300 empleos peligran en Uruguay por cierre de minera Orosur

La situación en la minera en la ciudad de Minas de Corrales, departamento de Rivera, viene en declive. Al día de hoy, hay 170 empleados en seguro de paro y a fin de mes habría 100 más, según anunció la empresa.

Loryser, una de sus subsidiarias, se presentó a un concurso de acreedores el 14 de julio ante la Justicia. A su vez, Orosur reconoció que necesita acceder a un crédito de 8 millones de dólares para saldar deudas y continuar activa; de lo contrario cerrará.

La minera también dice que necesita conseguir una habilitación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para explotar un tercer yacimiento que está catalogado como una zona de impacto ambiental importante.

Por su parte, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA, afiliada a IndustriALL Global Union) representa a los trabajadores de la compañía dedicada a la extracción de oro y trabaja con autoridades de la empresa y del gobierno para alcanzar una solución negociada a la situación crítica para los trabajadores.

La situación es crítica también para la comunidad que vive en los alrededores de la empresa, ya que en la localidad de Minas de Corrales no hay ninguna otra actividad de tal magnitud.

“Desde la UNTMRA responsabilizamos a la empresa porque creemos que no se debería haber esperado tanto para anunciar una definición así de importante. Los recursos naturales son finitos y la compañía sabía que este día iba a llegar, desde el momento en que empezó la explotación minera. Sin embargo, no tiene un plan de contingencia para la ciudad. Además, en el contrato con el Gobierno uruguayo decía que tenían que generar un fondo para readecuar y reconvertir ese pueblo en un pueblo agroalimentario, algo que no efectuó.”

explicó el integrante de la dirección de la UNTMRA, Eduardo Burgos.

El 10 de agosto el gremio desarrollará una asamblea abierta de la UNTMRA en el pueblo denominada “Jornada cívica” a la que asistirán autoridades del gobierno, como la Ministra de Industria y el Ministro de Trabajo. El objetivo es buscar una solución de manera urgente.

“Tenemos una situación complicada. Si no hay una salida viable antes de que termine el mes, cierra. En la Jornada Cívica le pediremos a la Ministra de Industria y al Ministro de Trabajo que nos ayuden a generar alguna posibilidad, hasta que se pueda abrir una veta exploratoria. Por ejemplo, poder darle a los trabajadores un seguro de paro especial de un año con capacitación. Vamos a presionar para que no se deje sin cobertura a los trabajadores” agregó Burgos.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, sostuvo:

“Respaldamos a nuestra afiliada, UNTMRA, en su exigencia de encontrar una solución mediante el diálogo tripartito, donde se preserven los empleos y se tenga en cuenta a la población de Minas de Corrales. Uruguay es un país que necesita tener una base industrial fuerte para sostener su desarrollo, así que el Gobierno tiene que tener una política activa que impida estos cierres"

Justicia ordena el reintegro de trabajadores textiles de Perú tras 6 años de lucha

Más de 20 trabajadores fueron despedidos de la empresa Camones S.A. en 2012 por haber fundado el Sindicato de Textiles Camones (el cual pertenece a la FNTTP, afiliada a IndustriALL Global Union). Seis años después, el poder judicial ordenó su reintegro.

Los empleados de la textil decidieron conformar el sindicato debido a los abusos que sufrían en el trabajo. El detonante fue cuando compañía anunció en marzo de 2012 que no habría reparto de utilidades,  luego de haber publicado un reporte que decía que la producción de kilos teñidos había ascendido.

Los despidos ocurrieron al día siguiente de tomar conocimiento de cuáles eran los integrantes de la junta directiva de la organización sindical, y ocho días antes del vencimiento de sus contratos. Según la empresa, había procedido a cometer las desvinculaciones ante la baja de producción, algo que los trabajadores demostraron que carecía de sustento técnico.

