Irán: huelga de trabajadores del sector del petróleo y el gas
El 21 de abril, los trabajadores empleados por subcontratistas en diversos proyectos de refinerías y complejos petroquímicos en los yacimientos de petróleo y gas del sur de Irán se declararon en huelga, con el reclamo de un aumento salarial del 79 por ciento. Los huelguistas también exigen mejores condiciones de vida y un mejor sistema de turnos, en el que puedan trabajar 20 días y disponer de diez días libres pagados. Estas personas viajan desde muy lejos por trabajo y quieren tener suficiente tiempo libre con sus familias.
Los huelguistas representan una variedad de oficios, como electricistas, instaladores de tuberías, constructores de andamios, etc., y la mayoría de ellos tiene contactos precarios.
Las huelgas se han extendido a más de 80 lugares de trabajo y los trabajadores prometen continuar hasta que se cumplan sus demandas.
La oferta del Gobierno de aumentar los salarios un 27 % fue rechazada, ya que los precios de los bienes y servicios aumentaron un 40 por ciento solo en enero, según la Agencia Laboral de Noticias de Irán (ILNA).
Las demandas de los trabajadores fueron formuladas por un Comité de Coordinación, al que contribuyen el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos y Mecánicos de Irán (UMMI), afiliado a IndustriALL, y otras organizaciones. El UMMI forma parte del Comité de Coordinación y apoya las demandas de los trabajadores, pero no está organizando la huelga.
Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL, declaró:
“IndustriALL Global Union se solidariza con los trabajadores subcontratados en huelga en Irán y sus demandas de un aumento salarial a medida que el costo de vida se dispara en el país. Encomiamos su valentía y determinación para mejorar sus condiciones de trabajo”.
Foto: Iranwire
La lucha por el trabajo decente en la industria minera mundial
La demanda de estos minerales ha creado una lucha por parte de los gobiernos y las empresas multinacionales para adquirir depósitos, extraerlos y procesarlos. Chile, Australia y la República Democrática del Congo se encuentran entre las fuentes más importantes de estos recursos.
Esta lucha por los minerales, y la explotación minera que esto implica, plantea una amplia gama de cuestiones ambientales y de derechos laborales para las cadenas de suministro. La carrera por obtener estos minerales conlleva impactos ambientales potencialmente graves, así como un aumento de la minería artesanal en pequeña escala y la subcontratación por parte de multinacionales a contratistas locales que pueden no respetar los derechos de los trabajadores ni estar familiarizados con la OCDE y otras normas internacionales en materia ambiental y de seguridad.
El gigante minero australiano BHP declaró 7700 empleados a tiempo completo y 17.083 subcontratados en sus operaciones en América del Sur. Una fuerza laboral fragmentada, que involucra a miles de trabajadores subcontratados para actividades relacionadas con la minería, como la voladura, la trituración y el transporte, hace que sea mucho más difícil para el personal formar sindicatos y negociar colectivamente por un salario decente y condiciones de trabajo seguras.
Incluso después del colapso de la presa en la mina Brumadinho en Brasil, que mató a 270 personas en 2019, BHP, que tiene una participación del 50 por ciento en la mina, ignoró la recomendación del Punto de Contacto Nacional en Brasil de proporcionar evidencia de un acuerdo de diligencia debida con los sindicatos.
No obstante, las empresas mineras no pueden ignorar para siempre a los sindicatos y las crecientes demandas a favor de una minería responsable y sostenible. Cada vez más países están adoptando leyes sobre diligencia debida que responsabilizan a las grandes empresas por el cumplimiento de las normas en materia laboral y ambiental en toda su cadena de suministro. Esto afecta no solo a las empresas involucradas en la minería, sino también a las entidades financieras que invierten en ellas y a los fabricantes de productos que emplean los minerales.
Dichas presiones se vieron reflejadas en la reunión de los gobiernos de la OCDE sobre la conducta empresarial responsable, celebrada a principios de este año, en donde se reconoció:
“el papel indispensable de los minerales para lograr la transición a una economía baja en carbono, y que la CER [conducta empresarial responsable] será primordial para permitir un suministro sostenible, diversificado y confiable a la luz de la creciente demanda mundial”.
