“¡Volver a la plantación!” El sindicato combate el cierre de la refinería en Trinidad y Tobago

En vísperas del 56º aniversario de la independencia de Gran Bretaña, el Gobierno de Trinidad y Tobago anunció ayer el cierre de la única refinería del país, con la pérdida de 2.500 empleos permanentes en la empresa petrolera estatal Petrotrin. El anuncio forma parte de un plan de reestructuración de la empresa, muy endeudada. Los 3.500 trabajadores serán enviados a casa, pero unos 1.000 podrán volver a solicitar sus empleos.

La dirección de la empresa se reunió ayer con la OWTU, afiliada a la IndustriALL Global Union. Aunque el Gobierno y la empresa niegan los planes de privatización, el presidente general, Ancel Roget, dijo:

“Así que van a cerrar la refinería. ¿Y qué van a hacer con ella después? Sospechamos que después de enviar a los trabajadores a casa, hacer una operación de terminal, importar combustible a alto coste, y utilizar las divisas para importar ese combustible, procederán a una venta de liquidación. Surgirán los verdaderos propietarios….
¡Esto significa volver a la plantación! Volver a ser productores de materias primas. Produciremos crudo, pero en lugar de refinarlo nosotros, lo venderemos. Y otros obtendrán el valor añadido, al revendérnoslo."

La OWTU viene expresando preocupaciones desde hace mucho sobre la gestión de la empresa en dificultades, y desde 2008 ha pedido que se reestructurase de manera que la población se beneficie. Petrotrin es la mayor empresa estatal de Trinidad y Tobago, y es un pilar de la economía. Sin embargo, los años de mala gestión han llevado a una dramática caída de la producción y a una pérdida de miles de millones de dólares en valor.

Entre las preocupaciones expuestas por el sindicato cabe citar un número alarmante de muertes y otros problemas de seguridad, que no se han resuelto, una falta de inversión en una infraestructura que envejece, la adjudicación corrupta de contratos y el patrocinio político. Los megaproyectos han culminado con excesivos sobrecostes, no se han terminado a tiempo, y no han reportado beneficios.

El sindicato se indignó por una declaración del ministro de energía, quien afirmó que la factura salarial representa el 50 por ciento del coste de la empresa, muy endeudada. El sindicato ha demostrado que los salarios suponen sólo el 11 por ciento, y que la razón del endeudamiento es un legado de mala gestión.

“Trinidad y Tobago celebrará 56 años de independencia de Gran Bretaña el 31 de agosto", dijo el portavoz del sindicato, Ozzie Warwick.

Pero, ¿cómo puede haber independencia económica si nosotros, el pueblo, no ocupamos los puestos de mando de la economía”

El secretario general de la Industrial, Valter Sanches, pidió el Gobierno de Trinidad y Tobago que incluya e la OWTU en las negociaciones sobre la reestructuración de la empresa, diciendo:

Con esta decisión no sólo se destruirá el medio de vida y el bienestar de los trabajadores y sus comunidades, sino que se retrotraerá al país a la época colonial.
La cesión de soberanía—sobre la explotación de recursos naturales esenciales, y la generación de productos de valor añadido—a intereses privados, iría en contra de las aspiraciones de la población y de los trabajadores de Trinidad y Tobago para consolidar su democracia y lograr el desarrollo sostenible en sus propios términos.

La IndustriALL pide a sus afiliados que se solidaricen con la OWTU en su lucha por salvar los empleos de sus miembros, y los activos de la población de Trinidad y Tobago.

Líderes sindicales de Colombia sufren amenazas y violencia

19 sindicalistas fueron asesinados en lo que va de 2018 en Colombia. Así lo afirma el Índice Global de los Derechos de la CSI que cataloga al país entre los 10 peores países para los trabajadores.

Del mismo modo, otro informe denominado “Violencia antisindical, impunidad y protección a sindicalistas en Colombia” de la Escuela Nacional Sindical afirma que de 2012 a 2017 hubo 2220 violaciones a los derechos a la vida, la libertad e integridad cometidas contra sindicalistas, de los cuales 143 fueron homicidios.

