En camino hacia una Transición Justa para los trabajadores del sector textil y de la confección

Partes interesadas de la Comisión Europea, la OIT, el gigante sueco de la confección H&M y sindicalistas de todo el mundo intercambiaron sus puntos de vista sobre una industria textil y de la confección cambiante, en la que el foco principal ha pasado de las preocupaciones por la salud y la seguridad, tras el derrumbe de Rana Plaza, al abordaje del cambio climático y el auge de la moda ultrarrápida a través de la sostenibilidad y la circularidad.

Cada vez más gobiernos y marcas están adoptando objetivos de circularidad y sostenibilidad, así como introduciendo medidas relativas a recursos importantes como el agua y la energía. Este cambio a favor de la ecología suele ir acompañado de nuevas tecnologías que modifican las funciones de los puestos de trabajo y exigen nuevas competencias. Sin embargo, las personas solo podrán adquirir nuevas competencias y acceder a estos nuevos empleos “verdes y digitales” si existen sistemas de capacitación para los puestos de trabajo del futuro.

Mikael Garellick, asesor principal de la Comisión Europea en el sector textil, destacó el doble papel de la UE como gran exportador e importador de productos textiles y de confección. La estrategia textil de la UE contiene 16 textos legislativos comunitarios que afectarán a todos los productos textiles comercializados en el mercado europeo. Esta nueva legislación, al igual que la introducción de normas de diseño ecológico y la prohibición de destruir la ropa que no se venda, es un paso hacia la sostenibilidad y espera transformar la fabricación textil en todo el mundo.

Casper Edmonds, jefe de la Unidad de Industrias Extractivas, Energía y Manufactura, punto focal para la economía circular en la OIT, hizo hincapié en que las soluciones deben centrarse en el ser humano y en la necesidad de dar prioridad a las personas en la industria, garantizando que los trabajadores sigan siendo parte de su futuro. Existe el riesgo de que el cambio hacia una industria orientada a los servicios provoque la pérdida de puestos de trabajo en lo que ahora son sectores sólidamente sindicalizados, lo que empujaría a los trabajadores hacia entornos menos regulados.

“Corremos el riesgo de perder puestos de trabajo sindicalizados realmente buenos y tendremos que volver a luchar por nuestros derechos fundamentales",

expresó Casper Edmonds.

“Todos los trabajadores de la industria tienen derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, y las nuevas tecnologías traen consigo nuevos problemas en este sentido. Los sindicatos desempeñan un papel crucial y deben seguir sindicalizando, incluso a las personas que ocupan los puestos de trabajo creados por la economía circular”.

La organización sindical es crucial, especialmente para los empleos recién creados dentro de la economía circular. Las directrices de la OIT abogan por una cooperación total entre empleadores y gobiernos para garantizar los derechos y la seguridad de los trabajadores. Hannah Croner, del departamento de sostenibilidad de H&M, se hizo eco de esta opinión y fijó ambiciosos objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90 % de aquí a 2040.

La transición no debe exacerbar las vulnerabilidades existentes; la pobreza es un riesgo para la prosperidad en todas partes y abordarla es crucial si queremos un futuro verdaderamente sostenible. Las mujeres y los trabajadores migrantes, fundamentales para la circularidad, están particularmente en riesgo. La dirigente sindical bangladesí Kalpona Akter insistió en que necesitamos una transición que incluya salarios dignos y protección social para evitar que se agrave la pobreza.

Las percepciones regionales destacaron diversos desafíos. En Bangladesh, SM Morshed, de la Fundación OSHE, observó una falta de comprensión entre las partes interesadas. En la región de Oriente Medio y África del Norte, Diana Kaissy, experta en políticas, señaló algunos problemas, como la escasez de agua, que suponen un reto para la industria. Marta Zaldaña, coordinadora regional de sindicatos del sector textil de El Salvador, insistió en que las fábricas verdes no siempre equivalen a empleos verdes. En Nigeria, la prevalencia de la ropa de segunda mano supone una amenaza para la industria local, mientras que, tanto en Sudán como en América Latina y el Caribe, los derechos laborales y la escasez de agua siguen siendo problemas acuciantes.

