Los astilleros de desguace de buques de Bangladesh siguen cobrando vidas

El 4 de febrero, un trabajador de Fultola, Barawlia, murió cuando el enorme telón de hierro que estaba cortando cayó sobre él. En agosto del año pasado, dos trabajadores murieron y 13 resultaron heridos en el mismo astillero, lo que llevó al gobierno a cerrarlo temporalmente.

Desafortunadamente, como lo demuestra la última muerte, los accidentes anteriores no lograron que se hiciera nada para mejorar la situación del astillero en materia de seguridad.

El 9 de febrero, un trabajador del astillero de desguace de Khwaza Kabir Steel resultó gravemente herido al ser golpeado por una placa de hierro.

Al día siguiente, un trabajador de la Corporación SN falleció al recibir el golpe de una cuerda de hierro. Otro trabajador resultó herido en el mismo accidente, que ocurrió cuando los trabajadores estaban sacando una enorme placa de hierro de un buque.

Los empleadores continúan socavando la seguridad de los trabajadores e incumpliendo los métodos seguros de reciclaje. Según un estudio acerca de los accidentes de desguace de buques conocidos en 2019, al menos 24 trabajadores murieron y alrededor de 79 resultaron heridos. En 2020, hasta la fecha, ha habido al menos cuatro trabajadores muertos y ocho heridos. Kan Matsuzaki, director del sector de desguace de buques de IndustriALL, expresó:

“Los accidentes continúan ocurriendo, lo que señala el hecho de que una gran cantidad de trabajadores aún no tienen acceso a capacitación en materia de seguridad. Debido al alto nivel de precariedad del trabajo, los trabajadores continúan pagando el precio por las condiciones laborales que ponen en peligro la vida en los astilleros de desguace de Bangladesh”.

“El gobierno de este país debe seguir los pasos de su vecino, India, e inmediatamente ratificar el convenio de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques. El gobierno y los empleadores deben trabajar junto con los sindicatos para mejorar la situación en materia de seguridad”.

IndustriALL rechaza la violación a derechos en Petrobras Brasil

La Federación Única de Trabajadores del Petróleo (FUP, que forma parte de la CNQ/CUT, a su vez afiliada a IndustriALL) desarrolla una huelga nacional indefinida desde el 1º de febrero en defensa de los 1000 empleos que se perderán por el cierre de la Fábrica de Fertilizantes de Nitrógeno (Fafen, de Petrobras).

El 4 de febrero, el TST emitió una orden donde exigió que el 90 por ciento de los empleados de Petrobras permanezcan en actividad, y en normal desempeño de sus funciones. Además, impuso multas desproporcionadas a los trabajadores en huelga y bloqueó las cuentas bancarias de sus sindicatos.

A pedido de Petrobras, el órgano también ordenó la sustitución temporal de los trabajadores en huelga. Esta medida no solo afectó a los empleados de la planta de fertilizantes de nitrógeno, sino también a los 20.000 trabajadores de las 92 unidades del Sistema Petrobrás que están en huelga solidaria.

La FUP presentó el 13 de febrero una petición dirigida al Ministro del TST, Ives Gandra, donde reforzó su disposición a buscar una solución a la huelga, siempre que Petrobras suspenda inmediatamente los despidos en Fafen y las medidas unilaterales tomadas contra los trabajadores. La Federación asegura que siempre estuvo abierta al diálogo, pero que Petrobras insiste en confrontarla.

En tanto, el secretario general de IndustriALL Global Union, Valter Sanches, le envió una carta al Director General de la OIT, Guy Ryder. En el documento dijo que si bien el Gobierno del Brasil (propietario del 54% de Petrobras) tiene la responsabilidad y deber de garantizar el pleno respeto de los derechos laborales fundamentales de su fuerza de trabajo, no lo está haciendo.

Dijo que las decisiones del TST  “están en contravención de las normas fundamentales del trabajo de la OIT”, y por ello le solicitó que intervenga urgentemente ante el Gobierno del Brasil, para que respete las normas internacionales del trabajo en Petrobras.

A su vez, Sanches también se dirigió en otra carta al Presidente de Petrobras, Roberto Castello Branco, donde le pidió que cumpla con los términos establecidos tanto del actual Acuerdo colectivo de trabajo (ACT), como en el Acuerdo marco global con IndustriALL, que retire todas las medidas judiciales solicitadas TST y que mantenga las operaciones de Fafen.

Finalmente, los trabajadores petroleros manifestaron hoy 14 de febrero que mientras persista la intransigencia y los despidos por parte de Petrobras, la huelga continuará creciendo y fortaleciéndose.

