Los trabajadores/as víctimas de esta arbitrariedad son miembros de Associated Labor Unions (ALU), organización afiliada a IndustriALL Global Union. Amertron fabrica semiconductores y productos optoelectrónicos, elaborando tecnología para teléfonos inteligentes, y para la industria automotriz y aeronáutica. Entre sus principales clientes figuran Hewlett-Packard, Siemens y Osram. La empresa principal, que tiene su casa matriz en Malasia, Inari Amertron Berhad, cuenta con plantas de producción en Malasia, Filipinas y China.

Hay dos fábricas en Filipinas, Clark y Parañaque. La planta de Parañaque ha estado en funcionamiento desde 1988, y emplea a unas 700 personas, de las cuales aproximadamente 550 son mujeres. La fábrica de Clark se inauguró en 2012 en la zona económica especial de Clark Freeport. Emplea a unos 2,000 trabajadores y trabajadoras.

Se han registrado problemas constantes en Parañaque debido a los bajos salarios. La mayoría de los trabajadores/as lleva diez o más años de servicio en la empresa, pero reciben sólo US$ 10 al día. Para representar sus intereses, en enero de 2017 la fuerza de trabajo de Amertron formó un sindicato, la United Amertronians Organization (UAO). En junio, la compañía dio a conocer su intención de cerrar la planta de Parañaque, trasladando la producción, antes de 2019, a Clark, donde las instalaciones son más modernas, aunque se halla a 120 km de distancia de Parañaque.

Los trabajadores/as tuvieron la opción de trasladarse a Clark o aceptar indemnización estándar por despido, de acuerdo con la legislación laboral de Filipinas.

En julio, la UAO se afilió a la ALU y presentó documentos de registro al Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE). El 15 de agosto, para mejorar su posición en las negociaciones y lograr indemnización justa, el sindicato presentó a DOLE una solicitud para ser reconocido como el único representante en procesos de negociación en la empresa.

A partir de ese momento, la compañía comenzó a acosar a los funcionarios sindicales y a los demás sindicalistas. Se convocó a los trabajadores/as a reuniones individuales o departamentales, amenazándoles con ponerlos en lista negra y perder su indemnización por despido si no se retiraban del sindicato. La empresa ofreció coimas a los funcionarios sindicales para que abandonaran el sindicato, y dos funcionarios fueron suspendidos por repartir folletos sindicales.

Cuando el sindicato presentó una queja ante el DOLE por prácticas laborales injustas y acciones antisindicales, la compañía respondió despidiendo en masa a los miembros del sindicato. Los días 21 y 22 de septiembre, la empresa despidió a unos 300 trabajadores y trabajadoras. Aunque la compañía afirma que esto se debe a la transferencia de la producción a Clark, ese proceso no se finaliza hasta 2019. La producción en Parañaque continúa: la empresa ha contratado a personal de agencias para reemplazar a los sindicalistas despedidos.

Hasta el momento, la compañía ha despedido a 532 sindicalistas, negándoles acceso al lugar de trabajo. Por su parte, los trabajadores/as realizan regulares y firmes manifestaciones frente a las instalaciones de la empresa.

Por su parte, Valter Sanches, Secretario General de IndustriALL, dirigió una carta al Director General de Amertron, en la que señaló lo siguiente:

“Estamos sumamente preocupados e indignados al saber de la flagrante violación de los derechos sindicales por parte de Amertron Incorporated Philippines, incluyendo actos indiscutiblemente de intimidación y hostigamiento cometidos por la administración de la empresa para socavar el firme empeño de los trabajadores de formar un sindicato para mejorar sus condiciones de trabajo. En lugar de hacer caso al llamado de la ALU, que pedía que se respetaran los derechos de los trabajadores/as, la filial de su empresa mandó aviso de despido a todos los funcionarios y miembros de los sindicatos, prohibiendo de repente que los trabajadores y trabajadoras accedieran a las instalaciones de la compañía, debido al supuesto cierre de la fábrica.

“Por lo tanto, le insto encarecidamente para que reincorpore de inmediato a todos los funcionarios y miembros sindicales que fueron injustamente despedidos, y que se deje de acosar a la fuerza de trabajo, respetando el derecho de sindicación y de realizar negociaciones colectivas”.