Los debates del G20 sobre la Transición Justa deben incluir a los sindicatos

Las áreas prioritarias de debate incluyen las brechas tecnológicas que hay que resolver para lograr la transición energética, la financiación de bajo costo necesaria para dicha transición, los combustibles del futuro, la seguridad energética y las cadenas de suministro diversificadas, la eficiencia energética, las transiciones industriales bajas en carbono y el consumo responsable, así como el acceso universal a la energía limpia y a una vía de transición energética que sea justa, asequible e inclusiva.

El objetivo de la reunión es “identificar acciones colectivas para promover un crecimiento equitativo, compartido e inclusivo”.

Apoorva Kaiwar, secretaria regional de IndustriALL Global Union, expresó:

“No se puede lograr un crecimiento equitativo e inclusivo sin tener en cuenta las experiencias y perspectivas de los trabajadores. Es muy condenable que el Gobierno indio se haya negado a dialogar con los sindicatos en materia de Transición Justa”.

La CSI y los sindicatos de todos los países del G20 también han denunciado la decisión del Gobierno indio de interrumpir la participación de los sindicatos independientes en la cumbre y, en su lugar, hacer que la Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) presida las reuniones del L20. La BMS es la central sindical nacionalista hindú vinculada al partido gobernante de derecha en el país.

SQ Zama, secretario general de la Federación Nacional de Mineros de la India, afiliada a IndustriALL, declaró:

“El Gobierno de la India no se preocupa por los trabajadores en absoluto. Esto se ve claramente reflejado en los cambios introducidos en las leyes laborales, así como en la ausencia total de voces sindicales en los debates sobre la transición energética. Nuestro sindicato ha estado pidiendo al Gobierno que dialogue con los sindicatos y que ponga el cambio climático y la Transición Justa en la agenda de todos los debates sobre la minería del carbón en el país”.

La posición de la India sobre la Transición Justa sigue siendo ambigua. En su presentación sobre la Estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, durante la COP27, el Gobierno declaró que se centrará en la “utilización racional de los recursos nacionales con la debida consideración a la seguridad energética”.

Según los informes más recientes de los medios de comunicación, el Ministerio del Carbón ha establecido un objetivo de producción de mil millones de toneladas de carbón para 2023-24, lo que se logrará principalmente a través de la minería privada.

Fotografía: © OIT/J. Urmila 2018

Sindicatos contra la LGBTfobia

Como federación sindical internacional que representa a 50 millones de trabajadores y trabajadoras, IndustriALL tiene la responsabilidad de garantizar que los lugares de trabajo sean seguros e inclusivos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Esto no es solo un derecho humano básico, sino también un factor clave para crear un ambiente de trabajo productivo y armonioso.

El Consejo Global Unions (CGU) pide a todos sus afiliados que expresen su apoyo a la comunidad LGBTI a nivel local y mundial. Esto puede traducirse en la organización de eventos o actividades para concientizar sobre los problemas que enfrentan las y los trabajadores LGBTI, la distribución de materiales educativos o la asociación con organizaciones LGBTI locales para mostrar solidaridad y entablar relaciones.

El 17 de mayo a las 16:00 CEST se realizará un seminario web: 

  Inscríbase y participe en el seminario web: Sindicatos vs. LGBTfobia  

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TAILANDÉS

Los oradores incluyen a Cleve Jones, líder en materia de derechos LGBTI y organizador sindical estadounidense, y otros activistas sindicales como Vipawan Boksantea, de la Confederación de Trabajadores Industriales de Tailandia (CILT), una organización afiliada a IndustriALL Global Union.

“Es importante que sigamos trabajando para crear políticas y prácticas más inclusivas en nuestros lugares de trabajo, como garantizar la igualdad de beneficios y protecciones para las y los trabajadores LGBTI y proporcionar recursos y apoyo para aquellas personas que puedan estar enfrentando discriminación o acoso.

Aprovechemos este día como una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso de promover la igualdad, la diversidad y la inclusión en todos los aspectos de nuestro trabajo. Juntos, podemos marcar la diferencia y crear un futuro mejor para todas y todos los trabajadores”,

expresó Atle Høie, secretario general de IndustriALL.

