En noviembre, tras diez años de lucha por una industria de la confección más segura, las federaciones sindicales internacionales, de la mano de marcas y minoristas de moda, pactaron un nuevo Acuerdo Internacional para la Salud y la Seguridad en la Industria Textil y de la Confección. Las disposiciones renegociadas aseguran la vigencia del Acuerdo, que es jurídicamente vinculante, hasta finales de esta década, fortalecen el mecanismo de quejas para los trabajadores e incluyen compromisos para su expansión a otros países.
Al firmarlo, las marcas se comprometen a continuar implementando los programas de salud y seguridad en Bangladesh y Pakistán, así como a establecerlos en otros países.
Hoy se reveló la lista completa de firmantes del Acuerdo Internacional, y actualmente son 56. 48 marcas globales han firmado el Acuerdo de Seguridad de Bangladesh y son 88 las que han firmado el Acuerdo de Pakistán.
Atle Høie, el secretario general de IndustriALL, expresó:
“La firma de este Acuerdo jurídicamente vinculante demuestra un claro compromiso con los derechos laborales por parte de las marcas de prendas de vestir. Acogemos con satisfacción ese compromiso y esperamos seguir trabajando juntos. Sin embargo, esto también pone de manifiesto la ausencia de marcas estadounidenses en la lista de firmantes y su aparente falta de voluntad para asumir la responsabilidad por sus cadenas de suministro. Instamos a todas las marcas de prendas de vestir a que firmen este Acuerdo, que ha cambiado profundamente la industria textil y de la confección, y la ha convertido en una más segura y transparente”.
Filipinas ratifica el Convenio 190 de la OIT
La campaña de las sindicalistas filipinas de IndustriALL surgió del compromiso global de IndustriALL de 2017 contra la violencia y el acoso en los lugares de trabajo y los sindicatos. Esta campaña exitosa incluyó la ampliación de la licencia de maternidad de 65 a 105 días, durante la cual también se garantiza el pago completo del salario.
Después de la adopción del Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2019, los afiliados filipinos de IndustriALL basaron su campaña de ratificación en los informes de incidencia, las formas y la gravedad de la violencia y el acoso, las lagunas en las leyes filipinas específicas sobre mujeres y otras leyes relacionadas, y la agenda de prioridades del Gobierno.
En 2022, la Policía Nacional de Filipinas informó de 16.158 casos de violencia contra las mujeres, frente a 12.492 casos registrados en 2021 y 15.828 en 2020.
Se ejerció presión por medio de cartas y reuniones con líderes gubernamentales, senadores y representantes de la cámara. Se redactó un documento para explicitar la posición respecto al Convenio 190 y se distribuyeron materiales educativos a nivel nacional. La campaña a favor del Convenio 190 se integró a través de la celebración del Día del Trabajo, la actividad del Día Mundial por un Mundo Decente y el Día Internacional de la Juventud.
“Se debe reconocer que el presidente Marcos y los senadores dieron prioridad a la dignidad humana y la protección de las personas en riesgo, y se comprometieron a mejorar las leyes, normas y programas vigentes para ponerle fin a la violencia y el acoso. Además, se pusieron a disposición para rendir cuentas en relación con la aplicación del Convenio”,
expresó Eva Arcos, integrante del Comité Ejecutivo de IndustriALL Global y Asia-Pacífico y vicepresidenta nacional de la Asociación de Sindicatos (ALU).
Arcos espera que la ratificación del Convenio 190 en el país impulse su posición a nivel internacional con respecto a la protección de los trabajadores, y considera que la decisión brindará empleo decente y digno, especialmente a las personas vulnerables al abuso, la negligencia, la crueldad, la explotación y la discriminación.
“Esto marcará otro hito para Filipinas al ser el primer país de Asia en ratificar este Convenio, que protege a nuestras trabajadoras y trabajadores por igual contra la violencia y el acoso en el mundo laboral”,
señaló Alma Certeza, copresidenta de CLASS e IndustriALL Filipinas.