Judith Kirton-Darling, Kemal Özkan, Liz Umlas and Blake Harwell.
Judith Kirton-Darling, Kemal Özkan, Liz Umlas y Blake Harwell.
En este contexto, el Comité Asesor Sindical (TUAC) e IndustriALL Global Union organizaron una reunión para representantes gubernamentales y empresariales como punto de partida para el Foro de la OCDE sobre responsabilidad en las cadenas de suministro de minerales.
“El diálogo genuino con los sindicatos es la forma en que la OCDE define la diligencia debida eficaz. Los sindicatos están aquí en la OCDE para insistir en que las empresas mineras respeten las normas de esta organización y garanticen un trabajo seguro y decentemente remunerado para todos”,
expresó Blake Harwell, del TUAC.
“Si bien el uso intensivo de los minerales en la transición energética baja en carbono anuncia otro superciclo de las materias primas, esta es una oportunidad para cambiar la carrera hacia el abismo, que ha caracterizado los primeros ciclos de auge, por una carrera hacia la cima para las comunidades y las y los trabajadores. Las normas sobre diligencia debida de la OCDE ofrecen una hoja de ruta de enorme importancia para lograr este avance”,
declaró Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL.
Judith Kirton-Darling, subsecretaria general de industriAll Europe, expresó:
“industriAll Europe ha estado pidiendo durante mucho tiempo una política industrial europea activa, en la cual las materias primas críticas sean cruciales para las transiciones verde y digital. Las condiciones sociales y la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos son fundamentales, ya que garantizan el respeto por el trabajo decente a lo largo de las cadenas de valor mundiales. Actualmente, en Europa hay propuestas legislativas sobre la mesa, pero estas deben fortalecerse para garantizar que promuevan la minería, el procesamiento y el reciclaje responsables, así como la investigación y la innovación en materiales. Las y los trabajadores deben estar en el centro de la Transición Justa y tener voz y voto en cada mesa de negociación. No puede decidirse nada sobre nosotros sin nosotros”.
Sindicatos de la pulpa y papel de Latinoamérica inician proyecto de cooperación con federación Belga
El encuentro se llevó a cabo el 19 y 20 de abril en Montevideo, Uruguay. Los dirigentes de organizaciones sindicales de Argentina, Brasil, Chile y Perú se reunieron con representantes de la federación sindical ACV-CSC BIE de Bélgica con el objetivo de analizar la situación del sector en la región, plantear sus preocupaciones e iniciar las conversaciones para trabajar en un proyecto de cooperación.
El director del sector de la pulpa y papel de IndustriALL a nivel global, Tom Grinter, dijo en la apertura del encuentro:
“El sector de la pulpa y papel es un sector grande e importante. La idea del encuentro fue poder planear un proyecto regional para los próximos años con el apoyo de Bélgica. Por eso, convocamos a un grupo de dirigentes de sindicatos de América Latina que podrán coordinar su trabajo para fortalecer la solidaridad sindical.”
En tanto, Jan Franco de la ACV-CSC BIE de Bélgica dijo que para su federación es importante la solidaridad sindical a nivel internacional, Por eso, explicó que trabajan con la ITUC, BWI, UNI Global Union y con IndustriALL Global Union. Aseguró que desean impulsar un proyecto en América Latina, para lo cual cree necesario conocer qué es lo que les interesa a los sindicatos de la pulpa y papel de la región.
Los participantes realizaron un debate estratégico sobre la mejor manera de aprovechar la nueva oportunidad de asociación. Acordaron que trabajarán en un plan de acción regional para abordar distintos temas de su interés. Por ejemplo, sobre la necesidad de que las empresas ejecuten prácticas sostenibles y un uso responsable de los recursos naturales.
La vicepresidenta de IndustriALL para América Latina y el Caribe, Lucineide Varjão destacó:
“El objetivo de este grupo de trabajo será acordar una agenda regional con temas transversales a todos los países. Por ejemplo, sobre las tendencias que a futuro puedan afectar a la región, ya sea en la provisión de recursos necesarios para la actividad, en los cambios tecnológicos o en los comportamientos de los consumidores que puedan afectar y o cambiar los objetivos de fabricación del sector.”