El sitio web dedicado a las y los trabajadores LGBTI comparte el trabajo de las federaciones sindicales internacionales que promueven los derechos LGBTI en el trabajo a nivel nacional, regional e internacional. Este sitio web también es un lugar para que los sindicatos compartan lo que están haciendo para promover los derechos LGBTI, al tiempo que proporciona un espacio específico para que sus miembros puedan, desde cualquier parte del mundo, dialogar sobre cuestiones relativas a esta comunidad y lo que ellos y sus organizaciones están haciendo para construir un mundo más tolerante y libre de discriminación.

Documentos informativos: 

Corea del Sur: el Consejo Global Unions condena las flagrantes violaciones de los derechos que resultaron en la trágica muerte de Yang Hoe-Dong

Es inaceptable que esta represión continúe a pesar de que Corea del Sur se ha adherido a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y ratificado, hace dos años, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical y el Convenio 98 sobre la negociación colectiva.

El Primero de Mayo, Yang Hoe-Dong, líder de distrito del Sindicato Coreano de Trabajadores de la Construcción (KCWU), murió trágicamente luego de prenderse fuego para protestar contra el acoso de las autoridades gubernamentales a los sindicalistas. Yang, que había sido una de las víctimas de ese acoso, falleció por complicaciones de sus graves quemaduras.

Antes de su inmolación, el sindicalista dejó un mensaje en el que expresó que, aunque había llevado a cabo sus deberes sindicales de forma lícita, lo habían acusado de obstrucción de las actividades de la empresa, coerción y extorsión. La inmolación de Yang recuerda a las épocas más oscuras en la historia del movimiento sindical surcoreano.

Los cargos penales falsos de coerción y extorsión contra sindicalistas se derivan de la política antisindical de la administración del presidente Yoon Suk-yeol. Cuando se trata de las relaciones laborales, el Gobierno no utiliza el diálogo social, sino las fuerzas policiales. En el sector de la construcción, la policía inició una investigación especial, dirigida a los sindicatos, con el único fin de criminalizar las actividades sindicales normales. Siguiendo el discurso antisindical del presidente, que compara a los sindicatos de la construcción con criminales organizados, la policía usó intencionalmente esta lógica para difamar al sindicato, con un efecto devastador sobre la dignidad de los dirigentes sindicales. Yang fue uno de los 950 funcionarios sindicales convocados por la policía durante la investigación especial. Actualmente, 16 de ellos se encuentran detenidos bajo estos cargos penales.

La represión sindical de parte del Gobierno no se limita al sector de la construcción: las definiciones restrictivas en la legislación laboral han generado una criminalización de las actividades sindicales cotidianas. Por ejemplo, en noviembre de 2022, se declaró ilegal una huelga de conductores de camiones de carga. Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) demandó por 47 mil millones de wones surcoreanos (aproximadamente 35,6 millones de dólares o 32,3 millones de euros) a cinco dirigentes sindicales en relación con el incumplimiento de los objetivos de producción durante una huelga. Esta medida fue una clara represalia destinada a socavar el ejercicio de los derechos sindicales fundamentales por parte de los trabajadores subcontratados.

A pesar de las explícitas recomendaciones de la OIT, los órganos de tratados de la ONU y el Panel de Expertos establecido como parte del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea, el Gobierno continúa bloqueando cualquier posibilidad de modificar la Ley sobre los Sindicatos y la Armonización de las Relaciones Laborales para ajustarla a las normas internacionales.

Además, la Administración Yoon ha iniciado una campaña sistemática de desprestigio contra los sindicatos basada en acusaciones infundadas de corrupción e irregularidades administrativas. El CGU ha observado con gran preocupación que las autoridades están interfiriendo en la gestión y las actividades de los sindicatos, exigiendo la presentación de copias de los presupuestos sindicales y la modificación de sus constituciones. Estas conductas corresponden a graves violaciones del derecho a la libertad sindical consagrado en el Convenio 87 de la OIT.

La retórica antisindical del presidente Yoon Suk-yeol y el uso ilegítimo de fiscales y policías para atacar a los sindicatos han generado un ambiente hostil que se ha extendido a los lugares de trabajo de todo el país, donde los ataques contra sindicalistas son cada vez más violentos. El 4 de mayo de 2023, un gerente de ILJIN Hysolus, empresa proveedora de Hyundai Motor y BMW, embistió su automóvil contra los dirigentes de la sección local del sindicato, golpeando a tres de ellos y causando heridas graves al vicepresidente del sindicato.

