Justicia brasileña absuelve penalmente a BHP, Samarco y Vale del homicidio ambiental en Mariana

La represa de Fundão de Samarco (propiedad de BHP y Vale) colapsó el 5 de noviembre de 2015 en Mariana, Minas Gerais, provocó el mayor desastre ambiental en la historia del país y causó la muerte de 19 personas.

Nueve años después, el Tribunal Federal de la Subsección Judicial de Ponte Nova de Brasil absolvió a los acusados implicados en la causa penal sobre el derrumbe de la represa. Las empresas Samarco, Vale y BHP, así como 21 ejecutivos y técnicos fueron absueltos, según la Justicia, debido a la falta de pruebas de actos individuales que determinaran la responsabilidad penal directa por el desastre. 

“Tras una larga investigación, los documentos, informes y testigos oídos para dilucidar los hechos no respondieron qué comportamientos individuales contribuyeron directa y decisivamente al colapso de la presa de Fundão. Y en el ámbito del proceso penal, la duda -que resuena de las pruebas analizadas en el cuerpo de esta sentencia- sólo puede resolverse a favor de los acusados”

dijo la jueza del caso, Patrícia Alencar, en el preámbulo de su sentencia, según información compartida por la Justicia Federal sección judicial de Minas Gerais.

En la decisión de la magistrada a favor de los acusados también subraya la importancia de las investigaciones técnico-científicas para poder contribuir a las estrategias preventivas y evitar que se repitan las tragedias.

Además, dijo que es importante centrarse en la reparación de los daños a las comunidades afectadas, a pesar de que reconoce que ni siquiera con importantes indemnizaciones es posible compensar plenamente las pérdidas experimentadas por las víctimas y el impacto medioambiental sufrido.

Aunque no hubo condena penal, el gobierno federal firmó el 25 de octubre de 2024 un nuevo “Acuerdo de Ajuste de Conducta de Mariana” con las empresas involucradas donde se comprometieron a destinar millones de reales en recursos para reparar los daños causados por la tragedia de Mariana.

La vicepresidenta de IndustriALL, Lucineide Varjão, se refirió al acuerdo y manifestó:

“Después de 9 años este acuerdo sólo fue posible gracias al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El movimiento sindical y los movimientos sociales necesitan monitorear los plazos y el cumplimiento del acuerdo alcanzado con el Sindicato.”

Según reportó el sitio web oficial de Gobierno de Brasil, el acuerdo prevé el pago de 132.000 millones de reales, de los cuales 100.000 millones de reales representan fondos que las empresas implicadas en la tragedia deberán pagar durante 20 años al Gobierno para destinarlos a diversos fines. Las empresas también destinarán otros 32.000 millones de reales a financiar indemnizaciones a las personas afectadas y acciones de reparación que seguirán siendo de su responsabilidad, además de los 38.000 millones de reales que afirman haber pagado ya. 

En su discurso durante la firma del Nuevo Acuerdo de Mariana, el primer mandatario de Brasil, Lula, dijo:

“Estamos reparando un desastre que se podía haber evitado, pero no se evitó. Por irresponsabilidad, por afán de lucro. (…) Lo que ocurrió en Mariana fue un problema de irresponsabilidad pura y simple hacia la gente de la región. (…) Quizá nunca podamos reparar todo el daño que han sufrido estas personas, porque está el daño psicológico.

Además de las muertes, está la pérdida de las cosas que la gente amaba y que nunca volverán a ver, y no hay sustituto. (…) Así que esto es importante, compañeros ministros: (…) tienen la responsabilidad de empezar a construir el futuro que les vamos a entregar a esas personas.”

Por su parte, el secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, concluyó:

“En estos años IndustriALL visitó la zona de Mariana para mostrar solidaridad, uniéndose a las demandas de justicia de los aliados de la sociedad civil. Celebramos que la justicia ha llegado para el caso Mariana, aunque tarde. Obviamente, cuando hay un compromiso político firme, trae resultados. Las empresas deben rendir cuentas. Deben asumir la responsabilidad para evitar una situación como esta en el futuro".

