Guinea ratifica Convenio 176 de la OIT sobre seguridad en las minas

En efecto, la Asamblea Nacional de Guinea aprobó la ratificación del Convenio 176 y otros tres convenios de la OIT el 26 de diciembre de 2016. Entre estos Convenios, figuran el C189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, C167 sobre seguridad y salud en la construcción, y el C187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo.

El sindicato afiliado a IndustriALL en Guinea, SYNAMIC/ONSLG, lleva tiempo en una campaña en favor de mejores condiciones de trabajo en ese sector y presionó para la ratificación del C176. A nivel mundial, el país tiene algunas de las mayores reservas de mineral de hierro y bauxita de alto grado. La minería de oro también es cada vez más importante para la economía del país.

Mamadou Saliou Diallo, mediador de IndustriALL y Secretario General de SYNAMIC/ONSLG, señaló lo siguiente:

“La ratificación del Convenio 176 por Guinea es sumamente importante porque suceden muchos accidentes sin que los reconozca la parte patronal. Además, si la empresa se enfrenta a alguna queja, pueden hacer actuar a sus abogados, lo cual no pueden hacer los trabajadores. Entonces, la ratificación de este Convenio pone aún más énfasis en la eliminación de riesgos en el lugar de trabajo”.

Guinea llega a ser el 32º país en ratificar el Convenio 176. IndustriALL realiza una campaña mundial para mejorar la seguridad en las minas mediante la ratificación y aplicación de este Convenio.

Por su parte, el Secretario General Adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, dijo:

Acogemos con satisfacción la iniciativa de Guinea de ratificar el Convenio 176. Esperamos que el gobierno colabore con los empleadores, los inspectores del trabajo y los sindicatos para velar por que se cumpla para que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones en condiciones de seguridad.

Aumenta a 18 el número de muertos en el derrumbe de la mina de carbón india

La tragedia ocurrió en la noche del 29 de diciembre cuando el vertedero de escombros en la mina Lalmatia se deslizó 35 metros, atrapando a trabajadores y equipos de excavación, incluidos unos 26 camiones Volvo, bajo unos 9,5 millones de metros cúbicos de tierra.

La mina forma parte del proyecto de minería a cielo abierto de Rajmahal ejecutado por la empresa pública Eastern Coalfields Ltd (ECL), que es filial de la Coal India Ltd., una de las mayores empresas mineras estatales del mundo.

La Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres llegó al lugar del accidente unas 17 horas después y continúa las operaciones de rescate. La mayoría de los trabajadores atrapados son trabajadores contratados, empleados por una empresa de subcontratación, Mahalaxmi Private Limited.

Según los informes, pocos días antes de la tragedia, los trabajadores se negaron a trabajar por falta de medidas de seguridad. Sin embargo, la empresa ignoró todas las señales de peligro de aludes menores en las semanas y días anteriores al incidente y obligó a los trabajadores a continuar. La empresa no dispone de una lista de los trabajadores que se encontraban allí en el momento del incidente y hasta ahora no ha habido confirmación definitiva del número de trabajadores muertos o heridos.

S Q Zama, secretario general del afiliado a la IndustriALL Global Union, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros de la India (INMF), dijo:

Este evitable accidente se ha debido a la absoluta negligencia de la dirección de la mina y de la agencia de subcontratación. Es inaceptable que los empleadores ignoraran todas las advertencias de los trabajadores y que violaran las normas de seguridad. El Gobierno debe sancionar a todos los responsables de este accidente. La India debe ratificar y aplicar inmediatamente las disposiciones del Convenio núm. 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas para evitar este tipo de accidentes en el futuro.

La ECL ha anunciado una indemnización ex-gratia de 500.000 Rs. (7.300 $ EE.UU.) a las familias de los fallecidos, además de la indemnización legal en virtud de la Ley de Indemnización de los Trabajadores. Sin embargo, los sindicatos critican firmemente la baja indemnización ofrecida por la ECL, y la INMF ha pedido al ministerio del carbón que proporcione una indemnización adicional de 2.000.000 Rs. (29.300 $ EE.UU.) a los familiares de cada trabajador fallecido. Los sindicatos también han pedido que se emplee a las personas a cargo de los trabajadores muertos, incluidos los trabajadores contratados.