El CGU condena la criminalización de la actividad sindical y las redadas en las oficinas sindicales lideradas por la Administración Yoon. Hacemos un llamado al Gobierno de Corea del Sur para que cumpla con sus obligaciones internacionales, respete plenamente los derechos a la libertad sindical y la negociación colectiva, y ponga fin a la represión del movimiento sindical del país.

El CGU exige la liberación y el retiro de todos los cargos contra los trabajadores que han sido detenidos por ejercer sus derechos sindicales fundamentales. Asimismo, instamos al Gobierno a poner fin a todos los actos de difamación y criminalización contra los sindicalistas, que, en lugar de fomentar la estabilidad en las relaciones laborales, crean un clima de miedo e intimidación hostil para los trabajadores y trabajadoras que ejercen los derechos consagrados por el derecho nacional e internacional.

La sindicalización es un derecho, no un crimen.

El CGU apoya al movimiento sindical de Corea del Sur en su lucha continua por la libertad y la justicia, y envía su más sentido pésame a la esposa y los hijos de Yang Hoe-Dong, así como a su familia sindical.

El Parlamento Europeo debe hacer todo lo posible para poner fin al régimen militar en Myanmar

Después del golpe, casi todo el movimiento sindical de Myanmar ha sido prohibido, y muchos sindicalistas fueron detenidos u obligados a esconderse o exiliarse. A pesar de ello, estas organizaciones continúan funcionando de forma clandestina. Los sindicatos europeos e internacionales mantienen un contacto estrecho y frecuente con sus homólogos birmanos. Por lo tanto, ante la inminente Resolución, aprovechamos esta oportunidad para transmitir una solicitud directa del movimiento sindical de este país a los miembros del Parlamento Europeo.

Dicha Resolución debe tener en cuenta que la junta militar ha intensificado su represión de las fuerzas democráticas en Myanmar a través de un aumento de los ataques militares contra civiles, incluido el ataque aéreo en Pazigyi, ocurrido el 11 de abril, que mató al menos a 165 personas. De cara a las próximas elecciones, que los militares pretenden utilizar para fortalecer y legitimar su poder, el régimen disolvió 40 partidos políticos.

Estas acciones demuestran que no existe ningún camino hacia la democracia en Myanmar que no implique la derrota del régimen, y que la política actual de la UE de tratar de fomentar la reforma democrática a través del comercio es errónea y contraproducente.

El Gobierno militar necesita desesperadamente de divisas para comprar armas, municiones, energía y componentes. La escasez de divisas es, posiblemente, la mayor amenaza para el régimen.

IndustriALL Global e industriAll Europe piden al Parlamento Europeo que haga todo lo posible para detener el régimen militar, lo que incluye cortar su financiación a través de divisas. Toda la actividad económica proveniente de las empresas europeas trae divisas al país.

En abril de 2022, la junta militar aprobó una modificación legislativa que prohíbe mantener divisas durante más de 24 horas. La moneda extranjera debe cambiarse a la moneda local, el kyat, a una tasa preferencial. Debido a que el ejército controla el Banco Central y el Banco de Comercio Exterior de Myanmar, cualquier moneda extranjera que ingrese al país pasa directamente a manos del régimen.

Por esta razón, la UE ya ha adoptado algunas medidas restrictivas clave contra una lista de empresas birmanas, así como ha pedido a las petroleras de la UE que se retiren del país. Lo mismo debería aplicarse a las marcas de ropa europeas, ya que los consumidores de esta región, al comprar productos fabricados en Myanmar, están financiando el régimen de forma involuntaria. Esto debe parar.

A los sindicatos birmanos les preocupa que la política actual de la UE, así como la adopción parcial de medidas restrictivas que excluye a los sectores financiero y de seguros, proporcione la ayuda económica e institucional que el régimen militar necesita y socave los esfuerzos para reestablecer la democracia en el país.

