IndustriALL presenta su programa ACT en el G20

Entre los temas tratados en la reunión del G20, realizada del 18 al 19 de mayo, figuró la importancia de resaltar aquellas iniciativas y políticas que contribuyen al trabajo decente, creando cadenas de suministro mundiales que sean sostenibles.

Junto con Thomas Linemayr, Director General de Tchibo, Jenny Holdcroft, Secretaria General Adjunta de IndustriALL Global Union, ofreció una presentación en la que se explicó a los ministros de trabajo del G20 cómo el proceso ACT constituye la mejor oportunidad para lograr salarios dignos en las cadenas de suministro mundiales del sector de la confección, al introducir negociaciones sectoriales, vinculándolas con las políticas de adquisición que aplican las marcas.

Holdcroft hizo hincapié en la necesidad de establecer mayores salarios en todo el sector, para evitar que en las negociaciones las fábricas y marcas individuales ofrezcan precios más baratos en base a salarios más bajos.

Es imprescindible reformar las políticas de adquisiciones para apoyar la negociación sectorial en el contexto de las cadenas de suministro mundiales. Los compradores en la parte superior de la cadena de suministro cuentan con mayor poder para influir y determinar dónde se ha de distribuir el valor a lo largo de la cadena y cuánto ha de corresponder a los trabajadores/as.

Al vincular la negociación colectiva nacional a nivel sectorial entre los sindicatos y los empleadores con las prácticas de compra de las marcas, el proceso ACT crea un marco para relaciones laborales auténticas en las cadenas de suministro. A través de la negociación sectorial, los trabajadores/as podrán obtener un salario suficiente para sostener adecuadamente a sí mismos y a sus familias. Al mismo tiempo se puede abordar las condiciones laborales específicas del sector, las jornadas de trabajo, la productividad y otras cuestiones que tienen relación con los salarios.

Tras la presentación sobre ACT por IndustriALL y Tchibo, la iniciativa ACT fue reconocida en la declaración final de los Ministros de Trabajo del G20 como ejemplo del papel esencial que realizan los interlocutores sociales en la reducción de la desigualdad, eliminación de sueldos miserables, y para lograr crecimiento salarial sostenible.

Jenny Holdcroft señaló:

Por primera vez, el proceso ACT pretende crear un sistema que, al abordar los obstáculos estructurales que impiden lograr salarios dignos, pueda ofrecer una oportunidad real de aumentar los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la confección en forma escalonada, sostenible y aplicable.

Por su parte, Thomas Linemayr acotó:

ACT nos permite unir fuerzas con las grandes marcas e IndustriALL, con influencia y una voz fuerte para introducir la cuestión de salarios dignos en los programas de acción de los gobiernos y las empresas.

Con ACT, hemos asumido un gran compromiso y sabemos que esto requerirá tiempo y paciencia. Por lo tanto, en este camino pedimos todo el apoyo que podamos obtener de los gobiernos y las partes interesadas en los diferentes países. Podemos hacer esto solamente si actuamos en forma conjunta.

Refiriéndose al proceso ACT, John Ruggie, ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, señaló:

Demuestra lo prometedor que es la acción colectiva para impulsar el cambio. Es importante destacar que iniciativas como el ACT no son cuestión simplemente de contribuciones filantrópicas voluntarias al desarrollo, sino también son resultado de la responsabilidad reconocida de las empresas de abordar graves peligros que corren los derechos humanos en sus cadenas de suministro.

Para cumplir con esta responsabilidad, el ACT también contribuye decisivamente al desarrollo sostenible.

SME marcha y reinician negociaciones con el gobierno mexicano

Más de 44 mil trabajadores perdieron sus empleos tras la ilegal disolución de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) siete años atrás. 16 mil trabajadores se quedaron en resistencia y desarrollaron movilizaciones con las cuales forzaron al Gobierno a firmar con el SME diversos acuerdos.