Coal India ha constituido un comité de expertos para investigar el incidente, que se espera presente su informe en el plazo de un mes. La INMF también ha pedido al comité que mantenga conversaciones con representantes de los sindicatos sobre las causas del accidente.

De acuerdo con la información oficial, entre 2013 y junio de 2016, 166 trabajadores perdieron la vida en 159 incidentes en Coal India. En el mismo período, 574 trabajadores resultaron gravemente heridos en unos 558 accidentes.

Lo peor de lo peor: el trabajo de desguace de buques en Pakistán

Babul Khan, un desconsolado padre de dos de las víctimas que perdieron sus vidas en la explosión e incendio ocurridos el 1o de noviembre de 2016, al ser entrevistado en su hogar compuesto de dos pequeñas chozas, en medio del dolor que le embargaba, dijo que sus hijos, Ghulam Hyder (18), y Alam Khan (32), se hallaban realizando labores de desmantelamiento en un buque petrolero en el astillero de desguace de Gadani en Pakistán. Allí ocurrió una enorme explosión, seguida de un gran incendio que envolvió en llamas el buque durante dos días.

Usando baldes para vaciar petróleo de uno de los tanques de la nave, Alam y su hermano Ghulam fueron atrapados por el incendio y la explosión. Alam fue internado en el hospital con 100% de quemaduras en su cuerpo. En sus últimas horas de terrible dolor, agradeció a los pescadores que lo rescataron del mar junto a otros compañeros de trabajo. Su hermano Ghulam murió quemado en el barco.

“Siento la muerte de mis hijos como si me hubieran roto los dos brazos”, dice Khan. Ghulam y Alam, quien tenía un hijo, eran el único sostén de la familia de siete personas que viven en la aldea de Gadani Morr.

Noor Bux, de 18 años, era otro trabajador de la misma aldea que también murió envuelto en llamas del incendio en el buque petrolero. Era el único sostén de una familia de diez personas. Su madre Zaloo mira tristemente su carnet de identidad. Dice llorando: “Estoy indignada y destrozada. Siento tanto dolor y nadie me está ayudando”.

Según las cifras oficiales, murieron 28 personas en el desastre de Gadani, que a nivel mundial es el tercer astillero de desguace del mundo. Cuatro trabajadores siguen desaparecidos y más de cuarenta resultaron heridos. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cuántos trabajadores se hallaban a bordo del buque en el momento de la explosión e incendio.

La noche anterior a la explosión, Sherdade, de 24 años, se dirigió al astillero de Gadani, junto con otros trabajadores de su aldea. Por la mañana, su familia se enteró del incendio. Fueron corriendo al lugar, pero no pudieron encontrarlo. Buscaron en los hospitales de cuatro ciudades diferentes, recorrieron las morgues locales e hicieron averiguaciones con otros trabajadores, pero no encontraron rastro de Sherdade.

Su madre, Allah Dini, señaló: “Estamos indignados. El gobierno debería ayudarnos a encontrar su paradero, por lo menos deben encontrar su cadáver. No nos vamos a convencer que ha muerto hasta que nos entreguen su cadáver”.

Normas laborales más bajas que en ninguna parte

En una industria que es considerada la más peligrosa del mundo, el astillero de desguace de Gadani es el peor de los peores. Emplea a unos 12.000 trabajadores, ninguno de los cuales cuenta con registro oficial. A pesar de la magnitud del astillero, no hay colonias residenciales para los trabajadores de Gadani. Muchos viven en pequeñas casuchas improvisadas que se han armado con los desechos de madera que se han recuperado de los barcos. No hay aseo ni instalaciones de lavado, así que deben orinar y bañarse al aire libre. Muchos trabajadores tienen niños, pero en el lugar no hay escuelas. Tampoco hay agua potable, así que los trabajadores tienen que gastar una gran parte de sus pobres salarios para comprar agua de un camión cisterna que llega de lejos. La alternativa es usar el agua contaminada de los pozos que produce enfermedades.

