Mineros turcos desaparecidos tras un deslave

El deslave ocurrió el 13 de febrero en una mina de oro a cielo abierto propiedad de Anagold Mining Company, una empresa conjunta de SSR Mining y Lidya Madencilik. Se están llevando a cabo operaciones de rescate para encontrar a los mineros desaparecidos, complicadas por los niveles de cianuro altamente tóxico en el suelo. El cianuro se utiliza para extraer oro del mineral.

Según informan los medios de comunicación turcos, cuatro altos funcionarios de la mina han sido detenidos como parte de la investigación. Durante algún tiempo, esta mina había sido objeto de críticas de parte de la sociedad civil debido al uso de cianuro y a su posible impacto sobre el medioambiente y la vida humana. Se teme que el cianuro utilizado en la mina pueda filtrarse en el río Éufrates, una importante fuente de agua que se extiende más allá de Turquía.

Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL Global Union, expresó:

“No es un accidente, sino un homicidio. No es una coincidencia, sino una clara preferencia.

La industria minera debe ser segura y sostenible. Este homicidio es otro ejemplo de cómo los mineros de todo el mundo están expuestos a riesgos muy altos. Ha habido demasiadas muertes en las minas turcas a lo largo de los años, pero no se ha aprendido ninguna lección. Esto tiene que terminar; los mineros no están destinados a morir en el trabajo. Se debe priorizar a las personas y no a las ganancias”.

IndustriALL Global Union insta a Anagold Mining y a las autoridades turcas a llevar a cabo una investigación inmediata y exhaustiva de lo que sucedió en la mina, una vez concluidos los esfuerzos de rescate.

Turquía tiene un historial lamentable en materia de seguridad minera. En octubre de 2022, una explosión en una mina de carbón en Amasra mató a 41 mineros y, en 2014, más de 300 personas murieron en la peor catástrofe minera del país en Soma.

Fotografía: Sendika.Org

Empleador agrede a trabajadores de la confección en Sri Lanka

El sindicato había convocado una reunión para conversar sobre el aviso de la dirección de que los trabajadores que habían recibido cartas de advertencia durante el año no recibirían un aumento salarial y que los que habían recibido dos cartas de advertencia no tendrían derecho a un bono. Esta organización está afiliada a IndustriALL a través del Sindicato de Empleados de Zonas Francas y Servicios Generales (FTZ&GSEU).

En respuesta al acto de represión por parte de la dirección, los trabajadores que asistieron a la reunión del 9 de febrero decidieron comenzar una huelga. Los directores se negaron a aceptar el aviso de huelga y trataron de obligarlos a renunciar al sindicato.

Cuando los trabajadores llegaron a la fábrica en la mañana del 10 de febrero, integrantes de la dirección agredieron físicamente a algunos de ellos, incluidos a quienes tienen cargos en la sección sindical, hiriendo gravemente a una trabajadora, mientras los llevaban a la fuerza dentro de la fábrica para hacerlos firmar cartas de renuncia. Los sindicalistas se vieron obligados a presentar una denuncia policial.

Anton Marcus, secretario adjunto de FTZ&GSEU, señaló:

“Las acciones de la dirección de Sumithra violan claramente los derechos fundamentales de los trabajadores garantizados en la constitución del país, así como los convenios de la OIT sobre la libertad sindical y el derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente. Estamos dispuestos a continuar las negociaciones con la empresa siempre que la dirección detenga todos los actos de violencia y represión contra nuestros miembros”.

Atle Høie, el secretario general de IndustriALL, expresó:

“Es completamente inaceptable usar la violencia contra los trabajadores que simplemente están ejerciendo sus derechos fundamentales. IndustriALL Global Union exhorta a Sumithra Group que aborde de inmediato los actos de violencia y negocie con el sindicato de buena fe”.

Sumithra Group tiene un historial de violación de los derechos de los trabajadores. En septiembre de 2020, se dejó de proveer algunos derechos básicos a los trabajadores, incluido el suministro de comidas y transporte, con la excusa de la COVID-19. Además, desde la dirección se había obligado a los miembros del sindicato a renunciar a su membresía.
 

Además de los bombardeos, los periodistas de Gaza se enfrentan al hambre

El primer artículo de esta serie es de Tim Dawson, subsecretario general de la Federación Internacional de Periodistas, que insta a todas las personas a contribuir al Fondo de seguridad de la FIP.

