Los Mineros protestan contra Grupo México a 12 años del homicidio de Pasta de Conchos

Cientos de trabajadores de Los Mineros, representantes del USW, familiares y miembros de organizaciones sociales participaron del homenaje a los fallecidos en la explosión del 19 de febrero de 2006. 63 de ellos permanecen bajo tierra porque la búsqueda de sobrevivientes finalizó cinco días después de la explosión y nunca fueron rescatados.

Además de desarrollar una movilización hacia las secretarías de gobernación y de trabajo en reclamo de justicia, colocaron un monumento a las víctimas frente a la Bolsa Mexicana de Valores. El lugar fue elegido porque es donde cotiza la empresa Grupo México, propietaria de la mina Pasta de Conchos, la cual tiene ganancias millonarias a costa de los trabajadores.

Cada año que transcurre, Los Mineros realizan acciones en la fecha para denunciar que hasta el momento ningún directivo de Grupo México fue castigado penalmente por este homicidio industrial. A su vez, los trabajadores reclaman mejores condiciones de salud y seguridad en las minas para evitar que ocurran nuevos accidentes laborales.

La explosión y derrumbe de 2006 ocurrió a 150 metros bajo tierra debido a la acumulación de gas metano por encima de los estándares legales para poder trabajar. Los familiares aseguran que los trabajadores ya habían denunciado las condiciones precarias de la mina pero que nunca fueron escuchados.

“Tenemos que unir esfuerzos y solidaridad para exigir el rescate de los cuerpos, la indemnización justa y digna para las familias, y el castigo con todo el peso de la ley a los responsables de esa tragedia que enlutó a 65 hogares mexicanos.”

dijo el presidente de Los Mineros, Napoleón Gómez Urrutia en un comunicado.

Finalmente, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, dijo al respecto:

“Lamentamos que 12 años después el homicidio industrial en la mina de Pasta de Conchos no se hayan rescatado los cuerpos de las víctimas. Apoyamos a Los Mineros en su pedido de justicia y castigo a los culpables. Además, reclamamos al Gobierno de México que ratifique el Convenio 176 de la OIT sobre Seguridad y Salud en las Minas para prevenir y evitar accidentes de trabajo"

Victoria momentánea: Suspenden votación de la reforma de pensiones en Brasil

El 19 de febrero las centrales sindicales de Brasil protagonizaron una jornada de movilización y lucha contra la reforma de seguridad social, día que estaba prevista la votación de la impopular propuesta de enmienda a la Constitución PEC 287.

Cerca de 20 mil personas se congregaron en la Avenida Paulista, en São Paulo y hubo protestas en todas las demás ciudades. Las repercusiones fueron tales que el Congreso optó por suspender la sesión. Los trabajadores celebraron esto como una primer victoria, dentro del plan de acción que desarrollan para que abandonen el proyecto que implica un retroceso en los derechos laborales.

"Tenemos que celebrar una victoria momentánea. Quien está en guerra como nosotros, tiene que continuar movilizado y en lucha",

dijo el presidente de la CUT, Vagner Freitas., quien también señaló la importancia de continuar en estado de alerta, presionando a los diputados con actos, marchas y manifestaciones en todo el país.

Además de la fuerte oposición de la población, otro condicionante de la suspensión fue que (después de 14 meses) Michel Temer no pudo reunir los 308 votos necesarios en la Cámara de Diputados para reformar el sistema de jubilaciones, su mayor proyecto económico para 2018.

Previendo este panorama fue que Temer decretó la intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro el 16 de febrero, una excusa para evitar la derrota en la votación del 19.

En esa línea, el Congreso Nacional anunció al final del 19 de febrero que suspendían las propuestas de enmiendas a la Constitución (PEC) porque la Constitución establece que los legisladores no pueden hacer cambios legales cuando hay un decreto de intervención militar.

El decreto obtuvo la aprobación en las cámaras de diputados y senadores el 21 de febrero. Las centrales sindicales rechazaron la decisión de poner al ejército a cargo de la seguridad de Río de Janeiro, por considerar que no es la función del Ejército restaurar el orden, y por los riesgos que podría plantear para las garantías constitucionales. Es la primera vez que un líder de Brasil ordena una intervención militar desde que el país regresó a la democracia en 1985.