Los mineros de México desarrollan huelga en Americas Gold & Silver

Los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (mejor conocido como Los Mineros, afiliado a IndustriALL Global Union) iniciaron la huelga hace 18 días y efectuaron una multitudinaria protesta el 8 de febrero.

El objetivo es mostrar que la empresa canadiense incumple el contrato colectivo de trabajo en la mina subterránea San Rafael, de plata, zinc y plomo. Denuncian condiciones de trabajo inseguras, porque la compañía no respeta las normas mínimas de salud y seguridad laboral.

“Los exámenes médicos arrojaron que los trabajadores tienen un elevado índice de plomo en sangre, superior al máximo tolerable por el ser humano. Nos están envenenando”

dijo el delegado de Los Mineros en el estado de Sinaloa, Yasser Beltrán.

Los trabajadores señalan que la empresa no les proporciona un equipo de trabajo adecuado, por lo cual aspiran plomo. Existe un protocolo de seguridad que establece que si tienen determinados niveles de plomo en sangre, la empresa debe sacarlos de la mina y hacerles un tratamiento para desintoxicarlos. Sin embargo, no procede así.

También denuncian daños de la compañía al medio ambiente, que afectan a la comunidad que vive en los alrededores. Para ello, piden la instalación de una mesa de trabajo (en la cual participe la población de dicha localidad), para buscar soluciones a la contaminación.

El sindicato Los Mineros hizo un llamado a la Secretaría del trabajo y previsión social, a la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales, y a la Procuraduría federal de protección al ambiente para que verifiquen las malas condiciones que prevalecen en ese centro de trabajo. A su vez, denunció a la Junta federal de conciliación y arbitraje de haber comenzado a notificar supuestos despidos por violaciones a la ley.

Los empleados comunicaron que continuarán el paro de labores hasta que atiendan a sus demandas. En tanto, la empresa emitió un comunicado oficial donde dijo que, ante el bloqueo “ilegal” de una “pequeña minoría” de personas sindicalizadas que decidieron detener temporalmente las operaciones de minería y procesamiento.

Por su parte, el presidente de Los Mineros, Senador de México y co-presidente de IndustriALL en América Latina y el Caribe, Napoleón Gómez Urrutia, apoyó a los 200 empleados que desarrollan las medidas de acción, en defensa de la democracia sindical, la libertad y la justicia.

Finalmente, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Nos solidarizamos con los compañeros del Sindicato Minero y con sus familias. Lamentamos que los trabajadores tengan que llegar a efectuar estas medidas para demandar dignidad en el trabajo.

Esperamos que la empresa entienda que la vida y la salud de sus empleados está en riesgo, y que proponga negociar para buscar respuestas a las demandas de sus trabajadores.”

Movimiento social y sindical de Colombia convoca a paro nacional

Créditos de la foto: CUT Colombia

Tras meses de grandes protestas al final de 2019 en Colombia, el 2020 promete una nueva oleada de movilización social. El Comité Nacional de Paro, que engloba a trabajadores, estudiantes, asociaciones indígenas y ambientalistas, anunció un plan de acción con movilizaciones hasta junio.

El Comité (el cual también integran los sindicatos afiliados a IndustriALL Global Union en el país, a través de la central sindical CUT), convocó a un paro nacional el 25 de marzo contra las políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno del presidente Duque. El denominado “paquetazo” incluye una reforma laboral y de pensiones.

Los integrantes de la agrupación, aseguran que las respuestas otorgadas por Duque hasta el momento fueron insuficientes. Desde que iniciaron las protestas el 21 de noviembre hasta ahora, el gobierno se reunió 7 veces con el Comité del paro. Sin embargo, tras la última reunión del 12 de febrero, el Comité sostiene que el gobierno aún no responde a los ejes temáticos presentados por el movimiento social en diciembre.

Según los integrantes del Comité, el gobierno accedió a implementar una mesa de diálogo, pero lo que realmente necesitan es una mesa de negociación donde se construyan acuerdos sociales.

Por tal motivo, es que decidieron continuar con las protestas en 2020. A su vez, también denunciarán la represión experimentada durante las movilizaciones del 2019, el incremento de los asesinatos de líderes sociales y sindicales, la eliminación de garantías sindicales y de protección, y pedirán nuevamente la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Además del paro, el Comité fijó otras fechas de movilizaciones a lo largo del país. El 21 de febrero llevarán a cabo una jornada nacional de movilización, preparatoria del Paro Nacional; el 8 y 9 de marzo desarrollarán manifestaciones por el Día internacional de la mujer; el 1ro de mayo llevarán cabo una jornada unificada de lucha por el Día Internacional de los Trabajadores, y finalmente el 8 y 9 de junio pautaron que desarrollarán nuevas acciones.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Nos solidarizamos con el pueblo y la clase trabajadora colombiana. Esperamos que el gobierno acoja la agenda y los pliegos de su pueblo. A su vez, esperamos que el diálogo, la negociación y el respeto por la representación de los actores sociales sea la base para las soluciones que plantea el movimiento, y que clama la mayoría de la comunidad de Colombia.”

