Los sindicatos de Irak contribuyen a la reconstrucción del poder popular

En las elecciones generales que se celebraron en mayo en Irak, Sairum (que significa “Adelante” o “Alianza para las reformas”) consiguió los mejores resultados de los 329 representantes parlamentarios elegidos, obteniendo 55 diputados y 1,3 millones de votos. La alianza de Sairum incluye a los seguidores del poderoso líder chií Muqtada al-Sadr, así como a los del Partido Comunista Iraquí, el Partido del Movimiento Juvenil por el Cambio, el Movimiento por la Reforma y el Progreso, el Grupo Republicano Iraquí y a los de la Coalición del Estado de Derecho. Sairum consiguió en Bagdad el 23% de los votos, casi el doble que todos sus rivales.

El programa de la alianza de Sairum reclama acabar con el sistema que provocó una división de las posturas políticas y el apoyo gubernamental en términos sectarios, un sistema impuesto por Estados Unidos tras su ocupación de Irak en 2011. La idea de basar una estructura gubernamental en partidos políticos sectarios dio lugar a un sistema de clientelismo y al reparto del botín, de lo que trajo consigo una corrupción monumental.

Voy a decir esto a pesar del amama [turbante] que llevo en la cabeza: lo hemos intentado con los islamistas y han fracasado miserablemente; [es] hora de intentarlo con los tecnócratas independientes,

declaró Al-Sadr declaró en Arab Weekly.

Sairum también pidió independencia de la dominación extranjera por parte de Estados Unidos e Irán. En vísperas de las elecciones, un destacado político iraní, Ali Akbar Velayati, amenazó con tomar represalias si los votantes elegían a Sairum, diciendo: “No vamos a permitir que los liberales y los comunistas gobiernen en Irak”. Muchos políticos seculares condenaron esta declaración considerándola una injerencia en los asuntos internos de Irak.

En la ciudad sagrada chií de Najaf, una de las más conservadoras del país, los votantes eligieron a la candidata del Partido Comunista Iraquí, Suhad al-Khateeb, docente, defensora de los derechos de las mujeres y activista en la lucha contra la pobreza.

Queremos justicia social y ciudadanía, y nos oponemos al sectarismo, y eso es lo que los iraquíes también quieren,

resumió ésta tras su victoria.

La coalición se desarrolló a partir de un movimiento cívico popular en las calles iraquíes, originado en las manifestaciones que se remontan a 2010, y en el crecimiento y la popularidad de los sindicatos del país

En verano de 2010, con temperaturas que superaban los 49 °C, los iraquíes empezaron a salir de sus casas para protestar por la falta de electricidad. Desde el comienzo de la ocupación, en 2003, las autoridades estadounidenses y posteriormente el Gobierno iraquí, han sido incapaces de suministrar electricidad de manera continua, sobre todo en los períodos de mayor demanda. Al tiempo que se producían las manifestaciones de la Primavera Árabe por todo Oriente Medio, los jóvenes iraquíes empezaron a organizar mítines en la Plaza Tahrir de Bagdad, reclamando principalmente empleos y un mejor servicio de electricidad. Pusieron a sus iniciativas el nombre de “Primavera Iraquí”.

El ex primer ministro Nouri al-Maliki tachó a los jóvenes de “insurgentes y terroristas”. La posterior represión ocasionó la muerte de 45 personas, 29 de las cuales murieron el 25 de febrero de 2011 (fecha que ha pasado a denominarse como Día de la Ira). Centenares de personas fueron arrestadas.

En 2015 los iraquíes empezaron a manifestarse todos los viernes para denunciar la corrupción de los partidos políticos sectarios. Según la página web de la Iraqi Civil Society Solidarity Initiative:

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes y activistas de la sociedad civil, cuestionan el sistema político en su conjunto, reclaman un Estado secular en lugar de un Estado confesional, protestan contra la división entre las poblaciones suníes y chiíes, y defienden los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores […]. Los grupos defensores de los derechos de las mujeres iraquíes están trabajando activamente para garantizar que las mujeres puedan participar en las manifestaciones sin ser acosadas.”

Los jóvenes llevaban pancartas con eslóganes bastante potentes: “¡El Parlamento y el Estado Islámico son dos caras de la misma moneda!”, “¡El Daesh ha nacido de la corrupción!”, “¡Los seres humanos no sobreviven con religión sino con pan y dignidad!”, “¡En nombre de la religión, se comportan como ladrones!”, “¡No al sectarismo, no al nacionalismo, sí a la humanidad!”.

El 11 de febrero del año pasado miles de personas emprendieron una marcha no violenta desde la Plaza Tahrir hasta la fortificada Zona Verde, y presentaron tres demandas: la reforma del sistema político, la lucha contra la corrupción y la prestación adecuada de servicios. Las fuerzas especiales del Gobierno abrieron fuego contra los manifestantes que cruzaban el puente Jumhuriyah, matando a 9 personas y dejando heridas a otras 281.

