Sindicatos de Túnez en huelga por las políticas de austeridad del FMI

Esta huelga, que involucra a 670,000 trabajadores y trabajadoras, se produce después del paro de 24 horas que se llevó a cabo en noviembre de 2018. La protesta afecta a aeropuertos, puertos, escuelas, hospitales, medios de comunicación estatales y oficinas del gobierno; se han suspendido muchos vuelos de Tunisair. Los salarios no han logrado mantenerse al día con el aumento de los precios, produciendo una reducción del poder adquisitivo de la población.

La UGTT informó ayer que la huelga anunciada se realizará después de “difíciles” negociaciones que consistieron en más de 100 sesiones. A pesar de las concesiones que la UGTT ofrecía, el gobierno, por el contrario, “insistió porfiadamente en no abordar los principales problemas económicos y sociales, como la evasión fiscal, el enorme déficit de los fondos de seguridad social, la economía informal, la inflación y la disminución del poder adquisitivo de los tunecinos”.

El gobierno señaló que no podía aceptar aumentos salariales debido a su compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le obliga a recortar los gastos públicos y a equilibrar el presupuesto. Túnez recibe ayuda vital del FMI que está sujeta a reformas económicas.

Durante las negociaciones, la delegación del gobierno se retiró muchas veces para consultar con el FMI, a miles de kilómetros de distancia, lo que llevó a algunos en la UGTT a proponer que el sindicato entablara negociaciones directamente con el FMI, en vista de la falta de capacidad del gobierno. La UGTT afirma que el gobierno está recibiendo órdenes del FMI, que ha demostrado poco interés en abordar los problemas de crucial importancia, y que carece de una amplia visión económica y social.

La UGTT rechazó una oferta del gobierno de un aumento salarial mensual de 80 dinares ($ 27): por lo contrario, la federación sindical exige un aumento de 270 dinares ($ 91). El 16 de enero, un intento de última hora de superar el impasse sólo duró unos minutos.

En una carta dirigida a la UGTT y a los sindicatos afiliados a IndustriALL Global Union, el Secretario General Valter Sanches señaló:

“Es lamentable saber que las negociaciones de última hora con el gobierno no hayan llegado a ningún acuerdo sobre el aumento salarial para los trabajadores y trabajadoras del sector público.

“Compartimos con la UGTT la firme convicción de que los trabajadores y trabajadoras del sector público tienen derecho y merecen un aumento salarial decente, semejante a los acuerdos que se han establecido con el sector privado y con la fuerza de trabajo de empresas estatales. Los trabajadores y trabajadoras del sector público enfrentan los mismos problemas, ya que el poder adquisitivo se deteriora rápidamente debido al alza de los precios”.

PERFIL: Sindicato de la electrónica de Bielorrusia ha ganado mucha experiencia en la lucha

Sindicato:
Sindicato de Trabajadores de Radio y de la Industria Electrónica de Bielorrusia (REP)

País:
Bielorrusia

Texto:
Alexander Ivanou

Bielorrusia ha tenido tradicionalmente un fuerte sector de radio y electrónica con personal altamente calificado. Hace casi 30 años, muchos de ellos, que en el pasado fueron afiliados al único sindicato que había, optaron por votar a favor de crear su propio sindicato, nuevo e independiente.

Unos 275.000 trabajadores/as se unieron al sindicato, que llegó a ser el mayor sindicato industrial de Bielorrusia. El sindicato también se afilió a lo que entonces era la única central sindical del país, la Federación de Sindicatos de Bielorrusia (FPB).

Cuando el país pasaba de una economía planificada a otra, orientada al mercado, muchas empresas se vieron obligadas a buscar nuevos mercados y a desarrollar nuevas redes de distribución. Se produjo entonces una serie de crisis económicas. Los sueldos se desplomaron, y debido a la falta de pedidos, las fábricas redujeron el número de empleados, lo que llevó también a una reducción de la afiliación sindical.

“Fueron tiempos muy difíciles, sin embargo, junto con otros sindicatos, el REP nunca dejó de luchar por los trabajadores y trabajadoras”,

dice Gennady Fedynich.

A principios de la década de 1990, los sindicatos participaron directamente en protestas masivas. En las plazas en el centro de Minsk, manifestaron miles de personas, diciendo “No al empobrecimiento del pueblo”. Las protestas obligaron al gobierno a reaccionar y ayudaron a estabilizar la situación en la industria, al mismo tiempo que comenzaron a aparecer nuevos sindicatos independientes en Bielorrusia. En 1993, se constituyó el Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia.

Restricciones a la libertad

Con la elección de Lukashenko como Presidente en 1994, muchas instituciones de la sociedad civil fueron sometidas a control estatal cada vez más estricto; las libertades se hicieron aún más limitadas que durante el tiempo de la Unión Soviética. Para los sindicatos se hizo cada vez más difícil escapar del control estatal.

1 En el año 2000, el REP fue una de las organizaciones que entablaron una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violaciones de los derechos sindicales y laborales en Bielorrusia (desde esa fecha el país ha sido objeto de escrutinio constante de la OIT).

El gobierno respondió rápidamente: en vez de corregir la situación, en 2003, el gobierno de Lukashenko convirtió al director adjunto de la administración presidencial en el nuevo líder de la federación sindical. Usando manipulación y presión administrativa, el recién llegado reemplazó a los dirigentes independientes que más cuestionaban la situación en los sindicatos nacionales afiliados a la FPB.

En señal de protesta, el REP se retiró de la FPB.

La respuesta de las autoridades fue crear un sindicato industrial, completamente bajo el control de las autoridades. A través de la presión tanto de la administración como de los directores de fábrica, este supuesto sindicato se apropió de la mayoría de los sindicatos afiliados al REP. El REP sufrió un grave revés, que le dejó con solamente 630 miembros.

