Turquía: El Tribunal Constitucional dictamina que "la prohibición de la huelga es violación de un derecho fundamental"

En enero de 2015, el afiliado a la IndustriALL Global Union Birleşik Metal-İş inició una huelga en 38 lugares de trabajo, tras fracasar las negociaciones colectivas con la Asociación de Empleadores de la Industria Metalúrgica (MESS). La huelga fue prohibida el día siguiente por el Gobierno, aduciendo que era una amenaza para la seguridad nacional.

Entonces, Birleşik Metal-İş pidió a los tribunales administrativos y al Consejo de Estado que anularan el decreto del Gobierno, argumentando que una huelga en el sector del metal jamás podría afectar a la seguridad nacional. La petición no fue aceptada por el Consejo de Estado, a pesar de la jurisprudencia anterior.

De acuerdo con la Constitución turca, una vez agotados todos los recursos legales ordinarios "cualquiera puede recurrir al Tribunal Constitucional sobre la base de que uno de los derechos y libertades fundamentales en el ámbito de la Convención Europa de Derechos Humanos garantizados en la Constitución está siendo violado por las autoridades públicas".

Seguidamente el sindicato llevó el caso al Tribunal Constitucional, que ahora ha decidido que la prohibición de la huelga es una violación de los derechos sindicales, y que la seguridad nacional se ha invocado de forma arbitraria. El tribunal ha ordenado que el Gobierno pague 50.000 liras turcas (9.000 euros) al sindicato en concepto de indemnización.

Desde la prohibición de la huelga en 2015, ha habido otra ronda de negociación colectiva, prohibiendo el Gobierno, una vez más, las huelgas por motivos de seguridad nacional, Sin embargo, esta última sentencia se considera una victoria del sindicato.

En un comunicado, Birleşik Metal-İş dijo:

Con esta decisión, el Tribunal Constitucional ha mostrado claramente que el Gobierno toma decisiones de prohibición de huelgas de manera arbitraria, con lo que se menoscaba el derecho a la huelga. Por supuesto, esta decisión tiene lugar más de tres años después de la prohibición de la huelga, y la indemnización es demasiado baja, por lo que no se puede considerar justa. Los trabajadores han perdido mucho más que esta cantidad debido a la prohibición de la huelga.
No obstante, es importante que el más alto tribunal del país haya dictaminado que estas prohibiciones de huelgas son contrarias a la Constitución. En su decisión, el Tribunal Constitucional declaró que el concepto de seguridad nacional está abierto a una interpretación subjetiva, lo que da lugar a decisiones arbitrarias. El Gobierno no ha explicado cómo estas huelgas pueden afectar a la seguridad nacional, y el término "seguridad económica" – utilizado por el Gobierno para justificar la prohibición – no es una razón válida. Por eso el Tribunal dictaminó que la prohibición de la huelga viola derechos sindicales.

El Tribunal Constitucional se pronunció de la misma manera en 2015 sobre la prohibición de la huelga en el sector del vidrio convocada por otro afiliado a la IndustriALL, Kristal-İş, en junio de 2014, que protege a 5.800 trabajadores en diez fábricas de la empresa Sisecam. En ese momento, el Tribunal adujo que la noción de seguridad nacional se debe interpretar, a pesar de las opiniones y entendimientos personales, incluso con algunas prácticas discrecionales.

Con la nueva decisión, el Tribunal Constitucional mantiene su opinión como jurisprudencia establecida. Sin embargo, las prohibiciones de huelgas subsisten después de la primera decisión del Tribunal Constitucional en 2015 en varios sectores, como la metalurgia, la minería y la banca. Durante el estado de emergencia, mediante un decreto gubernamental, se modificó el artículo pertinente de la Ley sobre Sindicatos y Convenios Colectivos del Trabajo (6356) y, además de la "salud pública y la seguridad nacional", los gobiernos pueden prohibir las huelgas en los servicios de transporte público prestados por las municipalidades metropolitanas y en los servicios bancarios si son contrarias a la estabilidad económica o financiera". Esto limita aún más el derecho de huelga.

El secretario general adjunto de la IndustriALL Global Union Kemal Özkan dice:

El derecho de huelga se menoscaba continuamente en muchas formas en Turquía. El Gobierno turco utiliza la seguridad nacional como razón para prohibir las huelgas y se pone del lado de los empleadores frente a los trabajadores. El fallo del Tribunal Constitucional muestra que las acciones del Gobierno violan los derechos sindicales establecidos en la Constitución y garantizados por los convenios internacionales suscritos por Turquía.
Seguiremos apoyando a nuestros afiliados turcos hasta que el derecho de huelga se respete en la práctica y en la ley.