La estremecedora cifra de muertes de periodistas en Gaza se ha convertido en un titular familiar. El diez por ciento de los trabajadores de los medios de comunicación del enclave han sido asesinados desde el 7 de octubre, una tasa de mortalidad significativamente más alta que la de los soldados en la mayoría de las guerras.

Menos conocidas son las privaciones que padecen los que continúan trabajando y que, desde la exclusión de los reporteros internacionales del enclave, son la única fuente de noticias de Gaza.

“Todos los periodistas han cambiado de lugar para pasar la noche al menos cinco veces desde el comienzo de la guerra”,

dice Nasser Abu Baker, presidente del Sindicato de Periodistas Palestinos (PJS) y vicepresidente de la Federación Internacional de Periodistas.

“La mayoría de ellos viven en carpas y se van cambiando de una a otra a medida que el conflicto se apodera de más zonas en Gaza. Otros duermen en escuelas, junto con miles de otras personas desplazadas”.

Las condiciones son devastadoras. Baker describe una escuela, diseñada para 500 alumnos, en la que viven 30.000 personas. La presión sobre los 30 baños es inimaginable.

La comida es tan escasa que el PJS está financiando el suministro de harina a sus afiliados, con el apoyo de donaciones de periodistas y sus sindicatos en todo el mundo.

“En las últimas semanas, hemos suministrado 7000 paquetes de alimentos básicos”,

informa Abu Baker.

“Además de los 1300 periodistas, también estamos apoyando a sus familias, unas 6000 personas en total”.

El PJS espera proporcionar carpas, artículos para dormir y ropa de abrigo. Las duras restricciones a la circulación de mercancías hacia Gaza lo dificultan, pero el sindicato está trabajando con la UNESCO para tratar de encontrar una manera de lograrlo.

Debido a la escasez de alimentos, agua y combustible, las condiciones de trabajo de los periodistas son extremadamente difíciles. Tahseen Al-Astall, el vicepresidente del PJS, vive y trabaja en Gaza.

“Todos los días caminamos, caminamos y caminamos cargando nuestro equipo sobre los hombros”,

relata.

“Hay una historia en cada centímetro de Gaza y los periodistas estamos decididos a contarlas todas”.

Los frecuentes cortes de Internet, que suelen coincidir con los momentos de combate más feroces, también imposibilitan las comunicaciones ordinarias y retrasan la difusión de noticias.

Las privaciones extremas que enfrentan sus afiliados es solo uno de los desafíos del PJS. El sindicato cuenta con alrededor de 2300 afiliados (aproximadamente el 80 % de los periodistas palestinos), 1000 de los cuales asistieron a su congreso más reciente en mayo de 2022. Su junta directiva, políticamente plural, incluye hombres y mujeres de origen musulmán y cristiano. El personal del sindicato, con sede en Ramallah, Cisjordania, también enfrenta dificultades importantes para realizar su trabajo.

“Salir de Ramallah es casi imposible”,

dice Rania Khayyat, responsable de Relaciones Internacionales del PJS.

“Hay barricadas en todas partes, y el ejército israelí y los colonos nos atacan. Un viaje de 10 kilómetros puede llevar horas”.

Desde octubre, el PJS ha registrado más de 200 ataques contra periodistas en Jerusalén Este y Cisjordania.

Dejando de lado las dificultades prácticas, la creciente cifra de muertos arroja una sombra sobre todos los trabajadores de los medios de comunicación palestinos, cuya creencia generalizada es que están siendo atacados deliberadamente.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel llaman a los periodistas en Gaza para avisarles que ellos y sus familias están en la mira, y luego llegan los ataques: cohetes y misiles dirigidos deliberadamente con la intención de matarnos”,

dice Al Astall.

Con una tasa de mortalidad entre los periodistas que casi triplica la del personal de la salud en Gaza, sin duda hace falta responder a esta situación.

La Corte Penal Internacional ya se ha comprometido a investigar los ataques contra periodistas en Gaza. La decisión inicial de la Corte Internacional de Justicia en enero, que dispuso que Israel debía cumplir con los términos de la Convención sobre el Genocidio, refuerza las esperanzas de los habitantes de Gaza de que el derecho internacional todavía puede servir a sus intereses. La FIP apoyará acciones judiciales contra políticos y líderes militares israelíes si no cumplen con la decisión de la CIJ.