“La labor de sindicalización es sumamente difícil en condiciones como éstas, donde se ejerce tanta presión sobre los trabajadores y trabajadoras, pero sigue siendo el foco principal de atención del REP”,

dice Gennady Fedynich.

“Y a pesar del empeño de las autoridades, nuestro sindicato ha logrado crecer hasta tener 2.500 miembros”.

En 2009, el REP se unió al Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia. Actualmente, el REP es activo en 28 grandes ciudades en todas las provincias del país, así como en la capital, Minsk, y va aumentando su presencia en las plantas de fabricación en todo el país.

Hacia fines de la década de 1990, el presidente Lukashenko emitió un decreto sobre contratos de duración determinada. Poco a poco se fue trasladando a toda la fuerza de trabajo del país a contratos de un año, o como máximo, de cinco años. Una vez vencidos los contratos, las empresas despedían a sus trabajadores/as, dejándolos sin protección social ni indemnización por despido.

El REP se movilizó rápidamente para proteger a los trabajadores/as, estableciendo una serie de centros de asesoría legal donde abogados sindicales ayudaban a los trabajadores/as a proteger sus intereses. Aunque esto hizo que los activistas sindicales fueran blanco de amenazas y abuso de parte de los empleadores, Fedynich dice que al brindar este servicio a todos los trabajadores/as se le dio al REP una buena oportunidad para lograr la afiliación de nuevos miembros.

Bielorrusia no atrae mucha inversión extranjera.

En un intento de aumentar los ingresos del estado, el gobierno introdujo el nefasto Decreto No. 3, que en efecto castigaba a los desempleados, imponiéndoles un alto nivel de impuestos.

Inmediatamente, este decreto fue conocido con el despectivo apodo “Decreto sobre parásitos sociales”, referencia a legislación semejante que había existido en la Unión Soviética.

Por iniciativa del REP, se lanzó una campaña amplia para derogar ese decreto. A principios de 2017, los miembros del sindicato participaron muy activamente en las protestas masivas contra esa injusta legislación. Como de costumbre, las autoridades respondieron con una ola de represión: 36 miembros del REP fueron multados con un total de BYN 8.027 (US$ 4.292) y muchos fueron detenidos. Los miembros del sindicato pasaron un total de 225 días en la cárcel y también les aplicaron una multa adicional de 2.600 BYN (US$ 1.380).

Temiendo nuevas protestas, las autoridades bielorrusas retiraron el Decreto No. 3, sin embargo, algunos meses después, reintrodujeron una versión modificada con un nombre diferente.

El nuevo decreto impuso el mismo principio de castigar a los desempleados por no poder encontrar trabajo en el país. La nueva versión del decreto ha sido objeto de enérgicas críticas tanto dentro como fuera del país, por introducir aspectos de trabajo forzoso, sin embargo el gobierno tiene proyectado ponerlo en vigencia para el 2019.

Es muy probable que el temor a nuevas protestas masivas y el importante papel que realizó el sindicato sean los factores detrás de otro significativo ataque de las autoridades bielorrusas contra el REP.

En horas de la madrugada del 3 de agosto de 2017, se allanaron las oficinas de varias afiliadas de IndustriALL, del REP y del Sindicato Independiente de Mineros, Trabajadores de la Química, Refinerías de Petróleo, Energía, Transporte, Construcción y Otros, así como las casas de sus dirigentes, como parte de una investigación criminal contra Gennady Fedynich e Ihar Komlik, Presidente y Jefe de contabilidad del REP, por presunta evasión fiscal a gran escala.

Ihar Komlik fue detenido y pasó dos meses en la cárcel. La investigación duró un año entero y los investigadores interrogaron a más de 800 miembros del sindicato como testigos.

Según los informes, durante los interrogatorios, los investigadores estuvieron especialmente interesados en informarse sobre el sindicato y sus actividades, y no sobre los dirigentes acusados y sus supuestos delitos.

El juicio se llevó a cabo finalmente en agosto de 2018. Fue seguido de cerca por IndustriALL Global Union a través de observadores de afiliados en la región, así como por los medios de comunicación.

Kemal Özkan, Secretario General Adjunto de IndustriALL, asistió al anuncio del veredicto:

“IndustriALL cree que aunque el caso criminal se presentó contra dos personas, es evidente que se ha dirigido contra el propio sindicato, y, en un sentido más amplio, contra los derechos de los sindicatos independientes.

“IndustriALL y sus afiliados seguirán apoyando al REP, a Gennady Fedynich y a Ihar Komlik en su lucha por defender y promover los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Bielorrusia”.

ACTUALIZACIÓN: Desde que se publicó este artículo en la revista de la IndustriALL Global Worker, Gennady fue obligado a cesar como presidente del sindicato, después de ser declarado culpable por el tribunal. El comité del sindicato ha creado ahora un cargo especial de asesor del sindicato para Gennady.

Las autoridades han impuesto condiciones imposibles para Gennady Fedynitch e Ihar Komlik. En realidad, están encarcelados en sus domicilios; hasta la visita de un médico plantea problemas. Su libertad de movimientos está muy restringida; los días laborables sólo se les permite ir al trabajo y regresar, y los fines de semana tienen que permanecer en casa. La policía puede acudir y comprobar su presencia varias veces por noche.

Gennady e Ihar son claramente presos políticos. Pero siguen luchando, con su sindicato contra las injusticias en Bielorrusia.

Trabajadores de guantes de goma en Sri Lanka protestan por despidos improcedentes

Los trabajadores se han manifestado en la zona franca de Katunayake desde el 11 de enero, tras los despidos, lo que ha obligado a la empresa a parar la producción.

Los despidos se realizaron a pesar de que hay pendiente un procedimiento de arbitraje entre los cinco miembros sindicales y la empresa.

Los trabajadores de ATG Ceylon reaccionaron iniciando una protesta en la zona franca de Katunayake. Luego, la empresa paró la producción hasta nuevo aviso.

