A pesar de cumplirse dos años del accidente de Gadani sigue fallando la seguridad en los astilleros

El 1^o de noviembre de 2016, murieron 29 trabajadores en una enorme explosión en un buque petrolero en el astillero de desguace de Gadani y más de 40 sufrieron lesiones por quemaduras. Se informó que cuatro trabajadores estaban desaparecidos, y nadie sabe a ciencia cierta cuántos trabajadores laboraban en ese lugar en el momento del accidente.

Dirigiéndose a los reunidos en una concentración para conmemorar el segundo aniversario de la tragedia mencionada, los dirigentes sindicales dijeron que una serie de accidentes que se habían registrado después de noviembre de 2016 demuestra que no se ha aprendido nada de esa experiencia. El gobierno y los empleadores todavía no prestan atención a cuestiones de salud y seguridad. Esta falta de acción acarrea la muerte de los trabajadores. Los accidentes nos recuerdan inequívocamente que los que se dedican al trabajo de desguace de buques en Pakistán arriesgan la muerte para ganarse la vida.

El 8 de enero de 2017, un trabajador murió al caerse de un buque. Por otra parte, el 9 de enero de 2017, por lo menos cinco trabajadores murieron en un incendio a bordo de un barco contenedor de gas de petróleo licuado. También, el 14 de octubre de 2018, otros siete trabajadores resultaron lesionados en un incendio.

El 2 de noviembre de 2018, apenas un día después de que los trabajadores conmemoraban el segundo aniversario del accidente, rindiendo homenaje a las víctimas, cinco trabajadores más resultaron lesionados en un accidente mientras trabajaban en el desguace del buque Mistral en el astillero 66.

En Gadani, los trabajadores de desguace de buques enfrentan condiciones de trabajo peligrosas, trabajo precario, salarios bajos, incumplimiento de la legislación laboral, obstáculos para ejercer el derecho a la libertad de sindicación y negociación colectiva, falta de servicios de salud, y no tienen acceso a agua potable limpia.

Desde hace mucho tiempo, los sindicatos están exigiendo que el gobierno de Baluchistán aplique nuevos reglamentos para mejorar la salud y seguridad en el sector de desguace de buques en Pakistán. Después de la tragedia de noviembre de 2016, el sindicato de trabajadores de desguace de buques presentó un proyecto de ley para mejorar la seguridad en los astilleros de desguace, pero el gobierno todavía no actúa al respecto. El gobierno nombró comités para investigar el accidente de noviembre de 2016 y proponer nuevas normas de seguridad, pero no se han realizado avances significativos para mejorar la situación.

Apoorva Kaiwar, Secretaria Regional de IndustriALL Global Union para el Sur de Asia, afirmó:

“Es horrendo que la administración y los propietarios de astilleros descuiden la seguridad de los trabajadores hasta el punto de poner en peligro constantemente las vidas de los trabajadores. Tanto el gobierno como los empleadores deberían aprender de los accidentes del pasado y tomar medidas proactivas inmediatamente para detener la pérdida de vidas de los trabajadores y procurar condiciones de seguridad en el sector de desguace de buques de Pakistán”.

Por su parte, Kan Matsuzaki, Director del sector de construcción y desguace de buques de IndustriALL, acotó:

“Volvemos a exigir que el gobierno ratifique inmediatamente el Convenio internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques y que apruebe reglamentos nacionales y federales para implementar las disposiciones de ese Convenio.
“El gobierno debe establecer un comité tripartito de salud y seguridad con las empresas y el sindicato de trabajadores de desguace de buques para que se implemente sin demora”.

Aluminio irresponsable: Alcoa intensifica el ataque global a los trabajadores

La estadounidense Alcoa anunció el 17 de octubre que cerraría dos de sus tres fundiciones de aluminio españolas, Avilés and La Coruña, lo que supone el despido de 700 trabajadores. El Comité de Empresa Europeo (CEE) de Alcoa criticó a la compañía por incumplir la reglamentación europea sobre información y consulta, al no consultar previamente con el CEE y no proporcionarle la información adecuada. El CEE, con sede en Holanda, ha presentado una denuncia ante los tribunales holandeses para bloquear el cierre y los despidos.