Naseeb Gul, de sesenta años, ha estado trabajando como jornalero en el astillero desde 2009, pero no figura en los registros oficiales de Gadani. Cuando trabaja, le pagan PKR 750 (equivalente a US$ 7) por una jornada de ocho horas, seis días a la semana.

Gul es miembro del Sindicato de Trabajadores de Desguace de Buques de Gadani, que está afiliado a IndustriALL Global Union a través de la Federación Sindical Nacional de Pakistán (NTUF). Gul señala que la empresa no provee equipos de seguridad a sus trabajadores, quienes se ven obligados a comprar de su bolsillo su indumentaria de trabajo, zapatos y cascos: “Éste es un trabajo muy peligroso. No nos pagan lo suficiente para hacer un trabajo arriesgado. Además, no hay seguridad laboral ni protección, y las condiciones de trabajo son malísimas”.

Gul dice que los trabajadores de desguace de barcos no reciben ningún entrenamiento sobre cómo trabajar en el buque ni les explican cómo llevar a cabo procesos de desguace de buques como la extracción de combustible y de gas.

Auge de la industria de desguace de barcos

A diferencia de la construcción naval, la industria de desguace de barcos está en auge y se cree que va a triplicar en los próximos 25 años. Pero con el precio mundial del acero actualmente tan bajo, la tendencia es que los propietarios de buques, corredores y empresas de desguace, para obtener mayores beneficios, están enviando sus naves a los astilleros que cuentan con la mano de obra más barata. No figuran para nada la salud y seguridad de los trabajadores, ni la contaminación ambiental causada por prácticas peligrosas de reciclaje.

Además del poco equipo de seguridad y formación inadecuada, los trabajadores de los astilleros de desguace enfrentan múltiples riesgos, como es la exposición al asbesto y otras sustancias tóxicas, electrocución, quemaduras, caída o aplastamiento bajo grandes placas de acero durante el desmantelamiento de los buques.

No es coincidencia que la mayoría de los trabajadores dispuestos a trabajar en Gadani provengan las regiones más pobres de Pakistán.

Después del incendio, el astillero de Gadani fue cerrado por un mes. Se ha vuelto a abrir, pero las condiciones de trabajo no han mejorado. Las autoridades de Pakistán todavía no han dado a conocer las conclusiones de una investigación inicial sobre el incidente. Algunos trabajadores han informado que ya había comenzado el trabajo de soldadura en el buque sin antes haber quitado todo el petróleo, lo cual provocó la enorme explosión.

La NTUF exige que se den a conocer públicamente los resultados de la investigación y que rindan cuentas los responsables. Los sindicalistas exigen que el gobierno de Pakistán ratifique el Convenio Internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques, y que sea aplicado un código de desguace de buques que cumpla con las directrices internacionales.

 ‘Consideran a los trabajadores como esclavos’

A lo largo de los años, los intentos de los sindicatos democráticos de mejorar las condiciones de trabajo en el astillero se han enfrentado a una constante resistencia por la parte empresarial. Frecuentemente los sindicatos pierden su registro oficial por razones inexplicables y los funcionarios sindicales son despedidos. Nasir Mansoor, Secretario General Adjunto de la NTUF, dice que, en vez de mejorar las condiciones laborales según exigen los sindicatos democráticos, los propietarios y contratistas de los astilleros de desguace de barcos han inscrito ante las autoridades a un sindicato falso, con lo cual se permiten seguir explotando a los trabajadores en el astillero de Gadani:

“Los trabajadores se vieron obligados a pagar una extorsión como fondo mensual para este sindicato falso, manteniendo la fuerza de trabajo como esclavos. Violando la legislación laboral de Pakistán, los trabajadores son privados de todos sus derechos, como exigir condiciones de trabajo seguras, salarios dignos, seguridad social, pensiones de jubilación, residencias, equipos de seguridad y el derecho a formar un sindicato democrático”.

Indemnización

El gobierno ha aprobado 500.000 PKR (US$ 4.700) por cada familia de los trabajadores fallecidos, mientras que la asociación de propietarios de desguace de barcos ha informado que aportará otros PKR 1,3 millones (US$ 12.300) para cada familia. La NTUF ha pedido el doble de esta cantidad, y exige que cada uno de los trabajadores lesionados reciba PKR 500,000 (US$ 4,700) a modo de compensación.