Los participantes acordaron que trabajarán como un grupo de coordinación del proyecto y que cerca de finales del año convocarán a una reunión presencial donde definirán los temas a abordar con el proyecto para los próximos años. Por otra parte, también visitaron la empresa Softy´s de CMPC donde realizaron un recorrido por las instalaciones, dialogaron con representantes de la empresa y conocieron cómo es el trabajo con el sindicato local.
El secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, concluyó:
“El encuentro fue muy productivo y logramos sacar buenas conclusiones. Este grupo va a coordinar el trabajo del sector y el proyecto con los sindicatos de Bélgica en los próximos años.
Vamos a construir una agenda común que involucre los temas del medioambiente, de la comunidad y los resultados que la industria puede aportar a nuestra sociedad. Tenemos que pensar en cómo mejorar la organización productiva y la sustentabilidad industrial del sector.”
Sindicatos de América Latina conocen estrategias para construir una transición justa
72 dirigentes sindicales de distintos sectores como la energía, minería, metales básicos, automotriz, químico y textil de 9 países latinoamericanos participaron en un taller virtual el 20 de abril para conocer y empezar a utilizar la nueva Guía sindical de prácticas para una transición justa. Tanto la guía como el taller se realizaron con el apoyo de la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
La directora del sector de la energía de IndustriALL y responsable del tema de transición justa, Diana Junquera, dijo en la apertura del encuentro:
“Como IndustriALL, estamos trabajando para apoyar a los afiliados en esta transición. Gracias al apoyo de la FES creamos una guía práctica, con un paso a paso para desarrollar un proyecto de transición justa en cada centro de trabajo, sector o en la región.
Esta guía es fruto de un año de trabajo y de entrevistas donde incluimos las necesidades de los sindicatos, así como herramientas para enfrentarse al futuro, con quién pueden hablar y por dónde empezar."
Luego fue el turno de la oficial de programas de IndustriALL, Fanja Rasolomanana de presentar la guía. Explicó que el documento propone un plan de 24 meses para lograr una transición justa. Se trata de una propuesta de 5 pasos divididos en meses para establecer un diálogo social entre las partes implicadas (gobiernos, empresas y sindicatos) e implementar una transición justa en los diversos sectores industriales.
Enumeró algunos de los objetivos: garantizar empleos decentes y de calidad para todos los trabajadores afectados por la descarbonización y que las comunidades sean recompensadas económicamente. Para poder mitigar los impactos, subrayó que es necesario implementar un mecanismo justo hacía un futuro sostenible y ser un interlocutor práctico.
Los participantes realizaron algunas preguntas sobre la guía y también compartieron cómo es la realidad en sus respectivos países sobre la transición energética. Muchos de los afiliados trabajan en el sector del carbón y sus puntos de vista difirieron con la necesidad de eliminar el carbón. También hubo cuestionamientos sobre el efecto ambiental positivo de las energías renovables, con el ejemplo de los parques eólicos.
Si bien algunas de las afiliadas compartieron que aún tienen dudas sobre cómo lograr una transición justa debido al contexto político y económico de sus respectivos países, la mayoría coincidió en el imperativo de investigar y tomar acciones.
Finalmente, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, concluyó:
“Nuestra meta es lograr una transición justa. Tenemos que poner este objetivo en la agenda del sindicato y trasladar esta estrategia a las mesas tripartitas sobre transición justa, sustentabilidad y política industrial. Solo vamos a tener una transición justa cuando nos califiquemos y seamos parte del debate.”
El KMWU anuncia huelgas nacionales contra políticas antiobreras
“Esta es una declaración de guerra contra los sindicatos. Los organismos gubernamentales están pintando a los sindicatos como matones corruptos y violentos, y a los sindicalistas como ‘rojos’”,
expresó Yoon Jang Hyeok, dirigiéndose a las y los trabajadores en la manifestación masiva.
