Un sindicato de Namibia se pone en marcha para organizar a los trabajadores de la industria automotriz

El MANWU, afiliado a IndustriALL, desea aumentar su base de afiliados en este sector.

La industria automotriz de Namibia está en crecimiento. El Gobierno ha respaldado a los fabricantes de equipos originales (OEM), sobre todo a Peugeot, como pilares de la industria nacional. Sin embargo, el proyecto de Peugeot se ha estancado, ya que el fabricante de automóviles ha tenido dificultades para mantener las ventas a nivel local y no ha logrado entrar en el mercado de la exportación. Como consecuencia, se han creado menos puestos de trabajo.

Se espera que nuevos actores, entre ellos fabricantes chinos, ganen terreno en el aún modesto mercado namibio. Mientras tanto, el Gobierno está sentando las bases para el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos (VE). Esto está alineado con una política de Transición Justa que busca garantizar que el cambio hacia un transporte limpio no se produzca a costa de los trabajadores.

Aprender los conceptos básicos

El taller, que contó con el apoyo de la oficina regional de IndustriALL para África Subsahariana, abordó temas como la salud y la seguridad en el trabajo (SST), la gestión de casos en el lugar de trabajo, las estrategias de sindicalización y la Transición Justa.

Los comités de SST se destacaron como un elemento central, y los participantes de la capacitación aprendieron cómo crearlos y gestionarlos. Cuando funcionan correctamente, estos comités se encuentran entre los mecanismos más eficaces que existen: reducen las lesiones, garantizan el cumplimiento de las protecciones legales y otorgan a los trabajadores una voz oficial en lo que respecta a las condiciones de trabajo. En un sector en el que los riesgos para la seguridad son frecuentes y la aplicación de la normativa es desigual, la salud y la seguridad son fundamentales.

“Vinimos a aprender a gestionar los casos en el lugar de trabajo, a conocer nuestros derechos y a saber qué puede hacer el sindicato por nosotros”,

afirmó Stephanie Kapuka, trabajadora de Gobabis Toyota.

La capacitación incluyó la gestión de casos, entre ellos los procedimientos disciplinarios, las quejas, los reclamos y los conflictos. Para los trabajadores sin formación especializada en materia jurídica, los conflictos laborales pueden parecer imposibles de resolver. El taller tenía como objetivo cambiar esa situación y aumentar la confianza de los participantes, además de desarrollar sus competencias.

Los participantes hablaron con franqueza sobre el reto que supone la sindicalización. La negociación colectiva solo se fortalece cuando aumenta la afiliación, y los trabajadores deben confiar en que el sindicato puede cumplir. El sindicato, por su parte, debe contar con la cantidad suficiente de afiliados para sentarse a la mesa de negociación.

Transición Justa

En Namibia, donde la minería y la industria manufacturera son fundamentales para el sustento de la población y se ven sometidas a la presión de la descarbonización, el significado de la Transición Justa es objeto de controversia. Para los afiliados del MANWU, la Transición Justa significa que la industria automotriz se transformará. El impulso global hacia los vehículos eléctricos está reconfigurando el sector, aunque su adopción en Namibia siga siendo baja. Si los trabajadores no están presentes en la mesa de negociaciones, las consecuencias recaerán sobre los más vulnerables. Ese fue el mensaje claro de los delegados sindicales. El MANWU participa en los debates nacionales sobre la Transición Justa y quiere garantizar que los delegados sindicales puedan traducir el lenguaje de las políticas a la realidad de la planta de producción.

“Quiero entender qué significa la Transición Justa para nuestros puestos de trabajo; no solo escuchar la expresión, sino saber qué significa realmente para trabajadores como nosotros”,

expresó Andreas Hochobes, de Drydock and Ship Repair.

“Dada la transición que está experimentando la industria automotriz como consecuencia de la movilidad eléctrica, los sindicatos deben continuar con sus campañas de afiliación y participar en la negociación colectiva. El diálogo social con los principales interlocutores sigue siendo esencial para proteger las condiciones laborales de los trabajadores”,

afirmó Paule-France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana.

Política de IndustriALL sobre protección de la infancia

1. Introducción y finalidad de esta política

IndustriALL aplica un enfoque basado en los derechos humanos a toda su labor y sus programas, y se compromete a promover el respeto y la dignidad humana, así como a proporcionar un entorno libre de cualquier forma de discriminación, violencia y acoso, de conformidad con el artículo 32 de sus Estatutos.

Asimismo, este enfoque se basa, entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluidos el Convenio núm. 138 sobre la edad mínima y el Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil.