Los sindicatos pueden desempeñar un papel importante en el comercio intraafricano

El 5 de febrero, en una reunión celebrada durante la Mining Indaba (Indaba Minera) de Ciudad del Cabo entre el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, el gobierno de Sudáfrica, la Corporación de Inversión Pública (PIC), el NUM como representante de los trabajadores, la Asociación de Desarrollo Minero de Sudáfrica y otras partes interesadas, se analizó la existencia de oportunidades para expandir el comercio de minerales y otros productos manufacturados entre los países.

Actualmente, estos países comercializan maquinaria, productos de hierro y acero, equipos eléctricos, caucho, plástico, equipos ferroviarios, combustibles minerales y otros productos. Los recursos minerales de Sierra Leona incluyen diamantes, bauxita, oro y hierro.

Según el Centro de Derecho Comercial, en 2018 el 37 por ciento de las importaciones dentro de África de Sierra Leona provinieron de Sudáfrica. Los países también firmaron a favor del Área Continental Africana de Libre Comercio, que busca integrar las comunidades económicas regionales que incluyen la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental y la Comunidad de Desarrollo de África Meridional, a la que ambos pertenecen.

El presidente Maada Bio expresó:

“Sierra Leona viene de una situación de guerra y corrupción. Heredé un gobierno al borde del colapso a causa del ébola y la guerra. Necesitamos promover el comercio entre los países africanos, y hemos realizado una encuesta, recopilado datos, desarrollado un plan estratégico e identificado recursos minerales estratégicos. También estamos estableciendo un fondo soberano de riqueza para el desarrollo del capital humano. La inversión extranjera directa no debe ser la única fuente de ingresos para los países africanos”.

El presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, habla con el presidente del NUM, Joseph Montsietsi

Joseph Montsietsi, presidente del NUM, expresó:

“Los acuerdos comerciales entre países africanos deben incluir los intereses de los trabajadores. Los trabajadores generan riqueza a través de su trabajo en las minas y los gobiernos deben trabajar con los sindicatos. Además, las leyes deben promover el diálogo social y la educación alinearse con la Industria 4.0 y responder a las necesidades sociales”.

El dirigente agregó que el NUM está preparado para trabajar de forma solidaria con los sindicatos de Sierra Leona y mencionó el Fondo de Inversión de Mineros, el plan de préstamos del sindicato, como un ejemplo útil de lo que los sindicatos pueden hacer para mejorar el bienestar de los trabajadores.

Bridgette Motsepe Radebe, embajadora del Parlamento Panafricano, facilitó la reunión e hizo hincapié en que los acuerdos comerciales pueden beneficiarse de la inclusión de políticas como los requisitos de la Ley de Desarrollo de los Recursos Minerales y Petrolíferos de Sudáfrica en los planes de trabajo social que beneficiaron a las comunidades mineras.

El PIC, cuyos fondos provienen principalmente de pensiones, está interesado en invertir en Sierra Leona y tiene activos valorados en ZAR 2,3 billones (USD 1,6 mil millones).

Sindicatos mundiales piden una intervención urgente de la OIT en Argelia

Junto con la CSI y los sindicatos mundiales UITA e ISP, IndustriALL se comunicó por escrito con la OIT para expresar su gran preocupación por el aumento de las violaciones de los derechos laborales fundamentales.

A pesar de las recomendaciones de la Comisión de Aplicación de Normas (CAS) tras la misión de alto nivel de la OIT en Argelia del año pasado, hoy en día se está efectivamente penalizando la actividad sindical. Los sindicatos independientes no pueden llevar a cabo sus funciones sin ser victimizados ni recibir represalias severas.

Los sindicalistas se enfrentan a un ataque en dos frentes: los reprimen por ejercer el derecho a la libertad de asociación establecido en los Convenios de la OIT y los persiguen por su participación en el movimiento masivo por la democracia, el Hirak, que ha sido continua desde febrero del año pasado.

La OIT instó al gobierno de Argelia a registrar a la confederación de sindicatos independientes, la CGATA. El 4 de diciembre de 2019, la policía clausuró las oficinas de la CGATA en Argel, aparentemente por llevar a cabo “actividades no autorizadas”. La sede de la CGATA es también la oficina del SNAPAP, el sindicato del sector público.