El arbitraje se debe a un incidente acaecido en septiembre de 2015, al colocarse folletos sin permiso de la empresa en el tablón de anuncios sobre una campaña de donación de sangre organizada por el sindicato con el ministro de salud, para conmemorar el segundo aniversario del sindicato.

Como resultado, la dirección de ATG presentó acusaciones contra 30 empleados. Después, siete empleados, entre ellos dirigentes sindicales, fueron sometidos a medidas disciplinarias, y se envió una carta de advertencia a otros empleados.

ATG ha orquestado una incesante campaña discriminatoria contra el sindicato, que está afiliado a la IndustriALL Global Union a través de la Free Trade Zones & General Services Employees Union (FTZ & GSEU) de Sri Lanka.

En febrero de 2017, la empresa obligó al sindicato a realizar una votación para representar a los trabajadores, a pesar de que dispone ya de un mandato para hacerlo. El sindicato logró fácilmente más de la mayoría requerida del 40 por ciento, con una participación del 95 por ciento. No obstante, la discriminación ha continuado.

En un acto particularmente mezquino para desmoralizar a los empleados, ATG se negó a entregar medallas de oro a los miembros sindicales que llevaban trabajando más de cinco años, a pesar de que se dieron a trabajadores no sindicados como parte de las celebraciones de las bodas de plata de la empresa. Uno de los trabajadores que renunció al sindicato, recibió su medalla.

Como el sindicato ha tratado de resolver el problema de numerosos despidos y suspensiones en la empresa mediante el procedimiento de arbitraje, la dirección se adelantó despidiendo a cinco miembros sindicales con efecto inmediato el 11 de enero de 2019.

Anton Marcus, de la FTZ & GSEU, dijo:

“La dirección de ATG ha actuado injustamente, sin respetar el procedimiento de arbitraje en curso y violando la Ley de conflictos laborales. A los trabajadores se les tienen que proporcionar todas las prestaciones a que tienen derecho, con independencia de que intervengan en actividades sindicales. Exigimos la inmediata readmisión de los trabajadores despedidos. Y pedimos a la dirección de ATG que colabore constructivamente con el sindicato para resolver el conflicto lo antes posible."

En una carta de 16 de enero, el secretario general de la IndustriALL, Valter Sanches, dijo:

“El continuo incumplimiento por su empresa de los derechos fundamentales del trabajo es una vergüenza para sus clientes, sus socios y las autoridades de Sri Lanka. La FTZ&GSEU es un sindicato responsable, con prestigio internacional, y debe ser tratada con respeto, como interlocutor relevante en la negociación de ATG.”

Los sindicatos de Malasia responden a reforma de legislación de relaciones laborales y sindicatos

Después de que el Ministro de Recursos Humanos de Malasia, YB M. Kulasegaran, informara que el gobierno va a cambiar la Ley de Empleo de 1955, IndustriALL y el Grupo de Trabajo sobre Trabajo Decente organizaron, en diciembre del año pasado, una primera reunión de consulta sobre reforma de ese proyecto de ley.

De esa reunión surgió un plan de acción señalando que para fines de diciembre de 2018 se redactaría una lista de reivindicaciones, para reunirse posteriormente con el Ministro de Recursos Humanos de Malasia en la primera semana de enero de 2019; para esto, se enviará una delegación al Parlamento en marzo de 2019, cuando la ley reformada se va a presentar a los legisladores.

El 13 de enero, se celebró la segunda reunión de consulta de IndustriALL y el Grupo de Trabajo sobre Trabajo Decente, con más de 60 participantes de 31 sindicatos, de los sindicatos mundiales ICM y UNI, así como de la MTUC y varias ONG.

Entre los más importantes principios relacionados con las enmiendas, se analizaron la libertad de sindicación y los derechos de negociación colectiva. Estos temas surgen en las secciones que se centran en la formación de sindicatos y el reconocimiento de los convenios colectivos.

Para evitar que se atrase el registro de los sindicatos, los participantes sugieren corregir la sección 12 (1) de la Ley de Sindicatos para exigir que el Director General (DG) a cargo complete el registro dentro de treinta días de haberse presentado.

El grupo de trabajo propone otras enmiendas más para fortalecer la posición de los sindicatos en situaciones en que se trata de cancelar y suspender a los sindicatos. El grupo exige que decisiones de esta naturaleza sean remitidas a un tribunal, y también que se eliminen varias restricciones a las huelgas, incluyendo el poder del DG de declarar que una huelga carece de validez legal.

La reunión señalada, que fue presidida por Datuk Abdul Halim Mansor, presidente de la MTUC, con Bruno Periera y Gopal Kishnam como moderadores, presentará la enmienda al Ministro.

ARTÍCULO DE FONDO: Acuerdos globales vinculantes ofrecen justicia en cadenas de suministro

Texto: Jenny Holdcroft

Ni siquiera saben quiénes son sus trabajadores/as, perdidos en el laberinto de múltiples capas de subcontratación, externalización y agencias en las cadenas mundiales de suministro, donde todo está diseñado para permitir que las empresas evadan responsabilidad por los trabajadores/as, quienes contribuyen a sus ganancias.

No es de extrañar que se insista cada vez más en que se debe controlar y regular mejor a las corporaciones multinacionales. Ha perdido toda credibilidad el concepto de la autorregulación respaldada por auditorías empresariales respecto a su desempeño en materia de derechos humanos. Además, la gran cantidad de mecanismos para presentar informes voluntarios que respaldan la autorregulación no son convincentes en cuanto al respeto por los derechos de los trabajadores/as.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, proporcionaron el primer esquema respaldado por la ONU sobre las responsabilidades de las empresas multinacionales. Existe amplio apoyo para los Principios Rectores, ya que sintetizan las expectativas de la sociedad respecto a las EMN; sin embargo, no alcanzan a imponer ninguna obligación real a las empresas, independientemente de que adopten o rechacen estos Principios Rectores.

