Bangladesh: el aumento anual del nueve por ciento no es suficiente

El salario mínimo se revisó por última vez en Bangladesh en noviembre de 2023, cuando el gobierno aumentó el salario básico de un trabajador de la confección de BDT 8000 (USD 66) a BDT 12.500 (USD 104), con un aumento anual del 5 %. Los sindicatos, incluidos los afiliados de IndustriALL, habían pedido un salario mínimo de BDT 23.000 (USD 190), con un aumento anual del 10 %, pero el aumento salarial final se ajustó más a la propuesta de los propietarios de las fábricas de ropa. Esto provocó manifestaciones masivas en Daca, que se enfrentaron a una brutal acción policial que culminó con asesinatos de trabajadores y la apertura de causas penales contra dirigentes sindicales.

Nazma Akhter, miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL y presidenta de la Federación Sommilito Garments Sramik, expresó:

“Con una inflación por encima del 11 %, el aumento anual adicional del 4 % es una miseria. Los trabajadores de la industria de la confección no pueden sobrevivir debido a la falta de crecimiento de los salarios reales y al aumento del costo de vida. Instamos al gobierno a crear un nuevo Consejo del Salario Mínimo lo antes posible y a revisar el salario teniendo en cuenta las necesidades de los trabajadores y garantizando que se les pague un salario digno, no un salario de hambre”.

Junto con sus afiliados, IndustriALL está presionando para que se celebren negociaciones sectoriales jurídicamente vinculantes para mejorar las condiciones de trabajo y los salarios en la industria. A través de la plataforma de diálogo conjunto entre los empleadores, los sindicatos y los compradores en el marco de la iniciativa Acción, Colaboración, Transformación (ACT), IndustriALL está desarrollando un enfoque conjunto de la negociación colectiva, sustentado en las prácticas de compra pertinentes de los compradores mundiales.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, declaró:

“Creemos que es necesario construir un marco integral que permita la negociación colectiva a nivel del sector para mejorar las condiciones de trabajo y los salarios, así como garantizar que las prácticas de compra de las marcas respalden directamente la negociación colectiva. Este es un momento único para que los trabajadores y los empleadores de Bangladesh establezcan una industria de la confección mejor y más justa, e invitamos a las asociaciones de empleadores a que colaboren con nosotros para lograr este objetivo”.

Fotografía: Flickr de la OIT Asia-Pacífico

Los sindicatos luchan por una Transición Justa en el sector textil y de la confección

Christina Hajagos-Clausen, de IndustriALL, presentó un panorama general del sector, que emplea a más de 300 millones de personas en todo el mundo, y señaló los retos del trabajo informal, la protección social inadecuada y las desigualdades en el diálogo social.

La creciente presión sobre las marcas para que integren los principios de la economía circular repercutirá en los puestos de trabajo del sector. Los participantes de Sudáfrica expresaron su preocupación por la afluencia de ropa de segunda mano, que perturba las industrias locales, y recalcaron la necesidad de estimular el comercio intraafricano para fomentar el crecimiento sostenible.

“No existe una solución única: necesitamos soluciones a medida que aborden las disparidades regionales y sectoriales. Como sindicatos, tenemos que asegurarnos de tener un papel y una posición política fuertes”,

declaró Christina Hajagos-Clausen.

La directora de género de IndustriALL, Armelle Seby, y Maike Niggemann, de industriALL Europe, hicieron hincapié en la ausencia de igualdad de género en los planes de Transición Justa existentes, e instaron a los sindicatos a adoptar un enfoque transformador en materia de género, que aborde las desigualdades sistémicas como la segregación ocupacional y la desigualdad salarial. Este tema se desarrollará aún más en un proyecto conjunto de industriAll Europe e IndustriALL Global.

“El acceso a los programas de reconversión profesional y de capacitación debe ser equitativo. Necesitamos cuotas para garantizar que las mujeres no se queden atrás en los empleos verdes emergentes”.