Raouf Mellal, presidente del afiliado a IndustriALL SNATEG, el sindicato independiente de trabajadores de la empresa pública de gas y electricidad SONELGAZ, así como la confederación nacional COSYFOP, sigue enfrentando nuevos cargos punitivos. Más recientemente, una demanda por difamación presentada en su contra por el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en represalia por haber presentado quejas contra el gobierno ante la OIT en nombre de SNATEG.

En noviembre, Raouf Mellal fue condenado a seis meses de prisión y a sanciones económicas. El gobierno no ha revocado la absurda “autodisolución” de SNATEG, según lo recomendado por la OIT. El 5 de febrero, la policía cerró la sede de COSYFOP/SNATEG en Argelia, prohibiendo completamente la entrada.

El 10 de diciembre, Kaddour Chouicha, presidente del sindicato independiente de trabajadores de la educación superior SESS y miembro del comité ejecutivo de la CGATA, fue arrestado y condenado a un año de prisión por criticar a las autoridades militares y civiles. Liberado de forma provisoria después de un mes, fue arrestado nuevamente el 14 de enero, liberado al día siguiente y a fines de febrero enfrentará una revisión de su sentencia.

El activista sindical Ibrahim Daouadji fue arrestado el 12 de octubre por cargos similares y aún se encuentra en prisión. Lo arrestaron junto con su hijo de tres años, a quien solamente liberaron después de que intervinieran abogados.

Rym Kadri, del sindicato de trabajadores de la educación afiliado a COSYFOP, fue arrestada el 24 de noviembre por participar en una sentada en exigencia de la liberación de los prisioneros políticos. Liberada después de cuatro días, actualmente sigue sujeta a estrictos controles legales y policiales.

Hamza Kherroubi, presidente del sindicato de asistentes de enfermería afiliado a COSYFOP, fue arrestado en diciembre por su compromiso cívico y apoyo al movimiento democrático, acusado de “incitación” y condenado a un año de prisión. Liberado de forma provisoria debido a su estado de salud, la policía lo detuvo nuevamente el 21 de enero.

Los activistas sindicales que aún no están tras las rejas o sujetos a una supervisión policial estricta corren el riesgo inminente de ser arrestados, ya que las autoridades buscan destruir el movimiento democrático. Las oficinas y activistas de los sindicatos están bajo continua vigilancia policial.

Los defensores de los derechos argelinos han documentado casos de cientos de activistas cívicos y políticos que se sabe que están detenidos por haberse unido a manifestaciones pacíficas o criticar al gobierno en las redes sociales. Se ha eliminado la libertad de movimiento.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación cercanos al gobierno atacan continuamente a los sindicalistas independientes activos en el movimiento democrático como agentes extranjeros, por lo que preparan el terreno para una represión aún más severa. La OIT ha afirmado reiteradamente la importancia central de la libertad de expresión y de reunión para el ejercicio de los derechos sindicales.

Se necesita una intervención urgente de la OIT para garantizar la seguridad física y el bienestar de los sindicalistas independientes en Argelia, así como la continuación de sus actividades de conformidad con las recomendaciones reiteradas de la OIT.

IndustriALL, UITA, ISP y la CSI piden al Director General que insista en que las autoridades argelinas:

Un estudio sobre la violencia de género en fábricas brasileñas de vestuario da la voz de alarma para actuar

La gran mayoría de las trabajadoras brasileñas en fábricas del textil y el calzado, que participaron en un reciente estudio, indicaron haber experimentado alguna forma de violencia en el trabajo, generalmente acoso y violencia de género, hasta tal punto que “para muchas mujeres, el trabajo es sinónimo de sufrimiento”.

Según Francisca Trajano, presidenta de la Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Vestuário (CNTRV),

“lo más revelador de este estudio [Promover os direitos humanos e fortalecer a ação sindical e a igualdade de gênero no setor vestuário do Brasil, disponible únicamente en portugués] es el grado de violencia en el lugar de trabajo. Me sorprendió especialmente la incidencia de acoso sexual por parte de supervisores”.

Unas 246 trabajadoras participaron en talleres regionales o rondas de conversaciones, que se organizaron entre marzo y junio, como parte de un estudio del Instituto Observatório Social en el marco de un proyecto que cubre los sectores del textil y el calzado en seis ciudades: Colatina, Fortaleza, Ipirá, Pouso Alegre, Sapiranga, Sorocaba, y São Paulo.