La Federación denunció frente al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo del Perú que la firma textil Camones S.A. violó la libertad sindical. Luego de 6 años de huelgas, movilizaciones y de una larga disputa a nivel judicial, la justicia le ordenó a la compañía el reintegro de los trabajadores despedidos. Sin embargo, la empresa aún se niega a acatar la orden:

“Nuestro empleador Textiles Camones, la sexta empresa exportadora textil de Perú, nos despidió en 2012 por organizarnos sindicalmente. Somos un grupo que firme, después de casi 7 años, hemos ganado definitivamente nuestra reposición. La empleadora ahora se niega acatarla”

explicó Lorena Caceres, afilliada al sindicato de textiles Camones y a la FNTTP.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL para América Latina y el Caribe, Marino Vani, dijo al respecto:

“IndustriALL celebra la victoria de los trabajadores del Sindicato de textiles Camones, el cual pertenece a nuestra afiliada FNTTP. Le exigimos a las autoridades de la empresa Camones que respeten la orden judicial y reintegren a los trabajadores despedidos injustamente. ¡Sin lucha no hay victorias!”

Para mejorar las condiciones de los trabajadores/as, IndustriALL y Esprit se comprometen a trabajar conjuntamente

El acuerdo señalado cubre a 525.000 trabajadores y trabajadoras en más de 1.100 empresas proveedoras de textiles, calzado y prendas de vestir para Esprit en 27 países.

En el acuerdo que firmó con IndustriALL, Esprit reconoce el papel clave que realiza la libertad de sindicación y de negociación colectiva, empoderando a la fuerza de trabajo, y desarrollando adecuadas relaciones laborales. Mediante este acuerdo, IndustriALL y Esprit colaborarán para establecer mecanismos que faciliten a los sindicatos locales la negociación de convenios colectivos detallados con todos los proveedores de Esprit a nivel nacional o local.

Bajo el acuerdo, IndustriALL y Esprit colaborarán para procurar que sus contratistas, subcontratistas y proveedores principales apliquen las normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluida la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y muchos otros convenios de la OIT y normas internacionalmente reconocidas.

Conjuntamente con IndustriALL, Esprit se compromete a:

Ante este importante avance, Valter Sanches, Secretario General de IndustriALL, señaló:

Este es un gran paso adelante para Esprit y para medio millón de personas que trabajan en su cadena de suministro mundial. Esprit reconoce que la mejor manera de empoderar a los trabajadores y trabajadoras de los sectores del textil y de la confección es crear un ambiente de trabajo donde puedan afiliarse libremente a un sindicato y realizar negociaciones colectivas, estando protegidos por las más altas normas internacionales del trabajo. Esperamos con entusiasmo trabajar con nuestros afiliados y aprovechar este acuerdo global para ayudar a mejorar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Por otro lado, Lary Brown, Vicepresidente de Cumplimiento Social y Sostenibilidad a Nivel Mundial de Esprit, manifestó:

Esprit recibe con gran entusiasmo esta colaboración. El Código de Conducta para Proveedores de Esprit siempre ha incluido la libertad de sindicación. Este acuerdo nos dará nuevas herramientas para cumplir de manera significativa con este compromiso.

Esprit ya se ha asociado con IndustriALL como miembro de la Iniciativa ACT (Acción, Colaboración, Transformación), que tiene como objetivo implementar un salario digno en zonas productoras de prendas de vestir al permitir la negociación colectiva en este sector en los principales países productores.

Esprit es también miembro del Comité Directivo del Acuerdo de Bangladesh sobre Seguridad en la Construcción de Edificios y de Instalaciones de Sistemas contra Incendios, creado por IndustriALL y UNI Global Union para mejorar las condiciones en las fábricas de prendas de vestir después de la tragedia que se produjo en la fábrica de Rana Plaza en 2013.

Esprit, con sede en Alemania y Hong Kong, vende ropa, calzado, accesorios y artículos para el hogar en 41 países. Todos sus productos son fabricados por empresas proveedoras. La mayor parte de la producción se realiza en Bangladesh y China. También hay mucha producción en Turquía, Vietnam, India y Pakistán.

