Situada en la región conocida como el “cuadrilátero del hierro”, en el centro de Brasil, Itabira es el lugar de nacimiento de uno de los poetas más famosos del país, Carlos Drummond de Andrade, pero también donde nació la compañía minera Vale do Rio Doce. En la actualidad, solo se llama Vale. "Desde 1942 hasta hoy, a lo largo de las generaciones, Itabira y Vale se han convertido en uno solo; el 90% de los ingresos municipales provienen de la minería y toda nuestra economía gira en torno a Vale", explica la secretaria de medioambiente del municipio, la ingeniera Priscila Martins.
Esta multinacional brasileña está involucrada en los dos gravísimos accidentes ocurridos en Brasil: el de noviembre de 2015, cerca de la histórica ciudad de Mariana, y el que afectó a la región de Brumadinho, hace tan solo dos meses. En ambos casos, un deslizamiento del barro formado por el relave de los desechos mineros, causado por la ruptura de presas de retención pertenecientes directa o indirectamente a esta compañía, se llevaron por delante varios cientos de vidas, sin contar con el impacto medioambiental a gran escala que afectó a la zona. La historia de este estado se mezcla con la de la explotación de la riqueza mineral, hasta el punto de llevar como nombre Minas Gerais (minas generales). En los siglos XVI y XVII, se extrajo oro, posteriormente, a finales del siglo XIX, hierro. Hoy día, Minas Gerais produce el 60% del hierro extraído en Brasil. Una riqueza que genera empleos e ingresos, pero que cada vez es más criticada por el impacto que genera. En 2015, la ruptura de la represa Fundão derramó 40.000 millones de litros de relaves mineros en el río Doce y mató a 19 personas.
Del mismo modo, el miedo forma parte de la vida diaria de la población de toda la región. En Itabira, rodean la ciudad no menos de 11 represas mineras. Entre ellas se encuentra Pontal, la presa de retención más grande del país, con un volumen de 227.000 millones de litros de residuos procedentes del tratamiento del mineral [más de 5 veces el volumen del primer desastre].
“Después de Mariana, no estábamos tan preocupados, pero Brumadinho nos asustó. Actualmente, duermo mal, apenas cierro los ojos me despierto de inmediato”, relata Rosa Fortunato, jubilada y residente de Rio do Peixe, población vecina de la represa Itabiruçu, que por ahora contiene 130.000 millones de litros de relaves mineros.
El sentimiento de ansiedad se ve agravado por la ausencia de ejercicios de seguridad. A pesar del volumen de material acumulado, el Plan de acción de emergencia de las represas mineras (Plano de Ação Emergencial em Barragens de Mineração) de las presas de retención de Vale en Itabira se elaboró solamente en mayo de 2018 y todavía se encuentra en fase de implantación. “Nunca se ha hecho entrenamiento de emergencia aquí”, comenta Geraldo Pereira, de 77 años, que vive cerca de la presa Pontal. Según la secretaría de medioambiente, la compañía minera acaba de comenzar solamente este mes la visita de cada hogar en la zona de peligro para orientar a los habitantes. Una acción de este tipo se llevó a cabo en Brumadinho en diciembre de 2018 y enero de 2019, lo que suscita las sospechas de los habitantes.
¿Masacre o accidente?
El pasado 25 de enero, la represa número 1 de la mina Córrego do Feijão se rompió por una razón aún desconocida y derramó sus 13.000 millones de litros de barro enterrando a casi 300 personas [según el último informe: 212 muertes confirmadas por la Defensa Civil y 93 desaparecidos]. “Había muchos indicios de que la represa podía romperse a breve plazo”, afirma la activista del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB – Movimiento de personas afectadas por represas), Eloá Magalhães, presente en la mina Córrego do Feijão el día después del desastre. “Fue una tragedia anunciada, es por eso por lo que consideramos esta ruptura como una masacre por parte de Vale”, afirma la joven de 24 años. El movimiento defiende desde hace 30 años la nacionalización de toda la actividad minera en Brasil, con el fin de devolver la riqueza a la población brasileña.
Uno de los indicios fue la lona azul que cubrió parcialmente la parte inferior de la represa durante aproximadamente cuatro meses. Habría servido para mantener secretas las obras de refuerzo, las cuales ignoraban hasta los trabajadores de la empresa. En realidad, estos últimos representaron una mayoría de las víctimas cuando la avalancha de lodo alcanzó el refectorio de la compañía construido al pie de la presa de retención.
La oficina del fiscal del estado de Minas Gerais, que también sospecha que hubo negligencia criminal en la gestión de la represa, dictó el 15 de febrero la prisión preventiva de ocho ingenieros de Vale, responsables de la seguridad de la presa de retención [Ndlr*: posteriormente, otros 5 empleados de Vale y de Tüv Sud fueron detenidos, y luego liberados por decisión del Tribunal Superior], así como la incautación de equipo informático y documentos de cuatro empleados de la empresa alemana Tüv Sud, autores del informe que certificó la seguridad de la represa minera.