La violencia es ejercida también contra líderes sociales. La Defensoría del Pueblo de Colombia publicó que del 1 de enero de 2016 al 22 de agosto de 2018 asesinaron a 343 líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país.

Por ese motivo, los representantes de las federaciones sindicales internacionales en América Latina le enviaron una carta al presidente Duque donde le expresaron su preocupación por el aumento de la violencia y las amenazas contra lideres tanto sindicales como sociales.

En la carta denuncian que si bien hace casi 2 años que el país lleva a cabo un Proceso de Paz, el mismo no generó estabilidad a nivel nacional, ni en materia económica ni en relación a los derechos humanos y la justicia social.

“Es evidente que si una nación no puede defender la vida de sus ciudadanos, cuando ellos justamente están luchando por los derechos humanos, es imposible generar condiciones de justicia social” expresaron.

Por ese motivo, le pidieron mayores mecanismos de seguridad, que otorguen protección a los ciudadanos de Colombia. A su vez, consideraron necesario que revise los procedimientos judiciales para terminar con la impunidad de los crímenes.

Con este pedido, la federaciones se unen también a la solicitud de las Naciones Unidas en Colombia, quien recientemente condenó los asesinatos de todos los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. Instó al Estado colombiano a reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las y los colombianos en todos los rincones del país.

Finalmente, las organizaciones sindicales reforzaron su compromiso a entablar un diálogo honesto, permanente y constructivo con el Gobierno. Buscan establecer un programa que fomente el empleo decente, implemente mecanismos de inspección para terminar con el empleo informal y se establezcan las bases para promover la negociación colectiva por rama de actividad.

La tragedia de Bangladesh trasciende sus fronteras: los países de la OCDE deben actuar para salvar vidas en el sector de la confección

A partir de esta horrible tragedia, el mundo comenzó a preocuparse por la seguridad de quienes fabrican su ropa, y cómo lo hacen. Después de desoír muchas advertencias, las marcas mundiales de indumentaria ya tuvieron que prestar atención a las peligrosas condiciones de trabajo en sus fábricas proveedoras. Se reveló que las auditorías de seguridad autorreguladas eran un engaño.

Los sindicatos mundiales, IndustriALL y UNI, aprovecharon el momento para establecer el Acuerdo de Bangladesh sobre seguridad en la construcción de edificios y de instalaciones de sistemas contra incendios, acuerdo sin precedentes, legalmente vinculante entre sindicatos y marcas. El objetivo: que ningún trabajador/a tenga por qué temer incendios, derrumbes u otros accidentes que podrían evitarse al aplicar medidas razonables de salud y seguridad. Significaba que las marcas tenían que asumir la responsabilidad de hacer que sus fábricas proveedoras sean seguras, y de contribuir para financiar el costo de las remediaciones.

Desde ese entonces, ingenieros que trabajan para el Acuerdo de Bangladesh, expertos en seguridad de edificios y medidas de protección contra incendios, han inspeccionado más de 1.600 fábricas donde se fabrican prendas de vestir para más de 200 marcas y minoristas. Las inspecciones iniciales identificaron 118.500 riesgos de incendio, eléctricos y estructurales, de los cuales se corrigió un 84%. El equipo de entrenamiento del Acuerdo ha realizado 2.838 sesiones de capacitación del comité de seguridad para los trabajadores/as de más de 1.000 fábricas.

El Acuerdo de Bangladesh funciona porque se hace respetar. Ante el Tribunal Permanente de Arbitraje en La Haya, se demandó a dos marcas internacionales que no cumplieron con sus compromisos legales. Gracias a esta acción, se pudo utilizar millones de dólares de indemnización para remediar los problemas que ponían en peligro la vida de los trabajadores/as en las fábricas proveedoras de esas marcas. Se han abonado otros US$ 300.000 a un fondo para apoyar el trabajo que realizan IndustriALL y UNI para mejorar los salarios y las condiciones de la fuerza de trabajo en las cadenas de suministro mundiales.

