Unidos por los derechos de los trabajadores: la asociación entre Estados Unidos y Brasil

Valter Sanches, ex secretario general de IndustriALL y ahora asesor del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil, habló sobre los orígenes de la iniciativa.

“La asociación, propuesta durante la reunión del G7 en Japón, refleja un compromiso mutuo con los problemas laborales a nivel mundial, reafirmado a través de un Memorando de Entendimiento firmado en julio”.

La PWR se compromete a crear oportunidades de trabajo significativas dentro del sector de la energía limpia y a proteger los derechos de los trabajadores. Mark Mittelhauser, subsecretario adjunto para asuntos internacionales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, enfatiza el enfoque multifacético de la PWR. 

“Se trata de integrar las directrices de la OIT en materia de la Transición Justa, fomentar la cooperación internacional y promover cadenas de suministro responsables en el ámbito de la energía limpia”.

explicó Mittelhauser.

El empoderamiento de los trabajadores es fundamental para la misión de la PWR. Mittelhauser destaca el enfoque de la asociación en permitir que los trabajadores reclamen sus derechos de manera eficaz, especialmente el derecho a sindicalizarse y negociar colectivamente. 

“Empoderar a los trabajadores, especialmente a los más vulnerables o subrepresentados, es clave para cerrar las brechas salariales, combatir la discriminación y promover la equidad”,

añadió.

La PWR reconoce que la promoción de los derechos laborales se extiende más allá de la legislación nacional. La iniciativa aprovecha diversas herramientas y recursos, como la prohibición de parte de los Estados Unidos de los productos fabricados con trabajo forzoso y las estrictas normas laborales en los acuerdos comerciales, para incentivar el trabajo decente en las cadenas de suministro. 

“Nuestro objetivo es trabajar en colaboración con Brasil y otros socios para respaldar una amplia gama de actividades en las principales cadenas de suministro”,

señaló Mittelhauser.

En cuanto a Brasil, Sanches explicó que el éxito de esta asociación depende de la participación activa de los trabajadores y los sindicatos. En este país, mecanismos como el 'Concilioū' y el revitalizado Consejo Nacional del Trabajo aseguran que sus voces sean escuchadas. A pesar de algunos desafíos, el diálogo continuo entre los diversos ministerios y sindicatos es clave para implementar la iniciativa de manera eficaz.

La asociación también marca un avance significativo para EE. UU. en su agenda global de derechos laborales. 

“El compromiso del presidente Biden de ser un presidente a favor de los trabajadores y el reciente Memorando Presidencial sobre los derechos laborales a nivel mundial subrayan nuestros esfuerzos en el marco de esta asociación”,

expresó Mittelhauser. 

La Asociación por los Derechos de los Trabajadores entre Estados Unidos y Brasil es más que un acuerdo: es un testimonio del poder de la cooperación internacional para abordar los desafíos globales. A través de su enfoque integral para promover el trabajo decente y proteger los derechos laborales, la PWR establece un nuevo estándar para las iniciativas mundiales en materia de trabajo. 

“Esta asociación no se trata solo de políticas, sino también de personas, de garantizar que cada trabajador tenga voz y la oportunidad de prosperar en un mundo en rápida transformación”,

declaró Mittelhauser.

La PWR está dispuesta a acoger con entusiasmo a otros países que deseen unirse a esta causa. 

“De cara al futuro, la PWR aspira a plantear importantes cuestiones laborales en el escenario mundial. La próxima presidencia del G20 de parte de Brasil y la posible participación de países como Canadá, Argentina, México y Sudáfrica destacan las implicaciones de largo alcance de la iniciativa”,

declaró Sanches.

“La asociación es alentadora y establece un nuevo estándar mundial para la protección de los trabajadores. El enfoque de la iniciativa en la energía limpia y la Transición Justa es prometedor. Al dar la bienvenida a este esfuerzo de colaboración, seguimos comprometidos a garantizar que se priorice la voz de los trabajadores, lo que impulsará un cambio significativo en el panorama laboral en todo el mundo”, 

expresó Atle Høie, secretario general de IndustriALL.

Bangladesh: trabajadores reincorporados gracias al mecanismo provisional de resolución de disputas de la ACT

En diciembre de 2021, los trabajadores de Dekko Designs Ltd, que abastece a grandes marcas como ASOS, H&M, Inditex, Tchibo, Bestseller y Next, intentaron formar un sindicato en su lugar de trabajo con el apoyo de la BGIWF. Sin embargo, en enero de 2022, el Departamento de Trabajo rechazó la solicitud de registro del sindicato, al tiempo que la dirección de la fábrica despidió a los futuros dirigentes de esta organización, incluidos el secretario general y el presidente.