Miembros del KMWU en la protesta del 19 de abril en Seúl
Más de 10.000 miembros del KMWU se reunieron en el centro de Seúl, donde el presidente de la organización, Yoon Jang Hyeok, instó a los activistas a organizar una huelga de advertencia el 31 de mayo, seguida de una huelga nacional en julio, como protesta contra las políticas antiobreras aprobadas por el régimen de Yoon Suk-Yeol.
“El Gobierno quiere aprobar una ley que permite 69 horas semanales de trabajo y deroga la estructura salarial, incluido el salario mínimo, al tiempo que desregula a los chaebols (conglomerados de empresas familiares) y les otorga exoneraciones fiscales. El presidente está bloqueando la reforma laboral necesaria para proteger los derechos sindicales consagrados en la Constitución”,
añadió Jang Hyeok.
El KMWU también reclamó al Gobierno que reforme los artículos 2 y 3 de la Ley de Regulación de las Relaciones Laborales y Sindicatos (TULRAA), como un paso necesario después de la ratificación nacional de los Convenios 87 y 98 de la OIT en abril de 2021.
Según el sindicato, esta modificación es crucial para ampliar la definición de trabajador y proteger el derecho de las y los trabajadores subcontratados a negociar con el empleador principal. Las disposiciones vigentes, que prevén una protección débil para los huelguistas, también deben revisarse.
Los miembros del Parlamento han preparado un proyecto de ley con una versión diluida de los artículos 2 y 3 revisados de la TULRAA, que actualmente se encuentra en manos de un comité de la Asamblea Nacional compuesto mayoritariamente por el partido gobernante. Incluso si el comité aprueba el proyecto de ley, el presidente coreano Yoon Suk-Yeol ha anunciado que lo vetará.
El KMWU sostiene que, aunque el proyecto de ley amplía la definición de empleador, no trata aspectos importantes como la interrupción del derecho de huelga. El sindicato afirma que los derechos laborales fundamentales aún no se han abordado por completo, pero que el proyecto de ley es un paso en la dirección correcta y que la lucha por la revisión de la TULRAA continuará.
“IndustriALL Global Union se solidariza con los sindicatos coreanos en su lucha contra las políticas antiobreras y apoya plenamente la huelga general. Instamos al Gobierno, que ha ratificado dos convenios de la OIT, a cumplir con sus obligaciones internacionales relacionadas con el derecho de huelga y la negociación colectiva”,
declaró Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL.
10 años después del desastre de Rana Plaza, las federaciones sindicales internacionales piden que más marcas firmen el Acuerdo
Más de mil trabajadoras y trabajadores murieron y más de 2500 resultaron heridos cuando el Rana Plaza, un edificio de ocho pisos ubicado en las afueras de Daca, la capital de Bangladesh, se derrumbó el 24 de abril de 2013. El día antes de la tragedia, se habían descubierto profundas grietas estructurales en la construcción, que albergaba fábricas productoras de ropa para marcas mundiales. Sin embargo, a pesar de las preocupaciones sobre la estabilidad del edificio, la dirección obligó a las y los trabajadores de la confección a regresar al complejo fabril a la mañana siguiente, so pena de perder sus empleos.
Diez años después, las personas que trabajan en las fábricas adheridas al Acuerdo de Bangladesh están innegablemente más seguras. Este Acuerdo jurídicamente vinculante, desarrollado por IndustriALL y UNI en 2013 y suscrito por marcas y minoristas mundiales, ha transformado la seguridad de las fábricas en la industria de la confección de Bangladesh y dado a las y los trabajadores el derecho a rechazar el trabajo inseguro, así como ha salvado vidas, contribuido a la libertad sindical y fortalecido la negociación colectiva.
Al día de hoy, 194 marcas y minoristas han firmado el Acuerdo, que abarca a alrededor de 2,4 millones de trabajadoras y trabajadores en Bangladesh. A su vez, otras 46 se han unido al Acuerdo de Pakistán, que incluirá a 750.000 trabajadoras y trabajadores de este país una vez que se implemente el programa de inspección.
Sin embargo, existen excepciones notables de marcas que deben asumir una mayor responsabilidad por la seguridad del personal de sus cadenas de suministro, particularmente algunas empresas estadounidenses, como Levi’s, Gap, Walmart y Amazon, que se han negado a firmar el Acuerdo. La incorporación de marcas como estas protegería a más trabajadoras y trabajadores del sector textil y la confección de las condiciones peligrosas y fortalecería el impulso hacia una renovación del Acuerdo, que vencerá en octubre de 2023.