Finalmente, el secretario regional de IndustriALL Global Union, Marino Vani, dijo al respecto:

“Celebramos esta primer victoria de los trabajadores de Brasil en su lucha unificada contra la reforma de pensiones. Las manifestaciones en las calles y la presión deben continuar para impedir que avance una reforma que daña los derechos de los trabajadores”

Los mineros ucranianos intensifican la protesta por el impago de salarios

Los manifestantes, entre ellos cinco líderes sindicales del afiliado a la IndustriALL Global Union el Sindicato Independiente de Mineros de Ucrania (NPGU) y cuatro mineros de la empresa estatal Selidovuhillya iniciaron la huelga de hambre tras fracasar las conversaciones con el Ministerio de Energía y Carbón el 21 de febrero.

Esto sucede después de que 7.000 mineros de Selidovuhillya llevaran a cabo una huelga de tres días, del 14 al 16 de febrero, para exigir el pago de los salarios atrasados. La acción indujo al Gobierno a transferir 13,5 millones $ EE.UU. de salarios adeudados en el sector del carbón, de los cuales 3,4 millones $ EE.UU. se enviaron a los mineros de Selidovuhillya. Sin embargo, a los mineros se les adeudan todavía 4,5 millones $ EE.UU. La deuda global por los atrasos en toda la industria carbonífera de Ucrania se estima en 18,7 millones $ EE.UU.

Los manifestantes exigen el pago total de los salarios atrasados, un aumento de sueldo en función de la inflación y la inversión en salud y seguridad, sobre todo equipo de protección personal. Unos 18 mineros han muerto en las minas de carbón de Ucrania el pasado año, según el NPGU.

También exigen la devolución de reservas de carbón “robadas”, según recientes informes de que el Estado ha vendido algunos de los yacimientos más rentables del país a una empresa privada, vinculada al hijo del ex presidente ucraniano Yanukovich.

Otros mineros de Selidovuhillya, que se encuentra en la región de Donetsk de Ucrania, piensan protestar en las ciudades de Selidovo y Novogrodivka.

Los afiliados a la IndustriALL, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón de Ucrania y el NPGU, piden al Gobierno que entable un diálogo social serio.

Mychailo Volynets, presidente del NPGU, declaró:

“La reunión con el ministro ha mostrado que estamos en un punto muerto. Es esencial pagar totalmente los atrasos adeudados; acabar con la corrupción en la industria; designar a los directores de las empresas y de las minas exclusivamente por sus méritos, y establecer un diálogo social efectivo con los sindicatos.”

Valery Mamchenko, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón de Ucrania, dijo:

“La explotación de las minas estatales es posible en un entorno estable, pero hay que pagar los salarios a tiempo. El pasado año se asignaron 2.800 millones UAH (100 millones $ EE.UU.) al desarrollo de la industria del carbón, incluido el fondo salarial, pero este año la cantidad es menos de la mitad.”

Valter Sanches, secretario general de la IndustriALL Global Union, escribió en su carta al primer ministro de Ucrania:

“Instamos al gobierno ucraniano a relanzar el diálogo social con los sindicatos, y a tomar medidas eficaces para resolver los problemas que afectan a la industria del carbón. Nos solidarizamos con nuestros sindicatos afiliados y nuestros compañeros mineros en Ucrania y apoyamos sus legítimas demandas y las necesarias medidas legales para proteger los derechos de los trabajadores.”

Delegación de IndustriALL descubre que Glencore maltrata gravemente a los trabajadores en minas de cobalto en la RDC

En una reunión con unos 80 mineros, realizada a mediados de febrero en la Catedral de San Juan en Kolwezi, la comisión de IndustriALL se enteró de quejas sobre agravios sistemáticos de los derechos humanos y laborales, que incluyen: constantes amenazas de despido; malas prácticas de salud y seguridad; enfermedades ocupacionales; racismo y discriminación; clasificaciones de trabajo improcedentes e injustas; baja remuneración; sueldos que perciben los trabajadores/as locales que son inferiores en comparación con la remuneración de personal que proviene del extranjero.

Glencore acaba de informar que registró ganancias récord en 2017, agregando también que prevé que aumentará su producción de cobalto en un 133% en los próximos tres años, en gran medida debido al aumento de la demanda de baterías para vehículos eléctricos de compañías como Renault, Volkswagen y Volvo. El cobalto de las minas de Glencore en la RDC también se usa en las baterías que alimentan los teléfonos Apple y Samsung.

