Grupo latinoamericano de mujeres busca fortalecer la equidad de género

Por primera vez se llevó a cabo una reunión virtual del grupo de trabajo de mujeres sindicalistas de América Latina y el Caribe. Integrantes de 24 organizaciones afiliadas a IndustriALL en 12 países de la región participaron en el encuentro junto con integrantes del Comité Regional de Mujeres con miras a conversar sobre cuáles deben ser las prioridades para fortalecer la equidad de género desde los sindicatos nacionales.

La iniciativa surgió del Comité de Mujeres (compuesto por las integrantes del Comité ejecutivo de IndustriALL), quien propuso crear un grupo de trabajo para avanzar en la representación y el empoderamiento de mujeres dentro de las organizaciones afiliadas, así como fortalecer la incidencia de las mujeres en el trabajo sindical a nivel regional. .

La integrante del Comité ejecutivo regional de mujeres, Alejandra Angriman, explicó al comienzo de la reunión:

“Este espacio es importante, aunque no tenga estructura estatutaria. La idea es conformar un grupo para intercambiar información sobre lo que sucede en cada país. Queremos saber qué temas les preocupan en estos momentos y qué apoyo necesitan del comité de mujeres.

En este primer encuentro, nuestro principal objetivo es conocernos mejor y escuchar de ustedes cuáles deben ser las prioridades para fortalecer la equidad de género desde las bases”

Posteriormente las participantes procedieron a hablar de la situación en sus países. En el caso de Argentina, explicaron que atraviesan un momento sumamente difícil por los ataques del gobierno a los derechos de los trabajadores, especialmente de las mujeres. Por eso señalaron que el Día internacional de la mujer, 8 de marzo (8M), planean salir a la calle para defender los derechos. 

Por su parte, las participantes de Brasil comentaron que los sindicatos lograron aumentar 
la cantidad de mujeres y que incluso crearon secretarías de mujeres. Aseguran que el próximo 8M desean utilizar como bandera la necesidad de luchar por la equidad salarial frente al mismo trabajo y condiciones, para que todas las mujeres puedan empoderarse.

En tanto, las participantes de Chile destacaron que, si bien existe una brecha salarial en el país, consiguieron avanzar en otros aspectos. Por ejemplo, mediante la ley Karin y la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

En lo que respecta a El Salvador, las participantes señalaron que enfrentan pérdidas de empleos en el sector de la maquila textil que afecta la situación económica de las mujeres. Del mismo modo, las participantes de Honduras subrayaron que tienen problemas de desempleo y de criminalización a las mujeres, por lo que quieren luchar en defensa del empleo y de la seguridad de las mujeres trabajadoras.

La criminalización de las mujeres también fue uno de los temas que mencionaron que viven en México. Las líderes sindicales aseguraron que mueren 11 mujeres por día y que las trabajadoras enfrentan a diario acoso, inseguridad, precariedad laboral y desempleo. 

Al identificar que muchas de las problemáticas son comunes en varios países, resolvieron reunirse al menos dos veces al año, y mantener contacto entre las reuniones. La agenda de trabajo se definirá en base a los insumos compartidos durante la reunión. 

Además, enfatizaron en la importancia de pensar una actividad para el 8M que logre visibilizar los problemas que viven las mujeres de la región y que permita mostrar la unidad de acción en materia de género.

Finalmente, la secretaria regional adjunta de IndustriALL y responsable de género, Laura Carter dijo:

“El 8M un día para visibilizar la lucha de las mujeres. Queremos derechos, movilización y solidaridad. Será un desafío tener una única consigna o bandera de lucha, porque sabemos que hay diferencias muy grandes de un país a otro.

Sin embargo, para IndustriALL Global Union la consigna para el 8M será “Sin excusas” basada en nuestra nueva política de género”

Trabajadores iraníes suspenden la huelga tras llegar a un acuerdo con el empleador

En diciembre del año pasado, los trabajadores siderúrgicos del Iran National Steel Industrial Group (INSIG) en Ahvaz, en el sur de Irán, se declararon en huelga. A fin de mes, los manifestantes volvieron a trabajar luego de que la empresa prometiera implementar sus demandas.

Sin embargo, estos compromisos no se cumplieron, por lo que se reanudó la huelga el 22 de enero. Seis días después del reinicio, la huelga recibió el apoyo de miles de personas en las calles del centro de Ahvaz. 