Estos instrumentos reconocen los derechos fundamentales de los niños a la seguridad, la salud, la educación, la protección, el juego, la dignidad y el pleno desarrollo.

La prevención del trabajo infantil ha sido, durante mucho tiempo, una parte integral de la labor de IndustriALL. La organización mantiene su firme compromiso con la promoción activa de la prevención del trabajo infantil y la protección de los derechos de los niños a nivel nacional, regional e internacional. Además, IndustriALL no tolera ninguna forma de abuso, explotación o daño a los niños, independientemente de la situación o el contexto en que se produzca.

El objetivo de esta política es garantizar que, en todas las actividades, programas, alianzas y colaboraciones de IndustriALL, los niños no sean objeto de daños, abusos o explotación, y que se respeten y protejan sus derechos. Esta política se aplica a todas las personas que participan en la labor de IndustriALL, incluidos los empleados, afiliados, representantes y consultores.

2. Definiciones

Trabajo infantil

El trabajo infantil se define, según la OIT, como aquel trabajo que priva a los niños de su infancia, de su potencial y de su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y mental. Se refiere a aquel trabajo que:

Sea peligroso o perjudicial para los niños desde el punto de vista mental, físico, social o moral, y/o
Interfiera en su escolarización al privarles de la oportunidad de asistir a la escuela, obligarles a abandonar la escuela prematuramente o exigirles que combinen la asistencia a la escuela con un trabajo excesivamente largo o pesado.
La edad mínima para trabajar deberá ajustarse a los Convenios núm. 138 y núm. 182 de la OIT.

De conformidad con el Convenio núm. 138 de la OIT, el trabajo infantil debe evaluarse teniendo en cuenta la edad mínima de admisión al empleo, incluidas las distinciones entre la edad mínima general, los trabajos ligeros permitidos y los trabajos peligrosos, que no podrán realizar personas menores de 18 años.

De conformidad con el Convenio núm. 182 de la OIT, las peores formas de trabajo infantil están estrictamente prohibidas e incluyen, entre otras, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud (incluida la trata de niños, la servidumbre por deudas y el trabajo forzoso), la utilización de niños en conflictos armados, la utilización, la captación o la oferta de un niño para la prostitución, la pornografía o actividades ilícitas, y cualquier trabajo que pueda perjudicar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

El trabajo infantil constituye una violación de los derechos fundamentales del trabajo y requiere medidas inmediatas y eficaces para su erradicación.

Abuso, maltrato y explotación infantil

El abuso, el maltrato y la explotación infantil incluyen, entre otros, cometer o coaccionar a otra persona para que cometa actos de abuso contra un niño que sean perjudiciales para su supervivencia, seguridad, salud, bienestar, dignidad o desarrollo, incluyendo:

Abuso físico: el uso de la fuerza física que provoque daño, incluyendo golpes, bofetadas, sacudidas, patadas, quemaduras, estrangulamientos, envenenamientos o actos similares.
Abuso emocional: actos verbales o simbólicos inapropiados, patrones de negligencia, humillación, intimidación o la falta de apoyo emocional adecuado que dañan la autoestima o el desarrollo del niño.
Abuso sexual: cualquier uso de un niño con fines de gratificación sexual, incluyendo tocamientos inapropiados, actos sexuales, explotación, exposición a pornografía o captación, ya sea en persona o en línea.
Maltrato: castigos irrazonables o degradantes, exigencias excesivas, utilización hostil de la fuerza o un patrón de comportamiento degradante u hostil hacia un niño.
Posesión, producción, distribución, obtención o transmisión de material de explotación infantil.
Explotación de niños por debajo de la edad mínima aplicable para el empleo o exposición de cualquier persona menor de 18 años a trabajos peligrosos, tal como se definen en las normas internacionales del trabajo.

3. Medidas preventivas

IndustriALL afirma una política de tolerancia cero hacia cualquier forma de abuso, explotación o daño a los niños.

De conformidad con esta política, y además de lo mencionado en la introducción del artículo 32 de los Estatutos de IndustriALL, IndustriALL no colaborará con organizaciones, proveedores o socios de los que se sepa que incumplen las normas internacionales sobre protección de la infancia mencionadas en la introducción.

En cualquier evento de IndustriALL en el que participen niños, IndustriALL adoptará, cuando sea necesario, todas las medidas necesarias y adecuadas para garantizar que todo el personal involucrado en los eventos no represente ningún riesgo inaceptable para los niños.

