Acuerdos vinculantes: reforzar la seguridad de los trabajadores y reducir el riesgo

Se está generando impulso para garantizar la debida diligencia en materia de derechos humanos en las cadenas de suministro. A medida que IndustriALL continúa trabajando para expandir y fortalecer los acuerdos vinculantes negociados con las multinacionales, también está sensibilizando a los inversores sobre por qué estos acuerdos son clave para poner fin a las graves violaciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro mundiales, así como para lograr un cambio positivo a nivel sistémico y sectorial.

El 14 de marzo, IndustriALL coorganizó, junto con la Contraloría de la Ciudad de Nueva York, la tercera de una serie de mesas redondas de inversores sobre estos acuerdos vinculantes. Los gestores y propietarios de activos participantes representaban varios billones de dólares en activos bajo gestión. También se formó un grupo de trabajo de inversores para llevar adelante este trabajo.

Ante al creciente reconocimiento de que el autocontrol voluntario de las fábricas por parte de las empresas, o la auditoría social, es un mecanismo ineficaz, aumenta el interés en los acuerdos vinculantes. Un ejemplo emblemático es el Acuerdo Internacional para la Salud y la Seguridad en la Industria Textil y de la Confección, formado a raíz del derrumbe de la fábrica Rana Plaza en Bangladesh en 2013, que dejó más de 1100 de trabajadoras y trabajadores muertos y miles más heridos.

Este Acuerdo ilustra algunas de las diferencias fundamentales entre los acuerdos vinculantes y las auditorías comerciales, que incluyen la gobernanza (la participación de los trabajadores está incorporada, lo que aumenta la estabilidad y el apoyo); la rendición de cuentas (tanto un mecanismo de quejas de los trabajadores como el arbitraje vinculante proporcionan más fuerza y prevén consecuencias en caso de incumplimiento); la transparencia, en forma de informes públicos; y la independencia (las fábricas son inspeccionadas por expertos calificados e independientes). Este Acuerdo ha ayudado a reducir drásticamente las violaciones relacionadas con la salud y seguridad laboral (SSL) en las fábricas adheridas, a capacitar en SST a más de 1,7 millones de trabajadores y ha proporcionado un sólido mecanismo de reclamación y reparación a las personas afectadas.

Sin embargo, la auditoría social sigue siendo un gran negocio. Según algunas estimaciones, la industria de la auditoría genera 80 mil millones de dólares al año. Muchos minoristas y marcas multinacionales y minoristas parecen no estar dispuestos a renunciar a ella, a pesar de su lamentable historial en materia de derechos humanos y de su incapacidad para reducir los riesgos a los que se enfrentan las empresas con cadenas de suministro inseguras, ya sean estos riesgos reputacionales, jurídicos, financieros u operativos.

Los acuerdos vinculantes no tienen el potencial de prevenir y mitigar los abusos graves de los derechos humanos en las cadenas de suministro mundiales, así como de ofrecer vías de reparación genuinas a los trabajadores cuyos derechos han sido violados, sino que también pueden ser un mejor indicador de la diligencia debida de la cadena de suministro, como lo exige la legislación emergente en múltiples jurisdicciones. Esto significa que tienen más probabilidades que la auditoría social de reducir el riesgo en las cadenas de suministro y, por lo tanto, en las carteras de los inversores que poseen acciones en estas empresas globales.

Christina Hajagos-Clausen, directora del sector textil de IndustriALL, expresó:

“Esta es la razón por la que IndustriALL está trabajando con inversores institucionales para generar conciencia sobre los riesgos involucrados. Los accionistas son un actor importante en el cambio del comportamiento corporativo, y las conversaciones con ellos indican su impaciencia con la inercia en torno a la auditoría social. También están buscando alternativas a este modelo y formas de involucrar a sus empresas".

Contraloría de la Ciudad de Nueva York

La Contraloría administra los activos de cinco fondos públicos de pensiones, que constituyen los ahorros de jubilación de más de 700.000 empleados actuales y anteriores de la ciudad de Nueva York. Se trata del cuarto fondo público de pensiones más grande de Estados Unidos.