“Aunque se han logrado avances significativos en la industria de la confección de Bangladesh, todavía hace falta luchar por fábricas más seguras”,
expresó Atle Høie, secretario general de IndustriALL.
“Las y los trabajadores que producen la ropa que usamos merecen un entorno laboral que les proporcione un salario digno y condiciones de trabajo decentes, no uno que ponga en peligro su vida. Necesitamos que se unan más marcas al Acuerdo, especialmente en América del Norte, para obtener la influencia que necesitamos para extenderlo a más países y convertirlo en un pacto verdaderamente mundial”.
La secretaria general de UNI Global Union, Christy Hoffman, declaró:
“En este aniversario solemne, lamentamos las vidas perdidas y alteradas para siempre por la tragedia de Rana Plaza, y las honramos asegurándonos de que otro desastre como este nunca vuelva a suceder. La mejor manera de hacerlo es ampliar el alcance del Acuerdo y la cantidad de marcas signatarias.
El Acuerdo tiene un historial comprobado de hacer que el trabajo sea más seguro, que es más de lo que podemos decir con respecto a las auditorías respaldadas por empresas. De hecho, algunas marcas como Walt Disney exigen que sus fábricas cumplan con las normas del Acuerdo y, sin embargo, no se han comprometido a firmarlo para respaldar su implementación”.
Hasta la fecha, se han llevado a cabo casi 56.000 inspecciones de seguridad en más de 2400 fábricas de ropa en Bangladesh. Se corrigieron más de 140.000 infracciones en materia de seguridad, y la tasa total de progreso en la aplicación de medidas correctivas en las fábricas actualmente cubiertas por el Acuerdo es del 91 %.
Con el fin de mantener y expandir el avance del Acuerdo, más de 190 marcas y minoristas firmaron el Acuerdo de Bangladesh sobre Seguridad en la Construcción de Edificios y de Instalaciones de Sistemas contra Incendios de 2018 (Acuerdo de Transición) con UNI e IndustriALL el 1 de junio de 2018.
En mayo de 2019, el Comité Directivo del Acuerdo firmó un memorando de entendimiento con la Asociación de Fabricantes de Ropa de Bangladesh (BGMEA) en el que se acordó establecer una organización nacional e independiente, el Consejo de Sostenibilidad de las Prendas de Vestir (RSC), para llevar adelante los programas de seguridad en el lugar de trabajo del Acuerdo en Bangladesh.
En 2021, los signatarios del Acuerdo alcanzaron una nueva fase en su asociación y establecieron el Acuerdo Internacional sobre Salud y Seguridad en la Industria Textil y de la Confección (Acuerdo Internacional). Este pacto entró en vigencia el 1 de septiembre de 2021 con 77 marcas signatarias. Al día 20 de abril de 2023, el Acuerdo Internacional cuenta con la adhesión de 164 marcas y minoristas.
El Acuerdo de Pakistán sobre Salud y Seguridad en la Industria Textil y de la Confección (Acuerdo de Pakistán) entre UNI, IndustriALL y marcas y minoristas se anunció en diciembre de 2022, con la intención de comenzar su implementación en 2023 en fases progresivas durante un período inicial de tres años. En la actualidad cuenta con 43 signatarias.
El trabajo debe ocupar un lugar más importante en un tratado vinculante de la ONU
Las FSI están presionando por un instrumento jurídicamente vinculante que regule, en el ámbito del derecho internacional de derechos humanos, las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales.
En una presentación escrita, las FSI abogaron por un papel más protagonista de los derechos laborales en el Tratado. En particular, pidieron que se aclare el tipo de responsabilidad aplicable a la negligencia en este sentido. Estas organizaciones creen que existe el riesgo de perder los detalles que son tan necesarios para lograr que las empresas realmente se responsabilicen por sus abusos de los derechos humanos.