En respuesta, 84 gobiernos, apoyados por muchas organizaciones de la sociedad civil, proponen un instrumento legal vinculante para proteger a las personas de abusos de los derechos humanos cometidos por las EMN. En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acordó establecer un Grupo de Trabajo Intergubernamental para elaborar un proyecto de tratado. En julio de 2018 se publicó el primer borrador (cero) de un ‘Instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas’. Se centra menos en las obligaciones de las EMN y más en el acceso a remedio y justicia por parte de víctimas de abuso corporativo. No pretende crear ni reconocer ninguna obligación directa de las EMN respecto a los derechos humanos según el derecho internacional, pero crearía obligaciones para que los estados establezcan legislación u obliguen a las empresas a responder legalmente por abusos cometidos en sus operaciones1. Contiene algunas medidas obligatorias de diligencia debida que significarían que los gobiernos deben obligar a las EMN a identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan aquellas consecuencias de sus actividades que repercutan en los derechos humanos. Sin embargo, no está claro cómo los gobiernos podrían vigilar y velar por el cumplimiento de estas obligaciones, especialmente en vista de la débil aplicación de los derechos laborales que actualmente existe en muchos países. Otro problema potencial es cómo imputar a las empresas la responsabilidad por los abusos en sus cadenas de suministro. En el texto del borrador se utiliza una definición amplia de responsabilidad, que incluye cuando una empresa “controla” las operaciones o tiene “relaciones estrechas” con la entidad en su cadena de suministro, lo que da un fuerte incentivo para que las empresas multinacionales denieguen o eviten dichos vínculos. Se supone que las EMN se van a oponer enérgicamente a un tratado tan vinculante, y el proceso aún tiene un largo camino por recorrer.

En 2016, la Conferencia Internacional del Trabajo realizó un debate tripartito sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro. La resolución que surgió instó al Consejo de Administración de la OIT a convocar una reunión tripartita o de expertos para evaluar las deficiencias que dan lugar a déficits de trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, y examinar qué orientación, programas, medidas, iniciativas o normas se necesitan para abordar este problema. Esta reunión tendrá lugar en febrero de 2019. Los sindicatos seguirán utilizando este proceso para presionar por un Convenio de la OIT sobre las cadenas mundiales de suministro, aunque será difícil lograr el apoyo de los empleadores y los gobiernos para una norma que requiera regulación vinculante sobre las EMN.

Sigue la falta de regulación vinculante, sin embargo las EMN son susceptibles cuando los problemas afectan su reputación. La manifestación de indignación mundial por el derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh en 2013, que le cobró la vida a más de 1100 trabajadores y trabajadoras y dejó lesionados a muchos más, se sintió en toda la industria textil y de la confección. La publicidad sobre esta tragedia afectó todavía más fuertemente a las marcas que, según se descubrió, habían comprado ropa hecha en ese edificio. Como consecuencia directa, preocupadas por la asociación de su marca con la muerte y mutilación que se produjeron en la tragedia, más de 200 EMN se sintieron obligadas a firmar un acuerdo legalmente vinculante con IndustriALL y UNI Global Union: el Acuerdo sobre seguridad en la construcción de edificios y de instalaciones de sistemas contra incendios en Bangladesh.

La asociación con violaciones graves de los derechos humanos puede tener un impacto significativo en las ventas de la compañía y en el valor de las acciones. Aquellas compañías que enfrentan directamente a los consumidores experimentan la presión más fuerte, Pero esto de ninguna manera es garantía de que responderán otorgando los cambios que se les exijan. En 2010, Apple se enfrentó a múltiples suicidios de trabajadores y trabajadoras que fabricaban su iPhone en Foxconn en China, pero a pesar de las campañas y la cobertura negativa en los medios de comunicación, su reputación no se perjudicó entre los consumidores (ni tampoco sus ventas) y logró salir adelante, a pesar de las críticas. Para las EMN en los sectores de IndustriALL cuyas marcas no son tan conocidas, de las cuales hay muchas, existen menos oportunidades para que la presión pública impulse un cambio de conducta. Las exigencias del mercado, de los inversionistas y de los accionistas en busca de mayores ganancias siempre saldrán ganando si no hay una campaña opuesta de presión.

Enfrentar al capital global

Desde hace mucho tiempo, se reconoce que la negociación colectiva es una herramienta esencial que permite que los trabajadores/as aprovechen su fuerza colectiva para establecer, a través de la negociación, convenios con los empleadores sobre sus salarios y condiciones de trabajo, con el fin de regular la relación de empleo a nivel nacional, sectorial o de empresa. Estos convenios funcionan porque pueden hacerse cumplir.

El Convenio 98 de la OIT obliga a que el acceso a la negociación colectiva sea un derecho para todos los trabajadores/as, y la protección de este derecho es una de las principales prioridades del movimiento sindical mundial. Sin embargo, este derecho no se extiende al nivel global. A pesar de evidencia indiscutible de control centralizado sobre las políticas de empleo de las EMN en muchos países, los sindicatos no pueden usar la herramienta principal que ocupan para atenuar el poder corporativo, hacer frente a las operaciones globales de las EMN y exigir una participación justa para los trabajadores/as.

Desde hace muchos años, los sindicatos mundiales vienen estableciendo relaciones con las EMN a nivel mundial, de manera más efectiva al firmar Acuerdos Marco Globales. Si bien las compañías con las que trabaja IndustriALL son capaces de abordar convenios colectivos de cumplimiento obligatorio a nivel nacional en los países donde operan, son mucho más reacias a celebrar acuerdos de esta naturaleza en relación a sus operaciones mundiales. Una excepción notoria es el Acuerdo de Bangladesh.

