IndustriALL exige reincorporación de dirigente sindical de Indonesia

Idris Idham llevaba 24 años trabajando en el hospital Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi en Yakarta. Desde el año 2000 ha sido presidente de la seccional local de FARKES en el hospital.

Idham fue despedido por no usar la máquina de huellas dactilares en el hospital para ingresar y salir del trabajo. Como parte del convenio colectivo entre el sindicato y el hospital, Idham tiene derecho a permiso para realizar su trabajo sindical. Solía realizar estas actividades en las oficinas del sindicato por la tarde, por lo tanto no podía usar el escáner de huellas digitales del hospital al final de la jornada.

Idham ha estado bajo presión de la administración del hospital desde que fuera elegido presidente de FARKES y vicepresidente de la Confederación de Sindicatos de Indonesia, KSPI-CITU en 2017.

Recibió su primera carta de advertencia en diciembre de 2017, y aunque se había graduado en economía y trabajaba en asuntos económicos, fue trasladado a la unidad de seguridad del hospital. La administración del hospital comenzó a presionarle más todavía cuando manifestó su preocupación por la subcontratación de trabajadores/as en el hospital y acusó al director de haber cometido errores.

Idham recibió una segunda carta de advertencia en abril de 2018, y el 13 de agosto de 2018 fue suspendido en forma indefinida hasta que finalmente le enviaron una carta de despido el 29 de agosto, que ha rechazado.

El Secretario General de IndustriALL, Valter Sanches, ha escrito al Ministro de Recursos Humanos de Indonesia, cuyo ministerio está representado en la junta de supervisión del hospital. En la carta señalada, Sanches instó a reincorporar a Idham lo más pronto posible, calificando su despido como un "intento poco disimulado de desmantelamiento sindical".

En una carta con fecha 4 de septiembre, Sanches escribió lo siguiente: 

“IndustriALL Global Union insta al Gobierno de Indonesia a actuar inmediatamente para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores/as en Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, que debe incluir la reincorporación inmediata de Idris Idham, y poner fin a la intimidación y amenazas contra dirigentes sindicales y miembros de FARKES”.

Sudáfrica: Congreso del CEPPWAWU acuerda plan de acción para reactivar su organización sindical

El congreso, al que asistieron 224 delegados, se realizó en el este de Londres, del 27 al 31 de agosto. El tema central fue la reactivación del sindicato a través de la democracia participativa. El congreso hizo hincapié en la importancia de contar con un equipo de dirigentes que rinda cuentas debidamente y respete las tradiciones democráticas del movimiento sindical, sobre todo el "control del sindicato por los trabajadores/as". Se dará prioridad a programas que surjan de la base, desarrollando la confianza de los trabajadores/as en su institución.

Desde que se efectuó el último congreso en 2011, CEPPWAWU, que cuenta con 55.000 miembros, ha pasado por un período sombrío de luchas internas por el control del sindicato y de su compañía de inversión. Los tribunales calificaron estas disputas como "conflictos internos" entre facciones rivales. Durante este período, no se realizaron reuniones del comité ejecutivo nacional y se suspendió la realización de dos congresos. Se conocieron despidos y expulsiones frecuentes de los miembros, así como denuncias de fraude. Esto afectó gravemente a la membresía del sindicato, que se vio menguada.

El sindicato tampoco produjo informes financieros auditados como exige la ley y enfrentó anulación de su registro con el Departamento de Trabajo. Sin embargo, en 2017 el sindicato logró controlar la situación al despedir a Simon Mofokeng, Secretario General de ese entonces, por no presentarse a las audiencias disciplinarias.

Posteriormente, el sindicato ha adoptado un "plan de acción" para poner sus asuntos en orden, incluyendo cumplimiento urgente de la legislación. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo que deben realizar los dirigentes del sindicato. En los próximos meses, el comité ejecutivo nacional finalizará los asuntos pendientes, incluyendo el informe de la secretaría, las enmiendas constitucionales y una revisión de la organización.

Sin embargo, no se eligió a ninguna mujer a pesar de los llamamientos para la igualdad de género. Miriam Marishane, quien junto a otras mujeres se manifestó contra el tratamiento injusto que reciben las mujeres que aspiran a ser dirigentes sindicales, señaló: “Hace falta equilibrio de género en la dirigencia sindical. Los sindicatos no sólo deben predicar sobre igualdad de género, sino ponerla en práctica, incluyendo a mujeres en la dirigencia sindical”.

El congreso eligió a los siguientes dirigentes: Thamsanqa Mhlongo (Presidente), Lucas Mashego (Primer Vicepresidente), Johannes Dube (Segundo Vicepresidente), Lemmy Mokoena (Tesorero), Welile Nolingo (Secretario General) y Musa Bhengu (Secretario General Adjunto).