“Una Transición Justa en la industria textil y de la confección requiere un enfoque polifacético. Las medidas ambientales deben ir acompañadas de medidas sociales que combatan la informalidad y garanticen una transición integral”,

declaró Diana Kaissy.

Para concluir el seminario web, el primero de dos sobre la Transición Justa en la industria textil y de la confección, Diana Junquera Curiel, codirectora del Centro para la Transición Justa de la CSI, declaró:

“El camino hacia una Transición Justa en esta industria es complejo y varía a nivel regional. Un esfuerzo unificado centrado en la sostenibilidad, los derechos laborales y el crecimiento inclusivo puede conducir a una industria textil y de la confección más equitativa y resiliente”.

Fotografía: Trabajadores en una fábrica de ropa en las afueras de la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam. © OIT/Aaron Santos

Abordar los derechos LGBTI en medio del creciente rechazo

El profesor Graeme Reid, académico sudafricano y actual experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, pronunciará el discurso de apertura. Su carrera se ha centrado en el género, la sexualidad y los derechos humanos, y dirigió el Programa por los Derechos de las Personas LGBT de Human Rights Watch.
 
Clément Nyaletsossi Voule, relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad sindical y de reunión pacífica de Togo, compartirá sus experiencias durante su mandato, que comenzó en abril de 2018. Voule es especialista en apoyar a los defensores de los derechos humanos y coordinar la labor de incidencia política en África.
 
Los panelistas representan un amplio espectro del movimiento sindical mundial. También escucharemos a representantes de organizaciones comunitarias LGBTI para garantizar un diálogo estimulante, que refleje muchas perspectivas y experiencias de todo el mundo, con el objetivo de promover una comprensión más profunda y una defensa más robusta de los derechos de las personas LGBTI dentro del movimiento sindical.
 
Janina Henkes, asesora principal de política sobre la mujer, la igualdad y el género en el Sindicato Alemán de la Educación (GEW), afiliado a la Internacional de la Educación, aportará su amplia investigación sobre género y trabajo. Sus experiencias internacionales enriquecen su comprensión de los cambios sociales hacia modelos no heteronormativos.
 
Keturah Johnson, vicepresidenta internacional de la Asociación de Auxiliares de Vuelo (AFA-CWA), miembro de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), no solo es pionera por ser la primera mujer queer y de color en su cargo, sino también veterana de combate. El liderazgo de Johnson ha sido decisivo en la defensa de prácticas laborales integradoras en la industria aeronáutica.
 
Laya B. Ferrer, de los Sindicatos de Trabajadores Asociados (ALU-TUCP) en Filipinas, afiliado a IndustriALL, se centra en mejorar las condiciones laborales y abogar por la igualdad de género en el lugar de trabajo. Su labor es crucial para proteger a los jóvenes trabajadores de la explotación y el acoso.
 
Linda Bogle-Mienzer, organizadora de relaciones laborales del Sindicato de Servicios Públicos de Bermudas, representa las cuestiones LGBTQI+ en la subregión caribeña de la Internacional de Servicios Públicos. Su profundo compromiso con los derechos laborales y la igualdad se refleja en su larga trayectoria como dirigente sindical.
 
Marvellous Tawomhera, presidenta nacional de los trabajadores jóvenes del Sindicato de Trabajadores de Hostelería y Gastronomía de Zimbabue, afiliado a la UITA, es una firme defensora de los derechos laborales y la justicia social, con especial atención a los retos a los que se enfrentan los trabajadores jóvenes del sector de la hostelería.
 
Rafael Mesquita, presidente del Sindicato de Periodistas de Ceará (Brasil) y secretario de sindicalización de la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ), afiliada a la FIP en Brasil, ha liderado iniciativas para formalizar las normas laborales de los periodistas LGBTQIA+. Sus esfuerzos se extienden a la organización del Desfile por la Diversidad de Brasil, con lo que ha logrado importantes avances en la promoción de esta causa a nivel regional.
 