Estudio del caso Glencore en Colombia

Ya en 2006, hubo denuncias de corrupción y graves violaciones de los derechos humanos. El sindicato local Sintracarbón, organización afiliada a IndustriALL Global Union, acusó a la compañía de expropiaciones forzadas y evacuaciones de aldeas enteras para permitir la expansión de las minas, en complicidad con las autoridades colombianas.

Glencore tiene varios negocios en Colombia, incluyendo su filial Prodeco, que es 100% propiedad de Glencore, que tiene dos minas colindantes (La Jagua y Calenturitas), una terminal de exportación de carbón (Puerto Nuevo) y participación en el ferrocarril que transporta carbón a esa terminal. Prodeco emplea a unas 6.000 personas.

Aunque las autoridades colombianas le han exigido integrar sus operaciones en una sola entidad comercial, Prodeco usa cinco filiales para llevar a cabo las operaciones de las dos minas, el ferrocarril y la terminal portuaria. Todas las compañías filiales operan desde la misma planta del mismo edificio en Barranquilla, compartiendo la misma administración gerencial.

Según Sintracarbón, los trabajadores/as de las minas La Jagua y Calenturitas están sujetos a diferentes términos y condiciones de trabajo, y se les niega la posibilidad de realizar negociaciones conjuntas como sindicato con un empleador en común. Esta separación de la propiedad hace que sea mucho más difícil para el sindicato resolver problemas e identificar a un interlocutor responsable en las negociaciones.

Debilita a los sindicatos

Sintracarbón informa que, en su mina Calenturitas, Prodeco violó flagrantemente el derecho a la libertad de sindicación al discriminar contra los dirigentes y miembros sindicales, bloqueando el derecho de los trabajadores/as de elegir libremente su afiliación sindical, y socavando el proceso de negociación colectiva.

La administración también discrimina contra los dirigentes sindicales al cambiar sus turnos o cargos, aplicando medidas disciplinarias graves – incluyendo despidos o suspensiones múltiples por un supuesto mismo delito – u obligándoles a tomar permiso pagado con el fin de marginarlos.

La cra. Blanco, dirigente sindical, explicó:

Tratan a los sindicalistas como personas de segunda clase, nos persiguen y nos impiden ejercer nuestros derechos.

Usando una combinación de amenazas e incentivos, Glencore ha logrado que muchos sindicalistas renuncien al sindicato. En 2014, había 67 quejas laborales contra la filial colombiana de Glencore, Prodeco, y, en 2017, 46 estaban bajo investigación. Prodeco ha tenido que pagar casi US$500.000 en multas por sus malas prácticas laborales.

Salud y seguridad

En la mina Calenturitas, se da prioridad a la productividad sobre la salud y seguridad de los trabajadores/as. A consecuencia de las políticas ineficientes sobre seguridad industrial y salud ocupacional y el alto nivel de riesgo que acarrean las actividades mineras, se dan múltiples enfermedades laborales. Además, se aplican jornadas de trabajo ilegales de 12 horas, caminos en malas condiciones, equipos con alto nivel de vibración y elevados niveles de contaminación, que dañan la salud de los trabajadores/as. En agosto de 2017, Sintracarbón informó que hubo 13 accidentes de trabajo en menos de un mes. En enero de 2018, falleció otro minero.

Violaciones del medio ambiente

Según informó Claudia Blanco, presidenta de Sintracarbón Ciénaga:

Glencore ha violado muchas regulaciones ambientales. En enero recién pasado, 50.000 galones de diésel fueron arrojados al suelo en Puerto Nuevo debido a la perforación de uno de los tanques de almacenamiento, mantenimiento ineficaz y falta de control. Glencore trató de ocultar el hecho a las autoridades ambientales.

En 2010, después de descubrir que los niveles de contaminación atmosférica de la minería sobrepasaban los límites legales, poniendo en peligro la salud y la vida de las personas que viven cerca de las minas, el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia ordenó que Prodeco y otras compañías reubicaran las poblaciones de Boquerón, Plan Boninto y El Hatillo.