IndustriAll Europe presentó su trabajo con sus interlocutores sociales del sector textil, la Comisión Europea y la OIT para lograr una Transición Justa en el sector. A nivel intersectorial, industriAll Europe elaboró un Manifiesto por una Transición Justa, en consulta con sus afiliados, en el que se pide un marco jurídico global para la Transición Justa, con un fortalecimiento del derecho al diálogo social, y la creación de un Observatorio de la Transición Justa de la UE. Se planteó la posibilidad de utilizar algunas de estas reivindicaciones para redactar un manual global del sector textil para una Transición Justa.

Judith Kirton-Darling, secretaria general de industriAll Europe, expresó:

“La Transición Justa significa ‘Nada sobre nosotros, sin nosotros’. Los trabajadores deben tener derechos, capacidades y recursos para anticiparse al cambio y gestionarlo. Esto plantea grandes retos en la cadena mundial de suministro textil, con muchos trabajadores informales no sindicalizados. Las marcas europeas deben asumir sus compromisos a nivel mundial y garantizar que la transición sea justa a lo largo de la cadena de suministro”.

Tras muchas negociaciones, los sindicatos belgas lograron una victoria a nivel nacional: ahora, las empresas con más de una veintena de empleados están obligadas a negociar planes anuales de capacitación junto con los sindicatos. Esto garantiza que los trabajadores reciban una formación alineada con las necesidades de la transición, un modelo que podría replicarse en otros lugares.

En cuanto a la responsabilidad y la rendición de cuentas de parte de las empresas, los participantes reclaman, de forma unánime, que las marcas se responsabilicen por su papel en las dificultades del sector. El sindicato estadounidense Workers United recalcó que las medidas voluntarias no son suficientes y que se necesitan acuerdos jurídicamente vinculantes que garanticen que las marcas contribuyen a los fondos de protección de los trabajadores.

La directora del Centro de Transición Justa (CTJ) de la CSI, Giulia Laganà, estuvo de acuerdo:

“No corresponde a los consumidores cambiar un sistema que no funciona: las empresas, los gobiernos y las instituciones multilaterales deben actuar para rectificar las cadenas de valor, y así garantizar una verdadera sostenibilidad social y ambiental”.

La organización india SEWA puso de relieve la difícil situación de las trabajadoras informales y domésticas, muchas de las cuales carecen de salario mínimo o de protección social, y pidió que se responsabilizara a las marcas del norte global, con el fin de que se establezca un marco mundial que haga cumplir los derechos laborales en todas las cadenas de suministro.

Los participantes de Bulgaria señalaron las oportunidades y los retos potenciales de la transición a una economía más circular, y destacaron que las empresas de reciclaje afirman formar parte de la economía circular, pero que sus trabajadores no están sindicalizados y no existe negociación colectiva. Un claro ejemplo de la exigencia de que los nuevos empleos “verdes” sean empleos decentes con derechos para los trabajadores, incluida la libertad sindical, que debe respetarse. Se animó a los participantes a identificar áreas de crecimiento, como el reciclaje textil.

El taller concluyó con un acuerdo sobre la elaboración de un documento político y una hoja de ruta para los trabajadores del sector textil de todo el mundo, con el fin de ayudarles a avanzar hacia una producción más sostenible y garantizar, al mismo tiempo, una Transición Justa para todas las personas. El manifiesto describirá las prioridades sindicales, las soluciones específicas para el sector y las herramientas prácticas para lograr una Transición Justa.

Foto: Fábrica de ropa en Zimbabue, septiembre de 2024

Dirigentes de Brasil planifican políticas de sindicalización para aumentar el poder sindical

La actividad fue organizada en cooperación con el sindicato IG Metall (afiliado a IndustriALL en Alemania). Se movilizó una audiencia muy diversa, con dirigentes sindicales de 9 estados brasileños, representando a 20 sindicatos diferentes. Fue un grupo mayoritariamente femenino, con mujeres representando casi el 70 por ciento de los/as participantes.

Durante los tres días de formación, los/as dirigentes estudiaron y practicaron cómo utilizar algunas herramientas de planificación para desarrollar una política de sindicalización permanente en cada sindicato, con el objetivo de aumentar el poder sindical en Brasil. 