Cinco años después, el Acuerdo de Bangladesh es un modelo para las relaciones laborales, demostrando que las marcas y los sindicatos pueden trabajar conjuntamente para resolver problemas sistémicos. No cabe duda que la industria de la confección en Bangladesh es más segura, y que se han salvado muchas vidas.

Sin embargo, no se ha terminado el trabajo del Acuerdo, que venció a fines de mayo de 2018. Todavía existen demasiados problemas que ponen en peligro la vida de la gente en las fábricas proveedoras. Por este motivo, más de 180 marcas (con otras que vienen en camino) han firmado el nuevo Acuerdo de Transición 2018, que ya cubre a aproximadamente 2 millones de trabajadores/as de la confección en Bangladesh, en su mayoría mujeres.

El Acuerdo de 2018 tiene mayor alcance, cubriendo calzado y textiles para el hogar, y otorga más poder a los trabajadores/as, lo cual es un factor clave. El nuevo Acuerdo cumple con las Directrices de la OCDE sobre la Diligencia Debida para la Gestión Responsable de las Cadenas de Suministro en el Sector de la Confección y el Calzado, reconociendo que los trabajadores/as no son secundarios, sino parte esencial del proceso de diligencia debida. El Acuerdo defiende la importancia de la libertad de sindicación para asegurar que los trabajadores/as tengan voz y voto auténticos en la protección de su propia seguridad. También establecerá un protocolo respecto a la capacitación y quejas de tal manera que se respete este derecho.

Si los trabajadores/as no tienen derechos, no perdurarán los avances logrados en materia de salud y seguridad. En Bangladesh, continúan la grave violencia y discriminación antisindicales, lo que hace que frecuentemente sea imposible que los trabajadores/as formen sindicatos y realicen negociaciones colectivas.

Los países de la OCDE deben denunciar los ataques contra los trabajadores/as y sindicatos en Bangladesh. Los países miembros de la OCDE tienen el compromiso de defender los derechos laborales fundamentales y suscribirse a las Directrices para comprometer a las empresas multinacionales a asumir responsabilidad por los trabajadores/as en sus cadenas de suministro mundiales. Esto también debe incluir trabajar con los sindicatos a nivel nacional o sectorial para lograr salarios que, por lo menos, satisfagan las necesidades básicas de los trabajadores/as y sus familias.

La UE, como el mayor socio comercial de Bangladesh, también tiene un papel importante que desempeñar. Bangladesh se beneficia de aranceles comerciales preferenciales en virtud del Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE. A su vez, se pide que Bangladesh ponga en práctica los convenios clave de derechos humanos de la ONU y de la Organización Internacional del Trabajo. Es evidente que Bangladesh no cumple con este requisito, a pesar de haberle dado a ese país muchas oportunidades para corregir la situación. Los países de la OCDE, muchos de los cuales también son miembros de la UE, no pueden hacer vista gorda ante estas violaciones de los derechos. Deben denunciar estas irregularidades.

El Acuerdo de Bangladesh continuará su trabajo hasta 2021, o hasta que el gobierno de Bangladesh esté en condiciones para encargarse de esas funciones.

Contamos con las herramientas necesarias para poder mejorar el sector de la confección. Debemos usarlas. Nunca había sido tan intensa la presión pública para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores/as de la confección: ahora es el momento de promover el cambio. De ello depende la vida de los trabajadores/as de la confección en Bangladesh y en muchos otros lugares.

Este artículo fue publicado originalmente en el OECD Observer

©OECD Observer, agosto de 2018

Belarús: Dos líderes de un sindicato independiente condenados a pesar de la falta de pruebas

Durante el juicio en el tribunal del caso denominado "Caso de los sindicatos" no se presentó ninguna prueba convincente. La mayoría de las pruebas presentadas en el tribunal parecían amañadas u obtenidas en violación de las normas legales de Belarús o no guardaban relación con el período de 2011-2012, que es el que se juzgaba. En su último alegato, los abogados defensores solicitaron la absolución total de ambos dirigentes.

