Un estudio sobre la violencia de género en fábricas brasileñas de vestuario da la voz de alarma para actuar

La gran mayoría de las trabajadoras brasileñas en fábricas del textil y el calzado, que participaron en un reciente estudio, indicaron haber experimentado alguna forma de violencia en el trabajo, generalmente acoso y violencia de género, hasta tal punto que “para muchas mujeres, el trabajo es sinónimo de sufrimiento”.

Según Francisca Trajano, presidenta de la Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Vestuário (CNTRV),

“lo más revelador de este estudio [Promover os direitos humanos e fortalecer a ação sindical e a igualdade de gênero no setor vestuário do Brasil, disponible únicamente en portugués] es el grado de violencia en el lugar de trabajo. Me sorprendió especialmente la incidencia de acoso sexual por parte de supervisores”.

Unas 246 trabajadoras participaron en talleres regionales o rondas de conversaciones, que se organizaron entre marzo y junio, como parte de un estudio del Instituto Observatório Social en el marco de un proyecto que cubre los sectores del textil y el calzado en seis ciudades: Colatina, Fortaleza, Ipirá, Pouso Alegre, Sapiranga, Sorocaba, y São Paulo.

El proyecto, financiado por la sección brasileña de la C&A Foundation y contando con el apoyo del Centro de Solidaridad –organización estadounidense de defensa de los derechos sindicales–, encontró que la forma más frecuente de violencia es el acoso moral, que incluye gritos e insultos por parte de los superiores jerárquicos, amenazas en caso de retrasos en el ritmo de producción, y humillaciones o control cuando van al baño.

El informe revela asimismo un hostigamiento especialmente dirigido a las líderes sindicales. Las trabajadoras que son dirigentes de base suelen estar estrechamente vigiladas por sus supervisores, así como cualquiera que se acerque a ellas, arriesgándose incluso al despido. También muestra que la violencia de género a menudo se combina con otros tipos de violencia y discriminación, siendo particularmente vulnerables las mujeres de origen afrobrasileño y los trabajadores y trabajadoras LGBTQI+, entre otros.

Las trabajadoras que participaron en el proyecto resaltaron la importancia de los convenios colectivos para mejorar las condiciones de trabajo, y el informe sugiere que los sindicatos introduzcan cláusulas específicas para combatir el acoso moral y sexual en el lugar de trabajo. También recomienda que se organicen talleres y sesiones de discusión para concienciar a los trabajadores y trabajadoras sobre su derecho a un entorno laboral libre de violencia. Muchas de las mujeres entrevistadas no tenían conocimiento de las leyes aplicables ni de otras opciones para combatir la violencia en el trabajo.

Por otro lado, dirigentes sindicales a nivel local y nacional que no participaron directamente en el proyecto también mostraron interés en sus resultados y conclusiones, indicó Trajano.

“Están reflexionando sobre la manera de hacer que los sindicatos se conviertan en un lugar al que puedan acudir las mujeres víctimas de violencia”.

Personas afrobrasileñas y LGBTQI+, especialmente vulnerables

El acoso sexual, una forma de violencia de género que en ocasiones asume formas sutiles, es un problema generalizado, según el informe. “Pero independientemente de la forma que adopte, el acoso sexual es una constante”, según los autores del informe. A menudo las mujeres no se atreven a dar parte cuando son víctimas de acoso o agresión sexual, por diversos motivos: “A veces, cuando elevan la queja a sus superiores, las mujeres son ridiculizadas. En otros casos no tienen a quien presentar su queja puesto que el supervisor es también un acosador”, indica el informe.

Al igual que ocurre en las fábricas del sector textil en Brasil, la violencia y el acoso de género son problemas generalizados en muchos lugares de trabajo. Sin embargo, hasta este año, poco se había hecho para rectificar la situación. En junio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó la primera norma internacional del trabajo que aborda la cuestión de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo la violencia de género. El Convenio 190 entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos países miembros hayan sido registradas por la OIT. En diciembre, Uruguay se convirtió en el primer país en ratificarlo.

Para las afrobrasileñas, la discriminación puede empezar incluso antes de ser contratadas, dado que algunos empleadores se niegan abiertamente a entrevistar a personas de color.

“Una vez fui a una entrevista de empleo y [el empleador] me dijo que no podría contratarme por no tener el cabello liso”,

comenta una trabajadora de la confección (el informe no cita los nombres de las personas entrevistadas).

Si se las contrata, las afrobrasileñas terminan realizando los trabajos más difíciles y desagradables.

“Cuando son admitidas, las mujeres negras generalmente son asignadas a los peores servicios, como tener que lidiar con la cola de zapato o trabajar con las máquinas más ruidosas e inconfortables”,

señala el informe.

