations en vue d’une convention collective de travail.

Colombie

Comme les Philippines, la Colombie est reprise par la CSI dans le top 10 des pires pays en termes de droits des travailleurs, ce qui donne un terreau favorable pour que les entreprises s’en prennent aux syndicats.

TuboCaribe, qui appartient à la multinationale de la sidérurgie Tenaris, fabrique des tubes en acier dans son usine de Cartagena, un port sur les Caraïbes. Après avoir refusé de signer une nouvelle convention collective avec les travailleurs, TuboCaribe a mis à pied à la fois le président et le vice-président du Syndicat des travailleurs de Tenaris en Colombie (Sintratucar), en décembre 2017. TuboCaribe a ensuite refusé de reprendre vingt jeunes qui fonctionnaient selon un contrat renouvelable tous les six mois, après leur ralliement au syndicat.

Ceci a amené 100 autres travailleurs et travailleuses à quitter le Sintratucar par crainte de perdre leur emploi. Leurs contrats ont, eux, été renouvelés.

“La raison de ma mise à pied est la formation du syndicat,” a indiqué le président du Sintratucar, Walberto Marrugo. “Tenaris ne respecte pas la liberté syndicale. Nous essayons de faire annuler les mises à pied par le système judiciaire, mais nous irons devant un tribunal arbitral et mènerons d’autres actions si nécessaire.”

En apprenant ces licenciements, le Réseau syndical mondial d’IndustriALL pour Tenaris/Ternium a lancé une campagne en soutien aux travailleurs, travailleuses et leaders syndicaux mis à pied. Le Sintratucar a tenu une série de manifestations et un rassemblement de masse devant l’entrée de l’usine le 17 décembre. Ce rassemblement appelait tous les travailleurs du monde à accentuer leur pression sur l’entreprise en rejoignant une campagne sur Facebook. Le Sintratucar a également demandé à tous les salariés de Tenaris de prendre des vidéos pour illustrer les activités anti-syndicales de l’entreprise et pour exiger la réintégration des travailleurs et travailleuses licenciés.

Après une action en justice du syndicat, une instance municipale de Cartagena a ordonné à TuboCaribe de réintégrer le vice-président du Sintratucar, Jairo del Rio, faisant état qu’il n’y avait pas de motif valable pour qu’il soit mis fin à son contrat. Il s’agissait d’une victoire clé, mais le président Walberto Marrugo et les autres jeunes travailleurs et travailleuses se battent toujours pour leur emploi.

Russie

Une récente décision d’un tribunal russe de dissoudre l’Association interrégionale russe des syndicats ouvriers (ITUWA) est décrite comme un coup sérieux porté aux syndicats indépendants en Russie.

Le 10 janvier 2018, un tribunal local de Saint-Pétersbourg a jugé que l’affilié d’IndustriALL ITUWA devait être dissout en invoquant le fait qu’il avait mené des activités politiques et reçu des fonds de l’étranger.

L’ITUWA rassemble 4.000 travailleurs et travailleuses de l’automobile et d’autres secteurs. Selon le bureau du procureur, la décision se fonde sur le soutien solidaire de l’ITUWA à des chauffeurs routiers qui protestaient contre l’augmentation des taxes et la critique des politiques socio-économiques du gouvernement sur son site internet.

Le tribunal a également ajouté la nature inter-sectorielle des effectifs et activités du syndicat parmi les motivations de sa décision, tout comme le fait d’avoir reçu des fonds étrangers pour prendre part à un atelier avec IndustriALL.

Huit affiliés d’IndustriALL en Russie ont publié une déclaration conjointe pour défendre l’ITUWA, qui a été envoyée à la Douma, au bureau du Procureur, à la présidence de la Cour Suprême et au Président russe. Elle dit :

“La décision du tribunal de la ville de Saint-Pétersbourg, de notre point de vue, non seulement viole de manière flagrante les droits des travailleurs et leurs syndicats à représenter leurs intérêts mais déplace également la réglementation des activités syndicales en Russie en dehors des cadres juridiques national et international.”

L’ITUWA a fait appel devant la Cour Suprême de Russie et se prépare à de nouveaux procès.

Côte d’Ivoire

Peu de temps après que le groupe énergétique marocain Akwa a acquis une participation de 80% dans la compagnie de distribution de carburants ivoirienne Klenzi en décembre 2014, les travailleurs et travailleuses ont commencé à ressentir toute la portée de ses politiques anti-syndicales.