“El papel de los afiliados de IndustriALL y de las sindicalistas ha sido fundamental para garantizar la ratificación, que implica una victoria para todos los trabajadores y, en particular, para las trabajadoras, que se ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia de género.
El Convenio reconoce el papel central a la negociación colectiva en la lucha contra la violencia y el acoso en el lugar de trabajo y otorga a los sindicatos de Filipinas medios de acción adicionales para garantizar que se respete el derecho de los trabajadores a un entorno libre de todas las formas de violencia y acoso”,
declaró Armelle Seby, directora de género de IndustriALL.
Kirguistán: los dirigentes sindicales detenidos deben ser liberados de inmediato
Bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción, los organismos de seguridad de Kirguistán están interfiriendo en los asuntos internos de los sindicatos para privar de sus bienes y reemplazar a sus dirigentes por personas leales a las autoridades.
Como vicepresidente de la Federación de Sindicatos de Kirguistán (FTUK), un cargo honorario, Eldar Tadjibaev ha tratado temas relacionados con las reformas del sistema sindical. En relación con este cargo, ha sido acusado “de corrupción, de crear una amenaza a los intereses de la sociedad o del Estado y de causar daños graves”.
Se ha iniciado una causa penal en su contra, basada en su participación en la votación de una venta de una parcela propiedad de la FTUK. Como los sindicatos son libres de vender sus bienes, las acusaciones contra los dirigentes que actúan en el marco de los estatutos sindicales carecen de fundamento.
IndustriALL considera que las detenciones de dirigentes sindicales y la presión para que renuncien constituyen una injerencia ilegal en los asuntos de los sindicatos para restringir la libertad sindical, una grave violación tanto de la legislación nacional como de los convenios de la OIT ratificados por Kirguistán. En este sentido, también consideramos que el presidente del MMTUK arrestado, Eldar Tadjibaev, es un preso político.
Con el apoyo del movimiento sindical internacional, los sindicatos kirguises han estado luchado contra un proyecto de ley antisindical desde 2019.
En 2020, el MMTUK presentó un caso (denuncia n.° 3386 de la OIT) ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT en el que denunció las violaciones sistemáticas de los derechos sindicales en el país, en particular los ataques contra la libertad sindical y el acoso a los dirigentes sindicales. Como resultado, el presidente del país vetó la ley sobre sindicatos tres veces en 2021. De aprobarse, esta norma privaría a los sindicatos de su independencia y socavaría gravemente la libertad sindical en Kirguistán.
La situación se deterioró en 2023, cuando hubo nuevos intentos de tomar el control de los sindicatos. En octubre, los organismos de seguridad de Kirguistán visitaron oficinas sindicales para confiscar los documentos financieros de los últimos diez años, lo que paralizó efectivamente las actividades de los sindicatos, en flagrante violación del derecho nacional e internacional.
El 11 de octubre, se sometieron a debate público nuevas enmiendas a la ley sobre los sindicatos. Los sindicatos han denunciado múltiples contradicciones con la Constitución de Kirguistán y el Convenio 87 de la OIT, ratificado por este país.
El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, declaró:
“IndustriALL exige que se libere inmediatamente a Eldar Tadjibaev de su detención ilegal, que se retiren todos los cargos en su contra y que se ponga fin a la injerencia de terceros en los asuntos sindicales, de conformidad con la legislación nacional y los convenios de la OIT ratificados por Kirguistán”.
COP28: el Plenario de los Pueblos exige justicia climática y medidas urgentes
Grupos feministas, defensores de la protección de la infancia, comunidades indígenas, representantes de la juventud y sindicatos de todo el mundo transmitieron mensajes que abogaban por la acción climática basada en el respeto de los derechos humanos.
En el día 11 de la COP28, celebrada en Dubái, el Plenario de los Pueblos, que reunió a representantes de la sociedad civil para articular sus expectativas para dicha Conferencia, dio un mensaje contundente:
“No hay justicia climática sin derechos humanos”.
A pesar de las iniciativas en curso, resonó una pregunta urgente: ¿por qué seguir asistiendo a la COP cuando el progreso parece mínimo? La respuesta rotunda fue que los gobiernos y las empresas no están cumpliendo con sus responsabilidades. Los activistas presentes en el plenario insistieron en que su participación en la COP sirve como un fuerte impulso para obligar a los gobiernos a actuar con decisión.
“Venimos a la COP a luchar, así como luchamos todo el año. Ya estamos sufriendo la devastación. ¿Cómo esperan que construyamos nuestro futuro cuando nos están privando de nuestros derechos?”,
expresó un joven de Sudán, que capturó la sensación de urgencia.
Bert De Wel, responsable de la política climática de la CSI (Plenario de los Pueblos de la COP28)
En representación de los trabajadores y los sindicatos, Bert De Wel, de la Confederación Sindical Internacional (CSI), enfatizó que los sindicatos están adoptando plenamente el desafío de la lucha contra el cambio climático. Al abogar por políticas climáticas urgentes, subrayó la condición de que los trabajadores no apoyarán medidas que conduzcan a la miseria y la pobreza para ellos. Bert describió la esencia de una Transición Justa, un concepto entrelazado con la solidaridad, la justicia, los empleos dignos y la calidad de vida para todas las personas, en todo el mundo. Hizo hincapié en la necesidad de justicia en varias áreas, incluido un alto el fuego inmediato en Palestina, la justicia para las mujeres —que se encuentran entre las más afectadas por el cambio climático— y la protección de los derechos indígenas.
Al referirse al papel fundamental de los derechos laborales en la justicia climática, Bert señaló la huelga en curso de los trabajadores de Tesla en Suecia. La empresa se niega a entablar negociaciones para concretar un convenio colectivo, lo que demuestra la importancia de las prácticas laborales justas en la transición hacia un futuro sostenible.
Joy Hernandez, CSI Asia Pacífico (Plenario de los Pueblos de la COP28)
Joy Hernandez, de la CSI en la región de Asia-Pacífico, arrojó luz sobre la vulnerabilidad de los países de la región debido al cambio climático. Para los trabajadores, los desastres climáticos se traducen en pérdidas de empleos y medios de subsistencia. En definitiva, se trata de una cuestión de supervivencia. Hernandez destacó la lucha de las personas obligadas a migrar por motivos climáticos que, desplazadas por desastres naturales, se trasladan a ciudades donde faltan garantías laborales. Sin políticas de protección social, los trabajadores se quedan atrás.
Destacando la marginación de la clase trabajadora en las políticas climáticas, Hernandez argumentó que una transición sin la participación de los trabajadores exacerba las desigualdades y refuerza las políticas neoliberales. Asimismo, enfatizó la necesidad de proteger los derechos laborales para lograr una Transición Justa, así como advirtió contra el riesgo de que las políticas climáticas se conviertan en un campo de batalla que propicie los ataques a los derechos de los trabajadores.
Durante el cierre del Plenario de los Pueblos, el llamado colectivo a la justicia climática se hizo eco, exigiendo compromisos viables e inclusividad en la formulación de políticas para proteger los derechos y los medios de vida de todas las personas. Los participantes se comprometieron a continuar su lucha por un futuro sostenible, en la COP28 y más allá.
La huelga contra Tesla trasciende fronteras
Frente a la creciente oposición a la actitud antisindical de Tesla, los sindicatos suecos de diferentes industrias tomaron medidas de solidaridad para proteger el derecho a la negociación colectiva, lo que ha resultado, entre otras cosas, en la negativa a entregar matrículas para automóviles nuevos.
Asimismo, el 5 de diciembre, el sindicato más grande de Dinamarca, 3F, anunció que se unirá a la huelga de solidaridad, lo que impedirá que los trabajadores portuarios y los choferes reciban y transporten automóviles Tesla. Al día siguiente, el sindicato noruego Fellesforbundet anunció que tomará medidas de solidaridad si Tesla no firma un convenio colectivo con IF Metall antes del 20 de diciembre.
Atle Høie, el secretario general de IndustriALL, expresó:
“Mientras Tesla no entienda que tiene que respetar las reglas de los países, el conflicto se extenderá. El movimiento sindical internacional no permitirá una falta de respeto tan flagrante a las regulaciones y tradiciones nacionales básicas”.
El modelo sueco, en el que las condiciones de trabajo se han establecido a través de negociaciones entre representantes de trabajadores y empleadores durante casi un siglo, ha dado como resultado un mercado laboral estable donde el 90 por ciento de los trabajadores están cubiertos por convenios colectivos.
Sin embargo, en los últimos años, a pesar de numerosos intentos, Tesla se ha negado a entablar negociaciones con IF Metall.
Isabelle Barthès, secretaria general en funciones de industriAll Europe, declaró:
“Seguimos apoyando a nuestros compañeros suecos y, más allá de las fronteras, los sindicatos europeos lucharán contra los intentos de debilitar los sindicatos y la negociación colectiva. Tesla haría bien en aprender del modelo social europeo y aceptar a los sindicatos como socios en la transformación de la industria automotriz que se ha propuesto liderar”.
Fotografía: IF Metall
Sindicatos austriacos del sector metalúrgico logran importantes beneficios en negociación colectiva
A partir del 1 de noviembre de 2023, todos los empleados de la industria metalúrgica recibirán un aumento salarial irrevocable del 10 por ciento, con un tope de EUR 400 al mes.
Este acuerdo beneficia a los trabajadores de todas las escalas salariales y responde a diferentes necesidades, en particular las de los grupos de ingresos bajos y medios. También habrá aumentos significativos en los salarios mínimos, los subsidios, los reembolsos y la remuneración de los aprendices.
El acuerdo también prevé cláusulas de onerosidad excesiva para las empresas que enfrentan dificultades económicas. El uso de tales cláusulas deberá estar justificado y respaldado por los sindicatos y las organizaciones de empleadores.
Estos resultados son producto de una intensa lucha que comenzó en septiembre, cuando los sindicatos plantearon demandas destinadas, principalmente, a aliviar la apremiante crisis del costo de vida. La demanda central de un aumento salarial del 11,6 por ciento, junto con las mejoras cualitativas de los acuerdos vigentes, sentaron las bases para un proceso de negociación en el que se vio una enorme brecha entre las demandas de los sindicatos y las ofertas iniciales de los empleadores.
Rompiendo con el método tradicional de vincular los salarios a la tasa de inflación de los 12 meses anteriores, los empleadores llegaron a proponer recortes de los derechos existentes, incluidas las bonificaciones por horas extras. En respuesta, Pro-GE y GPA elaboraron un plan de acción integral para ejercer la presión necesaria.
Siete conferencias regionales, a las que asistieron más de 2300 representantes de la empresa, apoyaron inequívocamente la decisión de organizar reuniones y paros hasta llegar a un acuerdo. La ola de solidaridad posterior fue impresionante: más de 100.000 trabajadores participaron en huelgas en todo el país, tanto en grandes corporaciones como en pequeñas y medianas empresas.
Atle Høie, el secretario general de IndustriALL, expresó:
“Felicitamos a los sindicatos por su triunfo en esta ronda de negociación colectiva. Esta vez fue necesario hacer huelga, pero, a través de la unidad y la fuerza, los sindicatos demostraron a los empresarios metalúrgicos que nada puede debilitar su determinación”.
Se llevaron a cabo paros laborales estratégicos en 140 empresas, complementados con marchas de protesta en grandes ciudades como Viena y Salzburgo. Los sindicatos recibieron mensajes de solidaridad de parte de federaciones internacionales y sindicatos hermanos, que demostraron su pleno apoyo a la causa.
Isabelle Barthès, secretaria general en funciones de industriAll Europe, declaró:
“Además de abordar las preocupaciones inmediatas de los trabajadores, el acuerdo sienta un precedente positivo para la negociación colectiva en el país. Demuestra el poder de la acción colectiva, de la solidaridad internacional y el fuerte compromiso de Pro-GE y GPA para garantizar condiciones justas y equitativas para los trabajadores de la industria metalúrgica austriaca”.
La primera semana de la COP28 llega a su fin y los sindicatos se preparan para la segunda
Ante las afirmaciones del presidente de la COP28, Sultan al-Jaber, quien ha negado el cambio climático, los rumores de que se está usando la conferencia para concretar acuerdos en el sector del petróleo y el gas, y el cuestionamiento sobre la posibilidad de que los activistas se manifiesten, los sindicatos continúan presionando para asegurarse de que esta COP siga un curso adecuado a pesar de los desafíos.
Los sindicatos se han mantenido firmes en posiciones clave que tienen como objetivo garantizar que los derechos laborales, los principios de la Transición Justa y las disposiciones de protección social sean componentes integrales de las políticas y acuerdos climáticos.
La delegación liderada por la CSI está compuesta por más de 60 sindicalistas, lo que garantiza que se siga todo lo que sucede en la COP28 y que las cuestiones sindicales se incluyan constantemente en las negociaciones. Durante la conferencia se organizan diversos eventos paralelos que dan la posibilidad a los sindicatos de participar en debates sobre el cambio climático con actores clave. Estos debates cuentan con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales, partes interesadas del sector financiero y representantes de las empresas, lo que da lugar a una combinación única de diversas perspectivas.
A través de acciones coordinadas y estratégicas, los activistas sindicales se aseguran de que se escuchen las inquietudes de los trabajadores, independientemente de las limitaciones en cuanto a las instancias disponibles para expresarse.
Diana Junquera, directora de Transición Justa de IndustriALL y actual participante de la COP, destacó la importancia de este evento para tomar decisiones transformadoras:
“El Programa de Trabajo sobre la Transición Justa es importante y los sindicatos aquí presentes están trabajando arduamente en torno a su negociación. Su importancia radica en que debe proporcionar un marco para llevar adelante Transiciones Justas a nivel internacional y nacional. Además, debe abordar las dimensiones sociales, económicas, ambientales y de equidad, y estar en línea con las directrices de la OIT sobre la Transición Justa adoptadas por los Gobiernos en la Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo lugar en junio. Los sindicatos buscan que los debates sobre el clima incluyan aspectos como los derechos laborales, el diálogo social y la protección, y enfatizan que es necesario contar con justicia internacional para lograr una Transición Justa”.
IndustriALL continuará siguiendo los debates y ya ha compartido información activamente en las redes sociales en torno a las negociaciones y los eventos paralelos organizados en la COP28.
#Unions4JustTransition.
COP28: las expectativas de los sindicatos de África Subsahariana
Los desafíos en África Subsahariana:
La región plantea ciertas dificultades para satisfacer las demandas de industrialización, garantizar el acceso a la energía y abordar la cuestión de la asequibilidad, particularmente en lo que refiere a los hogares vulnerables liderados por mujeres y niños. La COP27, celebrada en Egipto, generó expectativas para abordar los desafíos históricos, pero los resultados no estuvieron a la altura de lo que los sindicatos esperaban.
Las demandas críticas para la COP28:
Los sindicatos enfatizan la necesidad de una plataforma oficial de diálogo multipartito y de una participación más equilibrada entre el Norte y el Sur Global. A su vez, reclaman una mayor inclusión de los sindicatos en las plataformas regionales y los marcos políticos, como la Política de la Unión Africana sobre Empresas y Derechos Humanos, para garantizar una integración significativa de los intereses de los trabajadores.
El Programa de Trabajo sobre la Transición Justa (JTWP):
Los sindicatos acogen con entusiasmo la creación del Programa de Trabajo sobre la Transición Justa (JTWP) y destacan la importancia de identificar a las partes interesadas clave. Si bien algunos países de África Subsahariana involucran a la sociedad civil y los sindicatos en las posiciones nacionales de la CMNUCC/COP, su influencia sigue sin alcanzar los niveles deseados. Los discursos se centran principalmente en los aspectos ambientales, pero descuidan las cuestiones estructurales cruciales relacionadas con el trabajo.
Evaluaciones de impacto laboral y protección social:
Los sindicatos hacen hincapié en la necesidad de llevar a cabo evaluaciones exhaustivas del impacto laboral, sobre todo en lo que refiere a la pérdida, la creación y la reestructuración de los empleos, y de implementar un marco sólido para la reconversión profesional. La insuficiencia de los mecanismos de protección social plantea riesgos para los mercados laborales, agravados por los desafíos que persisten tras la pandemia de COVID-19, y la necesidad de una reforma de la formación profesional y las competencias.
Financiación climática y pérdidas y daños:
La financiación climática, en particular la de las pérdidas y los daños, es un tema fundamental en la agenda de los sindicatos africanos. Persisten los desacuerdos con respecto al papel del Banco Mundial, ya que se han planteado preocupaciones sobre la transparencia, los procesos de consulta y la asignación de fondos. Los debates sobre la cancelación o reestructuración de la deuda de los países en desarrollo, especialmente a falta de una definición concisa de “transición justa” en las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), también suscitan preocupación.
Las expectativas para la COP28:
Los sindicatos anticipan un enfoque en el “Balance mundial”, en el que se compararán los resultados con la posición africana presentada durante la COP27. El énfasis en el financiamiento climático, las “pérdidas y daños”, el abordaje de los desafíos socioeconómicos y la dinámica de desarrollo Norte-Sur serán aspectos primordiales. Persisten las preocupaciones sobre la equidad de los plazos previstos para la transición y la movilización de recursos para lograr los objetivos de desarrollo de África.
Tribunal sudafricano falla a favor de la igualdad de género en la licencia parental
Gracias a este fallo, los padres y madres que trabajan tendrán derecho a esta licencia después de informar a sus empleadores, antes del nacimiento de un hijo/a, sobre las fechas en que tienen la intención de tomarla. Antes, los padres solo gozaban de 10 días de licencia después del nacimiento.
A través de la sentencia dictada el 25 de octubre, el tribunal declaró que algunos artículos de la Ley sobre Condiciones Básicas de Empleo (BCEA), de 1997, y la Ley sobre la Caja de Seguros de Desempleo (UIF), de 2001, eran inválidos. El tribunal declaró que algunos de estos artículos violaban la Constitución sudafricana mediante una discriminación injusta, que se da tanto “entre madres y padres” como “entre un grupo de padres y otro en función de si sus hijos nacieron de la madre, fueron concebidos mediante gestación subrogada” o “fueron adoptados".
Para erradicar estas desigualdades, el tribunal aceptó los argumentos formulados por Werner Van Wyk e Ika Van Wyk, según quienes “todos los padres y madres, de cualquier tipo, deben gozar colectivamente de cuatro meses consecutivos de licencia parental. En otras palabras, cada pareja de padres de un hijo/a que cumpla con todos los requisitos compartirá los cuatro meses de licencia como mejor le parezca”. El tribunal le dio dos años de plazo al parlamento nacional para que modifique la ley a fin de “subsanar sus defectos”.
