El KMWU anuncia huelgas nacionales contra políticas antiobreras

“Esta es una declaración de guerra contra los sindicatos. Los organismos gubernamentales están pintando a los sindicatos como matones corruptos y violentos, y a los sindicalistas como ‘rojos’”,

expresó Yoon Jang Hyeok, dirigiéndose a las y los trabajadores en la manifestación masiva.

Miembros del KMWU en la protesta del 19 de abril en Seúl

Más de 10.000 miembros del KMWU se reunieron en el centro de Seúl, donde el presidente de la organización, Yoon Jang Hyeok, instó a los activistas a organizar una huelga de advertencia el 31 de mayo, seguida de una huelga nacional en julio, como protesta contra las políticas antiobreras aprobadas por el régimen de Yoon Suk-Yeol.

“El Gobierno quiere aprobar una ley que permite 69 horas semanales de trabajo y deroga la estructura salarial, incluido el salario mínimo, al tiempo que desregula a los chaebols (conglomerados de empresas familiares) y les otorga exoneraciones fiscales. El presidente está bloqueando la reforma laboral necesaria para proteger los derechos sindicales consagrados en la Constitución”,

añadió Jang Hyeok.

El KMWU también reclamó al Gobierno que reforme los artículos 2 y 3 de la Ley de Regulación de las Relaciones Laborales y Sindicatos (TULRAA), como un paso necesario después de la ratificación nacional de los Convenios 87 y 98 de la OIT en abril de 2021.

Según el sindicato, esta modificación es crucial para ampliar la definición de trabajador y proteger el derecho de las y los trabajadores subcontratados a negociar con el empleador principal. Las disposiciones vigentes, que prevén una protección débil para los huelguistas, también deben revisarse.

Los miembros del Parlamento han preparado un proyecto de ley con una versión diluida de los artículos 2 y 3 revisados de la TULRAA, que actualmente se encuentra en manos de un comité de la Asamblea Nacional compuesto mayoritariamente por el partido gobernante. Incluso si el comité aprueba el proyecto de ley, el presidente coreano Yoon Suk-Yeol ha anunciado que lo vetará.

El KMWU sostiene que, aunque el proyecto de ley amplía la definición de empleador, no trata aspectos importantes como la interrupción del derecho de huelga. El sindicato afirma que los derechos laborales fundamentales aún no se han abordado por completo, pero que el proyecto de ley es un paso en la dirección correcta y que la lucha por la revisión de la TULRAA continuará.

“IndustriALL Global Union se solidariza con los sindicatos coreanos en su lucha contra las políticas antiobreras y apoya plenamente la huelga general. Instamos al Gobierno, que ha ratificado dos convenios de la OIT, a cumplir con sus obligaciones internacionales relacionadas con el derecho de huelga y la negociación colectiva”,

declaró Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL.

10 años después del desastre de Rana Plaza, las federaciones sindicales internacionales piden que más marcas firmen el Acuerdo

Más de mil trabajadoras y trabajadores murieron y más de 2500 resultaron heridos cuando el Rana Plaza, un edificio de ocho pisos ubicado en las afueras de Daca, la capital de Bangladesh, se derrumbó el 24 de abril de 2013. El día antes de la tragedia, se habían descubierto profundas grietas estructurales en la construcción, que albergaba fábricas productoras de ropa para marcas mundiales. Sin embargo, a pesar de las preocupaciones sobre la estabilidad del edificio, la dirección obligó a las y los trabajadores de la confección a regresar al complejo fabril a la mañana siguiente, so pena de perder sus empleos.

Diez años después, las personas que trabajan en las fábricas adheridas al Acuerdo de Bangladesh están innegablemente más seguras. Este Acuerdo jurídicamente vinculante, desarrollado por IndustriALL y UNI en 2013 y suscrito por marcas y minoristas mundiales, ha transformado la seguridad de las fábricas en la industria de la confección de Bangladesh y dado a las y los trabajadores el derecho a rechazar el trabajo inseguro, así como ha salvado vidas, contribuido a la libertad sindical y fortalecido la negociación colectiva.