Alcoa alega que las dos plantas españolas son ineficientes y que nadie desea que funcionen. La empresa ha hecho caso omiso de las tentativas del Gobierno español y de los sindicatos para frenar el proceso de despido colectivo, lo que daría tiempo para dar con una empresa que adquiriera las plantas y preservara los puestos de trabajo.

1.600 miembros del Australian Workers Union (AWU) que trabajan en las tres refinerías de alúmina de Alcoa y dos minas de bauxita llevaron a cabo hace poco una huelga de 52 días, tras 20 meses de negociaciones con Alcoa que fracasaron porque la empresa no pudo garantizar que no habría despidos forzosos. La empresa había amenazado con despidos en un intento de intimidar a los trabajadores para que aceptaran nuevas condiciones de trabajo, con menos seguridad en el empleo.

La huelga terminó al hacer Alcoa una nueva oferta, que el sindicato sometió a la votación de los miembros. La mayoría de los trabajadores rechazaron la oferta, y un oficial del AWU dijo que una de las razones fue el mal trato dispensado a los miembros del sindicato en su reciente retorno al trabajo. Alcoa ha pedido a un organismo del Gobierno australiano que denuncie el Acuerdo de Negociación de Empresa que tiene con el AWU.

El cierre por Alcoa de un lugar de trabajo no garantiza que deje de atacar a los trabajadores, a sus comunidades y al medio ambiente. Alcoa cerró su refinería de alúmina en Suriname en 2015, asestando un duro golpe a la economía del país y dejando sin trabajo a centenares de personas. Esto contradice el acuerdo de Alcoa con Suriname de continuar sus operaciones de aluminio allí hasta 2033.

Desde 2015, Alcoa ha negociado a puerta cerrada un acuerdo de sustitución sobre su salida de Suriname, que incluye un compromiso sobre contaminación ambiental de la compañía sucesora. Recientemente se ha publicado un proyecto de acuerdo de salida, que ha sido firmemente rechazado, al no ser justo con Suriname, por expertos técnicos y por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, de la que forma parte el afiliado a la IndustriALL C-47, que representa a los empleados de Alcoa.

C-47 pide que se renegocie el acuerdo y que Alcoa ajuste las pensiones de los antiguos empleados para compensar la dramática pérdida de valor de la moneda surinamesa, que sume a esos antiguos trabajadores en la pobreza.

Alcoa ha sometido al cierre patronal durante casi diez meses a 1.030 miembros del United Steelworkers en la fundición de Bécancour, en Quebec (Canadá). A los nueve meses del cierre, Alcoa volvió a exigir más concesiones a esos trabajadores, a pesar de que la fundición tiene los costes laborales por unidad de producción más bajos de todas las instalaciones de Alcoa en América del Norte.

“Si se quiere llegar a un acuerdo, hay que escuchar a la otra parte, sacar provecho de las posibilidades y estar abiertos al compromiso cuando la otra parte se muestra dispuesta a cambiar su posición. Alcoa no ha hecho nada de eso",

dijo el director de Quebec del USW, Alain Croteau.

“Los afiliados a la IndustriALL han representado a los trabajadores de Alcoa en el mundo entero durante decenios, y las negociaciones con la empresa han sido con frecuencia muy difíciles. Sin embargo, Alcoa no ha atacado nunca a los trabajadores y a sus comunidades en tantos países al mismo tiempo como lo está haciendo ahora,"

dijo el secretario general adjunto de la IndustriALL Kemal Özkan.

“Alcoa está tratando de posicionarse como proveedor responsable de aluminio a los fabricantes de automóviles y a otras marcas de cara al consumidor, pero sus prácticas actuales demuestran lo contrario. La IndustriALL pide a Alcoa que se muestre a la altura de sus pretensiones de sostenibilidad y deje de atacar a los trabajadores."

Sindicato de Kenia denuncia en los tribunales a Hela Intimates por violaciones de los derechos de los trabajadores/as

Hela Intimates, que fabrica ropa interior, de dormir y prendas de vestir informales, cuenta con fábricas en Etiopía, Kenia, México y Sri Lanka. La empresa provee productos a marcas mundiales de Europa y EE. UU., incluyendo Victoria Secrets y PVH, que es propietaria de Calvin Klein, Tommy Hilfiger y varias otras marcas. En Kenia, emplea a más de 2.500 trabajadores/as en su fábrica en la zona franca de Athi River en Nairobi.