Klenzi a montré un total manque de respect pour les législations du travail, pour l’inspectorat du travail et pour le Ministère du Travail de Côte d’Ivoire en essayant d’évincer l’affilié d’IndustriALL du secteur de l’énergie, le SYNTEPCI. 

Les ennuis ont commencé en septembre 2015, lorsque Klenzi a refusé d’autoriser les élections des représentants des travailleurs parce que cela signifiait devoir se procurer une liste de candidats de la part du SYNTEPCI et ainsi reconnaître sa présence au sein de l’entreprise. Au bout du compte, à l’issue d’une réunion d’arbitrage organisée par l’inspectorat du travail en mai 2017, le PDG de Klenzi, Ali Boutaleb, en a refusé le procès-verbal.

Ensuite, les travailleurs et travailleuses ont été soumis à toutes sortes de menaces et de harcèlement pour les intimider et leur faire quitter le SYNTEPCI. Après que trois salariés ont refusé de dresser une liste de travailleurs à cibler, le PDG a lui-même écrit aux salariés le 5 juillet 2017 pour leur demander de renoncer à leur affiliation au SYNTEPCI. Il est rapidement apparu que l’entreprise forçait ses salariés à signer une lettre sous la contrainte, ce qui a conduit le Secrétaire général du SYNTEPCI, Jeremy Wondje, à déposer une plainte en urgence auprès de l’inspectorat du travail.

L’inspectorat du travail a convoqué une réunion entre les parties le 3 août, mais la direction de Klenzi ne s’y est pas présentée. Les travailleurs qui s’y sont rendus ont reçu des avertissements écrits pour avoir quitté leur poste de travail sans permission.

À l’issue de constantes intimidations, un des dix travailleurs qui avait refusé de signer la lettre de démission du SYNTEPCI a envoyé un texto à ses collègues pour leur révéler qu’il avait plié sous la pression, leur disant : “Hello camarades, vraiment je suis un faible, je ne pouvais plus tenir. J’ai signé. Mes excuses.”

Sur les neuf salariés restants qui ont refusé de signer la lettre pour renoncer à leur affiliation au SYNTEPCI, huit ont été licenciés.

Comme la secrétaire du PDG a elle aussi refusé de signer, elle a été envoyée travailler comme pompiste à la mine de Tongon à Korhogo, où Klenzi fournit du carburant.

À partir du 31 janvier 2018, le SYNTEPCI a mené une grève de trois jours pour protester contre les violations de la liberté syndicale chez Klenzi ainsi qu’au sujet de problèmes dans d’autres compagnies pétrolières de Côte d’Ivoire. Néanmoins, la situation reste sans solution.

Pour aller de l’avant

Les gouvernements doivent reconnaître le rôle légitime et essentiel des syndicats dans la résolution des inégalités, l’augmentation de la prospérité et l’élargissement de la base fiscale par le biais de salaires plus élevés. Ils doivent également en faire davantage pour protéger les syndicats, indique le Secrétaire général d’IndustriALL, Valter Sanches : 

“Trop de pouvoir dans les mains des multinationales, qui se complaisent dans l’anti-syndicalisme pour protéger leurs résultats financiers, a un impact négatif sur des communautés et sociétés entières. Les gouvernements doivent résister à la cupidité des entreprises, et cela passe par la défense de la liberté syndicale par le biais d’actions décidées.”

Il y a un frémissement d’espoir au moment où une nouvelle génération de travailleurs et travailleuses, confrontée à l’emploi précaire et aux bas salaires, réalise que l’action collective est le meilleur moyen de défendre ses intérêts. En 2017, on a compté 262.000 nouveaux adhérents syndicaux aux États-Unis, dont 75% âgés de moins de 35 ans. Certaines des plus grandes progressions sont venues de campagnes de syndicalisation menées par des femmes et des personnes de couleur.

“Plus les syndicats pourront grandir par l’intérêt qu’ils suscitent auprès des jeunes et des femmes, plus forts ils deviendront pour faire face aux tentatives de casse syndicale,” conclut Valter.

PROFIL : Le recrutement syndical est une priorité bien définie au Kirghizstan

Syndicat : MMTUK (Syndicat des mines et de la métallurgie du Kirghizstan)

Pays : Kirghizstan

Texte : Alexander Ivanou

Les activités syndicales ont trois axes principaux :

Le choix de cette stratégie est payant. Dans les secteurs des mines et de la métallurgie, on constate une claire augmentation des effectifs syndicaux. En 2010, le syndicat comptait dans ses rangs un peu plus de la moitié de l’ensemble des salariés du secteur ; deux ans plus tard, les effectifs syndicaux avaient grimpé à 70,5%. Ils ont continué de croître pour atteindre 81,6% en 2015 et finalement 84.1% des travailleurs et travailleuses du secteur en 2017.

