Índice Global de Derechos de la CSI 2018: reducción del espacio democrático y aumento de la codicia empresarial

El Índice Global de los Derechos de la CSI 2018 clasifica a 142 países en función de 97 indicadores reconocidos internacionalmente, para evaluar dónde los derechos de los trabajadores/as están mejor protegidos, tanto en la ley como en la práctica.

En el Índice Global de los Derechos 2018, se identificaron tres tendencias mundiales respecto a los derechos de los trabajadores/as: reducción del espacio democrático, influencia empresarial ilimitada y la importancia de la legislación.

“La democracia está siendo atacada en países donde no se respetan los derechos de la población a organizarse, expresarse y emprender acciones. Brasil aprobó leyes que niegan la libertad sindical, China restringe la libertad de expresión, y en Indonesia se recurrió al ejército para reprimir disputas laborales”, indica Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional.

Cada vez hay más países que excluyen a grupos de trabajadores/as de la cobertura de la legislación laboral: desde trabajadores/as migrantes a funcionarios públicos o empleados en negocios de plataforma; un 65% de los países excluyen de la legislación laboral a determinadas categorías de trabajadores/as.

El trabajo decente y los derechos democráticos están debilitados en casi todos los países, mientras que la desigualdad sigue en aumento.

Por su parte, Valter Sanches, Secretario General de IndustriALL, afirmó:

Lamentablemente, las violaciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de los sindicatos son más una norma que una excepción. En esta última semana, hemos apoyado a grupos de trabajadores y trabajadoras de varios países durante la Conferencia Internacional del Trabajo, donde, según las partes de la OIT, se examinan solamente los casos más graves. Seguiremos presionando a las organizaciones multilaterales para que desempeñen un papel en esto y también continuaremos movilizando solidaridad internacional cuando sea necesario.

Entre las principales conclusiones del informe figuran:

Sindicatos africanos se oponen al comercio mundial de ropa usada porque daña al sector textil

África importa un 32% de la ropa usada a nivel mundial, valorada en mil millones de dólares. La mayoría de los clientes son personas pobres que no pueden comprar ropa nueva. El comercio mundial de la ropa usada gana US$ 3,7 mil millones.

Camerún, la República Democrática del Congo, Ghana, Guinea, Kenia, Madagascar, Mozambique, Tanzania y Uganda constituyen algunos de los grandes mercados para ropa usada. En estos países, las industrias de la confección y textil han quebrado o están sufriendo grandes dificultades, con la eliminación de miles de puestos de trabajo.

Algunos gobiernos han tratado de prohibir o imponer, con poco éxito, aranceles elevados a la ropa usada, pero frecuentemente se transporta ropa de contrabando a través de las fronteras, como es el caso en Zimbabue.

Los afiliados de IndustriALL en Nigeria, Uganda y Zimbabue se oponen a la importación de ropa usada, porque pone en peligro el crecimiento del sector textil y de la confección. Este sector experimentó grandes problemas en los años ochenta y noventa con la adopción de las políticas neoliberales de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional  y el Banco Mundial. Los sindicalistas consideran que el crecimiento del sector tiene puede crear empleos para cientos de miles de mujeres jóvenes y otros trabajadores/as a lo largo de la cadena de valor añadido. Los sindicatos también señalan que aumentó el precio de las prendas de vestir confeccionadas a nivel local debido a las importaciones baratas de la China.

La Comunidad de África Oriental dio a conocer una prohibición de la ropa usada, y Ruanda implementó esta orden, a pesar de las amenazas de los EE. UU. que afirmaba que Ruanda estaba violando el Acta en favor del Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), a la que Ruanda es signatario, junto con otros 40 países africanos. Ruanda, país de África Oriental, fue expulsado del AGOA después de que la Asociación para Materiales Secundarios y Textiles Reciclados enviara una petición al Representante de Comercio de los Estados Unidos, señalando que la implementación de la prohibición por parte de Ruanda iba a causar la pérdida de 40.000 puestos de trabajo en los EE. UU.