En vez de asumir responsabilidad por los convenios colectivos firmados anteriormente por Alltex EPZ, la empresa Hela que adquirió Alltex está insistiendo en firmar un nuevo convenio. Según la gaceta del gobierno, Hela paga a los operadores de maquinaria un salario mínimo de 12.000 chelines de Kenia (US$ 116) por mes en lugar de 14.000 (US$ 136).

El Sindicato de Trabajadores de Sastrería y Textiles (TTWU), organización afiliada a IndustriALL Global Union, ha recurrido a los tribunales para enfrentar las prácticas laborales ilegales e injustas del empleador. Estas prácticas intimidan a los trabajadores/as, haciendo difícil el trabajo de sindicalización. Además, los activistas sindicales encuentran difícil acceder a las fábricas debido a la actitud hostil del empleador. Esta conducta de Hela Intimates es una violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Kenia y de la libertad de asociación, que está protegida por la Ley de Relaciones Laborales.

Joel Chebii, Secretario General del TTWU, puntualizó:

“Hemos ido a la estación de policía en innumerables ocasiones para pedir que pongan en libertad a nuestros miembros. Su único delito es afiliarse a un sindicato. Seguiremos combatiendo esta injusticia. La empresa está haciendo esto para hacer callar a quienes exigen mejores salarios".

Por su parte, Christina Hajagos-Clausen, Directora de IndustriALL para el sector textil y de la confección, afirmó:

“Los fabricantes mundiales de prendas de vestir deberían tener conducta ejemplar y no pisotear los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pedimos a Hela Intimates que respete los derechos sindicales de organización, libertad de asociación y que pague salarios dignos”.

En las políticas de industrialización de Kenia se identifica al sector textil y de la confección con mano de obra intensiva como un importante motor del desarrollo económico y creación de empleo. Según la Asociación de Fabricantes de Kenia, este sector es el que crea más puestos de trabajo para los jóvenes. Por ejemplo, 17 fabricantes de prendas de vestir en las zonas francas emplean a 52.000 trabajadores/as; además, más de 40.000 pequeños agricultores cultivan algodón, con miles de otros empleos en la cadena de valor.

El secretario del gabinete de Kenia, Adan Mohamed, visitó la fábrica en marzo.

Hela Intimates EPZ Ltd. ha crecido rápidamente, con ventas de Kshs.150 millones desde que se inauguró hace 6 meses atrás. pic.twitter.com/4UT6ItzLfz
— CS Adan Mohamed (@AdanMohamedCS) 24 de marzo de 2017

Los sindicatos españoles del carbón consiguen un acuerdo histórico para la Transición justa

El acuerdo del Plan del Carbón de 250 millones € prevé el cierre de todas las minas de carbón españolas que ya no son económicamente viables. El acuerdo fue alcanzado entre el nuevo gobierno socialista y los sindicatos Federación de Industria de Comisiones Obreras (FI-CCOO), Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT) y Federación de Industria de la Unión Sindical Obrera (FI-USO), todos afiliados a la IndustriALL Global Union. El Gobierno financiará una transición que se espera realizar entre 2019 y 2023.

Esto se produce tras varios años de lucha sindical, pues los sucesivos gobiernos españoles han tratado de poner fin a las subvenciones a la industria minera y al cierre de minas, sin llegar a un acuerdo que atienda las necesidades de los trabajadores. En 2012, los mineros emprendieron una Marcha Negra de 457 kilómetros – Marzo negro – hasta Madrid, para protestar por la pérdida de empleos que provocaría el fin de las subvenciones.

El acuerdo de Transición justa sustituye las subvenciones a la industria minera por un plan de desarrollo sostenible. Las minas financieramente viables se seguirán explotando, pero se espera que diez pozos y minas a cielo abierto cierren a finales de año, con la pérdida de 1.677 puestos de trabajo. El acuerdo abarca ocho empresas con 12 unidades de producción en cuatro regiones de España. El mayor empleador es la empresa minera estatal HUNOSA, con 1.056 empleados.