4. Obligaciones de notificación

Todo el personal, los consultores y los socios de IndustriALL que participen en las actividades de la organización están obligados a notificar de inmediato:

Cualquier caso observado o sospechado de abuso, explotación, daño o trabajo infantil.
Cualquier posesión de material de explotación infantil.

Además, cuando el asunto esté relacionado con un evento financiado por un proyecto externo, toda notificación de explotación o abuso infantil, o de sospecha al respecto, deberá comunicarse inmediatamente al donante correspondiente.

Es responsabilidad del personal notificar las preocupaciones, no investigarlas.

Cuando una preocupación se origine en una región de IndustriALL en la que exista una oficina regional de IndustriALL, las notificaciones deberán dirigirse al secretario/a regional de IndustriALL, con copia al secretario/a general adjunto/a de IndustriALL responsable de la región. En una región en la que no haya una oficina regional de IndustriALL, las notificaciones deben dirigirse a la dirección mundial de IndustriALL. Si no es posible informar a través de estos canales debido a un conflicto de intereses, el asunto puede elevarse a la presidenta de IndustriALL.

Todas las notificaciones realizadas se tratarán de forma confidencial, profesional y eficiente. Ninguna persona u organización que presente una notificación será objeto de represalias.

5. Responsabilidad

IndustriALL tratará todas las preocupaciones con seriedad y aplicará un enfoque centrado en los sobrevivientes, dando prioridad a la seguridad, los derechos, las necesidades y los deseos de los niños afectados. Se tratará a los sobrevivientes con dignidad y respeto y, cuando corresponda, se les prestará apoyo para que participen en las decisiones que les afecten.

Todas las notificaciones se evaluarán de forma rápida y exhaustiva, y se adoptarán las medidas adecuadas en estrecha colaboración con los socios implicados y, cuando proceda, con los donantes.

En caso de incumplimiento de esta política, se aplicará el artículo 32 de los Estatutos de IndustriALL. De conformidad con los Estatutos, todos los afiliados y las personas que participen en la labor y las actividades de IndustriALL deberán respetar el compromiso de IndustriALL de promover el respeto y la dignidad humana en el curso de su labor y sus actividades. En caso de incumplimiento de estos principios, las personas podrán ser sancionadas. En caso de incumplimiento grave o reiterado, podrán adoptarse sanciones contra el afiliado en cuestión, siempre que la organización haya incumplido deliberadamente los principios y disposiciones de la política de una manera que pudiera socavar el respeto y la dignidad humana de los participantes en las actividades de IndustriALL y afectar potencialmente a la integridad de la organización.

Cuando estén implicados miembros del personal de IndustriALL, las medidas que se adopten se ajustarán al código disciplinario de IndustriALL.

6. Revisión

La presente política podrá ser revisada cuando se considere necesario.

IndustriALL rechaza la intervención judicial a la UOM de Argentina

Víctor Pesino y María Dora González, los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral del presidente de Argentina, Javier Milei, realizaron un fallo contra la UOM (afiliada a IndustriALL) el 22 de mayo. Los jueces declararon nula la elección realizada en la seccional de Zárate-Campana, anularon también la reelección nacional del secretario general, Abel Furlán, y establecieron una intervención por un plazo de 180 días.

“Esta intervención judicial no nació hoy. Es el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizar a las patronales unos salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”

dijo la UOM en un comunicado oficial.

La organización sindical señaló que la decisión judicial les llegó en el mismo momento en que enfrentan a las principales patronales del sector en las negociaciones colectivas para defender el salario de los trabajadores metalúrgicos, después de una pérdida salarial de los últimos dos años.

La UOM manifestó que no se quedará de brazos cruzados frente a este atropello, y que va a derrotar a “este intento de intervención política disfrazada de resolución judicial. (…) Vamos a responder con democracia sindical, participación, organización y lucha. Vamos a revertir esta intervención como el movimiento obrero argentino revirtió cada intento histórico de sometimiento.”

Además, el Consejo Directivo de la UOM emitió una resolución el 26 de mayo donde rechazó la intervención judicial, impulsó un proceso interno de normalización estatutaria y declaró el estado de alerta y movilización en todo el país. Designó, acorde a los Estatutos de la organización sindical, a diversas autoridades con la responsabilidad de “garantizar el funcionamiento institucional, administrativo, gremial y convencional de la organización hasta la normalización definitiva de la situación institucional”.

Distintas organizaciones sindicales (varias de ellas afiliadas a IndustriALL en el país) hicieron un “abrazo” ante la sede de la UOM el 26 de mayo para expresar su solidaridad con la organización sindical y rechazar el fallo de la Justicia que apartó a Furlán e intervino el sindicato.