Por su parte, Kan Matsuzaki, Director del Sector de Construcción Naval y Desguace de Buques de IndustriALL, ha señalado:

¿Cuántos trabajadores tienen que morir para que las autoridades de Pakistán dejen su apatía y mejoren las terribles condiciones que existen en los astilleros de desguace de barcos del país? La seguridad y dignidad de estos trabajadores son tratadas por el gobierno y por toda la industria de desguace de buques con desprecio absoluto. Pakistán debe actuar con urgencia para mejorar la seguridad y la inspección de los astilleros. Para empezar, instamos al gobierno a que ratifique el Convenio de Hong Kong.

Mir Hasan Gadani, de dieciocho años de edad, sufrió graves quemaduras en ambos brazos después de haber quedado atrapado en la explosión del buque petrolero en cuestión, que lo arrojó del barco. Sin embargo, está resignado a arriesgar su vida de nuevo:

Volveré a trabajar porque no tengo otra opción. Soy analfabeto y no puedo encontrar otro trabajo, así que a pesar de que es peligroso, necesariamente tengo que volver.

Trabajadores/as de la confección de Sri Lanka protestan por falta de pago de salarios y prestaciones sociales

En efecto, desde octubre de 2016, casi 200 trabajadores y trabajadoras de la fábrica, de los cuales 140 son miembros del sindicato, están enfrentando una serie de problemas, que incluyen, entre otros: atrasos del pago de los sueldos, falta de pago de beneficios por largo servicio a los trabajadores/as jubilados, y el hecho de que la empresa no ha aportado al fondo de seguridad social como lo exige la ley. La planta en cuestión, que ya no fabrica productos para exportación, sino principalmente para el mercado nacional, permanece bajo la jurisdicción de la Junta de Inversión, autoridad de Sri Lanka responsable de las zonas francas de exportación.

Los salarios para el mes de octubre de 2016 debieron haberse pagado el 10 de noviembre, sin embargo como el 18 de noviembre todavía no se había efectuado el pago, los trabajadores/as suspendieron el trabajo. Debido a esta paralización de la producción, la administración se vio obligada a pagar un 30% de los salarios pendientes. Sin embargo, no se ha pagado al personal de oficina desde hace tres meses. Al mismo tiempo, el 23 de noviembre, la administración suspendió al presidente de la seccional sindical y al activista principal, por las acusaciones de haber organizado una huelga.

El 25 de noviembre, la administración de la empresa dio permiso obligatorio a todos los trabajadores/as hasta el 5 de diciembre, sin pagar el resto de los salarios pendientes. El 5 de diciembre, la fábrica permaneció cerrada y se pidió a los trabajadores/as reunidos que volvieran diez días más tarde para cobrar los salarios que se debían a partir de octubre de 2016. Sin embargo, el 15 de diciembre, cuando los trabajadores/as llegaron a la planta, encontraron que todavía estaba cerrada. Ni el director ni el director ejecutivo estaban presentes, y el gerente general de la fábrica y el departamento de Recursos Humanos informaron a los trabajadores/as que no se podía pagar los salarios ese día y que la fábrica iba a permanecer cerrada. Un representante gubernamental, asistente del comisionado de trabajo, también se hizo presente en la fábrica en esa ocasión.

Indignados y desesperados, los trabajadores/as organizaron una protesta frente a la fábrica, exigiendo:

Los trabajadores/as también plantearon varias de estas exigencias ante el departamento de trabajo del estado. El sindicato CIWU apelará ante el tribunal laboral, exigiendo la reincorporación de los sindicalistas suspendidos.

Los sindicatos belarusos piden que se derogue el decreto sobre “parasitismo social”

A comienzos de diciembre, el presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, acordó introducir algunas modificaciones en el polémico decreto sobre “parasitismo social”.

La versión actual del decreto dice que “Los ciudadanos de la República de Belarús, los ciudadanos extranjeros y los apátridas que han obtenido un permiso de residencia permanente en la República de Belarús, si no han participado en la financiación de gastos públicos o han participado en esa financiación menos de 183 días del período fiscal son considerados contribuyentes  del impuesto para la financiación de gastos públicos”.