Le MMTUK travaille constamment à améliorer l’intérêt de la population active à rejoindre le syndicat. Une manière importante d’y arriver est de faire passer l’information sur le syndicat luimême, son travail et ses succès par le biais des médias, y compris en faisant de la publicité à la radio, à la télévision et sur internet.

Comme faire de la publicité est cher, le syndicat a créé une compétition pour la meilleure promotion du MMTUK. Le syndicat promeut également son travail par le biais de présentoirs et d’affiches dans les rues, la distribution de tracts ou l’organisation de réunions avec des membres potentiels.

Unir ses forces avec d’autres syndicats est une autre façon de d’accroître sa force. Au cours des cinq dernières années, il y a eu deux fusions : avec les mineurs de charbon et avec les géologues.

Pour les salariés de l’opérateur mobile Beeline, avoir de la force et une véritable démocratie interne étaient les principaux critères au moment de vouloir mettre sur pied leur section locale du MMTUK. C’est ce qui a permis au syndicat de négocier des tarifs spéciaux pour ses membres. Le plan tarifaire préférentiel baptisé “Profsoyuznyi” (pour les syndicats) est devenu un nouveau facteur de motivation des travailleurs à rejoindre le MMTUK.

Le syndicat a eu des négociations similaires avec des banques pour des taux d’intérêts préférentiels de prêts consentis à des adhérents.

“Nous grandissons grâce au travail que nous menons, en essayant constamment de répondre aux besoins des travailleurs et travailleuses,” précise Eldar Tadzibayev, président du MMTUK. “Nous proposons une représentation syndicale traditionnelle sur les lieux de travail par le biais de la négociation collective, en améliorant la santé et la sécurité, en protégeant les droits des salariés, etc. Dans le même temps, le MMTUK fournit également des services additionnels comme une assistance juridique et des conseils sur des problématiques comme le logement ou les relations intra-familiales.”

Le MMTUK gagne également en influence au plan national. En 2012, il a mis sur pied un centre national d’étude. Les buts premiers de ce centre sont de mener des études et de fournir des données sur les relations sociales et de travail aussi bien au plan national qu’international, de participer à l’amélioration des conditions et normes de travail ainsi que d’aider à mettre en oeuvre les principes du travail décent, d’équité et de respect de la dignité humaine.

Le centre travaille actuellement sur des questions relatives à la migration des travailleurs et l’économie souterraine. On estime que seulement 550.000 personnes, sur une population de 2,2 millions d’individus en âge de travailler, occupent un poste de travail officiel. Le centre est en train d’étudier la manière de changer cette situation.

IndustriALL dépose une plainte contre Roy Robson devant la poursuite de sa politique antisyndicale

Le 18 avril, la compagnie a licencié Eser Yılmaz, portant à 13 le nombre d’adhérents congédiés par la compagnie cette année. Eser avait adhéré à Teksif en janvier et était une membre active du syndicat. Depuis son adhésion, elle subissait d’énormes pressions. Après avoir été appelée à justifier « sa piètre performance », son contrat a été résilié.

Ce licenciement vient s’ajouter aux licenciements de onze membres de Teksif survenus en janvier 2018 à l’usine à Izmir. Le Secrétaire général d’IndustriALL, Valter Sanches, a écrit à la compagnie pour exiger leur réintégration. IndustriALL a également sollicité une réunion avec la compagnie.

Face au refus de cette dernière, IndustriALL a lancé une campagne LabourStart. A l’heure actuelle, près de 8 000 personnes ont écrit à la compagnie pour l’exhorter à respecter les droits des travailleurs.

Roy Robson est membre du partenariat industriel pour les textiles durables, le Bündnis für nachhaltige Textilien, qui a pour objectif d’améliorer les conditions sociales, écologiques et économiques dans les chaînes d’approvisionnement. IndustriALL a déposé une plainte auprès du partenariat, avec copie au Ministère fédéral de la coopération et du développement économiques.

La plainte souligne que Roy Robson a licencié les travailleurs pour leurs activités syndicales en violation des Conventions de l’OIT, du droit du travail turc, du propre code de conduite de la compagnie et de la feuille de route qu’elle suit dans le cadre du partenariat.

S’exprimant à Genève le 23 avril, le Secrétaire international de Teksif, Mustafa Perçin, a déclaré:

« Nous exhortons les établissements de Roy Robson en Turquie à respecter les droits fondamentaux des travailleurs et nous comptons sur chacun pour montrer la solidarité internationale qui existe dans cette affaire ».