Cierre de centrales eléctricas en Zimbabue afectará 560 puestos de trabajo

Según el ZEWU, la Compañía Eléctrica de Zimbabue (ZPC), propietaria de las centrales eléctricas, no consultó al sindicato sobre estos cierres inminentes, lo que constituye una práctica laboral desleal. Para exigir esta consulta, el ZEWU, que ha escrito cartas a la dirección, sostiene que impugnará los procedimientos si el empleador no logra dialogar al sindicato sobre el cierre de las centrales. El sindicato teme que algunas de las decisiones que se tomen en su ausencia tengan un efecto perjudicial sobre las condiciones de trabajo y el bienestar de los trabajadores.

Según la ZPC, las centrales eléctricas que se cerrarán son las de Bulawayo, Harare y Munyati, ya que se construyeron hace más de medio siglo y ya no están activas.

El secretario general del ZEWU, Martin Chikuni, expresó:

“Estamos seriamente preocupados por el enfoque unilateral de la dirección de ZPC, ya que viola claramente los principios de justicia social y democracia en el lugar de trabajo consagrados en la Ley del Trabajo (capítulo 28:01). Los empleados tienen derecho a involucrarse y participar, a través de su sindicato, en las decisiones que afecten sus intereses a nivel laboral”.

Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, afirmó:

“Involucrar a los sindicatos en temas que afectan los intereses y el bienestar de los trabajadores es una de las demandas que tenemos para que la transición de las centrales eléctricas a carbón sea justa. Esto explica por qué apoyamos los esfuerzos del ZEWU para entablar un diálogo social sobre el cierre y la reconversión de las centrales eléctricas en Zimbabue. No hay Transición Justa sin la participación de los trabajadores”.

El sindicato quiere dialogar con la Autoridad de Suministro Eléctrico de Zimbabue (ZESA Holdings) tras el anuncio de parte del Gobierno del país de que ZESA Holdings y sus filiales, ZPC y Powertel Communications, pasarán a formar parte de las empresas estatales que conformarán el Fondo de Inversiones Mutapa (MIF), anteriormente el Fondo Soberano de Zimbabue.

La organización sindical sostiene que el futuro de los trabajadores de estas compañías eléctricas es incierto, ya que las condiciones en las que fueron transferidas al MIF no están claras. Además, afirma que no fue consultado cuando se tomó la decisión.

La generación de energía de Zimbabue proviene principalmente de las centrales hidroeléctricas y térmicas en Kariba y Hwange, respectivamente. Menos del cinco por ciento de la energía del país proviene de la energía solar.

Acuerdo de la OIT representa un avance importante en materia de salarios vitales

Esta semana de reuniones tripartitas, en las que participaron los mandantes tripartitos de la OIT, es decir, representantes de gobiernos, empleadores y empleadores, dio lugar a una serie de recomendaciones sobre la cuestión de los salarios vitales.

Este documento aporta claridad al concepto de “salario vital”, y explica que se trata de un nivel salarial necesario para permitir un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias, que debe determinarse considerando las circunstancias del país y calcularse para el trabajo realizado durante las horas normales de trabajo. Además, este cálculo debe seguir los principios de la OIT para estimar el salario vital y llevarse a cabo mediante el proceso de fijación de salarios de acuerdo con los principios de la OIT sobre la fijación de salarios.

Según el acuerdo, las prácticas de fijación de salarios deben basarse en las siguientes instituciones y principios: el uso de la negociación colectiva y el diálogo social tripartito; la consideración de las necesidades de los trabajadores y sus familias, así como de los factores económicos; la promoción de la igualdad de género, la equidad y la no discriminación en las políticas salariales y los mecanismos de fijación de salarios; y la utilización de datos y estadísticas sólidos para favorecer un enfoque basado en la evidencia, lo que significa diseñar e implementar políticas adecuadas que requieran datos representativos, estadísticas actualizadas y fiables, y análisis de datos, algo que no suele estar disponible en muchos países.

Este documento estipula las metodologías que se utilizarán para estimar los salarios vitales, tales como la estimación de las necesidades de los trabajadores y sus familias a través de métodos prácticos, la consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores sobre las estimaciones de los salarios vitales, la participación de los interlocutores sociales y los ajustes periódicos para tener en cuenta los cambios en el costo de vida y los patrones de consumo.