Las mujeres negras indican igualmente que son víctimas de acoso sexual con mayor frecuencia y que además se las culpabiliza por el trabajo mal hecho, mientras que para referirse a un trabajo bien hecho se habla de “servicio de blanco”.

Las personas LGBTQI+ suelen ser víctimas de acoso moral y ofensas verbales, muchas veces por parte de sus propios compañeros de trabajo, y un problema especialmente destacable es el uso de los baños y vestuarios, según indica el informe. Algunos supervisores además se niegan a trabajar con ciertos empleados LGBTQI+. Dado que los trabajadores gais son vistos como “femeninos”, en cierta forma están sometidos al mismo tipo de violencia que experimentan las mujeres cisgénero/heterosexuales. En el informe se señala además que para las personas trans la situación resulta aún más delicada.

“En la empresa en que trabajo, había una persona que se incorporó al servicio vestida de hombre”,

comenta una trabajadora de la confección. “Cuando habían transcurrido unos tres meses, pasó a usar vestidos, como una mujer”, y poco después, la empresa la despidió.

Las trabajadoras que son madres con hijos pequeños son víctimas también de discriminación: algunas empresas simplemente se niegan a contratarlas, y “en una empresa, el dueño llegó a decir que únicamente contrataría a mujeres que se hubiesen sometido a una ligadura de trompas” para asegurarse de que no pudiesen tener más hijos.

En general, el informe encontró que las empresas del vestuario se organizan a partir de una rígida división social y sexual del trabajo, donde las mujeres generalmente ocupan los puestos menos cualificados y peor remunerados.

Concienciación sobre violencia y acoso de género en el trabajo

Un objetivo clave del informe era iniciar un diálogo con los empleadores para buscar la manera de poner remedio a la violencia de género en el trabajo, según Jana Silverman, directora del Centro de Solidaridad en Brasil. En su opinión, el estudio –que examina exclusivamente centros de trabajo sindicalizados– debería “sensibilizar sobre la prevalencia de la violencia de género en lugares de trabajo y concienciar a la directiva sindical –especialmente a los hombres– sobre la extensión del problema entre los miembros de la base”.

El informe ha derivado ya en cambios concretos. Miembros del sindicato en fábricas de vestuario de Pouso Alegre, en el estado de Minas Gerais al sur de Brasil, negociaron una cláusula contractual según la cual los empleadores se comprometían a organizar sesiones de formación semestrales para los directivos, destinadas a combatir la violencia de género en el lugar de trabajo.

Los sindicatos evaluaron las conclusiones del estudio en diciembre y tienen previsto transmitirlas a sus ejecutivas con vistas a crear las condiciones necesarias para prevenir y combatir la violencia de género, a través de la negociación colectiva y el diálogo social con la patronal.

Trajano indicó que la CNTRV, que representa a 69 sindicatos y tres federaciones regionales, exhorta a los sindicatos a negociar convenios incluyendo cláusulas que protejan frente a la violencia y el acoso en base al género.
La CNTRV está bien situada para liderar la campaña contra la violencia de género en el trabajo. En abril, los delegados presentes en el 11º Congreso de la Confederación votaron a favor de la paridad de género en los cargos directivos de la organización y adoptaron un programa a favor de los derechos de la mujer. En asociación con el Centro de Solidaridad, la CNTRV llevó a cabo recientemente un proyecto de liderazgo femenino a escala nacional, destinado a preparar a las mujeres trabajadoras para que asuman cargos directivos.

“Evidentemente, los resultados del informe resultaron chocantes, al constatar el grado de violencia en el lugar de trabajo”,

afirmó Trajano, quien forma además parte del Comité Ejecutivo de la Central Única dos Trabalhadores (CUT).

“Por otro lado, es una llamada de atención para que hagamos algo al respecto”, concluyó.

Este artículo ha sido publicado en Equal Times

La sostenibilidad y la Transición Justa son claves para el futuro de la minería en África

Estos fueron los temas de fondo tanto en la Investing in Africa Mining Indaba (Indaba Minera de Inversión en África) como en la Alternative Mining Indaba (Indaba Minera Alternativa), ambas celebradas del 3 al 6 de febrero en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La consigna de la Mining Indaba, organizada por empresas, fue “Optimizar el crecimiento y la inversión en la economía minera digitalizada”, mientras que la Alternative Mining Indaba (AMI), de la sociedad civil, se centró en las “Economías minerales sostenibles desde el punto de vista ambiental y económico en una era de catástrofe por el cambio climático”. IndustriALL Global Union participó en ambos eventos.

La Mining Indaba y la AMI son eventos independientes que se llevan a cabo de forma simultánea. Durante el “día de la sostenibilidad” de la Mining Indaba, los dos eventos convergieron para analizar los problemas comunes. Se presentaron iniciativas encaminadas a encontrar puntos en común acerca de la minería sostenible y la Transición Justa.