Industrial Chile marcha contra la precarización del empleo juvenil

La marcha convocó a diversas organizaciones sociales y sindicales que manifestaron su rechazo al Estatuto Laboral Juvenil, un proyecto que fue aprobado el 12 de julio en la Cámara de Diputados. Según el Gobierno, la iniciativa promueve la contratación “de calidad” de estudiantes entre 18 y 28 años en los distintos centros de trabajo. Según los trabajadores, promueve el trabajo precario para los jóvenes.

Tras la movilización por las principales calles de la ciudad de Santiago, los manifestantes le entregaron una carta al Ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, en la que criticaron la política laboral que emprende el Gobierno y detallaron diversas propuestas de los trabajadores.

“La posibilidad de regular a jóvenes que trabajan y estudian, servirá para que empresarios inescrupulosos los utilicen para abaratar costos, efectuar reemplazo de mano de obra con Derechos Colectivos, precarizando aun más el empleo y la negociación colectiva. No se entiende la creación de una nueva figura de trabajadores con menos derechos”

sostuvo Industrial Chile – Constramet en el documento entregado a las autoridades.

Las organizaciones sindicales critican que la propuesta no se debatió de forma tripartita, como establecen las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto permitió que se vulneren derechos, como por ejemplo se niega la indemnización por años de servicio, se niega la posibilidad de acceder a ciertos beneficios sociales y se hace inefectiva la negociación colectiva.

En la carta otorgada, Industrial Chile también pidió la implementación de políticas públicas que incentiven proyectos de inversión para motivar el desarrollo de industrias que promuevan la creación de empleo.

Por otro lado, los trabajadores también se manifestaron para rechazar las acciones que lleva adelante la Dirección del Trabajo, que van en contra de los intereses de los trabajadores. Expresaron que se condena a los trabajadores que negocian colectivamente a ser despedidos y reemplazados por nuevos trabajadores, a fin de debilitar la organización sindical.

Aseguran que están poniendo en peligro mínimos comunes que les costó décadas restituir, como el derecho a que el sindicato negocie sin un grupo negociador al lado y el derecho a que poder hacer huelga sin reemplazo.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani sostuvo:

“Felicitamos a Industrial Chile-Constramet por su iniciativa contra el trabajo precario. Es importante defender el derecho de los jóvenes a tener un trabajo decente. Rechazamos la nueva ley de empleo juvenil y respaldamos las próximas acciones en defensa de los derechos que fueron ganados con años de lucha!”

Solidaridad triunfa. Trabajadores/as de ascensores de Orona logran convenio en Noruega

Los mecánicos de construcción de ascensores querían establecer un convenio colectivo para hacer que las condiciones de trabajo cumplan con las normas para el sector. En Noruega, después de que la empresa se negó a entablar negociaciones, 19 trabajadores/as declararon la huelga el 14 de mayo. Casi tres meses después, la huelga terminó al alcanzar un convenio entre el sindicato y Orona. La ronda final de las negociaciones se extendió por 13 horas.

Orona quiso evitar la representación sindical en este sector en Noruega, donde los sindicatos tradicionalmente han tenido mucha fuerza. Además, la empresa también quiso emplear a un mayor número de trabajadores/as subcontratados en Noruega. La reivindicación principal de los trabajadores/as noruegos era que Orona, uno de los mayores fabricantes de ascensores en Noruega, firmara un convenio colectivo para el sector que ya cubre a la fuerza de trabajo de Thyssenkrupp, Kone y Otis.

IndustriALL instó a la empresa a detener los ataques contra los derechos de negociación colectiva, específicamente la amenaza de cerrar una planta solamente porque los trabajadores/as exigen cumplimiento de sus derechos fundamentales. IndustriALL también pidió a Orona entablar negociaciones justas con representación de la fuerza de trabajo correspondiente y proporcionar un proceso de negociación justo y abierto con respecto a los convenios fundamentales de la OIT y la legislación noruega.