El papel de los sindicatos

La demanda de acabar con el sectarismo refleja una larga tradición de los sindicatos iraquíes, que nunca se han organizado en términos sectarios. El movimiento sindical iraquí nació en los años 1920 en la industria del petrolero y entre los trabajadores ferroviarios, y durante décadas el país fue el más industrializado de Oriente Medio. Sus sindicatos, que se inscriben en una sólida cultura política de izquierdas, ayudaron a derrocar la monarquía instaurada por los británicos y a establecer el Gobierno socialista y nacionalista de Karim Qasim en la década de 1950.

El primer ministro Qasim fue derrocado y posteriormente ejecutado tras el golpe de Estado del partido nacionalista Baathist Arab en febrero de 1963, y Sadam Husein terminó haciéndose con el poder 16 años más tarde, con el apoyo de los servicios de inteligencia estadounidenses. Sadam suprimió los partidos de izquierdas y solo permitió los sindicatos más débiles controlados por el Gobierno. Bajo la reciente ocupación estadounidense, las autoridades siguieron marginando a los sindicatos y a la izquierda, dando prioridad a la privatización de la industria iraquí.

Hasta 2015 Irak siguió aplicando una ley de la época de Sadam Husein que prohibía los sindicatos del sector público, de manera que desde el principio de la ocupación los trabajadores tuvieron que organizarse a pesar de la situación ilegal de sus sindicatos.

Una nueva legislación laboral de 2015 otorgó a todos los trabajadores el derecho a crear sindicatos, a excepción de los funcionarios públicos y de las fuerzas policiales y de seguridad. Los sindicatos consiguieron derechos de negociación colectiva y el derecho de huelga. El año pasado, no obstante, el Gobierno saliente del primer ministro Haider al-Abadi promulgó un nuevo proyecto de ley sobre sindicatos y federaciones profesionales al que los sindicatos se opusieron puesto que, según dijeron, no garantizaba completamente los derechos de los trabajadores.

Hace un año, 3.000 trabajadores eventuales (o contractuales) de la industria de la generación y transmisión eléctrica a los que el Gobierno no había pagado su sueldo durante cinco meses, decidieron crear un sindicato. Más tarde se unieron al sindicato para los trabajadores fijos de la industria, con el objetivio de crear el General Trade Union of Electricity Sector Employees of Iraq. Tras el despido en marzo de 100 líderes del sindicato por parte del Ministerio de Electricidad del Gobierno, miles de trabajadores organizaron varias sentadas en centrales eléctricas de todo Irak. Sus reivindicaciones incluían la readmisión de los trabajadores despedidos, contratos fijos y la inclusión en el sistema de la seguridad social de Irak, así como un salario mínimo mensual de 300 USD (unos 258 euros).

Presionado por el Banco Mundial, el Gabinete iraquí aprobó el año pasado un proyecto de ley de seguridad social que habría incrementado las contribuciones de los trabajadores a los fondos de la seguridad social, aumentando al mismo tiempo la edad de jubilación de los 63 a los 65 años.

La aprobación de este proyecto de ley provocará un aumento de la pobreza entre los ciudadanos iraquíes, a pesar de que están viviendo en uno de los países más ricos del mundo en petróleo,

denunciaba Hashmeya Alsaadawe, presidenta de la unión sindical Basra Trade Union Federation y del sindicato del sector eléctrico. Alsaadawe es además la primera mujer que dirige una central sindical en Irak.

El 18 de mayo de 2018, justo después de las elecciones, el Gobierno iraquí anunció que no solo incluiría en el sistema de la seguridad social a los 30.000 trabajadores contractuales eventuales de la industria eléctrica sino que además garantizaría los mismos derechos para los 150.000 trabajadores contractuales de todo el sector público.

Alsaadawe tomó la palabra en la reunión del Consejo Ejecutivo de IndustriALL Global Union que se celebró el pasado mes de abril, y dijo que los resultados de las elecciones habían suscitado mucha motivación entre la población:

Los trabajadores tienen grandes expectativas. Han estado participado de manera muy activa en las manifestaciones y en las redes sociales para reclamar sus derechos.

Los trabajadores de los cruciales sectores del petróleo y el gas crearon finalmente en diciembre una red nacional de ocho sindicatos que anteriormente habían competido entre sí. Hasan Juma’a, líder de la Iraqi Federation of Oil Employees, señala:

Una de las prioridades más importantes es la unidad del movimiento sindical en Irak. Nosotros hemos comenzado el primer paso en el sector más importante: el del gas y el petróleo.