Al día de hoy, 194 marcas y minoristas han firmado el Acuerdo, que abarca a alrededor de 2,4 millones de trabajadoras y trabajadores en Bangladesh. A su vez, otras 46 se han unido al Acuerdo de Pakistán, que incluirá a 750.000 trabajadoras y trabajadores de este país una vez que se implemente el programa de inspección.

Sin embargo, existen excepciones notables de marcas que deben asumir una mayor responsabilidad por la seguridad del personal de sus cadenas de suministro, particularmente algunas empresas estadounidenses, como Levi’s, Gap, Walmart y Amazon, que se han negado a firmar el Acuerdo. La incorporación de marcas como estas protegería a más trabajadoras y trabajadores del sector textil y la confección de las condiciones peligrosas y fortalecería el impulso hacia una renovación del Acuerdo, que vencerá en octubre de 2023.

“Aunque se han logrado avances significativos en la industria de la confección de Bangladesh, todavía hace falta luchar por fábricas más seguras”,

expresó Atle Høie, secretario general de IndustriALL.

“Las y los trabajadores que producen la ropa que usamos merecen un entorno laboral que les proporcione un salario digno y condiciones de trabajo decentes, no uno que ponga en peligro su vida. Necesitamos que se unan más marcas al Acuerdo, especialmente en América del Norte, para obtener la influencia que necesitamos para extenderlo a más países y convertirlo en un pacto verdaderamente mundial”.

La secretaria general de UNI Global Union, Christy Hoffman, declaró:

“En este aniversario solemne, lamentamos las vidas perdidas y alteradas para siempre por la tragedia de Rana Plaza, y las honramos asegurándonos de que otro desastre como este nunca vuelva a suceder. La mejor manera de hacerlo es ampliar el alcance del Acuerdo y la cantidad de marcas signatarias.

El Acuerdo tiene un historial comprobado de hacer que el trabajo sea más seguro, que es más de lo que podemos decir con respecto a las auditorías respaldadas por empresas. De hecho, algunas marcas como Walt Disney exigen que sus fábricas cumplan con las normas del Acuerdo y, sin embargo, no se han comprometido a firmarlo para respaldar su implementación”.

Hasta la fecha, se han llevado a cabo casi 56.000 inspecciones de seguridad en más de 2400 fábricas de ropa en Bangladesh. Se corrigieron más de 140.000 infracciones en materia de seguridad, y la tasa total de progreso en la aplicación de medidas correctivas en las fábricas actualmente cubiertas por el Acuerdo es del 91 %.

El Acuerdo de Pakistán sobre Salud y Seguridad en la Industria Textil y de la Confección (Acuerdo de Pakistán) entre UNI, IndustriALL y marcas y minoristas se anunció en diciembre de 2022, con la intención de comenzar su implementación en 2023 en fases progresivas durante un período inicial de tres años. En la actualidad cuenta con 43 signatarias.

El trabajo debe ocupar un lugar más importante en un tratado vinculante de la ONU

Las FSI están presionando por un instrumento jurídicamente vinculante que regule, en el ámbito del derecho internacional de derechos humanos, las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales.

En una presentación escrita, las FSI abogaron por un papel más protagonista de los derechos laborales en el Tratado. En particular, pidieron que se aclare el tipo de responsabilidad aplicable a la negligencia en este sentido. Estas organizaciones creen que existe el riesgo de perder los detalles que son tan necesarios para lograr que las empresas realmente se responsabilicen por sus abusos de los derechos humanos.

“Las negociaciones de este año son cruciales. El año pasado se hizo un gran esfuerzo por negociar un texto diluido, en el que planteó la idea de una convención marco que intenta suavizar el contenido del Tratado. Nos oponemos a esto”,

afirmó el secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan.

Como respuesta a los argumentos de algunos países a favor de reabrir el debate sobre el alcance del tratado, cuyo fin es excluir de este a las empresas públicas, las FSI dejaron claro que cualquier desviación que reduzca su cobertura transnacional representa un importante retroceso.

Las FSI afirman lo siguiente:

“Fundamentalmente, creemos que el enfoque adoptado en el tercer proyecto revisado, que consiste en focalizar las disposiciones operativas del instrumento jurídicamente vinculante en las actividades transnacionales de las empresas comerciales, al tiempo que se mantiene un alcance amplio que incluye empresas transnacionales y de otro tipo, responde al mandato otorgado por la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de 2014”.