El proyecto, financiado por la sección brasileña de la C&A Foundation y contando con el apoyo del Centro de Solidaridad –organización estadounidense de defensa de los derechos sindicales–, encontró que la forma más frecuente de violencia es el acoso moral, que incluye gritos e insultos por parte de los superiores jerárquicos, amenazas en caso de retrasos en el ritmo de producción, y humillaciones o control cuando van al baño.

El informe revela asimismo un hostigamiento especialmente dirigido a las líderes sindicales. Las trabajadoras que son dirigentes de base suelen estar estrechamente vigiladas por sus supervisores, así como cualquiera que se acerque a ellas, arriesgándose incluso al despido. También muestra que la violencia de género a menudo se combina con otros tipos de violencia y discriminación, siendo particularmente vulnerables las mujeres de origen afrobrasileño y los trabajadores y trabajadoras LGBTQI+, entre otros.

Las trabajadoras que participaron en el proyecto resaltaron la importancia de los convenios colectivos para mejorar las condiciones de trabajo, y el informe sugiere que los sindicatos introduzcan cláusulas específicas para combatir el acoso moral y sexual en el lugar de trabajo. También recomienda que se organicen talleres y sesiones de discusión para concienciar a los trabajadores y trabajadoras sobre su derecho a un entorno laboral libre de violencia. Muchas de las mujeres entrevistadas no tenían conocimiento de las leyes aplicables ni de otras opciones para combatir la violencia en el trabajo.

Por otro lado, dirigentes sindicales a nivel local y nacional que no participaron directamente en el proyecto también mostraron interés en sus resultados y conclusiones, indicó Trajano.

“Están reflexionando sobre la manera de hacer que los sindicatos se conviertan en un lugar al que puedan acudir las mujeres víctimas de violencia”.

Personas afrobrasileñas y LGBTQI+, especialmente vulnerables

El acoso sexual, una forma de violencia de género que en ocasiones asume formas sutiles, es un problema generalizado, según el informe. “Pero independientemente de la forma que adopte, el acoso sexual es una constante”, según los autores del informe. A menudo las mujeres no se atreven a dar parte cuando son víctimas de acoso o agresión sexual, por diversos motivos: “A veces, cuando elevan la queja a sus superiores, las mujeres son ridiculizadas. En otros casos no tienen a quien presentar su queja puesto que el supervisor es también un acosador”, indica el informe.

Al igual que ocurre en las fábricas del sector textil en Brasil, la violencia y el acoso de género son problemas generalizados en muchos lugares de trabajo. Sin embargo, hasta este año, poco se había hecho para rectificar la situación. En junio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó la primera norma internacional del trabajo que aborda la cuestión de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo la violencia de género. El Convenio 190 entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos países miembros hayan sido registradas por la OIT. En diciembre, Uruguay se convirtió en el primer país en ratificarlo.

Para las afrobrasileñas, la discriminación puede empezar incluso antes de ser contratadas, dado que algunos empleadores se niegan abiertamente a entrevistar a personas de color.

“Una vez fui a una entrevista de empleo y [el empleador] me dijo que no podría contratarme por no tener el cabello liso”,

comenta una trabajadora de la confección (el informe no cita los nombres de las personas entrevistadas).

Si se las contrata, las afrobrasileñas terminan realizando los trabajos más difíciles y desagradables.

“Cuando son admitidas, las mujeres negras generalmente son asignadas a los peores servicios, como tener que lidiar con la cola de zapato o trabajar con las máquinas más ruidosas e inconfortables”,

señala el informe.

Las mujeres negras indican igualmente que son víctimas de acoso sexual con mayor frecuencia y que además se las culpabiliza por el trabajo mal hecho, mientras que para referirse a un trabajo bien hecho se habla de “servicio de blanco”.

Las personas LGBTQI+ suelen ser víctimas de acoso moral y ofensas verbales, muchas veces por parte de sus propios compañeros de trabajo, y un problema especialmente destacable es el uso de los baños y vestuarios, según indica el informe. Algunos supervisores además se niegan a trabajar con ciertos empleados LGBTQI+. Dado que los trabajadores gais son vistos como “femeninos”, en cierta forma están sometidos al mismo tipo de violencia que experimentan las mujeres cisgénero/heterosexuales. En el informe se señala además que para las personas trans la situación resulta aún más delicada.

“En la empresa en que trabajo, había una persona que se incorporó al servicio vestida de hombre”,

comenta una trabajadora de la confección. “Cuando habían transcurrido unos tres meses, pasó a usar vestidos, como una mujer”, y poco después, la empresa la despidió.