En concreto, los sindicatos solicitan que la Resolución pida a la Comisión Europea y al Consejo Europeo que:

-> Retiren el apoyo de la UE al programa MADE in Myanmar. MADE, acrónimo en inglés de “Alianza Multipartita para el Empleo Decente en la Industria de la Moda de Myanmar”, es un proyecto financiado por la UE, así como por marcas de ropa con sede en Europa, que pretende establecer el diálogo social a nivel de fábrica en la industria de la confección. Mediante una carta enviada a la Comisión en abril de 2023, sindicatos independientes y organizaciones sindicales en Myanmar expresaron su malestar con el proyecto, ya que legitima la creación de organizaciones de trabajadores falsas y de un mecanismo de relaciones laborales y diálogo social controlado por los militares. En un contexto en el que las y los trabajadores no son libres de elegir a sus propios representantes, el proyecto MADE equivale a un encubrimiento que beneficia económicamente al régimen. Durante la Comisión de Investigación de la OIT sobre las violaciones de la libertad sindical en Myanmar, actualmente en curso, la junta militar argumentó cínicamente que el país cuenta con libertad sindical y diálogo social. Hoy en día, el régimen no está reconocido por la ONU, la OIT y otros organismos, y se teme que este proyecto pueda ayudar a facilitar la normalización diplomática del régimen.

-> Retiren las preferencias comerciales “Todo Menos Armas” (EBA, por sus siglas en inglés). Las preferencias EBA pueden retirarse en caso de violaciones graves y sistemáticas de los 15 convenios fundamentales de las Naciones Unidas y la OIT, como ocurrió en el caso de Camboya. Es evidente que Myanmar infringe estos convenios básicos y los principios de la UE, por lo que no debe gozar de un acceso comercial preferencial a esta comunidad.

-> Apliquen nuevas sanciones específicas. Todas las transacciones financieras internacionales relacionadas con el proceso de compra de combustible de parte del Consejo Administrativo del Estado (CAE) deben identificarse con los bancos internacionales, y se debe imponer sanciones al Banco Central de Myanmar, el Banco de Comercio Exterior de Myanmar y los Bancos de Inversión y Comercial de Myanmar. Estas medidas son esenciales para evitar que el CAE continúe con sus atrocidades, ya que impide que siga comprando armas, municiones y combustible de doble uso para transportar a los soldados y las municiones.

-> Condenen las elecciones ilícitas e insistan en la liberación de todos los presos políticos. Se necesitan medidas urgentes para poner fin a la violencia militar y restablecer la democracia real, incluidos los sindicatos legítimos.

En su declaración de noviembre de 2021, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) dejó en claro que ninguna empresa internacional debe funcionar en Myanmar si sus actividades proporcionan algún beneficio material al régimen, por ejemplo, a través de impuestos o facturas pagadas a empresas de propiedad militar, incluso en servicios públicos y puertos.

La modificación posterior en la ley que requiere que las divisas se conviertan en moneda local dentro de las 24 horas significa que todo el comercio con Myanmar beneficia al régimen y le permite mantener su poder, prolongando así el sufrimiento del pueblo. La resolución sobre Myanmar debería tener como objetivo cortar todo tipo de apoyo hacia el régimen.

Una retirada responsable de Myanmar de parte de las empresas es posible, y los invitamos a analizar el marco de salida responsable que IndustriALL Global ha negociado con varias marcas mundiales de ropa. Este marco es una herramienta que las empresas pueden utilizar para poner fin a sus actividades en Myanmar de forma responsable.

Las y los trabajadores y los sindicatos, en Myanmar y en todo el mundo, esperan que el Parlamento Europeo, como defensor de los valores democráticos, haga todo lo posible para poner fin al régimen militar y devolver la democracia al pueblo de Myanmar.

Minera Panamá viola los derechos de sus trabajadores

El secretario general de IndustriALL Global Union, Atle Høie, le escribió al director general de First Quantum Minerals Ltd., Tristan Pascall para advertirle que su empresa viola los derechos fundamentales de sus trabajadores.

Además, alertó que la compañía incumple sus obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos, al discriminar a los dirigentes del Sindicato industrial de trabajadores de la construcción de minas y desarrollo de la minería (STM), afiliado a la Confederación convergencia sindical (CS) de Panamá, e impedir que realicen sus legítimas actividades sindicales.
 
Høie instó a la empresa a tomar las medidas necesarias para revertir los actos de discriminación en contra del STM y a asegurar el pleno respeto del derecho de libertad de asociación. El Sindicato STM le informó a IndustriALL que la empresa Minera Panamá viola la libertad de los trabajadores a constituir libremente las organizaciones que estimen convenientes, lo cual es un derecho consagrado en las normas de la Organización internacional del trabajo (OIT).  

La organización sindical denunció que la compañía despidió de forma ilegal a los miembros de la junta directiva del Sindicato STM. Además, la empresa se niega a reintegrar al secretario general, Osvaldo Tallet, al mismo cargo y con las mismas condiciones que gozaba antes de su despido. Incluso, insiste en asignarle funciones que no están estipuladas en su contrato.  