"Los representantes de Vale insisten en que se trata de un accidente, pero la fiscalía y la policía ahora están convencidos de que se ha cometido un delito de homicidio intencional, en el que varias entidades han asumido el riesgo de causar la muerte de cientos de personas”, afirmó el fiscal a cargo del caso, William Coelho.
Además de las pérdidas humanas, el barro destruyó parte de los distritos de Córrego do Feijão y Parque das Cachoeiras, derribó un puente ferroviario de 50 metros de altura y contaminó el río Paraopeba –que participa en el suministro de agua de la metrópoli de Belo Horizonte– con metales pesados como el plomo, mercurio y cadmio, causando la muerte de miles de peces.
Alerta general en las minas
La localidad de Socorro, en la ciudad de Barão de Cocais, a 60 km de Córrego do Feijão, se ha convertido en una ciudad fantasma. Desde el 8 de febrero, 453 residentes de cuatro zonas fueron evacuados de sus hogares a las 2 de la mañana y no se les ha permitido regresar desde entonces, ni siquiera para recuperar bienes personales y documentos. “Lo más inquietante es que sabían desde el día anterior que la represa minera representaba un riesgo y que debíamos evacuar; ¿por qué no llamaron a los habitantes para advertirles del peligro y dejar que se marcharan con calma?, reclama la peluquera Maria Aparecida Batista, de 39 años, que comparte una habitación de hotel con su esposo y sus dos hijos desde hace dos semanas. “Queremos volver a casa; el hotel solo es agradable en vacaciones”, insiste.
El día después de la evacuación, los trabajadores de Vale vinieron a alimentar a los animales domésticos que fueron abandonados tras la evacuación. Equal Times logró acceder en exclusiva a la zona de riesgo aislada para acompañar la retirada de los animales de cría (cerdos, caballos, vacas, etc.) solicitada por los tribunales. Y ser testigo del deambular de perros perdidos, de otros vagando por el camino de acceso y otros que permanecen alrededor de las viviendas a la espera de la vuelta de sus amos, quienes se niegan a regresar a Socorro, aunque ahora la compaña Vale garantiza la estabilidad de la presa de retención.
"Quizás no vuelva, porque hemos quedado escarmentados y ahora ya no creemos lo que dice la compañía", afirma Isabel Batista, de 45 años, vicepresidenta de la asociación de habitantes de Socorro.
Isabel se rompió el pie tratando desesperadamente esa noche de advertir a sus vecinos sobre la ruptura de la represa. "En ese momento, nadie sabía que era una falsa alarma; yo solo sabía que tenía tres minutos para llegar a la zona de seguridad. ¿Qué haces en tres minutos?", se pregunta.
Desde el 25 de enero, al menos 850 personas han tenido que abandonar todo ante el riesgo de una nueva ruptura de la represa minera. La mayoría continúa sin poder regresar a su hogar, en las ciudades de Itatiaiuçu, Barão de Cocais y Nova Lima. En esta última, 200 residentes recibieron llamadas de los empleados de Vale a mediados de febrero advirtiéndoles de la fragilidad de la represa de la mina Mar Azul. Algunos habitantes se negaron a huir, incluso bajo amenaza de ruptura. "Tengo una mochila con ropa y mis documentos, y el coche listo para partir. Si escucho algún ruido, saldré corriendo, pero no voy a renunciar así como así a todo lo que he logrado adquirir. Si pasa algo, o desaparece, ¿quién va a pagar?", pregunta el albañil Gilmar Pereira, de 55 años, que vive en la orilla del arroyo Macacos y cuya casa se verá afectada sin duda alguna, ya que se encuentra en la denominada zona de autossalvamento, un eufemismo para las regiones a las que será imposible que las autoridades puedan llegar en caso de un posible alud de barro.
En todo el estado, al menos otras ocho minas están paralizadas, están siendo investigadas o tienen prohibido el procesamiento de relaves mineros. El peligro omnipresente limita las alternativas de la población de este estado. "Tendríamos que irnos", comenta Celso Oliveira, de 20 años, residente de Córrego do Feijão, quien acaba de enterrar a su primo, arrastrado por el deslizamiento de tierra, cuyo cuerpo fue encontrado dos semanas después. "Irnos a dónde, hijo mío, si el riesgo está en todas partes", comenta su madre, Luiza Oliveira. A lo que el hijo responde: "La única solución es irse de Minas Gerais; aquí el ciclo del oro ha dado paso al ciclo de las tragedias".
Este articulo fue publicado originalmente en Equal Times