Natalia Matskevich, la abogada de Gennady Fedynich, dijo (declaración completa):

“Cualquiera de las pruebas presentadas por la fiscalía que se considere, si se examina atentamente, se desmorona como la arena. Se obtuvieron mediante una evidente violación de la ley (es decir, que son inaceptables) o suscitan dudas sobre su fiabilidad, o no tienen nada que ver con la acusación presentada."

La jueza declaró a Gennady Fedynich y a Ihar Komlik culpables de evasión fiscal y los condenó a una multa de 47.500 BYN (más de 23.000 $ EE.UU.), a cuatro años de prisión, con suspensión de pena y a la prohibición de ocupar cargos de alto nivel durante 5 años. Ambos líderes tendrán que pagar además las costas del juicio y multas administrativas. La juez no siguió la petición de la fiscalía de confiscar los bienes de los líderes sindicales, y también anuló la orden emitida sobre sus apartamentos, tierras y automóviles privados.

Si la sentencia se mantiene, a pesar de los recursos preparados por los abogados sindicales, Gennady Fedynich no podrá seguir siendo presidente del sindicato, y lo mismo sucede con Ihar Komlik. La prisión con suspensión anunciada no es mucho mejor que el encarcelamiento, ya que la privación de la libertad de movimientos de ambos líderes estará restringida por numerosas disposiciones.

El anuncio del veredicto fue acogido con gritos de "¡Vergüenza!".

En la mañana del día del anuncio del veredicto, decenas de miembros sindicales y representantes de la sociedad civil presentaron una apelación a la jefatura del estado en la Administración del presidente solicitando que se detuviera el proceso contra los líderes sindicales.

Durante el anuncio del veredicto se organizó una un piquete cerca de la Casa de la Justicia. La policía antidisturbios detuvo a los manifestantes más activos, entre ellos activistas del sindicato REP, Pavel Mrochko de Brest, y Alexander Chmyhov de Bobruisk.

La IndustriALL ha cubierto las audiencias en el tribunal en un blog especial. Además, en la mayoría de las audiencias hubo observadores de afiliados nacionales de la IndustriALL; todos ellos coincidieron en que el caso tenía motivaciones políticas y en que los fiscales no presentaron verdaderas pruebas.

Kemal Ozkan, secretario general adjunto de la IndustriALL, y Vadim Borisov, secretario regional de la IndustriALL, asistieron al anuncio del veredicto.

Kemal Ozkan denominó a los líderes "prisioneros políticos", y dijo:

"La "IndustriALL Global Union cree que a pesar de que el caso de los sindicatos era contra dos personas, para nosotros es algo contra el propio sindicato y, en un sentido más amplio, contra los derechos de los sindicatos independientes. La IndustriALL y sus afiliados seguirán apoyando a la REP, a Gennady Fedynich y a Ihar Komlik en su lucha por defender y promover los derechos de los trabajadores en este país."

Gennady Fedynich, presidente del sindicato REP y miembro del Comité Ejecutivo de la IndustriALL, comenta sobre el veredicto:

"Con el veredicto del día de hoy, las autoridades belarusas han mostrado que no se molestan en cumplir las normas internacionales que han suscrito. Ahora esperamos que Europa reaccione, porque esta indiferencia por las normas que se aplican en toda Europa es inaceptable."

Ihar Komlik, presidente de la organización REP en la ciudad de Minsk, y jefe de contabilidad del sindicato REP, dice que el veredicto es una "recompensa" al sindicato REP y a su dirección por la labor realizada por el sindicato.

"El veredicto confirma una vez más que a Belarús no le preocupa lo más mínimo la legislación internacional ni nacional. El veredicto pronunciado no se basa en pruebas; su única razón es la motivación política de que el sindicato REP representa una amenaza a la legalidad, incluidas las relaciones laborales en Belarús."

La IndustriALL seguirá de cerca la situación en Belarús e intensificará la campaña en apoyo de los sindicatos independientes belarusos mediante diversas acciones, incluidas gestiones ante organizaciones intergubernamentales.

Trabajadores de la industria naval argentina marchan contra la represión

Decenas de trabajadores fueron agredidos con balas de goma y gases lacrimógenos mientras marchaban el 21 de agosto en defensa del empleo, del Astillero estatal y por la soberanía de la industria naval argentina.