Los objetivos de la red incluyen la defensa de los derechos de los trabajadores contractuales y migrantes, que representan una parte importante de la mano de obra del sector. El espíritu nacionalista de dicha red queda patente en su compromiso de “proteger la riqueza nacional para las generaciones futuras, de las empresas capitalistas que no respetan los derechos ni las opiniones de los ciudadanos”, e “instar a las empresas extranjeras a que se responsabilicen del mantenimiento de la infraestructura de zonas próximas a los yacimientos petrolíferos que están expuestas a emisiones tóxicas”.

Dhiaa al-Asadi, director de la oficina política del partido de Muqtada al-Sadr, declaró hace poco en la página web de noticias de Al-Monitor que la lista de Sairum es

un proyecto de reformas que representa las esperanzas y expectativas de las personas necesitadas y menos favorecidas. El proyecto de Sairum constituye un cambio paradigmático y un distanciamiento de las normas establecidas que han caracterizado el proceso político desde 2003.

Según Wesam Chaseb del Solidarity Center vinculado a la AFL-CIO:

[Los sindicatos] son la verdadera expresión de Irak. No hay discriminación entre los trabajadores.

Esta combinación de protestas en las calles, activismo electoral y creciente fuerza sindical es actualmente una de las características más importantes del panorama político de Irak, porque, después de cuatro décadas de guerra y de una amarga década de ocupación y dominación extranjeras, los iraquíes quieren reconstruir su país.

Este artículo fue publicado en Equal Times

IndustriALL aboga por los derechos de los trabajadores/as en el sector de los diamantes

El KP se estableció en 2000 en Kimberley, Sudáfrica, como iniciativa de representantes de los gobiernos de 23 países con importante participación en la producción y comercialización de diamantes, la industria mundial del diamante, y la sociedad civil. Fue consecuencia de la presión internacional que se intensifica cada vez más contra el comercio de diamantes de zonas en conflicto y la emisión de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aplicando sanciones al comercio de diamantes. Dos años más tarde, se lanzó el Sistema de certificación del Proceso de Kimberley (KPCS), que establece requisitos para controlar la producción y el comercio de diamantes en bruto.

Sin embargo, el KP ha sido objeto de enérgicas críticas, porque la definición de diamantes en zonas de conflicto no cubre aquellos diamantes que se extraen o se comercializan en circunstancias que involucran abusos contra los derechos humanos.

La red mundial de IndustriALL para el sector de los diamantes reúne a sindicatos de toda la cadena de suministro de la industria del diamante, desde la minería hasta el comercio minorista. En su reunión inaugural en Windhoek, Namibia, del 3 al 5 de julio de 2017, la red mundial para el sector de diamantes reconoció los grandes desafíos que enfrentan la industria mundial de los diamantes y su cadena de valor agregado.

Por primera vez, la red de IndustriALL, como voz de los trabajadores/as del sector de los diamantes, asistió a la reunión intersesional del Proceso de Kimberley (KP), celebrada del 18 al 22 de junio en Amberes, Bélgica, con el fin de abogar por reformas que protejan los derechos de los trabajadores/as. La reunión fue presidida por la Unión Europea y organizada por el Centro Mundial de Diamantes de Amberes. Amberes es la más importante ciudad del mundo en cuanto al comercio y pulido de diamantes.

IndustriALL, con la asistencia de sus afiliados belgas ACV-Transcom y ABVV, organizó un evento paralelo en la reunión, al cual asistieron representantes gubernamentales del Líbano, Camerún, Togo, Costa de Marfil, Sierra Leona, Sudáfrica, y Suazilandia, junto con Yves Toutenel, jefe del sector de diamantes de ACV-Transcom y Myriam Dillen, asesora de ACV-Transcom.

En este evento se centró la atención en los problemas de los trabajadores/as y se pidió reforma del KP para abordar los abusos contra los derechos humanos. En la actualidad, el KP no tiene autoridad para abordar los abusos y los riesgos relacionados con los derechos humanos en la cadena de suministro de los diamantes, lo que es perjudicial para la relevancia de los requisitos de certificación y diligencia debida del KPCS. Además, se ha pedido revisar la estructura  de gobernanza del KP para dar mayor influencia a la participación de la sociedad civil.

Yves Toutenel, presidente de la red mundial para el sector de los diamantes, señaló:

“Si bien la industria mundial del diamante está sometida a mayor presión para mejorar su desempeño social y ambiental, los trabajadores y trabajadoras enfrentan problemas de seguridad laboral, respeto a los derechos sindicales y para lograr condiciones de trabajo decente”.

Por su parte, Glen Mpufane, director de IndustriALL para el sector de extracción y producción de diamantes, gemas, adornos y joyas, señaló:

“La red mundial está estudiando una solicitud formal al Proceso de Kimberley por parte de IndustriALL Global Union. Con el fin de apoyar el programa de reformas del Proceso de Kimberley, procurando la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, continúa el compromiso para trabajar con las ONG locales e internacionales, organizaciones comunitarias, empresas de la cadena de suministro de diamantes, y con los gobiernos”.