Kimberly Frost, miembro del Consejo de OUTreach y Tesorera Mundial de ILGA, aportará su rica experiencia en el desarrollo de iniciativas educativas y en la defensa de los derechos laborales de las personas LGBT en América del Norte y el Caribe.
 
“Avanzar a pesar del rechazo: los derechos de las personas LGBTI y la libertad sindical” no solo pretende poner de relieve la resiliencia necesaria para defender los derechos de las personas LGBTI+, sino también fomentar un diálogo que pueda conducir a estrategias de acción en el movimiento sindical. Bajo el lema colectivo “Dañar a uno es dañar a todos”, este seminario web servirá como faro de solidaridad, educación y sensibilización.

Información del evento
Fecha: 26 de junio de 2024
Hora: 14:00-15:00 CEST
Ubicación: en línea a través de Zoom
Inscripción: https://itf-org-uk.zoom.us/webinar/register/WN_tb0ZIekTRHm6ZS4HlYNnFg#/registration

“Este seminario web nos brinda la oportunidad de aprender y compartir experiencias sobre los retos a los que se enfrentan los trabajadores y las comunidades LGBTI+ y cómo podemos responder a ellos. Como sindicalistas, tenemos el deber de luchar por los trabajadores de la comunidad LGBTI+, debemos asegurarnos de que tengan voz y de que se creen entornos seguros e inclusivos, libres de discriminación y acoso”,

expresó Christina Olivier, secretaria general adjunta de IndustriALL. 


 

 

Los sindicatos de Sri Lanka reclaman un diálogo social sobre controvertido proyecto de ley

Aunque la inflación se ha moderado, Sri Lanka está atravesando su peor crisis económica desde 2022, lo que se traduce en unas pésimas condiciones de vida para sus trabajadores. El mes pasado, el presidente del país, Ranil Wickremesinghe, presentó el proyecto de ley de Transformación Económica, que pretende suprimir la Junta de Inversión de Sri Lanka y crear otras cuatro entidades subsidiarias, junto con la creación de la Comisión Económica de Sri Lanka. 

Los sindicatos, incluidos los afiliados a IndustriALL, y las organizaciones de la sociedad civil de Sri Lanka se oponen vehementemente al proyecto de ley. Según los afiliados de IndustriALL, el proyecto de ley se presentó sin entablar un diálogo social con los representantes de los trabajadores, lo que supone una violación de las normas y estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. El Consejo Consultivo Nacional del Trabajo, un mecanismo tripartito para debatir asuntos laborales, no se ha reunido desde septiembre del año pasado. 

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, declaró:

“Nos solidarizamos con nuestros afiliados en Sri Lanka en su lucha por salvaguardar los derechos de los trabajadores. Pedimos al gobierno de Sri Lanka que entable inmediatamente un diálogo social con los sindicatos y atienda sus legítimas preocupaciones sobre el bienestar de los trabajadores”.

Los sindicatos convocaron manifestaciones de protesta y presentaron una demanda judicial contra las disposiciones mencionadas en el proyecto de ley. Los sindicatos también prevén celebrar una sesión para debatir los retos que plantea este proyecto, seguida de una rueda de prensa, así como mantener conversaciones sobre el tema con parlamentarios de otros partidos políticos.

El secretario regional de IndustriALL, Ashutosh Bhattacharya, expresó:

“Los trabajadores de Sri Lanka ya se enfrentan a problemas muy diversos y este proyecto de ley ataca aún más sus derechos fundamentales, al tiempo que refuerza el capitalismo. Expresamos nuestro apoyo inquebrantable a los sindicatos de Sri Lanka que se oponen al proyecto de ley. El gobierno debe honrar los valores democráticos, garantizar que se escuche la voz de los trabajadores y proteger sus derechos. La justicia social y las políticas económicas justas son esenciales para el bienestar de toda la población de Sri Lanka”. 

Fotografía: Shutterstock 

Sindicatos de Brasil rechazan nuevo ataque a la financiación sindical

La CCJ del Senado aprobó el 5 de junio un Proyecto de Ley PL 2830/2019 que prohíbe el cobro de aportes asistenciales de los trabajadores para las organizaciones sindicales. Los sindicatos de todas las regiones del país sudamericano expresaron indignación y voluntad de luchar contra la propuesta.