Sin embargo, el gobierno no cumplió con ellos, por lo cual el gremio de electricistas decidió marchar el 9 de mayo hasta la Secretaría de Gobernación para reclamar:

Una vez que los manifestantes llegaron a la Secretaría de la Gobernación, la comisión negociadora del SME sostuvo una reunión con las autoridades gubernamentales. Según los dirigentes del sindicato, las autoridades accedieron a llevar a cabo acciones para respetar los acuerdos.

Por ejemplo, se comprometieron a sostener una reunión entre secretarios de estado con el de hacienda para instruir el pago de lo que les deben a un grupo de personas que obtuvieron su pensión hace tres años y, si bien están cobrado su pensión de renta vitalicia, aún falta que les paguen 50% de su liquidación y aguinaldo.

Del mismo modo, el gobierno afirmó que iniciará el trámite para pagarle la pensión de renta vitalicia a quienes en la primera etapa de pensiones de renta vitalicia no habían ejercido ese derecho por una u otra razón.

Los representantes sindicales también plantearon que subsiste un faltante de predios que deben de entregar para el patrimonio de la cooperativa LF del Centro. Resolvieron iniciar una mesa de trabajo con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) para entregarlo.

Finalmente, los integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) también participaron en la marcha en apoyo a las reivindicaciones del SME. En tanto, el SME asistió a la marcha de la ANUEE el 17 de mayo y respaldó sus reclamos que incluyen la renacionalización de la industria eléctrica, un alto a los cortes arbitrarios de luz y una tarifa social justa.

El director de IndustriALL Global Union, Fernando Lopes, se refirió a la lucha del SME y expresó:

“Sabemos que el SME y los/las trabajadores/as en resistencia no descansarán hasta encontrar una solución definitiva al conflicto. ¡IndustriALL Global Union estará con ustedes para celebrar ese momento!"

Manifestación multitudinaria en apoyo de la inspección del trabajo eficaz en Georgia

A mediodía del 15 de mayo, en una sala de conciertos de Tbilisi, el partido gobernante de Georgia ‘Sueño georgiano’ celebró debates públicos sobre las enmiendas constitucionales. Hay preocupación general por la forma en que se están llevando a cabo los debates en muchas ciudades, lo que indica que el partido gobernante está tratando de manipular a la opinión pública en lugar de que reciba información real sobre las enmiendas propuestas.

Representantes del movimiento estudiantil “El Público 115”y la organización juvenil de sindicatos de Georgia presentes en la sala pidieron que se guardara un minuto de silencio en recuerdo de los los mineros de Tkibuli muertos en el accidente de 9 de mayo.

Entre otras cuestiones, los sindicalistas jóvenes y los estudiantes preguntaron al presidente del Parlamento que conducía los debates si la ley ”sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo” sería adoptada y si Georgia ratificaría finalmente el Convenio núm. 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas. Anteriormente, el artículo sobre inspección del trabajo en materia de salud y seguridad se retiró de la Constitución como parte de los cambios neoliberales destinados a atraer inversiones extranjeras.

En respuesta a una declaración torpe e insultante de la presidencia, los jóvenes empezaron a cantar y silbar e interrumpieron el acto oficial.

Dos horas después, el Sindicato de Trabajadores de la Metalurgia, la Minería y la Industria Química de Georgia (TUMMCIWG), afiliado a la IndustriALL, y otros sindicatos de Georgia, incluidos participantes airados en los debates públicos, se reunieron en la ciudad y emprendieron una marcha de protesta hasta el edificio del Parlamento. La policía se comportó de manera provocadora, bloqueando la avenida central y tratando de provocar enfrentamientos públicos entre la gente con el fin de detenerlos por desorden público.

Los manifestantes, aunque con dificultad, llegaron al edificio del Parlamento, y reiteraron las demandas anteriores.

El presidente del TUMMCIWG, Tamaz Dolaberidze, declaró durante la manifestación:

“Ahora toda la responsabilidad recaerá en el presidente de Georgia, el primer ministro de Georgia, el presidente del Parlamento y todos los miembros del Parlamento por la muerte de cualquier persona en el lugar de trabajo, porque saben perfectamente cómo como impedir que se pierda la vida en el trabajo, y no hacen nada.”