Los trabajadores/as de Glencore en la RDC, que son miembros del sindicato TUMEC, organización afiliada a IndustriALL, calificaron el trato y las condiciones de empleo de los trabajadores/as como "nada menos que esclavitud", comparable a la "Bahía de Guantánamo". Los trabajadores también informaron que sus familias están expuestas a enfermedades ocupacionales porque llevan a la casa su ropa de trabajo, ya que el lugar de trabajo carece de lavanderías e instalaciones para lavado y ducha.

Un trabajador comentó: “Cuando regresamos a casa, estamos tan sucios que no podemos abrazar a nuestros hijos”.

Los trabajadores/as se quejaron de la insuficiencia de los 750 ml de agua potable que les dan por turno. Explicaron que sus familias no tienen acceso al hospital de Glencore debido a la distancia entre el centro médico y la comunidad.

Los trabajadores/as también se refirieron a las diferencias de trato y de condiciones de empleo entre las operaciones de Glencore en Mutanda y en KCC, calificando esta situación como un intento deliberado de la compañía de dividir y debilitar a los sindicatos.

IndustriALL organizó una comisión para investigar en el sitio los días 14 al 17 de febrero en respuesta a una solicitud urgente de TUMEC que pedía que se realizara una inspección sobre las pésimas condiciones que enfrentan los mineros en las operaciones de Glencore en Kolwezi, provincia de Lualaba, que tiene grandes reservas de cobalto. La comisión mundial estuvo a cargo del Director de la sección de minería de IndustriALL Global Union, Glen Mpufane, e incluyó a delegados del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros (NUM) y del Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA) que trabajan en operaciones de Glencore en Sudáfrica, así como representantes de la Oficina Regional de IndustriALL para África Subsahariana.

Glencore rechazó la solicitud de TUMEC que pedía que se autorizara el acceso de la comisión a las minas de Glencore en la RDC.

Respondiendo a un informe sobre la inspección de IndustriALL que se publicó recientemente en los medios de comunicación, Mpufane señaló:

“Glencore le dijo a la prensa que la empresa se ha comprometido a entablar un diálogo con IndustriALL y que tiene relaciones positivas con TUMEC. De hecho, por el contrario, Glencore se negó a permitir que la comisión de IndustriALL pudiera visitar las minas, y los miembros de TUMEC informaron a la comisión que Glencore los maltrata gravemente”.

NUM y NUMSA han manifestado su preocupación acerca de cómo Glencore trata a su fuerza de trabajo en la República Democrática del Congo, y expresaron su solidaridad en la lucha por mejorar ese tratamiento.

La comisión mundial enviará un informe detallado a la oficina central de Glencore en Zurich, Suiza, exigiendo que se preste atención inmediatamente a las inaceptables condiciones de trabajo en sus operaciones en la República Democrática del Congo. IndustriALL también enviará información a los inversores de Glencore y a los compradores de cobalto.

Mpufane agregó lo siguiente:

“Las violaciones desenfrenadas de Glencore de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras en la RDC presentan un grave riesgo para la cadena de suministro en el mercado mundial del cobalto”.

100 días hasta que expire el Acuerdo actual – los firmantes laborales instan a las marcas a firmar el Acuerdo de 2018

El Acuerdo de Transición de 2018 continuará el trabajo de inspección de fábricas en Bangladesh, identificando los riesgos de seguridad y garantizando su corrección. Hasta la fecha, 109 empresas de prendas de vestir han firmado el Acuerdo de 2018, que abarca a más de 2 millones de trabajadores.

Sin embargo, muchas empresas del sector tienen que confirmar aún su compromiso con la seguridad de los trabajadores bangladeshíes en su cadena de suministro. Entre las que todavía se resisten cabe citar Marks and Spencer, Next, Sainsbury’s, Metro Group, Abercrombie & Fitch y Dansk Supermarked.

Los firmantes sindicales mundiales del Acuerdo, la IndustriALL y la UNI, y los cuatro firmantes como testigos, la Campaña Ropa Limpia, el Foro Internacional de Derechos Laborales, la Red de Solidaridad de la Maquila y el Consorcio de Derechos de los Trabajadores, piden a las empresas de la confección que todavía no lo hayan hecho que firmen el Acuerdo de 2018 lo antes posible.