En el futuro, los expertos recomiendan crear conciencia sobre los salarios vitales a través de la orientación y la información, participar en iniciativas en materia de salarios vitales para promover la armonización con los principios de la OIT relativos a este tema y realizar más investigaciones sobre las tendencias y avances en relación con los salarios vitales mediante el intercambio de conocimientos y experiencias.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, expresó:

“Celebramos este acuerdo. La brecha entre ricos y pobres se está ampliando cada año. Este acuerdo establece pautas adecuadas sobre cómo podemos cerrarla y garantizar que todos los trabajadores salgan de la pobreza y puedan mantenerse a sí mismos y a sus familias. Es muy importante que los electores reconozcan la importancia de la negociación colectiva en el proceso de alcanzar acuerdos nacionales sobre la definición de un salario vital, y que los salarios vitales sean reconocidos como un derecho humano”.

Fotografía: Shutterstock

Hacia una Transformación Justa y Sostenible en la Industria Automotriz

La industria automotriz mundial se encuentra inmersa en una transformación sin precedentes, impulsada por la necesidad de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Este cambio, vital para el compromiso social y ambiental, afecta a más de 2 millones de trabajadores en todo el mundo, desde fabricantes hasta distribuidores, pasando por concesionarios y empresas vinculadas al sector como la fabricación de componentes entre otros.

IndustriALL Global Union ha participado en las jornadas realizadas en Valencia por su afiliada en España, UGT FICA, y que han sido un espacio crucial para abordar los desafíos de la industria automotriz. Desde la adaptación de los centros fabriles hasta la identificación de nuevos perfiles y cualificaciones profesionales, se ha debatido sobre cómo enfrentar los retos de manera colaborativa entre empresas, administraciones públicas y sindicatos.

A nivel nacional, Mariano Hoya, Secretario General de UGT FICA hizo varias reivindicaciones, entre ellas el contrato de relevo y la reducción del tiempo de trabajo.

“El contrato de relevo es considerado un elemento vital para garantizar el relevo generacional y la competitividad del sector. Asimismo, apostamos por una reducción del tiempo de trabajo, ante la transformación del mercado laboral debido a la robotización y la descarbonización.”

Es crucial que las empresas, las administraciones públicas y los sindicatos trabajen en conjunto para garantizar una transición justa y ordenada en la industria automotriz. Durante todas las jornadas se pudo observar la gran coincidencia en los objetivos entre todas las partes involucradas. Fue evidente que todas las partes llevan tiempo trabajando juntas para enfrentar los desafíos futuros y asegurar el futuro sostenible de la industria y de los trabajadores.

Diana Junquera Curiel, Directora de la industria energética y transición justa hizo una presentación en la mesa redonda sobre nuevas formas de propulsión sostenible, mostrando el impacto que los cambios tendrán en los trabajadores. Desde el sindicato global que representa a los trabajadores de la industria automotriz en todo el mundo, se insiste en la necesidad de una transformación justa que garantice la continuidad del empleo y la estabilidad económica, aprovechando en los casos que existan, fondos como los europeos para facilitar la transición. En este sentido, se apuesta por medidas medioambientalmente sostenibles y siempre con la premisa de garantizar una transición coherente, que dé tiempo a la reestructuración y reorganización necesarias.

En este sentido, hubo un mensaje claro por parte de Diana Junquera, directora de Industria Energética y Transición Justa de IndustriALL Global Union:

"La transición hacia una industria automotriz más sostenible debe priorizar la protección de los trabajadores y garantizar su participación activa en este proceso de cambio. Los sindicatos debemos estar preparados para adaptarnos a los cambios inevitables que se avecinan, para seguir siendo un actor relevante en la defensa de los derechos laborales en la industria automotriz a nivel global.”

Trabajadores de Volkswagen en EE. UU. solicitan una elección sindical

El personal de Volkswagen presentó una petición a la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo para realizar una votación para unirse al UAW, después de que una gran mayoría de los trabajadores de la planta firmaran tarjetas sindicales en solo 100 días.

Los trabajadores se están poniendo de pie para expresar que votarán por el “sí”, ya que necesitan un cambio, quieren ser escuchados y tener voz y voto en cuanto a sus condiciones de trabajo, y creen en el poder del UAW y en las personas que lo respaldan.

