Texto: Leonie Guguen
Las represivas políticas antisindicales son síntoma de la desigualdad mundial cada vez mayor y de la avaricia corporativa. No es de extrañar que los centros de poder a nivel mundial pretendan reprimir a los sindicatos, que influyen en la situación económica, redistribuyendo las riquezas para que pasen de manos de inversionistas a los trabajadores. Los afiliados de IndustriALL Global Union han experimentado muchos ataques de esta naturaleza.
EE.UU.
Cuando el sindicato United Steelworkers, organización afiliada a IndustriALL, presentó una solicitud para que le autorizaran la realización de elecciones en Kumho Tire en EE.UU., la compañía lanzó inmediatamente una campaña, típica del sur de Estados Unidos, para evitar que los trabajadores pudieran lograr representación sindical.
Kumho Tire, situada en Macon, Georgia, que produce neumáticos para fabricantes de automóviles, incluyendo Chrysler, Hyundai y Kia, contrató a una empresa de consultoría, Road Warrior Productions, pagándole por lo menos US$ 300,000 para contratar a siete personas a tiempo completo para dedicarse a actividades antisindicales en la planta.
Kumho Tire creó un sitio web antisindical, que incluía un mensaje del alcalde de Macon instando a los trabajadores a votar en contra del sindicato. Posteriormente ese sitio web fue eliminado.
Los trabajadores se vieron obligados a asistir diariamente a reuniones antisindicales que duraban varias horas, y los administradores les dijeron que la fábrica recién inaugurada tendría que cerrar si votaran en favor de tener un sindicato. La señalada multinacional coreana está actualmente bajo el control de un comité de acreedores encabezado por el Banco de Desarrollo de Corea administrada por el estado, hecho que recalcaron los administradores de la planta para aprovechar los temores de la fuerza de trabajo.
También se obligó a los trabajadores a asistir en forma individual a muchas entrevistas en que se atacaba al sindicato. Un portavoz de United Steelworkers afirmó:
“Tenemos una grabación donde el director de recursos humanos de la compañía amenaza que se van a perder clientes y cerrar plantas si el personal formaba un sindicato. También tenemos testigos que están dispuestos a declarar que les dijeron en entrevistas individuales que si apoyaban al sindicato los iban a despedir”.
Antes de la implacable campaña alarmista y de intimidación en la planta de Macon, un 80% de los trabajadores de Kumho Tire firmaron tarjetas que decían que querían tener un sindicato. Cuando se realizó la votación, los días 12 y 13 de octubre de 2017, USW perdió las elecciones por 28 votos (164 a 136), una reducción del 34% de la fuerza de trabajo que había estado a favor de tener un sindicato.
A Kumho Tire no le bastó el resultado de la votación: pocos días después de la votación le dio por despedir a Mario Smith, uno de los dirigentes de la campaña de sindicalización. Los Steelworkers han respondido presentando cargos por prácticas laborales injustas ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Si se acepta este reclamo, se volvería a realizar la votación o se podría mandar a la empresa a entablar negociaciones con el sindicato.
Vale la pena señalar que la fuerza de trabajo de casi todas las 3,700 plantas de Kumho Tire en Corea del Sur cuenta con representación del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Corea, organización afiliada a IndustriALL.
La discriminación antisindical es muy común en los estados del sur de EE. UU., incluso en empresas que suelen participar en el diálogo social, como Nissan, Boeing y Airbus. El fabricante alemán de automóviles, Volkswagen, que tiene buenas relaciones con los sindicatos en su país de origen, está luchando activamente contra el sistema legal estadounidense que impide la sindicalización de los trabajadores de su planta en Chattanooga, Tennessee. Los Acuerdos Marco Globales de IndustriALL, tanto con Volkswagen como con Airbus, han tenido poca influencia en los Estados Unidos.
Corea del Sur
Las empresas surcoreanas son bien conocidas por sus actividades antisindicales en el exterior, pero las políticas antisindicales en Corea del Sur están muy arraigadas y son graves. Han Sang-gyun, Presidente de la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), ha estado encarcelado desde diciembre de 2015. Así mismo la ex Secretaria General de la KCTU, Lee Young-joo, fue detenida en enero de 2018 y ahora se encuentra en el mismo centro de detención en Seúl.