Según indicó la Central de Trabajadores de Argentina (CTA Autónoma), los incidentes producidos en la ciudad de La Plata se llevaron a cabo bajo órdenes de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

La organización sindical decidió desarrollar un paro provincial de actividades el 22 de agosto en repudio a las agresiones recibidas. A su vez, reforzó las medidas de protesta en las calles el día 23 “en reclamo del diálogo y no de represión”.

El plan de acción lo aprobaron tras sufrir meses de ataques por parte del Gobierno provincial, de enfrentar persecución sindical y de conocer que existe la posibilidad de que privaticen uno de los astilleros de mayor actividad e importancia de Latinoamérica, lo cual significaría miles de despidos.

“Nos encontramos ante una situación donde el desarrollo productivo y soberano no es una prioridad gubernamental. En lugar de la privatización o el cierre del Astillero, exigimos trabajo e inversión en la industria naval, porque son 3.300 familias las que están en riesgo”

dijo la Coordinación nacional de los trabajadores/as de la industria de la CTA en una comunicación oficial.

Los trabajadores rechazan la paralización de las obras y el desfinanciamiento de los trabajos ya comenzados, lo que revela un intento por desmantelar la empresa estatal. La posible privatización del Astillero Río Santiago acompañaría un contexto de ajuste económico que se vive desde la asunción de Mauricio Macri como presidente de la República.

Por ese motivo, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Nacional) y desde la CTA Autónoma tomaron la decisión de nacionalizar la lucha, dado que consideran que se enmarca en un cuadro más amplio. El próximo paso será planificar un Paro Nacional de actividades con cortes y movilizaciones en todo el país.

“IndustriALL Global Union lamenta lo que sucede en Argentina, tanto el desmonte de las políticas de Estado como las políticas de destrucción de la industria naval. A su vez, repudiamos la violencia, represión y el terrorismo de Estado que promueve el Gobierno de Macri. Es lamentable que un Gobierno use el aparato del Estado para imponerle al pueblo políticas nefastas, en favor del capital trasnacional.
Nos solidarizamos con los compañeros del Astillero en sus justas luchas y manifestamos nuestra solidaridad tanto con las familias de los trabajadores como con el resto del pueblo argentino”

concluyó el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani.

Huelga en los astilleros croatas por el impago de salarios

Los trabajadores están en huelga en el astillero de Uljanik en Pula y en el astillero Tres de Mayo (3. Maj) en Rijeka, en la costa del Adriático de Croacia. El comité de huelga, compuesto por los tres sindicatos de los astilleros, publicó un comunicado pidiendo el pago de los sueldos, y la dimisión de la dirección de la empresa.

El afiliado a la IndustriALL Global Union, el sindicato de trabajadores de Croacia SMH-IS, que representa a los trabajadores en los astilleros, ha pedido al Gobierno de Croacia que intervenga y cubra los costes salariales durante un breve período, hasta que se termine un plan de reestructuración.

El SMH-IS apoyó una solicitud del Gobierno croata a la Comisión Europea para la aprobación del aval de préstamos a la empresa para ayudar a atender los pedidos actuales. La IndustriAll Europe trabajó con la Representación Permanente de Croacia ante la UE y la Comisión con el fin de resaltar la importancia del préstamo para pagar a los trabajadores. En enero, la Comisión aprobó una garantía del préstamo de 96 millones de euros, salvando miles de empleos.

Un plan de reestructuración desarrollado por la dirección de Uljanik implica la inversión de 24 millones de euros en Uljanik por Kermas Energija, propiedad del magnate naviero Danko Končar. De esta manera, Kermas Energija sería el propietario mayoritario. Kermas Energija ha pagado la mitad de esta cantidad, permitiendo a la empresa liquidar parte de la deuda y mantener la producción, pero no es suficiente para pagar los sueldos.

Aún no se ha materializado un préstamo previsto del Banco de Reconstrucción y Desarrollo de Croacia (HBOR), propiedad del Estado. El plan de reestructuración está sometido a la aprobación de la Comisión Europea. Los trabajadores de los astilleros piden que se concluya el acuerdo y que se pague el dinero restante, para poder salvar los puestos de trabajo.