El acuerdo, sumamente detallado, ha sido encomiado por los sindicatos y calificado de modelo, y proporciona una serie de ventajas a los mineros y sus comunidades.

Aproximadamente el 60 por ciento de los mineros – los de 48 años o más, o con 25 años de servicio – podrán acogerse a la jubilación anticipada. Los más jóvenes recibirán una indemnización de despido de 10.000 €, y una paga de 35 días por cada año de servicio. Los mineros con asbestosis recibirán una paga adicional de 26.000 €.

Además, se ha destinado dinero a restablecer y regenerar ambientalmente antiguas zonas de extracción. Se dará prioridad para estos empleos a los antiguos mineros.

Se asignará dinero a mejorar las instalaciones en las comunidades mineras, lo que incluirá la gestión de desechos, las instalaciones de reciclaje y las plantas de tratamiento de agua, la infraestructura de servicios y la distribución de gas y alumbrado, la recuperación forestal, la limpieza atmosférica y la reducción de la contaminación acústica.

Se creará un plan de acción para cada comunidad minera, con planes para el desarrollo de la energía renovable, y el mejoramiento de la eficiencia energética, y la inversión en nuevas industrias y su desarrollo.

El director de sostenibilidad en la IndustriALL, Brian Kohler, dijo:

“Este memorable acuerdo de Transición justa se ha conseguido tras varias años de ardua tiempo a los trabajadores y sus comunidades. El acuerdo establece un precedente para la transición responsable mediante el diálogo social."

La Transición justa es una reivindicación sindical esencial. Se necesitan programas de protección social fuertes y políticas industriales sostenibles para proteger los empleos, cumpliendo al mismo tiempo los objetivos de las emisiones de carbono. En Australia, el afiliado a la IndustriALL en la minería, la División de Minería y Energía de la CFMEU, ha publicado un informe en el que se pronostica un futuro sombrío para los mineros de carbón del país, a menos que se cree una autoridad independiente para gestionar la transición.

Unilever firma Memorando de Entendimiento con IndustriALL y la UITA

El Memorando fue firmado en Londres, el 31 de octubre de 2018, por el Director General de Unilever, Paul Polman, el Secretario General de IndustriALL Global Union, Valter Sanches, y la Secretaria General de la UITA, Sue Longley.

IndustriALL y la UITA, junto con sus sindicatos afiliados, han realizado reuniones bianuales con la administración de Unilever desde 2010 como parte de su diálogo con la compañía. Durante este proceso, se crearon dos grupos de trabajo sobre Empleo Sostenible e Igualdad de Género. La firma de este Memorando destaca la importancia del trabajo en curso logrado por vía de estos grupos de trabajo.

El Memorando formaliza el proceso de diálogo entre las partes, estableciendo una plataforma permanente para “garantizar que en las operaciones de Unilever en todo el mundo los trabajadores/as puedan ejercer libremente sus derechos internacionalmente reconocidos y, en particular, sus derechos de afiliación sindical y negociación colectiva sin temor a represalias, represión o cualquier otra forma de discriminación.” En el Memorando, “Unilever reconoce su obligación de tomar medidas para procurar que estos derechos sean igualmente respetados por las empresas y los subcontratistas que proporcionen productos, operaciones y/o servicios para Unilever”.

Por su parte, Valter Sanches señaló: “Después de trabajar por muchos años para crear confianza y relaciones constructivas, la institucionalización de este diálogo mundial es un logro importante.

“Junto con nuestra organización hermana UITA y nuestros sindicatos afiliados que tienen miembros en las operaciones químicas de Unilever, seguiremos haciendo todo lo posible para procurar que se respeten los derechos fundamentales y que se mejoren las condiciones de trabajo”.

Por otro lado, Sue Longley acotó:

“Llevamos varios años trabajando exitosamente con Unilever sobre estos temas, y esperamos profundizar nuestro diálogo. Ahora que el proceso se ha formalizado, debemos seguir trabajando juntos para lograr que los principios señalados en el Memorando se establezcan firmemente a nivel regional, nacional y local en todas las operaciones mundiales de Unilever”.