Fuentes consultadas: Justiça federal Seção Judiciária de Minas Gerais y Presidência da República 

Triunfo del NUMSA en su lucha por la reincorporación de trabajadores en Goodyear

El conflicto comenzó el 31 de mayo de 2021, cuando Goodyear despidió a varios trabajadores —miembros del NUMSA, afiliado a IndustriALL— después de que rechazaran una orden de trabajar con descansos escalonados y de mantener una producción continua con las máquinas en funcionamiento sin las pausas adecuadas. Los empleados consideraron que la política no era razonable, y cuando se opusieron, la dirección respondió con represalias rápidas y duras.
 
El sindicato se hizo cargo inmediatamente del caso de los trabajadores y presentó una queja ante la Comisión para la Conciliación, la Mediación y el Arbitraje (CCMA).

En junio de 2022, la CCMA falló a favor de los trabajadores y determinó que, si bien sus acciones podían considerarse insubordinación, no eran lo suficientemente graves como para justificar el despido.

Además, concluyó que los trabajadores habían recibido amonestaciones finales por escrito de forma injusta, que se les había denegado la representación sindical a pesar de haberla solicitado explícitamente y que dichas amonestaciones formaban parte de una estrategia más amplia de Goodyear para sentar las bases de los despidos colectivos. Se consideró que el proceso había sido fundamentalmente injusto, por lo que los trabajadores tenían derecho a ser reincorporados.

Sin inmutarse por la decisión de la CCMA, la dirección de Goodyear acudió al Tribunal Laboral, intentando anular la decisión y denegar a los trabajadores su legítima reincorporación. 

En un hito histórico para los derechos laborales, el Tribunal desestimó la demanda de la empresa. Esta decisión significa que los trabajadores, que habían sido despedidos injustamente por defender sus derechos, volverán a sus puestos de trabajo. 

“El papel del NUMSA en este éxito va mucho más allá de las victorias judiciales; es un sindicato que se preocupa de verdad por sus miembros. Como uno de los sindicatos más combativos de Sudáfrica, el NUMSA ha contribuido sustancialmente al desarrollo de la legislación laboral y tiene un orgulloso historial de lucha por los derechos de la clase trabajadora. Los recursos y esfuerzos del sindicato, incansablemente dedicados a la causa de la justicia, han sido la fuerza impulsora de esta victoria”,

declaró el NUMSA en un comunicado. 

“A medida que el NUMSA se mantiene del lado de los trabajadores, dispuesto a defenderlos contra cualquier otro desafío —incluida la probable apelación de Goodyear—, el mensaje del sindicato es claro: nunca nos rendiremos. Este caso pone de manifiesto el poder de la acción colectiva y la importancia de afiliarse a un sindicato que no solo promete justicia, sino que la hace realidad. El NUMSA es un sindicato que hace honor a su palabra, un sindicato que lucha por los derechos de los trabajadores en todo momento”,

declaró Mziyanda Twani, secretario regional del NUMSA para la provincia del Cabo Oriental.

“El NUMSA es digno de elogio por seguir defendiendo los derechos de los trabajadores a la salud y la seguridad en el trabajo frente a unas multinacionales que utilizan cada vez más la vía judicial para revertir las conquistas obreras. Los trabajadores no deben ser victimizados por defender sus derechos”, 

declaró Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana.

Fotografía: Flickr.

“Ahuyentarlos” o legalizar la minería artesanal en Sudáfrica

La policía declaró que está a la espera de detener a estos mineros tan pronto como salgan a la superficie, como ha ocurrido con más de 1000 mineros. Sin embargo, algunos fueron rescatados mediante un sistema de poleas de cuerda, deshidratados y demacrados, mientras que un cadáver descompuesto fue recuperado de la mina. La mayoría de los mineros artesanales provienen de Lesoto, Mozambique y Zimbabue, y trabajan junto a exmineros sudafricanos.
 