En una entrevista en las noticias de la TV croata, el presidente del SMH-IS, Siniša Kosić, destacó que es necesario resolver el problema de la financiación, para poner mantener la producción y salvar los empleos:

“Necesitamos capital para reanudar la producción. 3. Maj y Uljanik tienen pedidos que debemos atender, y si se atienden entrará capital fresco….
Debe haber una manera de superar estos dos meses críticos.”

En una carta de solidaridad al SMH-IS, el secretario general de la IndustriALL, Valter Sanches, escribió:

“Es de vital importancia que los trabajadores de Uljanik reciban sus sueldos y que se salven sus empleos. La construcción naval es una piedra angular de la industria croata. Son empleos calificados en una cadena de suministro compleja, fundamental para la economía local.
También es vital hallar una estrategia de larga duración para asegurar la sostenibilidad de esos astilleros. Los trabajadores sufren porque la empresa va de crisis en crisis, y el Gobierno no puede seguir prestando dinero público a industrias privatizadas."

Uljanik, uno de los astilleros más antiguos del mundo, se creó en 1856 para la armada austro-húngara. En 2013, antes de la adhesión de Croacia a la Unión Europea, Uljanik se privatizó, y la nueva empresa resultante adquirió también el astillero 3. Maj. En la empresa hay 6.500 trabajadores en las regiones de Rijeka y Pula. Los miembros sindicales tienen algo menos del 50 por ciento de las acciones en Uljanik.

SWUTT de Trinidad y Tobago reclama garantías para ex trabajadores de ArcelorMittal

A comienzos de agosto el SWUTT (afiliado a IndustriALL Global Union) desarrolló diversas protestas y una marcha desde la oficina del sindicato hasta el ex sitio de ArcelorMittal en el Polígono Industrial de Point Lisas. Pidieron que la compañía Nu-iron retire su oferta para comprar toda la planta de acero.

600 personas perdieron sus empleos cuando la planta siderúrgica de ArcelorMittal cerró en 2016. La empresa alegó que ya no podía desarrollar su negocio en el país ante la disminución del precio del acero a nivel mundial. Actualmente se encuentra en liquidación y hay varios inversores interesados en comprar.

El gremio del acero sospecha que la compañía Nu-iron quiere eliminar una parte significativa de las instalaciones anteriores de ArcelorMittal y solo recontratar a unas 50 personas, lo que esencialmente pone fin a cualquier esperanza de empleo futuro para gran parte de los trabajadores desplazados 2 años atrás.

A su vez, existe otro inversor interesado denominado Macarri Steel Holdings Limited. Según indica el SWUTT, la firma está dispuesta a comprar la planta por un monto significativamente mayor y a contratar a los trabajadores despedidos. Ello supondrá nuevos puestos de trabajo para una comunidad que ha experimentado una notable desaceleración desde el cierre de la ArcelorMittal.

El problema yace en que Macarri no cumplió con el plazo establecido por el liquidador para ofertar. El sindicato quiere que se vuelva a abrir el proceso de licitación para que pueda presentar una oferta.

Por su parte, el Gobierno de Trinidad y Tobago asegura que el proceso es privado y no gubernamental, por lo que no puede intervenir. La organización sindical dice que está en juego un interés nacional, por lo que debería hacerlo de todos modos. Hasta el momento, el Gobierno no ha estado de acuerdo y dijo que no se reunirá con Macarri.

Los trabajadores le entregaron al liquidador de la planta una carta donde le pidieron que reabriera el proceso de licitación para permitir que Macarri Steel pueda ofertar. La compañía, que ya se preparó para adquirir estos activos, dijo que tiene grandes planes con el respaldo de una gran empresa de los EE.UU.

“IndustriALL respalda la demanda del SWUTT para que el Gobierno de Trinidad y Tobago tome medidas a fin de garantizar que se consideren todas las ofertas, especialmente si puede crear la posibilidad de que se vuelvan a abrir todas las instalaciones de la ex ArcelorMittal”

dijo el director de metales básicos de la IndustriALL, Adam Lee.