No firmar el Acuerdo de 2018 significa que dentro de cien días los trabajadores carecerán de control en las fábricas. Como consecuencia, las marcas de ropa no cumplirán sus obligaciones de diligencia debida para que sus obreros trabajen en una cadena de suministro segura,

dice Ineke Zeldenrust, coordinadora internacional de la Campaña Ropa Limpia.

El Acuerdo de Bangladesh original entró en vigor el mayo de 2013, a raíz del hundimiento del edificio Rana Plaza en abril de 2013, en el que murieron 1.134 trabajadores. Con el Acuerdo se ha creado un sistema fiable para controlar las fábricas de las marcas firmantes y corregir sus fallos, y formar a los trabajadores en materia de seguridad. Esta labor continuará con el Acuerdo de 2018.

Todavía no hay una alternativa creíble al Acuerdo para proteger la seguridad de los trabajadores en Bangladesh. Simplemente, que las marcas vuelvan a los programas de las empresas que claramente fallaron para impedir tragedias a gran escala en las fábricas no es una opción. La firma del Acuerdo de 2018 es la única manera de que las empresas cumplan sus obligaciones de diligencia debida para garantizar que los obreros de la confección bangladeshíes puedan trabajar en fábricas seguras,

dice Jenny Holdcroft, secretaria general adjunta de la IndustriALL Global Union.

Esto es igualmente urgente para las empresas que no han cumplido todavía sus obligaciones en virtud del primer Acuerdo y para las que han corregido todos los defectos de seguridad descubiertos en sus fábricas de conformidad con el primer Acuerdo.

La necesidad de comités de seguridad y programas de inspección sigue vigente, porque una fábrica puede ser segura un día y tener las puertas contra incendios bloqueadas al día siguiente. Mientras el Gobierno de Bangladesh no se muestre dispuesto a asumir esta responsabilidad, el Acuerdo seguirá proporcionando la formación, la pericia técnica y las estructuras de responsabilidad necesarias para que el trabajo en la confección sea más seguro,

dice Christy Hoffman, subsecretaria general del sindicato mundial UNI.

La advertencia de cien días está destinada asimismo a las empresas de prendas de vestir que no son parte en el Acuerdo actual, incluidas las que se han unido a la Alianza para la Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh, programa de seguridad dirigido por corporaciones para firmar el Acuerdo de 2018.

Instamos a las empresas de la Alianza y a las que no han firmado ninguno de los programas a que se unan al Acuerdo de 2018 cuanto antes, mostrando así su voluntad a participar en forma constructiva con los sindicatos bangladeshíes e internacionales y a confirmar su compromiso de mantener seguras las fábricas en Bangladesh,

dice Judy Gearhart, directora ejecutiva del Foro Internacional de Derechos Laborales.

Triunfa huelga de seis meses de trabajadores en Collie, Australia

En efecto, tras el éxito de la huelga, 29 trabajadores de mantenimiento, todos miembros del Sindicato de Trabajadores Manufactureros de Australia (AMWU), organización afiliada a IndustriALL, el 14 de febrero recién pasado reanudaron el trabajo en Griffin Coal, Collie, acompañados por una guardia de honor formada por miembros de la comunidad y otros sindicalistas.

Durante el conflicto en Griffin Coal, propiedad de la multinacional india Lanco, se había bajado el nivel salarial en más de un 43%; se redujo a la mitad el valor de los derechos legales que se hubieran acumulado, como las vacaciones anuales y permiso por servicio prolongado; y se obligó a los trabajadores a trabajar en turnos perjudiciales para la familia, laborando más horas por un sueldo menor.

Por su parte, Steve McCartney, Secretario del AMWU en Western Australia, señaló:

Esta es una victoria para los miembros de nuestro sindicato: han luchado para que se reestablezcan turnos favorables para la vida familiar y para recuperar los derechos que les habían robado. Esta disputa demuestra que la legislación laboral australiana tiene fallas graves. Debemos descartar la Fair Work Act (Ley de Trabajo Justo) y exigir un sistema que respete a los trabajadores y a las familias y que no pueda ser utilizado como arma por las multinacionales extranjeras.