Ahora, el sindicato de constructores de ascensores de Noruega ha ganado esta importante batalla: la compañía volvió a la mesa de negociaciones y tuvo que aceptar el convenio, comprometiéndose también a no usar subcontratación en las operaciones respectivas. Aunque se trata de una planta pequeña, esto constituye un gran avance para los sindicatos noruegos y para los trabajadores/as de Orona en todo el mundo, ya que anteriormente la empresa se había opuesto a la mayoría de los intentos de organizar a sus trabajadores/as.

Matthias Hartwich, Director de Ingeniería Mecánica de IndustriALL, señaló:

“Aunque es un sindicato pequeño, nuestros colegas noruegos han demostrado fortaleza, empeño y solidaridad. Hicimos todo lo posible para mostrar también la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo; no podemos permitir que las empresas multinacionales continúen aplicando sus políticas antisindicales”.

Por su parte, Markus Hansen, Presidente del Sindicato de Trabajadores de Construcción de Ascensores de Noruega, agregó lo siguiente:

“Para nosotros, esto constituye un triunfo absoluto: se han cumplido todas nuestras reivindicaciones. Nos complace mucho la firmeza de nuestros 19 mecánicos que emprendieron la lucha, dispuestos a seguir hasta el final. Hemos recibido extraordinario apoyo de otros sindicatos y constructores de ascensores. Orona se opuso empecinadamente a nuestra solicitud de establecer un convenio colectivo, e incluso dijo que se iba a retirar de Noruega. Aun así, los 19 sindicalistas se mantuvieron unidos y estaban dispuestos a sacrificar mucho para obtener este triunfo. Consideramos que esta victoria es una de las luchas más importantes que hemos realizado en esta década”.

Turquía: El Tribunal Constitucional dictamina que "la prohibición de la huelga es violación de un derecho fundamental"

En enero de 2015, el afiliado a la IndustriALL Global Union Birleşik Metal-İş inició una huelga en 38 lugares de trabajo, tras fracasar las negociaciones colectivas con la Asociación de Empleadores de la Industria Metalúrgica (MESS). La huelga fue prohibida el día siguiente por el Gobierno, aduciendo que era una amenaza para la seguridad nacional.

Entonces, Birleşik Metal-İş pidió a los tribunales administrativos y al Consejo de Estado que anularan el decreto del Gobierno, argumentando que una huelga en el sector del metal jamás podría afectar a la seguridad nacional. La petición no fue aceptada por el Consejo de Estado, a pesar de la jurisprudencia anterior.

De acuerdo con la Constitución turca, una vez agotados todos los recursos legales ordinarios "cualquiera puede recurrir al Tribunal Constitucional sobre la base de que uno de los derechos y libertades fundamentales  en el ámbito de la Convención Europa de Derechos Humanos garantizados en la Constitución está siendo violado por las autoridades públicas".

Seguidamente el sindicato llevó el caso al Tribunal Constitucional, que ahora ha decidido que la prohibición de la huelga es una violación de los derechos  sindicales, y que la seguridad nacional se ha invocado de forma arbitraria. El tribunal ha ordenado que el Gobierno pague 50.000 liras turcas (9.000 euros) al sindicato en concepto de indemnización.

Desde la prohibición de la huelga en 2015, ha habido otra ronda de negociación colectiva, prohibiendo el Gobierno, una vez más, las huelgas por motivos de seguridad nacional, Sin embargo, esta última sentencia se considera una victoria del sindicato.

En un comunicado, Birleşik Metal-İş dijo:

Con esta decisión, el Tribunal Constitucional ha mostrado claramente que el Gobierno toma decisiones de prohibición de huelgas de manera arbitraria, con lo que se menoscaba el derecho a la huelga. Por supuesto, esta decisión tiene lugar más de tres años después de la prohibición de la huelga, y la indemnización es demasiado baja, por lo que no se puede considerar justa. Los trabajadores han perdido mucho más que esta cantidad debido a la prohibición de la huelga.