El sindicato aseguró que la empresa también discrimina a Tallet y a otro dirigente del sindicato al no cubrirles los gastos de hospedaje, un beneficio que tienen los demás trabajadores por tratarse de un proyecto minero en una zona aislada. A su vez, otros tres dirigentes del sindicato no tienen acceso a la mina, lo cual no les permite realizar reuniones y asambleas con sus afiliadas y con los demás trabajadores. El sindicato también denunció que otras tres activistas que grabaron videos de apoyo al STM en el marco de la campaña de afiliación, sufrieron represalias y también están fuera de la mina. 

Los trabajadores también argumentan que la empresa dilató el proceso cuando debía acatar diversos fallos de la Corte Suprema Justicia de Panamá y protagonizó continuas violaciones al derecho de libertad sindical en su empresa. Según el STM, las violaciones suceden en un momento clave, cuando la autoridad del trabajo está a punto de definir cuál de los dos sindicatos en la empresa negociará el convenio colectivo.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, dijo en su carta a Pascall:

“Las acciones de First Quantum representan una grave violación del derecho fundamental de libertad de asociación. La discriminación antisindical es una de las más graves violaciones de la libertad sindical, ya que puede poner en peligro la propia existencia de los sindicatos.

Le instamos a tomar las medidas necesarias para revertir los actos de discriminación en contra del STM y a asegurar el pleno respeto del derecho de libertad de asociación”

Victoria sindical detiene despidos injustos en una mina de diamantes de Botsuana

El conflicto con el sindicato se remonta a junio de 2022, cuando Lucara Diamond Corporation, con sede en Canadá, le pidió a su subsidiaria, Lucara Botswana, que investigara las acusaciones de mala administración y comportamiento comercial poco ético en el Departamento de Seguridad de la mina Karowe. 

Sin embargo, los 50 trabajadores que se ofrecieron como voluntarios y actuaron como informantes recibieron cartas de despido después de haber proporcionado sus testimonios. El BMWU se opuso enérgicamente a esta medida, lo que resultó en que solo tres trabajadores recibieran estas cartas. Los otros 47 trabajadores conservaron sus empleos, y el sindicato argumentó ante el tribunal que los despidos habían sido ilícitos, ya que no se produjeron las audiencias disciplinarias exigidas por la legislación laboral. 

La dirección de Lucara Botswana contrató a una empresa sudafricana, Assurance Protection Group Incorporation, para llevar a cabo una evaluación de optimización de seguridad. Sin embargo, el informe de evaluación no se compartió con el sindicato, contrario a lo dispuesto en la legislación laboral, y esta organización sospecha que la evaluación tiene como objetivo victimizar a los 47 trabajadores y justificar los despidos. 

El sindicato envió una petición a la empresa diamantera y escribió al Comisionado de Trabajo sobre las mismas quejas y la necesidad de mediación, pero el asunto no se resolvió.

No obstante, el 28 de abril, el tribunal laboral de Gaborone dictaminó que la empresa minera de diamantes no podía continuar con los despidos sin negociar con el sindicato, de conformidad con el convenio colectivo vigente.

Joseph Tsimako, presidente del BMWU, expresó: 

“El BMWU disfrutó de relaciones cordiales con Lucara Botswana hasta que el sindicato intervino tras los informes de mala administración. Hubiera sido negligente por parte del sindicato no proteger a los informantes contra las represalias de la dirección de Lucara Botswana”.

Maenge Maenge, secretario general del BMWU, añadió: 

“El sindicato, a través de sus estructuras de negociación colectiva, solicitó la divulgación tanto de la evaluación de optimización como de los informes de investigación, pero la empresa se negó a entregarlos. La negociación colectiva y los derechos humanos y laborales son indicadores críticos de la gestión en materia social, ambiental y de gobernanza (ESG), que permiten evaluar el desempeño de una operación minera y la gestión de los posibles riesgos por parte de sus dirigentes. Es evidente que hay un grave déficit en la gestión de estos aspectos en Lucara”.

“Lucara Botswana siempre debe consultar a los sindicatos y respetar los convenios vigentes antes de realizar recortes de personal. Ignorar los convenios vigentes vulnera el derecho laboral y sindical a la negociación colectiva. Aplaudimos al BMWU por impugnar las decisiones unilaterales de Lucara en los tribunales y acogemos con entusiasmo el fallo judicial, que dispone que la empresa minera de diamantes debe consultar y negociar con el sindicato”,

declaró Glen Mpufane, director de minería de IndustriALL.