Según los dirigentes sindicales, esta propuesta les permitiría a las empresas actuar para alentar y obligar a los trabajadores a oponerse a los aportes realizados para el sindicato cuando se firma un acuerdo colectivo, una forma constitucional de financiar a los gremios. Además, la propuesta prohíbe que las empresas descuenten del salario de los trabajadores los honorarios de negociación, afiliación u otros aportes, una forma de perjudicar los ingresos de los sindicatos y sofocar la actividad sindical.

Para las organizaciones de trabajadores este proyecto representa un nuevo y gran problema porque en 2017 ya habían sufrido las consecuencias de la aprobación de la reforma laboral que suprimió el impuesto sindical, el cual transfería a los sindicatos el equivalente a un día de salario por cada empleado. De este modo, se financiaba toda la estructura sindical, los sindicatos, federaciones, confederaciones, centrales sindicales y el Ministerio del trabajo. 

El presidente de la CNM/CUT (afiliada a IndustriALL Global Union), Loricardo de Oliveira, dijo:

“Buscaremos unirnos fuertemente dentro del Congreso y en los estados para que los parlamentarios no derroten de una vez por todas a nuestra organización sindical. Desde la CNM/CUT intensificaremos nuestra lucha en defensa de la libertad y la organización sindical, incorporándonos a las agendas que definirán la CUT y las centrales sindicales.”

Los senadores del Partido dos Trabalhadores (PT) presentaron un recurso para solicitar un debate más profundo e impidieron que el proyecto avanzara directamente a la Cámara de Diputados. El proyecto pasará ahora a consideración en el pleno del Senado. Esto le dará a los senadores más tiempo para evaluar la propuesta.

Finalmente, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, dijo:

“Esta iniciativa es un ataque contra la democracia y el estado de derecho. Los sindicatos son los pilares de la democracia y quienes ayudan a disminuir las desigualdades, además de contribuir a una mejor distribución de renta en la sociedad. 

Nos sumamos a nuestras afiliadas de Brasil para construir fuerza y poder para impedir que esta propuesta avance. Necesitamos retomar los derechos sindicales que teníamos antes del golpe de estado en contra la presidenta Dilma Rousseff en 2015, y el derecho a organizarnos en el lugar de trabajo, que no tenemos en Brasil hasta hoy.”

Sindicatos argentinos lamentan aprobación de Ley Bases que afecta a los trabajadores

La Cámara de Senadores de Argentina aprobó la “Ley Bases” el 12 de junio, luego de una votación muy acalorada y larga. Durante la jornada de votación se movilizaron miles de trabajadores en los alrededores del Congreso de la Nación para exigirle a los Senadores que no voten una ley que iría en contra de los intereses del pueblo. 

La respuesta del gobierno fue una brutal represión sobre quienes se manifestaron. Desarrolló un operativo de seguridad que tiró gas pimienta a 6 diputados nacionales de la oposición que terminaron hospitalizados, así como gases lacrimógenos sobre las columnas de manifestantes que estaban en la plaza pacíficamente. 

También reprimió con balas de goma a la prensa y los manifestantes, lastimándolos de tal manera que más de 200 tuvieron que ser asistidos en centros médicos. Además, detuvieron y encarcelaron a más de 36 manifestantes acusándolos de sedición y terrorismo, lo que podría derivar en altas penas carcelarias, en una clara muestra más de la criminalización de la protesta que lleva a cabo la ministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich.

El proyecto de ley ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados y ahora fue el turno de los senadores. Durante el debate legislativo los senadores hicieron algunas modificaciones, por lo cual deberá volver a Diputados para que aprueben dichos cambios y pase al Poder Ejecutivo para que la pueda promulgar. De lo contrario, podrían insistir con el texto original, y, en caso de conseguir los tres tercios de los votos, podrían aprobar una ley aún más dañina para los trabajadores.