Valter Sanches, Secretario General de IndustriALL, afirmó:

Felicitamos a los trabajadores de Griffin Coal, a sus familias y al sindicato por haber defendido y luchado por el respeto de los derechos laborales.

Fallo judicial ordena reintegro de dirigente sindical despedido por Tenaris Colombia

Sintractuar celebró el reintegro de Jairo del Rio como una primera victoria. El dirigente sindical había sido despedido el 6 de diciembre, luego de que la empresa se negara a firmar un nuevo convenio colectivo.

La rama judicial del poder público de Colombia emitió el fallo el 12 de febrero, donde ordenó a Tenaris Tubocaribe a dejar sin efecto la terminación del contrato de trabajo de Jairo del Rio, en menos de 48 horas a partir de la notificación de la sentencia.

En el documento explicaron que buscaban amparar los derechos fundamentales al trabajo y de asociación sindical, de acuerdo a los motivos aportados con antelación por el sindicato. El juez consideró que no existía una justa causa comprobada para que terminen su trabajo.

Desde la fecha del despido hasta el fallo, Sintratucar desarrolló diversas protestas y una campaña mundial junto a la red internacional de trabajadores de Tenaris Ternium para demandar la persecución sindical en la empresa y presionar a la compañía a revertir este y otros despidos injustos.

Tenaris TuboCaribe también despidió a Walberto Marrugo (presidente de Sintractuar), al dirigente Jorge Buenos y a 20 jóvenes que se afiliaron al sindicato, como parte de su campaña de intimidación.

“La causal de mi despido es la conformación del sindicato. Tenaris no respeta la libertad de asociación, condiciona la renovación de tu contrato a la elección a afiliarte al sindicato. Estamos intentando dejar sin efecto los despidos por la vía de tutela, pero vamos a acudir a un tribunal de arbitramento y a efectuar otras acciones si es necesario” dijo Walberto.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL en América Latina y el Caribe, Marino Vani, dijo al respecto:

“Seguimos solidarios con los trabajadores de SINTRATUCAR. Le rogamos a la empresa que pare con estos ataques y con su abuso de poder. Exigimos el respeto a los trabajadores y que de inmediato reintegre a los demás dirigentes a sus puestos de trabajo y liderazgo”

160 trabajadores desempleados tras cierre de Rusch Uruguay

Los trabajadores de Rusch Uruguay (filial de Teleflex) recibieron la visita de un directivo de la empresa desde la oficina para América Latina en México, el 30 de enero. Tras un día entero de recorrido por la fábrica, recibieron la noticia de que dejarían de producir en el país sudamericano.

Según informaron las autoridades de la empresa al Comité de Base del sindicato de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA, afiliada a IndustriALL Global Union), el repentino cierre se debe a problemas económicos que los obligaron a bajar los costos y a dejar de fabricar los equipos e instrumentos médicos en Uruguay.

El sindicato acudió a la Cámara de Industrias donde recibió información sobre la liquidación y del seguro de paro. A su vez, los dirigentes sindicales plantearon la necesidad de reinsertar a los 160 trabajadores en el mercado laboral, muchos de los cuales llevaban más de 20 años trabajando en la compañía.

Según explicó la responsable de la rama del plástico de la UNTMRA, Andrea de León, el sindicato pidió que si el grupo económico Teleflex reabre Rusch o le vende la fábrica a otra firma, vuelva a contratar a los trabajadores despedidos.

También le plantearon la importancia de hacer valer el “Registro de los trabajadores”, acordado en el convenio colectivo de fecha 8/12/2008 entre la UNTMRA y la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP):

“Las partes acuerdan que, ante la necesidad de personal, las empresas se comprometen a consultar al Comité de Base de la UNTMRA si tienen en su registro personal que cumpla con las condiciones para el puesto de trabajo” dice el convenio.

De León también explicó que van a intentar realizar un curso con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional del Uruguay (INEFOP) para poder brindarle una capacitación a los trabajadores que les permita conseguir empleo en algún lugar relacionado a la salud.

Por su parte, el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, le escribió una carta el 20 de febrero al Presidente y Director Ejecutivo de Teleflex, Liam J. Kelly, en la que le solicitó que Teleflex respete el convenio colectivo con la UNTMRA y tome en cuenta el Registro de Trabajadores en caso de reabrir la empresa.