Se trata de la primera planta automotriz no sindicalizada que solicita una elección sindical entre docenas de plantas del sector en las que los trabajadores se han estado organizando en los últimos meses. Este esfuerzo de base surgió al calor de la victoria sin precedentes obtenida por los trabajadores de las tres grandes empresas automotrices durante las históricas huelgas del UAW.

Atle Høie, el secretario general de IndustriALL, expresó:

“Una gran mayoría de trabajadores de Volkswagen en Chattanooga han firmado tarjetas sindicales y están a punto de conseguir, finalmente, un contrato con el UAW. Volkswagen debe mantenerse al margen y dar a sus trabajadores una oportunidad justa de ejercer sus derechos constitucionales. Cualquier intento de atacar al sindicato dañaría gravemente la reputación de la empresa y no será tolerado”.

La planta de Chattanooga es la única planta de ensamblaje de Volkswagen en EE. UU. y emplea a más de 4000 personas. Está ubicada en el sur de este país, que es probablemente una de las regiones más antisindicales del mundo. Durante muchos años, Volkswagen ha sido agresivamente antisindical en Estados Unidos, así como ha pagado grandes sumas de dinero a bufetes de abogados antisindicales en lugar de invertir en sus empleados y productos.

Sindicatos latinoamericanos expresan solidaridad con trabajadores de Argentina

IndustriALL Global Union organizó una reunión virtual con los afiliados de la región el 14 de marzo para brindarle a los trabajadores de Argentina un espacio para compartir información sobre cuál es la situación que atraviesan en el país, y que los demás países pudieran brindarles apoyo.

La vicepresidenta de IndustriALL para América Latina y el Caribe, Lucineide Varjao dijo:

“Argentina atraviesa transformaciones políticas y un momento crucial. En Brasil tuvimos un gobierno reaccionario, machista y homofóbico durante cuatro años y enfrentamos esos mismos problemas. Cuando pasamos por todo eso, los compañeros de Argentina fueron muy importantes para poder enfrentar ese momento. Estamos retribuyendo esa solidaridad y afecto.

Necesitamos conectarnos como trabajadores de América Latina y el Caribe para apoyar a los países que pueden pasar por esto. Debemos fortalecernos en esta lucha y resistir juntos.”

En tanto, los miembros del Comité ejecutivo regional de IndustriALL provenientes de organizaciones sindicales de Argentina tomaron la palabra para explicar qué es lo que atraviesan. Explicaron que los precios de los servicios, que antes estaban regulados por el estado, se dispararon, escaló la inflación, aumentó tanto el combustible como el precio de los alimentos esenciales y hubo una caída del poder adquisitivo de los salarios. Además, el Ministerio del trabajo ya no existe y ahora es una secretaría, y el gobierno busca privatizar las empresas públicas.

Destacaron que, gracias a la acción de las centrales sindicales consiguieron declarar la invalidez del capítulo laboral del Decreto de necesidad y urgencia que proponía el gobierno de Milei para establecer límites al derecho a huelga y cambios en las indemnizaciones por despido, entro otros puntos. Aseguraron que la huelga que organizaron contra las reformas de Milei fue muy contundente para demostrar que los trabajadores no están dispuestos a ceder sus derechos y que la solidaridad internacional se hizo sentir.

Además, participaron dirigentes sindicales de la agencia de noticias estatal de 79 años de antigüedad, Telam, para pedir solidaridad frente a la intención del presidente Milei de cerrar la agencia, lo cual consideran un ataque a la soberanía informativa y a la libertad de expresión. Los dirigentes argentinos pidieron el respaldo de todos sindicatos presentes en el evento virtual, de sus gobiernos opositores a Milei y de su solidaridad para mantener la esperanza y poder transformar esta realidad.

Finalmente, el secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, concluyó:

“Los sindicatos de Argentina realmente luchan para defender sus derechos a la luz de las propuestas de Milei. No podemos permitir que los ataques antidemocráticos se den en Argentina. Tenemos que fortalecer las acciones, seguir fortaleciendo nuestra solidaridad conjuntamente, tener un rol principal en la agenda global como sindicatos y recurrir a las instituciones internacionales.
Debemos defender la justicia social, la democracia, luchar por la paz, por la equidad y mejorar los estándares de vida para todos. Otro mundo es posible y necesario. Trabajemos y luchemos juntos.”