Las compañías demoraron dos años para comenzar el desplazamiento, y no se ha finalizado la reubicación de ninguna de las poblaciones. Han habido violaciones del derecho de las comunidades a participar y a tener acceso a la información.

Subcontratación

El personal se contrata a través de la agencia Manpower. La estabilidad laboral y el derecho al trabajo decente se debilitan, y los salarios se ven afectados porque no se aplican las prestaciones sociales convencionales. La libertad de sindicación está en peligro, ya que estos trabajadores/as no pueden sindicalizarse. Si se afilian a un sindicato, no se renueva su contrato a corto plazo.

Trabajadores de Albemarle Chile reclaman mejores condiciones laborales

Los trabajadores del Sindicato de Albemarle en Salar Limitada (el cual forma parte de Industrial Chile-Constramet, a su vez afiliado a IndustriALL Global Union) votaron a favor de iniciar una huelga legal para exigir las mismas condiciones laborales que la empresa le concedió a los trabajadores de la Planta La Negra de Antofagasta.

La decisión la tomaron el 26 de julio, tras rechazar la última oferta que efectuó la empresa de capital estadounidense durante el proceso de Negociación Colectiva que desarrollan desde el 13 de julio. Consideraron que la propuesta fue insuficiente porque no consideraba ninguna mejora.

El inicio de la huelga quedó en suspenso porque, tras conocer los resultados de la votación, la empresa solicitó los buenos oficios ante la inspección de trabajo, a fin de obtener una mediación obligatoria para poder continuar con las negociaciones. La primera mediación se desarrolló el 31 de agosto y no se llegó a un acuerdo.

“Los trabajadores representados por la comisión negociadora, basados en los principios de la buena fe que sustenta este proceso, nos preparamos con la mejor disposición para una reunión que a nuestro entender buscaría la forma de llegar a un acuerdo que permita terminar este proceso sin mayores dificultades.
Con profunda decepción nos dimos cuenta que la empresa solicitó la mediación, no como una forma de llegar a un acuerdo, sino simplemente para prorrogar el inicio de la huelga”

dijo el sindicato tras finalizar la mediación.

Los trabajadores del Salar aseguran que ellos son quienes trabajan en condiciones geográficas y ambientales peligrosas, y sin embargo tienen las peores remuneraciones. Por eso, piden homologar la propuesta de la empresa a lo ofrecido en mayo a los trabajadores de la Planta La Negra, que incluye el mismo Bono de Termino de Negociación, un aumento del sueldo base equivalente, el mismo Bono de Seguridad y Turno de Noche.

A su vez, el sindicato manifestó que impedirá que castiguen a los sindicatos que defienden legítimamente los derechos de sus asociados, mediante prácticas democráticas y participativas.

El secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, le escribió al Presidente y CEO de Albemarle, Luke Kissam, donde expresó:

“IndustriALL hace un llamado a la empresa Albemarle para que negocie de buena fe, recapacite respecto a sus procedimientos y le brinde las mismas condiciones laborales a los trabajadores del Sindicato del Salar.”

Sindicatos de BRICS exigen trabajo decente y desarrollo sostenible

En una reunión realizada en Durban los días 27 al 29 de julio, el BTUF aprobó un programa de desarrollo para el África centrada en el trabajo decente y el desarrollo sostenible. La reunión señalada, que tuvo lugar simultáneamente con la cumbre del BRICS en Johannesburgo, hizo un llamado en favor de la justicia social. Los sindicatos también deberían participar en la cumbre de BRICS para así reforzar el poder colectivo y desarrollar redes de solidaridad y activismo en el hemisferio sur.

Sin embargo, el BTUF manifestó su preocupación por el trabajo precario, señalando que es imprescindible que los sindicatos desarrollen una respuesta estratégica; también se solicitó a las empresas multinacionales el cumplimiento de la legislación laboral.

Entre los temas que se trataron en esta ocasión, se destacaron los siguientes: el futuro laboral; los derechos de los trabajadores/as; la salud universal; las inversiones que promueven el sector de la manufactura; la industrialización; y la sostenibilidad. Además, la creación de empleo se identificó como clave para los jóvenes, así como para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al cerrar la brecha de género en los salarios se podría mejorar el acceso de las mujeres al empleo, y debería promoverse la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Por ejemplo, los salarios dignos son importantes para contrarrestar la pobreza laboral de los jóvenes en África subsahariana, que fue del 70% en 2016. Además, el alto desempleo juvenil es un obstáculo que impide beneficiarse del dividendo demográfico que se producirá en 2030 según el informe Generación 2030 2.0 de UNICEF. Cuando esto suceda, habrá más jóvenes adultos en edad de trabajar en comparación con los ancianos. Sin embargo, si no hay trabajo esto no acarreará ningún beneficio, ya que los jóvenes estarán económicamente inactivos.