Las trabajadoras que son madres con hijos pequeños son víctimas también de discriminación: algunas empresas simplemente se niegan a contratarlas, y “en una empresa, el dueño llegó a decir que únicamente contrataría a mujeres que se hubiesen sometido a una ligadura de trompas” para asegurarse de que no pudiesen tener más hijos.

En general, el informe encontró que las empresas del vestuario se organizan a partir de una rígida división social y sexual del trabajo, donde las mujeres generalmente ocupan los puestos menos cualificados y peor remunerados.

Concienciación sobre violencia y acoso de género en el trabajo

Un objetivo clave del informe era iniciar un diálogo con los empleadores para buscar la manera de poner remedio a la violencia de género en el trabajo, según Jana Silverman, directora del Centro de Solidaridad en Brasil. En su opinión, el estudio –que examina exclusivamente centros de trabajo sindicalizados– debería “sensibilizar sobre la prevalencia de la violencia de género en lugares de trabajo y concienciar a la directiva sindical –especialmente a los hombres– sobre la extensión del problema entre los miembros de la base”.

El informe ha derivado ya en cambios concretos. Miembros del sindicato en fábricas de vestuario de Pouso Alegre, en el estado de Minas Gerais al sur de Brasil, negociaron una cláusula contractual según la cual los empleadores se comprometían a organizar sesiones de formación semestrales para los directivos, destinadas a combatir la violencia de género en el lugar de trabajo.

Los sindicatos evaluaron las conclusiones del estudio en diciembre y tienen previsto transmitirlas a sus ejecutivas con vistas a crear las condiciones necesarias para prevenir y combatir la violencia de género, a través de la negociación colectiva y el diálogo social con la patronal.

Trajano indicó que la CNTRV, que representa a 69 sindicatos y tres federaciones regionales, exhorta a los sindicatos a negociar convenios incluyendo cláusulas que protejan frente a la violencia y el acoso en base al género.
La CNTRV está bien situada para liderar la campaña contra la violencia de género en el trabajo. En abril, los delegados presentes en el 11º Congreso de la Confederación votaron a favor de la paridad de género en los cargos directivos de la organización y adoptaron un programa a favor de los derechos de la mujer. En asociación con el Centro de Solidaridad, la CNTRV llevó a cabo recientemente un proyecto de liderazgo femenino a escala nacional, destinado a preparar a las mujeres trabajadoras para que asuman cargos directivos.

“Evidentemente, los resultados del informe resultaron chocantes, al constatar el grado de violencia en el lugar de trabajo”,

afirmó Trajano, quien forma además parte del Comité Ejecutivo de la Central Única dos Trabalhadores (CUT).

“Por otro lado, es una llamada de atención para que hagamos algo al respecto”, concluyó.

Este artículo ha sido publicado en Equal Times

La sostenibilidad y la Transición Justa son claves para el futuro de la minería en África

Estos fueron los temas de fondo tanto en la Investing in Africa Mining Indaba (Indaba Minera de Inversión en África) como en la Alternative Mining Indaba (Indaba Minera Alternativa), ambas celebradas del 3 al 6 de febrero en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La consigna de la Mining Indaba, organizada por empresas, fue “Optimizar el crecimiento y la inversión en la economía minera digitalizada”, mientras que la Alternative Mining Indaba (AMI), de la sociedad civil, se centró en las “Economías minerales sostenibles desde el punto de vista ambiental y económico en una era de catástrofe por el cambio climático”. IndustriALL Global Union participó en ambos eventos.

La Mining Indaba y la AMI son eventos independientes que se llevan a cabo de forma simultánea. Durante el “día de la sostenibilidad” de la Mining Indaba, los dos eventos convergieron para analizar los problemas comunes. Se presentaron iniciativas encaminadas a encontrar puntos en común acerca de la minería sostenible y la Transición Justa.

 

Afiliados de IndustriALL del sector minero de la República Democrática del Congo, Ghana, Madagascar, Namibia, Sudáfrica y Zambia participaron en la Mining Indaba con el apoyo de la Friedrich Ebert Stiftung.

El objetivo de la AMI es proporcionar a las comunidades afectadas por la minería en África un espacio para dialogar y buscar soluciones a sus preocupaciones con respecto al sector minero. IndustriALL y sus afiliados participaron activamente en las sesiones sobre el cambio climático, la Transición Justa y la licencia social para operar. Más de 50 participantes dialogaron acerca de la cooperación entre los sindicatos y la sociedad civil para determinar la licencia social de la industria, haciendo hincapié en que los derechos de los mineros y los intereses de las comunidades afectadas por las minas deberían ser fundamentales para las operaciones mineras. En la sesión se discutió acerca de la organización de los mineros artesanales y de pequeña escala en sindicatos.