La compañera Lee se había refugiado en la oficina de la KCTU durante dos años después de que se emitiera una orden de arresto por su papel en la organización de la movilización popular masiva del 14 de noviembre de 2015 contra la reforma laboral represiva del gobierno anterior.
Aunque gracias a las movilizaciones de una amplia alianza de sindicatos y la sociedad civil se logró destituir a la Presidenta Park en marzo de 2017, Lee y Han Sang-gyun no figuraron entre los muchos miles de personas indultadas por la nueva administración bajo el Presidente Moon Jae-in.
IndustriALL visitó y se reunió con Han y Lee varias veces después de 2015 como parte de su campaña de solidaridad mundial con el movimiento sindical de Corea del Sur.
En abril de 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria estudió el caso de Han y Lee y recordó al gobierno coreano que tiene “la responsabilidad, también en el contexto de las protestas pacíficas, de prevenir las detenciones y reclusiones arbitrarias, y exhortó a los Estados a que impidieran en todo momento que se abusara de los procedimientos penales”.
Además de las autoridades, los sindicatos en Corea tienen que combatir constantemente los ataques brutales contra los derechos de los trabajadores en las poderosas empresas familiares del país (conocidas como “chaebol”) como Hyundai y Samsung.
Argelia
Los gobiernos prestan poca atención a los convenios internacionales del trabajo diseñados para proteger los derechos sindicales, aun cuando su país los haya ratificado. En 1962, Argelia firmó el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Sin embargo, una poderosa alianza constituida por el gobierno, empresas y el poder judicial, está empeñada en destruir a los sindicatos independientes en Argelia, incluyendo SNATEGS, organización afiliada a IndustriALL. SNATEGS representa a más de 30,000 trabajadores de la empresa estatal de electricidad y gas Sonelgaz. Cuando el sindicato exigió un aumento salarial y mejores condiciones de salud y seguridad, tuvo que enfrentar represalias terribles.
Desde su registro oficial en 2013, SNATEGS y sus dirigentes han sido víctimas de represión cada vez más severa y persecución judicial. En diciembre de 2016, el presidente de SNATEGS, Raouf Mellal, quien fuera despedido por Sonelgaz por sus actividades sindicales, fue condenado en su ausencia a seis meses de cárcel después de revelar la inflación ilícita de las facturas de ocho millones de clientes de Sonelgaz durante un período de diez años.
Cinco meses después, el Ministro de Trabajo anuló el registro de SNATEGS faltando apenas unos días para que comenzara una huelga nacional de los trabajadores de Sonelgaz. En una carta con fecha de 16 de mayo de 2017, el Ministro afirmó que el sindicato había irrespetado la ley argelina 90-14/1990, pero en esa carta no se proporcionó ninguna información relacionada con esa supuesta infracción a la ley. También dijo que Mellal fue destituido de su cargo como Presidente del sindicato.
Posteriormente, fue condenado a un total de 17 meses de cárcel, con multas de 10,000 euros (US$ 12,300) por una serie de acusaciones falsas. Actualmente no está bajo custodia y ha apelado contra los cargos.
La persecución judicial se ha extendido a otros miembros de SNATEGS. El Secretario General y otros altos dirigentes del sindicato, e incluso el abogado que representa a SNATEGS, ahora se enfrentan cargos falsos.
En numerosas ocasiones, las fuerzas de seguridad han sido desplegadas para evitar que el sindicato organice manifestaciones. El 20 de enero de este año, unos 10,000 policías argelinos se hicieron presentes para impedir una manifestación pacífica organizada por SNATEGS en la capital, Argel. Tomaron preso a unas 1,000 personas que iban a participar en la manifestación. Los detenidos fueron trasladados en autobús a zonas remotas, donde les negaron alimentos y agua durante diez horas. Las fuerzas de seguridad confiscaron sus teléfonos y borraron fotos de la manifestación, y así como evidencias de la represión policial. Según SNATEGS, algunas mujeres manifestantes fueron acosadas sexualmente y otros sindicalistas fueron agredidos.
Los sindicatos mundiales, IndustriALL, UITA, la ISP y la CSI, escribieron al Ministro de Trabajo de Argelia, Mourad Zemali, para manifestar su repudio por el mal trato que sufrieron los manifestantes, que incluían sindicalistas y personas de la sociedad civil que simpatizaban con las reivindicaciones de los trabajadores.