En el marco de la operación Vala umgodi (“cerrar los agujeros” en zulú), dirigida contra la minería ilegal, la policía selló las entradas al pozo y dejó atrapados a los mineros, también conocidos como “zama-zamas”. Debido a la presencia policial, se cortó el suministro de agua y alimentos a las personas bajo tierra.
 
En respuesta a los llamados de las comunidades a enviar ayuda a los mineros atrapados, una ministra de la presidencia, Khumbudzo Ntshaveni, afirmó que el gobierno no rescatará a los “criminales”. “Vamos a ahuyentarlos, ya saldrán”, añadió.

Esta declaración fue objeto de protestas por parte de sindicatos, organizaciones de derechos humanos y grupos comunitarios. Sin embargo, una orden judicial dictaminó que el gobierno tenía la responsabilidad de proteger los derechos humanos en virtud de la Constitución, y de proporcionar agua y comida a los mineros. 
 
Actualmente, hay equipos de rescate en la mina para ayudar en las operaciones de salvamento.
 
En una declaración, la Indaba Minera Alternativa (AMI) afirmó: 
 
“Es desolador que en una democracia constitucional como Sudáfrica se sigan cometiendo atrocidades de esta naturaleza, a pesar de la dolorosa historia del país en materia de despojo violento de tierras y explotación económica racial bajo el apartheid. El estancamiento actual, marcado por la presencia agresiva de las fuerzas de seguridad, no aborda las causas profundas que llevan a las personas a arriesgar su vida en las minas abandonadas”. La AMI afirma que hay más de 6000 minas abandonadas en Sudáfrica que podrían explotarse para contribuir a la subsistencia de las comunidades.
 
Phillip Mankge, secretario general adjunto en funciones del Sindicato Nacional de Mineros (NUM), declaró:

“Desde el NUM queremos dejar bien claro que no apoyamos la declaración. De hecho, es inhumano e irresponsable por parte de la ministra pronunciar estas palabras cuando hay gente atrapada bajo tierra”.

Según los informes, los mineros artesanales extraen oro por valor de más de 8 millones de dólares al año. Este oro se vende en los mercados de Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.
 
La Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo es aplicable a Sudáfrica teniendo en cuenta la violencia asociada a la MAPE, puesto que las empresas mineras y sus agentes compran oro a los mineros artesanales. Investigaciones y causas judiciales han confirmado que bandas fuertemente armadas y jefes de la minería ilegal actúan como fachadas para los compradores autorizados a escala nacional e internacional. Varios zama-zamas han muerto en guerras territoriales entre bandas rivales, ha habido tiroteos entre la policía y la seguridad de las minas y se han denunciado casos de violación contra estas personas.
 
El NUM, sindicato afiliado a IndustriALL, afirmó que las lagunas políticas en materia de MAPE han creado situaciones en las que la minería artesanal es practicada por organizaciones criminales.
 
Kopano Konopi, secretario provincial del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) para el Noroeste, donde se encuentra la mina, expresó:

“El COSATU cree que el gobierno debería replantearse las políticas mineras del país, ya que el producto producido por los mineros considerados ilegales encuentra una salida en el mercado, aunque se compre a bajo precio. Se debería estudiar la posibilidad de expedir concesiones mineras artesanales a pequeños mineros y cooperativas”.

“Hay modelos que se pueden adoptar para la MAPE en Sudáfrica, incluida la implementación de las políticas existentes por parte del Departamento de Recursos Minerales. La MAPE debe formalizarse considerando las condiciones socioeconómicas del país, caracterizadas por una elevada tasa de desempleo y pobreza. La minería no debe ser solo para las empresas multinacionales, sino que también debe beneficiar a los exmineros y a sus comunidades”,

declaró Glen Mpufane, director de minería de IndustriALL.

Además, hizo hincapié en las recomendaciones de la Visión Minera de África, que afirma que de la MAPE pueden derivarse beneficios positivos, como medios de vida sostenibles y reducción de la pobreza.


 

Represión sindical y despidos en un fabricante tailandés de autobuses eléctricos respaldado por Suiza

En repetidas ocasiones, IndustriALL ha denunciado casos de represión sindical tanto ante el gobierno suizo como ante el empleador tailandés. Absolute Assembly ha interferido en los asuntos sindicales y se ha negado a entablar negociaciones colectivas con el sindicato EMUT, afiliado a CILT/TEAM, a su vez afiliado a IndustriALL Global Union.