Por su parte, Kenny Mogane, Encargado Regional de IndustriALL para África Subsahariana, afirmó: “Felicitamos al CEPPWAWU por haber podido convocar este congreso que debió haberse realizado hace mucho tiempo. Coincidimos con las opiniones de los trabajadores y trabajadoras que quieren un sindicato fuerte y democrático. Para desarrollar el poder sindical, es clave unirse en base a programas comunes que beneficien a toda la fuerza de trabajo”.

Amenazan a trabajadores de la industria del cobre en Chile

El automóvil del dirigente del Sindicato N°3 de la División de la mina Chuquicamata de la estatal Codelco (ubicada en Antofagasta) Miguel Veliz, fue apedreado el 22 de agosto. Los autores del ataque le dejaron una nota donde efectuaron amenazas.

“La piedra tenía un mensaje adosado con consignas antisindicales que pretendían amedrantar nuestra labor sindical, pero no van a conseguirlo. El sindicato ya presentó las denuncias a las fiscalías con los nombres de las personas que me amenazaron en este último mes. Quiero hacer un llamado al Gobierno para que impida que esto continúe sucediendo” dijo Veliz.

El sindicato Nº3 forma parte de la Federación de Trabajadores del Cobre de Chile (FTC) que a su vez está afiliada a IndustriALL Global Union. El Consejo directivo nacional de la FTC denunció las amenazas y los ataques contra los dirigentes sindicales:

“Rechazamos y manifestamos nuestro total repudio a estos actos anónimos que pretenden intimidar a los trabajadores de Codelco, mediante acciones de violencia que generan temor y ponen en riesgo la integridad de las personas” manifestó el Consejo.

A su vez, aseguró que agotarán todas las instancias necesarias para que la investigación liderada por los organismos pertinentes, determinen los responsables de los ataques cobardes y apliquen toda la severidad de la ley para actos de esta naturaleza.

En tanto, el directorio del Sindicato nº3 emitió un comunicado público donde, además de condenar el ataque al líder de su organización sindical, Velíz, informó sobre otras amenazas efectuadas a la presidenta del Sindicato de Profesionales y Analistas de la División Gabriela Mistral, Ana Catalán.

Catalán recibió un llamado anónimo el 21 de agosto en el cual la amenazaron de muerte. La persona no identificada le dijo que no debía presentarse a la mesa de negociación a la que había llamado la administración de Codelco.

“Encuentro lamentable que ocurran situaciones donde intentan impedir que podamos ejercer nuestro rol en defensa los derechos de nuestros socios. Vamos a seguir trabajando con la misma convicción, para que avance la negociación y que salga lo mejor posible" dijo Catalán.

El sindicato nº3 informó que ya iniciaron las medidas en términos legales y policiales y pidieron la intervención del Gobierno de Chile para culpar a los responsables de los actos delictivos que atentan contra la libertad sindical.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, dijo al respecto:

“Rechazamos estos actos cobardes y pedimos que se esclarezca la situación lo antes posible, a fin de que los trabajadores puedan ejercer su derecho a la libertad sindical sin temor a sufrir represalias. A su vez, pedimos que Codelco continúe el diálogo de buena fe con los sindicatos y alcance un acuerdo en las negociaciones colectivas”

Dirigente sindical de México, Napoleón Gómez Urrutia, investido como senador

Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, conocido como Los Mineros, formó parte del equipo ganador del Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador y su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones generales del 1o de julio.

Gómez ha sido miembro titular del Comité Ejecutivo de IndustriALL desde su fundación en 2012. Los afiliados de IndustriALL en todo el mundo se han unido para apoyar al mencionado dirigente sindical y la campaña en favor de los sindicatos democráticos en México.

Entre las personalidades sindicales que estuvieron presentes en la ceremonia del 29 de agosto se contaban: el Secretario General de IndustriALL, Valter Sanches, y afiliados de IndustriALL;  el Presidente Internacional de United Steelworkers (USW) de EE.UU. y Canadá, Leo W. Gerard; y Len McCluskey del sindicato británico e irlandés, Unite. Los sindicatos han apoyado firmemente a Napoleón Gómez y a Los Mineros, incluso antes de que Gómez se viera obligado a marcharse de México.

Valter Sanches dijo que era motivo de gran orgullo tener un compañero elegido como parte del nuevo gobierno, que promete asumir la causa de los trabajadores y trabajadoras. Al hacer uso de la palabra, señaló:

“Para todos nuestros compañeros y compañeras que han luchado a lo largo de los años, y para aquellos que han demostrado solidaridad internacional en todo el mundo, hoy es un día para celebrar porque la solidaridad ha triunfado nuevamente”.

El exilio de Napoleón comenzó con una terrible tragedia que se produjo el 19 de febrero de 2006, cuando una explosión arrasó la mina de carbón Pasta de Conchos en el estado norteño de Coahuila, atrapando a 65 mineros a cientos de metros bajo la superficie.