“Las negociaciones de este año son cruciales. El año pasado se hizo un gran esfuerzo por negociar un texto diluido, en el que planteó la idea de una convención marco que intenta suavizar el contenido del Tratado. Nos oponemos a esto”,
afirmó el secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan.
Como respuesta a los argumentos de algunos países a favor de reabrir el debate sobre el alcance del tratado, cuyo fin es excluir de este a las empresas públicas, las FSI dejaron claro que cualquier desviación que reduzca su cobertura transnacional representa un importante retroceso.
Las FSI afirman lo siguiente:
“Fundamentalmente, creemos que el enfoque adoptado en el tercer proyecto revisado, que consiste en focalizar las disposiciones operativas del instrumento jurídicamente vinculante en las actividades transnacionales de las empresas comerciales, al tiempo que se mantiene un alcance amplio que incluye empresas transnacionales y de otro tipo, responde al mandato otorgado por la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de 2014”.
“En este contexto, la próxima Directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos desempeñará un papel importante, ya que otorga a la UE un mandato y una dirección claros en las negociaciones”,
añadió Kemal Özkan.
“El siguiente consistirá en acudir a nuestros afiliados para acercarnos a sus gobiernos, así como tomaremos medidas conjuntas con industriAll Europe para interpelar a las autoridades de la UE acerca de su posición”.
Japón: aumento salarial récord para el sector metalúrgico
En Japón, las negociaciones salariales entre los sindicatos y las empresas se llevan a cabo cada año en primavera. El Consejo de Sindicatos de Trabajadores Metalúrgicos de Japón (JCM), que representa a dos millones de trabajadoras y trabajadores metalúrgicos de más de 3000 sindicatos afiliados, fijó la norma de una demanda unificada de salarios y condiciones de trabajo para las rondas anuales de negociación colectiva en toda la industria.
Este año, las grandes empresas del sector metalúrgico publicaron sus decisiones sobre las negociaciones salariales muy rápidamente, y varias acordaron satisfacer plenamente las demandas sindicales, teniendo en cuenta la creciente inflación y la escasez de mano de obra en la industria.
El presidente del JCM, Akihiro Kaneko, expresó:
“Pudimos lograr una gran sinergia durante las negociaciones anuales de primavera. Los sindicatos recibieron rápidamente respuestas que coincidían con sus demandas. Esto no solo contribuye a la estabilidad y la seguridad en la vida cotidiana de los sindicalistas, sino que también fortalece los lugares de trabajo y la competitividad en la industria metalúrgica”.
Akihiro Kaneko, presidente del JCM
Durante muchos años, los salarios en Japón se estancaron debido a la deflación. No obstante, a partir de 2014, cuando se lograron aumentos salariales adicionales por primera vez en diez años, estos ascendieron a YEN 2801 (USD 21) en 2015, y el aumento de este año es el más alto desde 2020.
Además del aumento salarial, el JCM destacó los siguientes resultados de las negociaciones de primavera:
Bonificaciones que promedian 5,4 meses de salario anual
Acuerdos sobre el salario mínimo intraempresarial con un aumento mensual promedio de YEN 7359 (USD 55), el mayor desde 2014
Los sindicatos de Myanmar condenan la iniciativa de la UE para el sector de la confección
La Alianza Multipartita para el Empleo Decente en la Industria de la Moda de Myanmar (MADE in Myanmar, por su nombre en inglés) afirma promover el diálogo social y los mecanismos de negociación colectiva.
Esta iniciativa sostiene respaldar la creación de comités paritarios y la formulación de programas de formación y desarrollo de capacidades para el personal y la dirección de las fábricas con el fin de mejorar la comunicación y la colaboración. Sin embargo, en un país dominado por los militares desde el golpe de Estado de febrero de 2021, un régimen que reprime duramente a los sindicatos, esto es imposible.
En una carta a la Unión Europea, la Alianza Obrera de Myanmar y otros sindicatos expresaron que la prohibición de los sindicatos independientes en el país es un atentado contra la libertad sindical y que MADE in Myanmar asiste a la junta militar en su búsqueda de legitimidad.
“Los empleadores aprovechan la situación política para privar a las y los trabajadores de sus derechos. Continúan las graves violaciones de los derechos humanos y laborales en Myanmar”.