Sin embargo, en abril, a pesar de la presión que ejercía Estados Unidos, Ruanda insistió que no va a retirar la prohibición, debido a que devuelve la "dignidad" a los ciudadanos del país y creará más de 25.000 puestos de trabajo a nivel nacional. Por otro lado, Kenia, Tanzania y Uganda no implementaron la prohibición, optando por conservar los beneficios que ofrece AGOA.

Paule France Ndessomin, Secretario Regional de IndustriALL para África Subsahariana, señaló:

Exhortamos a los gobiernos a desarrollar políticas sostenibles que promuevan el desarrollo del sector textil y de la confección y el empleo de trabajadores y trabajadoras jóvenes. Los acuerdos comerciales internacionales deberían priorizar los intereses de los países en vías de desarrollo en vez de promover el dumping de ropa usada en el continente.

Trabajadores del sector naval de Argentina enfrentan despidos y persecución sindical

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en ciudad de Ensenada (provincia de Buenos Aires), Francisco Banegas, denunció que el gobierno bonaerense está realizando un “ahogamiento financiero” en el ARS, uno de los astilleros de mayor actividad e importancia de Latinoamérica.

Las nuevas autoridades que asumieron a comienzos de mayo paralizaron trabajos y finalizaron contratos de construcciones, y despidieron a personal que tenía más de 30 años de antigüedad, bajo la excusa del “bajo rendimiento” del astillero.

Con dicha decisión, generaron una gran incertidumbre en el resto de los operarios de la fábrica. A su vez, el sindicato asegura que las nuevas autoridades atentan sistemáticamente contra los derechos tanto de los trabajadores sindicalizados, como del resto de los empleados.

Por ejemplo, buscan reducir el ausentismo por enfermedades prolongadas (no van a aceptar los certificados médicos), quieren aumentar la carga laboral a los trabajadores de sectores insalubres (de 6 a 8 horas) e intimidan a los trabajadores para debilitar a la organización gremial.

El 5 de junio, los trabajadores de ATE Ensenada realizaron una asamblea donde enumeraron sus principales reivindicaciones. Entre ellas, la reactivación del Astillero, continuar las obras ya existentes, inversiones en seguridad, un 30% de aumento salarial, el pago de las horas extras adeudadas, el respeto al Convenio Colectivo de Trabajo y el fin a la persecución gremial.

A su vez, decretaron que si para el jueves 7 de junio no obtienen una respuesta positiva a sus reclamos, el viernes 8 de junio desarrollarán una movilización hacia la ciudad de La Plata, con mesas para difundir la problemática del ARS.

El Astillero Río Santiago (ARS) se construyó en 1953 como un establecimiento industrial en poder del Estado, con un régimen de trabajo acorde a los parámetros de una gran empresa industrial.

En 1969 llegó a contar con una planta de aproximadamente 5.500 empleados y alrededor de 3.000 contratados por distintas empresas subcontratistas. En la actualidad, tiene 3.300 empleados directos.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL Global Union, Marino Vani, manifestó solidaridad con la lucha de los trabajadores y expresó:

“Nos preocupa que un país como Argentina, rodeado por agua y recursos naturales estratégicos, entregue su soberanía industrial. Solo la movilización puede salvar a nuestra industria y mantener los puestos de trabajo. Nos solidarizamos con los trabajadores y apoyamos a la ATE en su lucha en defensa de las riquezas del país, de su industria nacional y de los miles de empleos que genera la empresa para esta comunidad”

Trabajadores argentinos planifican huelga general

Cientos de organizaciones sociales y sindicales desarrollaron una Marcha Federal desde cinco puntos del país hasta congregarse en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, el 1 de junio. El reclamo fue claro: pan y trabajo. Al finalizar el acto central, fueron enfáticas en que el próximo paso es un paro de actividades a nivel nacional.

Si bien la fecha aún no está definida (la van a anunciar entre el jueves y viernes), las tres centrales sindicales -la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la CTA Autónoma y la Confederación General del Trabajo (CGT)- están de acuerdo en la necesidad de concretar la medida de acción. Algunas fuentes cercanas dicen que probablemente se realice a mediados del mes de junio.

Los principales reclamos son el freno a las políticas económicas de ajuste con aumentos de tarifas, el rechazo al pedido de apoyo financiero al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el reclamo de la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria.

Los trabajadores aseguran que las nuevas políticas económicas desarrolladas por el presidente Macri y el inicio reciente de conversaciones con el FMI para “evitar una crisis”, tendrán un impacto dañino en la vida de los trabajadores. Incluso más, dicen que las negociaciones implicarán nuevas políticas económicas que provocaron una crisis mayor que la 2001.

A su vez, Macri vetó el 31 de mayo la ley aprobada por el Senado, con la cual la oposición esperaba retrotraer las tarifas en la luz, el gas y el agua, y enfrentar los fuertes aumentos dictados por el gobierno.

Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2015, el alza tarifaria fue tal que por ejemplo la electricidad superó el 1000%. El presidente argentino también redujo los subsidios a los servicios públicos.

Además, miles de suspensiones y despidos ocurrieron desde entonces en la industria, en la pequeña y mediana empresa, y en todos los sectores vinculados al consumo popular como resultado directo de una política que beneficia a las corporaciones transnacionales a costas de los trabajadores.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL para América Latina y el Caribe, Marino Vani, dijo al respecto:

“Es lamentable pero previsible lo que sucede en Argentina. No se podría esperar otra cosa de un gobierno capitalista, más que la regresión de las políticas sociales de Estado y la entrega del país a los mercenarios del sistema financiero internacional. Nos solidarizamos con los trabajadores; solo la lucha puede impedir que avancen estas políticas que atentan contra el pueblo.”

Glencore debe rendir cuentas por las muertes desconocidas ocurridas en sus minas de Zambia

IndustriALL ha recibido informes sobre tres muertes en las operaciones de Glencore en Zambia en 2017. Glencore ha informado de una sola muerte y la filial de Glencore en Zambia afirma que no tuvo víctimas mortales.

Glencore explota minas de cobre en Zambia mediante su participación mayoritaria en Mopani Copper Mines.

En la conferencia del primer trimestre de 2018 sobre las ganancias de Glencore, refiriéndose al desempeño de la empresa en materia de salud y seguridad en 2017, Ivan Glasenberg, Director General de Glencore, afirmó: “el área donde tuvimos mucho éxito fue en African Copper, donde se produjo solamente una muerte en 2017; esta cifra de accidentes fatales es la más baja en la historia de  estas regiones mineras. Hemos dedicado mucho trabajo en esta tarea, la cual parece muy exitosa…”

En la reunión general anual de Glencore realizada el 2 de mayo, después de que el Secretario General Adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, manifestara su preocupación por la imprecisión de los informes de Glencore sobre salud, seguridad y el medioambiente, el presidente de Glencore, Tony Hayward, declaró: “No puedo dejar pasar sin protestar enérgicamente lo que Ud. ha dicho sobre la calidad de los informes relativos a la salud, seguridad y el medioambiente…Rechazo absolutamente su afirmación que de alguna manera no representan lo que sucede en nuestras operaciones”.

En marzo de 2018, IndustriALL realizó una visita de investigación a las minas de cobre de Glencore en Zambia, donde entrevistó a muchos empleados de Mopani. IndustriALL ha recibido informes de trabajadores/as y administradores de Mopani sobre las tres muertes que se produjeron en 2017.

La víctima de uno de estos accidentes laborales fue un trabajador que murió de un coágulo de sangre después de que un soporte de acero que estaba armando cayó sobre su pierna y la fracturó, el 14 de julio de 2017. Glencore concluyó en su informe de investigación que las causas del incidente incluían: una falta de planificación del trabajo; el hecho de que no se realizara ninguna evaluación de riesgos; no se involucró a personas calificadas en el trabajo; y no hubo autorización para el trabajo por parte de un ingeniero calificado.

Otro trabajador fue víctima de un accidente laboral en 2017: se desplomó y murió bajo tierra mientras trabajaba en la mina Mufulira de Mopani. Según los informes, anteriormente trabajaba para Mopani y regresó a Glencore como trabajador subcontratado, después de su edad normal de jubilación. Aparentemente, la causa de su muerte no se determinó con certeza, aunque los trabajadores/as sospechan que la víctima sufrió un derrame cerebral por insolación, pero la empresa niega esta versión, a pesar de no haberse realizado una autopsia.

En 2015, Mopani despidió a más de cuatro mil trabajadores/as, y algunos de los mineros restantes frecuentemente deben trabajar 24 horas seguidas bajo tierra.

El 11 de junio de 2017, un niño que no estaba empleado en el sitio se ahogó en un estanque de Mopani cerca de una de las represas de relave. Aunque esto no fue una fatalidad ocupacional, se trata claramente de un accidente fatal que debería haberse mencionado en los informes de Glencore.

Los empleados de Glencore en Zambia informan que Mopani ha afirmado que no se registraron fatalidades en Mopani en 2017. También informan que Glencore amenazó con cerrar la mina si se produjera algún accidente fatal en 2017. Glencore informó en febrero que a nivel mundial se registraron nueve muertes a consecuencia de nueve incidentes en 2017, incluyendo uno en Zambia.

En una carta dirigida a Ivan Glasenberg, Director General de Glencore, Valter Sanches, Secretario General de IndustriALL, afirmó:

“Glencore debe rendir cuentas públicamente por las tres muertes en sus minas en Zambia en 2017, explicando las razones por qué informó solamente sobre uno de esos incidentes fatales, en tanto su filial no informó de ninguno. Glencore también debe poner fin a su política generalizada de amenazar con consecuencias negativas si se informa sobre incidentes de salud y seguridad, ya que esto promueve la desinformación en lugar de prevenir las muertes”.

“Los trabajadores/as en las minas de Glencore en Bolivia, donde Glencore dio a conocer dos muertes en 2017, también informaron a IndustriALL que Glencore amenazó con cerrar las minas si se produjeran más accidentes. Instamos a Glencore a que realice una revisión exhaustiva de sus informes sobre accidentes fatales en Zambia, Bolivia y otros lugares donde se han usado amenazas de consecuencias negativas para impedir que se divulgue información sobre los accidentes que se han registrado”.

Sanches agregó lo siguiente: “El hecho de que los dos trabajadores de Glencore que murieron en Mopani en 2017 fueran subcontratados da lugar a graves preocupaciones sobre la administración del personal subcontratado por parte de Glencore, especialmente porque, según se ha informado, uno de los trabajadores que murió bajo tierra habría pasado su edad de jubilación. En vista de que en los últimos años ha aumentado dramáticamente el porcentaje de personal subcontratado en Glencore, son importantes las preguntas sobre la administración de estos trabajadores y trabajadoras”.

Mecánicos de Boeing South Carolina votan a favor de afiliación al sindicato de maquinistas IAM

Un comité de negociación de mecánicos encargados de seguridad de vuelo, que preparan los Dreamliner 787 antes de despegue, ha votado a favor de afiliarse al sindicato de Maquinistas. Los 176 trabajadores/as constituyen una parte de los 7.000 que trabajan en la planta de South Carolina, y este triunfo es un avance significativo en la prolongada lucha que se ha realizado para sindicalizar la planta.

Según las reglas de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, grupos específicos (llamados “micro unidades”) que forman parte de la fuerza de trabajo de una empresa pueden realizar negociaciones sobre contratos sindicales si sus condiciones de trabajo cumplen con determinados criterios. El sindicato espera establecer un precedente con esta unidad micro, alentando el proceso de sindicalización en otras secciones.

La IAM representa a 35.000 trabajadores y trabajadoras de Boeing en 24 operaciones en EE.UU., pero anteriormente la compañía había logrado impedir los intentos de sindicalización en South Carolina. El sur de Estados Unidos es notoriamente antisindical y South Carolina cuenta con la densidad sindical más baja del sector privado en el país. Habían fracasado los intentos anteriores de sindicalizar la fábrica, incluyendo un intento en 2015, cuando la campaña antisindical fue encabezada por el gobernador del estado, Nikki Hailey, actualmente embajador de EE.UU. en la ONU.

Boeing también combatió la campaña actual de sindicalización, contratando a personal para dedicarse al trabajo antisindical y obligando a los trabajadores/as a asistir a reuniones antisindicales. La empresa presentó una impugnación judicial de última hora a la votación e intentó confiscar las urnas. Cuando se dio a conocer el resultado, la compañía manifestó su desilusión y se comprometió a intentar que esa votación sea calificada como ilegal.

Mike Evans, de la IAM, que encabezó la campaña de sindicalización en la planta, señaló:

“Esta elección nunca tenía como tema solamente los salarios. Los trabajadores y trabajadoras querían dignidad y coherencia en el lugar de trabajo. Con esta votación, esos objetivos se hacen más fáciles de alcanzar. Esperamos que Boeing haga lo correcto, aceptando realizar negociaciones de buena fe con los técnicos dedicados a la preparación de vuelos”. 

Por su parte, Georg Leutert, director del sector aeroespacial de IndustriALL, afirmó:

“En el sur de EE.UU., los empleadores, el gobierno y los miembros del Congreso trabajan en conjunto para crear un ambiente muy hostil para los sindicatos. Boeing hizo todo lo posible para evitar la sindicalización de estos trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, el personal de la empresa optó por obligar a que se respete la dignidad del trabajador. Este es un avance importante, y esperamos dar otros pasos positivos en el futuro. Felicitamos a la IAM.

“Es hora de que Boeing se comporte con mayor sensatez, estableciendo relaciones productivas con el sindicato”.

La IAM representa a 600.000 miembros en compañías que incluyen Boeing, Lockheed-Martin, General Electric, United Airlines y Harley-Davidson.

Declaración de IndustriALL Global Union sobre los últimos acontecimientos relacionados con los aranceles aduaneros al acero y al aluminio

En estas circunstancias, IndustriALL intensificará su campaña para combatir el persistente problema mundial de sobreproducción de acero y aluminio. Aunque apoyamos firmemente el trabajo que se hace para conservar y crear puestos de trabajo en las industrias del acero y aluminio, no nos parece bien que se introduzcan aranceles que, como en este caso, son indiscriminados, unilaterales e injustos, y que pueden provocar una guerra comercial. Una guerra comercial de esta naturaleza pondría en peligro miles de puestos de trabajo en varios países.

Nuestros gobiernos deben coordinar sus esfuerzos en foros internacionales como el Comité del Acero de la OCDE y el Foro Mundial sobre el exceso de capacidad siderúrgica para presionar a la China a que reduzca su capacidad, poniendo fin a prácticas desleales que crean exceso de capacidad y evitando que surja la sobreproducción en otros países. IndustriALL Global Union continuará respaldando esos esfuerzos, seguirá participando en el Comité del Acero de la OCDE y seguirá tratando de conseguir participación sindical en el Foro Mundial sobre el exceso de capacidad siderúrgica.

Además, nos comprometemos a intensificar la colaboración entre nuestros sindicatos para combatir el problema del exceso de capacidad global de acero y aluminio. Esta colaboración ayudará a procurar que se fortalezca nuestro poder sindical mundial y nuestra solidaridad. En este sentido, IndustriALL Global Union participará en la reunión del Sector de Metales Comunes de IndustriAll Europe que se realizará en Bruselas la próxima semana para analizar este problema.

Seguiremos trabajando juntos en solidaridad con todos nuestros afiliados en los sectores del acero y aluminio para que las decisiones unilaterales de los gobiernos no pongan en peligro los puestos de trabajo en ninguna parte del mundo.