La idea inicial era lograr que los trabajadores de la economía sumergida pagaran impuestos. Los sindicatos independientes de Belarús creen que con 400.000 personas en paro y centros de empleo que ofrecen 20.000 vacantes, el decreto significará que muchos trabajadores habrán de pagar por no poder encontrar empleo.

Los cambios se adoptarán antes de final de año. Las autoridades locales podrán tomar una decisión sobre la exención de impuestos de los ciudadanos que se encuentren en una situación difícil, aportando justificantes a la administración fiscal.

Gennady Fedynich, presidente de la Unión de Trabajadores de la Radio y de la Industria Electrónica de Belarús (REPAM), dice:

“Las autoridades locales no se ocupan de los empleados. Si se creara una comisión pública, que incluyera a representantes de los sindicatos independientes y de otros círculos interesados, creeríamos que las decisiones sobre las exenciones de impuestos serían justas.”

Otras enmiendas incluirán la expansión de las categorías exoneradas del impuesto, por ejemplo deportistas del equipo nacional de Belarús y otras categorías de ciudadanos que no perciben ningún ingreso. Existe la posibilidad de pagar el impuesto posteriormente y la cuantía se puede reducir; las personas que no han pagado todavía el impuesto no serán sancionadas por el momento.

Alexander Buhvostov, presidente de la Unión de Libre de Trabajadores Metalúrgicos, declara:

“El decreto se debe derogar, no mejorar. Está en contradicción con convenios de la OIT y contiene elementos de trabajo forzoso. En un país donde la economía está en crisis, los empresas reducen la producción, los horarios de trabajo disminuyen o dejan de existir, el índice de desempleo aumenta, y la gente no puede encontrar trabajo en las ciudades pequeñas, este decreto se considera una burla.”

Según el Ministerio de Impuestos, hasta ahora sólo 10.800 personas pagan el impuesto sobre “parasitismo”, en lugar de 400.000 previstas inicialmente. Por eso, la REPAM envió la cuestión sobre la eficacia del decreto a las 123 oficinas de inspección tributaria de Belarús. Se recibieron 65 respuestas, en las que se hacía referencia a secreto de estado.

Los sindicatos continuarán su campaña para la derogación del decreto.

Más sobre el tema:

Los sindicatos belarusos se oponen a la ley en que se denomina a los desempleados “parásitos sociales”.

Empresa INMSA Honduras viola contrato colectivo con sindicato SITIAMA

El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Acero, Metales y Afines de Honduras (SITIAMA), perteneciente a la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Honduras (FETRAMIMH, a su vez afiliada a IndustriALL) denunció que la empresa se negó a realizarle la retención de la cuota sindical a personal no afiliado al Sindicato, que recibe beneficios directos del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.

“De éste modo violó de manera consciente y directa lo dispuesto en el Contrato Colectivo, el Código de Trabajo Vigente en Honduras, el Decreto Número 30 y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de los cuales Honduras es signataria”

dijo el Presidente del SITIAMA, Napoleón Vallecillo.

La cláusula número 36 del contrato colectivo de trabajo del sindicato con la empresa establece que la empresa deducirá la cuota sindical a los trabajadores no sindicalizados que reciban en forma directa los beneficios de éste contrato Colectivo de acuerdo a lo establecido en el decreto ley Nª 30 del 15 de marzo de 1973.

Vallecillo dijo haberse dirigido en una carta al gerente general, José Martín Chicas para notificarle que con su actuar había violado dicha cláusula, pero que todavía no obtuvo respuesta.

Además, el presidente del sindicato le envió otra carta al gerente general de la empresa hace más de una semana solicitándole la licencia sindical -amparada en el VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la empresa IAI- y tampoco recibió una respuesta.

“Hemos tenido toda la paciencia, la madurez, la responsabilidad y la mesura necesaria, pero creemos que todo esto este señor lo toma como debilidad nuestra y que estamos ante una sistemática campaña anti-sindical en esta empresa que busca debilitar, desconocer y destruir a la organización sindical” dijo al respecto.