“En este contexto, la próxima Directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos desempeñará un papel importante, ya que otorga a la UE un mandato y una dirección claros en las negociaciones”,

añadió Kemal Özkan.

“El siguiente consistirá en acudir a nuestros afiliados para acercarnos a sus gobiernos, así como tomaremos medidas conjuntas con industriAll Europe para interpelar a las autoridades de la UE acerca de su posición”.

 
 
 

Japón: aumento salarial récord para el sector metalúrgico

En Japón, las negociaciones salariales entre los sindicatos y las empresas se llevan a cabo cada año en primavera. El Consejo de Sindicatos de Trabajadores Metalúrgicos de Japón (JCM), que representa a dos millones de trabajadoras y trabajadores metalúrgicos de más de 3000 sindicatos afiliados, fijó la norma de una demanda unificada de salarios y condiciones de trabajo para las rondas anuales de negociación colectiva en toda la industria.

Este año, las grandes empresas del sector metalúrgico publicaron sus decisiones sobre las negociaciones salariales muy rápidamente, y varias acordaron satisfacer plenamente las demandas sindicales, teniendo en cuenta la creciente inflación y la escasez de mano de obra en la industria.
 
El presidente del JCM, Akihiro Kaneko, expresó:

“Pudimos lograr una gran sinergia durante las negociaciones anuales de primavera. Los sindicatos recibieron rápidamente respuestas que coincidían con sus demandas. Esto no solo contribuye a la estabilidad y la seguridad en la vida cotidiana de los sindicalistas, sino que también fortalece los lugares de trabajo y la competitividad en la industria metalúrgica”.

Akihiro Kaneko, presidente del JCM

Durante muchos años, los salarios en Japón se estancaron debido a la deflación. No obstante, a partir de 2014, cuando se lograron aumentos salariales adicionales por primera vez en diez años, estos ascendieron a YEN 2801 (USD 21) en 2015, y el aumento de este año es el más alto desde 2020.
 
Además del aumento salarial, el JCM destacó los siguientes resultados de las negociaciones de primavera:

Los sindicatos de Myanmar condenan la iniciativa de la UE para el sector de la confección

La Alianza Multipartita para el Empleo Decente en la Industria de la Moda de Myanmar (MADE in Myanmar, por su nombre en inglés) afirma promover el diálogo social y los mecanismos de negociación colectiva.

Esta iniciativa sostiene respaldar la creación de comités paritarios y la formulación de programas de formación y desarrollo de capacidades para el personal y la dirección de las fábricas con el fin de mejorar la comunicación y la colaboración. Sin embargo, en un país dominado por los militares desde el golpe de Estado de febrero de 2021, un régimen que reprime duramente a los sindicatos, esto es imposible.

En una carta a la Unión Europea, la Alianza Obrera de Myanmar y otros sindicatos expresaron que la prohibición de los sindicatos independientes en el país es un atentado contra la libertad sindical y que MADE in Myanmar asiste a la junta militar en su búsqueda de legitimidad.

IndustriALL Global Union e industriALL Europe también le han escrito a la Unión Europea para expresar su preocupación por esta iniciativa:

“Los empleadores aprovechan la situación política para privar a las y los trabajadores de sus derechos. Continúan las graves violaciones de los derechos humanos y laborales en Myanmar”.

La libertad sindical es un derecho humano y un principio fundamental consagrado por la UE. Por lo tanto, las restricciones impuestas a los sindicatos y el derecho a la negociación colectiva en Myanmar bajo el régimen militar son una grave preocupación que pone en tela de juicio la legitimidad de esta iniciativa.

La carta a la UE también hace hincapié en que:

“Con el apoyo de MADE in Myanmar, las organizaciones no representativas se registran bajo el mecanismo de registro sindical del Consejo Administrativo del Estado (CAE). Mediante la creación de comités de coordinación en el lugar de trabajo —con representantes de los trabajadores aprobados por el empleador— MADE in Myanmar ofrece a los empresarios y al CAE una herramienta de propaganda para crear la impresión de que existe el diálogo social. Esto genera la ilusión de que Myanmar permite la libertad sindical, que los sindicatos son reconocidos y pueden registrarse y pueden funcionar libremente, y que se respetan los derechos laborales”.