La empresa Exxon impide participación de trabajadores en la junta de accionistas

Doscientos trabajadores/as han estado en huelga durante casi un año contra un contratista de mantenimiento que trabaja para Esso Australia, filial australiana de ExxonMobil. El contratista ha recortado los salarios y las prestaciones sociales del personal, además de imponer un programa de trabajo más oneroso.

Steven Soloman, uno de los cuatro trabajadores australianos que viajaron a Dallas, asistió a la junta de accionistas, con el fin de cuestionar a la compañía por los cientos de millones de dólares que ha gastado en campañas antisindicales. Sin embargo, los funcionarios de la compañía se negaron a permitirle hablar en esa reunión.

La empresa también tomó la desmesurada medida de prohibir que los otros tres trabajadores australianos asistieran a la reunión, a pesar de los comentarios del director general de ExxonMobil, Darren Woods, reconociendo que la empresa necesitaría contar con su fuerza de trabajo altamente calificada para alcanzar su meta de duplicar la productividad en los sectores de refinación y productos químicos y de triplicar la productividad en las actividades de exploración para 2025.

La compañía señaló que se había prohibido que los trabajadores tuvieran acceso a la reunión con el fin de proteger la seguridad de los accionistas. Sin embargo, ninguno de los tres sindicalistas censurados ha sido acusado de ningún delito relacionado con su huelga legal en Australia.

Los tres sindicalistas a quienes se prohibió su participación pudieron hacer notar su presencia fuera de la reunión entregando folletos a los accionistas detallando sus luchas y hablando con una multitud de otras organizaciones presentes.

Diana Junquera Curiel, directora de energía de IndustriALL, dice que es inaceptable que Exxon prohíba a cuatro sindicalistas ingresar a la reunión, a pesar de contar con la documentación requerida.

No hay negociaciones en curso con ESSO/UGL, y los 200 trabajadores/as en huelga, y sus familias, merecen algo mejor. IndustriALL pide que Exxon busque una solución a este conflicto que ya lleva un año, para establecer un diálogo con los sindicatos y para poner fin a la subcontratación.

Miembros del USW, organización afiliada a IndustriALL, se incorporaron a la reunión de la junta de accionistas para enfrentar a Exxon sobre el tratamiento de los trabajadores australianos subcontratados y para abogar por mayor transparencia con relación a sus gastos políticos.

Ricky Brooks, quien es miembro del RSU, empleado de ExxonMobil, y presidente del sindicato local 13-2001, presentó a los accionistas una propuesta, en nombre del USW y otros 25 solicitantes, que exige que ExxonMobil presente un informe que proporcione datos detallados de los gastos anuales de la compañía en cabildeo político, tanto a nivel individual como por medio de grupos empresariales. La propuesta recibió el apoyo de un 26% de los votos de los accionistas.

Además de abogar por la propuesta de transparencia, Brooks habló sobre los problemas de seguridad en la planta donde trabaja, en Baytown, Texas, y llamó la atención sobre las injustas medidas que ExxonMobil ha puesto en práctica contra los sindicalistas en huelga en Australia.

Denuncian al gobierno de Haití ante la OIT

Según afirmó Suzanna Miller, encargada de proyectos y derechos de IndustriALL Global Union:

“Para los trabajadores y trabajadoras de la industria de la confección de Haití, incluyendo a los miembros de nuestro afiliado GOSTTRA, las normas de la OIT sobre la jornada de trabajo y la semana laboral de 48 horas son conceptos sin sentido. Esto no es porque los trabajadores y trabajadoras no se preocupen por sus derechos, sino porque lo único que pueden pensar es en las horas que tienen que trabajar para poder sobrevivir con salarios miserables”.

Teóricamente, los trabajadores/as del sector de la confección de Haití suelen comenzar la jornada de trabajo aproximadamente a las 7 de la mañana, trabajando hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, en la práctica, la situación es muy diferente, ya que la fuerza de trabajo frecuentemente trabaja varias horas más para alcanzar sus cuotas diarias de producción.