Las metas del BTUF para 2018 son inversión en la gente, infraestructura social y económica, y responsabilidad ambiental. Es importante desarrollar los conocimientos de los trabajadores/as; la innovación y las herramientas TIC de desarrollo son clave para Industria 4.0; además, se destaca la importancia del trabajo decente, la negociación colectiva y la protección social. Entre los objetivos figuran el pleno empleo y la creación de puestos de trabajo, la participación sindical y el diálogo social efectivo. Sus otros objetivos son: promover una gobernanza democrática, ética y receptiva en instituciones públicas y privadas, y la inclusividad de sistemas multilaterales internacionales.

El BTUF dice que está dispuesto a actuar "sobre muchas cuestiones que afectan a los trabajadores y trabajadoras, las comunidades, los países en vías de desarrollo, la paz y la seguridad, la producción de alimentos, el desempleo, las normas internacionales del trabajo y los derechos laborales”.

Según afirma Paule-France, Secretario Regional para África Subsahariana:

“El BTUF nos hace recordar lo crucial que es la participación de los sindicatos en el comercio internacional. Sin el escrutinio de los sindicatos, las empresas multinacionales no tomarán en cuenta los derechos humanos y laborales, por lo tanto debemos estar atentos y vigilantes”.

Algunos afiliados de IndustriALL Global Union pertenecen a federaciones que forman parte del BTUF.

Tratado Mercosur-UE amenaza la industria nacional sudamericana

El canciller argentino, Jorge Faurie, dijo en una rueda de prensa en Bruselas que la firma del tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) podría ocurrir en setiembre durante el próximo encuentro en Montevideo, Uruguay. Los trabajadores sudamericanos critican que las negociaciones se hicieron a espaldas de la población y sus consecuencias afectarán directamente a la industria nacional y el empleo.

“Esta negociación del Acuerdo Comercial Mercosur-UE puede tener consecuencias devastadoras para la industria nacional especialmente de Argentina y Brasil. Lo poco que se sabe, porque no hubo ninguna transparencia, es que el acuerdo va a ofrecer mayor acceso a los productos agropecuarios y agroindustriales en la UE, a cambio de una apertura de los mercados para otros productos manufacturados como los automóviles.”

explicó el secretario general de IndustriALL Global Union, Valter Sanches.

El cierre de las negociaciones del acuerdo es uno de los principales objetivos trazados por el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, para 2018. Macri apuesta al libre comercio para beneficiar a los inversores extranjeros, sin tomar en cuenta las consecuencias para los trabajadores.

A comienzos del año, las centrales sindicales argentinas CGT y las dos CTA emitieron un comunicado en conjunto donde rechazaron el acuerdo por considerar que era una “sentencia de muerte para la industria nacional”. Alertaron a la población sobre el impacto negativo que el acuerdo tendrá para la producción nacional en general, y para ciertas ramas de producción estratégicas. Por ejemplo, señalaron la tecnología, el sistema marítimo y fluvial, obras públicas, compras del Estado, laboratorios medicinales, industria automotriz y economías regionales.

A su vez, las centrales sindicales de Brasil CUT y Força Sindical se pronunciaron por separado contra el tratado. Principalmente explicaron que el gobierno ilegítimo de Michel Temer acelera las negociaciones de un acuerdo que traerá consecuencias por décadas, porque quiere firmarlo antes de las elecciones de octubre. Aseguraron que puede acabar con la industria nacional y destruir millones de empleos, porque incentiva una invasión de productos importados en el mercado que generará la caída de inversiones en la industria y el cierre de miles de fábricas.

Muchas multinacionales europeas tienen filiales en Brasil debido a políticas de gobiernos anteriores que exigen la producción de contenido nacional y regional. Con la apertura comercial, las multinacionales podrían cerrar sus unidades en el Mercosur y traer los productos terminados directamente de Europa donde hay una escala y un promedio de la capacidad ociosa de producción mas altos.