Por su parte Jorge Almeida, secretario regional de IndustriALL Global Union se refirió al conflicto y expresó:

“IndustriALL Global Union manifiesta su solidaridad con la FETRAMIMH, el SITIAMA y los trabajadores de la empresa INMSA y se mantendrá atenta y expectante al desarrollo de los hechos en éste conflicto. Instamos a la empresa a la reflexión y a construir mediante el diálogo y la negociación una paz laboral duradera y estable”

Gas Natural Fenosa apuesta por su permanencia en Colombia con su filial Electricaribe

El Presidente del sindicato colombiano Sintraelecol Pablo Emilio Santos, junto con William César Falcón, presidente de la región Sucre, se desplazaron a Madrid, España para tener una reunión con la dirección de la empresa Gas Natural Fenosa, de la cual Electricaribe es filial. El objetivo fue conocer de primera mano cuáles son las intenciones de la empresa en relación al futuro de los trabajadores.

Electricaribe, es la empresa pública de distribución y comercialización de electricidad que opera en el norte de Colombia y que fue privatizada en el año 2000. De éste modo pasó a ser propiedad de la empresa energética española Gas Natural Fenosa.

Durante la reunión se hizo un completo análisis de la problemática por parte de Sintraelecol, en el que denunciaron el nivel alto de contratación temporal y subcontratación con costos mayores a los de los trabajadores directos. Además señalaron que la baja inversión en materia técnica genera una mala imagen pública de la empresa.

La dirección de Gas Natural Fenosa expresó su apuesta por la inversión en Colombia y en Electricaribe y manifestó que el deseo de los accionistas es sacar adelante a la filial, siempre y cuando existan reglas claras en el país que le permita hacer viable el negocio. 

Se refirieron específicamente a medidas para detener el fraude de energía y la recuperación de la cartera de los impagados. Así mismo, ratificaron su compromiso con la estabilidad de los trabajadores, pero a día de hoy estos puestos de trabajo están en manos del Gobierno de Colombia, en concreto son responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Por último, aseguraron que en cuanto se levante la intervención por parte del gobierno estarán dispuestos a realizar un proceso de negociación ágil, transparente y beneficioso para los trabajadores y trabajadoras de Electricaribe.

Diana Junquera, directora de la Industria Energética dijo: 

“El futuro de 1.500 trabajadores está en juego por una mala gestión, algunos de ellos llevan trabajando en la empresa más de 30 años, por lo que es inaceptable que sean los trabajadores y sus familias los que paguen esta injusticia. Desde IndustriALL Global Union instamos al Gobierno de Colombia a que respeten los derechos de los trabajadores y garanticen sus puestos de trabajo, sea cual sea el futuro de la compañía”

En la reunión también participó IndustriALL Global Union así como representantes de los sindicatos españoles afiliados a IndustriALL, FICA UGT y CCOO de Industria, que han ejercido un papel clave para facilitar la reunión entre empresa y sindicatos.

Petroleros de TyT exigen al gobierno pago por despidos y salarios retrasados

Cantando a coro “queremos el dinero ahora" varios miembros del OWTU desarrollaron una protesta frente a la sede del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Puerto España el 16 de diciembre.

El objetivo fue reclamarle al Gobierno que salde la deuda de 23 millones de dólares que les deben a los 1000 trabajadores despedidos de la Construtora OAS, por los trabajos realizados para el proyecto San Fernando hasta el punto Fortin Highway.

En marzo los trabajadores de la subcontratada constructora de origen brasileño OAS fueron despedidos por la National Infrastructure Development Company Ltd (NIDCO). Hasta el momento no cobraron sus salarios y ni las indemnizaciones por despido.

La movilización captó la atención del Ministro de Obras, Rohan Sinanan, quien se acercó a dialogar con el presidente general OWTU, Ancel Roget. En dicho intercambio, Roget enfatizó en la importancia de que el gobierno cumpla con sus compromisos.

El ministro dijo que espera tener una resolución para el conflicto para el final de la semana. Por su parte, el presidente generl de OWTU advirtió que si por el contrario las autoridades optan por el camino de la injusticia, la desigualdad y la corrupción, la OWTU y el Movimiento Sindical están preparados para desarrollar una nueva movilización de gran magnitud.