Inmediatamente después del derrumbe de Rana Plaza, las empresas estuvieron dispuestas a firmar un acuerdo jurídicamente vinculante. Una vez que algunas compañías lo hicieron, esto facilitó para que más compañías aceptaran los mismos términos. Finalmente, más de 220 EMN se comprometieron a cumplir legalmente con sus compromisos. Es evidente que se puede superar la resistencia a los acuerdos globales legalmente vinculantes una vez que se vuelvan más comunes y bien conocidos para las empresas, de la misma manera que ya lo son los convenios a nivel nacional. Como dijo un representante de la compañía durante las negociaciones para el Acuerdo de Bangladesh de 2018, “Si llegamos a un acuerdo, tenemos la intención de cumplirlo, entonces ¿por qué nos ha de preocupar que sea legalmente vinculante?”

El Acuerdo original de 2013 contenía un procedimiento de varias etapas para resolver conflictos entre los sindicatos mundiales y los signatarios corporativos. Disponía que si no se llegaba a una resolución, las partes podían apelar a un proceso de arbitraje final y vinculante, según un proceso regido por los Reglamentos sobre Arbitraje Comercial Internacional de la CNUDMI. Esta fue la primera vez que este sistema se había aplicado para regir disputas laborales, y la experiencia de presentar pleitos en virtud del mismo ha brindado a IndustriALL y a UNI algunas lecciones valiosas sobre su idoneidad más general como mecanismo de arbitraje para los acuerdos sindicales globales.

Lo que se ha aprendido

En julio y octubre de 2016, los dos sindicatos mundiales presentaron al Tribunal Permanente de Arbitraje en La Haya casos de arbitraje contra dos marcas signatarias del Acuerdo. Posteriormente los casos se unieron en un solo juicio. Los dos casos dependían de si las marcas mundiales involucradas cumplían con los requisitos del Acuerdo de exigir que sus proveedores remediaran las instalaciones dentro de los plazos obligatorios impuestos por el Acuerdo, y que realizaran negociaciones para establecer términos comerciales que fueran económicamente factibles para que sus proveedores cubrieran los costos de la remediación.

Dado que este fue el primer arbitraje de este tipo, los planteamientos iniciales se centraron en la admisibilidad (si se podía atender estos casos), la elección de la ley (la legislación de qué país debería regir la disputa) y cuestiones de procedimiento como la producción de documentos. Esto resultó ser un proceso muy pesado y costoso. Como no se pudo llegar a un acuerdo sobre un solo árbitro para oír los casos, bajo los Reglamentos de la CNUDMI se presentaron ante un panel de tres árbitros, uno elegido por los demandantes (los sindicatos mundiales), uno elegido por las marcas y un presidente designado por el Tribunal Permanente de Arbitraje. Los sindicatos mundiales debían depositar €150,000 con el Tribunal para cubrir los honorarios y los viajes de los tres árbitros y los costos administrativos del Tribunal. Para que los sindicatos puedan acceder a un mecanismo de cumplimiento obligatorio, habría que encontrar un sistema mejor para mantener bajos los costos.

Para presentar estos casos para arbitraje, IndustriALL y UNI tenían que encontrar representación legal. Esto habría sido prohibitivamente costoso y los casos no podrían haberse presentado sin la representación gratuita provista por Covington & Burling. Se dedicó una enorme cantidad de trabajo a la preparación de los casos y a reunir los testimonios de testigos y expertos.

En marzo de 2017 se realizó una primera audiencia procesal, donde se estableció un cronograma para consideración de los casos. Se preveía el intercambio de documentos en octubre y noviembre de 2017, presentación de documentos en diciembre de 2017 y febrero de 2018 y una audiencia oral en marzo de 2018, casi dos años después de la demanda original.

En septiembre de 2017, el Tribunal emitió una orden señalando que los casos eran admisibles y podían continuar.

Al final, ambos casos se resolvieron antes de la audiencia oral, lo que sin duda habría resultado en significativos costos adicionales tanto para los sindicatos mundiales como para las empresas.

Las dos marcas acordaron pagar cantidades significativas para la renovación de las fábricas de prendas de vestir por las cuales tenían responsabilidad en virtud del Acuerdo. Debido a las disposiciones de confidencialidad, no se puede identificar las marcas ni dar a conocer los términos de uno de los acuerdos. En el otro acuerdo, la compañía acordó pagar $2 millones para completar el monto para remediación a más de 150 fábricas y contribuir con otros US$ 300.000 al Fondo conjunto de Apoyo a los Trabajadores de la Cadena de Suministro de IndustriALL y UNI, establecido para apoyar el trabajo que realizan los sindicatos mundiales para mejorar los salarios y condiciones de trabajo de los trabajadores/as en las cadenas mundiales de suministro. Hablando después de haberse logrado los acuerdos en el tribunal, el Secretario General de IndustriALL, Valter Sanches, dijo: “Este arreglo demuestra que el Acuerdo de Bangladesh funciona. Comprueba que los mecanismos jurídicamente vinculantes pueden obligar a las empresas multinacionales a rendir cuentas”.

Estos resultados demuestran cuán importante es que los sindicatos mundiales puedan firmar acuerdos vinculantes con las EMN y que posteriormente puedan hacer que estos acuerdos se cumplan. Pero la experiencia también demostró las limitaciones del uso de los mecanismos existentes de arbitraje internacional, que no están diseñados ni son adecuados para resolver conflictos laborales.

¿Cuáles son los próximos pasos?

IndustriALL, junto con UNI, tiene el compromiso de tratar de establecer auténticas relaciones laborales a nivel mundial, estableciendo con las corporaciones multinacionales acuerdos vinculantes que incluyan efectivos mecanismos de cumplimiento obligatorio.