Le Secrétaire adjoint général d’IndustriALL, Kemal Özkan, a déclaré:

« Roy Robson exerce un antisyndicalisme caractérisé. Nous allons obliger la compagnie à rendre des comptes. Les travailleurs ont le droit de se syndiquer et nous continuerons de soutenir notre affilié Teksif ».

Les travailleurs veulent avoir un syndicat pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés, y compris les très bas salaires et la durée du temps passé aux toilettes. Ceux y restant plus d’une minute voient leurs salaires diminués, entraînant un sentiment d’humiliation.

La compagnie affirme que les décisions en matière de personnel sont prises sur le site de l’usine turque sur la seule base des besoins de production, si bien qu’elle ne peut pas savoir  qui est syndiqué et qui ne l’est pas.

Néanmoins, Roy Robson en Turquie n’est pas une compagnie distincte mais est détenue en propre et se livre expressément à une politique antisyndicale pour contrecarrer la campagne de recrutement du syndicat. La compagnie a organisé de longues rencontres individuelles intimidantes avec les travailleurs pour les convaincre de ne pas se syndiquer. IndustriALL détient des enregistrements audio et séquences vidéos des réunions antisyndicales.

En Turquie, les syndiqués doivent enregistrer leur adhésion auprès du gouvernement via un système en ligne. Or, la compagnie a imposé illégalement aux travailleurs de fournir leurs mots de passe « e-Etat » dans le but d’identifier le personnel syndiqué.

IndustriALL connaît les noms des 13 travailleurs, dont une femme enceinte, licenciés pour être devenus membres du syndicat. La loi n° 4857 du Code du travail turc interdit les licenciements pour cause d’activités syndicales. L’affaire est actuellement en jugement devant le Tribunal du travail.

Pour les syndicats, le Pakistan n'a pas tiré les leçons de la tragédie de Gadani

Dans une industrie souvent considérée comme la plus dangereuse au monde, le chantier de démolition navale de Gadani, au Pakistan, est l'un des pires qui soient. Les syndicats estiment que le non-respect des normes du travail internationalement acceptées et la négligence criminelle du gouvernement pakistanais et des employeurs, qui foulent au pied les droits au travail et mettent la vie des travailleurs en danger, viennent encore aggraver la situation. Le gouvernement a donné aux employeurs et à leurs sous-traitants un permis de tuer les travailleurs alors que, malgré toutes ces victimes, aucun n'est poursuivi. Pour les syndicats, il faut d'urgence mettre en œuvre des normes du travail conformes aux conventions de l'OIT, aux principes directeurs pour les industries du démantèlement des navires de l'Asie du sud et de Turquie, et à la Convention de Hong Kong.

À Gadani, ils sont des milliers à travailler dans des conditions inhumaines sans aucune sécurité. Chaque jour, des travailleurs sont tués ou handicapés pour la vie. Pourtant, le gouvernement n'accorde aucune attention aux droits des travailleurs, à la santé et la sécurité, ce qui fait que quantité d'accidents ne sont pas signalés. Les travailleurs sont privés de leurs droits constitutionnels et légaux à un salaire équitable et une couverture médicale.

Dans son exposé lors du séminaire, le Secrétaire général adjoint de notre affiliée NTUF, Nasir Mansoor, a déclaré que l'industrie de la démolition navale rapporte des milliards de roupies aux autorités fédérales et provinciales, emploie directement et indirectement des milliers de travailleurs et fournit jusqu'à 30 pour cent des besoins en fer du pays :

"Mais à cause de la négligence du gouvernement, cette industrie se détériore avec des résultats catastrophiques. Le pays doit maintenant importer du fer en quantité, et des industries en aval, étroitement liées à la démolition de navires et qui emploient plus de deux millions de personnes, voient leur avenir s'assombrir.

"Partout dans le monde, des industries comparables ont su changer après avoir appliqué des normes et droits au travail conformes aux conventions internationales. À Alang, en Inde, on a commencé à appliquer un code de la démolition de navires après une décision de la Cour suprême et le nombre des accidents et des blessés a sensiblement baissé. Cela a aussi contribué à faire d'Alang le plus grand chantier de démantèlement du monde, avec 60.000 salariés directs."

Alors qu'elle fut dans le passé une des premières industries de déconstruction navale au monde, employant près de 35.000 personnes qui ne sont plus que 10.000 aujourd'hui, son déclin pourrait encore s'accentuer.