Según el informe, encargado por la Iniciativa de Comercio Ético (ETI, por sus siglas en inglés) en septiembre de 2022, es imposible que las marcas que operan en Myanmar ejerzan la diligencia debida y se adhieran a las normas sobre comercio responsable reconocidas a nivel mundial.

El mensaje es muy claro: el movimiento sindical internacional exige a la UE que ponga fin a su apoyo al programa SMART Myanmar/MADE in Myanmar.

“IndustriALL Global Union e industriAll European Trade Union expresan su firme oposición a la pretensión de que MADE in Myanmar protege los derechos laborales, y a sus actividades que apoyan y legitiman al CAE”,

declaró Atle Høie, secretario general de IndustriALL.

Sindicatos celebran la reducción de la jornada laboral en Chile

La Cámara de Diputados de Chile aprobó el 11 de abril un proyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales dentro del Código de trabajo. La normativa fue aprobada previamente por la Cámara de Senadores y el próximo paso será enviarla al Poder Ejecutivo para que la promulgue como ley.

La iniciativa nació en 2017 como moción parlamentaria con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores del país, así como objetivos económicos y de productividad. El texto especifica que en algunas condiciones se podrán acordar alternativas de distribución de la jornada, como en el caso de las negociaciones colectivas con los sindicatos.

El presidente de Industrial Chile-Constramet (afiliada a IndustriALL Global Union), Horacio Fuentes, comentó:

“Es un gran avance para los trabajadores del país. El sindicato va a tener un rol preponderante en la implementación de las nuevas jornadas: en aquellas empresas que haya un sindicato, los empleadores van a tener que negociar. La ley reconoce así a la organización sindical. 

Por otro lado, la norma también contiene elementos de flexibilización laboral que podrán hacer mayor o menos daño dependiendo de la organización de los trabajadores. Creemos que esta discusión no termina aquí. Es necesario trabajar para eliminar aquellos elementos de flexibilización que contiene la norma.”

La propuesta establece que la duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá las 40 horas semanales. Su distribución se podrá efectuar en cada semana calendario o sobre la base de promedios semanales en lapsos de hasta cuatro semanas. En acuerdo con los trabajadores, las empresas también podrán implementar jornadas de cuatro días de trabajo por tres de descanso. La reducción se realizará de forma gradual, de modo que se llegará a las 40 horas recién al quinto año de publicada la ley.

El proyecto de ley también indica que, en el caso de madres y padres de menores de 12 años, podrán tener flexibilidad con el horario de entrada y salida. Además, la norma pauta días de descanso adicionales para trabajadores con jornadas continuas, como es el caso del sector minero.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

 “Felicitamos a los sindicatos, trabajadores y a los parlamentarios que promovieron esta conquista en términos de la reducción de la jornada laboral. La ley aprobada presenta avances, así como también el riesgo a que existan retrocesos cuando la presencia sindical es débil.

Seguiremos apoyando a nuestras afiliadas para que los trabajadores chilenos recuperen el derecho a organizar sindicatos más representativos, nacionales y que puedan realizar una negociación colectiva nacional.”  

Fuente consultada: Página oficial de la Cámara de Diputados de Chile

300.000 trabajadores del sector automotor de Sudáfrica afectados por el retraso en el acuerdo salarial

Los acuerdos colectivos sobre salarios solo pasan a ser vinculantes para los demás trabajadores del sector cuando el ministro de Empleo y Trabajo los publica en el boletín oficial. Este proceso se conoce como publicación oficial, y es a partir de este momento que todos los trabajadores pueden beneficiarse de sus disposiciones. Al demorarse este proceso, los trabajadores no pueden acceder a los beneficios previstos en el convenio.

El ministro de Trabajo tardó más de cuatro meses en publicar oficialmente el acuerdo, que se firmó en noviembre de 2022 después de extensas negociaciones. En este documento se establecen aumentos salariales del 5 % para los trabajadores de gasolineras, del 6,5 % para los de concesionarios de automóviles y del 7,5 % para los de proveedores de componentes. En ciertas instancias de las negociaciones, el NUMSA consideró hacer huelga para presionar a los empleadores y lograr que respondieran a las demandas salariales.