En 2016, IndustriALL y la UITA firmaron un compromiso conjunto con Unilever para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo después de que se identificara como un problema universal, tanto en el lugar de trabajo como en la sociedad en general.

Unilever registró un volumen de ventas de €53,7 mil millones en 2017, y emplea directamente a 161.000 personas. La empresa es propietaria de aproximadamente 400 marcas, de las cuales 12 registran ventas de más de mil millones de euros al año.

Cuatro trabajadores mueren en mina subterránea Neharia en la India

Un día antes del accidente, una máquina de carga, acarreo y descarga (LHD) quedó atascada en la mina subterránea debido a fallos en el control de explosiones, ya que no se cumplieron las normas de seguridad exigidas. Al día siguiente, el 25 de octubre, alrededor de las 10.15 de la mañana, un equipo de preparación inicial ingresó a las instalaciones subterráneas para sacar la máquina LHD; en momentos en que se rescataba la máquina, se derrumbó el techo de la mina. Cuatro trabajadores murieron en el accidente, y un conductor de la máquina LHD quedó gravemente herido.

Los fallecidos fueron identificados como Ravi Shankar (operador de la excavadora), Ramprakash (operador de la LHD), Rajesh (trabajador de mantenimiento) y Rafique (operador del descargador lateral).

S Q Zama, Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros de la India (INMF), organización afiliada a IndustriALL, señaló:

“El método de extracción no cumplía con las normas legales de seguridad. También fue insuficiente el despliegue de personal para supervisar el trabajo. En este accidente hubo graves violaciones de varias normas de seguridad. Exigimos se informe inmediatamente sobre la organización de seguridad interna de WCL y que la Dirección General de Seguridad de Minas investigue el asunto. Las autoridades deben procurar que en el futuro no se produzca ningún accidente de esta naturaleza”.

El sindicato también solicitó el informe de la investigación magistral que mandó hacer el responsable del distrito de Chhindwara. Se ha otorgado compensación legal a las familias de las víctimas.

Industrial Chile-Constramet se adhiere al paro nacional por empleos y salarios dignos

“Este 8 de noviembre Industrial Chile Constramet apoyará el paro porque no podemos permitir que a través de decretos se vulneren los derechos de los trabajadores, que se mantenga el sistema de pensiones de AFP, que cada día el sueldo disminuya y que aumente el trabajo precario. Vamos a decir con fuerza: ¡No mas a este modelo de desarrollo!”

dijo el presidente de Industrial Chile-Constramet, Horacio Fuentes.

Sebastián Piñera fue elegido presidente de Chile el 17 de diciembre de 2017 y asumió el cargo el 11 de marzo de 2018. Es la segunda vez que el líder de centro derecha ocupa la presidencia, siendo su primer mandato de 2010 a 2014.

Tanto la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) como Industrial Chile-Constramet sostienen que en los siete meses de gobierno Piñera impulsó una agenda precarizadora y neoliberal.

Por ejemplo, señalan que las reformas Tributaria, Laboral y el proyecto de ley de Estatuto Laboral Juvenil amenazan con retroceder en todos los avances alcanzados en los últimos años a nivel laboral. Por ello decidieron convocar a un paro nacional de actividades.

Con la reforma Tributaria, el gobierno promete la modernización y simplificación de las normas de tributación internacional para atraer más inversión al país y fomentar la integración de su economía al mundo. Para ello, dará más beneficios a las empresas y reducirá los impuestos a los grandes patrimonios.

Por otra parte, Piñera intentará modificar aspectos de la reforma laboral que se implementó en 2017 y podría significar el retroceso en importantes avances que se lograron en 2 años de trabajo, por ejemplo al restituir los grupos negociadores, promover la flexibilidad o vulnerar el derecho a huelga.

A su vez, busca promover un proyecto de ley para crear un Estatuto Laboral para Estudiantes de Educación Superior con el que se profundiza la precariedad laboral y potencia el reemplazo de trabajadores formales.

Por ese motivo, los sindicatos saldrán a la calle el 8 de noviembre para exigir más justicia social, por un Chile donde el crecimiento se acompañe con más y mejores derechos, con la creación de puestos de trabajo, con el incremento de los salarios y con políticas que beneficien a toda la población y no solo a un sector reducido.

El secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, dijo al respecto:

“Expresamos nuestra solidaridad con nuestro afiliado Industrial Chile-Constramet y con el pueblo chileno. Manifestamos nuestro apoyo a la medida de acción convocada y exigimos que el gobierno impulse políticas en beneficio de todos la población”

Ucrania: Los mineros no pagados, irritados, protestan bajo tierra

El 19 de octubre, 33 mineros iniciaron su protesta bajo tierra por el impago de los salarios a una profundidad de 600 metros. Dirigentes y activistas de los locales del NPGU les dieron su apoyo y les suministraron agua, alimentos y medicinas. Debido a las condiciones insalubres y peligrosas, la salud de los mineros se ha deteriorado.

En particular, el minero de 31 años, Oleksandr Cherkasov, se desmayó varias veces, y otro minero sufrió un ataque de nervios. Fueron trasladados al hospital. Otros mineros tuvieron que abandonar su protesta por razones familiares.

El 27 de octubre se produjo un desprendimiento de rocas cerca de la zona en que se encuentra la mina denominada G. Kapustin, en la que los mineros y un miembro del parlamento de Ucrania simpatizante mantenían su protesta. A pesar del incidente y de los problemas de salud, 15 mineros siguieron protestando y se negaron a subir a la superficie hasta que se pagaran todos los salarios.

A los mineros del carbón les preocupa el enfoque de las autoridades del país. Por ejemplo, el ministro de Energía y de la Industria del Carbón de Ucrania aprobó, en medio de la protesta, un permiso de dos semanas del director general de la PJSC "Lysychanskvugillia". La respuesta de los mineros fue exigir la renuncia del director por no tomar ninguna medida constructiva y no resolver los problemas de los atrasos salariales.

El presidente de la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania (KVPU) y el Sindicato Independiente de Mineros de Ucrania (NPGU), afiliado a la IndustriALL Global Union, Mykhailo Volynets, bajó a la mina G. Kapustin, de PJSC "Lysychanskvugillia", y se reunió con los manifestantes. También visitaron a los mineros representantes del Ministerio de Energía y de la Industria del Carbón de Ucrania, y de la dirección de la empresa.

Volynets dijo: “Estos mineros han dado prueba de verdadero coraje e integridad durante su lucha por la justicia y el justo pago. Pero estoy profundamente preocupado por su salud y su vida. En mi estancia en el fondo de la mina hablé con ellos y no pude dejar de observar lo agotados y cansados que estaban. Algunos mineros parecían tener problemas de salud. El aire y la humedad en la mina son también motivos de inquietud."

El problema de los atrasos salariales en las minas de carbón estatales persiste y causa tensiones sociales. En Ucrania, los mineros trabajan en condiciones sumamente difíciles y peligrosas. Sin embargo, sus salarios no son altos. Un minero calificado cobra entre 8.000 y 9,000 UAH (280-320 $ EE.UU.), y ni siquiera esos bajos salarios se pagan a tiempo.

La semana pasada hubo acciones de protesta por el impago de los salarios en las minas de SOE “Selydivvugillia” y SOE “Myrnohradvugillia”.

De acuerdo con la información recibida, hasta el 29 de octubre, los atrasos salariales en las empresas estatales de minería del carbón ascendían a 685 millones UAH (21,5 millones $ EE.UU.). El 1 de noviembre los atrasos pueden llegar a 1.200 millones UAH (42,6 millones $ EE.UU.), pues este es el momento de pagar los salarios de octubre.

El NPGU ha informado del problema de los atrasos salariales a algunos miembros del Parlamento ucraniano y ha lanzado acciones de solidaridad.

En su mensaje de solidaridad al NPGU, Valter Sanches, secretario general de la IndustriALL, dijo:

“Reiteramos nuestro pleno apoyo y nuestra solidaridad a los mineros de las empresas estatales de minería del carbón, y nos unimos a ustedes para pedir al Gobierno de Ucrania que pague la totalidad de los salarios atrasados sin más demora.”

La IndustriALL Global Union ha instado también a su red sindical de la minería del carbón a solidarizarse con los mineros ucranianos en lucha.