Finalmente, los trabajadores de los países de América del Sur consideran que el acuerdo se está negociando sin transparencia, sin debate con la sociedad y sin la participación de los trabajadores. Reclaman acceso a los detalles del acuerdo para fomentar el diálogo social, garantizar mínimamente el respeto a los derechos de los trabajadores y la preservación de la industria nacional.

“Si dependiera de los gobiernos de Brasil y de Argentina este acuerdo ya habría sido aprobado el año pasado en la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Buenos Aires.
Las negociaciones de libre comercio que ocurren de forma oscura, en ausencia de los pueblos, sólo le sirven a las corporaciones transnacionales financieramente. Para nosotros lo más importante es defender la participación de los trabajadores, de las organizaciones sindicales y de la sociedad civil en las negociaciones, oyendo a todas las partes” concluyó Sanches.

Sudáfrica: Informe recomienda prácticas mineras responsables para mejorar las condiciones de trabajo

Lamentablemente, por el contrario, la situación real en las minas no es favorable para la fuerza de trabajo: malas condiciones de trabajo, destrucción del medio ambiente y pobreza y enfermedades en las comunidades afectadas por las minas. Entonces, ¿cómo pueden las empresas mineras cumplir con las expectativas de la sociedad, que considera que los recursos minerales son los más importantes elementos para promover el desarrollo nacional? ¿Es posible lograr que las empresas acepten responsabilidad por cuestiones económicas, ambientales, sociales y de gobernanza? ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas se pueden usar para lograrlo?

Estos fueron algunos de los tópicos industriales y laborales que debatieron más de 50 delegados de Ghana, Kenia, Costa de Marfil, Liberia, Madagascar, Malawi, Tanzania, Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabue, reunidos en Johannesburgo los días 25 y 26 de julio, con el fin de estudiar las conclusiones principales de la evaluación del Índice de Minería Responsable (RMI) 2018. Los delegados provenían de organizaciones comunitarias y de derechos humanos, comunidades afectadas por las minas, organizaciones no gubernamentales y universidades. Los sindicatos, representados por el Sindicato Nacional de Mineros y el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica, organizaciones afiliadas a IndustriALL Global Union, señalaron que es importante colaborar con los representantes de la sociedad civil en relación a los problemas en común que enfrentan los trabajadores/as y las comunidades.

El RMI evaluó a 30 empresas mineras en base a seis áreas temáticas: el desarrollo económico; la conducta empresarial; gestión del ciclo de vida; el bienestar de la comunidad; las condiciones de trabajo; y la responsabilidad ambiental. La evaluación abarcó 127 minas.

Las condiciones laborales son el área temática que tuvo los peores resultados. El RMI descubrió que a pesar de que las compañías mineras prestaron atención al problema, manifestando su compromiso con la salud y seguridad, se informó de 331 muertes en los años 2015 y 2016. Además, las empresas mineras registran malos antecedentes en cuanto a abordar la cuestión de salarios dignos, las quejas de los trabajadores/as y el combate contra la discriminación en las minas. Sin embargo, se han dado avances importantes en cuanto al trabajo forzoso e infantil.

En las conclusiones de la reunión, se recomendó que el RMI, que promueve acceso libre a la información a través del intercambio público de sus datos, trabajara con otras organizaciones que realizan trabajos similares, como la Alternative Mining Indaba y African Mining Vision. Una estrategia que el RMI debe seguir utilizando es dar a conocer la falta de cumplimiento de los derechos esenciales de los trabajadores/as. Esto ejerce presión sobre las empresas, ya que los accionistas preguntan por qué se produce esta situación. Además, el RMI puede complementar otros sistemas de evaluación, ya que cuestiona las incoherencias en los informes de las empresas mineras.

Según afirma Glen Mpufane, Director de Minería de IndustriALL:

“Confirmando lo que ya sabemos, el RMI es una herramienta útil para facilitar enlaces y comunicación, identificando temas en común para el diálogo y la colaboración entre las comunidades afectadas por las minas, la sociedad civil y los sindicatos. Queremos que las empresas mineras dejen la retórica y se comprometan a mejorar la salud y seguridad”.

Sudáfrica: el sindicato en una histórica victoria judicial contra el trabajo precario

Esta es una gran victoria para los trabajadores tras años de una dura campaña sindical contra la intermediación laboral. La victoria es el resultado de una implacable campaña de la National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA), que llevó el asunto a los tribunales.