“Los empleadores deben implementar inmediatamente el aumento y ponerle fin a este engaño a los trabajadores. No existe motivo alguno para que los empleadores en el sector minorista del combustible y el resto de la industria automotriz retrasen el aumento desde la fecha en que se firmó en el Consejo de Negociación de Industrias Automotrices (MIBCO) en noviembre del año pasado. Hicieron esto para maximizar las ganancias a expensas de los trabajadores. El NUMSA condena las acciones de los empleadores para demorar la implementación del aumento. En el futuro, el sindicato tomará las medidas necesarias para garantizar que el Ministerio de Trabajo publique inmediatamente los acuerdos que se alcancen”,

declaró Irvin Jim, secretario general del NUMSA.

Las leyes laborales sudafricanas permiten la extensión de los acuerdos concretados en los consejos de negociación a todo el sector siempre que la mayoría de los sindicatos y empleadores la apoyen. Los consejos de negociación están formados por organizaciones de empleadores y sindicatos, y las extensiones se realizan a través de boletines oficiales del ministro de Trabajo. La extensión del acuerdo a terceros mejora los salarios en todo el sector.

“Los retrasos innecesarios en la publicación oficial del acuerdo implican que los trabajadores sigan luchando para poder mantenerse en el contexto del creciente costo de vida, mientras que los empleadores se niegan a pagar lo que corresponde. Apoyamos al NUMSA en sus exigencias para poner fin a este perjuicio”,

expresó Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana.

Sindicatos ucranianos comprometidos con la paz y la reconstrucción

A este encuentro le siguió la reunión subregional oriental de industriAll Europe y sindicatos afiliados de Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia, en la que dieron la bienvenida a sus compañeras y compañeros ucranianos.

Los participantes dialogaron sobre las violaciones de los derechos humanos y laborales en las zonas de Ucrania ocupadas por la Federación Rusa. Los representantes de la Misión de Seguimiento de los Derechos Humanos en Ucrania, que también asistieron a la reunión, compartieron su trabajo sobre la mejor manera de denunciar las violaciones de derechos sindicales.

Casper Edmonds, del Departamento de Políticas Sectoriales (SECTOR) de la OIT, y Gocha Aleksandria, de la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT (ACTRAV), asistieron a la reunión para intercambiar información sobre las violaciones de los derechos de los trabajadores a la libertad sindical, a no realizar trabajos forzosos y a un entorno de trabajo seguro y saludable.

“La guerra, la ocupación y la agresión de Rusia en Ucrania tiene un gran impacto negativo en la economía de nuestro país, por eso acogemos con satisfacción la oportunidad que nos brinda esta reunión de analizar los problemas y encontrar soluciones”,

declaró Valeriy Matov, presidente del sindicato Atomprofspilka, del sector de la energía nuclear.

En el sector de la maquinaria agrícola, muchas empresas han sido destruidas y se ha bloqueado tanto su logística como sus ventas. En el de la energía, se destrozaron infraestructuras deliberadamente con fuego de artillería, bombardeos y drones, pero los trabajadores del sector hicieron un gran esfuerzo para reparar subestaciones y líneas eléctricas, y arriesgaron sus vidas en condiciones extremadamente arduas.

Las empresas del sector del petróleo y el gas fueron las primeras en ser destruidas al principio de la guerra, y muchas instalaciones de almacenamiento de petróleo y productos petrolíferos fueron incendiadas. Asimismo, se destrozaron veintiuna empresas petroquímicas y, como consecuencia, se generaron grandes riesgos de catástrofes medioambientales.

El sector de la energía nuclear, que cuenta con cinco centrales, ha sido uno de los principales objetivos: la central de Chernobil fue confiscada y la de Zaporizhzhya, que es la mayor de Europa, fue ocupada. Se ha informado de que las fuerzas rusas tomaron el control de la planta y maltrataron a los trabajadores. De los 11.000 empleados que había antes de la guerra, solo quedan 1200 en la central.