IndustriALL repudia enérgicamente eliminación del registro del sindicato de la energía en Argelia

La decisión de eliminar el registro del sindicato se produce pocos días antes de una huelga nacional que los trabajadores de Sonelgaz han programado realizar del 21 al 25 de mayo.

En una carta con fecha 16 de mayo, el Ministro había dicho que el sindicato había violado la ley argelina 90-14/1990, aunque no especificaba detalles de esta supuesta infracción.

El solo acto de eliminar el registro del sindicato contradice esa misma ley, que estipula que la decisión de suspender o disolver un sindicato no puede ser autorizada sin un proceso judicial adecuado.

Además, el despido del dirigente sindical Raouf transgrede el derecho argelino y constituye una grave violación de los Convenios 87 y 98 de la OIT, ratificados por Argelia en 1962.

En la carta dirigida a Mohamed El Ghazi, el Secretario General de IndustriALL, Valter Sanches, protesta por las decisiones contra Mellal y SNATEGS:

“Le instamos a restituir inmediatamente el registro de SNATEGS. Mientras tanto, estaremos muy pendientes de la situación. Si todos sus derechos no se restablecen completamente antes de la próxima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, vamos a presentar una queja ante las instituciones internacionales contra el gobierno argelino por violación de derechos humanos y sindicales, y por abuso de poder”.

Mellal se encuentra actualmente en una batalla judicial para apelar contra una sentencia de seis meses de cárcel, dictaminada en su ausencia en diciembre, después que éste diera a conocer la corrupción a gran escala descubierta en Sonelgaz. Dicha compañía había aumentado injustificadamente las facturas de electricidad a más de ocho millones de clientes durante un período de diez años. El 25 de mayo se tomará una decisión judicial sobre su apelación.

En los últimos meses, SNATEGS, que cuenta con unos 30.000 miembros en Sonelgaz, ha organizado una serie de huelgas y manifestaciones a nivel nacional contra las políticas antisindicales de la compañía. Según informa el sindicato, Sonelgaz ha suspendido, a modo de represalia, a 93 miembros del SNATEG y ha iniciado procesos judiciales contra más de 600 sindicalistas.

Mientras tanto, los dirigentes y miembros de SNATEGS sufren constante hostigamiento físico y persecución, tal como lo demuestra la reciente ola de detenciones ejecutadas después de las manifestaciones pacíficas que fueran celebradas entre el 21 y el 23 de marzo pasado, en las que más de 240 dirigentes y miembros sindicales fueron detenidos y 30 mujeres fueron agredidas físicamente.

¡A salvar a Dave! Dirigente minero australiano despedido por haber encabezado protesta en ropa interior

El 7 de marzo de 2017, más de 50 mineros, al llegar al lugar de su trabajo en la mina de carbón Appin Colliery de South32 en New South Wales, se quitaron la ropa, dejando sólo sus cascos, botas, chaquetas y… calzoncillos. Después de 10 minutos, los mineros volvieron a ponerse su vieja ropa sucia y se dirigieron al trabajo.


La novedosa protesta fue un intento humorístico de resaltar el hecho de que, desde hace un año, South32 no ha cumplido con su obligación legal de proporcionar ropa de trabajo nueva. La compañía tampoco ha facilitado servicios de lavandería.

Sin embargo, en vez de abordar el problema, South32 despidió a McLachlan, alegando que había deshonrado a la compañía después de que fotos de la protesta se publicaran en línea.


Desde hace diez años, McLachlan es presidente sindical de base de la seccional de Minería y Energía del CFMEU, organización afiliada a IndustriALL Global Union. Lleva 16 años trabajando en Appin Colliery, y sus antecedentes laborales son impecables.


McLachlan es un veterano del sector: lleva 30 años en la industria de la minería de carbón y es un laborioso padre de familia. Su familia y sus compañeros de trabajo quedaron desolados ante el ataque vengativo y cruel de South32.

El CFMEU ha lanzado una vigorosa campaña apoyando a McLachlan, en tanto el presidente nacional del sindicato, Tony Maher, ha escrito al Director General de la empresa, Graham Kerr, instando a la compañía a reintegrar a McLachlan al trabajo.