200 trabajadores son desvinculados por cierre de Tsakos Industrias Navales en Uruguay

La empresa de origen griego informó que cierra sus operaciones después de 50 años en el país sudamericano. La compañía mantenía paralizada sus operaciones desde que su dique flotante reparador de buques se hundió en 2022. Tsakos Industrias Navales dijo que no encontró una solución.

La Union Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra, afiliada a IndustriALL Global Union en Uruguay) representa a los trabajadores de la empresa e informó que Tsakos Industrias Navales les comunicó sobre el cierre de la empresa el 29 de febrero. La organización sindical dijo que esa decisión significó “el despido del total de los trabajadores y que más de 200 familias quedaran sin trabajo”.

El presidente de la central sindical PIT-CNT y secretario general de la Untmra, Marcelo Abdala, trabajaba de manera zafral en la compañía y realizó una asamblea con los trabajadores para establecer una hoja de ruta de acciones. El Comité Ejecutivo de la UNTMRA manifestó que continuará luchando en defensa del trabajo y de la industria naval, ya que considera que el puerto necesita un dique, debido a que le da un valor agregado al país. Una de las acciones que llevará a cabo es una movilización la semana entrante contra el cierre de Tsakos, entre otros ejes.

“Esta es una industria de trabajadores calificados, con salarios adecuados, formales y organizados, que captura divisas porque es una actividad netamente exportadora y naturalmente por un conjunto de encadenamientos industriales que tiene, genera un efecto multiplicador que derrama en el resto de la industria”

sostuvo la Untmra en un comunicado oficial.

Por esa razón, exhortó al sistema político y a las autoridades a “contribuir con las soluciones necesarias para el trabajo de los uruguayos”. El presidente de la Untmra, Danilo Dárdano dijo que se reunieron con autoridades del puerto y del Ministerio de trabajo para solicitar un seguro de desempleo especial para los trabajadores afectados que seguramente se haga efectivo.

Por su parte, el secretario regional adjunto de IndustriALL, Cristian Alejandro Valerio, dijo:

“Desde la oficina regional acompañamos la lucha de la Untmra por sostener la actividad naval en Uruguay. Instamos a la empresa TSAKOS a rever su decisión, o en su defecto, al gobierno uruguayo a trabajar para conseguir rápidamente que alguien se haga cargo de estas operaciones en el puerto.
Es imperativo que en un país rodeado de ríos navegables y mar tenga una actividad naval fuerte y con mano de obra local. Por esta razón, exhortamos a las autoridades locales a trabajar junto con el sindicato para conseguir estos objetivos.”

Los sindicatos namibios luchan por la igualdad de género

Los discursos de la vicepresidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, en las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, en las que participaron el Sindicato de Trabajadores del Metal y Afines de Namibia (MANWU) y el Sindicato de Mineros de Namibia (MUN), ambos afiliados a IndustriALL, confirman que ella está luchando junto con los trabajadores y trabajadoras por la igualdad de género.

Los sindicatos sostienen que su participación es una de las razones por las que Namibia fue el primer país africano en ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Como ministra de Asuntos de la Mujer, llevó a cabo una campaña nacional para romper las barreras arraigadas en las normas culturales. Nandi-Ndaitwah ha declarado que estas normas culturales dañinas son las responsables de la violencia y el acoso basados en género (VABG) en el lugar de trabajo y que erradicarlas tiene un impacto directo en su erradicación. Además, aboga por la inclusión de una perspectiva de género en el lugar de trabajo y ha aceptado invitaciones a eventos sindicales.

Su experiencia en la esfera gubernamental también es amplia y comprobada, ya que se remonta a la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing en Namibia y en el continente.

El 8 de marzo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Namibia, una de las tres centrales sindicales del país, organizó un acto por el Día Internacional de la Mujer bajo la siguiente consigna: “Inspirando a las mujeres en el liderazgo para la inclusión”. En esta instancia, Nandi-Ndaitwah expresó:

“Este año, la ONU eligió el lema ‘Invertir en las mujeres, acelerar el progreso’ para el Día Internacional de la Mujer, lo que resalta la importancia de la igualdad de género. Permítanme reafirmar el compromiso del gobierno de Namibia con el empoderamiento de las mujeres en la sociedad, con miras a erradicar las injusticias históricas y culturales contra las mujeres, que socavan su capacidad para desarrollar plenamente su potencial económico”.