También hubo un momento de intercambio, en el que la asesora política y sindical de IG Metall en el distrito regional central, Petra, la directora del departamento de política sindical global y europea de IG Metall, Claudia Rahman, y la dirigente sindical de IG Metall, Michelle Maifarth, compartieron sus estrategias de incidencia para las elecciones del comité de empresa, destacando la importancia de la planificación basada en datos para diseñar estrategias y campañas asertivas, dirigidas a comunicarse con diversos grupos.

Tras años de dominio de la visión y la práctica del neoliberalismo, los trabajadores de todo el mundo se encuentran en desventaja. En Brasil, la reforma laboral y la ley de tercerización, sumadas a la falta de inversiones en la industria y el empleo, han impactado las estructuras sindicales y su capacidad de representación. 

La coordinadora de proyectos de IndustriALL en la oficina regional de America Latina y el Caribe, Milena Leão, comenta: 

“En todo el mundo se habla más de preservar viejos derechos amenazados que de conquistar nuevos. Por eso, es más necesario que nunca que los sindicatos planifiquen sus acciones desde el lugar de trabajo.

La batalla es más dura que nunca y, saber hacia dónde queremos ir, analizar el escenario y estar conectados con los intereses reales de los trabajadores son las bases para planificar políticas de sindicalización eficaces que eleven el papel del movimiento sindical como principal instrumento de organización y defensa de los intereses de la clase trabajadora.”

Los participantes también trabajaron la identificación, formación y movilización de líderes, y estudiaran los perfiles de los trabajadores de las 5 principales empresas donde cada sindicato va a elaborar un plan de acción permanente para sinidicalizar. 
Por su parte, los organizadores nacionales (representantes de los afiliados de IndustriALL en Brasil) definieron un calendario de seguimiento a través de reuniones virtuales para monitorear y actualizar los planes de sindicalización de cada sindicato. 

Esta acción también forma parte del objetivo de avanzar en los derechos de los trabajadores, del plan estratégico de la oficina regional de IndustriALL para América Latina y el Caribe para 2025, lo que implica que habrá un seguimiento el próximo año.. 

Impulsar el cambio para poner fin a la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo

Este año es particularmente significativo, ya que IndustriALL marca el primer año en curso de su política #SinExcusas contra la VABG, la misoginia y el sexismo, adoptada en noviembre de 2023. Esta política es un componente clave de la campaña #SinExcusas, que se puso en marcha el 8 de marzo de 2024, Día Internacional de la Mujer, y tiene como objetivo fomentar un cambio cultural hacia la tolerancia cero de cualquier forma de violencia en los lugares de trabajo y los sindicatos.

Política #SinExcusas

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La política incluye un conjunto de recomendaciones integrales que describen los pasos a seguir para reforzar la seguridad en el lugar de trabajo, mejorar los mecanismos de denuncia y apoyar a las víctimas. Para facilitar su acceso y distribución, se ofrece una versión resumida del afiche con sus recomendaciones, que proporciona una referencia visual y concisa que se puede utilizar en los sindicatos y los lugares de trabajo.

Acceda al afiche y compártalo aquí:

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próximamente disponible

 

La urgencia de estos esfuerzos se pone de manifiesto ante las estadísticas alarmantes de las Naciones Unidas: a nivel mundial, una mujer es asesinada intencionalmente por su pareja o un familiar cada diez minutos. Además, el auge de las plataformas digitales ha presentado nuevos retos, ya que entre el 16 y el 58 por ciento de las mujeres de todo el mundo sufren formas de violencia de género facilitadas por la tecnología. Las más jóvenes, particularmente de la Generación Z y las Millennials, se ven afectadas de manera desproporcionada.