IndustriALL instó al gobierno a tomar medidas de acuerdo con su compromiso expreso de aplicar el Acuerdo de París, sobre todo dada la gran importancia que Suiza concede a “la promoción, el respeto y la materialización de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo” y que “espera que el sector privado respete los derechos humanos tanto en Suiza como en el extranjero”.

Pero, por desgracia, la situación sigue deteriorándose. Ahora, Absolute Assembly planea despedir a cientos de trabajadores de su fábrica de autobuses eléctricos para el transporte público de Bangkok sin dialogar con el EMUT.

Atle Høie, el secretario general de IndustriALL, expresó:

“Estamos profundamente preocupados e indignados por los planes de Absolute Assembly de despedir a cientos de trabajadores, y exigimos nuevamente el fin inmediato de las violaciones de los derechos laborales fundamentales. Los trabajadores, representados por su sindicato, deben participar activamente en los debates sobre cualquier reestructuración, y la empresa debe garantizar la seguridad de sus puestos de trabajo”.

Además de exhortar a Absolute Assembly a dialogar con el sindicato, IndustriALL se ha puesto en contacto con los gobiernos suizo y tailandés para instarles a que intervengan en el asunto.

Fotografía: tráfico de Bangkok, Flickr

Trabajadores metalúrgicos sudafricanos en huelga por recortes de personal en ArcelorMittal

La huelga comenzó con un piquete en la planta de AMSA en Vanderbijlpark, a unos 70 km al sur de Johannesburgo.

Dado que estos recortes están teniendo lugar justo antes de las vacaciones de Navidad, el NUMSA, afiliado de IndustriALL, afirma que AMSA está “demostrando su falta de humanidad hacia los trabajadores”. Según el sindicato, esta actitud se hace evidente al negarse a buscar alternativas a los despidos, como podrían ser ofrecer a los trabajadores indemnizaciones por despido voluntario o una jubilación anticipada.

“Solo una dirección cruel e insensible puede dejar a los trabajadores en la calle justo antes de Navidad, y esto merece ser condenado enérgicamente. AMSA acaba de cancelar las Navidades de estos empleados al precipitar los despidos, agravando así la miseria de sus familias”,

declaró Kabelo Ramokhathali, secretario regional del NUMSA para la región de Sedibeng.
 
El NUMSA confirmó haber rebatido los argumentos de AMSA en virtud del artículo 189A durante sus negociaciones. En este proceso de consulta, que comenzó en agosto, la empresa no logró convencer al sindicato de que los recortes de personal fueran la única opción posible. Además, el sindicato sostiene que AMSA no presentó toda la información que podría ayudar a preservar los puestos de trabajo y encontrar empleos alternativos para los trabajadores afectados. El artículo 189A de la Ley de Relaciones Laborales obliga al empleador a justificar los despidos con base en requisitos operativos que obedezcan a “necesidades económicas, tecnológicas, estructurales o similares de la empresa”.
 
Como consecuencia de sus reservas, el NUMSA manifestó su preocupación por las perspectivas de empleo futuras de los trabajadores despedidos, especialmente antes las duras condiciones económicas actuales de desempleo elevado, cuya tasa ampliada, que incluye a las personas desanimadas con la búsqueda de empleo, es del 41,9 %.

Además, la economía está estancada, con una tasa de crecimiento estimada del 1,1%, y se caracteriza por la pobreza, la desigualdad y el declive de la industria manufacturera, según el Banco Africano de Desarrollo.
 
Asimismo, el NUMSA expresó su preocupación por otros 200 trabajadores que perderán sus prestaciones al ser trasladados a otras áreas debido a los bajos salarios, así como por la externalización de las funciones básicas de los trabajadores de la Planta de acero plano durante su reestructuración en curso. El sindicato afirma que AMSA no lo consultó acerca de estos temas y que no fue transparente.
 
Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, declaró:

“AMSA debe considerar los recortes como un último recurso y continuar dialogando con el NUMSA con miras a analizar posibles medidas para conservar los puestos de trabajo y seguir protegiendo los intereses de los trabajadores”.

A pesar de un fallo judicial favorable, los trabajadores de IFFCO Pakistán no obtienen justicia

Después de casi una década desde que se presentó la primera petición, la Corte Suprema de Pakistán falló a favor de los trabajadores subcontratados de IFFCO el 4 de abril de 2024. La Corte Suprema ratificó la decisión de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NIRC) de Karachi, adoptada en 2020, en un caso presentado por 90 trabajadores subcontratados de IFFCO contra prácticas laborales desleales y violación del derecho de los trabajadores a la libertad sindical. 

La NIRC había dictaminado que “se estaba privando a estos trabajadores de las prestaciones laborales estatutarias de las que gozan los demás empleados que se afilian al sindicato titular del convenio colectivo, y que no se les permite afiliarse a este sindicato ni se les proporcionan los mismos beneficios e instalaciones otorgadas a los miembros del convenio colectivo, a pesar de que la naturaleza del trabajo y las funciones son las mismas, y se les está tratando injustamente”. 

Se ordenó a la empresa que pagara PKR 30.000 (USD 108) como multa a cada uno de los trabajadores, que los reincorporara y que pagara los salarios atrasados.

En lugar de implementar esta decisión judicial, la dirección de IFFCO solicitó a la Corte Suprema que revisara la orden. El 16 de octubre, dicho tribunal desestimó la petición de IFFCO y ratificó su orden anterior del 4 de abril de 2024.

La Federación Sindical de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas de Pakistán (PCEM), afiliada a IndustriALL, informó de que el mes pasado, el 23 de octubre, cuando 45 trabajadores se presentaron en la planta de IFFCO, se les negó la entrada y, en su lugar, el personal de seguridad armado los llevó a una instalación inactiva de la empresa. Se confinó a los trabajadores en una habitación de dicha planta inactiva, sin asignarles ningún trabajo.

Posteriormente, el 1 de noviembre, la dirección emitió un aviso en el que ordenaba a los mismos trabajadores que se presentaran inmediatamente en la otra planta, advirtiéndoles de que, de no hacerlo, se les marcaría como ausentes. Sin embargo, cuando los trabajadores regresaron a la planta especificada, fueron expulsados por la fuerza una vez más. Además, uno de los funcionarios de la PCEM también ha recibido amenazas por parte de la dirección.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, declaró: 

“Instamos a IFFCO Pakistán a que intervenga de inmediato en el asunto. La empresa debe respetar la decisión de la Corte Supremo readmitiendo a estos trabajadores y entregándoles cartas formales de reincorporación”.

IndustriALL Global Union presenta quejas ante la OCDE contra marcas de moda por violaciones de los derechos laborales en Myanmar

IndustriALL, junto con los sindicatos de Myanmar CTUM e IWFM, declarados ilegales, presentó quejas contra tres marcas, Next, New Yorker y LPP, en los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE en cuatro países: el Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Polonia. Estas quejas se refieren al incumplimiento por parte de las empresas de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable, que exigen, entre otras cosas, que las empresas actúen de forma ética y responsable en relación con los derechos humanos y laborales.

“Las marcas que siguen operando en Myanmar se benefician de un entorno de miedo, trabajo forzoso y explotación. Se han presentado informes numerosos y exhaustivos de violaciones de los derechos laborales en el país, donde no existe la libertad sindical. La diligencia debida en materia de derechos humanos requiere la participación de los trabajadores y una verificación independiente, lo que es imposible bajo el régimen militar”,

declaró Atle Høie, secretario general de IndustriALL.