No obstante, es importante que el más alto tribunal del país haya dictaminado que estas prohibiciones de huelgas son contrarias a la Constitución. En su decisión, el Tribunal Constitucional declaró que el concepto de seguridad nacional está abierto a una interpretación subjetiva, lo que da lugar a decisiones arbitrarias. El Gobierno no ha explicado cómo estas huelgas pueden afectar a la seguridad nacional, y el término "seguridad económica" – utilizado por el Gobierno para justificar la prohibición – no es una razón válida. Por eso el Tribunal dictaminó que la prohibición de la huelga viola derechos sindicales.

El Tribunal Constitucional se pronunció de la misma manera en 2015 sobre la prohibición de la huelga en el sector del vidrio convocada por otro afiliado a la IndustriALL, Kristal-İş, en junio de 2014, que protege a 5.800 trabajadores en diez fábricas de la empresa Sisecam. En ese momento, el Tribunal adujo que la noción de seguridad nacional se debe interpretar, a pesar de las opiniones y entendimientos personales, incluso con algunas prácticas discrecionales.

Con la nueva decisión, el Tribunal Constitucional mantiene su opinión como jurisprudencia establecida. Sin embargo, las prohibiciones de huelgas subsisten después de la primera decisión del Tribunal Constitucional en 2015 en varios sectores, como la metalurgia, la minería y la banca. Durante el estado de emergencia, mediante un decreto gubernamental, se modificó el artículo pertinente de la Ley sobre Sindicatos y Convenios Colectivos del Trabajo (6356) y, además de la "salud pública y la seguridad nacional", los gobiernos pueden prohibir las huelgas en los servicios de transporte público prestados por las municipalidades metropolitanas y en los servicios bancarios si son contrarias a la estabilidad económica o financiera". Esto limita aún más el derecho de huelga.

El secretario general adjunto de la IndustriALL Global Union Kemal Özkan dice:

El derecho de huelga se menoscaba continuamente en muchas formas en Turquía. El Gobierno turco utiliza la seguridad nacional como razón para prohibir las huelgas y se pone del lado de los empleadores frente a los trabajadores. El fallo del Tribunal Constitucional muestra que las acciones del Gobierno violan los derechos sindicales establecidos en la Constitución y garantizados por los convenios internacionales suscritos por Turquía.

Seguiremos apoyando a nuestros afiliados turcos hasta que el derecho de huelga se respete en la práctica y en la ley.

Estudio del caso Glencore en Colombia

Ya en 2006, hubo denuncias de corrupción y graves violaciones de los derechos humanos. El sindicato local Sintracarbón, organización afiliada a IndustriALL Global Union, acusó a la compañía de expropiaciones forzadas y evacuaciones de aldeas enteras para permitir la expansión de las minas, en complicidad con las autoridades colombianas.

Glencore tiene varios negocios en Colombia, incluyendo su filial Prodeco, que es 100% propiedad de Glencore, que tiene dos minas colindantes (La Jagua y Calenturitas), una terminal de exportación de carbón (Puerto Nuevo) y participación en el ferrocarril que transporta carbón a esa terminal. Prodeco emplea a unas 6.000 personas.

Aunque las autoridades colombianas le han exigido integrar sus operaciones en una sola entidad comercial, Prodeco usa cinco filiales para llevar a cabo las operaciones de las dos minas, el ferrocarril y la terminal portuaria. Todas las compañías filiales operan desde la misma planta del mismo edificio en Barranquilla, compartiendo  la misma administración gerencial.

Según Sintracarbón, los trabajadores/as de las minas La Jagua y Calenturitas están sujetos a diferentes términos y condiciones de trabajo, y se les niega la posibilidad de realizar negociaciones conjuntas como sindicato con un empleador en común. Esta separación de la propiedad hace que sea mucho más difícil para el sindicato resolver problemas e identificar a un interlocutor responsable en las negociaciones.

Debilita a los sindicatos

Sintracarbón informa que, en su mina Calenturitas, Prodeco violó flagrantemente el derecho a la libertad de sindicación al discriminar contra los dirigentes y miembros sindicales, bloqueando el derecho de los trabajadores/as de elegir libremente su afiliación sindical, y socavando el proceso de negociación colectiva.