Pour Bashir Mehmoodani, le Président du Syndicat des travailleurs de la démolition de navires de Gadani, le gouvernement, les pouvoirs publics et les employeurs doivent prendre des mesures concrètes pour sauver l'industrie de la faillite :

"Il faudrait des consultations sérieuses avec les syndicats et les représentants des travailleurs afin de garantir les droits au travail."

La NTUF a préparé un projet de loi sur la démolition des navires. Il a été transmis au gouvernement du Baloutchistan, qui doit encore lui donner suite. Le syndicat dispense aussi aux travailleurs une éducation sur leurs droits et une formation au travail dans des conditions dangereuses.

Les participants au séminaire réclament :

Cinq ans après le Rana Plaza, la nécessité de l’Accord du Bangladesh Accord persiste

L’Accord de transition de 2018 reprendra le travail de l’Accord en vigueur lorsqu’il expirera en mai et assurera que le travail se poursuivra en matière de sécurité des usines. Le taux de remédiation au niveau de l’ensemble des usines concernées par l’Accord est de 84%. Les organisations syndicales internationales revendiquent que toutes les enseignes produisant au Bangladesh signent l’Accord de transition de 2018.

La Secrétaire générale adjointe d’IndustriALL Global Union, Jenny Holdcroft, déclare :

“Les enseignes qui ne signent pas l’Accord 2018 font figure de resquilleurs par rapport à celles qui ont signé, en bénéficiant du fait de pouvoir se fournir auprès d’usines plus sûres sans contribuer à l’effort conjoint. Le soutien à l’Accord est critique dès lors qu’il n’existe toujours pas d’organe de régulation national efficace qui soit en place pour pouvoir garantir la sécurité des usines.”

Cet Accord, juridiquement contraignant, signé entre IndustriALL Global Union, UNI Global Union et 222 marques de vêtements, a été mis sur pied en réponse à l’effondrement de l’usine de Rana Plaza, dans la banlieue de Dacca, le 24 avril 2013. Le programme de sécurité de l’Accord a permis de sauver des vies et a spectaculairement amélioré la sécurité des usines de confection au Bangladesh.

La Secrétaire générale adjointe d’UNI Global Union, Christy Hoffman, indique : “Nous sommes préoccupés d’entendre des bruits en provenance du Bangladesh selon lesquels il y aurait une opposition à ce que l’Accord poursuive son importante mission au-delà de mai. Il est clair que pour de nombreuses enseignes en vue, le renouvellement de l’Accord est essentiel au maintien de leur relation d’affaire au Bangladesh jusqu’à ce que son travail puisse  en être repris par un organe national crédible."

À ce stade, 144 enseignes de stature mondiale ont signé le nouvel Accord 2018, qui couvre plus de 1.300 usines et environ deux millions de travailleurs et travailleuses.

IndustriALL, UNI et les signataires témoins de l’Accord (Clean Clothes Campaign, International Labor Rights Forum, Maquila Solidarity Network et Worker Rights Consortium)  appellent toutes les enseignes qui se fournissent au Bangladesh à signer l’Accord 2018, dont des marques comme GAP et Walmart, qui avaient rejoint l’Alliance for Bangladesh Worker Safety, qui arrive à expiration, ainsi que toutes les autres enseignes qui n’ont jamais rejoint l’Accord alors qu’elles continuent à faire des affaires au Bangladesh.

“L’effondrement du Rana Plaza a démontré que les audits traditionnels avaient manqué à leur devoir par rapport aux travailleurs et travailleuses et qu’en l’absence d’une alternative crédible capable de rendre des comptes, la poursuite de l’Accord juridiquement contraignant est nécessaire pour prévenir une autre catastrophe,” indique Judy Gearhart, Directrice exécutive d’International Labor Rights Forum. “Il doit en être pris acte par les enseignes qui n’ont pas encore renouvelé leur engagement par rapport à l’Accord de transition de 2018 et par celles qui faisaient partie de l’Alliance et qui doivent prendre des dispositions immédiates pour rejoindre l’Accord.”

Ineke Zeldenrust, Coordinatrice internationale de Clean Clothes Campaign, ajoute : “Il est vital que les plans existants en vue de créer un système d’assurance invalidité pour les salariés au Bangladesh soient accélérés, pour assurer qu’en cas d’incident dans une usine, les travailleurs et travailleuses puissent compter sur un système fiable pour leur fournir une indemnisation.”

L’Accord de transition de 2018 entérine l’importance de la Liberté syndicale pour assurer que les travailleurs et travailleuses aient un réel mot à dire dans la protection de leur propre sécurité.