Este hecho se diferencia del derrumbe de la mina San José que se registró en Chile cuatro años después, donde, milagrosamente, se logró rescatar con vida a 33 mineros atrapados bajo tierra durante 17 dramáticos días. En Pasta de Conchos, se suspendieron las labores de rescate después de sólo cinco días. El Grupo México y el gobierno mexicano incluso desconectaron la electricidad de la mina para detener la búsqueda y ocultar las violaciones de seguridad que podrían incriminar a la compañía. Esto fue antes de que supieran que los mineros estaban muertos.

Antes de que sucediera ese desastre, Napoleón Gómez, cuyo sindicato representaba a los mineros en Pasta de Conchos, ya había solicitado la suspensión de las labores en la mina hasta que las condiciones de trabajo se mejoraran. Sin embargo, la advertencia de Gómez no fue oída, y se produjo la tragedia.

Casi doce años después, los cadáveres de 63 de los 65 mineros todavía permanecen en la mina, y el gobierno mexicano no ha investigado ni demandado a los responsables.

Después de la tragedia, Gómez criticó enérgicamente al Grupo México y al gobierno mexicano, acusándolos de homicidio industrial por no haber corregido más de 40 violaciones de salud y seguridad en la mina.

En represalia por sus categóricas denuncias, el gobierno mexicano destituyó a Gómez como dirigente sindical, imponiendo a Elías Morales como Secretario General suplente de Los Mineros. Esta medida provocó protestas internacionales y las organizaciones predecesoras de IndustriALL lanzaron una campaña mundial de apoyo a Gómez y a la autonomía sindical en México.

Después de recibir amenazas de muerte por criticar al Grupo México, y ante represión cada vez mayor por parte de las autoridades, Gómez y su familia huyeron de México a principios de marzo de 2006 con la ayuda de United Steelworkers. Los días 18 y 19 de marzo de 2006, una inmensa mayoría de los sindicalistas de base de Los Mineros votó a favor de Gómez como Secretario General, rechazando a Morales.

Luego, Gómez fue perseguido en los tribunales, bajo acusaciones falsas de malversación de los fondos de Los Mineros. Gómez impugnó las acusaciones con éxito once veces hasta que un tribunal federal finalmente puso fin al caso, denunciando los cargos como infundados y anticonstitucionales.

Los dirigentes de Los Mineros fueron blancos de ataques por parte de las autoridades, y muchos de ellos fueron encarcelados. Entre éstos estuvo Juan Linares, quien estuvo ilegalmente encarcelado durante más de dos años. Una semana de acción realizada por los sindicatos mundiales y sus afiliados fue un factor clave para lograr que Linares fuera puesto en libertad en 2011.

Finalmente, en 2013, sacaron a Gómez de la lista de alerta roja de sospechosos buscados por la Interpol, y se criticó enérgicamente al gobierno mexicano por usar la Interpol para sus propios fines políticos. Significó que, por primera vez desde 2006, Gómez pudo abandonar Canadá, donde se había refugiado con su familia bajo la protección del USW, y pudo asistir a una reunión del Comité Ejecutivo de IndustriALL en Ginebra, Suiza.

En mayo de 2014, Napoleón Gómez recibió el prestigioso Premio Internacional Arthur Svensson por defensa de los derechos sindicales por su destacado papel en la lucha en favor de los sindicatos democráticos en México.

Años después de la tragedia de Pasta de Conchos, el gobierno siguió arremetiéndose contra Los Mineros, congelando las cuentas bancarias del sindicato, encarcelando a los dirigentes con acusaciones falsas, intentando eliminar el derecho legal de huelga del sindicato y utilizando la fuerza policial y militar para atacar violentamente a los trabajadores/as, causando la muerte de por lo menos cuatro activistas sindicales y dejando heridos a muchos otros.

Sin embargo, a pesar de esto, Los Mineros ha seguido siendo el sindicato más exitoso de México. Desde el extranjero, Gómez logró establecer convenios colectivos en México que permitían aumentos salariales mayores que ningún otro sindicato en el país.

Gómez, quien, en múltiples ocasiones ha sido reelegido unánimemente como dirigente de Los Mineros, dice que una de sus primeras tareas cuando regrese a México es reabrir la investigación sobre la tragedia de Pasta de Conchos. También encabezará la lucha contra los contratos de protección en México (convenios que se establecen entre sindicatos corruptos y empleadores a espaldas de los trabajadores/as); también se compromete a combatir otras violaciones de los derechos sindicales que forman la base de la queja de IndustriALL ante la Organización Internacional del Trabajo.