Solidaridad internacional con los sindicatos turcos ante la crisis económica

A pesar de constituir una de las economías de más rápido crecimiento del mundo en la última década, Turquía ha caído en la trampa del crecimiento alimentado por la deuda externa, lo que ha llevado al país a una profunda crisis económica a medida que los déficits tanto en las cuentas fiscales como en las cuentas corrientes van alcanzando niveles alarmantes. El gobierno turco utilizó el crédito externo para impulsar el crecimiento por vía de la inversión en infraestructura y construcción, cuyo rendimiento es insuficiente para pagar la deuda.

Dado que Turquía cuenta con reservas de divisas inadecuadas para rescatar la economía, la lira turca ha caído fuertemente frente a las monedas principales, perdiendo desde agosto un 4% de su valor y un 50% desde principios del año. Junto con una serie de crisis políticas, esto ha resultado en consecuencias económicas que podrían desencadenar una crisis severa en el sistema bancario del país y en otras economías emergentes, e incluso en Europa, considerando los estrechos lazos económicos que existen.

Mientras tanto, el Instituto de Estadística de Turquía ha informado que la inflación anual al por menor alcanzó el 24,52%, con un 6,3% sólo en el mes de septiembre. El Instituto informó que la inflación de los precios al por mayor alcanzó un 46,15%, que demuestra una enorme brecha en comparación con los precios al por menor. Se supone que la inflación anual superará el 30%.

Las industrias que más exportan de Turquía son los sectores automotriz y de componentes para automóviles, textil y de la confección, y de productos petroquímicos, cuyos trabajadores/as cuentan con representación de organizaciones afiliadas a IndustriALL.

Además, Turquía sufre por aranceles impuestos por EE. UU. en los sectores siderúrgico y del aluminio, entre otros, que afectan los empleos en sectores de la industria manufacturera.

La fuerte devaluación de la lira ha resultado en una disminución drástica del poder adquisitivo de los trabajadores/as. A principios de este año, se aumentó el salario mínimo legal de 1.404 a 1.603 liras netas: en ese momento el aumento valía más de € 350, pero ahora tiene un valor inferior a € 200. El salario mínimo de Turquía ha llegado a ser más bajo que en los países vecinos.

Los sindicatos turcos están unidos al exigir una solución rápida mediante el aumento del salario mínimo legal a 2.000 liras, que aun así dista mucho de ser suficiente para sobrevivir.

Se ha informado que varias empresas ya se han declarado en bancarrota ante las autoridades, lo que produce pérdidas masivas de empleos, sin protección.

Las afiliadas turcas también deben luchar por las libertades y los derechos sindicales fundamentales de los trabajadores/as que se establecen en los convenios internacionales y la constitución del país. Se ejerce constante presión e intimidación contra los trabajadores/as y los sindicatos, especialmente cuando participan en campañas de sindicalización y negociación colectiva.

La visita de IndustriALL coincidió con una gran disputa laboral relacionada con la construcción del gigantesco tercer aeropuerto en Estambul, donde laboran 32.000 trabajadores/as. Desde el inicio del proyecto, se han muerto al menos 37 personas, y los trabajadores/as dicen que el número podría ser mucho mayor. Los trabajadores/as han informado sobre problemas de seguridad, tiempo de trabajo excesivo, y falta de comida y alojamiento.

Los trabajadores/as se declararon en huelga para protestar por el aumento del número de víctimas fatales y las malas condiciones de trabajo en el lugar de construcción del aeropuerto, pero se llamó a las fuerzas de seguridad para reprimir esta acción industrial. Funcionarios sindicales y miembros del sindicato han sido detenidos y todavía están en la cárcel. IndustriALL Global Union e IndustriAll European Trade Union se unieron al movimiento sindical internacional para protestar por la situación, escribiendo al Presidente del país y a IGA, el consorcio encargado de la construcción del aeropuerto.