En cuanto a la brecha salarial de género, afirmó que todas las personas, independientemente de su género, deben recibir la misma remuneración por un trabajo de igual valor.

En la conferencia del MUN realizada anteriormente, centrada en el empoderamiento de las mujeres y su preparación para futuros roles de liderazgo, declaró:

“Como gobierno, hemos allanado el camino para las luchas de las mujeres con nuestras experiencias, así como hemos progresado constantemente a través de la constitución, las leyes y las políticas nacionales. Luchamos contra la desigualdad de género porque esta priva a las mujeres de oportunidades”.

Sin embargo, para lograr el empoderamiento de las mujeres, afirmó que debe haber una representación y toma de decisiones inclusivas en los lugares de trabajo, y se deben promover políticas de sensibilización en materia de género. Además, sostuvo que la formación profesional debe incluir la negociación colectiva. La jerarca hizo hincapié en la necesidad de actuar contra la VABG, un obstáculo para el empoderamiento de las mujeres, y de desmantelar las normas culturales dañinas que la perpetúan.

Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, declaró:

“Es tranquilizador saber que contamos con defensores de la igualdad de género en el gobierno de Namibia, como es el caso de la vicepresidenta, Nandi-Ndaitwah. Esto es importante para la búsqueda de los sindicatos de una participación significativa en el diálogo social, sin la hostilidad antisindical que hemos presenciado en algunos países, así como garantiza que los problemas de las mujeres namibias tendrán un lugar prioritario en la agenda”.

El ataque contra lxs trabajadores esenciales y la infraestructura civil de Gaza es un ataque contra todxs nosotrxs.

En toda Gaza, lxs trabajadores de los servicios públicos se enfrentan a escenas de una devastación inimaginable: 392 centros educativos destruidos; 132 pozos de agua fuera de servicio; 24 hospitales inutilizados y los 11 restantes sólo funcionan parcialmente. Toda la red energética permanece fuera de servicio debido a las restricciones a la importación de combustible y al corte de las líneas externas. La falta de electricidad ha obligado a cerrar las plantas de desalinización y de tratamiento del agua, y las aguas residuales fluyen abiertamente por las calles. La falta de lavabos obliga a muchas mujeres a tomar píldoras para retrasar la menstruación.

Sin embargo resisten, entre los escombros y las ruinas. Lxs trabajadores del sector del agua luchan por evitar la deshidratación tras la destrucción de tuberías y acuíferos. Médicos y enfermerxs salvan vidas mientras temen por las suyas. Lxs trabajadores humanitarixs se enfrentan a la tarea imposible de alimentar y alojar a una población desplazada del tamaño de Barcelona, dentro de una "zona segura" de unos pocos kilómetros cuadrados.

Gaza es ahora el lugar más peligroso de la Tierra para ejercer la medicina, con más de 340 profesionales de la salud muertos. Más de 150 funcionarixs de las Naciones Unidas han muerto, el mayor número de víctimas mortales en un conflicto en los 78 años de historia de la organización. En palabras del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus: "¿En qué tipo de mundo vivimos cuando la gente no puede conseguir comida ni agua, cuando lxs trabajadores de la salud corren el riesgo de ser bombardeadxs mientras realizan su labor de salvar vidas?".

Las víctimas civiles se han visto agravadas por los ataques contra lugares como asociaciones jurídicas, universidades, sedes sindicales, telecomunicaciones, carreteras, bloques de viviendas de gran altura e incluso edificios de la ONU. Una fuente de los servicios de inteligencia israelíes ha declarado que la principal motivación de estos ataques es causar "daños a la sociedad civil". Otro afirma: "Nada ocurre por accidente. Cuando matan a una niña de tres años en una casa de Gaza, es porque alguien del ejército decidió que no era un gran problema que la mataran, que era un precio que valía la pena pagar para alcanzar [otro] objetivo".