En la ceremonia de investidura de Gómez, Leo W. Gerard, de United Steelworkers, señaló:

“La lucha de Napoleón Gómez y Los Mineros es una lucha de importancia fundamental para los trabajadores y trabajadoras en América del Norte y en todo el mundo. Con Napoleón en el Senado, el nuevo gobierno de México se halla en condiciones de superar décadas de corrupción y dominación corporativa, para introducir mejoras auténticas en los derechos y niveles de vida de los trabajadores y trabajadoras mexicanos. El movimiento sindical mundial debe apoyar estas campañas, exigiendo que se rindan cuentas para las víctimas de décadas de represión, incluyendo para las familias de los mineros de Pasta de Conchos”.

El Secretario General de Unite, Len McCluskey, acotó: “Durante 12 años, Napoleón Gómez resistió las maniobras del gobierno mexicano y de las corporaciones más grandes de México que intentaban destruirle a él y a su sindicato. El regreso de Napoleón a México para su investidura como senador de la República de México no es sólo una victoria para la valiente y digna campaña que han realizado él y Los Mineros, sino también para la solidaridad mundial ante la injusticia. Unite se enorgullece de estar hombro con hombro con Napoleón y su sindicato. Su lucha es nuestra lucha y le deseamos todo éxito en la transformación de México, luchando por un mundo mejor”.

Exigimos poner fin a las políticas antisindicales en la mayor empresa fabricante de perchas del mundo

La administración de Mainettech Lanka (Pvt) Ltd, filial de Mainetti, insiste en no reconocer al Sindicato de Empleados de Zonas Francas y Servicios Generales (FTZ & GSEU, organización afiliada a IndustriALL), como interlocutor en la negociación colectiva. A consecuencia de esta posición patronal negativa, la empresa ha despedido al encargado de organización de la seccional sindical en cuestión.

El sindicato también informa que la empresa presionó a algunos miembros para que renunciaran al sindicato. Como resultado de la presión ejercida por la empresa, y por su campaña de amenazas de despidos masivos, los trabajadores/as decidieron disolver el sindicato.

El conflicto se prolongó durante varios meses. Comenzó luego de que FTZ & GSEU logró sindicalizar a 88 trabajadores/as en Mainettech Lanka (Pvt) Ltd, filial de Mainetti en Sri Lanka, sobrepasando el 40% de la fuerza de trabajo que un sindicato debe tener para ser reconocido como interlocutor en la negociación colectiva.

La compañía planteó que el sindicato no tenía suficientes miembros como para superar el 40% de representación. Sin embargo, FTZ & GSEU señala que un 60% de los trabajadores/as manuales con contratos permanentes en Mainettech Lanka son miembros del sindicato. Esta cifra no incluye a los trabajadores/as contratados a través de agencias ni aquellos que llevan menos de 90 días de trabajo en la empresa.

En febrero de 2018, Mainettech suspendió al encargado de organización, al vicepresidente y al secretario de la seccional sindical, argumentando que habían organizado reuniones sindicales durante horas de trabajo, interrumpiendo la producción. Sin embargo, el sindicato señala que no se realizaron tales reuniones. Después de una investigación interna, el encargado de organización de la seccional sindical, el Sr. G.G. Mahinda, fue despedido en mayo de 2018.

La empresa matriz, Mainetti, que emplea a más de 5.000 personas en 49 países, provee productos para algunas de las marcas más importantes del mundo, entre ellas Abercrombie & Fitch, Nike, Hugo Boss, Walmart, etc.

Después de que IndustriALL se comunicó con los clientes en abril de 2018 para informarles acerca del conflicto en su cadena de suministro, la administración de la filial de Sri Lanka comunicó que suspendería el diálogo sobre las reivindicaciones del sindicato. 

Según FTZ & GSEU, la administración siguió intimidando a los trabajadores/as, amenazando con el cierre de la fábrica si el sindicato no se disolvía. A consecuencia de esto, algunos miembros del sindicato firmaron cartas para renunciar a su membresía sindical.

En junio de 2018, Mainettech amenazó al presidente del sindicato con una acción disciplinaria por cargos falsos que él rechazó enérgicamente. Bajo presión cada vez mayor, liquidó el sindicato y se retiraron las acusaciones.

Mainettech también ha establecido un consejo de empleados sin otorgar derecho de voto a los trabajadores/as, y sin observar el protocolo establecido.

Anton Marcus, Secretario Adjunto de FTZ & GSEU, señaló: “La administración de Mainettech debe dejar de aplicar políticas antisindicales,  reinstalar al encargado de organización de la seccional sindical y dejar de usar el consejo de empleados para socavar el sindicato. Los trabajadores y trabajadoras deberían poder ejercer libremente su derecho de afiliación sindical tal como se establece en la constitución de nuestro país”.