En respuesta a estos retos, IndustriALL está preparando a sus afiliados con las herramientas necesarias para combatir la VABG de manera eficaz. Desde 2017, se han puesto en marcha varias campañas y se han facilitado recursos, entre ellos:

El compromiso en inglés

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en árabe

en ruso

en coreano

en turco

en japonés

IndustriALL hace un llamado a sus afiliados para que participen en los 16 días de activismo. Se alienta a los miembros a compartir información y fotos de las acciones de su sindicato utilizando el hashtag #SinExcusas, así como a visitar el sitio web y las redes sociales de IndustriALL para obtener actualizaciones continuas y recomendaciones sobre cómo impulsar el cambio cultural.

“Nuestros esfuerzos colectivos durante el último año han establecido una base sólida para un lugar de trabajo más seguro y equitativo. Llevemos adelante este impulso, garantizando que nuestros lugares de trabajo no solo fomenten, sino que exijan, el respeto, la dignidad y la seguridad de todas las mujeres. Entre todos, estamos construyendo un legado de cambio que resonará durante generaciones”,

expresó Christina Olivier, secretaria general adjunta de IndustriALL.

IndustriALL se dedica a crear un entorno libre de misoginia y sexismo institucional, en el que la confianza y la seguridad sean primordiales, y sigue abogando por la formación integral, la sensibilización y la negociación de convenios colectivos que tengan como objetivo específico la eliminación del acoso sexual.

Únase a nosotros en este movimiento crucial hacia un mundo en el que ninguna mujer tenga que soportar acoso ni violencia, ya sea en casa, en público o en el lugar de trabajo.

Justicia brasileña absuelve penalmente a BHP, Samarco y Vale del homicidio ambiental en Mariana

La represa de Fundão de Samarco (propiedad de BHP y Vale) colapsó el 5 de noviembre de 2015 en Mariana, Minas Gerais, provocó el mayor desastre ambiental en la historia del país y causó la muerte de 19 personas.

Nueve años después, el Tribunal Federal de la Subsección Judicial de Ponte Nova de Brasil absolvió a los acusados implicados en la causa penal sobre el derrumbe de la represa. Las empresas Samarco, Vale y BHP, así como 21 ejecutivos y técnicos fueron absueltos, según la Justicia, debido a la falta de pruebas de actos individuales que determinaran la responsabilidad penal directa por el desastre. 

“Tras una larga investigación, los documentos, informes y testigos oídos para dilucidar los hechos no respondieron qué comportamientos individuales contribuyeron directa y decisivamente al colapso de la presa de Fundão. Y en el ámbito del proceso penal, la duda -que resuena de las pruebas analizadas en el cuerpo de esta sentencia- sólo puede resolverse a favor de los acusados”

dijo la jueza del caso, Patrícia Alencar, en el preámbulo de su sentencia, según información compartida por la Justicia Federal sección judicial de Minas Gerais.

En la decisión de la magistrada a favor de los acusados también subraya la importancia de las investigaciones técnico-científicas para poder contribuir a las estrategias preventivas y evitar que se repitan las tragedias.

Además, dijo que es importante centrarse en la reparación de los daños a las comunidades afectadas, a pesar de que reconoce que ni siquiera con importantes indemnizaciones es posible compensar plenamente las pérdidas experimentadas por las víctimas y el impacto medioambiental sufrido.

Aunque no hubo condena penal, el gobierno federal firmó el 25 de octubre de 2024 un nuevo “Acuerdo de Ajuste de Conducta de Mariana” con las empresas involucradas donde se comprometieron a destinar millones de reales en recursos para reparar los daños causados por la tragedia de Mariana.

La vicepresidenta de IndustriALL, Lucineide Varjão, se refirió al acuerdo y manifestó:

“Después de 9 años este acuerdo sólo fue posible gracias al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El movimiento sindical y los movimientos sociales necesitan monitorear los plazos y el cumplimiento del acuerdo alcanzado con el Sindicato.”

Según reportó el sitio web oficial de Gobierno de Brasil, el acuerdo prevé el pago de 132.000 millones de reales, de los cuales 100.000 millones de reales representan fondos que las empresas implicadas en la tragedia deberán pagar durante 20 años al Gobierno para destinarlos a diversos fines. Las empresas también destinarán otros 32.000 millones de reales a financiar indemnizaciones a las personas afectadas y acciones de reparación que seguirán siendo de su responsabilidad, además de los 38.000 millones de reales que afirman haber pagado ya. 