Al dirigirse a la reunión, Valter Sanches y Luc Triangle, Secretarios Generales de IndustriALL Global Union e IndustriAll European Trade Union respectivamente, declararon lo siguiente:

“Confiamos y esperamos sinceramente que Turquía resuelva sus difíciles problemas económicos actuales sin tener que recurrir a agencias financieras internacionales, en particular al Fondo Monetario Internacional, ya que todavía recordamos con dolor sus políticas de austeridad del pasado reciente dirigidas contra los trabajadores/as.
“IndustriALL Global Union e IndustriAll European Trade Union están plenamente comprometidos a seguir brindando nuestro apoyo total y solidaridad a todas nuestras afiliadas turcas en su lucha por los derechos sindicales fundamentales.
“Nuestras dos organizaciones están aquí presentes para demostrar nuestro apoyo constante a nuestras afiliadas turcas en estos momentos difíciles para los trabajadores y trabajadoras de este país”.

La IndustriALL presenta una denuncia en la OCDE contra General Electric

La IndustriALL y su afiliado argelino, el Syndicat National Autonome des Travailleurs de L'électricité et du Gaz (SNATEG), han presentado la denuncia después de que GE no abordara las violaciones de los derechos humanos vinculadas con su asociación de miles de millones de dólares con la empresa estatal de la energía de Argelia, Sonelgaz.

Desde 2013, Sonelgaz ha acosado, amenazado, despedido y sometido a medidas disciplinarias a más de mil dirigentes y miembros del SNATEG por sus actividades sindicales, impidiendo al sindicato funcionar efectivamente.

Sonelgaz ha oprimido, y sigue oprimiendo, a los miembros y dirigentes del SNATEG por medio del sistema judicial, y ha convocado a 1.114 miembros sindicales a los tribunales por recurrir a la huelga en 2017.

“General Electric está relacionada directamente con graves violaciones de los derechos humanos en Argelia, y no las ha considerado. GE ha ignorado nuestras advertencias sobre estos abusos, por lo que hemos pedido a la OCDE que intervenga," dice el secretario general de la IndustriALL, Valter Sanches.

La IndustriALL y al menos cuatro sindicatos afiliados con miembros en GE han escrito a la empresa en numerosas ocasiones desde enero de 2018, instando a GE a llevar a cabo la debida diligencia en sus operaciones en Argelia, pero GE no ha respondido en absoluto.

La asociación de GE con Sonelgaz incluye un acuerdo de servicios de 20 años valorado en más de 3.000 millones $ EE.UU. y un acuerdo de 2.700 millones $ EE. UU. para suministrar grandes turbinas de gas y tecnología conexa a nueve plantas de energía del país. GE tiene numerosas empresas conjuntas con Sonelgaz y ofrece programas de formación en gestión a ejecutivos de Sonelgaz.

El presidente de SNATEG, Raouf Mellal, que fue despedido por Sonelgaz por sus actividades sindicales, ha sido condenado a un total de 28 meses de presión y a multas de 10.000 euros (12.300 $ EE.UU.) por siete acusaciones falsas. Esto comprende una condena de seis meses por dar a conocer una inflación ilegal de Sonelgaz de las facturas de electricidad durante diez años, que ha afectado a ocho millones de hogares en Argelia. Mellal se ha visto obligado a trasladarse a una dirección secreta para evitar el acoso y la intimidación de las autoridades.

Abdelkader Kawafi, secretario general del SNATEG, fue declarado culpable y condenado a tres meses de prisión por hacer declaraciones a la prensa en las que habló del trabajo precario en Sonelgaz. Igualmente, el líder sindical despedido, Benzine Slimane, presidente de los guardas de seguridad y del sindicato de protección del SNATEG, fue multado y condenado a prisión, y está siendo perseguido por Sonelgaz en cuatro causas arbitrarias. Según el sindicato, está acusado por Sonelgaz de difamación por pedir que se ponga fin al acoso sexual de las trabajadoras.

Esta persecución ha sido documentada por la Organización Internacional del Trabajo, que ha expresado serias preocupaciones por la represión sindical en Sonelgaz y por el Gobierno argelino. Una misión de la OIT al país prevista para febrero de este año tuvo que anularse porque el Gobierno se negó a permitir reuniones con el SNATEG y con otros sindicatos independientes en el país.

La denuncia contra GE ha sido presentada por la IndustriALL y el SNATEG al punto de contacto nacional de la OCDE en Estados Unidos.