Además, el secretario general de IndustriALL, Atle Høie, le escribió una carta a Furlán para expresar su solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores argentinos y en rechazo con la decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la República Argentina.

Høie aseguró en su comunicación que la decisión judicial constituye una grave injerencia sobre la autonomía sindical y un peligroso antecedente para la libertad sindical y la democracia en Argentina.

Finalmente, el secretario general de IndustriALL expresó:

“IndustriALL Global Union advierte con preocupación que la utilización de mecanismos judiciales para desplazar conducciones sindicales legítimamente electas constituye una forma de disciplinar a organizaciones que defienden el salario, la negociación colectiva, la industria nacional y los derechos laborales.

Expresamos nuestra plena solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores metalúrgicos
argentinos, con el compañero Abel Furlán y con la conducción legítimamente electa de la
UOMRA. Asimismo, exhortamos a las autoridades argentinas a garantizar el pleno respeto de la libertad y autonomía sindical, el normal funcionamiento democrático de las organizaciones de trabajadores y el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por el Estado argentino.

IndustriALL Global Union seguirá acompañando y apoyando a la UOMRA en todas las acciones nacionales e internacionales necesarias para la defensa de los derechos sindicales y democráticos de las y los trabajadores metalúrgicos argentinos.”

IndustriALL pide sanciones y una salida responsable en la sesión de la OIT sobre Myanmar

La sesión especial de la Comisión de Aplicación de Normas abordó las violaciones del Convenio 87 sobre la libertad sindical y del Convenio 29 sobre el trabajo forzoso, tras la invocación del artículo 33 de la Constitución de la OIT el año pasado.

En su intervención ante la CIT, el secretario general de IndustriALL, Atle Høie, destacó la situación de los aproximadamente 450.000 trabajadores del sector textil de Myanmar, que ganan menos de USD 100 dólares, lo que supone cerca de la mitad de lo necesario para sobrevivir.

Asimismo, detalló cómo las fábricas textiles de las zonas industriales operan bajo la ley marcial, donde el personal se ve sometido a controles militares, registros intrusivos —incluso de teléfonos móviles— y acoso sexual. Los trabajadores también deben realizar horas extras forzadas y no remuneradas y corren el riesgo de ser reclutados por el ejército, ya que las fábricas comparten datos personales con las fuerzas armadas.

Atle Høie advirtió de que organizaciones respaldadas por el ejército afirman falsamente representar a la Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar (IWFM), afiliada a IndustriALL, y pidió que estas estructuras paralelas no sean reconocidas como representantes legítimos de los trabajadores.

El sector de la confección desempeña un papel clave como fuente de divisas para la junta, gracias a una ley del régimen que exige que todas las divisas entrantes se conviertan a un tipo de cambio preferencial en un plazo de 24 horas.

Myanmar goza de acceso preferencial al mercado de la Unión Europea en virtud del Sistema de Preferencias Generalizadas y del régimen “Todo menos armas”. El 54 % de las exportaciones de prendas de vestir de Myanmar se destinan a la UE, mientras que el Reino Unido y Japón representan gran parte del resto.

A pesar de que la CIT invocó el año pasado el artículo 33, la sanción más severa de la OIT, la UE mantiene su sistema de preferencias. Además, la UE financia un programa denominado MADE in Myanmar para apoyar la industria manufacturera en el país. Los sindicatos locales han denunciado este programa, que consideran una farsa diseñada para encubrir las violaciones de los derechos laborales y proporcionar cobertura política a las marcas de ropa. Estas marcas siguen abasteciéndose en Myanmar, atraídas por la mano de obra barata y las condiciones de producción favorables.

Atle Høie, secretario general de IndustriALL, declaró:

“IndustriALL aspira a que se ponga fin al acceso comercial preferencial, incluido el que se concede en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE y del programa ‘Todo menos armas’.

Instamos a las marcas de ropa a comprometerse a llevar a cabo una salida responsable de Myanmar”.

La sesión contó con fuertes intervenciones de representantes sindicales de Myanmar y delegados de grupos de trabajadores de todas las regiones. El Gobierno de Myanmar no estaba acreditado y no dio ninguna respuesta, aunque Rusia y algunos otros Gobiernos manifestaron su desacuerdo con los procedimientos del artículo 33.