En febrero de 2018, se suspendió la visita de una misión de contactos directos de la OIT a Argelia después de que el gobierno se negara a permitir que la delegación se reuniera con sindicatos independientes.
Bangladesh
En diciembre de 2016, el gobierno de Bangladesh utilizó las huelgas espontáneas de las trabajadoras y trabajadores de la confección que exigían un aumento salarial como una excusa para lanzar una gran ofensiva contra los sindicatos del sector. A consecuencia de la política gubernamental, treinta y cinco dirigentes sindicales y trabajadores de la confección fueron detenidos, permaneciendo en detención arbitraria durante varias semanas. Las oficinas del sindicato en las zonas de producción de prendas de vestir cerca de la capital, Dhaka, fueron saqueadas y cerradas por las autoridades. La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladesh (BGMEA) suspendió la producción en 59 fábricas y dieron de baja a más de 1,600 trabajadores y trabajadoras. La policía presentó cargos contra 600 trabajadores y dirigentes sindicales.
Este ataque a gran escala contra los sindicatos recibió una fuerte respuesta del movimiento sindical. IndustriALL movilizó una campaña de solidaridad internacional #EveryDayCounts, que contó con el respaldo de UNI Global Union y sus afiliados en todo el mundo.
Cientos de fotos de todo el mundo se publicaron en las redes sociales, y los sindicatos de más de 20 países enviaron cartas al Primer Ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, pidiendo la liberación de los detenidos. En más de 16 ciudades, los sindicatos protestaron y visitaron a las embajadas de Bangladesh, mientras que una campaña de LabourStart para liberar a los activistas encarcelados logró más de 10,000 firmas.
Al final, el 23 de febrero de 2017, después de dos meses de encarcelamiento, se llegó a un acuerdo tripartito entre el Consejo de IndustriALL en Bangladesh, el Ministerio de Trabajo y BGMEA, poniendo en libertad a los sindicalistas y trabajadores de la confección detenidos, y retirando todos los cargos en su contra.
Sin embargo, a pesar de este gran avance, las relaciones entre los propietarios de las fábricas, el gobierno y los sindicatos del sector de la confección de Bangladesh siguen siendo sumamente frágiles y peligrosas. Apenas seis meses después de que los sindicalistas fueran puestos en libertad, 50 trabajadores de la confección fueron gravemente agredidos por una banda de matones por participar en una protesta pacífica frente a las instalaciones de Haesong, empresa fabricante de jerséis. Los manifestantes se sentaron para protestar junto con algunos huelguistas frente a la sede de la empresa de propiedad coreana en Hizalhati, Gazipur. Esta acción fue organizada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Confección (NGWF), organización afiliada a IndustriALL.
Entre los heridos figuraban mujeres, incluyendo la Secretaria General y la Vicepresidenta del sindicato. Además, un activista de la NGWF fue secuestrado y luego puesto en libertad muchas horas después. A pesar de muchas solicitudes al respecto, la policía local se negó a aceptar una demanda por los reclamos de los trabajadores, ni sobre el secuestro, ni respecto a la agresión contra los manifestantes.
Es esta impunidad lo que hace que sea peligrosa la labor de organización sindical en Bangladesh.
Filipinas
Las personas que trabajan en las complejas cadenas de suministro mundiales son especialmente vulnerables a violaciones de sus derechos, malas condiciones de salud y seguridad, y bajos salarios. Se responde poco por las responsabilidades ante lo que es una fuerza de trabajo oculta de las empresas multinacionales, y muchas veces se acoge con poco agrado a los sindicatos.
En su planta en Lipa City, al sur de Manila, Furukawa Automotive Systems, empresa de propiedad japonesa en Filipinas, fabrica componentes de automóviles para importantes marcas como Toyota, Suzuki y Nissan.
Los trabajadores de Furukawa lograron un importante triunfo en enero de este año después de votar por un amplio margen para ser representados por una seccional de la Alianza
de Trabajadores Metalúrgicos de Filipinas (PMA), organización afiliada a IndustriALL. Casi 1,500 trabajadores de una fuerza de trabajo de 5,000 votaron en favor de tener un sindicato; más del 50% de estos trabajadores son temporales o contratados por agencias.
Se ganó la lucha por el reconocimiento sindical en Furukawa con el apoyo de sindicatos encabezados por la PMA, el Sindicato del Consejo de Trabajadores Metalúrgicos del Japón, y también de sindicatos mundiales y otras organizaciones.