Con la asistencia de IndustriALL, la BGIWF presentó, en el marco del mecanismo provisional de resolución de disputas de la ACT, una queja por los despidos motivados por el ejercicio del derecho a la libertad sindical.

El 26 de noviembre de 2023, después de casi dos años y varias rondas de negociaciones, que incluyeron la participación de IndustriALL y de marcas internacionales que se abastecían de Dekko Designs Ltd., se firmó un memorando de entendimiento entre la fábrica y el sindicato. Según este documento, tres trabajadores, incluido el secretario general y el presidente del sindicato propuesto, serán reincorporados, a partir de febrero y marzo de 2024, respectivamente, con el pago completo de los salarios atrasados, mientras que otros dos trabajadores recibirán una indemnización por despido.

La secretaria regional de IndustriALL para Asia del Sur, Apoorva Kaiwar, expresó:

“Esta es una victoria significativa para el sindicato y el personal de Dekko Design. IndustriALL felicita a la BGIWF por su lucha. La resolución de la queja contribuirá en gran medida a fortalecer la fe de los sindicatos en el mecanismo provisional de resolución de disputas”.

La ACT es un acuerdo suscrito entre marcas internacionales e IndustriALL Global Union que tiene como objetivo transformar la forma en la que se establecen los salarios y las condiciones de trabajo en el sector textil, de la confección y del calzado a nivel mundial. Dicho acuerdo se ha aplicado activamente en Bangladesh desde 2020, y su mecanismo de resolución de disputas ha desempeñado un papel importante en la resolución de las quejas relacionadas con los derechos laborales, incluida la libertad sindical, la reducción de personal y el pago de salarios y prestaciones.

Varios afiliados de IndustriALL han presentado quejas relacionadas con violaciones del derecho de los trabajadores a la libertad sindical en el marco del mecanismo de resolución de disputas de la ACT. En noviembre de 2020, la Federación de Trabajadores de la Confección de Akota (AGWF) denunció el despido de catorce trabajadores de Sung Kwang Apparels por sus actividades sindicales. La dirección de la fábrica no solo despidió ilegalmente a los trabajadores, sino que también presentó causas penales contra ellos para socavar el sindicato. La disputa se resolvió luego de la firma de un acuerdo entre el sindicato y la dirección que incluía el retiro de la denuncia penal.

En marzo de 2023, la Sommilito Garment Sramik Federation (SGSF) presentó una disputa relativa al acoso hacia dirigentes sindicales en Mondol Intimate. Después de una serie de negociaciones, el conflicto se resolvió en junio de 2023. En julio de este año, la Federación de Solidaridad de los Trabajadores de Bangladesh denunció el despido de organizadores sindicales en Ananta Casual Ltd. La disputa finalizó al llegar a un acuerdo en el que se estipuló que los trabajadores despedidos recibirían una indemnización completa por despido.

Confederación uruguaya define su hoja de ruta hacia un desarrollo industrial

"Los trabajadores estamos acá para definir nuestro futuro y marcar el camino de la manera que lo hicimos siempre: a partir del ejercicio de la democracia sindical”

dijo el presidente de la central sindical del Uruguay, PIT-CNT, Marcelo Abdala, en la inauguración del Congreso.

Los integrantes de la Confederación aprobaron por unanimidad los estatutos propuestos y definieron a las autoridades: Danilo Dárdano (de la UNTMRA, afiliada a IndustriALL Global Union) asumirá como presidente y Pamela Ruíz Díaz (de la UOC, también afiliada a IndustriALL), como secretaria general. Además, eligieron un Comité Ejecutivo Nacional conformado de forma paritaria.

La nueva secretaria general, Ruíz Díaz, dijo:

“A las mujeres no nos resulta fácil ocupar puestos de responsabilidad; muy pocas lo logran. Sin embargo, conseguimos ser escuchadas y ganamos confianza luego de un largo camino.

La CSI busca que su Comité Ejecutivo Nacional sea paritario, en la medida de lo posible. Los Estatutos establecen que los puestos de miembros titular y suplente estarán ocupados por un compañero y una compañera.