Basta ya de represión sindical en TaiDoc, Taiwán (República de China)

Tras años de sufrir un trato discriminatorio, que incluyó presuntas restricciones a su libertad de movimiento y el despido de una compañera embarazada, las trabajadoras de esta empresa de electrónica médica formaron el Sindicato de TaiDoc Technology (TTLU) en agosto de 2025. Consiguieron la reincorporación, ganaron cuatro litigios laborales y el Ministerio de Trabajo de Taiwán multó a TaiDoc con NTD 200.000 (USD 6371) por infringir las leyes de igualdad de género y de conflictos laborales.

La respuesta de TaiDoc fue intensificar los ataques. La empresa despidió a la presidenta del sindicato, Elizabeth Basas, y a cinco miembros del comité ejecutivo en febrero de 2026, lo que obligó a Elizabeth a abandonar la residencia para empleados en cuestión de horas. Bajo presión, TaiDoc reintegró a las seis personas en marzo, después de que el sindicato presentara denuncias ante el Ministerio de Trabajo y un recurso judicial.

Según el TTLU, TaiDoc organizó la afiliación de 100 empleados al sindicato en un intento de saturarlo y tomar el control. Al fracasar esta estrategia, un grupo de esos empleados celebró una asamblea general no autorizada durante el horario laboral y afirmó haber sustituido a la dirección del sindicato. La autoridad local competente en materia laboral rechazó esta iniciativa.

A continuación, la empresa creó un sindicato totalmente independiente controlado por la ella. Junto con este sindicato amarillo, interpusieron múltiples demandas contra la dirección del TTLU por difamación y falsificación, exigiendo una indemnización de 10 millones de dólares taiwaneses (USD 317.086). Se ha presionado a miembros del personal para que firmen documentos en los que niegan su afiliación al sindicato.

Lennon Wang, secretario general del TTLU y portavoz del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de la República de China, afiliado a IndustriALL, declaró:

“TaiDoc debe poner fin a las prácticas antisindicales; retirar las demandas, disolver el sindicato falso y reconocer al TTLU. A las trabajadoras se les deben las cuotas de afiliación y un lugar en la mesa de negociación”.

Alexander Ivanou, director de IndustriALL para el sector de las TIC, la industria eléctrica y la electrónica, expresó:

“TaiDoc ha discriminado a las trabajadoras migrantes y ha restringido su libertad de movimiento, y ahora está tratando de destruir el sindicato que ellas mismas crearon. El Ministerio de Trabajo debe actuar, y TaiDoc debe iniciar inmediatamente la negociación colectiva”.

5 razones por las que el derecho de huelga sigue siendo necesario

El derecho de huelga es un elemento esencial de la libertad sindical y está consagrado por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Negarse a trabajar es una herramienta crucial en el proceso de negociación, y su objetivo principal es modificar el equilibrio de poder entre trabajadores y empleadores.

He aquí cinco razones clave por las que el derecho de huelga es necesario:

Declarar una huelga es el último recurso, pero a veces es la única herramienta que tienen los trabajadores para protegerse.
Con el derecho de huelga, los trabajadores pueden evitar la completa dependencia del empleador.
Al contar con el derecho de huelga, se puede lograr un mayor equilibrio entre el poder de los trabajadores y de las empresas.
Sin el derecho de huelga, aumentaría cada vez más el número de gobiernos que prohíben la acción industrial, castigando a las personas que se atreven a declararse en huelga.
La mayoría de las huelgas son por salarios y para mejorar las condiciones de trabajo. Sin la amenaza de huelga, las empresas estarán en condiciones de aumentar sus ganancias, permitiendo a la vez que se empeoren las condiciones de trabajo.

La limitación del derecho de huelga generará graves consecuencias para todas las personas.

El derecho de huelga está siendo cuestionado en muchos países del mundo, así como sufriendo ataques de parte de empleadores y gobiernos dentro de la OIT, que establece normas mundiales en materia de derechos laborales.

En 2015, grupos de empleadores de la OIT y algunos gobiernos cuestionaron el Convenio 87 sobre la libertad sindical, que ha sido ratificado por 153 países y defiende el derecho de huelga. Los sindicatos de todo el mundo han protestado para proteger este derecho fundamental.

Sin embargo, en la reunión del Consejo de Administración de la OIT del pasado mes de noviembre, el grupo de empleadores propuso incluir en el orden del día un punto normativo sobre el derecho de huelga. En esta propuesta, exige que se anexe un protocolo al Convenio 87 para “regular” este derecho, al tiempo que niega que este convenio lo proteja.

IndustriALL, la CSI y otras federaciones sindicales internacionales se opusieron firmemente a esta propuesta del grupo de empleadores, que la OIT remitió a la Corte Internacional de Justicia.