Sin embargo, a pesar del hecho de que la PMA ganó la votación sobre su certificación sindical, continúan las acciones antisindicales en esa compañía. Otro sindicato, que cuenta con el apoyo de la empresa, está retrasando el proceso de negociación colectiva acudiendo al tribunal laboral para afirmar que también tienen miembros en Furukawa. Hasta que se resuelva la intervención de este sindicato, no puede haber negociaciones para establecer un convenio colectivo.
Colombia
Al igual que Filipinas, la CSI califica Colombia como uno de los diez peores países del mundo en lo que se refiere a los derechos laborales, ya que ofrece un ambiente donde las empresas pueden fácilmente atacar a los sindicatos.
TuboCaribe, propiedad de la multinacional siderúrgica Tenaris, fabrica tubos de acero en una planta en el puerto caribeño de Cartagena. En diciembre de 2017, después de negarse a firmar un nuevo convenio colectivo con los trabajadores, TuboCaribe despidió tanto al presidente como al vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de Tenaris en Colombia (Sintratucar). Luego, después de que se afiliaran al sindicato, TuboCaribe se negó a recontratar a veinte jóvenes que habían estado trabajando con contratos renovables de seis meses.
Como consecuencia de esto, otros 100 trabajadores renunciaron a afiliarse a Sintratucar por temor a perder sus trabajos. En cambio, la empresa renovó los contratos de estos trabajadores.
“Me han despedido debido a la creación del sindicato”, dijo Walberto Marrugo, Presidente de Sintratucar. “Tenaris no respeta la libertad de sindicación. Estamos tratando de anular los despidos a través del sistema legal, pero si resultara necesario, vamos a acudir a un tribunal de arbitraje y tomar otras medidas”.
Al enterarse de los despidos, la Red Sindical Mundial de IndustriALL para Tenaris/Ternium lanzó una campaña de solidaridad con los trabajadores y dirigentes sindicales despedidos. El 17 de diciembre, Sintratucar realizó una serie de protestas y una reunión masiva de sus miembros en las puertas de la fábrica. Los trabajadores reunidos hicieron un llamado a todos los trabajadores del mundo para que se uniesen a una campaña en Facebook para intensificar la presión sobre la empresa. Sintratucar también instó a todos los empleados de Tenaris a que grabasen un vídeo que demostrase las actividades antisindicales de la empresa y que exigieran la reincorporación de los trabajadores despedidos.
Después de que el sindicato presentara una demanda, el juez municipal de Cartagena ordenó a TuboCaribe a reincorporar al Vicepresidente de Sintratucar, Jairo del Río, aduciendo que no se justifica que se rescinda su contrato. Fue una victoria clave, pero el Presidente del sindicato, Walberto Marrugo, y los otros trabajadores jóvenes siguen luchando por sus puestos de trabajo.
Rusia
Se ha calificado como un duro golpe para los sindicatos independientes en Rusia la reciente decisión de un tribunal ruso de disolver la Asociación Sindical Interregional de Trabajadores (ITUWA).
El 10 de enero de 2018, el tribunal local de San Petersburgo dictaminó la disolución del ITUWA, diciendo que el sindicato había realizado actividades políticas y que había recibido fondos del extranjero.
ITUWA reúne a 4,000 trabajadores del sector automotriz y otras industrias. Según la oficina del fiscal, la decisión se basó en el apoyo solidario que ITUWA brindó a camioneros que protestaban contra los aumentos de los impuestos y también se debía a las críticas que el sindicato había publicado en su sitio web respecto a las políticas socioeconómicas del gobierno.
El tribunal también incluyó, como parte de las evidencias para su decisión, las actividades y la naturaleza intersectorial de la membresía del sindicato, además del hecho de que recibiera fondos del extranjero para participar en talleres conjuntos con IndustriALL.
Ocho afiliados de IndustriALL en Rusia emitieron una declaración conjunta en defensa de ITUWA. La declaración fue enviada a la Duma Estatal, a la Fiscalía, al Presidente del Tribunal Supremo y al Presidente de Rusia, diciendo lo siguiente:
“Consideramos que la decisión del Tribunal Municipal de San Petersburgo no sólo ha violado flagrantemente los derechos de los trabajadores y de los sindicatos que representan sus intereses. Esta injusta decisión también impide la regulación adecuada de las actividades sindicales en Rusia, al dejar estas normas fuera del contexto de los marcos legales nacionales e internacionales”.