La respuesta a la crisis por parte de los sindicatos de periodistas de todo el mundo ha sido impresionante. Aunque pocos son pudientes económicamente, al menos según los estándares de los grandes sindicatos en general, se han recibido donaciones desde todas partes del mundo. Los periodistas particulares también han respondido al llamado. Con los fondos obtenidos, la FIP ha suministrado botiquines de primeros auxilios, baterías portátiles, alimentos, ropa de abrigo y kits de higiene femenina, entre otras cosas.

Se desconoce cuánto aumentará la cifra de muertos y qué condiciones enfrentarán los periodistas palestinos cuando terminen los combates. Por ahora, la solidaridad internacional les permite tener un mejor acceso a las necesidades básicas, así como les brinda la seguridad de que sus colegas de todo el mundo aprecian su trabajo.
 
Puede hacer una donación al Fondo de seguridad de la FIP

Tim Dawson es subsecretario general de la Federación Internacional de Periodistas.

El jefe de la oficina de Al Jazeera en Gaza, Wael Al-Dahdouh, reza durante el funeral de su hijo Hamza Wael Dahdouh, periodista de la cadena de televisión Al Jazeera, que murió en un ataque aéreo israelí en Rafah, en la Franja de Gaza, el 7 de enero de 2024. Crédito: AFP.

Fotografía: El jefe de la oficina de Al Jazeera en Gaza, Wael Al-Dahdouh, reza durante el funeral de su hijo Hamza Wael Dahdouh, periodista de la cadena de televisión Al Jazeera, que murió en un ataque aéreo israelí en Rafah, en la Franja de Gaza, el 7 de enero de 2024. Crédito: AFP.
 

India: trabajadores y trabajadoras de la confección protestan por retrasos en los aumentos salariales

Según la Ley de Salarios Mínimos, los gobiernos estatales indios deben aumentar el salario mínimo cada cinco años. Sin embargo, este no ha sido el caso para las personas que trabajan en el sector de la confección del estado de Tamil Nadu, donde la última revisión del salario mínimo se realizó en 2014, hace una década. El aumento nunca se implementó porque más de 500 fabricantes llevaron el asunto a la justicia, alegando que sería prácticamente imposible pagar los nuevos salarios. 

Hoy en día, las y los trabajadores de la confección en Tamil Nadu cobran entre INR 9875 (USD 119), en la categoría más baja, e INR 10.514 (USD 127), en la categoría más alta. Con la implementación del nuevo salario mínimo, la remuneración mensual oscilará entre INR 15.211 (USD 183) e INR 16.379 (USD 197) para ambas categorías, respectivamente.

En 2016, la justicia falló a favor de los trabajadores y confirmó la notificación del aumento salarial, así como ordenó a los fabricantes que pagaran el salario revisado inmediatamente, junto con la asignación vinculada a la inflación y los salarios atrasados a partir de diciembre de 2014. Una vez más, el nuevo salario no se implementó, ya que las empresas presentaron varias demandas ante el Tribunal Supremo.

En noviembre del año pasado, cuando se conoció la petición presentada, el Tribunal Supremo observó la inacción del gobierno estatal a la hora de revisar los salarios de la industria de la confección durante los últimos nueve años. El tribunal ordenó al estado que tomara medidas correctivas de inmediato.

El 6 de febrero, cuando el caso retornó al Tribunal Supremo luego de una solicitud especial del GAFWU, los miembros del sindicato presentes notaron que el juez se horrorizó al ver que el estado aún no había emitido la notificación salarial revisada.

En respuesta a las demandas de las trabajadoras que protestaban, el subcomisionado de trabajo les aseguró que el salario se determinaría de acuerdo con el proyecto de notificación de 2014, antes de la próxima audiencia del Tribunal Supremo.

Gautam Mody, coordinador de Unions United y miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL, expresó:

“Los salarios mínimos en la India son bajos y no se implementan correctamente, lo que repercute negativamente en los trabajadores y su capacidad para llevar una vida digna. Debemos priorizar los salarios dignos y garantizar su implementación efectiva en todos los estados. Los trabajadores en el extremo inferior de la pirámide están siendo empujados contra la pared, mientras que los empleadores se llevan todas las ganancias y los gobiernos simplemente hacen la vista gorda. Necesitamos mecanismos más fuertes y robustos para ofrecer un salario mínimo justo para poner fin a la arbitrariedad salarial en la cadena de suministro global”.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, declaró:

“El gobierno indio debe imponer el nuevo salario mínimo en la industria. Es terrible que las empresas puedan salirse con la suya con esta obstrucción durante tantos años. IndustriALL exige una acción inmediata para garantizar el pago de los salarios legítimos que les han sido negados a los trabajadores”.