Antes de conocer los resultados de la votación, los representantes sindicales leyeron un documento elaborado por las organizaciones convocantes a la movilización. En dicho texto aseguraron que el proyecto impulsa políticas que generan la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores, destruyen al aparato productivo, generan desempleo y eliminan conquistas que a través del tiempo fueron dotando de mayor justicia a la relación capital-trabajo.

El texto aprobado por los Senadores finalmente autoriza al presidente a reformar o sancionar leyes sin tener que pasar por el Congreso durante un año, lo cual representa para las centrales sindicales una violación de la Constitución Nacional y del principio republicano de la división de poderes.

Los senadores también modificaron y redujeron la cantidad de empresas nacionales que el Gobierno pretendía privatizar y de los organismos estatales que podría cerrar, pero igualmente permite que decida si poner en venta algunas empresas del Estado.

Adicionalmente, aprobaron el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que las centrales sindicales consideran que permite el ingreso de capitales extranjeros y multinacionales sin ningún tipo de control por parte del Estado, y permite la explotación de los bienes comunes y naturales estratégicos, profundizando un proceso de desindustrialización. 

Asimismo, aprobaron la reforma previsional que se propone en la Ley Bases, un punto también rechazado por el movimiento sindical por considerar que profundiza la informalidad laboral, reduce la cobertura previsional y aumenta la edad jubilatoria para las mujeres.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, dijo:

“Es lamentable que los senadores y el presidente de Argentina entreguen las riquezas del país y hagan concesiones a empresas extranjeras, multinacionales, bancos y especuladores financieros internacionales.

Nos resulta una vergüenza y una aberración para la democracia, los electores y la población de Argentina. La concesión de poderes plenos al presidente de la República por un año es algo que debería alarmar a los demócratas del mundo. Si esto ocurriera con un gobierno que defendiera a los más pobres, sería condenado por los titulares del mundo.

La votación demuestra que el gobierno de Milei no tiene una gran mayoría, porque logró aprobar la ley por un solo voto. Nos solidarizamos con el pueblo de Argentina que lucha y seguiremos apoyando a nuestras afiliadas para conseguir que estas leyes sean revocadas.”

Los Mineros de México desarrollan huelga en ArcelorMittal por condiciones laborales justas

Los trabajadores de la Sección 271 del sindicato de Los Mineros (afiliado a IndustriALL Global Union) iniciaron una huelga el 24 de mayo para exigirle a ArcelorMittal un reparto justo de utilidades y un bono especial. El Comité ejecutivo nacional del sindicato explicó en un comunicado oficial que, si bien la siderúrgica mantuvo sus niveles de producción y precios del 2021 al 2023, declaró ganancias cada vez más bajas. 

Debido a estas declaraciones fiscales, el monto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU, el reparto de utilidades que le corresponde percibir a los trabajadores por ley) fue mucho menor. Por ese motivo, el sindicato manifestó su desacuerdo y decidió paralizar los cuatro procesos productivos que integran el complejo siderúrgico. Con la acción sindical espera que la empresa reconsidere su postura y acceda a negociar un acuerdo que sea más congruente con su realidad económica.

El Comité ejecutivo nacional de Los Mineros afirmó que le notificaron a la compañía acerca del emplazamiento a huelga de forma debida, procedieron a instalar las banderas rojinegras del sindicato en estricto apego a los plazos legales e iniciaron la huelga de acuerdo con los procedimientos correspondientes y en conformidad con las leyes laborales mexicanas.

Sin embargo, ArcelorMittal calificó los bloqueos y la huelga como ilegales, con el objetivo de desacreditar el movimiento obrero. La firma dice que los bloqueos causaron pérdidas de producción importantes, incluida la paralización del Alto Horno. La organización sindical asegura que dichas consecuencias son el resultado de la intransigencia de la dirección de ArcelorMittal al negarse a atender las legítimas reivindicaciones de los trabajadores.

El secretario general de IndustriALL Global Union, Atle Høie, dijo:

“Hacemos un llamamiento a ArcelorMittal para que respete los derechos de las y los trabajadores y entable inmediatamente negociaciones de buena fe con el Sindicato Minero para alcanzar un acuerdo justo. Es imperativo que las empresas multinacionales respeten las leyes laborales y los derechos de los trabajadores dondequiera que operen.

IndustriALL seguirá vigilando de cerca esta situación y apoyará todas las acciones necesarias para garantizar que se respeten los derechos de las y los trabajadores y se haga justicia. Nos solidarizamos con las y los trabajadores y sus familias en esta lucha por la justicia y la equidad.”

Derribando las barreras para las mujeres mineras en África

Este fue uno de los temas clave de la Conferencia de Mujeres en la Minería celebrada el 7 de junio en Accra, Ghana, bajo el lema: “Mujeres en la minería: cambiando perspectivas y cambiando vidas”.
 
Se realizaron mesas redondas sobre minería sostenible en las que se abordaron cuestiones medioambientales, laborales y comunitarias, así como el apoyo a las mujeres en puestos de liderazgo. Asimismo, se planteó el tema de cómo revertir el dominio masculino en la industria minera mediante el impulso del desarrollo de habilidades y capacidades para las mujeres. Además, se acordó que las políticas mineras deben incluir a las mujeres para eliminar el sesgo de género y mejorar el acceso a la capacitación. Los delegados identificaron como fundamentales el desarrollo de conocimientos, habilidades, experiencia y visibilidad para las mineras.

Los participantes de la conferencia insistieron en que las mineras deben gozar de la protección de la maternidad en virtud de las leyes nacionales y el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre este tema. Asimismo, las empresas mineras deberían establecer guarderías infantiles en las minas.
 
Los participantes consideraron crucial derribar las barreras que impiden el avance de las mujeres en las industrias mineras. Entre estos obstáculos se encuentran la desigualdad de género, la violencia y el acoso basados en género, la brecha salarial entre hombres y mujeres, los prejuicios de género y la falta de conciliación entre la vida laboral y familiar. Estas barreras aparecen bien ilustradas en el informe del Foro Intergubernamental (IGF) sobre las mujeres y la minería del futuro, en el que se identifican, en 12 países como Ghana, Zambia y Sudáfrica, las principales carencias de datos y los retos que deben abordarse para permitir la elaboración de políticas basadas en la evidencia y ofrecer oportunidades para que las mujeres participen en el futuro de la minería.
 
IndustriALL Global Union estuvo representada por afiliados de Ghana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue. La conferencia fue organizada por la organización Women in Mining Ghana (WiM Ghana) con el apoyo de varias corporaciones. WiM Ghana tiene como objetivo mejorar y conservar el empleo femenino en la industria minera y sus cadenas de suministro, incluida la minería artesanal y a pequeña escala, e involucra actores que incluyen sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y empresas grandes y pequeñas. También apoya la inclusión de las mujeres mineras en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible para acabar con la pobreza y promover la igualdad de género, así como los derechos laborales y la dignidad de las condiciones de trabajo.
 
Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, que también participó en la conferencia, expresó:

“El sector minero es técnico y altamente calificado, pero eso no significa que las mujeres no puedan prosperar como mineras. Las mujeres deben acceder al espacio de la inteligencia artificial y gozar de igualdad de oportunidades. Esto solo podrá ocurrir cuando el mercado laboral se sensibilice en materia de género mediante la eliminación de la discriminación y de las prácticas y estereotipos culturales y religiosos nocivos”.

Los derechos laborales sufren un rápido declive a nivel mundial

“Durante once años, el índice ha registrado un rápido declive de los derechos laborales en todas las regiones del mundo. Los trabajadores son el corazón palpitante de la democracia, y su derecho a ser escuchados es crucial para la salud y la sostenibilidad de los sistemas democráticos. Cuando se violan sus derechos, se ataca la democracia misma. La democracia, los sindicatos y los derechos laborales van de la mano; simplemente no se puede tener uno sin el otro”,

expresó el secretario general de la CSI, Luc Triangle.

El 87 por ciento de los países del mundo violan el derecho de huelga y el 79 por ciento violan el derecho a la negociación colectiva.

La peor región en este sentido es Oriente Medio y África del Norte. Los trabajadores europeos, por su parte, están padeciendo el mayor declive en materia de derechos observado en cualquier región del mundo en la última década. Los derechos de huelga y de negociación colectiva son objeto de constantes ataques, como demuestra el ejemplo de Tesla, que se negó a firmar un convenio colectivo en Suecia.

Este índice incluye a Bielorrusia entre los diez peores países del mundo para los trabajadores debido a su represión sistémica, la detención injustificada de activistas y la disolución arbitraria de los sindicatos.

“Bielorrusia es un campeón mundial en la violación de los derechos sindicales”,

declaró Lizaveta Merliak, del sindicato BITU, afiliado a IndustriALL.

Después de cuatro años de campañas internacionales, 42 dirigentes sindicales siguen en la cárcel, etiquetados como terroristas por el gobierno. Los obligan a llevar una etiqueta amarilla en el uniforme carcelario, señal de que el personal puede maltratarlos. Los presos políticos suelen ser recluidos en régimen de aislamiento, donde las temperaturas suelen ser extremadamente altas o bajas, y se les niega el acceso al aire libre. Las mujeres prisioneras son recluidas en las denominadas “colonias”, donde se ven obligadas a trabajar en fábricas textiles para confeccionar uniformes militares.

El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, afirmó:

“El índice de este año agrava la preocupación por la situación de los derechos laborales; los derechos de los trabajadores se están deteriorando junto con las normas democráticas en todo el mundo. Sin derechos laborales no puede haber un mundo democrático. Ahora más que nunca, el movimiento sindical debe mantenerse unido en la determinación de movilizarse para defender nuestros derechos fundamentales”.

El Índice Global de los Derechos de la CSI es una revisión exhaustiva de los derechos laborales recogidos en la legislación de 151 países, que se clasifican en función de una lista de 97 indicadores derivados de los convenios y la jurisprudencia de la OIT, y es la única base de datos de este tipo. En función del grado de respeto de los derechos laborales, califica a los países en una escala del 1 al 5. Las violaciones de los derechos se registran cada año de abril a marzo.

Las centrales sindicales argentinas convocan a marchar contra la Ley Bases

Los distintos actores sociales se reunieron el 7 de junio para convocar de forma unificada a una concentración en la Plaza Congreso, frente al Palacio Legislativo, para enviar un mensaje claro a los senadores que van a debatir y votar el 12 de junio el proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Las centrales reforzaron que los senadores tienen una responsabilidad histórica, porque los trabajadores y jubilados de todos los sectores de la sociedad se podrían ver afectados por la denominada Ley Bases que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei.

Durante el anuncio estuvieron presentes las centrales sindicales CGT, CTA-T y CTA-A, así como representantes de la UTEP, de las madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y distintos referentes de la política que manifestaron su apoyo. Los dirigentes sindicales reforzaron que, de aprobarse la ley, afectará al mercado laboral, a los intereses de la patria y a los trabajadores porque deberán pagar el impuesto a las ganancias.

Destacaron que, de aprobarse el proyecto de ley, permitirán que se entregue la soberanía del país, se hundirá la industria, las empresas del Estado, la educación y la salud pública, y desaparecería el país tal como se lo conoce. Aseguraron que el actual gobierno busca favorecer a las corporaciones multinacionales.

Los representantes de las tres centrales sindicales argentinas también llevaron adelante el acto “La democracia en América Latina, casos actuales”, en el edificio de la Organización internacional del trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, el 6 de junio para denunciar los ataques a los derechos laborales del Gobierno de Milei, con el apoyo y la solidaridad de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), de IndustriALL Global Union y de otras federaciones globales y organizaciones de todo el mundo.

Los dirigentes expusieron las consecuencias de las políticas de ajuste, del ataque a los derechos laborales, y la persecución tanto a trabajadores como a las organizaciones sindicales por parte del gobierno de Milei. Destacaron la unidad del movimiento obrero argentino para construir iniciativas para luchar contra la entrega del país y para que no vulneren los derechos de los trabajadores, lo cual muestra la fortaleza e identidad que representa la historia de lucha del movimiento sindical argentino.