La administración también discrimina contra los dirigentes sindicales al cambiar sus turnos o cargos, aplicando medidas disciplinarias graves – incluyendo despidos o suspensiones múltiples por un supuesto mismo delito – u obligándoles a tomar permiso pagado con el fin de marginarlos.

La cra. Blanco, dirigente sindical, explicó:

Tratan a los sindicalistas como personas de segunda clase, nos persiguen y nos impiden ejercer nuestros derechos.

Usando una combinación de amenazas e incentivos, Glencore ha logrado que muchos sindicalistas renuncien al sindicato. En 2014, había 67 quejas laborales contra la filial colombiana de Glencore, Prodeco, y, en 2017, 46 estaban bajo investigación. Prodeco ha tenido que pagar casi US$500.000 en multas por sus malas prácticas laborales.

Salud y seguridad

En la mina Calenturitas, se da prioridad a la productividad sobre la salud y seguridad de los trabajadores/as. A consecuencia de las políticas ineficientes sobre seguridad industrial y salud ocupacional y el alto nivel de riesgo que acarrean las actividades mineras, se dan múltiples enfermedades laborales. Además, se aplican jornadas de trabajo ilegales de 12 horas, caminos en malas condiciones, equipos con alto nivel de vibración y elevados niveles de contaminación, que dañan la salud de los trabajadores/as. En agosto de 2017, Sintracarbón informó que hubo 13 accidentes de trabajo en menos de un mes. En enero de 2018, falleció otro minero.

Violaciones del medio ambiente

Según informó Claudia Blanco, presidenta de Sintracarbón Ciénaga:

Glencore ha violado muchas regulaciones ambientales. En enero recién pasado, 50.000 galones de diésel fueron arrojados al suelo en Puerto Nuevo debido a la perforación de uno de los tanques de almacenamiento, mantenimiento ineficaz y falta de control. Glencore trató de ocultar el hecho a las autoridades ambientales.

En 2010, después de descubrir que los niveles de contaminación atmosférica de la minería sobrepasaban los límites legales, poniendo en peligro la salud y la vida de las personas que viven cerca de las minas, el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia ordenó que Prodeco y otras compañías reubicaran las poblaciones de Boquerón, Plan Boninto y El Hatillo.

Las compañías demoraron dos años para comenzar el desplazamiento, y no se ha finalizado la reubicación de ninguna de las poblaciones. Han habido violaciones del derecho de las comunidades a participar y a tener acceso a la información.

Subcontratación

El personal se contrata a través de la agencia Manpower. La estabilidad laboral y el derecho al trabajo decente se debilitan, y los salarios se ven afectados porque no se aplican las prestaciones sociales convencionales. La libertad de sindicación está en peligro, ya que estos trabajadores/as no pueden sindicalizarse. Si se afilian a un sindicato, no se renueva su contrato a corto plazo.

Trabajadores de Albemarle Chile reclaman mejores condiciones laborales

Los trabajadores del Sindicato de Albemarle en Salar Limitada (el cual forma parte de Industrial Chile-Constramet, a su vez afiliado a IndustriALL Global Union) votaron a favor de iniciar una huelga legal para exigir las mismas condiciones laborales que la empresa le concedió a los trabajadores de la Planta La Negra de Antofagasta.

La decisión la tomaron el 26 de julio, tras rechazar la última oferta que efectuó la empresa de capital estadounidense durante el proceso de Negociación Colectiva que desarrollan desde el 13 de julio. Consideraron que la propuesta fue insuficiente porque no consideraba ninguna mejora.

El inicio de la huelga quedó en suspenso porque, tras conocer los resultados de la votación, la empresa solicitó los buenos oficios ante la inspección de trabajo, a fin de obtener una mediación obligatoria para poder continuar con las negociaciones. La primera mediación se desarrolló el 31 de agosto y no se llegó a un acuerdo.