Dirigentes sindicales de Latinoamérica debaten sobre una política industrial regional

“Hace 2 años iniciamos un ciclo de debates sobre política industrial que incluye 3 seminarios por año. El objetivo es capacitar a los dirigentes de nuestras organizaciones sindicales afiliadas para que puedan participar en espacios tripartitos o bipartitos sobre política industrial.

Es una obligación para nosotros entender cuáles son las políticas industriales que están siendo implementadas por los gobiernos, contar con propuestas y presentarlas en estas oportunidades. El desafío de IndustriALL es construir una visión regional como trabajadores de la industria.”

explicó el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, al comienzo del encuentro.

A fin de comprender la situación actual, las perspectivas para una integración regional y para un desarrollo industrial sostenible, el encuentro contó con la participación de Pedro Silva Barros del Instituto de investigación económica aplicada (IPEA) de Brasil, coordinador del proyecto integración de Brasil y América del Sur, y ex director de asuntos económicos de la Unión de naciones suramericanas (UNASUR).

Barros explicó que Latinoamérica atraviesa un momento difícil. Señaló que en los últimos 10 años empeoró la situación de la distribución del ingreso, hubo una desintegración económica y comercial, menos comercio intrarregional y una fragmentación política más acentuada. Por eso, recalcó que es necesario buscar una agenda de integración de consenso:

“La integración productiva y el comercio interregional son importantes para el empleo y el desarrollo. En Sudamérica, la mayor parte de la producción industrial se dirige solo al mercado interno. Cuando hay crisis en el mercado interno, se multiplica.

Tenemos que contar con una política de integración productiva con los vecinos de la región, mirando al mercado regional, porque la región está muy vulnerable” sostuvo Barros.

A su vez, aseguró que es importante contar con una agenda positiva con EE. UU, Europa y China que también sirva a los intereses de la región, para poder participar de las cadenas industriales. Dijo que es importante considerar nuestros recursos naturales como un activo de política externa y aumentar el nivel de la discusión. 

En tanto, la directora de proyectos de FES sindical regional, experta sobre el
debate de integración regional desde la perspectiva sindical, Viviane Barreto, 
manifestó que los sindicatos deberían entrar a la escena de la integración regional reclamando espacios de participación en las mesas de dialogo efectivas e intervinientes para colocar lo acumulado históricamente, teniendo una preocupación por un diálogo abierto con sectores de pensamiento estratégico que los pueden ayudar a actualizar la agenda:

“Debemos discutir con los gobiernos qué políticas de industria tienen nuestros estados. Tenemos que saber si ven la necesidad de un rol interviniente del estado en clave de integración regional para establecer un nuevo modelo” dijo Barreto.

Finalmente, intervino la secretaria de desarrollo sustentable de la CSA y secretaria general adjunta de la Confederación convergencia sindical de Panamá, Kaira Reece, quien aseguró que el desafío es debatir cuál es la integración que necesita el movimiento sindical para el modelo de desarrollo sustentable que promueve. Explicó que el nuevo impulso a la integración de América Latina debe priorizar la garantía de derechos, el bienestar de las sociedades, empleos de calidad y democratización energética.  

“Somos un actor fundamental para establecer un modelo de desarrollo justo, sobre la necesidad inminente de trabajar bajo alianzas. Tenemos que presentar nuestras propuestas en espacios como la UNASUR, la CELAC y el Mercosur hacia resultados concretos que ayuden a la clase trabajadora.” concluyó Reece.

Trabajadores latinoamericanos del vidrio debaten sobre la implementación de nueva tecnología

El director del sector del vidrio de IndustriALL Global Union, Alexander Ivanou, expuso sobre la situación de la industria a nivel global. Explicó que las 10 principales empresas del sector del vidrio tuvieron buenas ventas e ingresos, lo cual indicaría que el presente y futuro de la industria a nivel mundial persiste positivo. 

Indicó que los precios de los permisos del carbón siguen subiendo en Europa. Esto significa que la industria del vidrio está bajo una fuerte presión para reducir sus emisiones de dióxido de carbono, porque si no las inversiones saldrían muy caras. Mencionó que Agencia internacional de la energía percibe un declive de la demanda por combustibles fósiles que no había sido notada en el pasado. 