Les syndicats des métaux de base des pays de la CEI affrontent leurs défis

Parmi les défis, on relève la surcapacité mondiale, la numérisation et la répression de la part des gouvernements et des entreprises. Actuellement, la part de la CEI dans la production mondiale d’acier est de 6,3%.

Les participants ont noté que les décisions récentes du gouvernement des États-Unis concernant les taxes douanières sur les importations d’acier et d’aluminium constituaient un défi majeur, dès lors qu’aucun pays de la CEI n’en a été exempté.

Alexey Bezymyannykh, du Syndicat des mineurs et des métallurgistes de Russie a fait remarquer l’absence de multinationales étrangères dans son pays. Les volumes de production du secteur n’ont pas augmenté depuis des années, ce qui influence les termes de la nouvelle convention collective.

Asylbek Nuralin du Syndicat des travailleurs des industries minières et métallurgiques de la République du Kazakhstan, Sergey Komyshev du Syndicat des travailleurs des industries minières et métallurgiques d’Ukraine (PMGU) et Natalia Marinyuk de la délégation syndicale du PMGU d’ArcelorMittal Kryvyi Rih, ont souligné l’absence de dialogue social réel avec ArcelorMittal. Les mineurs du Kazakhstan n’ont réussi à obtenir qu’une augmentation salariale de 30% après la grève menée sous terre en décembre 2017.

En Ukraine, les travailleurs et travailleuses ont tenu un rassemblement et formulé un appel au PDG d’ArcelorMittal Kryvyi Rih signé par 12.000 personnes, revendiquant des salaires plus élevés, des avancées en termes de sécurité et l’amélioration du dialogue social. N’obtenant aucune réponse, ils ont voté en faveur de l’ouverture d’un conflit collectif. Les travailleurs et travailleuses insistent sur la tenue d’inspections détaillées de l’ensemble des bâtiments de l’entreprise, qui sont en piteux état. Les adhérents du syndicat sont sous la pression constante de la direction, qui mène une politique anti-sociale et anti-syndicale.

Eldar Tadzhibaev du Syndicat des travailleurs des industries minières et métallurgiques du Kirghizstan s’est exprimé au sujet du programme syndical de ristournes, un outil efficace pour recruter syndicalement dans un contexte en dégradation. Quelque 150 entreprises différentes offrent des ristournes aux syndiqués. Ce programme a abouti à la création de trois nouvelles sections syndicales et à l’adhésion d’environ 4.000 nouveaux membres.

Les affiliés d’IndustriALL au Kirghizstan et au Tadjikistan s’assurent que la personne qui occupe la présidence d’une délégation syndicale reçoive l’approbation du comité central du syndicat. Ceci empêche que des représentants des employeurs soient élus à la présidence, ce qui affaiblit le syndicat de l’intérieur.

Tamaz Dolaberidze du Syndicat des métallurgistes, des mineurs et des chimistes de Géorgie a fait remarquer le problème du déclin des effectifs. En 2017, le syndicat de Rustavi Azot a été détruit. En 2014, la compagnie minière Rich Minerals Group a sapé les fondements de son syndicat comptant 1.500 adhérents. L’explication principale en est qu’on attend d’un syndicat en Géorgie qu’il mène des actions militantes, ce qui ne rapporte pas toujours des résultats.

Les participants ont souligné l’importance d’Industrie 4.0 et suggéré son inclusion à l’ordre du jour de chaque rencontre syndicale. Les autorités et les entreprises doivent créer de nouveaux postes et recycler les personnes, de sorte à ce qu’elles ne se retrouvent pas sans emploi du fait de la robotisation. Les syndicats doivent mener une campagne d’information pour encourager les autorités et les directions à prendre des mesures urgentes et leurs adhérents à acquérir de nouvelles compétences.

Résumant la conférence, le directeur d’IndustriALL pour les métaux de base, Adam Lee, note :

“Les syndicats des métaux de base de la CEI possèdent une longue tradition de coopération au niveau régional. Nous les en saluons et continuerons à soutenir leurs efforts en vue de relever les nombreux défis auxquels ils font face dans leur secteur.”

Les syndicats mondiaux exigent que soit mis fin aux violations des droits des travailleurs en Biélorussie

IndustriALL Global Union et la Confédération syndicale internationale (CSI) ont organisé une mission conjointe en Biélorussie pour exprimer leur solidarité avec leurs affiliés et rencontrer les représentants du gouvernement. Les membres de la mission se sont réunis avec les représentants des ministères du travail et des affaires étrangères, le 18 avril, auxquels ils ont exprimé leurs préoccupations vis-à-vis des attaques portées contre les syndicats indépendants et de la pression exercée sur les syndicalistes en Biélorussie.