Todavía nos queda trabajo por hacer, porque queremos que los sindicatos capaciten a más compañeras mujeres y les den los espacios para poder participar. Desde la CSI haremos todo lo posible para que así sea.”

Destacaron que la Confederación también buscará promover una sociedad que contemple los cambios tecnológicos, al tiempo que coloca al ser humano y al trabajo de calidad en el centro. A su vez, subrayaron que trabajarán para impulsar el desarrollo industrial en el país. 

“El objetivo es defender la industria y la mano de obra nacional. Consideramos fundamental pasar de una industria primaria a una industria desarrollada” 

dijo el nuevo presidente, Dárdano.

Para ello, decidieron que continuarán ejecutando un Plan Estratégico para defender la industria nacional y sus impactos positivos en la sociedad. Otros puntos que acordaron incluyeron recortar nuevamente la jornada laboral a 40 horas semanales sin rebaja salarial, establecer un salario mínimo industrial e impulsar la igualdad de oportunidad tanto salarial como en las categorías de las trabajadoras en la industria.

También acordaron que participarán en todas las acciones del PIT-CNT y que trabajarán para alcanzar 500.000 firmas para eliminar el lucro en las AFAP, elevar el mínimo jubilatorio y defender la edad de 60 años como máximo para las jubilaciones comunes. 

Finalmente, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, y el secretario regional adjunto, Cristian Alejandro Valerio, asistieron al Congreso para respaldar la unidad de los sindicatos uruguayos de la industria.

En su intervención en el encuentro, Vani dijo a los presentes:

“Como IndustriALL sentimos orgullo de ver que nuestras afiliadas actúan a nivel nacional, regional y global aportando con sus agendas. Felicitamos su buen trabajo, que tengan un proyecto común estratégico, porque juntos tenemos más fuerza, capacidad y poder. 

De este modo, podremos defender la industria y el trabajo decente para todos los uruguayos, así como enfrentar los desafíos regionales y globales, orientados a lograr la reindustrialización y la defensa de los derechos de los trabajadores. Estamos aquí junto a los sindicatos de la región para apoyarlos. Tenemos certeza de que están haciendo algo importante de forma colectiva.”

Empresa eléctrica de Malawi suspende a 14 trabajadores en huelga por un conflicto salarial

ESCOM ofreció un aumento del 10 por ciento, mientras que los trabajadores exigen un aumento del 44 por ciento para proteger el valor de sus salarios contra el aumento del costo de vida luego de la devaluación del kwacha, la moneda nacional, por parte del banco central del país.

En noviembre, el kwacha se devaluó en un 44 por ciento. Los comerciantes de bienes importados transfirieron el costo a los consumidores, lo que encareció estos productos. Malawi importa alimentos, medicamentos y productos farmacéuticos, derivados del petróleo y combustibles, que se utilizan para la generación de electricidad y el transporte, y fertilizantes para el sector agrícola, entre otros.

Después de dichas manifestaciones, la empresa pública ESCOM, que depende del Ministerio de Trabajo y Formación Profesional de Malawi, suspendió a los dirigentes y trabajadores del Sindicato del Personal de ESCOM (ESU). 14 miembros de este sindicato fueron suspendidos. De los más de 2400 trabajadores de ESCOM, 2040 están afiliados al ESU.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, expresó:

“Insto a ESCOM a que revoque rápidamente las suspensiones y deje de violar los derechos de los trabajadores a la libertad sindical. Además, es importante reiterar que Malawi ha ratificado las normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente el Convenio 87 (libertad sindical y protección del derecho de sindicación) y el Convenio 98 (derecho de sindicación y negociación colectiva), que están consagrados en la Ley sobre Relaciones Laborales de Malawi. IndustriALL pide a ESCOM que dialogue con el ESU para resolver el estancamiento y promover la armonía laboral en lugar de las represalias”.

La economía de Malawi se basa principalmente en la agricultura, el comercio minorista y la construcción, mientras que los sectores manufactureros se han contraído. Sin embargo, el sector energético es visto como uno de los sectores industriales con mayor potencial para crear empleos y contribuir al crecimiento económico, especialmente a través de inversiones en energía hidroeléctrica, solar y otras formas de energía renovable. La dependencia de la energía hidroeléctrica, que constituye el 57 por ciento de la matriz energética del país, hace que la producción de energía del país sea vulnerable al cambio climático, especialmente durante las sequías.