El Comité ejecutivo regional de IndustriALL también se reunió en mayo donde aprobó un plan de acción sindical para confrontar los ataques perpetuados por el gobierno de Milei hacia los trabajadores de Argentina. Además, emitió una declaración para rechazar las reformas impulsadas por el gobierno de Milei para fomentar la desindustrialización del país, y por buscar desregularizar la economía, reducir el tamaño del Estado y sus niveles de intervención, y atacar centenares de leyes que afectan tanto derechos laborares, tanto individuales como colectivos. 

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, concluyó:

“Nos solidarizamos con los trabajadores y nuestras afiliadas de Argentina, y esperamos que los senadores voten en contra de la propuesta de Ley de bases. En caso de ser aprobada, solamente aumentaría la miseria de los más pobres y la riqueza a los más ricos, la casta que Milei protege. 

Necesitamos propuestas y políticas concretas para generar empleos decentes y una mayor distribución de renta en Argentina. Felicitamos a los trabajadores y sindicatos argentinos, que luchan y resisten estos ataques contra los trabajadores.”

Federaciones sindicales internacionales instan a la OIT a invocar el artículo 33 con respecto a Myanmar

“¿Qué queremos? ¡El artículo 33! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora!”, fue el eslogan coreado por los delegados durante la manifestación.
 
El artículo 33 faculta a la OIT para tomar medidas cuando un Estado miembro no cumple con las recomendaciones de su Comisión de Investigación. Específicamente, establece que, en los casos en que un miembro incumple dichas recomendaciones, el Consejo de Administración puede recomendar a la CDI medidas de carácter punitivo o correctivo, incluidas sanciones u otras acciones, para garantizar el cumplimiento.

Khaing Zar Aung, presidenta de la Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar (IWFM), afiliada a IndustriALL, declaró:

“He venido muchísimas veces a pedir el fin de la junta militar en Myanmar. Ya conocen esta crisis. Nuestra gente no está segura, especialmente los jóvenes. Estamos perdiendo puestos de trabajo. No podemos sobrevivir. La ayuda destinada a la población pasa por sistemas militares y no llega a quienes más la necesitan. La comunidad internacional debe intervenir. Necesitamos el artículo 33 para poder proteger a la gente”.

Luc Triangle, secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), expresó: “Tenemos claro que los militares tienen que irse. Tenemos que hacer respetar los derechos humanos y restaurar la libertad. Hay que aislar a la junta militar. Conseguiremos que se aplique el artículo 33”.
 

Los sindicatos de Myanmar han manifestado que la prohibición de sus organizaciones y la ausencia de libertad sindical hacen que los trabajadores se enfrenten a condiciones de esclavitud moderna. Esta conclusión fue confirmada por la Comisión de Investigación de la OIT, que informó de violaciones de gran alcance de los convenios sobre la libertad sindical y el trabajo forzoso. Esto significa que se vende ropa fabricada en condiciones de esclavitud moderna a los consumidores.

Atle Høie, secretario general de IndustriALL, afirmó:

“Mañana acompañaremos a Khaing Zar a recibir el Premio Arthur Svensson de este año por su increíble trabajo en favor de los derechos sindicales en Myanmar y su lucha por el retorno de la democracia al país. Esperamos que este premio ponga de relieve la situación catastrófica que viven los trabajadores de Myanmar bajo la junta militar y contribuya a su caída. La comunidad internacional debe reaccionar. Necesitamos invocar el artículo 33 ahora. Lucharemos por la libertad, la prosperidad y la libertad para todos en Myanmar”.

El régimen militar ha asesinado a más de 4000 personas, detenido a casi 26.000 y suspendido organizaciones de la sociedad civil, entre ellas a los sindicatos libres. Numerosos empleados públicos, incluidos 200.000 docentes, se negaron a trabajar para el régimen y se unieron al Movimiento de Desobediencia Civil. Muchos fueron asesinados o encarcelados, mientras que otros han perdido sus empleos y están viviendo en condiciones extremadamente difíciles.