“Los trabajadores representados por la comisión negociadora, basados en los principios de la buena fe que sustenta este proceso, nos preparamos con la mejor disposición para una reunión que a nuestro entender buscaría la forma de llegar a un acuerdo que permita terminar este proceso sin mayores dificultades.

Con profunda decepción nos dimos cuenta que la empresa solicitó la mediación, no como una forma de llegar a un acuerdo, sino simplemente para prorrogar el inicio de la huelga”

dijo el sindicato tras finalizar la mediación.

Los trabajadores del Salar aseguran que ellos son quienes trabajan en condiciones geográficas y ambientales peligrosas, y sin embargo tienen las peores remuneraciones. Por eso, piden homologar la propuesta de la empresa a lo ofrecido en mayo a los trabajadores de la Planta La Negra, que incluye el mismo Bono de Termino de Negociación, un aumento del sueldo base equivalente, el mismo Bono de Seguridad y Turno de Noche.

A su vez, el sindicato manifestó que impedirá que castiguen a los sindicatos que defienden legítimamente los derechos de sus asociados, mediante prácticas democráticas y participativas.

El secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, le escribió al Presidente y CEO de Albemarle, Luke Kissam, donde expresó:

“IndustriALL hace un llamado a la empresa Albemarle para que negocie de buena fe, recapacite respecto a sus procedimientos y le brinde las mismas condiciones laborales a los trabajadores del Sindicato del Salar.”

Sindicatos de BRICS exigen trabajo decente y desarrollo sostenible

En una reunión realizada en Durban los días 27 al 29 de julio, el BTUF aprobó un programa de desarrollo para el África centrada en el trabajo decente y el desarrollo sostenible. La reunión señalada, que tuvo lugar simultáneamente con la cumbre del BRICS en Johannesburgo, hizo un llamado en favor de la justicia social. Los sindicatos también deberían participar en la cumbre de BRICS para así reforzar el poder colectivo y desarrollar redes de solidaridad y activismo en el hemisferio sur.

Sin embargo, el BTUF manifestó su preocupación por el trabajo precario, señalando que es imprescindible que los sindicatos desarrollen una respuesta estratégica; también se solicitó a las empresas multinacionales el cumplimiento de la legislación laboral.

Entre los temas que se trataron en esta ocasión, se destacaron los siguientes: el futuro laboral; los derechos de los trabajadores/as; la salud universal; las inversiones que promueven el sector de la manufactura; la industrialización; y la sostenibilidad. Además, la creación de empleo se identificó como clave para los jóvenes, así como para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al cerrar la brecha de género en los salarios se podría mejorar el acceso de las mujeres al empleo, y debería promoverse la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Por ejemplo, los salarios dignos son importantes para contrarrestar la pobreza laboral de los jóvenes en África subsahariana, que fue del 70% en 2016. Además, el alto desempleo juvenil es un obstáculo que impide beneficiarse del dividendo demográfico que se producirá en 2030 según el informe Generación 2030 2.0 de UNICEF. Cuando esto suceda, habrá más jóvenes adultos en edad de trabajar en comparación con los ancianos. Sin embargo, si no hay trabajo esto no acarreará ningún beneficio, ya que los jóvenes estarán económicamente inactivos.

Las metas del BTUF para 2018 son inversión en la gente, infraestructura social y económica, y responsabilidad ambiental. Es importante desarrollar los conocimientos de los trabajadores/as; la innovación y las herramientas TIC de desarrollo son clave para Industria 4.0; además, se destaca la importancia del trabajo decente, la negociación colectiva y la protección social. Entre los objetivos figuran el pleno empleo y la creación de puestos de trabajo, la participación sindical y el diálogo social efectivo. Sus otros objetivos son: promover una gobernanza democrática, ética y receptiva en instituciones públicas y privadas, y la inclusividad de sistemas multilaterales internacionales.