La industria textil y de la confección se ha convertido en una importante vía para que los militares que gobiernan el país inyecten dinero extranjero en una economía que se hunde. Mientras tanto, la junta militar de Myanmar ha prohibido los sindicatos y detenido a sus dirigentes. No existe libertad sindical en el país; ni los sindicatos ni otras organizaciones de trabajadores pueden funcionar. Se han denunciado casos de trabajo forzoso, violaciones de los derechos de los trabajadores, mayor precariedad laboral y caída de los salarios. Un rastreador desarrollado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos sigue de cerca los abusos en la industria de la confección de Myanmar. Para finales de junio de este año, se habían documentado 556 casos de presuntas violaciones de derechos humanos y laborales en 266 fábricas vinculadas a marcas internacionales.

“Instamos a las empresas multinacionales a que se retiren de Myanmar, ya que su existencia contribuye a las graves violaciones de los derechos humanos y laborales en el país. Las marcas fingen que cumplen las directrices de la OCDE y la diligencia debida en materia de derechos humanos, lo cual es imposible bajo una dictadura militar. Las zonas industriales están bajo la ley marcial y el derecho a la libertad sindical está prohibido. La Comisión de Investigación de la OIT investigó y confirmó las graves violaciones de la libertad sindical y el trabajo forzoso en Myanmar, y sin embargo las empresas continúan con sus negocios e ignoran las directrices internacionales y los convenios de la OIT”,

declaró la presidenta de la IWFM, Khaing Zar.

IndustriALL está haciendo campaña para que las marcas retiren sus inversiones del país de forma segura. En 2022, las conversaciones entre IndustriALL y varias marcas del sector de la confección que operan en Myanmar concluyeron con un marco de principios para la retirada empresarial responsable de Myanmar, en el que se esbozaba una salida responsable del país. Primark, New Look, Inditex, H&M, Lidl y Fast Retailing se adhirieron a este acuerdo.

“Existen pruebas significativas de violaciones sistemáticas de los derechos laborales y las marcas que permanecen en Myanmar no pueden alegar ignorancia de los abusos. Las mayores marcas mundiales ya han abandonado el país; las que se quedan priorizan los beneficios sobre los derechos humanos y laborales. Estamos considerando presentar más quejas con respecto a otras marcas que siguen allí”,

afirmó Atle Høie.

Las mujeres de IndustriALL hacen frente al sesgo de la IA y la violencia de género

Ante la creciente influencia de la IA, el Comité de Mujeres hizo hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque transformador de género al integrarla en el lugar de trabajo. Muriel Garnier, del Laboratorio de Igualdad francés, destacó los sesgos de género de la IA y los riesgos de reproducir estereotipos en los sistemas impulsados por algoritmos:

“El 88 % de los desarrolladores de IA son hombres. Cuando los algoritmos son diseñados por hombres, a menudo perpetúan los estereotipos y los sesgos de género”.

Además, hizo hincapié en la importancia de abordar la falta de representación femenina en la tecnología, ya que solo el 15 % de las mujeres francesas trabajan en sectores relacionados con la tecnología digital.

Olle Brynja, de Unionen (Suecia), se hizo eco de estas preocupaciones y señaló el potencial de la IA para reforzar o derribar la discriminación en el lugar de trabajo.

“Si las decisiones de la IA se basan en datos sesgados, la tecnología corre el riesgo de reforzar la discriminación en lugar de combatirla”,

declaró Brynja.

Tanto Garnier como Brynja insistieron en la importancia de la rendición de cuentas, y pidieron evaluaciones y auditorías más estrictas de los sistemas de IA para garantizar que no perpetúen la desigualdad. Este enfoque se alinea con el compromiso de IndustriALL de desarrollar una política de IA que defienda la equidad de género como un principio fundamental en su diseño e implementación.

Jane Pillinger habló sobre las herramientas que IndustriALL ha desarrollado para prevenir la VABG, especialmente en la cadena de suministro de baterías. Pillinger presentó el Convenio 190 como un marco transformador para integrar la prevención de la VABG en la diligencia debida en materia de derechos humanos, un avance esencial en la promoción de lugares de trabajo más seguros y equitativos.

“La violencia y el acoso basados en género no son solo problemas laborales; son abusos contra los derechos humanos que deben abordarse en todas las cadenas de suministro mundiales”,

expresó Pillinger. 