Sindicatos exigen mejores condiciones de trabajo en plantaciones de caucho de Firestone en Liberia

La campaña sindical está encabezada por el Sindicato de Trabajadores Agropecuarios e Industriales de Liberia (AAIWUL, organización afiliada a IndustriALL Global Union), en colaboración con los trabajadores/as de la Golden Veroleum Oil Plantation y del grupo empresarial Sigma. Los sindicatos exigen a Firestone-Liberia cumplir sus promesas de mejorar los salarios y las condiciones de vida y laborales. Según los sindicatos, la falta de acción de la empresa ha socavado los programas del gobierno en favor de los pobres.

Después de que el presidente y director general de Firestone-Liberia, Edmundo García, dijera recientemente en la Cámara de Representantes que el personal con los sueldos más bajos gana US$ 8,36 por día, los trabajadores/as exigieron inmediatamente el pago de la cantidad señalada por García y se declararon en huelga para presionar por el monto prometido.

La información que se entregó a la Cámara de representantes no coincide con las cifras reales: Firestone paga un mínimo de $5,60 al día, que es muy poco para el duro trabajo realizado por los trabajadores/as. En algunos casos, este trabajo agotador incluye el proceso de sangrar los árboles – por lo menos 500 árboles por trabajador antes del mediodía – y recoger el látex por la tarde.

Además, el personal médico que labora en las plantaciones también trabajaba en condiciones precarias. Por ejemplo, a los médicos y enfermeras no se les pagaba horas extras, lo cual constituye una violación de la Ley de Trabajo Decente.

Los sindicatos también exigen que se implemente el acuerdo de 2008 por el cual la empresa se comprometió a procurar que un 50% de la fuerza de trabajo sean liberianos. Firestone también debería proporcionar asistencia técnica a pequeños agricultores para que puedan participar en la industria del caucho.

Firestone, que tiene el monopolio de la producción de caucho en el país, frecuentemente con el apoyo del gobierno, lleva más de 90 años en el campo de la producción de caucho en Liberia. También se ha denunciado a la compañía por verter desechos tóxicos en ríos donde las comunidades locales obtienen agua potable.

Edwin Cisco, Secretario General de AAIWUL, quiere que el gobierno "se mantenga firme, exigiendo que Firestone-Liberia cumpla con sus obligaciones según lo exige la ley". Dice que la compañía debe dejar de "proporcionar información inexacta y engañosa que es como una mofa del importante servicio provisto por los trabajadores y trabajadoras".

Según afirmó Paule France Ndessomin, Secretario Regional de IndustriALL para África Subsahariana: "Les corresponde a las empresas multinacionales como Firestone pagar salarios dignos y mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y trabajadoras. Las empresas no pueden seguir obteniendo ganancias a costa del sufrimiento de la fuerza de trabajo”.

Australia : 1.600 trabajadores de Alcoa en huelga por la seguridad en el empleo

Miembros del afiliado a la IndustriALL Global Union la Australian Workers’ Union (AWU) de las refinerías de aluminio de Pinjarra y Wagerup, las minas de bauxita de Huntley y Willowdale y Bunbury Port iniciaron la huelga el 8 de agosto, después de que Alcoa pidiera al regulador de los lugares de trabajo de Australia que diera por finalizado el convenio colectivo. Unas 1.200 personas se reunieron en los campos de deportes de Pinjarra para mostrar su apoyo.

Los trabajadores están en huelga para defender el acuerdo actual. Las negociaciones se rompieron porque la empresa quiere poner fin a los niveles de personal mínimos, pero no ofreció garantías sobre la seguridad en el empleo. Los trabajadores quieren que se garantice que no habrá despidos forzosos. La empresa amenazó con expulsiones para intimidar a los trabajadores y que aceptaran las nuevas condiciones de trabajo. El presidente de la rama de Australia Occidental de la AWU, Andy Hacking, que trabaja en la refinería de Kwinana, fue citado en los medios de comunicación locales, pues dijo:

“Esto es todo de lo que Alcoa está dispuesta a hablar. Muchos de nosotros somos empleados muy antiguos, que jamás han planteado un problema, pero no se nos ofrece ninguna garantía sobre la precariedad laboral, externalización ni acuerdos sobre horas de ocupación."