Después de perder el caso en el Tribunal de Apelaciones del Trabajo, la empresa de intermediación laboral Assign Services recurrió al Tribunal Constitucional, el cual declaró el 26 de julio que el empleador del trabajador es la empresa en la que realiza su cometido, y no el intermediario laboral que lo coloca. El fallo significa para los trabajadores temporeros que los que ganan 15.500 $ anuales o menos se convierten en permanentes después de tres meses, ya que serán empleados de la empresa en la que trabajan.

La intermediación laboral es una práctica de subcontratación que consiste en la intermediación de una compañía en nombre de las empresas "clientes". La empresa de subcontratación obtiene entonces beneficios pagando bajos salarios y cargando elevadas tarifas a las empresas "clientes". El afiliado a la IndustriALL Global Union la NUMSA condenó esta práctica y durante muchos años, con otros sindicatos, adujo que las empresas clientes deben contratar directamente a los trabajadores, en lugar de utilizar este sistema de explotación, en el que los trabajadores no tienen prestaciones, con inclusión de las pensiones y el seguro de enfermedad.

En los acuerdos de subcontratación, los trabajadores tampoco tienen seguridad en el empleo, ya que son contratos de corta duración que pueden terminar en cualquier momento. Los intermediarios laborales se han negado también a proporcionar prestaciones, alegando que no son los empleadores, aunque son los que ofrecen los contratos.

Irvin Jim, secretario general de la NUMSA, dice en una declaración:

“Nuestra experiencia con los intermediarios laborales es que son sumamente abusivos e imponen a los trabajadores bajos salarios y terribles condiciones de trabajo. Esperamos que esta decisión sea la sentencia de muerte de toda la industria, y vamos a seguir luchando por la total prohibición de los intermediarios laborales."

Paule-France Ndessomin, secretaria regional de la IndustriALL para el África Subsahariana, acogió con gran satisfacción la decisión judicial, y dijo:

“Es una victoria para los miles de trabajadores empleados por intermediarios laborales. Aplaudimos el fallo del tribunal que ofrece una vía legal para proteger los derechos de los trabajadores a empleos permanentes. Los intermediarios laborales no pueden seguir haciendo beneficios con las precarias condiciones de los trabajadores."

Conferencia mundial del sector de la energía: Sindicatos exigen Transición Justa

Más de 200 delegados de 70 sindicatos se reunieron en San Petersburgo, Rusia, los días 25 y 26 de julio, en la conferencia mundial de IndustriALL Global Union para este sector, con el lema "Empoderar a los sindicatos en las industrias energéticas".

Para poder cumplir con los objetivos del cambio climático en lo que se refiere a las emisiones, y adaptarse a las nuevas tecnologías que modifican sustancialmente los conocimientos que necesitan los trabajadores/as de la energía, la industria energética enfrenta rápidos cambios en las políticas y estructuras energéticas nacionales. Esto sucede en el contexto de una mayor demanda de energía, privatización y aumento del trabajo precario en el sector.

En el contexto del empleo industrial sostenible, se necesita una Transición Justa para que los cambios en el sector energético se apliquen con equidad y justicia para los trabajadores/as, sus familias y las comunidades.

Alexander Korchagin, presidente del sindicato anfitrión, el Sindicato de Trabajadores del Petróleo, Gas y Construcción de Rusia, dijo que en estos momentos tan importantes para el sector de la energía, la mejor manera de proteger los intereses de los trabajadores/as es a través de los sindicatos.

Dirigiéndose a los presentes en la conferencia, Valter Sanches, Secretario General de IndustriALL, señaló que la energía es un derecho fundamental, pero a consecuencia de la privatización, las empresas multinacionales han comercializado la energía, creando monopolios.

Sanches afirmó: “El sistema más común de suministro de electricidad es administrado por empresas privadas con poca regulación por parte del estado. Las empresas multinacionales son muy poderosas y los gobiernos temen enfrentarlas”.

En los debates de la conferencia se puso de relieve el problema cada vez mayor del trabajo precario, que afecta a todos los países, pero es especialmente grave en países como Nigeria, donde casi todos los trabajadores/as son subcontratados. Otros países, como Costa de Marfil, mencionaron las grandes diferencias en salarios, condiciones de trabajo y prestaciones sociales entre los trabajadores permanentes y temporales. Los participantes señalaron que los sindicatos deben intensificar su trabajo de sindicalización de los trabajadores/as precarios, e incluirlos en los convenios colectivos cuando sea posible.