El BTUF dice que está dispuesto a actuar "sobre muchas cuestiones que afectan a los trabajadores y trabajadoras, las comunidades, los países en vías de desarrollo, la paz y la seguridad, la producción de alimentos, el desempleo, las normas internacionales del trabajo y los derechos laborales”.

Según afirma Paule-France, Secretario Regional para África Subsahariana:

“El BTUF nos hace recordar lo crucial que es la participación de los sindicatos en el comercio internacional. Sin el escrutinio de los sindicatos, las empresas multinacionales no tomarán en cuenta los derechos humanos y laborales, por lo tanto debemos estar atentos y vigilantes”.

Algunos afiliados de IndustriALL Global Union pertenecen a federaciones que forman parte del BTUF.

Tratado Mercosur-UE amenaza la industria nacional sudamericana

El canciller argentino, Jorge Faurie, dijo en una rueda de prensa en Bruselas que la firma del tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) podría ocurrir en setiembre durante el próximo encuentro en Montevideo, Uruguay. Los trabajadores sudamericanos critican que las negociaciones se hicieron a espaldas de la población y sus consecuencias afectarán directamente a la industria nacional y el empleo.

“Esta negociación del Acuerdo Comercial Mercosur-UE puede tener consecuencias devastadoras para la industria nacional especialmente de Argentina y Brasil. Lo poco que se sabe, porque no hubo ninguna transparencia, es que el acuerdo va a ofrecer mayor acceso a los productos agropecuarios y agroindustriales en la UE, a cambio de una apertura de los mercados para otros productos manufacturados como los automóviles.”

explicó el secretario general de IndustriALL Global Union, Valter Sanches.

El cierre de las negociaciones del acuerdo es uno de los principales objetivos trazados por el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, para 2018. Macri apuesta al libre comercio para beneficiar a los inversores extranjeros, sin tomar en cuenta las consecuencias para los trabajadores.

A comienzos del año, las centrales sindicales argentinas CGT y las dos CTA emitieron un comunicado en conjunto donde rechazaron el acuerdo por considerar que era una “sentencia de muerte para la industria nacional”. Alertaron a la población sobre el impacto negativo que el acuerdo tendrá para la producción nacional en general, y para ciertas ramas de producción estratégicas. Por ejemplo, señalaron la tecnología, el sistema marítimo y fluvial, obras públicas, compras del Estado, laboratorios medicinales, industria automotriz y economías regionales.

A su vez, las centrales sindicales de Brasil CUT y Força Sindical se pronunciaron por separado contra el tratado. Principalmente explicaron que el gobierno ilegítimo de Michel Temer acelera las negociaciones de un acuerdo que traerá consecuencias por décadas, porque quiere firmarlo antes de las elecciones de octubre. Aseguraron que puede acabar con la industria nacional y destruir millones de empleos, porque incentiva una invasión de productos importados en el mercado que generará la caída de inversiones en la industria y el cierre de miles de fábricas.

Muchas multinacionales europeas tienen filiales en Brasil debido a políticas de gobiernos anteriores que exigen la producción de contenido nacional y regional. Con la apertura comercial, las multinacionales podrían cerrar sus unidades en el Mercosur y traer los productos terminados directamente de Europa donde hay una escala y un promedio de la capacidad ociosa de producción mas altos.

Finalmente, los trabajadores de los países de América del Sur consideran que el acuerdo se está negociando sin transparencia, sin debate con la sociedad y sin la participación de los trabajadores. Reclaman acceso a los detalles del acuerdo para fomentar el diálogo social, garantizar mínimamente el respeto a los derechos de los trabajadores y la preservación de la industria nacional.

“Si dependiera de los gobiernos de Brasil y de Argentina este acuerdo ya habría sido aprobado el año pasado en la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Buenos Aires.

Las negociaciones de libre comercio que ocurren de forma oscura, en ausencia de los pueblos, sólo le sirven a las corporaciones transnacionales financieramente. Para nosotros lo más importante es defender la participación de los trabajadores, de las organizaciones sindicales y de la sociedad civil en las negociaciones, oyendo a todas las partes” concluyó Sanches.