No debería ser necesario repetir que los ataques contra civiles e infraestructuras no militares son ilegales según la legislación internacional de derechos humanos. Todos los gobiernos y actores tienen la obligación, en virtud de los Convenios de Ginebra, de proteger a la población civil, especialmente a quienes prestan servicios vitales en zonas de conflicto. Hacer que las normas de derechos humanos sean opcionales o dependan del contexto envía un mensaje peligroso, pone en peligro a lxs trabajadores de los servicios públicos y socava los derechos de todxs nosotrxs.

En nuestro 31 Congreso Mundial, que se celebró en Ginebra del 14 al 18 de octubre de 2023, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) condenó los atentados terroristas del 7 de octubre perpetrados por Hamás, en los que murieron más de mil personas, y pidió la liberación de todxs lxs rehenes. También señalamos que la reacción de Israel de castigar colectivamente a toda la población de Gaza por las acciones de Hamás no era justificable y pedimos un alto el fuego inmediato y el fin del bloqueo ilegal.

"En enero, el Tribunal Internacional de Justicia determinó que es plausible que se esté produciendo un genocidio en Gaza y ordenó a Israel que tomara medidas. Sin embargo, altxs funcionarixs occidentales lamentan que apenas se hayan producido mejoras, y uno de ellos, según The Guardian, afirma: "Es calamitoso y cada vez peor". El Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación afirma que "Israel está destruyendo la infraestructura civil, el sistema alimentario y a lxs trabajadores humanitarixs además de permitir este grado de desnutrición y hambre."

Los testimonios de nuestrxs colegas de Gaza reflejan esta valoración. En diciembre, la ISP llevó la voz de Ilias Al-Jalda, vicepresidente del Sindicato General de Trabajadores de la Salud de Gaza, a una reunión de emergencia de la OMS para garantizar que lxs trabajadores de la salud fueran escuchados en este debate al más alto nivel. En aquel momento no podía salir de Gaza y se refugiaba con su familia y su anciana madre en una iglesia bajo los bombardeos. Describió a lxs líderes mundiales cómo "la Franja de Gaza se ha convertido en un escenario donde los derechos humanos se violan de forma rutinaria".

En la actualidad, el 90% de lxs niñxs y mujeres embarazadas de Gaza sufren una grave escasez de alimentos y agua. Lxs profesionales de la salud informan de la muerte de niñxs por deshidratación, desnutrición y enfermedades, con cientos de miles más en peligro. Nos lo cuenta el Dr. Salama Abu Zaiter: "Incluso antes de la guerra, nuestro sindicato estaba presionando para que se construyera un hospital muy necesario en Rafah. Ahora hay aquí 1,5 millones de personas, entre ellas muchxs niñxs con heridas graves y enfermedades que sencillamente no podemos tratar."

Sin embargo, 16 países que financian a la UNRWA, la principal agencia de ayuda de la ONU en Gaza, han suspendido los pagos tras las denuncias israelíes de que 12 personas de entre los 30.000 empleadxs de la organización tenían vínculos con el atentado del 7 de octubre. Estas personas fueron despedidas inmediatamente y, aunque Israel aún no ha presentado pruebas a la ONU que respalden las acusaciones, las investigaciones siguen su curso.

Como muchxs trabajadores de los servicios públicos le dirán, es una táctica habitual de la derecha reaccionaria escandalizar a los servicios públicos cuando las personas que trabajan en ellos cometen, o presuntamente han cometido, un delito. Es una táctica repetidamente utilizada y manipulada con fines políticos por quienes quieren socavar la prestación de servicios públicos vitales y recortar su financiación. No es aceptable en nuestros propios países, y no es aceptable en Gaza.

El Consejo de Sindicatos Globales ha dejado claro: "La población de Gaza y nuestrxs miembros dependen de la ayuda vital que proporciona UNRWA." UNRWA coordina el 98,5% de todos lxs trabajadores de ayuda de la ONU en Gaza. Su cierre sería catastrófico para los cinco millones de refugiadxs a los que ayuda en Palestina, Líbano, Jordania y Siria, y podría alimentar una crisis regional. En Australia, el Consejo Australiano de Sindicatos ha pedido al gobierno laborista que restablezca urgentemente la financiación de la UNRWA. La UE ya ha reanudado las contribuciones a la UNRWA, y otros países deben seguir su ejemplo.