Los sindicatos afiliados a IndustriALL en Malawi representan a los trabajadores en sectores manufactureros, que incluyen a las industrias química, minera, textil, de la confección, el calzado y el cuero.

COP28: avances positivos pero tímidos hacia un futuro justo e inclusivo para los trabajadores

En el Balance mundial (GST, por sus siglas en inglés) se reconoció, por primera vez, la necesidad de una Transición Justa para abandonar los combustibles fósiles. Esta importante inclusión se alinea con las demandas de larga data de los sindicatos de todo el mundo. Sin embargo, la existencia de lagunas en el texto ha suscitado preocupaciones sobre el compromiso de las partes para implementar efectivamente estas medidas. El GST reconoce la importante brecha de ambición en cuanto al cumplimiento de la meta de 1,5 ºC, pero no llega a proporcionar una hoja de ruta concreta para cerrarla.

En términos de financiamiento climático, si bien la creación del fondo de pérdidas y daños marca un progreso, el acuerdo final no logra movilizar el nivel de financiamiento requerido por los países en desarrollo, particularmente para las medidas de adaptación. Esta brecha sigue siendo un motivo de preocupación.

Un avance importante en las negociaciones de la COP es la incorporación del “reconocimiento de los derechos laborales” en el Programa de Trabajo sobre la Transición Justa (JTWP, por sus siglas en inglés) y la “protección social” en el marco de las medidas de adaptación. Esta inclusión es un gran paso adelante en materia de derechos laborales a nivel mundial. Sin embargo, la falta de una mención explícita de los trabajadores y sus sindicatos en el documento del GST ha suscitado preocupación por la supresión de las voces de los trabajadores en el diálogo sobre el clima.

Diana Junquera Curiel en la manifestación de la sociedad civil de la COP28, 10 diciembre de 2023

“En la COP28, la delegación de IndustriALL participó activamente en discusiones cruciales, desde el futuro de las energías renovables hasta la transición justa en sectores como el automotor y el energético. Nuestra participación en la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP, por sus siglas en inglés) destacó especialmente nuestro compromiso con el sur global. Nos hemos asegurado de que se escuchen las voces de los trabajadores de la energía, la minería y la manufactura, abogando por transiciones que respeten sus derechos y necesidades. 

Estoy orgullosa del rol desempeñado por los sindicatos en la COP28. Nuestra dedicación ha reafirmado nuestra posición como defensores influyentes de los trabajadores. Si bien no son perfectos, nuestros logros son un testimonio de nuestro arduo trabajo, coordinación y colaboración continua con la sociedad civil, lo que marca un avance significativo en nuestra lucha incansable por los derechos laborales y una Transición Justa”,

expresó Diana Junquera Curiel, directora del sector energético y de Transición Justa de IndustriALL.

A pesar de los desafíos, el papel esencial de los trabajadores en la transición hacia un futuro sostenible es claro. La Confederación Sindical Internacional (CSI), junto con las federaciones sindicales internacionales y sus sindicatos afiliados, subrayan unánimemente la importancia de la participación de los trabajadores en la creación e implementación de soluciones climáticas. Su participación es fundamental, ya sea en la construcción de infraestructuras de energía renovable, como paneles solares y parques eólicos, o en la prestación de servicios esenciales luego de desastres relacionados con el clima. Las contribuciones de los trabajadores son cruciales para lograr un futuro sostenible.

Si bien las negociaciones de la COP han dado lugar a algunos tímidos avances hacia el reconocimiento y la integración de los derechos laborales y la protección social en la agenda climática, aún queda mucho trabajo por hacer. El llamado global de los sindicatos a favor de una Transición Justa es un recordatorio de que un futuro sostenible no se trata solo de reducir las emisiones, sino también de garantizar que la transición sea justa e inclusiva para todos los trabajadores y trabajadoras del mundo.

DJ Pohl y Dan Sherrell, hablando en la sesión plenaria de clausura de la COP28 en nombre del movimiento sindical mundial

“Hay miles de millones de personas trabajadoras en todo el mundo. La CSI representa oficialmente a 200 millones de ellas, tanto en la economía formal como en la informal, en 165 países. Nos unimos a todos los trabajadores y trabajadoras para pedir una Transición Justa hacia un futuro seguro a nivel climático, que esté alineado con nuestro objetivo de 1,5 ºC”.

declaró Dan Sherrell, del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), hablando en nombre del grupo sindical en la sesión plenaria de clausura de la COP28.