A su vez, expuso un proceso de seis pasos para ayudar a las empresas a adoptar prácticas empresariales responsables, desde la definición de políticas hasta la mitigación y el seguimiento de los resultados. Este enfoque estructurado capacita a los sindicatos para exigir que las empresas rindan cuentas, con lo que se garantiza que la prevención de la VABG se integre en todos los eslabones de la cadena de suministro.

Pillinger también hizo hincapié en el papel de los sindicatos en la promoción y negociación de evaluaciones de riesgos con perspectiva de género, y sugirió que “los sindicatos pueden ayudar a identificar los riesgos y presentar pruebas cuando las empresas no cumplen con su deber de proteger a sus trabajadores y trabajadoras”. 

Esto facilitó la reflexión en lo que respecta a las campañas de IndustriALL en curso contra la VABG, la misoginia y el sexismo, que incluirán iniciativas de sensibilización como los próximos 16 Días de Activismo y la campaña #SinExcusas.

En el segundo día, se puso de relieve la nueva iniciativa de mentoría de IndustriALL, que cuenta con el apoyo de LO Noruega y tiene el fin de empoderar a 27 mujeres jóvenes de Tanzania, Malawi y Ghana, en África Subsahariana, y de Perú y Colombia, en América Latina. Se presentaron los avances del proyecto con testimonios de participantes y mentoras de ambas regiones, que mostraron el impacto transformador del programa en el desarrollo del liderazgo femenino.

Mildred Addo, una participante del sindicato PUWU de Ghana, explicó cómo la mentoría ha reforzado su confianza en sí misma.

“La mentoría ha empoderado a mujeres jóvenes como yo para asumir un papel de liderazgo, dándonos la confianza necesaria para influir tanto a escala nacional como internacional. Hace seis meses, no me habría atrevido a hacerlo”,

expresó.

Su experiencia demuestra el potencial del programa de mentoría para crear un ciclo de crecimiento en el que las participantes adquieren aptitudes que luego pueden transmitir a otras personas.

Joyce Maku Appiah, del mismo sindicato, que se desempeña como mentora de jóvenes líderes, compartió la importancia de la mentoría para fomentar la independencia y la confianza propia.

“La mentoría no se trata solo de guiar; se trata de empujar a las jóvenes líderes a valerse por sí mismas, a ser innovadoras y a liderar con confianza”,

explicó.

Las copresidentas Hashmeya Muhsen Alsaadawe e Ilvana Smajlović hicieron hincapié en la necesidad de una acción colectiva para impulsar el cambio. El Comité examinó las campañas en curso de IndustriALL contra la VABG y el sexismo, incluidas las actualizaciones sobre el Centro de Mujeres de la Confección de la UGTT y el programa educativo IMAGINE del KTCU en Corea para involucrar a los hombres en iniciativas de equidad de género.

Los debates también se centraron en el Congreso de IndustriALL, con especial atención a la integración de una perspectiva de género en los Estatutos y los Planes de Acción. En esta sesión, se examinaron las enmiendas propuestas para incorporar una perspectiva de género más sólida. Por último, el Comité estableció las prioridades para 2025, entre las que se incluyen los esfuerzos por integrar la perspectiva de género en la salud y seguridad en el trabajo (SST) y garantizar unas negociaciones salariales equitativas.

“Nos comprometemos a crear lugares de trabajo verdaderamente equitativos e inclusivos”, 

afirmó Christina Olivier, secretaria general adjunta de IndustriALL. 

“Desde el establecimiento de políticas sobre la IA que eviten activamente los sesgos hasta la incorporación de la diligencia debida en materia de derechos humanos para abordar la violencia de género, nuestros debates han trazado una hoja de ruta eficaz para avanzar realmente hacia la equidad de género. El inspirador programa de tutoría es una prueba de cómo podemos potenciar a las mujeres jóvenes, equipándolas para liderar e impulsar el cambio. Al aunar la promoción de políticas, la mentoría y una sólida diligencia debida, estamos allanando el camino para un futuro en el que las mujeres puedan prosperar en todos los sectores”.