Por su parte, Valter Sanches, Secretario General de IndustriALL, afirmó:

“Los trabajadores y trabajadoras de la filial de Mainetti en Sri Lanka realmente han sido abandonados, quedando sin sindicato, a pesar de su deseo de contar con la representación de nuestro afiliado. Instamos a Mainetti a intervenir para resolver el conflicto en Mainettech Lanka, para que FTZ & GSEU sea reconocido como legítimo interlocutor en la negociación colectiva. También queremos que se reintegre inmediatamente al antiguo encargado de organización de la seccional. Seguiremos en comunicación con las marcas que adquieren productos de Mainettech para que cumplan con sus acuerdos globales sobre el respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras a lo largo de su cadena de suministro”.

“¡Volver a la plantación!” El sindicato combate el cierre de la refinería en Trinidad y Tobago

En vísperas del 56º aniversario de la independencia de Gran Bretaña, el Gobierno de Trinidad y Tobago anunció ayer el cierre de la única refinería del país, con la pérdida de 2.500 empleos permanentes en la empresa petrolera estatal Petrotrin. El anuncio forma parte de un plan de reestructuración de la empresa, muy endeudada. Los 3.500 trabajadores serán enviados a casa, pero unos 1.000 podrán volver a solicitar sus empleos.

La dirección de la empresa se reunió ayer con la OWTU, afiliada a la IndustriALL Global Union. Aunque el Gobierno y la empresa niegan los planes de privatización, el presidente general, Ancel Roget, dijo:

“Así que van a cerrar la refinería. ¿Y qué van a hacer con ella después? Sospechamos que después de enviar a los trabajadores a casa, hacer una operación de terminal, importar combustible a alto coste, y utilizar las divisas para importar ese combustible, procederán a una venta de liquidación. Surgirán los verdaderos propietarios….

¡Esto significa volver a la plantación! Volver a ser productores de materias primas. Produciremos crudo, pero en lugar de refinarlo nosotros, lo venderemos. Y otros obtendrán el valor añadido, al revendérnoslo."

La OWTU viene expresando preocupaciones desde hace mucho sobre la gestión de la empresa en dificultades, y desde 2008 ha pedido que se reestructurase de manera que la población se beneficie. Petrotrin es la mayor empresa estatal de Trinidad y Tobago, y es un pilar de la economía. Sin embargo, los años de mala gestión han llevado a una dramática caída de la producción y a una pérdida de miles de millones de dólares en valor.

Entre las preocupaciones expuestas por el sindicato cabe citar un número alarmante de muertes y otros problemas de seguridad, que no se han resuelto, una falta de inversión en una infraestructura que envejece, la adjudicación corrupta de contratos y el patrocinio político. Los megaproyectos han culminado con excesivos sobrecostes, no se han terminado a tiempo, y no han reportado beneficios.

El sindicato se indignó por una declaración del ministro de energía, quien afirmó que la factura salarial representa el 50 por ciento del coste de la empresa, muy endeudada. El sindicato ha demostrado que los salarios suponen sólo el 11 por ciento, y que la razón del endeudamiento es un legado de mala gestión.

“Trinidad y Tobago celebrará 56 años de independencia de Gran Bretaña el 31 de agosto", dijo el portavoz del sindicato, Ozzie Warwick.

Pero, ¿cómo puede haber independencia económica si nosotros, el pueblo, no ocupamos los puestos de mando de la economía”

El secretario general de la Industrial, Valter Sanches, pidió el Gobierno de Trinidad y Tobago que incluya e la OWTU en las negociaciones sobre la reestructuración de la empresa, diciendo:

Con esta decisión no sólo se destruirá el medio de vida y el bienestar de los trabajadores y sus comunidades, sino que se retrotraerá al país a la época colonial.

La cesión de soberanía—sobre la explotación de recursos naturales esenciales, y la generación de productos de valor añadido—a intereses privados, iría en contra de las aspiraciones de la población y de los trabajadores de Trinidad y Tobago para consolidar su democracia y lograr el desarrollo sostenible en sus propios términos.

La IndustriALL pide a sus afiliados que se solidaricen con la OWTU en su lucha por salvar los empleos de sus miembros, y los activos de la población de Trinidad y Tobago.

Líderes sindicales de Colombia sufren amenazas y violencia

19 sindicalistas fueron asesinados en lo que va de 2018 en Colombia. Así lo afirma el Índice Global de los Derechos de la CSI que cataloga al país entre los 10 peores países para los trabajadores.

Del mismo modo, otro informe denominado “Violencia antisindical, impunidad y protección a sindicalistas en Colombia” de la Escuela Nacional Sindical afirma que de 2012 a 2017 hubo 2220 violaciones a los derechos a la vida, la libertad e integridad cometidas contra sindicalistas, de los cuales 143 fueron homicidios.

La violencia es ejercida también contra líderes sociales. La Defensoría del Pueblo de Colombia publicó que del 1 de enero de 2016 al 22 de agosto de 2018 asesinaron a 343 líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país.