Miller explicó:

“El no alcanzar la cuota de producción diaria puede acarrear consecuencias gravísimas para la fuerza de trabajo. Si no cumple con esa cuota, el personal recibirá solamente el salario mínimo de 350 gourdes al mes, aproximadamente un 33% de lo que un trabajador o trabajadora necesita para sobrevivir.

“Objetivos excesivamente difíciles de alcanzar. Trabajar fuera de horas. Pago incompleto de horas extras. Estas imposiciones no son otra cosa más que un robo de los salarios de la fuerza laboral. El hecho de que el gobierno de Haití no respete las normas internacionales y la legislación nacional está dando a los empleadores y sus clientes multinacionales libertad para robar a algunos de los trabajadores y trabajadoras más pobres del mundo. 

“Ahora, para colmo de males, el gobierno ha introducido una nueva ley sobre la jornada de trabajo que deroga las normas actuales sobre las horas extraordinarias, el descanso semanal y el sueldo para trabajo dominical y nocturno.

“En mayo del año pasado, los trabajadores y trabajadoras de 22 fábricas de prendas de vestir se declararon en huelga exigiendo aumento salarial. Decenas de dirigentes sindicales y miembros de nuestro sindicato afiliado GOSTTRA aún no han sido reintegrados, a pesar de las recomendaciones muy claras que siguieron a una investigación del programa Better Work de la OIT. Además de negarse a reincorporar a esos trabajadores y trabajadoras, las empresas los pusieron en una lista negra. Mientras tanto, el gobierno sigue sin hacer nada.

“Hace apenas diez días, miles de trabajadores y trabajadoras del sector de la confección salieron a las calles de Puerto Príncipe para exigir un aumento salarial. Simplemente no tenían otra opción al ver a sus dirigentes despedidos, sus derechos legales pisoteados, la revocación de la legislación laboral, y que sus hijos pasaban hambre y que se acumulaban las deudas.

Miller concluyó diciendo:

“A falta de mejores salarios y respeto por los derechos sindicales, los Convenios de la OIT sobre la jornada de trabajo seguirán siendo solamente académicos. Y sin esos derechos, no habrá paz social duradera en el sector de la confección de Haití”.

Empresa mexicana de la confección intenta aplastar a trabajadores que buscan ejercer derecho de asociación

En una carta dirigida a la empresa Rintex, el secretario general de IndustriALL Global Union, Valter Sanches denunció los despidos, exigió el reintegro de los trabajadores y el respeto del derecho a la libertad de asociación.

Los despidos se dan en el marco de una larga lucha de parte de los trabajadores de la empresa Rintex por defender sus derechos laborales, con el apoyo del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) y el Frente Autentico de Trabajadores (FAT).

Existe un contrato colectivo en la empresa, pero al igual que la inmensa mayoría de los contratos colectivos en México, se trata de un contrato de protección. Fue firmado sin la autorización de los trabajadores, ofrece poco más de lo que establece la ley y existe únicamente para proteger a la empresa.

Los empleados empezaron a organizarse y conformaron una coalición independiente para defender sus derechos de forma colectiva. La Ley Federal del Trabajo reconoce el derecho de los trabajadores a formar coaliciones, que en muchos casos son precursores de la creación de un sindicato.

Desde el momento de conformar la coalición, vivieron dentro de la empresa un clima de hostigamiento, acoso sexual, señalamiento, desprestigio y despidos. La semana pasada, la firma reunió a los trabajadores en la planta para decirles que un grupo ‘andaba alborotando a la gente’ y que ‘habían sembrado su mala semilla contaminando a todo las demás’.

En su carta a las autoridades de la compañía, Sanches exigió que la empresa reintegre a las y los trabajadores despedidos, cese con los despidos, negocie una solución al conflicto con la FAT y que se comprometa a garantizar el ejercicio del derecho de libertad de asociación.