En août 2017, des responsables syndicaux ont été détenus et les bureaux du syndicat indépendant biélorusse des mineurs, des travailleurs de la chimie, des raffineurs, des travailleurs de l’énergie, des transports, de la construction et autres travailleurs (BITU) ainsi que du syndicat des travailleurs de l’industrie biélorusse de la radio et de l’électronique (REP), perquisitionnés. Ces deux organisations sont membres d’IndustriALL Global Union, de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de son Conseil régional paneuropéen (CRPE) par le biais du Congrès biélorusse des syndicats démocratiques.

Ihar Komlik, président du syndicat REP de l’organisation de la ville de Minsk et chef comptable du syndicat, a été libéré le 1er octobre après avoir passé deux mois en prison. Les autorités continuent leur enquête criminelle sur une prétendue fraude fiscale de grande envergure liée à l’appui financier reçu de donateurs dans le cadre de la coopération syndicale. Les responsables du REP, Komlik et Gennady Fedynitch, contre qui l’enquête est dirigée, risquent jusqu’à sept ans de prison et la confiscation de leurs biens personnels.

Les membres du REP sont constamment menacés. Au moins 550 membres ont été convoqués pour être interrogés par le Comité d’enquête biélorusse. Les interrogatoires ont porté principalement sur leurs activités syndicales plutôt que sur les questions financières des syndicats. Ni les ordinateurs et autres équipements ni les documents confisqués dans les bureaux des syndicats en août n’ont été restitués.

Les syndicalistes du REP de retour de l’étranger sont arrêtés et fouillés par les douaniers biélorussiens pour contrebande prétendue de marchandises illégales.

Les autorités biélorussienne sapent le travail des syndicats indépendants, qui ont résisté et réussi à s’opposer avec succès au nouveau décret punissant les chômeurs en les obligeant à payer des tarifs plus élevés pour les services subventionnés par l’Etat. Grâce à l’organisation de manifestations massives et au soutien ferme des syndicats indépendants, la première version de ce décret avait été abrogée.

Kemal Özkan, Secrétaire général adjoint d’IndustriALL, a indiqué:

« Nous avons exprimé notre préoccupation à l’égard de la situation actuelle avec les syndicats et vis-à-vis des droits des travailleurs en Biélorussie, et avons offert notre collaboration et notre appui afin de remédier à cette situation.

« La question que nous posons au Gouvernement biélorussien est de savoir si cette étape sera vraiment le commencement d’un long processus vers une amélioration de la situation.

« Cependant, en l’absence d’une réponse valable, la Biélorussie ne deviendra pas un membre respectable de la communauté internationale. Le temps est compté puisque la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, où l’affaire biélorussienne pourrait être examinée, se tiendra en juin ».

Parallèlement à la mission, les syndicats en Belgique, en Géorgie, au Kyrgyzstan, en Ukraine et en Suisse ont manifesté devant les ambassades biélorussiennes. Une délégation syndicale a rencontré l’Ambassadeur en poste à Genève, qui a exprimé son désir de progresser vers un système tripartite laissant place au dialogue social.

La délégation syndicale a fait valoir que l’assurance que les syndicalistes ne craignent plus d’être poursuivis pour leurs activités syndicales était une condition préalable au dialogue. A Bruxelles, le chef adjoint de la mission a affirmé que la Biélorussie était en train d’améliorer ses relations avec les partenaires sociaux.

Figuraient parmi les revendications syndicales:

  • Mettre un terme à la persécution des syndicats indépendants en Biélorussie,
  • S’acquitter des obligations internationales contractées par la Biélorussie, notamment le respect de la Convention n° 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical conformément aux recommandations de la Commission d’enquête,
  • Arrêter les interrogatoires massifs des membres de base du REP et autres syndicalistes indépendants, et abandonner l’enquête criminelle contre les leaders syndicaux, Fedynich et Komlik.

Des lettres renfermant les mêmes exigences ont été également envoyées dans de nombreux autres pays.

Les syndicats mondiaux ciblent le gouvernement algérien après l'annulation d'une mission de l'OIT

Cette mission de contacts de l'OIT, qui devait avoir lieu fin février 2018, a été annulée parce que le gouvernement n'a pas confirmé qu'elle pourrait rencontrer des syndicats indépendants en Algérie.

Elle faisait suite à une recommandation de la Commission de l'application des normes de l'OIT, adoptée en juin 2017 après sa mise en cause de l'Algérie pour violation de la Convention n° 87 de l'OIT sur la liberté syndicale.