Por ese motivo, los representantes de las federaciones sindicales internacionales en América Latina le enviaron una carta al presidente Duque donde le expresaron su preocupación por el aumento de la violencia y las amenazas contra lideres tanto sindicales como sociales.

En la carta denuncian que si bien hace casi 2 años que el país lleva a cabo un Proceso de Paz, el mismo no generó estabilidad a nivel nacional, ni en materia económica ni en relación a los derechos humanos y la justicia social.

“Es evidente que si una nación no puede defender la vida de sus ciudadanos, cuando ellos justamente están luchando por los derechos humanos, es imposible generar condiciones de justicia social” expresaron.

Por ese motivo, le pidieron mayores mecanismos de seguridad, que otorguen protección a los ciudadanos de Colombia. A su vez, consideraron necesario que revise los procedimientos judiciales para terminar con la impunidad de los crímenes.

Con este pedido, la federaciones se unen también a la solicitud de las Naciones Unidas en Colombia, quien recientemente condenó los asesinatos de todos los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. Instó al Estado colombiano a reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las y los colombianos en todos los rincones del país.

Finalmente, las organizaciones sindicales reforzaron su compromiso a entablar un diálogo honesto, permanente y constructivo con el Gobierno. Buscan establecer un programa que fomente el empleo decente, implemente mecanismos de inspección para terminar con el empleo informal y se establezcan las bases para promover la negociación colectiva por rama de actividad.

La tragedia de Bangladesh trasciende sus fronteras: los países de la OCDE deben actuar para salvar vidas en el sector de la confección

A partir de esta horrible tragedia, el mundo comenzó a preocuparse por la seguridad de quienes fabrican su ropa, y cómo lo hacen. Después de desoír muchas advertencias, las marcas mundiales de indumentaria ya tuvieron que prestar atención a las peligrosas condiciones de trabajo en sus fábricas proveedoras. Se reveló que las auditorías de seguridad autorreguladas eran un engaño.

Los sindicatos mundiales, IndustriALL y UNI, aprovecharon el momento para establecer el Acuerdo de Bangladesh sobre seguridad en la construcción de edificios y de instalaciones de sistemas contra incendios, acuerdo sin precedentes, legalmente vinculante entre sindicatos y marcas. El objetivo: que ningún trabajador/a tenga por qué temer incendios, derrumbes u otros accidentes que podrían evitarse al aplicar medidas razonables de salud y seguridad. Significaba que las marcas tenían que asumir la responsabilidad de hacer que sus fábricas proveedoras sean seguras, y de contribuir para financiar el costo de las remediaciones.

Desde ese entonces, ingenieros que trabajan para el Acuerdo de Bangladesh, expertos en seguridad de edificios y medidas de protección contra incendios, han inspeccionado más de 1.600 fábricas donde se fabrican prendas de vestir para más de 200 marcas y minoristas. Las inspecciones iniciales identificaron 118.500 riesgos de incendio, eléctricos y estructurales, de los cuales se corrigió un 84%. El equipo de entrenamiento del Acuerdo ha realizado 2.838 sesiones de capacitación del comité de seguridad para los trabajadores/as de más de 1.000 fábricas.

El Acuerdo de Bangladesh funciona porque se hace respetar. Ante el Tribunal Permanente de Arbitraje en La Haya, se demandó a dos marcas internacionales que no cumplieron con sus compromisos legales. Gracias a esta acción, se pudo utilizar millones de dólares de indemnización para remediar los problemas que ponían en peligro la vida de los trabajadores/as en las fábricas proveedoras de esas marcas. Se han abonado otros US$ 300.000 a un fondo para apoyar el trabajo que realizan IndustriALL y UNI para mejorar los salarios y las condiciones de la fuerza de trabajo en las cadenas de suministro mundiales.

Cinco años después, el Acuerdo de Bangladesh es un modelo para las relaciones laborales, demostrando que las marcas y los sindicatos pueden trabajar conjuntamente para resolver problemas sistémicos. No cabe duda que la industria de la confección en Bangladesh es más segura, y que se han salvado muchas vidas.

Sin embargo, no se ha terminado el trabajo del Acuerdo, que venció a fines de mayo de 2018. Todavía existen demasiados problemas que ponen en peligro la vida de la gente en las fábricas proveedoras. Por este motivo, más de 180 marcas (con otras que vienen en camino) han firmado el nuevo Acuerdo de Transición 2018, que ya cubre a aproximadamente 2 millones de trabajadores/as de la confección en Bangladesh, en su mayoría mujeres.