Kenya: Éxito del sindicato en el creciente sector del textil y el vestido

Entre las marcas que se abastecen de Kenya figuran Arrow, Calvin Klein, H&M, Arrow, Izod, Cherokee y VF Corporation.

La fábrica de United Aryan, en la zona franca de Nairobi, recibe pedidos de H&M y produce pantalones vaqueros para Levi. Los 2.800 trabajadores de la fábrica son todos miembros del afiliado a la IndustriALL Global Union la Tailors and Textile Workers Union (TTWU), que ha llegado a un acuerdo de sindicación obligatoria con la dirección, lo que significa que los trabajadores contratados por la empresa se convierten automáticamente en miembros sindicales.

Uno de los resultados del acuerdo es que la mayoría de los temas de relaciones laborales en la fábrica se tratan a nivel del taller. Como United Aryan prevé abrir una fábrica más grande que puede emplear hasta 10.000 trabajadores, el acuerdo de sindicación obligatoria es una sólida base en las estrategias de reclutamiento y afiliación de la TTWU.

Al igual que en la mayoría de las empresas productoras de prendas de vestir, el 80 por ciento de los trabajadores de la fábrica son mujeres, y la TTWU está elaborando un programa para ocuparse específicamente de las trabajadoras.

El salario mínimo en la fábrica es de 13.000 chelines kenianos (127 $ EE.UU.) mensuales, más alto que en otros países del África Subsahariana, lo que ofrece la ocasión de aumentarlos hasta salarios dignos.

La secretaria regional de la IndustriALL para el África Subsahariana, Paule France Ndessomin, dice:

“Seguiremos apoyando el reclutamiento de trabajadores de la confección por la TTWU en Kenya, ya que contribuye al empleo de las mujeres jóvenes  y al cambio de tendencia tan necesario en la disminución de la fabricación en el continente."

El sector del textil y el vestido de Kenya pude beneficiarse de la expansión de su mercado a zonas de libre comercio a las que pertenece, entre ellas la Zona de Libre Comercio de África Continental, la Comunidad de África Oriental y el Mercado Común de África Oriental y Austral. El país ha firmado también acuerdos de asociación económica, el de la Unión Europea y los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Acuerdo de Cotonou) y la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA). Aproximadamente el 92 por ciento de las prendas de vestir de Kenya se venden en Estados Unidos, de conformidad con la AGOA.

La Vision 2030 del Gobierno de Kenya identifica el sector del textil y el vestido como motor de la industrialización. Actualmente, el sector representa el 7 por ciento de los ingresos de exportación del país.

Mineros de Ucrania protestan por falta de pago de los sueldos

En efecto, cientos de mineros viajaron a Kiev para participar en la protesta. En el sector estatal de minería de carbón de Ucrania, los trabajadores/as se ven obligados a realizar huelgas espontáneas para que les paguen sus salarios. Algunos de los mineros manifestantes de Selidivvugillya se hallan sin recibir sus salarios desde el año 2015.

El Sindicato de Trabajadores de la Minería del Carbón de Ucrania y el Sindicato Independiente de Mineros de Ucrania publicaron una declaración conjunta en la que denuncian que hasta el 14 de junio los atrasos de pago de los salarios alcanzaban hasta 761 millones de UAH (US$ 30 millones). La mitad de esta cantidad corresponde a los salarios de los mineros de Donbass y Selidivvugillya.

En el presupuesto estatal para 2018, se asignan 2,5 mil millones de UAH (US$ 95 millones) para apoyar a las empresas de extracción de carbón y turba y para modernización técnica. Según los cálculos del Ministerio de Energía de Ucrania, sólo el sector del carbón necesita una inyección de por lo menos tres veces esa cantidad.

Debido a la falta de financiamiento, el sector ya no es autosuficiente, y, como resultado, la producción de carbón en Ucrania está disminuyendo rápidamente, de 83 millones de toneladas en 2013, a 34,9 millones de toneladas en 2017. En el primer semestre de este año, la minería de carbón en Ucrania se redujo más todavía, en un 14% adicional.

Al mismo tiempo, según han declarado los sindicatos, el gobierno de Ucrania importa cada vez más carbón del exterior. Entre enero y mayo de este año, la importación de hulla y antracita aumentó en un 42,9%, con un costo de US$ 1,25 mil millones.

Los sindicatos reaccionaron enérgicamente, exigiendo que los parlamentarios respaldaran un proyecto de ley que prevé la asignación de 2.800 millones de UAH (US$ 105 millones) para el sector de minería del carbón, a fin de conservar y reformar la minería nacional del sector. Los sindicatos creen que la aprobación del proyecto de ley podría salvar las minas estatales, protegiendo la estabilidad social de las ciudades y las familias de Ucrania. Gracias a esta acción de protesta, el proyecto de ley se incluyó en el programa, pero es probable que sea sometido a votación más adelante este año.

Tras las protestas, el Ministro de Energía se reunió con los mineros y prometió proporcionar el dinero necesario para cubrir los atrasos; hasta el momento se ha prometido solamente la asignación de 10 millones de UAH (US$ 380.000) a los mineros de Selidivvugillya, para resolver el primer pago de los sueldos pendientes. Los mineros y sus sindicatos decidieron suspender la acción de protesta, pero señalaron que volverán a realizar manifestaciones si los atrasos salariales no se pagan dentro de 10 días.

La falta de financiamiento del sector y, en particular, la ausencia de inspecciones de seguridad, han provocado un número cada vez mayor de accidentes en este sector, lo que convierte a la minería en el sector más peligroso de Ucrania. En la reciente Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra (enlace al vídeo) IndustriALL planteó este problema, exigiendo que el gobierno de Ucrania aborde urgentemente la situación de la seguridad en el trabajo, así como los atrasos en el pago de los salarios y los bajos sueldos.

Persiste la persecución sindical en Tenaris Colombia

En la queja presentada a principios de junio ante la Organización International del Trabajo (OIT) y en las protestas, los trabajadores colombianos denunciaron los reiterados ataques que efectúa Tenaris al derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, desde octubre de 2017. 

La persecución sindical comenzó cuando la empresa sancionó al presidente del sindicato, Walberto Marrugo, por haber creado un grupo de WhatsApp para que los jóvenes trabajadores con contrato a tiempo parcial pudieran informar sobre sus condiciones de trabajo. Los jóvenes denunciaron que no se los capacitaba en temas de seguridad y realizaban sus tareas expuestos a posibles accidentes laborales. La empresa los obligó a desafiliarse al sindicato bajo amenaza de despido.

Por otro lado, si bien Tenaris se negó a sostener una negociación colectiva, tuvo que efectuarla de todos modos gracias a la intervención del Ministerio de Trabajo, a pedido de Sintratucar. Sin embargo, no tuvo buenos resultados; la compañía presentó una propuesta inaceptable que incluía una cláusula que establecía que no habría aumentos salariales, y se eliminaría la estabilidad laboral. 

Incluso más, la empresa suspendió por 15 días sin goce de sueldo a 7 dirigentes sindicales que distribuyeron un panfleto sobre las negociaciones colectivas. Además, otros 31 dirigentes y afiliados fueron sancionados con 210 días de pérdida salarial. La firma también sanciona a los trabajadores sindicalizados que se niegan a hacer horas extras en sus días de descanso con hasta 3 días de pérdida salarial.

En setiembre de 2017, IndustriALL Global Union presentó una queja ante el Punto Nacional de Contacto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en Luxemburgo contra Ternium (que al igual que Tenaris forma parte del grupo Techint), por violaciones a los derechos sindicales en Guatemala.

Finalmente, el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, le escribió una carta el 20 de junio a Paolo Rocca, CEO de Techint Group donde expresó:

“Lo instamos a que intervenga en forma inmediata y de una solución justa a los conflictos en la planta siderúrgica de Tenaris TuboCaribe en Colombia y Ternium en Guatemala. IndustriALL está totalmente comprometida a apoyar a los trabajadores, junto al Consejo Mundial de Trabajadores de Tenaris Ternium.

IndustriALL reitera su compromiso a establecer con Tenaris y Ternium un dialogo social, sólido y maduro que permita tanto prevenir como resolver conflictos, además de crear condiciones de trabajo dignas a nivel global”

Después de la Conferencia Internacional del Trabajo arrecian amenazas contra sindicatos democráticos en Argelia

Zemali advirtió su intención de abandonar la OIT después de que, en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la OIT, realizada del 28 de mayo al 8 de junio de 2018, Argelia fuera objeto de observación por violaciones a la libertad de sindicación.

Zemali señaló que “Argelia está dispuesta a abandonar la Organización Internacional del Trabajo con el fin de conservar su soberanía nacional”.

En cinco años, Argelia ya ha sido examinada cuatro veces en la Conferencia Internacional del Trabajo por la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) de la OIT. En las conclusiones de la Comisión se recomienda realizar una misión de alto nivel a Argelia sin restricciones y sin demora, después de haberse suspendido una misión de contactos directos en febrero debido a que no se dieron garantías de que la OIT se pudiera reunir con sindicatos independientes.

En una conferencia de prensa realizada el 12 de junio, Zemali también nombró específicamente a los dirigentes de sindicatos independientes, Raouf Mellal, presidente de SNATEG, organización del sector de la energía afiliada a IndustriALL Global Union, y Rachid Maalaoui, del sindicato del sector público, SNAPAP; Zemali atacó a estos dos sindicalistas, diciendo que estaban detrás de la "persecución" de Argelia por la OIT. En la reunión de la CAN en junio, estos dos sindicalistas habían denunciado la política de represión antisindical en Argelia.