Si bien se firma un número cada vez mayor de acuerdos entre EMN y los sindicatos mundiales, todavía no existe ningún mecanismo a través del cual las disputas en virtud de los acuerdos puedan resolverse mediante conciliación y arbitraje vinculante a nivel mundial. Algunos de estos acuerdos se refieren a la OIT como un posible árbitro en los conflictos, pero la OIT ha dejado en claro que no puede asumir este papel. Para que el movimiento sindical logre su objetivo de firmar acuerdos globales vinculantes, es imprescindible que tengamos acceso a un mecanismo de cumplimiento obligatorio que evite los inconvenientes del proceso de Reglamentos de la CNUDMI.

Este mecanismo debería ser mucho más rápido: los trabajadores/as no pueden esperar casi 2 años para que se oiga su caso. Tiene que ser más barato: es innecesaria la obligación de pagar para que tres árbitros escuchen el caso. No se debe exigir la producción de cantidades excesivas de documentos: en los casos relacionados con el Acuerdo, se intercambiaron una gran cantidad de documentos que luego debieron ser leídos y analizados. Las disposiciones de confidencialidad no deben impedir que los sindicatos mundiales puedan informar sobre el caso a sus órganos ejecutivos y a los trabajadores/as afectados. Finalmente, los sindicatos deben tener acceso directo al mecanismo en cuestión. Los sindicatos mundiales deben poder hacer cumplir sus propios acuerdos sin tener que depender de su capacidad para obtener representación legal gratuita.

En otras palabras, se necesita un mecanismo accesible, eficiente y eficaz para procurar el cumplimiento obligatorio de los acuerdos laborales globales. Por ejemplo, podría haber un árbitro elegido de un panel preseleccionado; para evitar el arbitraje se podría promover y facilitar conciliación oportuna; es posible que no sea necesario presentar documentos antes de la audiencia; se podrían establecer cronogramas que aceleren la finalización del caso.

La experiencia de IndustriALL y UNI en la aplicación del Acuerdo vinculante de Bangladesh ha puesto de relieve la urgente necesidad de desarrollar un mecanismo que esté específicamente diseñado para resolver rápidamente y con precio asequible los conflictos laborales a nivel mundial, y que se pueda utilizar para hacer cumplir, no sólo el Acuerdo de Bangladesh, sino cualquier otro acuerdo vinculante entre los sindicatos mundiales y las EMN.

Los dos sindicatos mundiales están utilizando su Fondo Conjunto de Apoyo a los Trabajadores de Cadenas de Suministro para apoyar el desarrollo de un mecanismo internacional de conciliación y arbitraje laboral para resolver conflictos entre los sindicatos mundiales y las EMN. Esto implicará analizar los modelos existentes de conciliación y arbitraje que los sindicatos usan actualmente, así como otros modelos de arbitraje internacional, y un proceso amplio de consultación con expertos y organizaciones en el campo.

El nuevo Acuerdo de 2018 demuestra que es posible firmar acuerdos globales vinculantes con las EMN. Las 192 empresas que hasta la fecha han firmado el nuevo Acuerdo no fueron motivadas a firmar a consecuencia de algún desastre reciente que hubiese figurado en los titulares como sucedió después de Rana Plaza. Además, tenían cinco años de experiencia de un acuerdo vinculante. Después de los dos casos que terminaron en arbitraje, UNI e IndustriALL tomaron medidas con muchas otras marcas para hacer cumplir el Acuerdo. Lo más significativo es que las dos compañías que se encontraron en el proceso de arbitraje firmaron el nuevo Acuerdo, incluyendo sus disposiciones legalmente vinculantes. Se está trabajando para simplificar el mecanismo de arbitraje y resolución de conflictos que se usó con el Acuerdo para que sea más barato, más rápido y más accesible. Estos cambios podrían señalar el camino hacia un proceso potencial que se pueda usar para otros acuerdos.

IndustriALL seguirá presionando para que se establezca un tratado vinculante de la ONU y un convenio de la OIT sobre las cadenas de suministro, al mismo tiempo que trabaja para desarrollar un mecanismo específico para hacer cumplir los acuerdos laborales globales, diseñado para satisfacer las necesidades del movimiento sindical mundial en la búsqueda de justicia para los trabajadores y trabajadoras de las cadenas de suministro.

Con la huelga se logra la readmisión de los líderes sindicales en Myanmar

Unos 350 trabajadores de otras 15 fábricas se unieron a la huelga en solidaridad a principios de esta semana, después de no cumplir la empresa un acuerdo para reincorporar a los siete dirigentes sindicales.

Unos 100 miembros del afiliado a la IndustriALL Global Union en Myanmar, la Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar (IWFM), pararon el 24 de diciembre de 2018 en protesta por los despidos.

La fábrica, que emplea a unos 300 trabajadores y abrió en 2017, está situada en el municipio de Hlaing Tharyar, a las afueras de Yangon.

En una reunión en la que actuó como mediador el comité de arbitraje laboral del municipio el 2 de enero, la dirección de la fábrica aceptó las 17 demandas del sindicato, incluida la readmisión de los líderes sindicales.

Sin embargo, la fábrica despidió de nuevo a los siete líderes sindicales el lunes 7 de enero, lo que dio lugar a la acción de solidaridad de otras fábricas de la zona, encabezada por la Confederación de Sindicatos de Myanmar (CTUM).

En una segunda reunión del comité de arbitraje laboral, el 8 de enero, dirigentes de la fábrica prometieron readmitir a los siete trabajadores. 

"En Myanmar hay muchas fábricas que violan las leyes y han firmado acuerdos. Pero los casos de despidos improcedentes de líderes sindicales y de trabajadores que reivindican mejores derechos y condiciones de trabajo aumentan cada día", dijo Khaing Zar, presidente de la IWFM.

"Las leyes en Myanmar son débiles para proteger a los trabajadores y a los líderes sindicales. Por eso, nosotros, en la IWFM, hemos decidido proceder a la acción colectiva en la Cixing Knitting Factory. La IWFM pide a los inversores y a los empleadores que respeten las leyes del país, así como los derechos de los trabajadores y de los sindicatos. La IWFM tomará inmediatamente medidas siempre que haya casos de despidos improcedentes de líderes sindicales en el futuro."