Se señaló que, para empoderar a los sindicatos, es clave aumentar la cooperación entre las redes sindicales por vía de apoyo solidario e intercambio de información de los sindicatos de diferentes países. En América Latina, la red de sindicatos del sector de la energía ha tenido mucho éxito en cuanto a ayudar a establecer nuevos sindicatos en el sector.

Los participantes debatieron sobre las campañas de IndustriALL en el sector, incluso en Shell, que trata de hacer que los trabajadores/as en diferentes lugares se enfrenten unos contra otros, y se niega a entablar negociaciones con IndustriALL a nivel mundial. También se tomó nota de las graves violaciones de los derechos sindicales en Argelia, así como de la campaña en curso para lograr que se respeten los derechos de los trabajadores/as de la DNO en Yemen.

En un animado debate sobre Industria 4.0, se hizo hincapié en que el aprendizaje, educación y capacitación durante toda la vida, pagados por la empresa, son de importancia vital para los trabajadores/as. Es necesario que los sindicatos participen en condiciones de igualdad en el proceso de toma de decisiones sobre la transformación tecnológica de la producción de energía.

Los participantes aprobaron un nuevo plan de acción para el sector, identificando estrategias para: alcanzar una Transición Justa; empoderar a los sindicatos; poner fin al trabajo precario; aumentar la participación y representación de las mujeres; mejorar la salud y seguridad; confrontar el capital global, estableciendo políticas industriales sostenibles.

La conferencia también ofreció sus más profundas condolencias a los trabajadores/as griegos y víctimas de los incendios forestales mortales en Grecia, así como a las comunidades afectadas al desbordarse una represa, con consecuencias fatales, durante la construcción de una planta hidroeléctrica en Laos.

La conferencia también hizo declaraciones de solidaridad apoyando las luchas de los trabajadores y trabajadoras de ExxonMobile en Australia, National Grid en Estados Unidos y Total en el Reino Unido.

Frode Alfheim de Industri Energi (Noruega) y Apsorn Krissanasmit del PTT LU (Tailandia), fueron reelegidos como copresidentes de la Sección de Energía de IndustriALL. Gwenne Farrell de MOVE-UP (Canadá) fue elegida vicepresidenta adjunta de la Sección de Electricidad y Valeriy Matov de Atomprofspika (Ucrania) fue elegido vicepresidente de la Sección Nuclear.

Por su parte, Valter Sanches, Secretario General de IndustriALL, señaló:

“El sector de la energía enfrenta los mismos problemas que otros sectores, como violaciones de los derechos, represión antisindical y trabajo precario. Lo específico de este sector es la transición energética. Debemos desarrollar el poder sindical para que podamos participar en la mesa con los gobiernos y las empresas para crear políticas industriales sostenibles a nivel nacional que garanticen una Transición Justa”.

Centrales sindicales de Brasil promueven el desarrollo del país

La CUT, CSB, CTB, Força Sindical, Intersindical, Nueva Central y UGT presentaron una agenda orientada a recolocar a Brasil en la trayectoria del desarrollo, con democracia, generación de empleo de calidad y justicia social. A la vez buscarán combatir la informalidad, la precarización y la inseguridad en el trabajo.

“Con la agenda prioritaria de la clase trabajadora, las centrales sindicales afirmamos -de forma unitaria- nuestra intención de movilizar a los trabajadores para su protagonismo propositivo, mirando hacia el futuro, enfrentando los desafíos, con la responsabilidad compartida de construir un proyecto de País y de Nación”

expresaron en el documento.

El objetivo de la agenda es que influya en el debate nacional que comenzará a gestarse en los 3 meses previos a las elecciones presidenciales de octubre. Los sindicatos aspiran a que los candidatos se comprometen con las medidas de emergencia para recuperar la economía y crear empleos.

Las 22 propuestas incluyen medidas de lucha contra el desempleo -que ya alcanza a 28 millones de trabajadores-, asi como la creación de fuentes de trabajo para toda la sociedad -especialmente para los jóvenes- la reanudación de las obras de infraestructura y la implementación de políticas de amparo a los desempleados.