La planta de Rusch Uruguay Ltda., filial de Teleflex, se instaló en el país hace cuatro décadas. Teleflex es una empresa multinacional, proveedora de tecnologías médicas diseñadas para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.

Sindicato de Suazilandia repudia empresa fabricante de prendas de vestir por no respetar derechos de los trabajadores/as

Aunque ATUSWA representa a más del 80% de los trabajadores y trabajadoras de las compañías Tex Ray, incluyendo la Union Industrial Washing, Kasumi Apparels, TQM Textiles y Katat, la empresa Tex Ray no reconoce al sindicato y en su lugar ha formado un sindicato amarillo.

En efecto, este sindicato patronal dirigido por la administración de la empresa trata de reclutar al personal mediante acusaciones contra ATUSWA y ofreciendo coimas como incentivo. El sindicato empresarial intenta obtener el reconocimiento necesario en la Comisión de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) antes de que se finalicen los trámites para el reconocimiento de ATUSWA.

Wander Mkhonza, Secretario General del ATUSWA, señaló:

Si los compradores continúan adquiriendo prendas de vestir del grupo Tex Ray sin asegurarse de que se respete el derecho a la libertad de sindicación y de negociación colectiva, estarían, en efecto, colaborando con Tex Ray para socavar nuestros derechos laborales.
Instamos a la Autoridad de Promoción de Inversiones de Suazilandia y al Departamento de Trabajo a dialogar constantemente con los empleadores sobre la importancia de respetar los derechos laborales. No se debe permitir que Tex Ray lleve nuestro país al pasado del que queremos escapar.

Por su parte, Paule France Ndessomin, Secretario Regional de IndustriALL para África Subsahariana, manifestó:

“Solidarizamos con ATUSWA en su lucha para lograr reconocimiento y reiteramos el derecho de los trabajadores y trabajadoras a formar su propio sindicato. Los empleadores no deberían tratar de debilitar a un sindicato establecido mediante el patrocinio de un sindicato amarillo. Hacemos un llamado a CMAC para que otorgue urgentemente el reconocimiento a ATUSWA como sindicato legalmente establecido”.

Sindicato de Alfred H. Knight Perú protesta contra violaciones a derechos laborales

La empresa de análisis de minerales Alfred H. Knight del Perú y el sindicato (afiliado a la Federación FETRIMAP – CGTP , que a su vez forma parte de IndustriALL Global Union) mantienen reuniones para aprobar el nuevo convenio colectivo. Los trabajadores desarrollaron protestas el 13 de febrero ante la falta de propuestas por parte de la compañía.

A su vez, los trabajadores denuncian que la empresa incumplió los fallos de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) para convocar a elecciones del Comité de salud y seguridad laboral en sus sedes en Lima, Arequipa y Callao.

El sindicato hace especial énfasis en este aspecto ya que denuncia que hubo varios accidentes en el lugar de trabajo y algunos trabajadores enfermaron debido a las malas condiciones de trabajo.

El Ministerio de Trabajo convocó a la empresa y al sindicato el 19 de febrero para actuar como mediador e intentar destrabar las negociaciones del convenio colectivo.

En tanto, la CGTP de Perú anunció que junto a sus organizaciones sindicales afiliadas desarrollará una "movilización por derechos laborales y trabajo digno" el 1 de marzo. La intención será marchar hacia el ministerio de trabajo para demandar una solución a los procesos de negociación colectiva en las diversas empresas como Alfred H. Knight del Perú, a los procesos de registro sindical y rechazar los ceses colectivos, entre otros.

Por su parte, el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, le escribió una carta al presidente de la firma en Reino Unido, David Knight, donde lo llamó a intervenir en su filial peruana para que implemente estrictas normas de salud y seguridad en su operaciones que permitan prevenir accidentes, y que negocie con el sindicato un nuevo convenio colectivo que tenga en cuenta las demandas de los trabajadores:

“Instamos a Alfred H Knight a actuar de inmediato para garantizar que Alfred H Knight Del Perú respete los derechos laborales fundamentales, de acuerdo con la legislación laboral nacional y las normas laborales internacionales, y, en consecuencia, llegar a un acuerdo justo con la Sindicatos de Trabajadores en Alfred H Knight Del Perú” pidió Sanches.