Triunfo sindical en Pontus Footwear

En octubre de 2022, los trabajadores de Pontus formaron una sección sindical de CUMW y la registraron en el Ministerio de Trabajo y Formación Profesional. Como respuesta, la dirección amenazó a cuatro trabajadores para que se desafiliaran del sindicato, lo que llevó a su despido en enero de 2023.

En una carta enviada un mes después, IndustriALL Global instó a Pontus a reincorporar a los trabajadores sin demora y a respetar el derecho de los trabajadores a organizarse. Sin una respuesta concreta de la empresa, el CUMW, con la ayuda de IndustriALL, se reunió con representantes de VFC en Camboya para organizar una reunión de mediación con Pontus. 

El 28 de enero, casi un año y varias reuniones después, la dirección de Pontus y el CUMW firmaron un acuerdo en el que la empresa aceptó reincorporar a tres de los trabajadores despedidos en la primera semana de febrero con el pago de los salarios atrasados. Ambas partes acordaron construir relaciones laborales armoniosas y evitar medidas de represalia.
 
El presidente del CUMW, Pav Sina, expresó:

“Queremos agradecer profundamente a IndustriALL por haber llevado a VFC a celebrar una reunión de mediación con la dirección de Pontus Footwear sobre este caso, que se cerró el 28 de enero al llegar a un acuerdo mutuo entre las partes”.

Christina Hajagos-Clausen, directora del sector textil y de la confección de IndustriALL, declaró:

“Felicito al CUMW por su triunfo. Esta lucha muestra la importancia de involucrar a las marcas y proveedores en la resolución de conflictos laborales. IndustriALL continuará apoyando a sus afiliados para proteger los derechos humanos y laborales en la cadena de suministro global”.

Foto: Marcel Crozet / OIT 

Grupo latinoamericano de mujeres busca fortalecer la equidad de género

Por primera vez se llevó a cabo una reunión virtual del grupo de trabajo de mujeres sindicalistas de América Latina y el Caribe. Integrantes de 24 organizaciones afiliadas a IndustriALL en 12 países de la región participaron en el encuentro junto con integrantes del Comité Regional de Mujeres con miras a conversar sobre cuáles deben ser las prioridades para fortalecer la equidad de género desde los sindicatos nacionales.

La iniciativa surgió del Comité de Mujeres (compuesto por las integrantes del Comité ejecutivo de IndustriALL), quien propuso crear un grupo de trabajo para avanzar en la representación y el empoderamiento de mujeres dentro de las organizaciones afiliadas, así como fortalecer la incidencia de las mujeres en el trabajo sindical a nivel regional. .

La integrante del Comité ejecutivo regional de mujeres, Alejandra Angriman, explicó al comienzo de la reunión:

“Este espacio es importante, aunque no tenga estructura estatutaria. La idea es conformar un grupo para intercambiar información sobre lo que sucede en cada país. Queremos saber qué temas les preocupan en estos momentos y qué apoyo necesitan del comité de mujeres.

En este primer encuentro, nuestro principal objetivo es conocernos mejor y escuchar de ustedes cuáles deben ser las prioridades para fortalecer la equidad de género desde las bases”

Posteriormente las participantes procedieron a hablar de la situación en sus países. En el caso de Argentina, explicaron que atraviesan un momento sumamente difícil por los ataques del gobierno a los derechos de los trabajadores, especialmente de las mujeres. Por eso señalaron que el Día internacional de la mujer, 8 de marzo (8M), planean salir a la calle para defender los derechos. 

Por su parte, las participantes de Brasil comentaron que los sindicatos lograron aumentar 
la cantidad de mujeres y que incluso crearon secretarías de mujeres. Aseguran que el próximo 8M desean utilizar como bandera la necesidad de luchar por la equidad salarial frente al mismo trabajo y condiciones, para que todas las mujeres puedan empoderarse.

En tanto, las participantes de Chile destacaron que, si bien existe una brecha salarial en el país, consiguieron avanzar en otros aspectos. Por ejemplo, mediante la ley Karin y la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

En lo que respecta a El Salvador, las participantes señalaron que enfrentan pérdidas de empleos en el sector de la maquila textil que afecta la situación económica de las mujeres. Del mismo modo, las participantes de Honduras subrayaron que tienen problemas de desempleo y de criminalización a las mujeres, por lo que quieren luchar en defensa del empleo y de la seguridad de las mujeres trabajadoras.