En su carta, Maher hace hincapié en que el problema no va a desaparecer, y que está en peligro la licencia social de la compañía para sus operaciones. IndustriALL apoya esta campaña, e insta a la solidaridad internacional a procurar la reintegración de McLachlan.

Por su lado, en otra carta dirigida a la empresa, el Secretario General de IndustriALL, Valter Sanches, expresa lo siguiente:

“El caso de Dave McLachlan constituye una flagrante violación de los derechos laborales fundamentales. El haberlo despedido por participar en esta breve protesta en la que no se comprometió, en ningún momento, la producción del carbón, ni resultó en ningún tiempo perdido. Por el contrario, la mencionada protesta tuvo sólida justificación por cuanto la empresa no facilitó el servicio de lavandería ni los uniformes de trabajo que debe proveer según la ley”.

Medidas a tomar:

Solidarice con Dave, exigiendo que South32 lo reintegre inmediatamente al trabajo:

Sugerencia para un tweet:

#SaveDave: @ South_32 debe reintegrar a Dave McLachlan, despedido por protestar porque la compañía no proporciona indumentaria de trabajo.

DNO sigue eludiendo la responsabilidad a pesar de los fallos de los tribunales a favor de los trabajadores yemeníes

DNO cesó sus operaciones en Yemen y despidió a 198 trabajadores en abril de 2015 mediante un mensaje de texto y correos electrónico. La empresa no dio ningún aviso ni pagó indemnización de despido, en violación de la legislación laboral yemení. También violó el acuerdo de reparto de la producción de empresa mixta con el Gobierno.

Tanto el sindicato como el Gobierno trataron de dialogar con la empresa sobre las alternativas. Cuando la compañía se negó a negociar, el Sindicato DNO Yemen – que forma parte del afiliado yemení a la IndustriALL Global Union – llevó a la empresa a la magistratura del trabajo. En agosto de 2016, el tribunal falló a favor de los trabajadores, confirmando que el despido era ilegal, y ordenó a la empresa que pagara los sueldos pendientes o se incautarían sus activos.

En Yemen, si a una empresa se le concede una licencia para explotar un yacimiento de petróleo tiene que pagar los sueldos y cumplir las obligaciones sociales mientras dure la licencia. Según la empresa, la licencia se devolvió al Gobierno en diciembre de 2016. La empresa es responsable de los sueldos y la indemnización de despido al menos hasta ese momento.

En lugar de acatarlo, la empresa recurrió el fallo. El tribunal de apelación también dictaminó a favor de los trabajadores. La empresa abandonó Yemen sin transferir debidamente los activos, en violación de su licencia de explotación. El 20 de febrero de 2017, el tribunal yemení confirmó una orden de embargo de los activos de la compañía.

En enero se lanzó una campaña sindical internacional, y más de 9.000 personas escribieron al presidente ejecutivo de DNO, Bijan Mossavar-Rahmani, condenando el comportamiento de la empresa.

En lugar de reaccionar positivamente, la empresa apeló de nuevo en abril de 2017, esta vez al Tribunal Supremo. En lo que constituye una victoria de los trabajadores, el 2 de mayo de 2017 el Tribunal Supremo pidió al ministerio del petróleo y minerales de Yemen que no liberara a DNO de sus obligaciones hasta que pagara a los trabajadores.

Sin embargo, al sindicato le preocupa que el ministerio no dé prioridad a la indemnización de los trabajadores. El sindicato celebró manifestaciones ante el palacio presidencial, pidiendo al Gobierno que intervenga, los emplee directamente o vuelva a abrir el yacimiento de petróleo.

Temen que la empresa siga la estrategia de cansar a los trabajadores, desgastando su resistencia.

Los trabajadores siguen luchando para alimentar a sus familias.

En una reciente reunión de la red sindical del petróleo y el gas celebrada en Beirut, Anees Alhatari, del Sindicato DNO Yemen, dijo:

“Desde hade ya 23 meses, los trabajadores de DNO afrontan circunstancias muy duras, debido a la guerra. No tienen empleo y la situación de seguridad se deteriora. Esto supone un gran estrés emocional para esos trabajadores.