Más firmas en defensa de los derechos laborales

En noviembre, tras diez años de lucha por una industria de la confección más segura, las federaciones sindicales internacionales, de la mano de marcas y minoristas de moda, pactaron un nuevo Acuerdo Internacional para la Salud y la Seguridad en la Industria Textil y de la Confección. Las disposiciones renegociadas aseguran la vigencia del Acuerdo, que es jurídicamente vinculante, hasta finales de esta década, fortalecen el mecanismo de quejas para los trabajadores e incluyen compromisos para su expansión a otros países.

Al firmarlo, las marcas se comprometen a continuar implementando los programas de salud y seguridad en Bangladesh y Pakistán, así como a establecerlos en otros países.

Hoy se reveló la lista completa de firmantes del Acuerdo Internacional, y actualmente son 56. 48 marcas globales han firmado el Acuerdo de Seguridad de Bangladesh y son 88 las que han firmado el Acuerdo de Pakistán.

Atle Høie, el secretario general de IndustriALL, expresó:

“La firma de este Acuerdo jurídicamente vinculante demuestra un claro compromiso con los derechos laborales por parte de las marcas de prendas de vestir. Acogemos con satisfacción ese compromiso y esperamos seguir trabajando juntos. Sin embargo, esto también pone de manifiesto la ausencia de marcas estadounidenses en la lista de firmantes y su aparente falta de voluntad para asumir la responsabilidad por sus cadenas de suministro. Instamos a todas las marcas de prendas de vestir a que firmen este Acuerdo, que ha cambiado profundamente la industria textil y de la confección, y la ha convertido en una más segura y transparente”.

Filipinas ratifica el Convenio 190 de la OIT

La campaña de las sindicalistas filipinas de IndustriALL surgió del compromiso global de IndustriALL de 2017 contra la violencia y el acoso en los lugares de trabajo y los sindicatos. Esta campaña exitosa incluyó la ampliación de la licencia de maternidad de 65 a 105 días, durante la cual también se garantiza el pago completo del salario.

Después de la adopción del Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2019, los afiliados filipinos de IndustriALL basaron su campaña de ratificación en los informes de incidencia, las formas y la gravedad de la violencia y el acoso, las lagunas en las leyes filipinas específicas sobre mujeres y otras leyes relacionadas, y la agenda de prioridades del Gobierno.

En 2022, la Policía Nacional de Filipinas informó de 16.158 casos de violencia contra las mujeres, frente a 12.492 casos registrados en 2021 y 15.828 en 2020.

Se ejerció presión por medio de cartas y reuniones con líderes gubernamentales, senadores y representantes de la cámara. Se redactó un documento para explicitar la posición respecto al Convenio 190 y se distribuyeron materiales educativos a nivel nacional. La campaña a favor del Convenio 190 se integró a través de la celebración del Día del Trabajo, la actividad del Día Mundial por un Mundo Decente y el Día Internacional de la Juventud.

“Se debe reconocer que el presidente Marcos y los senadores dieron prioridad a la dignidad humana y la protección de las personas en riesgo, y se comprometieron a mejorar las leyes, normas y programas vigentes para ponerle fin a la violencia y el acoso. Además, se pusieron a disposición para rendir cuentas en relación con la aplicación del Convenio”,

expresó Eva Arcos, integrante del Comité Ejecutivo de IndustriALL Global y Asia-Pacífico y vicepresidenta nacional de la Asociación de Sindicatos (ALU).

Arcos espera que la ratificación del Convenio 190 en el país impulse su posición a nivel internacional con respecto a la protección de los trabajadores, y considera que la decisión brindará empleo decente y digno, especialmente a las personas vulnerables al abuso, la negligencia, la crueldad, la explotación y la discriminación.

“Esto marcará otro hito para Filipinas al ser el primer país de Asia en ratificar este Convenio, que protege a nuestras trabajadoras y trabajadores por igual contra la violencia y el acoso en el mundo laboral”,

señaló Alma Certeza, copresidenta de CLASS e IndustriALL Filipinas.

“El papel de los afiliados de IndustriALL y de las sindicalistas ha sido fundamental para garantizar la ratificación, que implica una victoria para todos los trabajadores y, en particular, para las trabajadoras, que se ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia de género.