Une pétition intitulée change.org , organisée par IndustriALL, l'Internationale des services publics, l'UITA et la Confédération syndicale internationale, appelle le gouvernement à mettre fin aux violations des droits syndicaux dans le pays.

En Algérie, les attaques se multiplient contre les syndicats démocratiques; les persécutions judiciaires de dirigeants de syndicats, dont notre affilié SNATEGS, s'intensifient et des travailleurs ont été renvoyés ou suspendus pour leurs activités syndicales. Par ailleurs, le gouvernement refuse toujours d'accorder la personnalité juridique aux syndicats indépendants.

Le 21 février 2018, les syndicats mondiaux ont écrit au Directeur général du BIT, Guy Ryder, pour qu'il réclame la participation de syndicats indépendants aux réunions qui devaient avoir lieu avec la mission de contacts directs en Algérie. Cela n'ayant pu être garanti, la mission a été annulée.

Le 16 mars, les syndicats mondiaux ont écrit une nouvelle fois à Guy Ryder pour exprimer leur déception et leur appréhension devant cette annulation, et ils ajoutaient :

"Devant l'urgence et tenant pleinement compte de ce regrettable revers, nous espérons sincèrement que l'Organisation internationale du travail redoublera d'efforts pour faire pression sur le gouvernement algérien en l'exhortant à respecter strictement les normes internationales du travail, dont le droit à la liberté syndicale et, en particulier, à exiger un plan d'action assorti de délais afin d'apporter remède aux violations spécifiques des droits au travail."

Signez la pétition ici.  

IndustriALL condamne les licenciements chez Ghana Gold Fields

Ghana Gold Fields licencie ces personnes pour les réembaucher en sous-traitance.

Selon l’affilié d’IndustriALL, le Syndicat des mineurs du Ghana (GMWU), ces licenciements n’ont pas été opérés de manière légale, ce qui l’a incité à se pourvoir en justice. Le syndicat a organisé une grève générale le mois dernier, au cours de laquelle des militaires ont passé des travailleurs à tabac à Tarkwa, des agissements qu’il a fermement condamné.

Un accord signé le 4 avril pour sortir de l’impasse prévoit les conditions suivantes : le GMWU doit se désister de son action judiciaire avant le début des négociations et l’entreprise et le syndicat doivent reprendre les négociations sur les salaires 2018 de bonne foi et en dehors de toute publicité médiatique. La restructuration à la mine de Damang devra se dérouler selon les dispositions de la Loi du Travail de 2003 et de la convention collective de travail.

De plus, Gold Fields entend sélectionner “au cas par cas” des mandataires syndicaux de la section locale dont le comportement est approprié et qui ne connaissent pas de problèmes de santé pour les recommander auprès des entreprises qui exécutent les contrats de sous-traitance à la mine de Tarkwa pour un emploi potentiel.

Au cours d’une récente mission au Ghana, le Secrétaire général d’IndustriALL Valter Sanches, ensemble avec Paule France Ndessomin, Secrétaire régionale pour l’Afrique sub-saharienne, a rencontré le vice-ministre de l’emploi et des relations sociales, Bright Wireko-Brobbey, qui a été mêlé au conflit en tant qu’observateur. Le ministre indique qu’une commission sera mise sur pied pour enquêter sur les conditions de travail sous statut précaire.

Les négociations collectives devraient se conclure en temps et en heure. Il est inacceptable pour le ministre du travail de reporter de manière inutile la délivrance des certificats permettant de négocier collectivement, car ceci empiète sur les droits des travailleurs et travailleuses à être représentés ainsi que sur la liberté syndicale,

indique Valter Sanches.

Le Secrétaire général du GMWU, Prince William Ankrah, a exprimé sa gratitude à IndustriALL pour avoir envoyé un courrier à Gold Fields et avoir soutenu les mineurs.

Au cours de réunions avec le président du comité de liaison d’IndustriALL au Ghana, Solomon Kotei, qui est le secrétaire général du Syndicat des travailleurs du commerce et de l’industrie, le Secrétaire général du Syndicat général des travailleurs du transport, du pétrole et de la chimie, Fuseini Iddrisu, et le GMWU, Valter Sanches a mis l’accent sur les droits des travailleurs.

Les travailleurs et travailleuses sont libres de rejoindre un syndicat de leur choix sans interférence de la part des employeurs ou du gouvernement. Les abus en matière de recours aux travailleurs précaires par les employeurs dans le secteur du pétrole et du gaz doivent cesser et il est choquant que les travailleurs offshore ne soient pas syndiqués.