Sindicatos reclaman inversión pública y políticas fiscales para apoyar la recuperación del sector siderúrgico

La situación a la que se enfrentan los trabajadores siderúrgicos e industriales es consecuencia de décadas de políticas nacionales desacertadas que han apoyado el exceso de capacidad en el sector siderúrgico y fomentado la competencia impulsada por las exportaciones a expensas de la demanda interna, los salarios de los trabajadores y las condiciones laborales. Los sindicatos exigen el fin de estas prácticas dañinas y la creación de empleos industriales de calidad que ofrezcan salarios justos, condiciones de trabajo decentes y seguridad en el empleo para todos los trabajadores.

Si bien la demanda mundial de acero se ha desplomado, el exceso de capacidad mundial ha alcanzado un nuevo récord. La intervención pública es necesaria para poner en marcha proyectos de infraestructura y proteger los puestos de trabajo. Las medidas de austeridad, con el pretexto de la responsabilidad fiscal, conducirán a fuertes recortes del gasto público, lo que repercutirá en la producción industrial y el empleo. Estas medidas afectan desproporcionadamente a los ya vulnerables: los trabajadores que fabrican el acero y construyen y mantienen las infraestructuras que impulsan nuestras economías.

Los sindicatos reclaman una política fiscal expansiva inmediata e instan a los gobiernos a aumentar los bajos niveles actuales de inversión pública para estimular la demanda de acero. La inversión pública es vital para áreas clave como el desarrollo de infraestructura, la innovación tecnológica y la investigación y desarrollo en el sector siderúrgico. Los gobiernos deben poner en marcha las medidas necesarias para garantizar la demanda de acero ecológico de buena calidad fabricado con condiciones de trabajo decentes, incluso a través de sistemas de contratación pública.

Veronica Nilsson, secretaria general de la TUAC, expresó:

“Necesitamos que la OCDE se aleje de las reformas económicas que reducen la inversión pública y desmantelan las instituciones del mercado laboral. Si queremos un futuro para la industria siderúrgica, tenemos que acelerar la inversión en infraestructuras, defender los empleos de calidad y reforzar el poder adquisitivo de los hogares trabajadores para que puedan consumir los productos que fabricamos”.

Christina Olivier, secretaria general adjunta de IndustriALL Global Union, declaró:

“Los trabajadores siderúrgicos que impulsan esta industria no deberían ser los que paguen el precio de las medidas de austeridad. Exigimos políticas que promuevan la innovación, la inversión y el crecimiento a largo plazo en un futuro sostenible para la producción de acero. Las empresas multinacionales no deben centrarse únicamente en pagar dividendos a los accionistas; tienen la responsabilidad de contribuir a este esfuerzo. El apoyo público debe venir acompañado de unas condiciones sociales fuertes, que garanticen que la inversión en la transición hacia una economía más sostenible beneficia a los trabajadores, con buenas condiciones laborales y salariales, y no solo con ganancias para unos pocos”.

Judith Kirton-Darling, subsecretaria general de industriAll Europe, declaró:

“El sector siderúrgico europeo está en crisis, con recortes de producción, paralización de fábricas y cierres de centros de producción ligados a una baja demanda sin precedentes y a un aumento récord de las importaciones. Los trabajadores europeos de esta industria reclaman unas condiciones equitativas y el fin de esta carrera hacia el abismo para producir al menor costo posible, que solo enfrenta a los trabajadores entre sí. Queremos acero ecológico fabricado por trabajadores con buenas condiciones laborales, tanto en Europa como en otros continentes, y pedimos a los gobiernos que inviertan en este tipo acero con fuertes condicionalidades ecológicas y sociales”.

16 días de activismo contra la violencia de género

El año pasado, el comité de mujeres expertas del sector TGSL recomendó una campaña específica para el sector; consulten el folleto adjunto para su uso durante los 16 días.
 
Envíennos fotos de sus acciones y, cuando las publiquen en las redes sociales, etiquétennos y usen los dos hashtags #NoExcuse y agregue #GarmentWorkersNeedSafeFactories