A su vez, las centrales realizarán una jornada nacional de lucha denominada “Basta al desempleo”, el 10 de agosto. Con ella esperan repudiar las reformas del gobierno de Michel Temer, exigir medidas para recuperar el país y para combatir el desempleo. También protestarán contra la suba de los precios de petróleo y derivados, y en defensa de los derechos a la seguridad.

Durante la jornada los trabajadores llevarán a cabo paros de actividades en sus lugares de trabajo, y luego desarrollarán protestas en los diversos Estados de Brasil para detallar cuáles son las medidas que proponen para reactivar la economía. Las centrales unirán sus fuerzas para demostrar toda la capacidad de organización que posee el movimiento sindical, en un momento donde ven sus derechos amenazados.

Los trabajadores denuncian que existe un desmonte de las políticas sociales, de privatización y de entrega de los patrimonios públicos que son estratégicos para el futuro del país. Por ello van a reforzar su posición en contra de las reformas que acaban con los derechos fundamentales.

“Desde IndustriALL respaldamos la importante iniciativa de unidad de clase de las centrales sindicales brasileras. A su vez, apoyamos el día nacional de lucha el 10 de agosto, como una importante etapa de lucha contra los ataques a los derechos de los trabajadores por el gobierno golpista e ilegítimo. Incentivamos a nuestros afiliados a manifestar su apoyo con dicha ocasión”

dijo el secretario general de IndustriALL Global Union, Valter Sanches.

Los sindicatos iraquíes condenan la violencia contra los manifestantes

Estallaron protestas masivas hace dos semanas en Basora, la ciudad de Iraq meridional, gran productora de petróleo, que se extendieron enseguida a otras provincias. Las protestas se debieron al elevado desempleo, los malos servicios públicos y la corrupción. Cada vez hay más indignación por las enormes cantidades de riqueza petrolera que se extrae del país, mientras las personas viven en la pobreza.

Los manifestantes exigen que el Gobierno les proporcione agua, electricidad y otros servicios esenciales, rechazan el actual sistema político confesional y piden un gobierno nacional representativo. Con el sistema actual, el poder se comparte mediante un sistema de cuotas entre los principales grupos de la sociedad: los chiitas, los sunitas y los kurdos. Los manifestantes creen que el sistema lleva a divisiones sectarias y a la corrupción.

Las protestas han sido brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad: ha habido 13 muertos y 81 detenidos. El Gobierno cortó el acceso a Internet, por lo que los activistas iraquíes tuvieron dificultades para difundir noticias sobre la situación.

Hablando en la televisión nacional iraquí, la miembro del Comité Ejecutivo de la IndustriALL y presidenta de la Federación de Sindicatos de Basora, Hashmeya Alsaadawe, dijo:

“¿Contra quién se dirigen estas tropas militares y estas armas? ¡Contra ciudadanos desarmados que reivindican sus legítimas demandas de una vida digna! Lo único que piden es agua, electricidad y oportunidades de empleo.
"¿A quién debemos dirigir nuestras demandas? ¡El gobierno local no responde! Llamamos a la protesta pacífica. No hay programa oculto. Sin embargo, no excluimos la posibilidad de que algunos puedan abusar de la situación."

En una declaración firmada por varios afiliados iraquíes a la IndustriALL Global Union, La Conferencia de Federaciones y Sindicatos de Trabajadores Iraquíes dijo:

“La actual protesta pública en muchas provincias de nuestro país es una consecuencia de la grave crisis que afecta a nuestra sociedad, resultado del racismo, del conflicto sectario y de las políticas económicas y sociales erróneas.
“No sólo se exige agua potable, electricidad para protegerse del calor en verano y del frío en invierno, sino que se ponga fin al desempleo, y se acabe con la privación de servicios y la vida por debajo del umbral de pobreza. También se exige justicia contra el régimen de oligarcas que descomponen el tejido nacional y social de la población iraquí por la fuerza y la crueldad."

El secretario general de la IndustriALL, Valter Sanches, dijo:

“Iraq es un país enormemente rico, y sus habitantes tienen derecho a una parte equitativa de esa riqueza. El poderoso movimiento sindical iraquí ha respaldado con su peso la demanda de una vida decente y del fin de la corrupción. El movimiento internacional se enorgullece de estar con él."

Recientemente, las elecciones fueron ganadas por la alianza Sairoon (Progreso), que incluye a los partidos de izquierda, y fue propulsada al poder por las mismas fuerzas que están ahora en las calles. La alianza aún no ha sido capaz de formar gobierno.