El caso fue llevado a la justicia por Werner e Ika Van Wyk, un matrimonio con un hijo, Sonke Gender Justice, una organización de la sociedad civil que aboga por la igualdad de género, y la Comisión para la Igualdad de Género, una institución establecida en virtud del capítulo 9 de la Constitución Sudafricana para proteger y apoyar la democracia, quienes impugnaron las cláusulas de las leyes BCEA y UIF y demandaron al Ministerio de Trabajo y Empleo. La solicitud contó con el respaldo de Amicus Curiae (“amigos de la corte”), entre ellos el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria, el Centro de Solidaridad de Sudáfrica, la Red Internacional de Abogados que Asisten a los Trabajadores y el Servicio de Investigación Laboral. La Asociación Nacional de Empleadores de Sudáfrica respaldó al Ministerio de Trabajo.
Susan Khumalo, copresidenta de IndustriALL para África Subsahariana y presidenta del SACTWU, expresó:
“Este es un fallo judicial encomiable y progresista que los sindicatos celebran y que tiene como objetivo alinear las leyes laborales con la Constitución sudafricana. Compartir los días de licencia parental entre padres y madres promueve la igualdad de género y disminuye la carga para las mujeres trabajadoras. Es importante que los tribunales reconozcan y valoren la igualdad de género y la corresponsabilidad en la crianza de los bebés, especialmente en los primeros meses después del nacimiento”.
Victoria sindical en Australia: se aprueba ley que favorece a los trabajadores subcontratados
Esta nueva norma, que recibió el apoyo del Parlamento federal el 7 de diciembre de 2023, tiene como objetivo evitar que los empleadores incumplan las tasas salariales negociadas por los sindicatos, particularmente en la industria minera, en la que algunas grandes empresas pagan menos a los trabajadores subcontratados que a sus contrapartes permanentes por el mismo trabajo.
Grahame Kelly, secretario general del Sindicato de Minería y Energía (MEU), afiliado a IndustriALL, expresó su gratitud al Senado por apoyar estas medidas de sentido común que combaten el uso indebido de trabajadores subcontratados para reducir los salarios.
“La explotación de la mano de obra subcontratada está fuera de control en la industria minera, y los trabajadores han estado planteando este problema durante muchos años”,
expresó Kelly.
“Es un alivio tener un Gobierno que escucha las preocupaciones de los trabajadores y desarrolla una legislación específica al respecto”.
Las disposiciones legales relativas al principio de “igualdad de remuneración por trabajo de igual valor” proporcionan un mecanismo que impide que las empresas les paguen menos a los trabajadores subcontratados que a los empleados permanentes que cumplen la misma función cuando existe un convenio colectivo vigente en el lugar de trabajo.
En Australia, estas leyes afectarán más al sector minero y al del transporte aéreo, donde abunda la subcontratación.
Las disposiciones relativas a dicho principio formaron parte de una norma más amplia, la Ley de Enmienda de la Legislación sobre el Trabajo Justo (para llenar los vacíos legales) de 2023, que también incluye la penalización del robo de salarios, derechos más fuertes para los delegados en el lugar de trabajo, un mejor apoyo para los socorristas diagnosticados con TEPT, protecciones más robustas contra la discriminación para los empleados que enfrentan violencia familiar y doméstica, la inclusión de enfermedades relacionadas con la sílice y disposiciones de seguridad a nivel de la Agencia de Seguridad y Erradicación del Asbesto, así como la penalización del homicidio industrial involuntario.
Con estas nuevas medidas, los trabajadores subcontratados en Australia pueden esperar un trato más equitativo y una mayor protección, lo que marca un avance positivo hacia un entorno de trabajo más justo e igualitario.
“Esta legislación es una gran noticia para IndustriALL; no solo promete una compensación más justa y equitativa para los trabajadores, sino que también muestra un compromiso más amplio para rectificar las desigualdades sistémicas, especialmente en el sector minero. Este tipo de victorias sindicales son alentadoras y tienen un impacto positivo en la vida de los trabajadores precarios en toda Australia”,
expresó Atle Høie, el secretario general de IndustriALL Global Union.
Foto: Sindicato de Minería y Energía (MEU) de Australia