En su discurso durante la firma del Nuevo Acuerdo de Mariana, el primer mandatario de Brasil, Lula, dijo:

“Estamos reparando un desastre que se podía haber evitado, pero no se evitó. Por irresponsabilidad, por afán de lucro. (…) Lo que ocurrió en Mariana fue un problema de irresponsabilidad pura y simple hacia la gente de la región. (…) Quizá nunca podamos reparar todo el daño que han sufrido estas personas, porque está el daño psicológico.

Además de las muertes, está la pérdida de las cosas que la gente amaba y que nunca volverán a ver, y no hay sustituto. (…) Así que esto es importante, compañeros ministros: (…) tienen la responsabilidad de empezar a construir el futuro que les vamos a entregar a esas personas.”

Por su parte, el secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, concluyó:

“En estos años IndustriALL visitó la zona de Mariana para mostrar solidaridad, uniéndose a las demandas de justicia de los aliados de la sociedad civil. Celebramos que la justicia ha llegado para el caso Mariana, aunque tarde. Obviamente, cuando hay un compromiso político firme, trae resultados. Las empresas deben rendir cuentas. Deben asumir la responsabilidad para evitar una situación como esta en el futuro".

Fuentes consultadas: Justiça federal Seção Judiciária de Minas GeraisPresidência da República 

Triunfo del NUMSA en su lucha por la reincorporación de trabajadores en Goodyear

El conflicto comenzó el 31 de mayo de 2021, cuando Goodyear despidió a varios trabajadores —miembros del NUMSA, afiliado a IndustriALL— después de que rechazaran una orden de trabajar con descansos escalonados y de mantener una producción continua con las máquinas en funcionamiento sin las pausas adecuadas. Los empleados consideraron que la política no era razonable, y cuando se opusieron, la dirección respondió con represalias rápidas y duras.
 
El sindicato se hizo cargo inmediatamente del caso de los trabajadores y presentó una queja ante la Comisión para la Conciliación, la Mediación y el Arbitraje (CCMA).

En junio de 2022, la CCMA falló a favor de los trabajadores y determinó que, si bien sus acciones podían considerarse insubordinación, no eran lo suficientemente graves como para justificar el despido.

Además, concluyó que los trabajadores habían recibido amonestaciones finales por escrito de forma injusta, que se les había denegado la representación sindical a pesar de haberla solicitado explícitamente y que dichas amonestaciones formaban parte de una estrategia más amplia de Goodyear para sentar las bases de los despidos colectivos. Se consideró que el proceso había sido fundamentalmente injusto, por lo que los trabajadores tenían derecho a ser reincorporados.

Sin inmutarse por la decisión de la CCMA, la dirección de Goodyear acudió al Tribunal Laboral, intentando anular la decisión y denegar a los trabajadores su legítima reincorporación. 

En un hito histórico para los derechos laborales, el Tribunal desestimó la demanda de la empresa. Esta decisión significa que los trabajadores, que habían sido despedidos injustamente por defender sus derechos, volverán a sus puestos de trabajo. 

“El papel del NUMSA en este éxito va mucho más allá de las victorias judiciales; es un sindicato que se preocupa de verdad por sus miembros. Como uno de los sindicatos más combativos de Sudáfrica, el NUMSA ha contribuido sustancialmente al desarrollo de la legislación laboral y tiene un orgulloso historial de lucha por los derechos de la clase trabajadora. Los recursos y esfuerzos del sindicato, incansablemente dedicados a la causa de la justicia, han sido la fuerza impulsora de esta victoria”,

declaró el NUMSA en un comunicado. 

“A medida que el NUMSA se mantiene del lado de los trabajadores, dispuesto a defenderlos contra cualquier otro desafío —incluida la probable apelación de Goodyear—, el mensaje del sindicato es claro: nunca nos rendiremos. Este caso pone de manifiesto el poder de la acción colectiva y la importancia de afiliarse a un sindicato que no solo promete justicia, sino que la hace realidad. El NUMSA es un sindicato que hace honor a su palabra, un sindicato que lucha por los derechos de los trabajadores en todo momento”,

declaró Mziyanda Twani, secretario regional del NUMSA para la provincia del Cabo Oriental.