SNATEG ha criticado enérgicamente este arrebato del ministro y ha rechazado sus afirmaciones de que los dirigentes de los sindicatos democráticos sólo se representan a sí mismos y que están tratando de desestabilizar al país.   

“El pueblo argelino tiene derecho a saber que, a diferencia del Ministro de Trabajo que no fue elegido por el pueblo, el presidente del sindicato nacional de trabajadores de la electricidad y gas, Mellal Raouf, fue elegido por la mayoría de los participantes en conformidad con la legislación correspondiente”.

Según SNATEG, el Ministerio ordenó a la compañía de electricidad estatal, Sonelgaz, que no se adhiera a un dictamen legal que exige reintegrar a Mellal como delegado sindical, ni que lo reconociera como presidente del SNATEGS. Además, el Ministerio del Trabajo ha intentado dos veces disolver ilegalmente el sindicato.

“En sus declaraciones, el Ministro del Trabajo afirma que la libertad de ejercer los derechos sindicales es perjudicial para la estabilidad del país”, dijo SNATEG en un comunicado del 14 de junio, agregando que las libertades sindicales se han convertido en nada más que una 'ilusión' en Argelia.

Desde que se dieron a conocer las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas, Argelia ha intensificado la represión contra los sindicatos independientes. Además de estos ataques contra los dirigentes de los sindicatos democráticos en la prensa, se ha citado tres veces a Raouf Mellal para comparecer ante los tribunales, antes de fines de julio de 2018, bajo otras acusaciones falsas. Mellal ya fue condenado a 18 meses de cárcel por realizar actividades sindicales y denunciar la corrupción.

Por su parte, Kemal Özkan, Secretario  General Adjunto de IndustriALL, señaló:

“Argelia ha demostrado su desprecio por la OIT y las normas internacionales del trabajo. No se trata de vulnerar la soberanía nacional, sino de defender las libertades sindicales fundamentales, consagradas en los convenios internacionales del trabajo que fueron ratificados por Argelia. Instamos al gobierno argelino a que detenga la represión contra los sindicatos independientes, aceptando una misión de alto nivel de la OIT y abriendo las puertas al diálogo con sus interlocutores sindicales”.

Victoria de los trabajadores de la pulpa y el papel indonesios

Es la primera vez que los trabajadores de cinco empresas de externalización han ido a la huelga en dos lugares al mismo tiempo en Indonesia, según la FSP2KI. Todas las empresas, radicadas en el sur de Sumatra y Lampung, dan servicio a las operaciones de la compañía Tanjungenim Lestari Pulp and Paper.

Unas cinco horas después de la huelga, Kaliguma Transindo, que opera el puerto de Tanjungenim Lestari, en la provincia de Lampung, respaldó las demandas de aumentos salariales de los trabajadores con efecto del 1 de enero de 2018. Sin embargo, Ahmad Hafids, el líder sindical del puerto local de Lampung, dijo que no se suspendería la huelga hasta que se atendieran también las demandas de los trabajadores del sur de Sumatra. La huelga de los trabajadores del puerto fue particularmente perjudicial para Tanjungenim Lestari, porque impedía la exportación de la pulpa, con el efecto en cadena de llenar el almacén y reducir la producción en el sur de Sumatra. 

El 14 de junio, tras diez horas de negociaciones con la asistencia de los sindicatos, las empresas de externalización y la dirección de Tanjungenim Lestari, las partes llegaron a un acuerdo que marca un hito y garantiza la continuidad del trabajo permanente si hay un cambio en la empresa contratista.

Además, los trabajadores temporeros que llevan empleados más de un año en Wira Putra Perkasa, una empresa de servicios de carga y descarga de materias primas en la fábrica, y Mayapada Clinic Pratama, un profesional de la salud de los trabajadores de la factoría y sus familias, ofrecerán ahora empleo permanente, como lo exige la legislación indonesia.

La FSP2KI también ha conseguido garantías sobre las horas de trabajo, seguridad en el empleo, seguridad social y libertad de asociación.

Y, lo que es muy importante en virtud del acuerdo, Tanjungenim Lestari Pulp and Paper, como empresa principal, es la responsable de la aplicación de los resultados de la negociación.

Los huelguistas contaron con el apoyo solidario de la IndustriALL, el sindicato australiano CFMEU, el Consejo de Indonesia de la IndustriALL, los afiliados a la IndustriALL en el sector de la pulpa y el papel, y otros sindicatos en las empresas.

Tanjungenim Lestari Pulp and Paper emplea a unos 2.500 trabajadores, de los que más de 1.700 pertenecen a empresas de externalización.

El secretario general adjunto de la IndustriALL Kemal Özkan dijo: 

“Felicitamos a la FSP2KI por su importante victoria, que mejorará la vida y la seguridad en el empleo de centenares de trabajadores subcontratados  que prestan servicios esenciales a Tanjungenim Lestari Pulp and Paper. Al agruparse, los trabajadores de cinco empresas diferentes han demostrado la fuerza de la unión."