He observado una gran cantidad de problemas mentales entre los empleados debido a la guerra y a lo que ha hecho DNO.”

El sindicato noruego Industri Energi presentó una denuncia ante la OCDE contra DNO, en nombre del sindicato yemení, por incumplimiento de las directrices de la OCDE sobre el respeto de las normas internacionales del trabajo. Aunque la empresa adujo que la OCDE no es competente porque Industri Energi no organiza a los trabajadores afectados, la OCDE ha aceptado la denuncia, que se está considerando.

El secretario general adjunto de la IndustriALL Kemal Özkan dijo:

“Los tribunales yemeníes se han pronunciado a favor de los trabajadores en tres ocasiones. El movimiento sindical mundial ha presentado también una denuncia en la OCDE, y considerará además otras vías.

Es hora de que DNO deje de eludir sus responsabilidades y de que pague a sus trabajadores lo que los tribunales han decidido que les debe.”

Los sindicatos noruegos también están ejerciendo presión sobre los accionistas para que desinviertan de DNO.

Continúa protesta de mineros de Ucrania, exigiendo mejores salarios

En efecto, el 16 de mayo, un grupo de delegados que representa a los trabajadores/as de Evraz Sukha Balka inició negociaciones con la administración de la empresa. Los mineros insisten, pidiendo que sus salarios aumenten en por lo menos un 20% a partir del 1o de mayo, con otro aumento adicional del 30% que se debe introducir paulatinamente antes de finales de agosto. La administración propone aumentar los salarios en un 12% a partir del 1o de mayo. Hasta el momento, ninguna de las partes está dispuesta a ofrecer concesiones.

Más de mil trabajadores/as de la planta siderúrgica ArcelorMittal-Kryvyi Rih realizaron una manifestación pacífica el 11 de mayo, en solidaridad con los mineros de KZRK y Evraz. Además de exigir que aumenten los sueldos, también quieren que se ponga fin a la actual subcontratación de empleados y unidades operativas, que se renueven los programas de vivienda de los empleados, y que se provea asistencia financiera anual para vacaciones y recuperación, entre otras reivindicaciones. Los manifestantes desfilaron al edificio de las oficinas de la administración de la empresa, donde eligieron a 12 delegados para representarles en las negociaciones. Al hallar que no estaban presentes ni el director general ni los jefes suplentes, los manifestantes entraron al edificio, tomándose cuatro pisos del mismo. Solicitan una reunión con la administración para entregar su pliego de reivindicaciones. Algunos trabajadores están dispuestos a iniciar una huelga de hambre.

Anteriormente, el 10 de mayo, mineros de las minas Juvileyna y Frunze de la empresa Evraz Sukha Balka, propiedad del magnate ruso Roman Abramovich entre otros, iniciaron una protesta subterránea, siguiendo el ejemplo de los mineros de KZRK. La administración prohibió que se suministraran alimentos y agua a los manifestantes y sólo bajó al pozo un día y medio después para iniciar las conversaciones.


Para demostrar solidaridad con los mineros que protestaban bajo tierra, las familias de los huelguistas y trabajadores/as de la unidad de construcción de minas de Evraz Sukha Balka bloquearon las vías de acceso a la empresa, además de detener todo envío de productos de la compañía.


Los trabajadores/as de las empresas de Kryvyi Rih decidieron crear un comité de huelga conjunto para coordinar sus acciones. Yuri Samoilov, presidente de la seccional Kryvyi Rih del NPGU, pasó a ser presidente de este comité.

Por su parte, Mychailo Volynets, Presidente del NPGU, señaló:

“Nos han informado que los empleadores de varias empresas también se han unido para retrasar el proceso de negociación con los mineros. Esta medida pone en peligro la fe de los trabajadores y activistas sindicales en la posibilidad de lograr justicia mediante protestas pacíficas. Lamentablemente, el diálogo social sólo existe en Ucrania en términos formales; esto complica significativamente la lucha de los mineros por sus derechos”.