“El NUMSA es digno de elogio por seguir defendiendo los derechos de los trabajadores a la salud y la seguridad en el trabajo frente a unas multinacionales que utilizan cada vez más la vía judicial para revertir las conquistas obreras. Los trabajadores no deben ser victimizados por defender sus derechos”, 

declaró Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana.

Fotografía: Flickr.

“Ahuyentarlos” o legalizar la minería artesanal en Sudáfrica

La policía declaró que está a la espera de detener a estos mineros tan pronto como salgan a la superficie, como ha ocurrido con más de 1000 mineros. Sin embargo, algunos fueron rescatados mediante un sistema de poleas de cuerda, deshidratados y demacrados, mientras que un cadáver descompuesto fue recuperado de la mina. La mayoría de los mineros artesanales provienen de Lesoto, Mozambique y Zimbabue, y trabajan junto a exmineros sudafricanos.
 
En el marco de la operación Vala umgodi (“cerrar los agujeros” en zulú), dirigida contra la minería ilegal, la policía selló las entradas al pozo y dejó atrapados a los mineros, también conocidos como “zama-zamas”. Debido a la presencia policial, se cortó el suministro de agua y alimentos a las personas bajo tierra.
 
En respuesta a los llamados de las comunidades a enviar ayuda a los mineros atrapados, una ministra de la presidencia, Khumbudzo Ntshaveni, afirmó que el gobierno no rescatará a los “criminales”. “Vamos a ahuyentarlos, ya saldrán”, añadió.

Esta declaración fue objeto de protestas por parte de sindicatos, organizaciones de derechos humanos y grupos comunitarios. Sin embargo, una orden judicial dictaminó que el gobierno tenía la responsabilidad de proteger los derechos humanos en virtud de la Constitución, y de proporcionar agua y comida a los mineros. 
 
Actualmente, hay equipos de rescate en la mina para ayudar en las operaciones de salvamento.
 
En una declaración, la Indaba Minera Alternativa (AMI) afirmó: 
 
“Es desolador que en una democracia constitucional como Sudáfrica se sigan cometiendo atrocidades de esta naturaleza, a pesar de la dolorosa historia del país en materia de despojo violento de tierras y explotación económica racial bajo el apartheid. El estancamiento actual, marcado por la presencia agresiva de las fuerzas de seguridad, no aborda las causas profundas que llevan a las personas a arriesgar su vida en las minas abandonadas”. La AMI afirma que hay más de 6000 minas abandonadas en Sudáfrica que podrían explotarse para contribuir a la subsistencia de las comunidades.
 
Phillip Mankge, secretario general adjunto en funciones del Sindicato Nacional de Mineros (NUM), declaró:

“Desde el NUM queremos dejar bien claro que no apoyamos la declaración. De hecho, es inhumano e irresponsable por parte de la ministra pronunciar estas palabras cuando hay gente atrapada bajo tierra”.

Según los informes, los mineros artesanales extraen oro por valor de más de 8 millones de dólares al año. Este oro se vende en los mercados de Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.
 
La Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo es aplicable a Sudáfrica teniendo en cuenta la violencia asociada a la MAPE, puesto que las empresas mineras y sus agentes compran oro a los mineros artesanales. Investigaciones y causas judiciales han confirmado que bandas fuertemente armadas y jefes de la minería ilegal actúan como fachadas para los compradores autorizados a escala nacional e internacional. Varios zama-zamas han muerto en guerras territoriales entre bandas rivales, ha habido tiroteos entre la policía y la seguridad de las minas y se han denunciado casos de violación contra estas personas.
 
El NUM, sindicato afiliado a IndustriALL, afirmó que las lagunas políticas en materia de MAPE han creado situaciones en las que la minería artesanal es practicada por organizaciones criminales.
 