En una petición a la Mining Indaba, la AMI sugirió que no se puede olvidar el legado de las pérdidas del pasado y puso como ejemplo a la demanda colectiva por tuberculosis/silicosis en Sudáfrica. La industria debe proporcionar indemnizaciones justas a los ex mineros y las comunidades cuya salud fue dañada por la minería, así como incluirlos en las discusiones sobre la manera adecuada de hacerlo.

Los gobiernos deben ratificar e implementar el Convenio 176 de la OIT sobre salud y seguridad en las minas, así como el Convenio 190 sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo, particularmente para proteger a las trabajadoras mineras que son vulnerables a la violencia en el entorno laboral.

En la Mining Indaba, IndustriALL estuvo presente en una serie de debates. Un panel presidido por el director de minería Glen Mpufane trató el tema de la seguridad bajo la consigna de “Lograr un enfoque de ‘cero daño’”. Con la asistencia de Joseph Montisetse, presidente del Sindicato Nacional de Mineros, afiliado sudafricano, la sesión analizó el Convenio 176. Montisetse abordó la alarmante tasa de incidentes a nivel mundial y la necesidad de cambiar fundamentalmente el enfoque con respecto al liderazgo en las minas poniendo a las personas primero.

Joseph Montisetse

Una sesión sobre la “Minería 4.0” se centró en la manera en que la tecnología y la innovación están transformando la minería. Dirigida por el secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, la sesión se planteó qué significarán las nuevas tecnologías mineras para el futuro del trabajo: qué habilidades se necesitarán y de qué manera pueden las compañías mineras, los gobiernos y otros actores asegurar que los locales tengan las habilidades adecuadas para permitir que la minería contribuya plenamente al desarrollo sostenible.

Una economía minera digital solo puede surgir a partir de un cambio de las antiguas tecnologías mineras a la minería de alta tecnología de automatización, datos e inteligencia artificial. Los sindicatos quieren un plan de Transición Justa que incluya reemplazar los combustibles fósiles con energía renovable, reeducar y reconvertir a los trabajadores, otorgar indemnizaciones justas cuando se produzcan reducciones de personal, y diálogo social. El diálogo entre las comunidades y los sindicatos debe conducir a un trabajo conjunto, en el que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil deben participar.

Kemal Özkan

En su intervención, Kemal Özkan expresó:

“Los millones de trabajos en el sector minero son nuestros trabajos. Nadie puede ni debe decidir sobre el futuro de nuestros trabajos sin los trabajadores y los sindicatos. El empleo es la única herramienta que nos conecta con la sociedad y la economía”.

“Necesitamos un diálogo genuino a nivel mundial, nacional y local para debatir y proyectar nuestro futuro. Información, instancias de consulta, reeducación, capacitación, reconversión y recualificación son los principales derechos que exigimos. El diálogo sobre la minería sostenible es esencial para crear empleos decentes y reducir la pobreza, tal como se explica en la Visión Minera de África”.

La minería responsable protege los derechos de los trabajadores y las comunidades

Las normas para la minería responsable son una herramienta que los sindicatos y las comunidades pueden usar para proteger los derechos humanos y laborales, la sostenibilidad ambiental y el desempeño social de las empresas mineras, tanto en las minas como a lo largo de la cadena de suministro.

La herramienta de la IRMA consiste en un conjunto de métricas de responsabilidad social y ambiental que se pueden emplear en las minas a escala industrial para aumentar la transparencia y proporcionar una forma creíble de medir su desempeño.

Con respecto a los derechos de los trabajadores, la norma respalda los derechos a la negociación colectiva y la libertad de asociación, los salarios dignos, la licencia de maternidad, la salud y la seguridad, las consultas previas a las reducciones de personal y los mecanismos de gestión de reclamos, así como se opone al acoso, la intimidación y el trabajo infantil.

Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL, expresó:

“Los sindicatos deberían usar la norma para la minería responsable para resolver los problemas a nivel de las minas. Es importante que los sindicatos participen en los procesos de auditoría y utilicen los mecanismos de reclamo provistos. Se trata de una ventaja importante para nuestros afiliados mineros en la protección y promoción de los derechos de sus miembros”.

En su discurso en la conferencia Indaba Minera Alternativa (AMI), Mark Curtifani, director ejecutivo de Anglo American, afirmó que la empresa minera está usando la norma para la minería responsable como una de sus estrategias para involucrar y respetar los derechos humanos de las comunidades, así como para “entender mejor a las personas”. Por ejemplo, la mina Unki de Anglo American, en Zimbabue, ha sido auditada mediante el uso de esta norma.
 