El compañero Irman, dirigente sindical de la FSP2KI local en el sur de Sumatra, dice: "Esto es sólo el comienzo de la lucha, porque todavía hay muchos trabajadores subcontratados que están esclavizados y no se han unido al sindicato. Pero hemos demostrado que somos fuertes y que no estamos solos."

Vuelven a denunciar al gobierno mexicano en la OIT por violar la libertad sindical

La Comisión de Aplicación de Normas (CAN) examinó las violaciones del gobierno mexicano al Convenio 87 de la OIT, relativo la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y publicó el 9 de junio las recomendaciones finales.

En la plenaria, diversos trabajadores denunciaron al gobierno por graves y repetidos actos de violencia contra sindicalistas, y los responsabilizaron por la muerte de cuatro miembros de Los Mineros (afiliados a IndustriALL Global Union) durante el conflicto en la mina Media Luna, de la empresa Torex Gold

A su vez, aseguraron que los contratos de protección de las empresas siguen siendo una práctica habitual como base del sistema económico y político del actual gobierno mexicano, a la vez que atentan contra la libertad sindical y una contratación colectiva auténticas.

“Los contratos de protección garantizan costos laborales más bajos y que no haya necesidad de negociar con los trabajadores. En México, los contratos de protección son una parte vital de la política y economía del Estado desde los años 60. El modelo ha prosperado y se ha extendido a todos los sectores industriales.”

explicó a los presentes la encargada de proyectos y derechos de IndustriALL, Suzanna Miller.

Sin embargo, el Gobierno y los sectores empresariales cómplices negaron los hechos, y alegaron que las observaciones no aportan elementos objetivos para presumir la existencia de una práctica habitual que menoscabe la libertad sindical y la negociación colectiva.

Del mismo modo, un representante de los empleadores dijo que en su país “no existen acosos ni despidos, se tiene contratación colectiva, y se tiene paz social y laboral.“  La sala respondió con risas irónicas, frente a dichas afirmaciones engañosas que resultan un insulto para los trabajadores mexicanos.

La Comisión recordó que desde 2015 le pide al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales, tome las medidas legislativas que sean necesarias para encontrar soluciones al fenómeno de contratos de protección. Sin embargo, cada nueva inversión que le llega a cualquier sector industrial de México, incluye un contrato de protección ya firmado.

Si bien el vocero del Grupo de Trabajadores demandó un párrafo especial para México y que se realice una Misión de Contactos directos de la OIT, la Comisión no lo incluyó en las recomendaciones finales.

Aún así, le pidió que proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas antes de la próxima reunión de la Comisión de Expertos en noviembre de 2018. Esto significa que, independientemente del cambio de gobierno, hasta 2019 se mantendrá a México en la lista de investigación de la CAN.

Autoridades iraníes atacan violentamente y detienen a trabajadores siderúrgicos en manifestación de protesta

La policía y las fuerzas de seguridad atacaron a los trabajadores de la National Iranian Steel Company, empresa del sector siderúrgico, en la ciudad de Ahvaz, después de haber iniciado la manifestación de protesta en la plaza Kian Pars de esa ciudad. Los manifestantes fueron atacados a golpes, y unos 60 quedaron detenidos.

Los trabajadores llevan 17 días en huelga debido a que la administración de la empresa no les ha pagado sus salarios durante varios meses, además de no aportar sus cuotas a la seguridad social. A consecuencia de esto, ni los trabajadores ni sus familias pueden recibir atención médica.

Según el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos y Mecánicos de Irán (UMMI), organización afiliada a IndustriALL Global Union, 46 trabajadores fueron puestos en libertad bajo fianza la noche del 13 de junio tras protestas generalizadas contra los arrestos y la insistente detención de trabajadores.

Sin embargo, el Tribunal Revolucionario de Ahvaz se ha negado a permitir la libertad bajo fianza a varios trabajadores, incluyendo a Karim Siyahi, Mohammad Ali Jamaati, Mohammad Falahi y Javad Eskandari, con el pretexto de que personas privadas han entablado demandas en relación con la destrucción de ventanas de las oficinas de diputados durante las protestas originales en la ciudad.

Las protestas por los constantes atrasos del pago de los salarios -y el gran estrés financiero que estos atrasos acarrean para los trabajadores y sus familias- comenzaron en diciembre de 2017. Desde entonces se han venido realizando negociaciones para el pago de los sueldos pendientes, así como para garantizar que los empleadores paguen una bonificación de fin de año (que se debe efectuar el 21 de marzo para coincidir con el Año Nuevo en Irán). También exigen que se haga efectiva la correspondiente contribución al fondo del seguro social. 