El Acuerdo de 2018 tiene mayor alcance, cubriendo calzado y textiles para el hogar, y otorga más poder a los trabajadores/as, lo cual es un factor clave. El nuevo Acuerdo cumple con las Directrices de la OCDE sobre la Diligencia Debida para la Gestión Responsable de las Cadenas de Suministro en el Sector de la Confección y el Calzado, reconociendo que los trabajadores/as no son secundarios, sino parte esencial del proceso de diligencia debida. El Acuerdo defiende la importancia de la libertad de sindicación para asegurar que los trabajadores/as tengan voz y voto auténticos en la protección de su propia seguridad. También establecerá un protocolo respecto a la capacitación y quejas de tal manera que se respete este derecho.

Si los trabajadores/as no tienen derechos, no perdurarán los avances logrados en materia de salud y seguridad. En Bangladesh, continúan la grave violencia y discriminación antisindicales, lo que hace que frecuentemente sea imposible que los trabajadores/as formen sindicatos y realicen negociaciones colectivas.

Los países de la OCDE deben denunciar los ataques contra los trabajadores/as y sindicatos en Bangladesh. Los países miembros de la OCDE tienen el compromiso de defender los derechos laborales fundamentales y suscribirse a las Directrices para comprometer a las empresas multinacionales a asumir responsabilidad por los trabajadores/as en sus cadenas de suministro mundiales. Esto también debe incluir trabajar con los sindicatos a nivel nacional o sectorial para lograr salarios que, por lo menos, satisfagan las necesidades básicas de los trabajadores/as y sus familias.

La UE, como el mayor socio comercial de Bangladesh, también tiene un papel importante que desempeñar. Bangladesh se beneficia de aranceles comerciales preferenciales en virtud del Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE. A su vez, se pide que Bangladesh ponga en práctica los convenios clave de derechos humanos de la ONU y de la Organización Internacional del Trabajo. Es evidente que Bangladesh no cumple con este requisito, a pesar de haberle dado a ese país muchas oportunidades para corregir la situación. Los países de la OCDE, muchos de los cuales también son miembros de la UE, no pueden hacer vista gorda ante estas violaciones de los derechos. Deben denunciar estas irregularidades.

El Acuerdo de Bangladesh continuará su trabajo hasta 2021, o hasta que el gobierno de Bangladesh esté en condiciones para encargarse de esas funciones.

Contamos con las herramientas necesarias para poder mejorar el sector de la confección. Debemos usarlas. Nunca había sido tan intensa la presión pública para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores/as de la confección: ahora es el momento de promover el cambio. De ello depende la vida de los trabajadores/as de la confección en Bangladesh y en muchos otros lugares.

Este artículo fue publicado originalmente en el OECD Observer

©OECD Observer, agosto de 2018

Belarús: Dos líderes de un sindicato independiente condenados a pesar de la falta de pruebas

Durante el juicio en el tribunal del caso denominado "Caso de los sindicatos" no se presentó ninguna prueba convincente. La mayoría de las pruebas presentadas en el tribunal parecían amañadas u obtenidas en violación de las normas legales de Belarús o no guardaban relación con el período de 2011-2012, que es el que se juzgaba. En su último alegato, los abogados defensores solicitaron la absolución total de ambos dirigentes.

Natalia Matskevich, la abogada de Gennady Fedynich, dijo (declaración completa):

“Cualquiera de las pruebas presentadas por la fiscalía que se considere, si se examina atentamente, se desmorona como la arena. Se obtuvieron mediante una evidente violación de la ley (es decir, que son inaceptables) o suscitan dudas sobre su fiabilidad, o no tienen nada que ver con la acusación presentada."

La jueza declaró a Gennady Fedynich y a Ihar Komlik culpables de evasión fiscal y los condenó a una multa de 47.500 BYN (más de 23.000 $ EE.UU.), a cuatro años de prisión, con suspensión de pena y a la prohibición de ocupar cargos de alto nivel durante 5 años. Ambos líderes tendrán que pagar además las costas del juicio y multas administrativas. La juez no siguió la petición de la fiscalía de confiscar los bienes de los líderes sindicales, y también anuló la orden emitida sobre sus apartamentos, tierras y automóviles privados.

Si la sentencia se mantiene, a pesar de los recursos preparados por los abogados sindicales, Gennady Fedynich no podrá seguir siendo presidente del sindicato, y lo mismo sucede con Ihar Komlik. La prisión con suspensión anunciada no es mucho mejor que el encarcelamiento, ya que la privación de la libertad de movimientos de ambos líderes estará restringida por numerosas disposiciones.

El anuncio del veredicto fue acogido con gritos de "¡Vergüenza!".

En la mañana del día del anuncio del veredicto, decenas de miembros sindicales y representantes de la sociedad civil presentaron una apelación a la jefatura del estado en la Administración del presidente solicitando que se detuviera el proceso contra los líderes sindicales.