En tiempos de guerra, lxs trabajadores y los servicios públicos esenciales son a menudo lo único que se interpone entre la vida y la muerte. Este conflicto está demostrando la catástrofe humanitaria que provoca su destrucción. Nuestro movimiento sindical mundial nunca aceptará la matanza de civiles, el bombardeo de infraestructuras vitales o el ataque a nuestrxs compañeros como métodos válidos de guerra, ni en Gaza ni en ningún otro lugar.

Los sindicatos pueden:

Abogar por el fin de las restricciones a los suministros de ayuda para restablecer los servicios esenciales y satisfacer las necesidades de la población civil de Gaza a fin de restablecer la dignidad y los derechos humanos:
Pedir la importación sin trabas de medicamentos, vacunas y equipos médicos vitales para hacer frente a la crisis sanitaria.
Exigir el acceso a la atención en centros médicos fuera de Gaza y la libre circulación de lxs pacientes, incluida la apertura del paso fronterizo de Rafah,
Presionar a sus gobiernos para que financien la prestación de servicios públicos para paliar la crisis humanitaria, incluida la financiación de la UNRWA.
Pedir a sus gobiernos que apoyen un alto al fuego inmediato.

Puede hacer un donativo al Fondo de Solidaridad con Gaza de la ISP para proporcionar ayuda humanitaria y apoyo a lxs trabajadores de los servicios públicos.

Foto: 27 de noviembre de 2023, familias palestinas que huyen del norte de la Franja de Gaza para dirigirse al sur ©️ Foto de la UNRWA por Ashraf Amra

Los trabajadores filipinos exigen mejores salarios

La Ley de Recuperación Salarial fue una iniciativa del congresista Raymond Mendoza, de la lista del partido TUCP, quien la presentó en 2023 para combatir la escalada de la inflación y la caída de los salarios reales.

Según la central sindical, las juntas salariales regionales no han ayudado a los trabajadores a mejorar sus salarios de una forma proporcional al aumento de la productividad y el producto bruto interno. Un incremento salarial fortalecería el poder adquisitivo de los trabajadores y reduciría el hambre.

El 29 de febrero, cuando se presentó el proyecto de ley, veinte miembros de la APTU se manifestaron frente al Congreso. Se espera que el Congreso celebre tres sesiones más y que se establezca una comisión bicameral para consolidar los proyectos de ley y decidir el monto del aumento, después de lo cual el presidente filipino aprobará o vetará estos proyectos.

Los sindicatos filipinos continuarán abogando por salarios más altos para los trabajadores y trabajadoras. La Asociación de Sindicatos (ALU) acoge con beneplácito las medidas actuales destinadas a centrar las discusiones nacionales en los temas más importantes para los filipinos en dificultades.

“El salario neto de los trabajadores debe ser suficiente para cubrir al menos los alimentos y las necesidades básicas de sus familias. Los jornales mínimos en Filipinas siguen estando por debajo de los umbrales de pobreza. Los trabajadores están acostumbrados a pequeños recortes en la brecha salarial. No obstante, seguiremos defendiendo los derechos laborales básicos en el Congreso, en las juntas salariales, en las industrias y en las empresas”,

afirmó Eva Arcos, vicepresidenta nacional de la ALU.

“Implementar un aumento salarial generalizado no es solo una cuestión económica, sino también de justicia social. Esto les permitirá a los trabajadores hacer frente, de una forma u otra, a las desigualdades del sistema económico y hacer valer sus derechos político-económicos”,

declaró Darius Guerrero, secretario nacional de la Organización General de Trabajadores del Comercio de Filipinas (PTGWO).

IndustriALL apoya esta iniciativa legislativa, ya que los trabajadores y trabajadoras filipinos se han visto muy afectados por el aumento de los precios resultantes de la pandemia de COVID-19 y el impacto de las tensiones geopolíticas.

Ramon Certeza, secretario regional de IndustriALL para el Sudeste Asiático, expresó:

“Seguiremos apoyando a nuestros afiliados en el desarrollo de un plan de acción nacional destinado a lograr no solo un salario mínimo, sino también un salario digno”.