El sector del carbón ha enfrentado muchas dificultades. En las regiones de Donetsk y Luhansk se destruyeron diez minas. El 21 de noviembre de 2022, aproximadamente 2000 trabajadores de las minas permanecieron bajo tierra en medio de bombardeos y cortes de electricidad. Se perdió el 40 % de la industria siderúrgica de Ucrania, y las fábricas de hierro y acero Azovstal e Ilyich, en Mariupol, también fueron destrozadas. La ciudad de Avdiivkanoken, en el óblast de Donetsk, donde se encuentra la mayor planta de coque de Europa, fue rodeada por las fuerzas rusas.

Los participantes se comprometieron a seguir informando sobre todos los hechos a las agencias internacionales para defender a sus afiliados en el terreno. En los próximos meses, IndustriALL Global Union e industriAll Europe cooperarán con la OIT para organizar un acto conjunto en Kiev con el objetivo de darle seguimiento al plan acordado.

En la reunión también se habló de la recuperación y reconstrucción de Ucrania hacia un futuro pacífico y próspero mediante una economía sostenible con un sector manufacturero fuerte, que solía ser la columna vertebral de la economía del país. Se acordó trabajar en conjunto para desarrollar una visión de la política industrial en el contexto del programa de Transición Justa, que desempeñará un papel importante en la labor de apoyo.

Los participantes dejaron claro que la inversión no debe hacerse a expensas de los derechos de los trabajadores. En este contexto, se debatieron además las modificaciones de diversas leyes laborales promulgadas y previstas, y se señalaron inquietudes al respecto. Se solicitarán ciertas condiciones sociales en las interacciones con las agencias internacionales y las autoridades de la Unión Europea durante el proceso de adhesión de Ucrania.

“Nuestro compromiso con nuestros afiliados ucranianos continuará con el apoyo firme y concreto de nuestra familia de industriAll Europe, dado que la UE le ha concedido a Ucrania el estatus de país candidato. Haremos todo lo posible para preparar a nuestros afiliados ucranianos para el proceso de integración y, sin duda, los derechos sociales y laborales seguirán siendo una prioridad”,

declaró Luc Triangle, secretario general de industriAll Europe.

“Con esta reunión tan importante reiteramos nuestro inquebrantable apoyo a los compañeros y compañeras ucranianos. Nuestras dos organizaciones seguirán respondiendo a las necesidades de los afiliados en Ucrania y movilizarán todos los esfuerzos y recursos disponibles. Los sindicatos ucranianos desempeñan un papel importante en la reconstrucción de su país hacia una vida social y económica viable, y cuentan con nuestra solidaridad”,

expresó Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL Global Union.

Sindicatos tailandeses instan al Gobierno a ratificar los Convenios 87 y 98 de la OIT

La Confederación de Trabajadores Industriales de Tailandia (CILT) y el Sindicato de PTT Public Company Limited (PTTLU), afiliados a IndustriALL, han hecho campaña durante mucho tiempo a favor de la ratificación del Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, así como sobre el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.

“El Gobierno tailandés tiene la obligación internacional de proteger los derechos de los trabajadores a formar y afiliarse a sindicatos de su propia elección. La CILT insta al Gobierno a ratificar los Convenios 87 y 98 de la OIT para proteger la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores tailandeses”,

expresó Apsorn Krissanasmit, presidente del PTTLU.

Las barreras legales e institucionales en Tailandia limitan la capacidad de los trabajadores para ejercer sus derechos. También hay poca protección contra la discriminación, el acoso y las represalias contra quienes buscan ejercer los derechos consagrados en los Convenios 87 y 98 de la OIT.

El país ha enfrentado una inestabilidad política incesante y una serie de golpes militares que han debilitado las leyes laborales bajo el pretexto de mantener la seguridad nacional.

La Ley de Relaciones Laborales de 1975 (LRA), que abarca a los empleados del sector privado, y la Ley de Relaciones Laborales de las Empresas Estatales (SELRA), aplicable a los empleados públicos, todavía contienen muchas políticas antisindicales que atenta contra el principio de libertad sindical y negociación colectiva.

Menos del 2 % de la mano de obra tailandesa está sindicalizada, y la legislación actual ha ayudado a los empleadores a alterar las actividades sindicales sin sufrir consecuencias.

“El Gobierno debe revisar el proyecto de ley sobre la base de las recomendaciones de los sindicatos y aprobar las modificaciones de la LRA y la SELRA tan pronto como sea posible”,

declaró Prasit Prasopsuk, presidente de la Confederación de Trabajadores Industriales de Tailandia (CILT).

En 2015, IndustriALL Global Union presentó una queja ante el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT con pruebas que demostraron cómo los empleadores en este país violaron repetidamente los derechos de los trabajadores a afiliarse a un sindicato, negociar colectivamente y tomar medidas colectivas.

En octubre de 2020, el Gobierno anunció que estaba en proceso de revisar la LRA y la SELRA, y que las modificaciones de estas leyes allanarían el camino para la ratificación del Convenio 98 de la OIT. También afirmó que estudiaría la posibilidad de ratificar el Convenio 87.

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) también presentó una queja ante el Representante Comercial de los Estados Unidos, en la que exigió que el gobierno norteamericano retirase el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Este reclamo condujo a la suspensión del SGP para 573 productos tailandeses en 2019.

En 2022, el Gobierno tailandés publicó un proyecto de ley de modificación al LRA, en el que prometió una libertad sindical más amplia. Como respuesta, la CILT, el PTTLU y el Comité de Solidaridad Laboral de Tailandia (TLSC) apoyaron algunas de las modificaciones, pero no estuvieron de acuerdo con otras. Argumentaron que estas enmiendas no eran suficientes para resolver las infracciones continuas.

“Tailandia debe atravesar un proceso de desmilitarización y democratización para garantizar que el poder político esté siempre en manos de los líderes electos del gobierno civil. La ampliación del espacio democrático aumentará la influencia de los sindicatos cuando se protejan sus libertades fundamentales. Deben derogarse las disposiciones antidemocráticas que obstaculizan el derecho de huelga en casos de ley marcial o crisis económica”,

declaró Shinya Iwai, secretaria regional de IndustriALL.

Indonesia aprueba la Ley sobre la Creación de Empleos mediante un decreto de emergencia

El Consejo de IndustriALL en Indonesia está formado por 11 afiliados de IndustriALL Global Union. El presidente del Consejo, Iwan Kusmawan, afirmó que el nuevo proyecto de ley sobre la Creación de Empleos es idéntico al anterior, que fue declarado condicionalmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2021.

“Estamos indignados por el hecho de que se ignore el debido proceso, ya que muchas disposiciones antiobreras permanecen iguales. Todos los sindicatos, los estudiantes y las organizaciones de la sociedad civil en Indonesia se oponen firmemente a esta decisión. Pronto presentaremos un recurso de revisión judicial ante el Tribunal Constitucional”,

añadió Kusmawan.

El 11 de abril, cien miembros del Partido Laborista de Indonesia se unieron a una manifestación contra la nueva legislación en la puerta principal del Parlamento nacional.

Los sindicatos argumentan que las disposiciones de la Ley sobre la Creación de Empleos vulnerarán los derechos de los trabajadores. El partido prometió realizar protestas contra esta ley todos los martes. Para el Primero de Mayo, se convocaron manifestaciones callejeras en todo el país, con una participación esperada de medio millón de trabajadores.

La Ley sobre la Creación de Empleos fue publicada por el presidente indonesio Joko Widodo en respuesta al impacto económico de la pandemia, con la intención de estimular el crecimiento económico y crear empleos al facilitar que las empresas inviertan y operen en el país. 

Sin embargo, la ley ha sido constantemente cuestionada por los sindicatos, que argumentan que esta norma vulnerará los derechos de los trabajadores y las protecciones ambientales. La ley incluye disposiciones que afectan la jornada laboral, la indemnización por despido, el trabajo por contrato, la subcontratación y la capacidad de los sindicatos para sindicalizar a los trabajadores y hacer huelga.

“IndustriALL se solidariza con nuestros compañeros y compañeras en su lucha contra la Ley sobre la Creación de Empleos. Como gobierno democrático elegido por el pueblo indonesio, las autoridades tienen el deber de proteger los derechos de los trabajadores. La crisis mundial y la desaceleración económica no deberían ser una razón para revertirlos”,

declaró Shinya Iwai, secretaria regional de IndustriALL para el Sudeste Asiático.

El 3.er Congreso de IndustriALL aprobó una resolución en la que instó al Gobierno de Indonesia a derogar la Ley sobre la Creación de Empleos.