La AMI también reconoció a la norma IRMA como una herramienta objetiva para promover la minería responsable. Los sindicatos esperan que las recomendaciones de esta norma sobre la minería artesanal y en pequeña escala se puedan usar para formalizar a los mineros en la República Democrática del Congo, Ghana, Sudáfrica, Zimbabue y otros países.
 
Aimee Boulanger, directora ejecutiva de la IRMA, declaró:

“La norma para la minería responsable se ha desarrollado a lo largo del tiempo, lo que la convierte en una herramienta sólida que proporciona un recurso para que los sindicatos y las comunidades entablen un diálogo con las empresas mineras”.

La norma tiene 26 capítulos sobre temas sociales como salud y seguridad comunitaria, derechos humanos, lucha contra la corrupción y consentimiento libre, previo e informado. Con respecto a los temas medioambientales, esta protege las fuentes de agua y la biodiversidad, tiene como objetivo reducir la contaminación del aire y promueve la gestión segura de residuos.

La IRMA es una iniciativa de múltiples partes interesadas,

que ofrece verificación y certificación de terceros independientes a través de una norma integral para todos los materiales extraídos. La gestión de la IRMA es compartida por la sociedad civil, las comunidades, los sindicatos y el sector privado. IndustriALL y su afiliado norteamericano United Steelworkers (USW) se involucraron en una etapa temprana con la exigencia de una minería más responsable desde el punto de vista social y ambiental. El director de minería de IndustriALL, Glen Mpufane, es miembro de su junta directiva.

Petroleros de Brasil desarrollan una huelga nacional contra despidos en Petrobras

La FUP (que forma parte de la CNQ/CUT, a su vez afiliada a IndustriALL Global Union) inició el 1º de febrero una huelga nacional por tiempo indefinido. El objetivo es defender a los 396 empleados directos y 600 subcontratados que se verán afectados con el cierre de Fafen. Los despidos comenzarían el 14 de febrero.

Con la medida de acción, los trabajadores también denuncian que los despidos masivos violan el Acuerdo Colectivo de Trabajo (ACT) que firmaron en noviembre. En dicho ACT, la empresa se comprometió a no efectuar despidos masivos durante cinco años, sin mantener una negociación previa con los sindicatos. Aún así, Petrobras anunció precipitadamente el despido de los empleados de Fafen-PR, sin debatir con la organización sindical otras alternativas para los trabajadores.

Según la FUP, Fafen no es la única dependencia de Petrobras que atraviesa problemas. En todo el Sistema Petrobras (que incluye subsidiarias y empresas independientes conectadas a la sede) se producen despidos y transferencias masivas del personal.

El gobierno actual del presidente Jair Bolsonaro promueve la privatización y el cierre de unidades estratégicas de Petrobras. La petrolera redujo en 5 años las inversiones en Brasil al 50 por ciento, lo que causó la pérdida de más de 270 mil empleos del Sistema Petrobras, incluidos trabajos propios y subcontratados.

Por ese motivo, los trabajadores de más de 50 unidades del Sistema Petrobras se unieron a la huelga. Además, se llevan a cabo diversas acciones en los 12 estados del país donde opera la petrolera. En Río de Janeiro por ejemplo, la Comisión Permanente de Negociación de la FUP ocupa una habitación de la sede de Petrobras. Exige un diálogo con la gerencia de la compañía, a fin de suspender los despidos y abrir foros de negociación para el cumplimiento del Acuerdo Colectivo.

Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo comunicó el 4 de febrero que, si deciden continuar la huelga, multará con 500 mil reales a los sindicatos de la FUP que posean más de 2000 afiliados y con 250 mil a los más pequeños. A su vez, determinó que el 90 por ciento de la fuerza laboral del Sistema Petrobras debe retornar a sus puestos de trabajo. Aún así, la Federación Única de Petroleros informó que continuará la huelga indefinida y obtuvo el apoyo de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo (FNP), lo cual ayudará a aumentar el alcance de la medida de acción.

La Co-presidenta del Comité Ejecutivo de IndustriALL, co-coordinadora global del sector de minería de IndustriALL y presidenta de la CNQ/CUT, Lucineide Varjão, dijo:

“La huelga representa un gran desafío para los trabajadores. Tanto el gobierno, como el poder judicial y los principales medios de comunicación intentarán promover la desmovilización y el enfrentamiento de la opinión pública con el la organización sindical. Estamos seguros de que, incluso con toda esta presión, el movimiento sindical proporcionará la respuesta necesaria para defender a los trabajadores.”