En tanto, el secretario regional adjunto de IndustriALL en América Latina y el Caribe, Marino Vani expresó al respecto:

“Lamentamos que los quienes trabajan sean despedidos y no reciban sus derechos y salarios. Es inaceptable que una empresa que recibe recursos públicos no cumpla con los trabajadores.  Estamos atentos y solidarios con el sindicato, y esperamos que el gobierno cumpla y brinde una solución de inmediato a su pueblo, el cual trabaja para sobrevivir”

Muere un trabajador más en Gerdau Brasil

A tan solo un mes del accidente laboral que ocasionó la muerte de tres trabajadores, se llevó a cabo un nuevo accidente en Gerdau. Leandro Rodrigues Couto, un joven trabajador que vivía en la ciudad de Congonhas, murió en la planta de la empresa en Ouro Branco.

A Rodrigues Couto lo representaba el Sindicato de Metalúrgicos de Ouro Branco y Base, el cual pertenece a la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos (CNTM, a su vez afiliada a IndustriALL Global Union).

El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, le escribió una carta al CEO de Gerdau, André Johannpeter para rechazar los accidentes que se desarrollan en la empresa de aceros largos e instarlo a crear un comité global de seguridad y salud laboral.

“Es sumamente importante crear un comité global de salud y seguridad donde participen de manera activa los trabajadores de las plantas de Gerdau, se investiguen las causas de los accidentes y se tomen medidas preventivas” dijo en la carta.

Además, recalcó la importancia de que la compañía reconozca a la Red de Trabajadores de Gerdau conformado por sindicatos de la empresa en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay.  La red busca defender los derechos de los trabajadores y negociar un acuerdo global sobre higiene y seguridad del trabajo.

Según el secretario general, mediante el diálogo con los sindicatos será posible establecer los parámetros necesarios para garantizar las condiciones de trabajo seguras y saludables, y por lo tanto prevenir más accidentes y muertes.

Brasil ratificó el Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores en 1995. IndustriALL instó a Gerdau a cumplir con la legislación laboral de Brasil e internacional, que contemplan el respeto irrestricto del derecho de las trabajadoras y trabajadores a gozar de seguridad y salud en su lugar de trabajo.

Zenda JBS despide a 100 trabajadores en Uruguay

El jueves 15 el sindicato asistió a una instancia en el Ministerio de Trabajo para discutir el levantamiento de las sanciones que había realizado la empresa de forma arbitraria. Ese día los trabajadores recibieron de manera sorpresiva la noticia de que la empresa iba a realizar 100 despidos.

Las autoridades de la compañía aseguraron que la decisión fue resultado de una supuesta reestructura en la fábrica. Del total de despedidos, un 60% pertenecen al sindicato, entre los que se encuentran mujeres y hombres, muchos de ellos con más de 25 años de antigüedad laboral.

“El comité de base paró durante 2 días y hubo movilizaciones en Montevideo en la zona de Nuevo París. Denunciamos la actitud de la empresa de haber tomado ésta medida sin consultar al sindicato. En el convenio colectivo hay una cláusula que dice que cualquier medida tiene que ser dialogada previamente con el sindicato”

explicó uno de los dirigentes de la UOC, Carlos Bico.

Los despidos se efectuaron en la planta de Nuevo París, la cual emplea aproximadamente a 800 trabajadores. La curtiembre uruguaya Zenda es propiedad del grupo estadounidense-brasileño JBS. La firma exporta cueros procesados hacia Sudáfrica y México, e importa cueros desde Brasil y Europa.

En las conversaciones sostenidas entre la empresa y el sindicato acordaron un plazo de una semana para dar una respuesta. La UOC espera que en la nueva instancia a desarrollarse el día 22 la empresa encuentre una solución para evitar los despidos.

Por su parte Jorge Almeida, secretario regional de IndustriALL en América Latina y el Caribe dijo al respecto:

"Manifestamos nuestra solidaridad y estamos atentos a la reunión del día 22 y prestos a brindar la solidaridad necesaria. Exhortamos a que mediante la negociación como elemento para encontrar un equilibrio se eviten los despidos y se logre el bienestar de los trabajadores”