Foto 1: Jack Quillin – Los Ángeles, California, 26 de mayo de 2023, huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles, pancarta de la huelga
Foto 2: Ringo Chiu – Personas sosteniendo pancartas durante una manifestación en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles, 15 de noviembre de 2022, Los Ángeles.

Continúa la lucha por los sindicalistas bielorrusos encarcelados

La CIT es el órgano supremo de la OIT y reúne anualmente a representantes de los Gobiernos, los empleadores y los trabajadores de sus 187 Estados miembros. La Silla Rota se ha convertido en un punto de encuentro habitual para las acciones de solidaridad sindical durante la conferencia. Por ejemplo, desde hace varios años, se organizan manifestaciones vinculadas a Bielorrusia periódicamente debido a la falta de avances en la situación del país.

En Bielorrusia, los trabajadores pueden ser sancionados simplemente por defender sus derechos. Desde el movimiento prodemocrático de 2020, el Gobierno ha desmantelado todos los sindicatos independientes. Ha disuelto el Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia (BKDP) y sus organizaciones afiliadas, entre ellas el Sindicato Libre de Trabajadores Metalúrgicos (SPM), el Sindicato Independiente de Bielorrusia (BNP) y el Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Industria Electrónica de Bielorrusia (REP), afiliado a IndustriALL. Asimismo, se disolvió el Sindicato Libre de Bielorrusia (SPB).

Decenas de dirigentes y activistas sindicales han sido encarcelados bajo acusaciones falsas, y muchos de ellos siguen en prisión. En abril de 2025, las federaciones sindicales internacionales intensificaron la presión sobre el Gobierno bielorruso mediante acciones solidarias coordinadas y cartas oficiales dirigidas a las embajadas del país.

La manifestación coincide con la comparecencia de Bielorrusia ante la Comisión de Aplicación de Normas de la CIT, en el marco de una sesión extraordinaria. Se trata de un momento crucial de escrutinio internacional. Además, en la Comisión de Verificación de Poderes de la OIT se están planteando dudas sobre la credibilidad de la delegación oficial de trabajadores de Bielorrusia, integrada por miembros de la federación nacional controlada por el Gobierno que no representan los intereses de los trabajadores.

Todo esto sucede después del procedimiento previsto en el artículo 33 aplicado contra Bielorrusia en 2023. Dicho procedimiento obliga a los Estados miembros de la OIT a adoptar todas las medidas posibles para garantizar que Bielorrusia aplique las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, creada por primera vez en 2003. A pesar de la presión internacional sostenida, que incluyó una sesión especial de la CIT en junio de 2025, el nombramiento de un enviado especial de la OIT y una nueva decisión de seguimiento del Consejo de Administración en marzo de 2026, Bielorrusia sigue sin tomar medidas. No ha implementado las recomendaciones de la comisión. Además, le ha negado la entrada al país a una misión de la OIT y no ha permitido que médicos independientes visiten a los sindicalistas encarcelados para evaluar su estado de salud.

Maksim Pazniakou, presidente del BNP, declaró:

“La solidaridad internacional realmente funciona, y hoy somos testigos de ello. Seguimos viniendo aquí cada año. Todos los sindicalistas encarcelados deben ser puestos en libertad. Recuperemos la libertad sindical en Bielorrusia”.

El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, expresó:

“Estamos muy contentos de que Aliaksandr Yarashuk esté con nosotros. La lucha nunca ha terminado y continuará hasta que todos nuestros compañeros encarcelados sean liberados, hasta que Bielorrusia se convierta en un país democrático y hasta que la justicia llegue a los lugares de trabajo. Nunca nos rendiremos. Nos solidarizamos con nuestros compañeros y compañeras”.

Aliaksandr Yarashuk, presidente del BKDP, afirmó:

“Colegas, amigos y camaradas, me complace enormemente darles la bienvenida aquí. Gracias por venir a apoyar a nuestros amigos, camaradas y sindicalistas bielorrusos que se encuentran en prisión. Gracias a su apoyo, finalmente estoy libre tras pasar tres años y medio en prisión. Centrémonos en el siguiente paso, que es liberar a los presos que aún siguen encarcelados, para que ellos también puedan unirse a nosotros el año que viene”.

Fuera de moda: fabricante de ropa en Mauricio vulnera los derechos de los trabajadores migrantes

Fashion Heights, una franquicia internacional con más de 40 tiendas en la isla, dedicada a la venta de ropa, calzado y accesorios de marca, se enfrenta a graves acusaciones de violación de los derechos laborales. Estas acusaciones surgieron después de que un grupo de trabajadores despedidos presentara denuncias ante la CTSP.

La CTSP, afiliada a IndustriALL, gestiona el Centro de Recursos para Migrantes en Port Louis, conocido por su lucha en defensa de los derechos de los trabajadores migrantes procedentes de países como Madagascar, Bangladesh, India y Nepal. Recientemente, también ha brindado apoyo a trabajadores de Filipinas.

Despedidos, sin cobrar y obligados a abandonar el país

El 9 de enero, los trabajadores fueron despedidos durante su período de prueba. En sus cartas de despido se reconocían las obligaciones del empleador de pagar los salarios finales, las indemnizaciones por preaviso y las horas extras pendientes.

Según la CTSP, a pesar de los repetidos contactos con el Ministerio de Trabajo, los trabajadores tuvieron que abandonar el país sin haber recibido ningún pago. Durante sus últimos días en Mauricio, estas personas no percibieron ningún ingreso. Además, se les retiró el alojamiento proporcionado por el empleador y se vieron obligados a recurrir a amigos y redes de apoyo informales para poder comer y tener un techo.

Otros veinte trabajadores filipinos siguen trabajando en condiciones de explotación por temor a verse obligados a irse de Mauricio y que se les marque el pasaporte como no apto para volver a ingresar al país. Para la CTSP, estos abusos constituyen una forma de esclavitud moderna.

Los trabajadores de Fashion Heights afirman que se veían obligados a trabajar entre 10 y 12 horas al día. A mediados de diciembre, cuando se alcanzaba el pico de actividad, la jornada se prolongaba hasta unas 14 horas. No se les abonaban las horas extras, lo que supone una infracción del artículo 24 de la Ley de Derechos de los Trabajadores de 2019. Estas denuncias también se han presentado ante el Ministerio de Trabajo.

Además, según indican los trabajadores, la empresa les retenía los pasaportes y los documentos de identidad, lo que limitaba su libertad de movimiento. Las solicitudes de vacaciones anuales y licencias por enfermedad eran denegadas o desaconsejadas, lo que contraviene los artículos 45 y 46 de la misma ley. Asimismo, no se facilitaban nóminas, lo que impedía a los trabajadores verificar si sus salarios, sujetos a deducciones por concepto de comida y alojamiento, se calculaban correctamente.

Las denuncias podrían dar lugar a la repatriación

Los seis trabajadores presentaron sus denuncias formalmente. Varios de ellos siguieron trabajando por temor a perder sus ingresos, su alojamiento y a poner en peligro su situación migratoria. Una trabajadora afirma que le dijeron que presentar una queja podría provocar su repatriación y la pérdida del alojamiento proporcionado por la empresa.

En virtud de la Ley de Restricciones Laborales para los No Ciudadanos (1973), el derecho de un trabajador migrante a permanecer en Mauricio está vinculado a su empleador. Perder el empleo puede significar perder la vivienda y el derecho legal a permanecer en la isla. La CTSP sostiene que esta dependencia ofrece a los empleadores corruptos una excusa para violar los derechos laborales protegidos por la ley.

Reeaz Chuttoo, presidente de la CTSP, expresó:

“Parece que las normas laborales para los trabajadores migrantes solo existen sobre el papel. Sin embargo, el sindicato luchará para que se respeten en la práctica mediante una campaña para exigir la aplicación de la Ley de Derechos de los Trabajadores”.

Paule-France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, añadió:

“Mauricio se promociona como un polo comercial regido por el Estado de derecho, pero esta no es la realidad para los trabajadores migrantes. Es necesario hacer cumplir las normas laborales internacionales y nacionales para poner fin a la explotación de los trabajadores migrantes”.

De Alabama a Argentina: los derechos de los trabajadores caen en picada

“La crisis de los derechos de los trabajadores ya no se limita a los sectores más marginales, sino que se ha instalado en el corazón mismo de las democracias. Los trabajadores y sus sindicatos están contraatacando. La lucha por los derechos de los trabajadores es la lucha por la democracia misma”,

afirmó Atle Høie, secretario general de IndustriALL.

Tres de cada cuatro países privan a los trabajadores del derecho a sindicalizarse. La mitad de los países han detenido o encarcelado a trabajadores por ejercer sus derechos sindicales. Los ataques violentos contra trabajadores han aumentado un 6 %. Asimismo, las violaciones de las libertades civiles, las detenciones, la persecución y el asesinato de dirigentes sindicales han aumentado en el 50 % de los países.

Los resultados reflejan la experiencia de los miembros de varias organizaciones afiliadas a IndustriALL. En el índice se identifica explícitamente el uso de tácticas antisindicales en Estonia, los Países Bajos, Polonia, Serbia y España, entre otros. En Estados Unidos, Mercedes-Benz gastó más de 600.000 dólares en empresas especializadas en la represión sindical en su planta de Alabama, al tiempo que afirmaba públicamente respetar los derechos de los trabajadores. La inclusión de Estados Unidos en la lista de vigilancia confirma que este caso no es una excepción, sino que forma parte de un patrón sistémico.

Los afiliados de IndustriALL en primera línea

La calificación de Argentina se ha desplomado de 3 a 5 en solo dos años, lo que supone una de las caídas más pronunciadas que se han registrado. Ahora, por primera vez, figura en la lista de los diez peor clasificados. La Unión Obrera Metalúrgica (UOMRA), afiliada a IndustriALL, se enfrenta a una intervención judicial para destituir a su dirección elegida democráticamente, lo que supone una violación directa del Convenio 87 de la OIT. IndustriALL ha enviado una carta de solidaridad a la UOMRA y ha instado a las autoridades argentinas a respetar la autonomía sindical.

Entre las conclusiones del informe, cabe destacar las siguientes:

Un 50 % de los países han detenido o encarcelado a trabajadores por ejercer sus derechos sindicales, entre ellos la República Democrática del Congo, Irak, Indonesia y Albania.
Los ataques violentos contra los trabajadores aumentaron un 6 % en países como India, Palestina, Ucrania y Sudáfrica. Las fuerzas israelíes irrumpieron en las oficinas de la Federación General Palestina de Sindicatos en Nablus.
Los diez peores países en materia laboral en 2026 son Argentina, Bielorrusia, Ecuador, Egipto, Esuatini, Myanmar, Nigeria, Panamá, Túnez y Turquía. Argentina y Panamá son las incorporaciones más recientes a esta lista.

La vigilancia digital se utiliza cada vez más para supervisar y reprimir la actividad sindical.
Los Gobiernos están dejando de lado a los sindicatos, a los que consultan cada vez menos antes de presentar o modificar las leyes laborales.

Atle Høie expresó:

“Detrás de cada una de estas cifras hay un trabajador detenido, un dirigente sindical amenazado, un lugar de trabajo donde la gente tiene demasiado miedo como para sindicalizarse. Esto está ocurriendo en países que se autoproclaman democracias. IndustriALL no se quedará de brazos cruzados mientras se criminaliza a nuestros afiliados y a sus miembros por hacer lo que todo trabajador tiene derecho a hacer”.

Hidroeléctrica URRÁ de Colombia realiza despidos antisindicales

19 trabajadores vinculados a las empresas contratistas EMEC S.A.S. y LABORANDO S.A.S., que operan al interior de la Hidroeléctrica Urrá, fueron despedidos luego de constituir la subdirectiva del Sindicato de trabajadores de la electricidad de Colombia (Sintraelecol (afiliado a IndustriALL Global Union) en la región.

Sintraelecol informó que el pasado 2 de mayo realizó una asamblea general ordinaria junto a un grupo de trabajadores vinculados mediante contrato laboral a la Hidroeléctrica Urrá, en la que aprobaron la creación de la Subdirectiva Sindical de SINTRAELECOL Tierralta, con la conformación de su junta directiva y comisión de reclamos.

“En represalia directa contra el ejercicio de este derecho fundamental, las empresas EMEC S.A.S. y LABORANDO S.A.S. procedieron a despedir de manera colectiva a aproximadamente 19 trabajadores, acto que SINTRAELECOL califica como una auténtica masacre”

dijo la organización sindical en un comunicado oficial.

Por su parte, el secretario general de IndustriALL, Atle Høie, le envió cartas al gobierno de Colombia y a la dirección de la Hidroeléctrica Urrá para manifestar que estos hechos representan una grave violación de los derechos fundamentales de los trabajadores y un atentado directo contra la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.

Høie señaló que la libertad sindical, la organización de las y los trabajadores y la negociación colectiva son derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política de Colombia y por los Convenios 87 y 98 de la Organización internacional del trabajo (OIT), ratificados por el Estado colombiano.

Además, explicó que ninguna empresa pública o privada puede perseguir, intimidar o despedir trabajadores por afiliarse o participar en organizaciones sindicales. El lider de IndustriALL aseguró que es especialmente preocupante que estos despidos ocurran en una empresa de carácter estatal, que debería actuar como garante del respeto a los derechos laborales, las garantías sindicales y el diálogo social.