Invanou aseguró que, según diferentes investigaciones científicas, la industria del vidrio tiene posibilidades de descarbonización, a partir del incremento de energía eléctrica utilizada para la fusión del vidrio, al utilizar la combustión de hidrógeno y también mediante un mejor diseño de los hornos.

En caso de que no se pueda garantizar la disponibilidad de energía eléctrica e hidrógeno, explicó que los sistemas combinados de recuperación de calor termoquímico y precalentamiento de cascos son favorables debido a su alta eficiencia. 

Destacó que no es posible conocer de antemano todas las consecuencias de estas transformaciones para los trabajadores de la industria del vidrio, por lo que es importante que los retos existentes (como a nivel de salud y seguridad, la presión en los turnos de trabajo, la introducción de trabajo precario y los que vayan surgiendo) puedan resolverse con una fuerte participación sindical.

Por eso, el director explicó que IndustriALL busca que exista una transición justa:

“Queremos que las transformaciones de la industria del vidrio tengan en cuenta las voces de los trabajadores y su futuro. Tenemos que apoyar a nuestros miembros en su transición a nuevos empleos. Demandamos la promoción del diálogo social y de estrategias económicas viables que lleven al desarrollo sostenible.”

Por su parte, los trabajadores de Colombia hablaron sobre la introducción de los hornos MAGMA en las empresas del país, y el riesgo a disgregar la producción, ya que cada empresa grande podría colocar uno y los dejaría sin empleo. Los hornos MAGMA (fabricación de vidrio modular avanzado, por sus siglas en inglés) son una nueva generación de hornos de vidrio de baja capacidad de 120 a 150 toneladas, que las empresas describen como un avance tecnológico.

Los trabajadores de Brasil subrayaron que la empresa Owens Illinois también invierte en el proyecto de hornos MAGMA porque tiene la intención de atender la demanda del cliente y disminuir drásticamente la emisión de carbono. Del mismo modo, los trabajadores de Perú indicaron que, si bien su empresa Owens Illinois pensaba fabricar tres hornos MAGMA, finalmente colocó uno solo.

Compartieron que en la última negociación colectiva la empresa les dijo que el promedio de vida de la planta es hasta fines del 2024, y que más del 90% del personal se va a trasladar a trabajar con el nuevo horno. Recalcaron que los trabajadores aspiran a negociar una transición justa. 

Finalmente, los participantes de los diversos países reforzaron la importancia de formar parte de las redes regionales de sindicatos por empresa (como de Owens Illinois, por ejemplo) para contar con información que puedan utilizar en las negociaciones colectivas, y lograr mejores beneficios en cada país.

Por su parte, el secretario regional adjunto de IndustriALL y responsable del sector del vidrio a nivel regional, Cristian Alejandro Valerio, concluyó:

“Felicitamos a las organizaciones regionales por su participación y compromiso con las reuniones de los trabajadores del vidrio. Este sector forma parte de las cadenas de suministro de casi todos los demás sectores de la industria.

Seguiremos trabajando en la unidad regional del sector, en elevar el poder de negociación de nuestras afiliadas y en la formación de redes sindicales por empresas del sector.”

¿Cómo puede H&M justificar su presencia en Myanmar?

La Alianza Obrera de Myanmar, que representa a la mayor parte del movimiento sindical, ha pedido a las empresas que desinviertan del país.

Myanmar es una dictadura militar que no admite la libertad sindical. Según el ministerio de información del país, las exportaciones de prendas de vestir alcanzaron los 4,7 mil millones de dólares el año pasado. El régimen militar necesita desesperadamente recibir divisas para comprar armas, municiones y combustible para llevar a cabo una guerra civil contra la población. Al abastecerse en Myanmar, H&M sostiene un flujo de divisas en el país, lo que ayuda a mantener el régimen.

La Iniciativa de Comercio Ético, de la que H&M es miembro, publicó un informe el año pasado en el que afirmó que la diligencia debida no es posible en un contexto donde se suprimen las voces de los trabajadores independientes, en el que los sindicatos están prohibidos y los sindicalistas son encarcelados y asesinados. Como consecuencia de este informe, las marcas internacionales responsables, incluidas Inditex, Fast Retail, Tchibo, Primark y Marks & Spencer, se han ido o han anunciado planes para irse.