La IndustriALL convoca una red mundial de sindicatos en Alcoa. Los sindicatos de la red, entre ellos FICA-UGT en España, Industri Energi en Noruega, y el United Steelworkers (USW) en Estados Unidos y Canadá, han escrito a la AWU prometiéndole su apoyo.

En una carta de solidaridad a la AWU, el secretario general de la IndustriALL, Valter Sanches, escribió:

“La IndustriALL Global Union condena en los términos más enérgicos la intransigente actitud de Alcoa de Australia, que deniega a los trabajadores toda seguridad en el empleo. Además, consideramos inaceptable que la empresa amenace a los trabajadores con el despido, a fin de presionarlos para que acepten condiciones de trabajo inferiores a la norma.
Mantenemos nuestra firme solidaridad con nuestros compañeros y compañeras de las refinerías de Alcoa en Pinjarra, Wagerup y Kwinana, y las minas de bauxita de Huntley y Willowdale, y pueden contar con nuestro pleno apoyo, que incluirá la coordinación de la solidaridad internacional de los sindicatos con miembros en establecimientos de Alcoa en el mundo entero."

Alcoa es un productor de aluminio internacional de Estados Unidos. Más de mil miembros del USW han sido despedidos de la refinería de Bécancour en Quebec (Canadá) desde enero de este año. Alcoa tiene una participación en la refinería del 75 por ciento.

Las refinerías australianas representan aproximadamente el 8 por ciento del suministro de alúmina del mundo. El 22 de agosto, los trabajadores se manifestaron en Solidarity Park, ante el parlamento provincial en Perth.

Claman convenio justo trabajadores/as de Sistema Plastics de Nueva Zelandia

La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras de Sistema son migrantes provenientes de las Islas del Pacífico, India y Filipinas, que frecuentemente son contratados con visas de trabajo de 12 meses y que tienen poca información sobre sus derechos. La mayoría de los trabajadores/as migrantes comenzó a trabajar aceptando cualquier vacante que se les ofreciera.

En su planta de Auckland, Sistema Plastics emplea a unos 500 trabajadores/as, de los cuales 200 son miembros afiliados del sindicato E tū.

La empresa exige al personal trabajar 60 horas a la semana a cambio de un salario mínimo, licencia mínima por enfermedad y mínima protección de salud y seguridad. Hasta el momento, el conflicto lleva unos 10 meses, pero el problema de los bajos salarios y malas condiciones de trabajo se ha perpetuado desde hace varios años.

Por su parte, Neville Donaldson, en representación del sindicato E tū, señaló:

“En Nueva Zelandia, cuando el tiempo de trabajo sobrepasa 40 horas a la semana, las empresas del sector de la manufactura suelen aumentar en un 150% el sueldo por hora, el pago por servicio prolongado y/o vacaciones por servicio prolongado, además de ofrecer un monto adicional por turnos diarios. Calculamos que Sistema ha ahorrado unos cinco millones de dólares al año al no pagar lo que pagan otros empleadores en esta industria en Nueva Zelandia”.

El sindicato E tū ha lanzado una campaña pública donde las personas pueden demostrar su apoyo enviando una carta al director general de la empresa pidiendo un mejor convenio para los trabajadores/as de Sistema. Para demostrar solidaridad internacional con estos trabajadores/as, envíe una carta abierta al director general de Sistema pidiéndole entablar negociaciones para lograr un convenio colectivo que establezca salarios y condiciones de trabajo decentes para los trabajadores/as en Auckland.

En una carta dirigida al director general de la empresa, Valter Sanches, Secretario General de IndustriALL, afirmó:

“IndustriALL está indignado por las condiciones de trabajo en Sistema Plastics en Nueva Zelandia. Es imprescindible que Sistema Plastics entable negociaciones de buena fe con el sindicato E tū de modo que a través del diálogo se logre un convenio colectivo que incluya salarios y condiciones decentes”.