La criminalización de las mujeres también fue uno de los temas que mencionaron que viven en México. Las líderes sindicales aseguraron que mueren 11 mujeres por día y que las trabajadoras enfrentan a diario acoso, inseguridad, precariedad laboral y desempleo. 

Al identificar que muchas de las problemáticas son comunes en varios países, resolvieron reunirse al menos dos veces al año, y mantener contacto entre las reuniones. La agenda de trabajo se definirá en base a los insumos compartidos durante la reunión. 

Además, enfatizaron en la importancia de pensar una actividad para el 8M que logre visibilizar los problemas que viven las mujeres de la región y que permita mostrar la unidad de acción en materia de género.

Finalmente, la secretaria regional adjunta de IndustriALL y responsable de género, Laura Carter dijo:

“El 8M un día para visibilizar la lucha de las mujeres. Queremos derechos, movilización y solidaridad. Será un desafío tener una única consigna o bandera de lucha, porque sabemos que hay diferencias muy grandes de un país a otro.

Sin embargo, para IndustriALL Global Union la consigna para el 8M será “Sin excusas” basada en nuestra nueva política de género”

Trabajadores iraníes suspenden la huelga tras llegar a un acuerdo con el empleador

En diciembre del año pasado, los trabajadores siderúrgicos del Iran National Steel Industrial Group (INSIG) en Ahvaz, en el sur de Irán, se declararon en huelga. A fin de mes, los manifestantes volvieron a trabajar luego de que la empresa prometiera implementar sus demandas.

Sin embargo, estos compromisos no se cumplieron, por lo que se reanudó la huelga el 22 de enero. Seis días después del reinicio, la huelga recibió el apoyo de miles de personas en las calles del centro de Ahvaz. 

El 30 de enero, los trabajadores siderúrgicos pusieron fin a la huelga luego de que la empresa renovara su compromiso de satisfacer sus demandas. El Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos y Mecánicos de Irán (UMMI), afiliado a IndustriALL, pidió a los trabajadores industriales, colegas y jubilados de toda la industria siderúrgica de Irán que se unan contra las prácticas de explotación y la codicia corporativa. Su mensaje es claro: juntos, podemos desafiar a las fuerzas que buscan socavar nuestro bienestar colectivo.

El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, afirmó:

“Los trabajadores en Irán están luchando por una vida mejor. IndustriALL se solidariza con ellos. Instamos a las autoridades a que cumplan con las demandas de los trabajadores y reconozcan a los sindicatos independientes".

Fotografía: Shutterstock

Tribunal indio falla a favor de trabajadores subcontratados del sector siderúrgico

Los trabajadores precarios subcontratados en Bokaro Power Supply Company (BPSC) pertenecen al Sindicato Jharkhand Krantikari Mazdoor (JKMU), afiliado a IndustriALL a través de Unions United. El JKMU ha estado librando una larga batalla legal por el pago de prestaciones sociales complementarias (AWA, por sus siglas en inglés) en forma de una asignación por asistencia de INR 1000 (USD 12) por mes a los trabajadores subcontratados de BPSC. Esto es lo mismo que se paga a los trabajadores subcontratados en la planta siderúrgica SAIL (Steel Authority of India Limited) de Bokaro, ubicada en las mismas instalaciones que BPSC. 

El 22 de febrero de 2017, el tribunal laboral falló a favor del JKMU al calificar de discriminatorio e injustificado al impago de las AWA a los trabajadores subcontratados de BPSC. El tribunal dictaminó que la dirección de BPSC debía pagarles lo mismo que se paga a los de SAIL, ya que ambas plantas operan en un mismo sitio y BPSC es el único proveedor de electricidad de la planta siderúrgica. Además, afirmó que la planta siderúrgica se paralizaría sin la central eléctrica de BPSC. El tribunal ordenó a BPSC que pagara a sus trabajadores subcontratados una asignación mensual por asistencia de INR 1000 (USD 12) a partir de octubre de 2009.