Kopano Konopi, secretario provincial del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) para el Noroeste, donde se encuentra la mina, expresó:

“El COSATU cree que el gobierno debería replantearse las políticas mineras del país, ya que el producto producido por los mineros considerados ilegales encuentra una salida en el mercado, aunque se compre a bajo precio. Se debería estudiar la posibilidad de expedir concesiones mineras artesanales a pequeños mineros y cooperativas”.

“Hay modelos que se pueden adoptar para la MAPE en Sudáfrica, incluida la implementación de las políticas existentes por parte del Departamento de Recursos Minerales. La MAPE debe formalizarse considerando las condiciones socioeconómicas del país, caracterizadas por una elevada tasa de desempleo y pobreza. La minería no debe ser solo para las empresas multinacionales, sino que también debe beneficiar a los exmineros y a sus comunidades”,

declaró Glen Mpufane, director de minería de IndustriALL.

Además, hizo hincapié en las recomendaciones de la Visión Minera de África, que afirma que de la MAPE pueden derivarse beneficios positivos, como medios de vida sostenibles y reducción de la pobreza.


 

Represión sindical y despidos en un fabricante tailandés de autobuses eléctricos respaldado por Suiza

En repetidas ocasiones, IndustriALL ha denunciado casos de represión sindical tanto ante el gobierno suizo como ante el empleador tailandés. Absolute Assembly ha interferido en los asuntos sindicales y se ha negado a entablar negociaciones colectivas con el sindicato EMUT, afiliado a CILT/TEAM, a su vez afiliado a IndustriALL Global Union.

IndustriALL instó al gobierno a tomar medidas de acuerdo con su compromiso expreso de aplicar el Acuerdo de París, sobre todo dada la gran importancia que Suiza concede a “la promoción, el respeto y la materialización de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo” y que “espera que el sector privado respete los derechos humanos tanto en Suiza como en el extranjero”.

Pero, por desgracia, la situación sigue deteriorándose. Ahora, Absolute Assembly planea despedir a cientos de trabajadores de su fábrica de autobuses eléctricos para el transporte público de Bangkok sin dialogar con el EMUT.

Atle Høie, el secretario general de IndustriALL, expresó:

“Estamos profundamente preocupados e indignados por los planes de Absolute Assembly de despedir a cientos de trabajadores, y exigimos nuevamente el fin inmediato de las violaciones de los derechos laborales fundamentales. Los trabajadores, representados por su sindicato, deben participar activamente en los debates sobre cualquier reestructuración, y la empresa debe garantizar la seguridad de sus puestos de trabajo”.

Además de exhortar a Absolute Assembly a dialogar con el sindicato, IndustriALL se ha puesto en contacto con los gobiernos suizo y tailandés para instarles a que intervengan en el asunto.

Fotografía: tráfico de Bangkok, Flickr

Trabajadores metalúrgicos sudafricanos en huelga por recortes de personal en ArcelorMittal

La huelga comenzó con un piquete en la planta de AMSA en Vanderbijlpark, a unos 70 km al sur de Johannesburgo.

Dado que estos recortes están teniendo lugar justo antes de las vacaciones de Navidad, el NUMSA, afiliado de IndustriALL, afirma que AMSA está “demostrando su falta de humanidad hacia los trabajadores”. Según el sindicato, esta actitud se hace evidente al negarse a buscar alternativas a los despidos, como podrían ser ofrecer a los trabajadores indemnizaciones por despido voluntario o una jubilación anticipada.

“Solo una dirección cruel e insensible puede dejar a los trabajadores en la calle justo antes de Navidad, y esto merece ser condenado enérgicamente. AMSA acaba de cancelar las Navidades de estos empleados al precipitar los despidos, agravando así la miseria de sus familias”,

declaró Kabelo Ramokhathali, secretario regional del NUMSA para la región de Sedibeng.
 