Según el Sindicato Independiente de Mineros de Ucrania, es posible cumplir con la exigencia de aumento salarial de los mineros, por lo que la lucha continúa.

Sindicatos colombianos acuerdan sobre género y unidad de acción sindical

Durante los dos primeros días, compañeras de SINTRACARBON, SINTRAELECOL y la USO abordaron el tema de género. Las participantes compartieron sus experiencias en el trabajo y en el movimiento sindical.

Muchas de ellas trabajan en áreas típicamente ocupados por hombres: son mecánicas y conductores de trenes, manejan camiones de 320 toneladas, hacen el mantenimiento de tubos de gas en el campo y trabajan en pozos de petróleo. Notaron que la discriminación existe tanto en el trabajo como en el sindicato.

Las trabajadoras adoptaron recomendaciones instando a sus respectivas organizaciones a construir una política de género en materia de formación y negociación colectiva. Según Hídanora Pérez, dirigente de una sección de Sintracarbon, es importante tener un enfoque de género en la negociación colectiva, porque muchas veces sólo son las personas directamente afectadas ven con claridad los obstáculos en el camino.

“Un ejemplo de ello es un caso aberrante que surgió en la mina El Cerrejón”, dice Hídanora. “Nuestro convenio colectivo otorgaba al ‘trabajador’ cinco días de licencia remunerada en caso de un aborto no deseado de su ‘esposa o compañera permanente’.  Un día surgió un caso de una pareja donde ambos trabajaban en la mina, y la compañera sufrió un aborto. El marido pudo tomar cinco días remunerados, pero por los términos del contrato, ella no. Para ella la única opción era tomar una licencia médica pagado al 75%; Apenas tres días más tarde tuvo que regresar a trabajar mientras que su esposo se quedaba en casa. Menos mal la compañera denunció esta injusticia y logramos cambiar el lenguaje del convenio”.

Al tercer día del evento se incorporaron dirigentes del sector minero-energético para debatir acerca de la unidad, de la campaña por la ratificación del Convenio 176 de la OIT sobre seguridad en las minas, y lo referente al pos-conflicto. 

Una comparación entre el C176 y la legislación colombiana identificó cuatro áreas donde la norma internacional ofrece una mayor protección que la legislación nacional: El C176 se aplica a todas las minas e introduce una orden de prioridad en la prevención, mediante la eliminación del riesgo y solo en última instancia recurre a equipos de protección personal. Además, otorga al trabajador el derecho a retirarse de cualquier sector de la mina cuando existen razonas para pensar que hay un peligro grave. Finalmente, mejora las garantías de representación y participación de los trabajadores en temas de seguridad e higiene.

La reunión adoptó conclusiones sobre la importancia de seguir trabajando hacia la unidad, de contribuir a al proceso de paz y construir una campaña del sector minero-energética -con el apoyo de la CUT- para lograr la ratificación del C176. Esta campaña debería incluir, entre otras cosas, la concientización y el involucramiento de las bases, identificar aliados en el Congreso dispuestos a apoyar una propuesta de ley, y entablar un debate con el gobierno y los empleadores -si necesario convocado por la OIT-.

La reunión de minería fue financiada a través del proyecto regional de minería con Union to Union / SASK, mientras que el evento de mujeres formó parte del proyecto de potenciación Sindical que IndustriALL desarrolla con los sindicatos suecos a través de U2U.

A su vez, los proyectos trabajan apegados al Plan de Acción de IndustriALL e integran la problemática de género y juventud como corazón del trabajo en la región. La articulación de estos dos eventos es un ejemplo de las sinergias que busca IndustriALL en la ejecución de sus proyectos.

Las reuniones se llevaron a cabo en Valledupar en El César. La oficina regional de IndustriALL estuvo representada por los secretarios regionales adjuntos Laura Carter y Marino Vani. 