La libertad sindical es un derecho humano y un principio fundamental consagrado por la UE. Por lo tanto, las restricciones impuestas a los sindicatos y el derecho a la negociación colectiva en Myanmar bajo el régimen militar son una grave preocupación que pone en tela de juicio la legitimidad de esta iniciativa.
La carta a la UE también hace hincapié en que:
“Con el apoyo de MADE in Myanmar, las organizaciones no representativas se registran bajo el mecanismo de registro sindical del Consejo Administrativo del Estado (CAE). Mediante la creación de comités de coordinación en el lugar de trabajo —con representantes de los trabajadores aprobados por el empleador— MADE in Myanmar ofrece a los empresarios y al CAE una herramienta de propaganda para crear la impresión de que existe el diálogo social. Esto genera la ilusión de que Myanmar permite la libertad sindical, que los sindicatos son reconocidos y pueden registrarse y pueden funcionar libremente, y que se respetan los derechos laborales”.
Según el informe, encargado por la Iniciativa de Comercio Ético (ETI, por sus siglas en inglés) en septiembre de 2022, es imposible que las marcas que operan en Myanmar ejerzan la diligencia debida y se adhieran a las normas sobre comercio responsable reconocidas a nivel mundial.
El mensaje es muy claro: el movimiento sindical internacional exige a la UE que ponga fin a su apoyo al programa SMART Myanmar/MADE in Myanmar.
“IndustriALL Global Union e industriAll European Trade Union expresan su firme oposición a la pretensión de que MADE in Myanmar protege los derechos laborales, y a sus actividades que apoyan y legitiman al CAE”,
declaró Atle Høie, secretario general de IndustriALL.
Sindicatos celebran la reducción de la jornada laboral en Chile
La Cámara de Diputados de Chile aprobó el 11 de abril un proyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales dentro del Código de trabajo. La normativa fue aprobada previamente por la Cámara de Senadores y el próximo paso será enviarla al Poder Ejecutivo para que la promulgue como ley.
La iniciativa nació en 2017 como moción parlamentaria con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores del país, así como objetivos económicos y de productividad. El texto especifica que en algunas condiciones se podrán acordar alternativas de distribución de la jornada, como en el caso de las negociaciones colectivas con los sindicatos.
El presidente de Industrial Chile-Constramet (afiliada a IndustriALL Global Union), Horacio Fuentes, comentó:
“Es un gran avance para los trabajadores del país. El sindicato va a tener un rol preponderante en la implementación de las nuevas jornadas: en aquellas empresas que haya un sindicato, los empleadores van a tener que negociar. La ley reconoce así a la organización sindical.
Por otro lado, la norma también contiene elementos de flexibilización laboral que podrán hacer mayor o menos daño dependiendo de la organización de los trabajadores. Creemos que esta discusión no termina aquí. Es necesario trabajar para eliminar aquellos elementos de flexibilización que contiene la norma.”
La propuesta establece que la duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá las 40 horas semanales. Su distribución se podrá efectuar en cada semana calendario o sobre la base de promedios semanales en lapsos de hasta cuatro semanas. En acuerdo con los trabajadores, las empresas también podrán implementar jornadas de cuatro días de trabajo por tres de descanso. La reducción se realizará de forma gradual, de modo que se llegará a las 40 horas recién al quinto año de publicada la ley.
El proyecto de ley también indica que, en el caso de madres y padres de menores de 12 años, podrán tener flexibilidad con el horario de entrada y salida. Además, la norma pauta días de descanso adicionales para trabajadores con jornadas continuas, como es el caso del sector minero.
Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:
“Felicitamos a los sindicatos, trabajadores y a los parlamentarios que promovieron esta conquista en términos de la reducción de la jornada laboral. La ley aprobada presenta avances, así como también el riesgo a que existan retrocesos cuando la presencia sindical es débil.
Seguiremos apoyando a nuestras afiliadas para que los trabajadores chilenos recuperen el derecho a organizar sindicatos más representativos, nacionales y que puedan realizar una negociación colectiva nacional.”
Fuente consultada: Página oficial de la Cámara de Diputados de Chile