Christina Hajagos-Clausen, directora de la industria textil y del vestido en la IndustriALL, dijo: 

“Felicitamos a nuestro afiliado, la Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar, por haberse mantenido firme y defender los derechos sindicales en la Cixing Knitting Factory. El apoyo solidario de centenares de trabajadores de otras fábricas de la zona muestra la fuerza de la acción colectiva. Los sindicatos están marcando una diferencia real para la vida de los trabajadores en Myanmar.”

Trabajadores/as de la India realizan la mayor huelga de la historia

Se unieron diez centrales sindicales y varias federaciones independientes para realizar una histórica huelga general los días 8 y 9 de enero de 2019. Participaron trabajadores y trabajadoras de la manufactura, minería, energía, transporte, banca, servicios públicos, construcción y muchos otros sectores, entre ellos muchos afiliados de IndustriALL Global Union. Por primera vez, los trabajadores/as agrícolas y campesinos también pidieron suspender las faenas en demostración de solidaridad de la India rural.

Los sindicatos enviaron un enérgico mensaje a la Alianza Democrática Nacional del primer ministro Narendra Modi antes de las elecciones generales de mayo de 2019.

La exigencia fundamental de los sindicatos es que se realice una consultación auténtica con los sindicatos sobre reforma de la legislación laboral, incluida la Ley sobre Sindicatos de 1926. Los sindicatos exigen que el gobierno ratifique los Convenios 87 y 98 de la OIT y detenga las enmiendas a la legislación laboral que favorecen a los empleadores.

Por su parte, Valter Sanches, Secretario General de IndustriALL, envió una carta de apoyo señalando lo siguiente:

“Millones de trabajadores y trabajadoras tomaron las calles de la India para llamar la atención sobre el grave deterioro de sus condiciones de trabajo y para solicitar la implementación de medidas urgentes para controlar el aumento de los precios mediante la universalización de los sistemas de distribución pública y la prohibición del comercio especulativo en el mercado de productos básicos. También exigieron reducir el desempleo mediante medidas concretas para crear puestos de trabajo y lograr rigurosa aplicación de la legislación laboral fundamental.

“Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a vuestras reivindicaciones”.

Los sindicatos también exigen lo siguiente:

Mineras desesperadas recurren a la huelga de hambre en Ucrania

Días más tarde, otra empleada, Larisa Malik, se unió a esas trabajadoras, Iryna Strykalova, Natalia Mednikova y Maya Lewandowska.

Según el vicepresidente de la organización local del Sindicato Independiente de Mineros de Ucrania en Selydovo y Novogrodivka, Sergii Pavlov, todos los empleados no manuales de Selydivvugillya están protestando contra el impago de los salarios. Acuden a la oficina, pero no realizan su cometido.

Los trabajadores están desesperados, pues no han cobrado los sueldos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y sólo han recibido una parte del mes de junio.

De acuerdo con el presidente de la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania y del Sindicato Independiente de Mineros de Ucrania, afiliado a la IndustriALL, Mykhailo Volynets, los trabajadores no manuales de Selydivvugillya iniciaron su protesta el 17 de diciembre. Al no recibir ninguna respuesta, cuatro empleadas decidieron iniciar una huelga de hambre.

“La administración de la empresa, junto con los responsables del Ministerio de Energía y de la Industria del Carbón, logró pagar parte de los sueldos a las empleadas que protestaban. Por ejemplo, una de ellas, Natalia Mednikova, recibió 2.400 UAH (87 $ EE.UU.), en tanto que el sueldo mensual de esas mujeres se sitúa entre 3.000 y 3.200 UAH (109-116 $ EE.UU.)."

Algunas trabajadoras son madres solteras y, en algunos casos, todos los miembros adultos de la familia trabajan en la empresa. Por lo tanto, hay casos en que todas las familias trabajadoras pasan meses sin ningún ingreso.

Las cuatro mujeres mantuvieron la protesta incluso en vísperas de Navidad (en Ucrania la mayoría de los cristianos celebran la Navidad el 7 de enero), y pasaron la noche sobre un colchón en una habitación fría.

En la región de Donetsk el tiempo es frío, con temperaturas exteriores de hasta -6° C. Según el sindicato, la habitación donde esas mujeres llevan a cabo su protesta es fría. Una de ellas, Iryna Strykalova, se sintió mal. Los médicos dijeron que podría tener gripe, e insistieron en que pusiera fin a su huelga de hambre. Otros participantes también tienen problemas de salud. Maya Lewandowska sufre presión arterial y una angina de pecho. Ha recibido asistencia médica.

“Los atrasos salariales afectan a unos 1.600 trabajadores", explica Vladimir Babich, presidente de la organización local Selidov del Sindicato de Trabajadores de la Minería del Carbón de Ucrania, también afiliado a la IndustriALL Global Union. "La mayoría de ellos no trabajan en las minas, es decir, que son trabajadores no manuales, empleados y trabajadores de servicios. El Ministerio decidió que sus sueldos se paguen solamente con cargo a los beneficios obtenidos por la empresa, pero, a falta de inversión adecuada, el coste del carbón producido en la mina es alto, y la rentabilidad, baja. Tratamos de abordar la situación muchas veces. Se podría allanar el camino de Selidov a Kiev con las cartas enviadas ya al Ministerio de Energía."

Según la agencia de información ucrania UNN, los salarios atrasados de los mineros del carbón empleados por el Estado superarían los 196 millones UAH (6,93 millones $ EE.UU.) a comienzos de diciembre de 2018.

Las protestas anteriores por los salarios impagados tuvieron lugar en la mina G Kapustin y en la empresa estatal Myrnohradvugillia.