Un sindicato georgiano exige una inspección del trabajo efectiva tras un accidente mortal

Un montacargas cayó a un pozo mientras se reparaba. Los mecánicos cayeron a 400 metros desde el techo del montacargas. Los cuerpos de las cuatro víctimas fueron hallados por los socorristas el 10 de mayo. Dos de los que perdieron la vida eran miembros del TUMMCIWG, uno de ellos Aleko Cheishvili, fundador y miembro del comité de mineros de Tkibuli del TUMMCIWG.

El TUMMCIWG dice que, según las primeras informaciones, se violaron las normas de seguridad durante la preparación de los trabajos de reparación. Se creará una comisión de investigación de la tragedia, de la que formarán parte inspectores de seguridad del sindicato.

En las minas de Tkibuli han muerto 24 personas desde 2010, y otras 19 han resultado heridas de gravedad.

Tamaz Dolaberidze, presidente del TUMMCIWG, dice:

“Todos los que han venido bloqueando el establecimiento de la inspección del trabajo y la ratificación del Convenio núm. 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas son responsables de este accidente.”

La inspección del trabajo es una especie de centro de seguimiento de los accidentes en el lugar de trabajo. Recopila estadísticas, pero no realiza inspecciones y no tiene un verdadero cometido en el ámbito de la protección laboral en las empresas.

En septiembre de 2015, la dirección de la IndustriALL celebró una rueda de prensa en Tbilisi, en la que planteó este problema e insistió en la necesidad de reconfigurar el sistema de la inspección del trabajo estatal en Georgia con todas sus funciones.

El secretario general de la IndustriALL Global Union, Walter Sanches, escribe en una carta al presidente de Georgia:

“Una vez más, la IndustriALL Global Union insta al Gobierno de Georgia a ratificar el Convenio núm. 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas, así como el Convenio núm. 181 de la OIT sobre la inspección del trabajo. Es esencial establecer un mecanismo adecuado de cumplimiento de la legislación laboral en el país. En contraste con la estructura nominal que funciona ahora, la principal tarea de la Inspección del Trabajo debe ser prevenir los accidentes en lugar de simplemente llevar estadísticas de los accidentes.”

Trabajadores del automóvil rusos solicitan compensación por el trabajo nocivo

La ITUWA ha recogido hasta ahora 180 demandas individuales. Cada trabajador pide entre 70.000 y 100.000 RUR (1.200 – 1.700 $ EE.UU.). Desde abril, el sindicato ha recibido reclamaciones para una demanda colectiva de los trabajadores. El “caso de daño”, como lo denominaban activistas de la ITUWA, afectaba a unos 300 trabajadores. En general, tienen derecho a compensación unos 1.000. Los jueces han suspendido el juicio, citando documentos incorrectos. El sindicato ha tenido que reunir de nuevo las reclamaciones de los trabajadores.

Sergey Topolov, presidente del comité central del ITUWA, dice:

“Como la administración, y en particular los directores de operaciones, empezaron a amenazar a los trabajadores con el despido, personas que al principio estaban dispuestas a participar en el caso colectivamente, optaron por no actuar individualmente.”

El sindicato apoyará a los trabajadores en todas las fases del procedimiento. Las reclamaciones se agruparán y un abogado de la ITUWA representará los intereses de los trabajadores.

La deuda de empresa a los trabajadores se ha acumulado desde finales de 2013, en que se promulgó la Ley federal “sobre la evaluación especial de las condiciones de trabajo”. De acuerdo con la ley, la dirección de AvtoVAZ tenía que evaluar inmediatamente las condiciones laborales en cada lugar de trabajo y fijar la compensación en función del grado de daño. Sin embargo, la evaluación no se hizo hasta julio de 2015, y sus resultados no se anunciaron oficialmente hasta el 6 de febrero de 2017. La empresa insiste en que la compensación se pagará a partir de esa fecha. Los activistas sindicales están convencidos de que tiene que pagarse por todo el período transcurrido desde la promulgación de la ley, y están dispuestos a defender sus derechos.

AvtoVAZ es el mayor fabricante de automóviles de pasajeros de Rusia, y pertenece a Renault-Nissan Alliance y la empresa estatal rusa Rostec.

Según Sergey Topolov, el juicio durará hasta finales de año.