El Convenio reconoce el papel central a la negociación colectiva en la lucha contra la violencia y el acoso en el lugar de trabajo y otorga a los sindicatos de Filipinas medios de acción adicionales para garantizar que se respete el derecho de los trabajadores a un entorno libre de todas las formas de violencia y acoso”,

declaró Armelle Seby, directora de género de IndustriALL.

Kirguistán: los dirigentes sindicales detenidos deben ser liberados de inmediato

Bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción, los organismos de seguridad de Kirguistán están interfiriendo en los asuntos internos de los sindicatos para privar de sus bienes y reemplazar a sus dirigentes por personas leales a las autoridades.

Como vicepresidente de la Federación de Sindicatos de Kirguistán (FTUK), un cargo honorario, Eldar Tadjibaev ha tratado temas relacionados con las reformas del sistema sindical. En relación con este cargo, ha sido acusado “de corrupción, de crear una amenaza a los intereses de la sociedad o del Estado y de causar daños graves”.

Se ha iniciado una causa penal en su contra, basada en su participación en la votación de una venta de una parcela propiedad de la FTUK. Como los sindicatos son libres de vender sus bienes, las acusaciones contra los dirigentes que actúan en el marco de los estatutos sindicales carecen de fundamento.

IndustriALL considera que las detenciones de dirigentes sindicales y la presión para que renuncien constituyen una injerencia ilegal en los asuntos de los sindicatos para restringir la libertad sindical, una grave violación tanto de la legislación nacional como de los convenios de la OIT ratificados por Kirguistán. En este sentido, también consideramos que el presidente del MMTUK arrestado, Eldar Tadjibaev, es un preso político.

Con el apoyo del movimiento sindical internacional, los sindicatos kirguises han estado luchado contra un proyecto de ley antisindical desde 2019.

En 2020, el MMTUK presentó un caso (denuncia n.° 3386 de la OIT) ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT en el que denunció las violaciones sistemáticas de los derechos sindicales en el país, en particular los ataques contra la libertad sindical y el acoso a los dirigentes sindicales. Como resultado, el presidente del país vetó la ley sobre sindicatos tres veces en 2021. De aprobarse, esta norma privaría a los sindicatos de su independencia y socavaría gravemente la libertad sindical en Kirguistán.

La situación se deterioró en 2023, cuando hubo nuevos intentos de tomar el control de los sindicatos. En octubre, los organismos de seguridad de Kirguistán visitaron oficinas sindicales para confiscar los documentos financieros de los últimos diez años, lo que paralizó efectivamente las actividades de los sindicatos, en flagrante violación del derecho nacional e internacional.

El 11 de octubre, se sometieron a debate público nuevas enmiendas a la ley sobre los sindicatos. Los sindicatos han denunciado múltiples contradicciones con la Constitución de Kirguistán y el Convenio 87 de la OIT, ratificado por este país.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, declaró:

“IndustriALL exige que se libere inmediatamente a Eldar Tadjibaev de su detención ilegal, que se retiren todos los cargos en su contra y que se ponga fin a la injerencia de terceros en los asuntos sindicales, de conformidad con la legislación nacional y los convenios de la OIT ratificados por Kirguistán”.

COP28: el Plenario de los Pueblos exige justicia climática y medidas urgentes

Grupos feministas, defensores de la protección de la infancia, comunidades indígenas, representantes de la juventud y sindicatos de todo el mundo transmitieron mensajes que abogaban por la acción climática basada en el respeto de los derechos humanos. 

En el día 11 de la COP28, celebrada en Dubái, el Plenario de los Pueblos, que reunió a representantes de la sociedad civil para articular sus expectativas para dicha Conferencia, dio un mensaje contundente:

“No hay justicia climática sin derechos humanos”. 

A pesar de las iniciativas en curso, resonó una pregunta urgente: ¿por qué seguir asistiendo a la COP cuando el progreso parece mínimo? La respuesta rotunda fue que los gobiernos y las empresas no están cumpliendo con sus responsabilidades. Los activistas presentes en el plenario insistieron en que su participación en la COP sirve como un fuerte impulso para obligar a los gobiernos a actuar con decisión.

“Venimos a la COP a luchar, así como luchamos todo el año. Ya estamos sufriendo la devastación. ¿Cómo esperan que construyamos nuestro futuro cuando nos están privando de nuestros derechos?”,

expresó un joven de Sudán, que capturó la sensación de urgencia.