“Valoramos nuestra relación, pero estamos extremadamente preocupados por la decisión de H&M de continuar abasteciéndose en Myanmar, una clara desviación de la práctica comercial responsable que hemos llegado a esperar. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cómo puede H&M justificar su presencia en Myanmar?”,

preguntó el director de campañas de IndustriALL, Walton Pantland, en la AGM de la empresa en Estocolmo, Suecia.

H&M respondió que tenían un equipo local fuerte y estaban trabajando con el programa “MADE” de la UE. Este programa ha sido condenado por los sindicatos del país, que lo consideran un encubrimiento.

IndustriALL tiene un acuerdo marco global con H&M, que se ha utilizado para luchar contra la represión sindical en las fábricas proveedoras y remediar las violaciones de los derechos laborales. La multinacional ha sentado importantes precedentes al defender la libertad sindical en las fábricas proveedoras y contribuir a la salud y seguridad de las y los trabajadores, y sin embargo se niega a dejar de abastecerse en Myanmar.

Foto de portada: La dirigente sindical birmana Khaing Zar, actualmente en búsqueda de asilo en Alemania, frente a una tienda de H&M en Estocolmo.

Se necesita una diligencia debida obligatoria de forma urgente

La semana comenzó con reuniones bilaterales en la OIT, en Ginebra, para resaltar la necesidad continua de un mayor apoyo de parte de la organización. La delegación, compuesta por Habib Hazimi, copresidente del sector de IndustriALL (Túnez), Nazma Akter (Bangladesh) y Athit Kong (Camboya), se unió a una ceremonia conmemorativa en honor de las y los trabajadores fallecidos en Rana Plaza, organizada por la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT (ACTRAV).

“El colapso del Rana Plaza y sus secuelas son un claro recordatorio de que la salud y la seguridad laboral no es solo un derecho fundamental en el trabajo, sino también un paso clave en la búsqueda de una justicia social para todos”,

expresó Manuela Tomei, subdirectora general de Gobernanza, Derechos y Diálogo de la OIT.

El reclamo de relaciones laborales más sólidas en la cadena de suministro llevó a los dirigentes sindicales a una conferencia sobre la industria textil asiática en Berlín, organizada por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, donde se les unió Khaing Zar, de Myanmar.

Como parte del panel de expertos, la directora del sector textil y de la confección de IndustriALL, Christina Hajagos-Clausen, declaró:

“Las marcas que todavía se abastecen en Myanmar a pesar del golpe militar deberían avergonzarse. No se puede hablar de trabajo decente y seguir comprándole productos a Myanmar”.

En la reunión de trabajo de la asociación para la sostenibilidad textil Textilbündnis, Nazma Akter, presidenta de la Federación Sommilito Garments Sramik (Bangladesh), reiteró el mensaje de que aún se debe luchar por la seguridad de las fábricas:

“Solo la mitad de los 4,4 millones de trabajadores de la confección de Bangladesh están cubiertos por el Acuerdo. Este instrumento debe extenderse y todas las marcas que se abastecen en Bangladesh deben firmarlo”.

En Bruselas, la delegación se reunió con miembros del Parlamento Europeo (MPE) y de la Comisión Europea.

“Los sindicatos de los países productores esperan que la UE presione por una fuerte diligencia debida obligatoria”,

expresó Athit Kong, presidente del sindicato camboyano CCAWDU.

“La UE tiene el poder de utilizar las relaciones comerciales para mejorar la situación de los trabajadores”.

Habib Hazimi, secretario general de la Federación General del Sector Textil, de la Confección, el Calzado y el Cuero de Túnez, afirmó:

“Las y los trabajadores hacen todo lo posible para mejorar la productividad. Entonces, ¿por qué no ayudarlos y poner el peso sobre los hombros de las marcas multinacionales para proporcionar salarios decentes, mejores condiciones de trabajo y respeto por los derechos laborales?”.

Las y los dirigentes sindicales presentaron tres demandas clave que dependen de la acción y el apoyo europeos:

“El proyecto MADE in Myanmar de la UE sirve como fachada para cubrir los abusos de los derechos laborales, ya que legitima a los militares. La UE debe ponerle fin, ya que el trabajo decente no es posible bajo la dictadura en Myanmar”,

afirmó Khaing Zar.

“Llevamos a cabo esta gira de promoción para presentar un pilar fundamental de nuestra política: alejarnos de la auditoría social en favor de una diligencia debida obligatoria”,

concluyó Christina Hajagos-Clausen.