Alarmado por esta situación, el secretario general de la IndustriALL Global Union, Valter Sanches, dirigió una carta al presidente del país, Petro Poroshenko. En su carta, Sanches exige que el Gobierno de Ucrania atienda urgentemente las demandas legítimas de los mineros del carbón en las minas estatales sobre los salarios no pagados y las preocupaciones por la salud y la seguridad."

Sindicatos marroquíes lanzan campaña del “Mes de la ira”

Las federaciones sindicales de Marruecos, la CDT (Confédération Démocratique du Travail) y la UMT (Union Marocaine du Travail) han suspendido todo diálogo social, lanzando campañas para obligar al gobierno a respetar los derechos sindicales. Estas dos federaciones están integradas por varios sindicatos afiliados a IndustriALL.

Del 10 al 20 de enero, la UMT realizará una serie de protestas, incluyendo marchas, huelgas y manifestaciones, en tanto la CDT tiene proyectada una protesta y una caravana de vehículos dirigida la ciudad de Tánger el 11 de enero.

La petición principal de este movimiento es la de exigir que el gobierno institucionalice el diálogo social tripartito, respetando los derechos sindicales y cumpliendo con los Convenios de la OIT, tal como se acordó con los sindicatos el 26 de abril de 2011. A pesar de ese acuerdo, en Marruecos se violan frecuentemente los derechos sindicales.

Los sindicatos también reclaman enérgicamente la gran cantidad de problemas sociales que el gobierno aún no ha abordado, incluyendo el alto costo de la vida, el deterioro de los servicios sociales, la falta de oportunidades para jóvenes, la violación de los derechos de los jubilados y el enorme aumento de la tasa de desempleo.

Además, los sindicatos enfrentan obstáculos en sus intentos de defender a los trabajadores/as, debido a las violaciones generalizadas de los derechos laborales y sindicales por parte de los empleadores, violaciones que no son abordadas por las autoridades. En varios casos, los dirigentes de los sindicatos afiliados a IndustriALL han sido despedidos por realizar actividades sindicales. Por ejemplo, en los últimos meses las empresas multinacionales de fabricación de componentes para automóviles APTIV (anteriormente Delphi), YAZAKI y SEBN-MA despidieron a docenas de miembros y dirigentes de sindicatos afiliados a la CDT y la UMT.

Por su parte, el subsecretario general de la CDT, Khaled Alami Haouair, dijo:

“Nos encontramos frente a una crisis social caracterizada por el deterioro del poder adquisitivo, y la violación de las libertades sindicales y de los beneficios sociales. La CDT continuará su lucha hasta que el gobierno acepte entablar un diálogo social tripartito que cumpla con las normas de la OIT”.

Por otro lado, hablando en nombre de la UMT, Abdelmajid Matoual señaló:

“El secretario general de nuestra federación ha comentado sobre la actual situación económica y social que se caracteriza por el aumento del costo de la vida, la degradación de los servicios socioeconómicos y la oferta del gobierno que no alcanza a satisfacer las expectativas de la clase trabajadora.

“El 27 de diciembre, el consejo nacional de la UMT decidió apoyar la decisión del secretario general de postergar las negociaciones hasta que el gobierno ofrezca propuestas que satisfagan las expectativas de los trabajadores y trabajadoras. El consejo declaró que los días 10 al 20 de enero sean días de protestas y militancia en todas sus formas, incluyendo huelgas y manifestaciones, contra las violaciones de las libertades sindicales”.

Valter Sanches, Secretario General de IndustriALL, envió cartas de solidaridad a las dos federaciones marroquíes.

Las principales reivindicaciones sindicales son:

  1. Que se respete la libertad de sindicación
  2. Que se implemente el acuerdo del 26 de abril de 2011
  3. Que se aumente en 600 Dirham (US$ 63) los salarios de los funcionarios públicos
  4. Que se aumente en un 10% el salario mínimo
  5. Aumento de las prestaciones sociales familiares
  6. Que se rebajen los impuestos, eliminando los impuestos a las pensiones de jubilación
  7. Diálogo social tripartito institucionalizado
  8. Que se revoquen los despidos de sindicalistas y las demandas legales contra dirigentes sindicales

Un trabajador de la confección muerto y 50 heridos en enfrentamientos en Bangladesh

El día siguiente, la policía utilizó cañones de agua para dispersar a una muchedumbre de unos 10.000 trabajadores de la confección en huelga que bloqueaban una carretera principal en Savar, a las afueras de Daca.

Según se informa, 50.000 trabajadores de la confección, muchos de los cuales fabrican prendas para minoristas internacionales como Zara, H&M, Tesco y Walmart, han salido de sus fábricas para exigir salarios más altos.

Los trabajadores de la confección están indignados porque no todos se benefician del reciente aumento gubernamental del 51 por ciento del salario mínimo mensual a 8.000 Taka (94 $ EE.UU.), en particular los trabajadores mayores. Además, los manifestantes dicen que el aumento salarial es demasiado bajo, pues ni siquiera cubre las subidas de precios de los últimos años.

El malestar se originó en Naraynaganj el 9 de diciembre, poco después de entrar en vigor el nuevo salario mínimo, y desde entonces ha habido enfrentamiento esporádicos entre los trabajadores de la confección y la policía en todo el distrito de Daca.

“Condenamos firmemente el uso de la fuerza letal contra los trabajadores de la confección en huelga en Bangladesh,” dijo la secretaria general adjunta de la IndustriALL Global Union Jenny Holdcroft. “La indignación de los trabajadores de la confección sobre las disparidades salariales pone de manifiesto la urgente necesidad de hablar a nivel de la industria para que los sindicatos puedan negociar resultados salariales justos para todos los trabajadores."

Bangladesh es el mayor productor de prendas de vestir del mundo, después de China, con exportaciones de ropa que totalizaron más de 30.000 millones $ EE.UU. en el último ejercicio económico. 

La IndustriALL tiene 16 sindicatos afiliados en el sector del textil y el vestido del país.