Bert De Wel, responsable de la política climática de la CSI (Plenario de los Pueblos de la COP28)

En representación de los trabajadores y los sindicatos, Bert De Wel, de la Confederación Sindical Internacional (CSI), enfatizó que los sindicatos están adoptando plenamente el desafío de la lucha contra el cambio climático. Al abogar por políticas climáticas urgentes, subrayó la condición de que los trabajadores no apoyarán medidas que conduzcan a la miseria y la pobreza para ellos. Bert describió la esencia de una Transición Justa, un concepto entrelazado con la solidaridad, la justicia, los empleos dignos y la calidad de vida para todas las personas, en todo el mundo. Hizo hincapié en la necesidad de justicia en varias áreas, incluido un alto el fuego inmediato en Palestina, la justicia para las mujeres —que se encuentran entre las más afectadas por el cambio climático— y la protección de los derechos indígenas.

Al referirse al papel fundamental de los derechos laborales en la justicia climática, Bert señaló la huelga en curso de los trabajadores de Tesla en Suecia. La empresa se niega a entablar negociaciones para concretar un convenio colectivo, lo que demuestra la importancia de las prácticas laborales justas en la transición hacia un futuro sostenible.

Joy Hernandez, CSI Asia Pacífico (Plenario de los Pueblos de la COP28)

Joy Hernandez, de la CSI en la región de Asia-Pacífico, arrojó luz sobre la vulnerabilidad de los países de la región debido al cambio climático. Para los trabajadores, los desastres climáticos se traducen en pérdidas de empleos y medios de subsistencia. En definitiva, se trata de una cuestión de supervivencia. Hernandez destacó la lucha de las personas obligadas a migrar por motivos climáticos que, desplazadas por desastres naturales, se trasladan a ciudades donde faltan garantías laborales. Sin políticas de protección social, los trabajadores se quedan atrás.

Destacando la marginación de la clase trabajadora en las políticas climáticas, Hernandez argumentó que una transición sin la participación de los trabajadores exacerba las desigualdades y refuerza las políticas neoliberales. Asimismo, enfatizó la necesidad de proteger los derechos laborales para lograr una Transición Justa, así como advirtió contra el riesgo de que las políticas climáticas se conviertan en un campo de batalla que propicie los ataques a los derechos de los trabajadores.

Durante el cierre del Plenario de los Pueblos, el llamado colectivo a la justicia climática se hizo eco, exigiendo compromisos viables e inclusividad en la formulación de políticas para proteger los derechos y los medios de vida de todas las personas. Los participantes se comprometieron a continuar su lucha por un futuro sostenible, en la COP28 y más allá.

La huelga contra Tesla trasciende fronteras

Frente a la creciente oposición a la actitud antisindical de Tesla, los sindicatos suecos de diferentes industrias tomaron medidas de solidaridad para proteger el derecho a la negociación colectiva, lo que ha resultado, entre otras cosas, en la negativa a entregar matrículas para automóviles nuevos.

Asimismo, el 5 de diciembre, el sindicato más grande de Dinamarca, 3F, anunció que se unirá a la huelga de solidaridad, lo que impedirá que los trabajadores portuarios y los choferes reciban y transporten automóviles Tesla. Al día siguiente, el sindicato noruego Fellesforbundet anunció que tomará medidas de solidaridad si Tesla no firma un convenio colectivo con IF Metall antes del 20 de diciembre.

Atle Høie, el secretario general de IndustriALL, expresó:

“Mientras Tesla no entienda que tiene que respetar las reglas de los países, el conflicto se extenderá. El movimiento sindical internacional no permitirá una falta de respeto tan flagrante a las regulaciones y tradiciones nacionales básicas”.

El modelo sueco, en el que las condiciones de trabajo se han establecido a través de negociaciones entre representantes de trabajadores y empleadores durante casi un siglo, ha dado como resultado un mercado laboral estable donde el 90 por ciento de los trabajadores están cubiertos por convenios colectivos.

Sin embargo, en los últimos años, a pesar de numerosos intentos, Tesla se ha negado a entablar negociaciones con IF Metall.

Isabelle Barthès, secretaria general en funciones de industriAll Europe, declaró:

“Seguimos apoyando a nuestros compañeros suecos y, más allá de las fronteras, los sindicatos europeos lucharán contra los intentos de debilitar los sindicatos y la negociación colectiva. Tesla haría bien en aprender del modelo social europeo y aceptar a los sindicatos como socios en la transformación de la industria automotriz que se ha propuesto liderar”.

Fotografía: IF Metall