El 3 de enero de 2024, el Tribunal Superior de Jharkhand ratificó la decisión del tribunal laboral y anuló su sentencia anterior a favor de la dirección de BPSC. Cada trabajador subcontratado de esta empresa ahora tiene derecho al cobrar INR 172.000 (USD 2071). El valor de la cantidad mensual acordada se ha reducido casi a la mitad desde 2009 debido a la inflación. 

Gautam Mody, representante de Unions United y miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL, expresó:

“Los trabajadores subcontratados no son reconocidos por los empleadores y están sujetos a los caprichos y retrasos del sistema judicial que les niega sus derechos sindicales. No tienen derecho a la negociación colectiva y no están cubiertos por los convenios colectivos para los empleados permanentes. Son discriminados en todos los sentidos de la palabra”.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, declaró:

“IndustriALL felicita al Sindicato Jharkhand Krantikari Mazdoor por su lucha. Nos solidarizamos con todos los trabajadores subcontratados de Bokaro Power Supply. Creemos que la lucha contra el trabajo precario no es solo una lucha de los trabajadores precarios, sino de toda la clase trabajadora”. 

Fotografía: Shutterstock

Transportadora de Gas del Perú S.A. despide a trabajadores por formar sindicato

La Federación de trabajadores de la industria manufacturera y afines del Perú (FETRIMAP, afiliada a IndustriALL Global Union) afirma que la compañía desea eliminar al Sindicato unitario de trabajadores de transportadora de gas del Perú (SUTRATGP) a través del despido injustificado de sus integrantes.

En 2022 la empresa TGP compró a la Compañía operadora de gas del Amazonas (COGA) y absorbió a la mayoría de sus trabajadores. Sin embargo, el cambio de empleador significó peores condiciones laborales para estos trabajadores y decidieron iniciar un proceso de sindicalización para defender sus derechos.
 
Los trabajadores crearon al SUTRATGP en noviembre del 2023, el Ministerio de Trabajo lo reconoció el 18 de diciembre y el día 22 se lo comunicaron a TGP. Tan solo seis días después, la empresa responsable de la operación del sistema de transporte por ductos de gas, tanto para el mercado interno como para las exportaciones, procedió a despedir a 14 miembros del sindicato, entre ellos la junta directiva.

La compañía, clave en el sector energético de Perú, alegó en las cartas de despido que las personas afectadas eran empleados de confianza, cuando en realidad nunca fueron calificados de esta forma. En dicha comunicación, la empresa tampoco explicó cuáles fueron las supuestas falencias.

Fetrimap explica que, bajo presión de la empresa, cuatro de los empleados despedidos accedieron a firmar un convenio de mutuo disenso en la cual la empresa les otorgó beneficios adicionales. En tanto, los diez trabajadores restantes reivindican el fuero sindical y exigen su reintegro.

Por su parte, el secretario general de IndustriALL, Atle Høie, le escribió una carta al 
gerente general de la Transportadora de Gas del Perú S.A., Tomás Delgado Farizo, donde señaló que el comportamiento de la empresa representaba una grave violación al derecho internacionalmente reconocido de libertad de asociación y le solicitó que reintegre a las personas despedidas:

“Le instamos a proceder al reintegro inmediato de los trabajadores despedidos con pago de salarios caídos, y le invitamos a establecer un diálogo con el sindicato para asegurar el respeto de los derechos laborales en su empresa.

Favor de notar que, si no hay una respuesta favorable en un plazo de una semana, nos veremos obligados a considerar otros pasos, incluyendo la posibilidad de contactar a sus inversionistas.”

Dirigente sindical bielorrusa liberada de la cárcel

Zinaida fue detenida el 25 de marzo de 2022, luego de que se registrara su domicilio y su oficina sindical. Las acusaciones en su contra se basaron en materiales de una intervención telefónica, instalada debido a su calidad de activista sindical.

Actualmente, hay 1414 presos políticos en Bielorrusia. Entre ellos se encuentran docenas de dirigentes, activistas y miembros de los tres sindicatos afiliados a IndustriALL que el Tribunal Supremo de Bielorrusia suprimió en julio de 2022.

La represión y los ataques de parte del Estado contra sindicatos independientes, la sociedad civil y los derechos humanos son una respuesta a las protestas masivas contra la reelección de Lukashenko en agosto de 2020.

IndustriALL celebra que Zinaida se encuentre de nuevo en libertad, y exige la liberación de todos los dirigentes, activistas y miembros de sindicatos condenados por su lucha por la democracia, los derechos humanos fundamentales y los derechos de los trabajadores.