El 30 de enero, los trabajadores siderúrgicos pusieron fin a la huelga luego de que la empresa renovara su compromiso de satisfacer sus demandas. El Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos y Mecánicos de Irán (UMMI), afiliado a IndustriALL, pidió a los trabajadores industriales, colegas y jubilados de toda la industria siderúrgica de Irán que se unan contra las prácticas de explotación y la codicia corporativa. Su mensaje es claro: juntos, podemos desafiar a las fuerzas que buscan socavar nuestro bienestar colectivo.

El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, afirmó:

“Los trabajadores en Irán están luchando por una vida mejor. IndustriALL se solidariza con ellos. Instamos a las autoridades a que cumplan con las demandas de los trabajadores y reconozcan a los sindicatos independientes".

Fotografía: Shutterstock

Tribunal indio falla a favor de trabajadores subcontratados del sector siderúrgico

Los trabajadores precarios subcontratados en Bokaro Power Supply Company (BPSC) pertenecen al Sindicato Jharkhand Krantikari Mazdoor (JKMU), afiliado a IndustriALL a través de Unions United. El JKMU ha estado librando una larga batalla legal por el pago de prestaciones sociales complementarias (AWA, por sus siglas en inglés) en forma de una asignación por asistencia de INR 1000 (USD 12) por mes a los trabajadores subcontratados de BPSC. Esto es lo mismo que se paga a los trabajadores subcontratados en la planta siderúrgica SAIL (Steel Authority of India Limited) de Bokaro, ubicada en las mismas instalaciones que BPSC. 

El 22 de febrero de 2017, el tribunal laboral falló a favor del JKMU al calificar de discriminatorio e injustificado al impago de las AWA a los trabajadores subcontratados de BPSC. El tribunal dictaminó que la dirección de BPSC debía pagarles lo mismo que se paga a los de SAIL, ya que ambas plantas operan en un mismo sitio y BPSC es el único proveedor de electricidad de la planta siderúrgica. Además, afirmó que la planta siderúrgica se paralizaría sin la central eléctrica de BPSC. El tribunal ordenó a BPSC que pagara a sus trabajadores subcontratados una asignación mensual por asistencia de INR 1000 (USD 12) a partir de octubre de 2009.

El 3 de enero de 2024, el Tribunal Superior de Jharkhand ratificó la decisión del tribunal laboral y anuló su sentencia anterior a favor de la dirección de BPSC. Cada trabajador subcontratado de esta empresa ahora tiene derecho al cobrar INR 172.000 (USD 2071). El valor de la cantidad mensual acordada se ha reducido casi a la mitad desde 2009 debido a la inflación. 

Gautam Mody, representante de Unions United y miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL, expresó:

“Los trabajadores subcontratados no son reconocidos por los empleadores y están sujetos a los caprichos y retrasos del sistema judicial que les niega sus derechos sindicales. No tienen derecho a la negociación colectiva y no están cubiertos por los convenios colectivos para los empleados permanentes. Son discriminados en todos los sentidos de la palabra”.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, declaró:

“IndustriALL felicita al Sindicato Jharkhand Krantikari Mazdoor por su lucha. Nos solidarizamos con todos los trabajadores subcontratados de Bokaro Power Supply. Creemos que la lucha contra el trabajo precario no es solo una lucha de los trabajadores precarios, sino de toda la clase trabajadora”. 

Fotografía: Shutterstock

Transportadora de Gas del Perú S.A. despide a trabajadores por formar sindicato

La Federación de trabajadores de la industria manufacturera y afines del Perú (FETRIMAP, afiliada a IndustriALL Global Union) afirma que la compañía desea eliminar al Sindicato unitario de trabajadores de transportadora de gas del Perú (SUTRATGP) a través del despido injustificado de sus integrantes.

En 2022 la empresa TGP compró a la Compañía operadora de gas del Amazonas (COGA) y absorbió a la mayoría de sus trabajadores. Sin embargo, el cambio de empleador significó peores condiciones laborales para estos trabajadores y decidieron iniciar un proceso de sindicalización para defender sus derechos.
 
Los trabajadores crearon al SUTRATGP en noviembre del 2023, el Ministerio de Trabajo lo reconoció el 18 de diciembre y el día 22 se lo comunicaron a TGP. Tan solo seis días después, la empresa responsable de la operación del sistema de transporte por ductos de gas, tanto para el mercado interno como para las exportaciones, procedió a despedir a 14 miembros del sindicato, entre ellos la junta directiva.

La compañía, clave en el sector energético de Perú, alegó en las cartas de despido que las personas afectadas eran empleados de confianza, cuando en realidad nunca fueron calificados de esta forma. En dicha comunicación, la empresa tampoco explicó cuáles fueron las supuestas falencias.

Fetrimap explica que, bajo presión de la empresa, cuatro de los empleados despedidos accedieron a firmar un convenio de mutuo disenso en la cual la empresa les otorgó beneficios adicionales. En tanto, los diez trabajadores restantes reivindican el fuero sindical y exigen su reintegro.

Por su parte, el secretario general de IndustriALL, Atle Høie, le escribió una carta al 
gerente general de la Transportadora de Gas del Perú S.A., Tomás Delgado Farizo, donde señaló que el comportamiento de la empresa representaba una grave violación al derecho internacionalmente reconocido de libertad de asociación y le solicitó que reintegre a las personas despedidas:

“Le instamos a proceder al reintegro inmediato de los trabajadores despedidos con pago de salarios caídos, y le invitamos a establecer un diálogo con el sindicato para asegurar el respeto de los derechos laborales en su empresa.

Favor de notar que, si no hay una respuesta favorable en un plazo de una semana, nos veremos obligados a considerar otros pasos, incluyendo la posibilidad de contactar a sus inversionistas.”

Dirigente sindical bielorrusa liberada de la cárcel

Zinaida fue detenida el 25 de marzo de 2022, luego de que se registrara su domicilio y su oficina sindical. Las acusaciones en su contra se basaron en materiales de una intervención telefónica, instalada debido a su calidad de activista sindical.

Actualmente, hay 1414 presos políticos en Bielorrusia. Entre ellos se encuentran docenas de dirigentes, activistas y miembros de los tres sindicatos afiliados a IndustriALL que el Tribunal Supremo de Bielorrusia suprimió en julio de 2022.

La represión y los ataques de parte del Estado contra sindicatos independientes, la sociedad civil y los derechos humanos son una respuesta a las protestas masivas contra la reelección de Lukashenko en agosto de 2020.

IndustriALL celebra que Zinaida se encuentre de nuevo en libertad, y exige la liberación de todos los dirigentes, activistas y miembros de sindicatos condenados por su lucha por la democracia, los derechos humanos fundamentales y los derechos de los trabajadores.

La agrupación Global Unions pide a la UE que retire la iniciativa EBA y el programa MADE in Myanmar

Como representantes de sindicatos de todas partes del mundo, nos dirigimos a ustedes para solicitar que la UE reevalúe sus políticas relativas Myanmar, en particular la política comercial preferencial “Todo menos armas” (EBA, por sus siglas en inglés), y el apoyo al proyecto de la Alianza Multipartita para el Empleo Decente en la Industria de la Moda de Myanmar (MADE in Myanmar).

La EBA se aprobó en 2013 como reconocimiento del camino de Myanmar hacia la democracia. En el tercer aniversario del golpe militar, creemos que es evidente que esta trayectoria se ha invertido y que la iniciativa EBA debería retirarse.

MADE in Myanmar cuenta con el apoyo financiero de la UE en asociación con las marcas de ropa de la UE, y afirma apoyar a los sindicatos y organizaciones de derechos laborales, así como atender a las quejas de los trabajadores. Los sindicatos de Myanmar, que la junta militar declaró ilegales, han condenado este programa como una farsa, y sostienen que fue diseñado para encubrir los abusos de los derechos laborales y amparar políticamente a las marcas de ropa que encuentran en Myanmar un lugar de abastecimiento barato y conveniente. El régimen continúa arrestando sindicalistas y utilizando la fuerza militar para reprimir las protestas y el activismo obrero.

El régimen militar ha matado a más de 4000 personas, arrestado a casi 26.000 y suspendido a organizaciones de la sociedad civil, incluidos los sindicatos independientes. Numerosos funcionarios públicos, incluidos 200.000 docentes, se negaron a trabajar para el régimen y se unieron al Movimiento de Desobediencia Civil. Muchos fueron asesinados o encarcelados, mientras que otros han perdido sus empleos y viven en condiciones extremadamente difíciles. Recientemente, la UE reconoció esta situación al ofrecer un paquete de ayuda de 10,5 millones de euros para combatir la crisis del hambre.

La UE condenó el golpe en febrero de 2021 y ha impuesto sanciones específicas a personas y organizaciones vinculadas a los abusos más graves. En enero de 2023, antes del segundo aniversario del golpe, advirtió que se tomarían más medidas si la situación no mejoraba. Creemos que ya es hora de hacerlo.

Los sindicatos de Myanmar sostienen que la prohibición de sus organizaciones y la ausencia de libertad sindical hacen que los trabajadores se enfrenten a condiciones de esclavitud moderna. Esta conclusión fue confirmada por la Comisión de Investigación de la OIT, que informó de violaciones de gran alcance de los convenios sobre la libertad sindical y el trabajo forzoso. Esto significa que empresas europeas están vendiendo ropa fabricada en condiciones de esclavitud moderna a los consumidores de la UE, con el apoyo financiero y político de este organismo.

Antes de que se publicara el informe de la OIT, la UE anunció que reconsideraría sus políticas a la luz de los hallazgos del informe. El informe, que es inequívoco, detalla episodios de violencia contra sindicalistas, emisiones de órdenes de arresto y cancelaciones de pasaportes, trabajo forzoso, uso de escudos humanos, reclutamiento forzoso para el ejército e imposición de la ley marcial. Dada la imposibilidad de ejercer la diligencia debida en un entorno que no permite la libertad sindical no es posible, el programa MADE in Myanmar es insostenible.

En general, se considera que la junta militar se encuentra en una posición precaria, ya que está perdiendo terreno ante los grupos armados y enfrentando una resistencia sostenida en las áreas que controla. Debido a la negativa de muchos funcionarios públicos a trabajar para la junta, el Estado apenas funciona. El régimen necesita desesperadamente de divisas para comprar combustible para el transporte y la generación de electricidad, armas y municiones.

Al apoyar el comercio con Myanmar a través de la iniciativa EBA y la inversión europea por medio de MADE, la UE proporciona un salvavidas vital a un régimen despótico que se está quedando sin fuerzas. Una extensión de las sanciones, la retirada de las preferencias comerciales y el cese del apoyo a las marcas de la UE en Myanmar debilitarían drásticamente al Gobierno militar y acelerarían el retorno a la democracia.

El Gobierno de Unidad Nacional (GUN), formado por los partidos elegidos democráticamente en noviembre de 2020, está listo para reanudar el camino hacia la democracia tan pronto como caiga el régimen. El GUN formó una estructura tripartita, en la que participan la federación sindical principal y una asociación democrática de empleadores, que se compromete a implementar las recomendaciones del informe de la OIT cuando se restablezca la democracia.

Esta estructura, que refleja los valores de la UE, merece recibir apoyo. La UE debe dejar claro que es inaceptable hacer negocios con un régimen represivo mientras una alternativa democrática espera entre bastidores. Los instamos a que retiren la iniciativa EBA y el programa MADE in Myanmar.

Atentamente,

Secretarios generales de las siguientes organizaciones integrantes del Consejo Global Unions: UNI Global Union, IE, CSI, ICM, OIEA, IndustriALL, FIP, ITF, UITA, ISP, TUAC

La agrupación Global Unions pide una acción unificada tras el fallo de la CIJ sobre el caso de genocidio en Gaza

Las medidas provisionales vinculantes de la CIJ abordan la necesidad urgente de proteger y prevenir un mayor daño a la población de Gaza. La CIJ y la Convención tienen el fin de proteger los derechos humanos y la seguridad de las personas vulnerables, y cuentan con el apoyo de la comunidad internacional. Ahora es el momento de aumentar la confianza en el orden jurídico internacional.

La agrupación Global Unions hace hincapié en la gravedad de la situación. Nuestros afiliados en Gaza, entre los que se encuentran docentes, trabajadores de la salud, del transporte, periodistas, personal de la ONU, trabajadores de asistencia humanitaria y muchos otros, están siendo asesinados mientras realizan su trabajo.

Instamos a Israel a cumplir con la Orden de la CIJ de tomar medidas inmediatas para prevenir actos de genocidio, castigar la incitación al genocidio y facilitar la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria a los palestinos en Gaza.

Asimismo, las organizaciones firmantes llaman a la comunidad internacional a tomar las siguientes medidas:

Si bien expresa su apoyo a la investigación interna de la ONU, el pueblo de Gaza y nuestros afiliados dependen del apoyo vital que brinda la UNWRA, la agrupación Global Unions insta a los países que han suspendido su financiación del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) a que reconsideren su decisión.

Las organizaciones que integran la agrupación Global Unions representan a millones de trabajadores y trabajadoras en todos los sectores de la economía a nivel mundial. Tenemos un compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y sindicales en todo el mundo, y seguiremos alzando nuestras voces en defensa de la población trabajadora.

Internacional de la Construcción y la Madera   
Internacional de la Educación   
IndustriALL   
Federación Internacional de Periodistas   
Federación Internacional de Trabajadores del Transporte   
Internacional de Servicios Públicos   
UNI Global Union

Fotografía: LA HAYA, PAÍSES BAJOS – 21 DE ABRIL DE 2019: Sala de la Corte Penal Internacional (CPI) – Friemann

Sindicatos expresan su preocupación por los trabajadores migrantes en Israel

A la luz de los continuos bombardeos de los territorios palestinos ocupados de Gaza y Cisjordania, el Gobierno israelí ha prohibido la entrada de trabajadores palestinos en su territorio. Antes de que se cancelaran sus permisos de trabajo, más de un millón de palestinos tenían empleos precarios en Israel. En un intento por hacer frente a la escasez de mano de obra, Israel está planeando traer trabajadores migrantes desde Asia.

En la India, se están llevando a cabo campañas de reclutamiento y enviando trabajadores precarios a Israel. El Gobierno de Sri Lanka también ha estado alentando a sus trabajadores a solicitar trabajo en este país. Ya había numerosos trabajadores de Nepal empleados en Israel, algunos de los cuales fallecieron durante la guerra.

Varios sindicatos indios y esrilanqueses han criticado a sus autoridades por alentar a la población a buscar trabajo en una zona de guerra. De conformidad con un acuerdo bilateral entre la India e Israel, suscrito en mayo del año pasado, estaba previsto enviar unos 42.000 trabajadores indios a este país. Sin embargo, bajo las circunstancias actuales, se estima que irán más de cien mil.

En noviembre del año pasado, la plataforma conjunta de centrales sindicales de la India emitió una declaración en la que se opuso a la decisión del Gobierno de exportar trabajadores indios a Israel para reemplazar a los palestinos. En dicho comunicado, los sindicatos afirmaron que “la decisión convertiría a la India en cómplice de la actual guerra genocida de Israel contra los palestinos”.

Sanjay Vadhavkar, secretario general de la Federación de Trabajadores del Acero, el Metal y la Ingeniería de la India (SMEFI), sindicato afiliado a IndustriALL, expresó:

“Enviar a sus trabajadores a trabajar en condiciones tan peligrosas es una decisión muy equivocada por parte del Gobierno indio. En este momento, existen serios problemas de seguridad para los trabajadores en Israel”.

Anton Marcus, secretario general del Sindicato de Empleados de Zonas Francas y Servicios Generales, sindicato afiliado a IndustriALL en Sri Lanka, declaró:

“Es muy lamentable que el Gobierno de Sri Lanka no esté proporcionando seguridad laboral y protección social a los trabajadores del país y, en cambio, los esté alentando a buscar trabajo en otro lugar, que además es una zona de guerra”.

La secretaria regional de IndustriALL para Asia del Sur, Apoorva Kaiwar, afirmó:

“Es indignante que los gobiernos de Asia del Sur estén fomentando que sus trabajadores se vayan a Israel y a los territorios palestinos ocupados en lugar de colaborar para que se ponga fin a la guerra”.
 

Fotografía: Flickr de la OIT

El acuerdo social debe cumplirse: ¡la cuenca carbonífera polaca necesita una Transición Justa!

Hasta la fecha, casi tres años después de la firma del plan, el Gobierno polaco aún no ha informado a la Comisión Europea sobre las ayudas estatales que este acuerdo implica. Esto deja a 83.000 trabajadores y sus comunidades en un estado de incertidumbre con respecto a la estrategia de transición.

El Plan Social, suscrito en mayo de 2021, indica cómo se logrará la eliminación gradual de la minería de hulla para 2049 a través de una transferencia progresiva de trabajadores (de las minas cerradas a las que aún están en funcionamiento). Se trata de un acuerdo histórico en el contexto polaco, cuyo fin es evitar los despidos colectivos causados por el cierre de las minas. Polonia cuenta con la mayor cantidad de mano de obra en el sector de la hulla de Europa, con 83.000 trabajadores empleados en la actualidad y cientos de miles de puestos de trabajo vinculados indirectamente a la industria carbonífera.

Si bien la mayoría de los Estados miembros de la UE se comprometieron a eliminar gradualmente el carbón para 2030, la escala de la transición en Polonia queda eclipsada por los enormes desafíos que implica gestionar el cambio hacia un sistema energético descarbonizado que no afecte a los trabajadores del sector y sus comunidades. Anticipar y gestionar la transformación para los trabajadores y de las comunidades de la cuenca carbonífera es clave. Es por ello que nuestros sindicatos afiliados en Polonia firmaron el Plan Social, que marca un punto de inflexión para el sector energético y la mano de obra del país.

En el clima actual de crecientes tensiones socioeconómicas, es fundamental generar la certeza de que el Gobierno polaco y la Comisión Europea siguen comprometidos con el desarrollo de un proceso de eliminación gradual socialmente responsable junto con los sindicatos.

Por lo tanto, la CSI, IndustriALL Global Union, la CES e industriAll Europe piden lo siguiente:

La CSI, IndustriALL Global Union, la CES e industriAll Europe insisten en que la Comisión Europea y el Gobierno polaco colaboren con los sindicatos de buena fe y con el objetivo de aplicar el Plan Social para lograr una Transición Justa para los mineros polacos y sus comunidades, así como la eliminación gradual del carbón.

Nos solidarizamos con nuestros afiliados polacos.

Fotografía: Flickr, Mariusz Cieszewski

Kazajistán debe respetar el derecho de huelga

Los trabajadores de West Oil Software (WOS) en Zhetybai, en la región de Mangistau, iniciaron una huelga el 11 de diciembre del año pasado después de un conflicto laboral de once meses con su empleador. WOS, que presta servicios de transporte, es una subcontratista de una filial de la compañía nacional de petróleo y gas, KazMunaiGas (KMG).

Según el sindicato de trabajadores del complejo industrial de combustibles y energía, los huelguistas exigen vehículos más modernos y ser contratados por una filial de KMG, ya que creen que esto garantizaría salarios más altos.

El mismo día en que estalló la huelga, un tribunal la declaró ilegal. La decisión se tomó sin respetar el debido proceso, a puertas cerradas, sin representantes sindicales presentes ni la posibilidad de proporcionar la información pertinente.

Tras la interposición de un recurso contra la decisión judicial, el 24 de enero se celebró una audiencia ante un tribunal superior. 80 huelguistas esperaron frente al tribunal para que se les permitiera entrar. Sin embargo, ni ellos ni sus abogados fueron admitidos. Este tribunal volvió a declarar la huelga ilegal.

A medida que la huelga continúa, la situación empeora.

La dirección de West Oil Software anunció la rescisión de los contratos de los trabajadores en huelga y, hasta el momento, al menos 18 han recibido avisos de despido.

Algunos huelguistas fueron citados a interrogatorios policiales y amenazados con acusaciones penales. El 13 de enero, la policía interrogó a siete de los trabajadores despedidos. Los familiares de los huelguistas, empleados por empresas estatales, han sido amenazados con perder su empleo.

Desde la tragedia de Zhanaozen en 2011, Kazajistán ha tenido un lamentable historial en materia de conflictos laborales prolongados. La disputa actual es preocupante, ya que puede generar tensiones sociales indeseables. Informes recientes muestran que estas protestas pacíficas están empezando a causar irritación y que se están movilizando fuerzas destructivas, lo que podría desencadenar una explosión sociopolítica.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, expresó:

“Consideramos que la decisión judicial de declarar ilegal la huelga constituye una violación de las obligaciones internacionales del país de conformidad con el Convenio 87 de la OIT, ratificado por Kazajistán, y pedimos que se revoque. Kazajistán debe respetar el derecho de huelga de los trabajadores”.

“IndustriALL exige una vez más que se ponga fin a la persecusión y castigo de los huelguistas. Se debe reincorporar a todos los trabajadores despedidos por su participación en la huelga. Este conflicto laboral debe resolverse a través del diálogo social, de manera pacífica y sin más demora, para evitar que se repita lo ocurrido en Zhanaozen en 2011”.

Fotografía: KazTAG