ITUWA ha apelado al Tribunal Supremo de Rusia y se está preparando para nuevos juicios.
Costa de Marfil
Los trabajadores comenzaron a sentir todo el impacto de las políticas antisindicales del grupo energético marroquí, Akwa, poco después de que el grupo adquiriera una participación del 80% en la empresa de distribución de combustible marfileña Klenzi, en diciembre de 2014.
Al tratar de destruir a SYNTEPCI, sindicato del sector de la energía afiliado a IndustriALL, Klenzi ha demostrado una falta total de respeto por la legislación laboral, por la inspección del trabajo y por el Ministerio de Trabajo de Costa de Marfil.
Los problemas comenzaron en septiembre de 2015, cuando Klenzi se negó a permitir la elección de representantes de los trabajadores porque habría significado pedir a SYNTEPCI una lista de los candidatos, reconociendo así al sindicato en la empresa. Al final, después de una reunión de arbitraje organizada por la inspección del trabajo en mayo de 2017, el Director General de Klenzi, Ali Boutaleb, no quiso entregar el acta de la reunión.
Después de eso, los trabajadores fueron sometidos a todo tipo de amenazas y acoso, intimidándolos con el fin de obligarlos a renunciar al SYNTEPCI. Después de que tres empleados se negaron a elaborar una lista identificando a los trabajadores clave para esta acción antisindical de la empresa, el 5 de julio de 2017 el mismo Director General dirigió una carta a los trabajadores, solicitándoles renunciar a su afiliación al SYNTEPCI. Al poco tiempo se hizo evidente que la compañía estaba obligando a los empleados a firmar la carta bajo coacción, a consecuencia de lo cual el Secretario General de SYNTEPCI, Jeremy Wondje, presentó una queja urgente al inspector del trabajo.
La inspección del trabajo convocó a una reunión entre las partes el 3 de agosto, pero la dirección de Klenzi no apareció. Los trabajadores que asistieron a la reunión fueron sancionados con advertencias escritas por abandonar el trabajo sin autorización.
Después de la intimidación constante, uno de los diez trabajadores que se había negado a firmar la carta renunciando a su afiliación a SYNTEPCI, envió un mensaje de texto a sus colegas revelando que había cedido bajo presión, diciendo: “Hola compañeros, de verdad soy débil, no podía seguir resistiendo. Lo firmé. Les pido disculpas”.
De los nueve empleados restantes que se negaron a firmar la carta renunciando a su afiliación a SYNTEPCI, ocho han sido despedidos.
Cuando la secretaria del Director General también se negó a firmar, la enviaron a trabajar como operadora de bombas en la mina Tongon en Korhogo, donde Klenzi entrega combustible.
El 31 de enero de 2018, SYNTEPCI realizó una huelga de tres días para protestar por las violaciones de la libertad de sindicación en Klenzi, así como por los problemas con otras empresas petroleras en Costa de Marfil. Sin embargo, la situación sigue sin resolverse.
EL CAMINO A SEGUIR
Los gobiernos deben reconocer el papel legítimo e imprescindible que realizan los sindicatos para corregir la desigualdad, aumentando la prosperidad y ampliando la base tributaria a través de salarios más altos. Los gobiernos también deben hacer más para proteger a los sindicatos, señala el Secretario General de IndustriALL, Valter Sanches:
“Las empresas multinacionales son demasiado ponderosas, realizando acciones antisindicales para proteger sus ganancias. Esto es perjudicial para comunidades y sociedades enteras. Los gobiernos deben rechazar la avaricia corporativa, y eso incluye tomar medidas enérgicas para defender el derecho a la libertad de sindicación”.
Existe una nueva generación de trabajadores, que enfrentan trabajo precario y bajos salarios, que se va dando cuenta de que la acción colectiva es la mejor manera de defender sus intereses. Esto constituye una pequeña luz de esperanza. En 2017, se afiliaron 262,000 nuevos miembros a los sindicatos en EE. UU., de los cuales un 75% tenía menos de 35 años. Algunos de los mayores avances se lograron en campañas de sindicalización dirigidas por mujeres y personas de color.
Sanches concluyó diciendo: “Mientras más crezcan los sindicatos al dirigirse a los jóvenes y mujeres, más fuertes serán para combatir los ataques antisindicales”.