Durante el anuncio del veredicto se organizó una un piquete cerca de la Casa de la Justicia. La policía antidisturbios detuvo a los manifestantes más activos, entre ellos activistas del sindicato REP, Pavel Mrochko de Brest, y Alexander Chmyhov de Bobruisk.

La IndustriALL ha cubierto las audiencias en el tribunal en un blog especial. Además,  en la mayoría de las audiencias hubo observadores de afiliados nacionales de la IndustriALL; todos ellos coincidieron en que el caso tenía motivaciones políticas y en que los fiscales no presentaron verdaderas pruebas.

Kemal Ozkan, secretario general adjunto de la IndustriALL, y Vadim Borisov, secretario regional de la IndustriALL, asistieron al anuncio del veredicto.

Kemal Ozkan denominó a los líderes "prisioneros políticos", y dijo:

"La "IndustriALL Global Union cree que a pesar de que el caso de los sindicatos era contra dos personas, para nosotros es algo contra el propio sindicato y, en un sentido más amplio, contra los derechos de los sindicatos independientes. La IndustriALL y sus afiliados seguirán apoyando a la REP, a Gennady Fedynich y a Ihar Komlik en su lucha por defender y promover los derechos de los trabajadores en este país."

Gennady Fedynich, presidente del sindicato REP y miembro del Comité Ejecutivo de la IndustriALL, comenta sobre el veredicto:

"Con el veredicto del día de hoy, las autoridades belarusas han mostrado que no se molestan en cumplir las normas internacionales que han suscrito. Ahora esperamos que Europa reaccione, porque esta indiferencia por las normas que se aplican en toda Europa es inaceptable."

Ihar Komlik, presidente de la organización REP en la ciudad de Minsk, y jefe de contabilidad del sindicato REP, dice que el veredicto es una "recompensa" al sindicato REP y a su dirección por la labor realizada por el sindicato.

"El veredicto confirma una vez más que a Belarús no le preocupa lo más mínimo la legislación internacional ni nacional. El veredicto pronunciado no se basa en pruebas; su única razón es la motivación política de que el sindicato REP representa una amenaza a la legalidad, incluidas las relaciones laborales en Belarús."

 

La IndustriALL seguirá de cerca la situación en Belarús e intensificará la campaña en apoyo de los sindicatos independientes belarusos mediante diversas acciones, incluidas gestiones ante organizaciones intergubernamentales.

Trabajadores de la industria naval argentina marchan contra la represión

Decenas de trabajadores fueron agredidos con balas de goma y gases lacrimógenos mientras marchaban el 21 de agosto en defensa del empleo, del Astillero estatal y por la soberanía de la industria naval argentina.

Según indicó la Central de Trabajadores de Argentina (CTA Autónoma), los incidentes producidos en la ciudad de La Plata se llevaron a cabo bajo órdenes de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

La organización sindical decidió desarrollar un paro provincial de actividades el 22 de agosto en repudio a las agresiones recibidas. A su vez, reforzó las medidas de protesta en las calles el día 23 “en reclamo del diálogo y no de represión”.

El plan de acción lo aprobaron tras sufrir meses de ataques por parte del Gobierno provincial, de enfrentar persecución sindical y de conocer que existe la posibilidad de que privaticen uno de los astilleros de mayor actividad e importancia de Latinoamérica, lo cual significaría miles de despidos.

“Nos encontramos ante una situación donde el desarrollo productivo y soberano no es una prioridad gubernamental. En lugar de la privatización o el cierre del Astillero, exigimos trabajo e inversión en la industria naval, porque son 3.300 familias las que están en riesgo”

dijo la Coordinación nacional de los trabajadores/as de la industria de la CTA en una comunicación oficial.

Los trabajadores rechazan la paralización de las obras y el desfinanciamiento de los trabajos ya comenzados, lo que revela un intento por desmantelar la empresa estatal. La posible privatización del Astillero Río Santiago acompañaría un contexto de ajuste económico que se vive desde la asunción de Mauricio Macri como presidente de la República.

Por ese motivo, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Nacional) y desde la CTA Autónoma tomaron la decisión de nacionalizar la lucha, dado que consideran que se enmarca en un cuadro más amplio. El próximo paso será planificar un Paro Nacional de actividades con cortes y movilizaciones en todo el país.

“IndustriALL Global Union lamenta lo que sucede en Argentina, tanto el desmonte de las políticas de Estado como las políticas de destrucción de la industria naval. A su vez, repudiamos la violencia, represión y el terrorismo de Estado que promueve el Gobierno de Macri. Es lamentable que un Gobierno use el aparato del Estado para imponerle al pueblo políticas nefastas, en favor del capital trasnacional.

Nos solidarizamos con los compañeros del Astillero en sus justas luchas y manifestamos nuestra solidaridad tanto con las familias de los trabajadores como con el resto del pueblo argentino”

concluyó el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani.