Australia crea una Dirección de Neutralidad de Carbono para garantizar una Transición Justa para los trabajadores

El 5 de mayo, el Gobierno australiano anunció la creación de una Dirección de Neutralidad de Carbono a nivel nacional, sobre la base de consultas exhaustivas con trabajadores, sindicatos y representantes de las comunidades en las regiones energéticas que ya están lidiando con los efectos de la descarbonización.

La Dirección de Neutralidad de Carbono nacional ayudará a los trabajadores en sectores intensivos en emisiones a acceder a nuevos empleos, cualificaciones y otros tipos de apoyo, según sea necesario, y fomentará la diversificación de las regiones energéticas.

Esto significa que el futuro de las personas que trabajan en los sectores con más emisiones, que se ven amenazados de cerrar, no se dejará en manos de los programas de los empleadores y los mercados de trabajo locales. Dicho organismo estará facultado para ayudar a los trabajadores en la transición a nuevos puestos de trabajo y facilitará la inversión en las comunidades afectadas con el fin de crear empleos de calidad en el futuro.

Asimismo, coordinará programas y políticas en todo el Gobierno australiano para ayudar a las regiones y comunidades a atraer y aprovechar las nuevas industrias de energía limpia, preparar a estas industrias para el éxito, y fomentar que los inversionistas y las empresas aprovechen las oportunidades de transformación neutrales en carbono.

El sindicato MEU, afiliado a IndustriALL, que ha estado haciendo campaña por una autoridad de transición durante varios años, acogió con entusiasmo la noticia.

“A partir de lo que observamos en el resto del mundo, sabemos que la transición energética se puede hacer bien o mal, y que sus consecuencias pueden resultar positivas o devastadoras para las regiones dependientes de la energía. Con este anuncio, Australia está allanando el camino para llevar a cabo la transición energética de la forma correcta”, 

expresó Tony Maher, presidente general del MEU.

“El Gobierno ha escuchado y tomado medidas para garantizar que los trabajadores y las comunidades que dependen de industrias intensivas en emisiones no sean los más afectados por los esfuerzos nacionales para combatir el cambio climático”,

añadió Tony Maher.

Diana Junquera Curiel, directora del sector energético y de Transición Justa de IndustriALL, expresó:

“Este es un gran ejemplo de lo que se puede lograr cuando los trabajadores y los sindicatos forman parte de la conversación sobre la Transición Justa. Esperamos que la Dirección contribuya a que la transición energética en el país se convierta en una verdadera Transición Justa para todos”. 

Trabajadores de ArcelorMittal Liberia hacen huelga por mejores salarios

Tras el estancamiento, el sindicato acudió al Tribunal Nacional del Trabajo, que le concedió un aumento salarial del 5 %. La dirección se negó a cumplir con el fallo judicial y los trabajadores se declararon en huelga para presionar por sus demandas. El tribunal instó a ambas partes a negociar el convenio colectivo.

El UWUL afirmó que quedó consternado al descubrir que dos trabajadores, contratados el mismo día y con la misma experiencia y cualificaciones, recibían salarios diferentes. Para el sindicato, esto va en contra del principio de “igual remuneración por trabajo de igual valor” que la empresa debe respetar. Además, sostuvo que la dirección está practicando el nepotismo al contratar a amigos y familiares, lo que constituye una infracción del convenio colectivo.

“Antes de acudir a la justicia, nos acercamos al Ministerio de Trabajo para que mediara en el estancamiento. Aunque el Tribunal de Trabajo falló a nuestro favor, la dirección no quiere ceder. Es por eso que todavía estamos en huelga y que continuaremos esta acción colectiva hasta que la dirección se siente a la mesa de negociaciones”,

expresó Dave Seneh, secretario general del UWUL que coordina la huelga.

“Pedimos a ArcelorMittal que intervenga e instamos a la dirección de ArcelorMittal Liberia a retomar el contacto con el UWUL, algo que no ha sucedido en la última semana, y a retomar un diálogo de buena fe con el sindicato, mostrándose receptiva a las justas demandas de los trabajadores y dispuesta a implementar el convenio colectivo en su totalidad”,

declaró Atle Høie, secretario general de IndustriALL.
 
El UWUL espera que la huelga se resuelva con una oferta aceptable para los trabajadores, como sucedió cuando ArcelorMittal Sudáfrica firmó un convenio colectivo de tres años con el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA). En dicho acuerdo, los trabajadores obtuvieron un aumento salarial anual del 6,5 % durante tres años, incrementos en los subsidios y otros beneficios. No obstante, el acuerdo salarial sudafricano, firmado el 8 de mayo, se produjo después de que las negociaciones se estancaran y el NUMSA anunciara sus intenciones de organizar la “madre de todas las huelgas” en ArcelorMittal.

AML emplea a 3000 trabajadores en sus minas de mineral de hierro en las minas de Yekepa y Bong, y está expandiendo sus operaciones de minería a través de la construcción de plantas de procesamiento. También dirige un ferrocarril y una terminal portuaria, y es el mayor inversor extranjero en Liberia, con más de 1700 millones de dólares invertidos en sus actividades comerciales en los últimos 15 años.

Foto: Los trabajadores dejan los camiones estacionados como parte de la protesta

Los sindicatos luchan por los derechos laborales

A nivel mundial, los derechos laborales están siendo vulnerados, y los sindicatos tienen un papel muy importante que desempeñar en la defensa de las y los trabajadores, así como en la lucha para mejorar sus vidas.
 
En Corea del Sur, las autoridades gubernamentales interfieren en las actividades sindicales legítimas y los derechos laborales, a pesar de que el país ratificó los Convenios 89 y 98 de la OIT en 2021. El Primero de Mayo, Yang Hoe-Dong, líder de distrito del Sindicato Coreano de Trabajadores de la Construcción (KCWU), murió trágicamente luego de prenderse fuego para protestar contra el acoso de las autoridades gubernamentales hacia los sindicalistas.
 
Los sindicatos de Tailandia están reclamando al Gobierno que aplique el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, así como el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Sin embargo, las autoridades del país sostienen que los convenios no pueden ratificarse hasta que se modifique la legislación laboral y se resuelvan las preocupaciones en materia de seguridad nacional.
 
La Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo es un compromiso de los gobiernos y las organizaciones de empleadores y trabajadores para defender los valores humanos básicos. Adoptada en 1998 y modificada en 2022, esta Declaración compromete a los Estados miembros a respetar y promover ocho principios y derechos fundamentales en cinco categorías, hayan ratificado o no los convenios pertinentes.
 
La salud y la seguridad son un principio y un derecho fundamental en el trabajo adoptado por la OIT en 2022. El desguace de buques es considerado uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Este año es crucial para mejorar la seguridad, ya que Bangladesh se ha comprometido a ratificar el Convenio de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques (HKC). Cuando el Convenio entre en vigor, creará un punto de referencia de salud y seguridad que mejorará las condiciones y transformará la vida de las y los trabajadores de desguace en el subcontinente y el resto del mundo.

La campaña mundial de IndustriALL en favor de la ratificación e implementación del Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas (1995) es un pilar fundamental del enfoque estratégico de IndustriALL para la salud y seguridad laboral en la industria minera, conocido como “Los sindicatos salvan vidas”. En los últimos años, Pakistán se ha convertido en uno de los centros de la campaña mundial y, de la mano de la sede y la oficina de la OIT en este país, se están logrando avances positivos junto con los interlocutores sociales locales.

Tenemos que trabajar juntos para luchar por los derechos laborales y lograr un #futurojusto.

Trabajadores latinoamericanos del sector químico y farmacéutico piden mayor seguridad laboral

El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, participó en el encuentro donde destacó las acciones que desarrollaron los sindicatos afiliados a IndustriALL el 28 de abril para reclamar salud y la seguridad en el trabajo, un pilar fundamental de la labor del movimiento sindical.

Özkan aseguró que es importante luchar especialmente por mejores condiciones de salud y seguridad para los trabajadores de las cadenas de suministro.

“Las cadenas de suministro están teniendo un gran impacto en los trabajadores, ya que la explotación es la norma. Los trabajadores laboran muchas horas, por encima de los límites legales por salarios miserables y con condiciones que violan las condiciones de salud laboral. 

Los programas de responsabilidad corporativa son esfuerzos unilaterales y no vinculantes que han fracasado de forma abrumadora a la hora de mejorar los salarios y las horas de trabajo. Los sindicatos deben estar dispuestos a trabajar en defensa de mejores condiciones para los trabajadores de las cadenas de suministro.”

Posteriormente, los trabajadores de República Dominicana dijeron que existen claros riesgos a la seguridad de los trabajadores en su país porque manejan sustancias químicas en los procesos productivos y muchos padecen enfermedades a largo plazo.

Del mismo modo, los dirigentes sindicales de Perú explicaron que las condiciones de los trabajadores químicos y farmacéuticos no son buenas. Los sindicatos desarrollan plantones para reclamar medidas de salud y seguridad, y también realizan un promedio de 2000 a 3000 inspecciones laborales para verificar el tema de salud ocupacional.

Por otro lado, el director de IndustriALL para los sectores químico, petroquímico, plásticos, farmacéutico y fertilizantes, Tom Grinter, realizó una presentación sobre las tendencias a nivel global y regional.

Dijo que el sector químico tiene una situación financiera sólida, y que las multinacionales centrarán sus inversiones con futuro a largo plazo. Las empresas químicas que antes tenían un amplio inventario de productos, ahora se centran en una lista reducida de productos rentables. Además, comentó que los analistas afirman que este año y el próximo la industria química se enfocará en estabilizar las plataformas actuales, sin cambios tecnológicos drásticos.

En cuanto las tendencias del sector farmacéutico, explicó que incluyen: invertir en tecnología, en inteligencia artificial, en análisis de datos, en producción flexible, en terapias curativas, medicina de precisión y en estudios clínicos. En relación al sector del plástico, Grinter aseguró que está muy presente en la vida diaria y que los analistas estiman que en los próximos 5 años va a crecer.

Por otro lado, el director de IndustriALL destacó la importancia de las redes sindicales, como las de Sanofi, Solvay, Bayer y las reuniones sindicales por empresa para tratar temas como el de salud y seguridad laboral, y luchar por mejores condiciones para los trabajadores de toda la cadena de suministro. A su vez, pidió a los participantes que se reserven la fecha de la reunión mundial del sector químico y farmacéutico, del 25 al 27 de setiembre.

Finalmente, el secretario regional adjunto de IndustriALL, Cristian Alejandro Valerio, concluyó:

“Felicitamos a las organizaciones sindicales que participaron y brindaron valiosos aportes. Especialmente, agradecemos al vicepresidente global del sector, Sergio Luiz Leite, a la vicepresidenta de IndustriALL para la región, Lucineide Varjão, miembros del comité ejecutivo regional e importantes dirigentes sindicales del sector. Continuaremos trabajando para garantizar que se respeten los derechos laborales en toda la cadena de suministro.”
 

Los debates del G20 sobre la Transición Justa deben incluir a los sindicatos

Las áreas prioritarias de debate incluyen las brechas tecnológicas que hay que resolver para lograr la transición energética, la financiación de bajo costo necesaria para dicha transición, los combustibles del futuro, la seguridad energética y las cadenas de suministro diversificadas, la eficiencia energética, las transiciones industriales bajas en carbono y el consumo responsable, así como el acceso universal a la energía limpia y a una vía de transición energética que sea justa, asequible e inclusiva.

El objetivo de la reunión es “identificar acciones colectivas para promover un crecimiento equitativo, compartido e inclusivo”.

Apoorva Kaiwar, secretaria regional de IndustriALL Global Union, expresó:

“No se puede lograr un crecimiento equitativo e inclusivo sin tener en cuenta las experiencias y perspectivas de los trabajadores. Es muy condenable que el Gobierno indio se haya negado a dialogar con los sindicatos en materia de Transición Justa”.

La CSI y los sindicatos de todos los países del G20 también han denunciado la decisión del Gobierno indio de interrumpir la participación de los sindicatos independientes en la cumbre y, en su lugar, hacer que la Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) presida las reuniones del L20. La BMS es la central sindical nacionalista hindú vinculada al partido gobernante de derecha en el país.

SQ Zama, secretario general de la Federación Nacional de Mineros de la India, afiliada a IndustriALL, declaró:

“El Gobierno de la India no se preocupa por los trabajadores en absoluto. Esto se ve claramente reflejado en los cambios introducidos en las leyes laborales, así como en la ausencia total de voces sindicales en los debates sobre la transición energética. Nuestro sindicato ha estado pidiendo al Gobierno que dialogue con los sindicatos y que ponga el cambio climático y la Transición Justa en la agenda de todos los debates sobre la minería del carbón en el país”.

La posición de la India sobre la Transición Justa sigue siendo ambigua. En su presentación sobre la Estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, durante la COP27, el Gobierno declaró que se centrará en la “utilización racional de los recursos nacionales con la debida consideración a la seguridad energética”.

Según los informes más recientes de los medios de comunicación, el Ministerio del Carbón ha establecido un objetivo de producción de mil millones de toneladas de carbón para 2023-24, lo que se logrará principalmente a través de la minería privada.

Fotografía: © OIT/J. Urmila 2018

Sindicatos contra la LGBTfobia

Como federación sindical internacional que representa a 50 millones de trabajadores y trabajadoras, IndustriALL tiene la responsabilidad de garantizar que los lugares de trabajo sean seguros e inclusivos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Esto no es solo un derecho humano básico, sino también un factor clave para crear un ambiente de trabajo productivo y armonioso.

El Consejo Global Unions (CGU) pide a todos sus afiliados que expresen su apoyo a la comunidad LGBTI a nivel local y mundial. Esto puede traducirse en la organización de eventos o actividades para concientizar sobre los problemas que enfrentan las y los trabajadores LGBTI, la distribución de materiales educativos o la asociación con organizaciones LGBTI locales para mostrar solidaridad y entablar relaciones.

El 17 de mayo a las 16:00 CEST se realizará un seminario web: 

  Inscríbase y participe en el seminario web: Sindicatos vs. LGBTfobia  

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FRANCÉS

ESPAÑOL

TAILANDÉS

Los oradores incluyen a Cleve Jones, líder en materia de derechos LGBTI y organizador sindical estadounidense, y otros activistas sindicales como Vipawan Boksantea, de la Confederación de Trabajadores Industriales de Tailandia (CILT), una organización afiliada a IndustriALL Global Union.

“Es importante que sigamos trabajando para crear políticas y prácticas más inclusivas en nuestros lugares de trabajo, como garantizar la igualdad de beneficios y protecciones para las y los trabajadores LGBTI y proporcionar recursos y apoyo para aquellas personas que puedan estar enfrentando discriminación o acoso.

Aprovechemos este día como una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso de promover la igualdad, la diversidad y la inclusión en todos los aspectos de nuestro trabajo. Juntos, podemos marcar la diferencia y crear un futuro mejor para todas y todos los trabajadores”,

expresó Atle Høie, secretario general de IndustriALL.

El sitio web dedicado a las y los trabajadores LGBTI comparte el trabajo de las federaciones sindicales internacionales que promueven los derechos LGBTI en el trabajo a nivel nacional, regional e internacional. Este sitio web también es un lugar para que los sindicatos compartan lo que están haciendo para promover los derechos LGBTI, al tiempo que proporciona un espacio específico para que sus miembros puedan, desde cualquier parte del mundo, dialogar sobre cuestiones relativas a esta comunidad y lo que ellos y sus organizaciones están haciendo para construir un mundo más tolerante y libre de discriminación.

Documentos informativos: 

Corea del Sur: el Consejo Global Unions condena las flagrantes violaciones de los derechos que resultaron en la trágica muerte de Yang Hoe-Dong

Es inaceptable que esta represión continúe a pesar de que Corea del Sur se ha adherido a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y ratificado, hace dos años, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical y el Convenio 98 sobre la negociación colectiva.

El Primero de Mayo, Yang Hoe-Dong, líder de distrito del Sindicato Coreano de Trabajadores de la Construcción (KCWU), murió trágicamente luego de prenderse fuego para protestar contra el acoso de las autoridades gubernamentales a los sindicalistas. Yang, que había sido una de las víctimas de ese acoso, falleció por complicaciones de sus graves quemaduras.

Antes de su inmolación, el sindicalista dejó un mensaje en el que expresó que, aunque había llevado a cabo sus deberes sindicales de forma lícita, lo habían acusado de obstrucción de las actividades de la empresa, coerción y extorsión. La inmolación de Yang recuerda a las épocas más oscuras en la historia del movimiento sindical surcoreano.

Los cargos penales falsos de coerción y extorsión contra sindicalistas se derivan de la política antisindical de la administración del presidente Yoon Suk-yeol. Cuando se trata de las relaciones laborales, el Gobierno no utiliza el diálogo social, sino las fuerzas policiales. En el sector de la construcción, la policía inició una investigación especial, dirigida a los sindicatos, con el único fin de criminalizar las actividades sindicales normales. Siguiendo el discurso antisindical del presidente, que compara a los sindicatos de la construcción con criminales organizados, la policía usó intencionalmente esta lógica para difamar al sindicato, con un efecto devastador sobre la dignidad de los dirigentes sindicales. Yang fue uno de los 950 funcionarios sindicales convocados por la policía durante la investigación especial. Actualmente, 16 de ellos se encuentran detenidos bajo estos cargos penales.

La represión sindical de parte del Gobierno no se limita al sector de la construcción: las definiciones restrictivas en la legislación laboral han generado una criminalización de las actividades sindicales cotidianas. Por ejemplo, en noviembre de 2022, se declaró ilegal una huelga de conductores de camiones de carga. Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) demandó por 47 mil millones de wones surcoreanos (aproximadamente 35,6 millones de dólares o 32,3 millones de euros) a cinco dirigentes sindicales en relación con el incumplimiento de los objetivos de producción durante una huelga. Esta medida fue una clara represalia destinada a socavar el ejercicio de los derechos sindicales fundamentales por parte de los trabajadores subcontratados.

A pesar de las explícitas recomendaciones de la OIT, los órganos de tratados de la ONU y el Panel de Expertos establecido como parte del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea, el Gobierno continúa bloqueando cualquier posibilidad de modificar la Ley sobre los Sindicatos y la Armonización de las Relaciones Laborales para ajustarla a las normas internacionales.

Además, la Administración Yoon ha iniciado una campaña sistemática de desprestigio contra los sindicatos basada en acusaciones infundadas de corrupción e irregularidades administrativas. El CGU ha observado con gran preocupación que las autoridades están interfiriendo en la gestión y las actividades de los sindicatos, exigiendo la presentación de copias de los presupuestos sindicales y la modificación de sus constituciones. Estas conductas corresponden a graves violaciones del derecho a la libertad sindical consagrado en el Convenio 87 de la OIT.

La retórica antisindical del presidente Yoon Suk-yeol y el uso ilegítimo de fiscales y policías para atacar a los sindicatos han generado un ambiente hostil que se ha extendido a los lugares de trabajo de todo el país, donde los ataques contra sindicalistas son cada vez más violentos. El 4 de mayo de 2023, un gerente de ILJIN Hysolus, empresa proveedora de Hyundai Motor y BMW, embistió su automóvil contra los dirigentes de la sección local del sindicato, golpeando a tres de ellos y causando heridas graves al vicepresidente del sindicato.

El CGU condena la criminalización de la actividad sindical y las redadas en las oficinas sindicales lideradas por la Administración Yoon. Hacemos un llamado al Gobierno de Corea del Sur para que cumpla con sus obligaciones internacionales, respete plenamente los derechos a la libertad sindical y la negociación colectiva, y ponga fin a la represión del movimiento sindical del país.

El CGU exige la liberación y el retiro de todos los cargos contra los trabajadores que han sido detenidos por ejercer sus derechos sindicales fundamentales. Asimismo, instamos al Gobierno a poner fin a todos los actos de difamación y criminalización contra los sindicalistas, que, en lugar de fomentar la estabilidad en las relaciones laborales, crean un clima de miedo e intimidación hostil para los trabajadores y trabajadoras que ejercen los derechos consagrados por el derecho nacional e internacional.

La sindicalización es un derecho, no un crimen.

El CGU apoya al movimiento sindical de Corea del Sur en su lucha continua por la libertad y la justicia, y envía su más sentido pésame a la esposa y los hijos de Yang Hoe-Dong, así como a su familia sindical.

El Parlamento Europeo debe hacer todo lo posible para poner fin al régimen militar en Myanmar

Después del golpe, casi todo el movimiento sindical de Myanmar ha sido prohibido, y muchos sindicalistas fueron detenidos u obligados a esconderse o exiliarse. A pesar de ello, estas organizaciones continúan funcionando de forma clandestina. Los sindicatos europeos e internacionales mantienen un contacto estrecho y frecuente con sus homólogos birmanos. Por lo tanto, ante la inminente Resolución, aprovechamos esta oportunidad para transmitir una solicitud directa del movimiento sindical de este país a los miembros del Parlamento Europeo.

Dicha Resolución debe tener en cuenta que la junta militar ha intensificado su represión de las fuerzas democráticas en Myanmar a través de un aumento de los ataques militares contra civiles, incluido el ataque aéreo en Pazigyi, ocurrido el 11 de abril, que mató al menos a 165 personas. De cara a las próximas elecciones, que los militares pretenden utilizar para fortalecer y legitimar su poder, el régimen disolvió 40 partidos políticos.

Estas acciones demuestran que no existe ningún camino hacia la democracia en Myanmar que no implique la derrota del régimen, y que la política actual de la UE de tratar de fomentar la reforma democrática a través del comercio es errónea y contraproducente.

El Gobierno militar necesita desesperadamente de divisas para comprar armas, municiones, energía y componentes. La escasez de divisas es, posiblemente, la mayor amenaza para el régimen.

IndustriALL Global e industriAll Europe piden al Parlamento Europeo que haga todo lo posible para detener el régimen militar, lo que incluye cortar su financiación a través de divisas. Toda la actividad económica proveniente de las empresas europeas trae divisas al país.

En abril de 2022, la junta militar aprobó una modificación legislativa que prohíbe mantener divisas durante más de 24 horas. La moneda extranjera debe cambiarse a la moneda local, el kyat, a una tasa preferencial. Debido a que el ejército controla el Banco Central y el Banco de Comercio Exterior de Myanmar, cualquier moneda extranjera que ingrese al país pasa directamente a manos del régimen.

Por esta razón, la UE ya ha adoptado algunas medidas restrictivas clave contra una lista de empresas birmanas, así como ha pedido a las petroleras de la UE que se retiren del país. Lo mismo debería aplicarse a las marcas de ropa europeas, ya que los consumidores de esta región, al comprar productos fabricados en Myanmar, están financiando el régimen de forma involuntaria. Esto debe parar.

A los sindicatos birmanos les preocupa que la política actual de la UE, así como la adopción parcial de medidas restrictivas que excluye a los sectores financiero y de seguros, proporcione la ayuda económica e institucional que el régimen militar necesita y socave los esfuerzos para reestablecer la democracia en el país.

En concreto, los sindicatos solicitan que la Resolución pida a la Comisión Europea y al Consejo Europeo que:

-> Retiren el apoyo de la UE al programa MADE in Myanmar. MADE, acrónimo en inglés de “Alianza Multipartita para el Empleo Decente en la Industria de la Moda de Myanmar”, es un proyecto financiado por la UE, así como por marcas de ropa con sede en Europa, que pretende establecer el diálogo social a nivel de fábrica en la industria de la confección. Mediante una carta enviada a la Comisión en abril de 2023, sindicatos independientes y organizaciones sindicales en Myanmar expresaron su malestar con el proyecto, ya que legitima la creación de organizaciones de trabajadores falsas y de un mecanismo de relaciones laborales y diálogo social controlado por los militares. En un contexto en el que las y los trabajadores no son libres de elegir a sus propios representantes, el proyecto MADE equivale a un encubrimiento que beneficia económicamente al régimen. Durante la Comisión de Investigación de la OIT sobre las violaciones de la libertad sindical en Myanmar, actualmente en curso, la junta militar argumentó cínicamente que el país cuenta con libertad sindical y diálogo social. Hoy en día, el régimen no está reconocido por la ONU, la OIT y otros organismos, y se teme que este proyecto pueda ayudar a facilitar la normalización diplomática del régimen.

-> Retiren las preferencias comerciales “Todo Menos Armas” (EBA, por sus siglas en inglés). Las preferencias EBA pueden retirarse en caso de violaciones graves y sistemáticas de los 15 convenios fundamentales de las Naciones Unidas y la OIT, como ocurrió en el caso de Camboya. Es evidente que Myanmar infringe estos convenios básicos y los principios de la UE, por lo que no debe gozar de un acceso comercial preferencial a esta comunidad.

-> Apliquen nuevas sanciones específicas. Todas las transacciones financieras internacionales relacionadas con el proceso de compra de combustible de parte del Consejo Administrativo del Estado (CAE) deben identificarse con los bancos internacionales, y se debe imponer sanciones al Banco Central de Myanmar, el Banco de Comercio Exterior de Myanmar y los Bancos de Inversión y Comercial de Myanmar. Estas medidas son esenciales para evitar que el CAE continúe con sus atrocidades, ya que impide que siga comprando armas, municiones y combustible de doble uso para transportar a los soldados y las municiones.

-> Condenen las elecciones ilícitas e insistan en la liberación de todos los presos políticos. Se necesitan medidas urgentes para poner fin a la violencia militar y restablecer la democracia real, incluidos los sindicatos legítimos.

En su declaración de noviembre de 2021, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) dejó en claro que ninguna empresa internacional debe funcionar en Myanmar si sus actividades proporcionan algún beneficio material al régimen, por ejemplo, a través de impuestos o facturas pagadas a empresas de propiedad militar, incluso en servicios públicos y puertos.

La modificación posterior en la ley que requiere que las divisas se conviertan en moneda local dentro de las 24 horas significa que todo el comercio con Myanmar beneficia al régimen y le permite mantener su poder, prolongando así el sufrimiento del pueblo. La resolución sobre Myanmar debería tener como objetivo cortar todo tipo de apoyo hacia el régimen.

Una retirada responsable de Myanmar de parte de las empresas es posible, y los invitamos a analizar el marco de salida responsable que IndustriALL Global ha negociado con varias marcas mundiales de ropa. Este marco es una herramienta que las empresas pueden utilizar para poner fin a sus actividades en Myanmar de forma responsable.

Las y los trabajadores y los sindicatos, en Myanmar y en todo el mundo, esperan que el Parlamento Europeo, como defensor de los valores democráticos, haga todo lo posible para poner fin al régimen militar y devolver la democracia al pueblo de Myanmar.

Minera Panamá viola los derechos de sus trabajadores

El secretario general de IndustriALL Global Union, Atle Høie, le escribió al director general de First Quantum Minerals Ltd., Tristan Pascall para advertirle que su empresa viola los derechos fundamentales de sus trabajadores.

Además, alertó que la compañía incumple sus obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos, al discriminar a los dirigentes del Sindicato industrial de trabajadores de la construcción de minas y desarrollo de la minería (STM), afiliado a la Confederación convergencia sindical (CS) de Panamá, e impedir que realicen sus legítimas actividades sindicales.
 
Høie instó a la empresa a tomar las medidas necesarias para revertir los actos de discriminación en contra del STM y a asegurar el pleno respeto del derecho de libertad de asociación. El Sindicato STM le informó a IndustriALL que la empresa Minera Panamá viola la libertad de los trabajadores a constituir libremente las organizaciones que estimen convenientes, lo cual es un derecho consagrado en las normas de la Organización internacional del trabajo (OIT).  

La organización sindical denunció que la compañía despidió de forma ilegal a los miembros de la junta directiva del Sindicato STM. Además, la empresa se niega a reintegrar al secretario general, Osvaldo Tallet, al mismo cargo y con las mismas condiciones que gozaba antes de su despido. Incluso, insiste en asignarle funciones que no están estipuladas en su contrato.  

El sindicato aseguró que la empresa también discrimina a Tallet y a otro dirigente del sindicato al no cubrirles los gastos de hospedaje, un beneficio que tienen los demás trabajadores por tratarse de un proyecto minero en una zona aislada. A su vez, otros tres dirigentes del sindicato no tienen acceso a la mina, lo cual no les permite realizar reuniones y asambleas con sus afiliadas y con los demás trabajadores. El sindicato también denunció que otras tres activistas que grabaron videos de apoyo al STM en el marco de la campaña de afiliación, sufrieron represalias y también están fuera de la mina. 