A principios de marzo, a algunos de los trabajadores se les pagó en su totalidad o en parte el salario que se les debía, aunque esto no cubría a todos los trabajadores. Además, sigue la costumbre de aplazar el pago, o, como máximo, pago parcial de los salarios, al igual que la situación con respecto al pago pendiente de la seguridad social por parte de la empresa.  

En octubre de 2017, el Banco Nacional de Irán vendió la planta siderúrgica al magnate iraní, Abdolreza Mousavi, en un intento de recuperar sus deudas. La compañía, que emplea a 4.000 trabajadores y trabajadoras, ha sido mal administrada y el nivel de producción es muy inferior a su capacidad. Los trabajadores/as informan que se han vendido los equipos y la maquinaria. Según se ha informado, el mes pasado, se devolvió la propiedad al Banco Nacional, pero la fuerza de trabajo dice que Mousavi sigue apareciendo en la planta, y la propiedad de la empresa no está clara. 

Un portavoz del UMMI señaló lo siguiente:

“El UMMI pide la liberación inmediata e incondicional de todos los trabajadores siderúrgicos que siguen detenidos después de la manifestación. Son inocentes de cualquier crimen y no han hecho nada para merecer la privación de su libertad. Además, solicitamos a los funcionarios y administración de la empresa que colaboren con los sindicatos independientes que abogan por las reivindicaciones de los trabajadores, para que la disputa pueda resolverse rápida y apropiadamente. El UMMI también denuncia como inaceptable el arresto, encarcelamiento, maltrato y tortura de los trabajadores que justificadamente piden el pago de sus salarios”.

Por su parte, Kemal Özkan, Secretario General Adjunto de IndustriALL, afirmó:

 “Instamos al gobierno iraní a que intervenga con urgencia para resolver la desastrosa situación en la National Iranian Steel Company. Los trabajadores están desesperados y sus familias están pasando hambre. Exigimos la liberación de todos los trabajadores encarcelados y que Irán respete los Convenios 87 y 98 de la OIT que garantizan los derechos de los trabajadores de participar en actividades sindicales legítimas y en la negociación colectiva”.

***NOTICIAS ACTIALIZADAS *** El 21 de junio de 2018, el UMMI informó que seis destacados activistas siguen detenidos, en tanto los demás manifestantes han sido liberados.

Los sindicatos sudafricanos rechazan la negativa de Eskom a subir los salarios

Con el incremento del coste de la vida debido a la subida de impuestos y a los aumentos del precio de los combustibles, los sindicatos de Sudáfrica aducen que Eskom muestra poca preocupación por el bienestar a los trabajadores y de sus familias.

Los afiliados a la IndustriALL Global Union, la National Union of Mineworkers y la National Union of Metalworkers of South Africa, están colaborando para obligar a Eskom a subir los salarios y han prometido mantener las protestas a nivel nacional.

Tras fracasar las negociaciones con Eskom, el problema se someterá a arbitraje en la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje, y los sindicatos han recurrido a los piquetes. El ministro de Empresas Públicas, Pravin Gordan, dijo en una reunión con el Congress of South African Trade Unions y otras partes interesadas que se reanudarán las negociaciones salariales.

Los sindicatos, que están en contra de la privatización de la entidad estatal, que produce el 95 por ciento de la electricidad de Sudáfrica, dicen que la mayoría de los problemas de Eskom se deben a los préstamos del FMI y del Banco Mundial, a la mala gestión y a la corrupción, y a la decisión de incorporar a la red nacional a Productores de Energía Independientes. Eskom está implicada en la corrupción en el informe del Estado de captura de Thuli Madonsela, a la sazón protector público.

En abril, el ministro de Energía firmó un acuerdo con 27 Productores de Energía Independientes para producir electricidad a través de fuentes de energía renovables, principalmente solar y eólica. Si bien los sindicatos están de acuerdo en el uso de la energía renovable, dicen que no hay un plan de Transición justa para proteger 92.000 empleos, que se perderían si se cerraran cinco centrales de energía alimentadas por carbón en Mpumalanga. Ese plan implicaría también la formación y absorción de trabajadores en el sector de la energía renovable.

En un comunicado de prensa conjunto, los sindicatos dicen: “Es cierto que Eskom tiene una masa salarial alta, pero eso no es culpa de los trabajadores pobres ni se les puede atribuir a ellos, que son quienes menos cobran”, pues los trabajadores y las comunidades no figuraban entre quienes obtuvieron contratos de energía renovable.

Diana Junquera Curiel, directora de energía de la IndustriALL, dice:

“Es ridículo que Eskom anuncie que los trabajadores no recibirán ningún aumento cuando la inflación está subiendo. Por el contrario, la empresa tiene que negociar con los sindicatos aumentos salariales. También debe haber un diálogo con los sindicatos sobre el plan de Transición justa y sobre los contratos con Productores de Energía Independientes.”