El NUMSA confirmó haber rebatido los argumentos de AMSA en virtud del artículo 189A durante sus negociaciones. En este proceso de consulta, que comenzó en agosto, la empresa no logró convencer al sindicato de que los recortes de personal fueran la única opción posible. Además, el sindicato sostiene que AMSA no presentó toda la información que podría ayudar a preservar los puestos de trabajo y encontrar empleos alternativos para los trabajadores afectados. El artículo 189A de la Ley de Relaciones Laborales obliga al empleador a justificar los despidos con base en requisitos operativos que obedezcan a “necesidades económicas, tecnológicas, estructurales o similares de la empresa”.
 
Como consecuencia de sus reservas, el NUMSA manifestó su preocupación por las perspectivas de empleo futuras de los trabajadores despedidos, especialmente antes las duras condiciones económicas actuales de desempleo elevado, cuya tasa ampliada, que incluye a las personas desanimadas con la búsqueda de empleo, es del 41,9 %.

Además, la economía está estancada, con una tasa de crecimiento estimada del 1,1%, y se caracteriza por la pobreza, la desigualdad y el declive de la industria manufacturera, según el Banco Africano de Desarrollo.
 
Asimismo, el NUMSA expresó su preocupación por otros 200 trabajadores que perderán sus prestaciones al ser trasladados a otras áreas debido a los bajos salarios, así como por la externalización de las funciones básicas de los trabajadores de la Planta de acero plano durante su reestructuración en curso. El sindicato afirma que AMSA no lo consultó acerca de estos temas y que no fue transparente.
 
Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, declaró:

“AMSA debe considerar los recortes como un último recurso y continuar dialogando con el NUMSA con miras a analizar posibles medidas para conservar los puestos de trabajo y seguir protegiendo los intereses de los trabajadores”.

A pesar de un fallo judicial favorable, los trabajadores de IFFCO Pakistán no obtienen justicia

Después de casi una década desde que se presentó la primera petición, la Corte Suprema de Pakistán falló a favor de los trabajadores subcontratados de IFFCO el 4 de abril de 2024. La Corte Suprema ratificó la decisión de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NIRC) de Karachi, adoptada en 2020, en un caso presentado por 90 trabajadores subcontratados de IFFCO contra prácticas laborales desleales y violación del derecho de los trabajadores a la libertad sindical. 

La NIRC había dictaminado que “se estaba privando a estos trabajadores de las prestaciones laborales estatutarias de las que gozan los demás empleados que se afilian al sindicato titular del convenio colectivo, y que no se les permite afiliarse a este sindicato ni se les proporcionan los mismos beneficios e instalaciones otorgadas a los miembros del convenio colectivo, a pesar de que la naturaleza del trabajo y las funciones son las mismas, y se les está tratando injustamente”. 

Se ordenó a la empresa que pagara PKR 30.000 (USD 108) como multa a cada uno de los trabajadores, que los reincorporara y que pagara los salarios atrasados.

En lugar de implementar esta decisión judicial, la dirección de IFFCO solicitó a la Corte Suprema que revisara la orden. El 16 de octubre, dicho tribunal desestimó la petición de IFFCO y ratificó su orden anterior del 4 de abril de 2024.

La Federación Sindical de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas de Pakistán (PCEM), afiliada a IndustriALL, informó de que el mes pasado, el 23 de octubre, cuando 45 trabajadores se presentaron en la planta de IFFCO, se les negó la entrada y, en su lugar, el personal de seguridad armado los llevó a una instalación inactiva de la empresa. Se confinó a los trabajadores en una habitación de dicha planta inactiva, sin asignarles ningún trabajo.

Posteriormente, el 1 de noviembre, la dirección emitió un aviso en el que ordenaba a los mismos trabajadores que se presentaran inmediatamente en la otra planta, advirtiéndoles de que, de no hacerlo, se les marcaría como ausentes. Sin embargo, cuando los trabajadores regresaron a la planta especificada, fueron expulsados por la fuerza una vez más. Además, uno de los funcionarios de la PCEM también ha recibido amenazas por parte de la dirección.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, declaró: 

“Instamos a IFFCO Pakistán a que intervenga de inmediato en el asunto. La empresa debe respetar la decisión de la Corte Supremo readmitiendo a estos trabajadores y entregándoles cartas formales de reincorporación”.