Los trabajadores también argumentan que la empresa dilató el proceso cuando debía acatar diversos fallos de la Corte Suprema Justicia de Panamá y protagonizó continuas violaciones al derecho de libertad sindical en su empresa. Según el STM, las violaciones suceden en un momento clave, cuando la autoridad del trabajo está a punto de definir cuál de los dos sindicatos en la empresa negociará el convenio colectivo.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, dijo en su carta a Pascall:

“Las acciones de First Quantum representan una grave violación del derecho fundamental de libertad de asociación. La discriminación antisindical es una de las más graves violaciones de la libertad sindical, ya que puede poner en peligro la propia existencia de los sindicatos.

Le instamos a tomar las medidas necesarias para revertir los actos de discriminación en contra del STM y a asegurar el pleno respeto del derecho de libertad de asociación”

Victoria sindical detiene despidos injustos en una mina de diamantes de Botsuana

El conflicto con el sindicato se remonta a junio de 2022, cuando Lucara Diamond Corporation, con sede en Canadá, le pidió a su subsidiaria, Lucara Botswana, que investigara las acusaciones de mala administración y comportamiento comercial poco ético en el Departamento de Seguridad de la mina Karowe. 

Sin embargo, los 50 trabajadores que se ofrecieron como voluntarios y actuaron como informantes recibieron cartas de despido después de haber proporcionado sus testimonios. El BMWU se opuso enérgicamente a esta medida, lo que resultó en que solo tres trabajadores recibieran estas cartas. Los otros 47 trabajadores conservaron sus empleos, y el sindicato argumentó ante el tribunal que los despidos habían sido ilícitos, ya que no se produjeron las audiencias disciplinarias exigidas por la legislación laboral. 

La dirección de Lucara Botswana contrató a una empresa sudafricana, Assurance Protection Group Incorporation, para llevar a cabo una evaluación de optimización de seguridad. Sin embargo, el informe de evaluación no se compartió con el sindicato, contrario a lo dispuesto en la legislación laboral, y esta organización sospecha que la evaluación tiene como objetivo victimizar a los 47 trabajadores y justificar los despidos. 

El sindicato envió una petición a la empresa diamantera y escribió al Comisionado de Trabajo sobre las mismas quejas y la necesidad de mediación, pero el asunto no se resolvió.

No obstante, el 28 de abril, el tribunal laboral de Gaborone dictaminó que la empresa minera de diamantes no podía continuar con los despidos sin negociar con el sindicato, de conformidad con el convenio colectivo vigente.

Joseph Tsimako, presidente del BMWU, expresó: 

“El BMWU disfrutó de relaciones cordiales con Lucara Botswana hasta que el sindicato intervino tras los informes de mala administración. Hubiera sido negligente por parte del sindicato no proteger a los informantes contra las represalias de la dirección de Lucara Botswana”.

Maenge Maenge, secretario general del BMWU, añadió: 

“El sindicato, a través de sus estructuras de negociación colectiva, solicitó la divulgación tanto de la evaluación de optimización como de los informes de investigación, pero la empresa se negó a entregarlos. La negociación colectiva y los derechos humanos y laborales son indicadores críticos de la gestión en materia social, ambiental y de gobernanza (ESG), que permiten evaluar el desempeño de una operación minera y la gestión de los posibles riesgos por parte de sus dirigentes. Es evidente que hay un grave déficit en la gestión de estos aspectos en Lucara”.

“Lucara Botswana siempre debe consultar a los sindicatos y respetar los convenios vigentes antes de realizar recortes de personal. Ignorar los convenios vigentes vulnera el derecho laboral y sindical a la negociación colectiva. Aplaudimos al BMWU por impugnar las decisiones unilaterales de Lucara en los tribunales y acogemos con entusiasmo el fallo judicial, que dispone que la empresa minera de diamantes debe consultar y negociar con el sindicato”,

declaró Glen Mpufane, director de minería de IndustriALL.