 

Afiliados de IndustriALL del sector minero de la República Democrática del Congo, Ghana, Madagascar, Namibia, Sudáfrica y Zambia participaron en la Mining Indaba con el apoyo de la Friedrich Ebert Stiftung.

El objetivo de la AMI es proporcionar a las comunidades afectadas por la minería en África un espacio para dialogar y buscar soluciones a sus preocupaciones con respecto al sector minero. IndustriALL y sus afiliados participaron activamente en las sesiones sobre el cambio climático, la Transición Justa y la licencia social para operar. Más de 50 participantes dialogaron acerca de la cooperación entre los sindicatos y la sociedad civil para determinar la licencia social de la industria, haciendo hincapié en que los derechos de los mineros y los intereses de las comunidades afectadas por las minas deberían ser fundamentales para las operaciones mineras. En la sesión se discutió acerca de la organización de los mineros artesanales y de pequeña escala en sindicatos.

En una petición a la Mining Indaba, la AMI sugirió que no se puede olvidar el legado de las pérdidas del pasado y puso como ejemplo a la demanda colectiva por tuberculosis/silicosis en Sudáfrica. La industria debe proporcionar indemnizaciones justas a los ex mineros y las comunidades cuya salud fue dañada por la minería, así como incluirlos en las discusiones sobre la manera adecuada de hacerlo.

Los gobiernos deben ratificar e implementar el Convenio 176 de la OIT sobre salud y seguridad en las minas, así como el Convenio 190 sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo, particularmente para proteger a las trabajadoras mineras que son vulnerables a la violencia en el entorno laboral.

En la Mining Indaba, IndustriALL estuvo presente en una serie de debates. Un panel presidido por el director de minería Glen Mpufane trató el tema de la seguridad bajo la consigna de “Lograr un enfoque de ‘cero daño’”. Con la asistencia de Joseph Montisetse, presidente del Sindicato Nacional de Mineros, afiliado sudafricano, la sesión analizó el Convenio 176. Montisetse abordó la alarmante tasa de incidentes a nivel mundial y la necesidad de cambiar fundamentalmente el enfoque con respecto al liderazgo en las minas poniendo a las personas primero.

Joseph Montisetse

Una sesión sobre la “Minería 4.0” se centró en la manera en que la tecnología y la innovación están transformando la minería. Dirigida por el secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, la sesión se planteó qué significarán las nuevas tecnologías mineras para el futuro del trabajo: qué habilidades se necesitarán y de qué manera pueden las compañías mineras, los gobiernos y otros actores asegurar que los locales tengan las habilidades adecuadas para permitir que la minería contribuya plenamente al desarrollo sostenible.

Una economía minera digital solo puede surgir a partir de un cambio de las antiguas tecnologías mineras a la minería de alta tecnología de automatización, datos e inteligencia artificial. Los sindicatos quieren un plan de Transición Justa que incluya reemplazar los combustibles fósiles con energía renovable, reeducar y reconvertir a los trabajadores, otorgar indemnizaciones justas cuando se produzcan reducciones de personal, y diálogo social. El diálogo entre las comunidades y los sindicatos debe conducir a un trabajo conjunto, en el que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil deben participar.

Kemal Özkan

En su intervención, Kemal Özkan expresó:

“Los millones de trabajos en el sector minero son nuestros trabajos. Nadie puede ni debe decidir sobre el futuro de nuestros trabajos sin los trabajadores y los sindicatos. El empleo es la única herramienta que nos conecta con la sociedad y la economía”.

“Necesitamos un diálogo genuino a nivel mundial, nacional y local para debatir y proyectar nuestro futuro. Información, instancias de consulta, reeducación, capacitación, reconversión y recualificación son los principales derechos que exigimos. El diálogo sobre la minería sostenible es esencial para crear empleos decentes y reducir la pobreza, tal como se explica en la Visión Minera de África”.

La minería responsable protege los derechos de los trabajadores y las comunidades

Las normas para la minería responsable son una herramienta que los sindicatos y las comunidades pueden usar para proteger los derechos humanos y laborales, la sostenibilidad ambiental y el desempeño social de las empresas mineras, tanto en las minas como a lo largo de la cadena de suministro.

La herramienta de la IRMA consiste en un conjunto de métricas de responsabilidad social y ambiental que se pueden emplear en las minas a escala industrial para aumentar la transparencia y proporcionar una forma creíble de medir su desempeño.

Con respecto a los derechos de los trabajadores, la norma respalda los derechos a la negociación colectiva y la libertad de asociación, los salarios dignos, la licencia de maternidad, la salud y la seguridad, las consultas previas a las reducciones de personal y los mecanismos de gestión de reclamos, así como se opone al acoso, la intimidación y el trabajo infantil.

Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL, expresó:

“Los sindicatos deberían usar la norma para la minería responsable para resolver los problemas a nivel de las minas. Es importante que los sindicatos participen en los procesos de auditoría y utilicen los mecanismos de reclamo provistos. Se trata de una ventaja importante para nuestros afiliados mineros en la protección y promoción de los derechos de sus miembros”.

En su discurso en la conferencia Indaba Minera Alternativa (AMI), Mark Curtifani, director ejecutivo de Anglo American, afirmó que la empresa minera está usando la norma para la minería responsable como una de sus estrategias para involucrar y respetar los derechos humanos de las comunidades, así como para “entender mejor a las personas”. Por ejemplo, la mina Unki de Anglo American, en Zimbabue, ha sido auditada mediante el uso de esta norma.
 
La AMI también reconoció a la norma IRMA como una herramienta objetiva para promover la minería responsable. Los sindicatos esperan que las recomendaciones de esta norma sobre la minería artesanal y en pequeña escala se puedan usar para formalizar a los mineros en la República Democrática del Congo, Ghana, Sudáfrica, Zimbabue y otros países.
 
Aimee Boulanger, directora ejecutiva de la IRMA, declaró:

“La norma para la minería responsable se ha desarrollado a lo largo del tiempo, lo que la convierte en una herramienta sólida que proporciona un recurso para que los sindicatos y las comunidades entablen un diálogo con las empresas mineras”.

La norma tiene 26 capítulos sobre temas sociales como salud y seguridad comunitaria, derechos humanos, lucha contra la corrupción y consentimiento libre, previo e informado. Con respecto a los temas medioambientales, esta protege las fuentes de agua y la biodiversidad, tiene como objetivo reducir la contaminación del aire y promueve la gestión segura de residuos.

La IRMA es una iniciativa de múltiples partes interesadas,

que ofrece verificación y certificación de terceros independientes a través de una norma integral para todos los materiales extraídos. La gestión de la IRMA es compartida por la sociedad civil, las comunidades, los sindicatos y el sector privado. IndustriALL y su afiliado norteamericano United Steelworkers (USW) se involucraron en una etapa temprana con la exigencia de una minería más responsable desde el punto de vista social y ambiental. El director de minería de IndustriALL, Glen Mpufane, es miembro de su junta directiva.

Petroleros de Brasil desarrollan una huelga nacional contra despidos en Petrobras

La FUP (que forma parte de la CNQ/CUT, a su vez afiliada a IndustriALL Global Union) inició el 1º de febrero una huelga nacional por tiempo indefinido. El objetivo es defender a los 396 empleados directos y 600 subcontratados que se verán afectados con el cierre de Fafen. Los despidos comenzarían el 14 de febrero.

Con la medida de acción, los trabajadores también denuncian que los despidos masivos violan el Acuerdo Colectivo de Trabajo (ACT) que firmaron en noviembre. En dicho ACT, la empresa se comprometió a no efectuar despidos masivos durante cinco años, sin mantener una negociación previa con los sindicatos. Aún así, Petrobras anunció precipitadamente el despido de los empleados de Fafen-PR, sin debatir con la organización sindical otras alternativas para los trabajadores.

Según la FUP, Fafen no es la única dependencia de Petrobras que atraviesa problemas. En todo el Sistema Petrobras (que incluye subsidiarias y empresas independientes conectadas a la sede) se producen despidos y transferencias masivas del personal.

El gobierno actual del presidente Jair Bolsonaro promueve la privatización y el cierre de unidades estratégicas de Petrobras. La petrolera redujo en 5 años las inversiones en Brasil al 50 por ciento, lo que causó la pérdida de más de 270 mil empleos del Sistema Petrobras, incluidos trabajos propios y subcontratados.

Por ese motivo, los trabajadores de más de 50 unidades del Sistema Petrobras se unieron a la huelga. Además, se llevan a cabo diversas acciones en los 12 estados del país donde opera la petrolera. En Río de Janeiro por ejemplo, la Comisión Permanente de Negociación de la FUP ocupa una habitación de la sede de Petrobras. Exige un diálogo con la gerencia de la compañía, a fin de suspender los despidos y abrir foros de negociación para el cumplimiento del Acuerdo Colectivo.

Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo comunicó el 4 de febrero que, si deciden continuar la huelga, multará con 500 mil reales a los sindicatos de la FUP que posean más de 2000 afiliados y con 250 mil a los más pequeños. A su vez, determinó que el 90 por ciento de la fuerza laboral del Sistema Petrobras debe retornar a sus puestos de trabajo. Aún así, la Federación Única de Petroleros informó que continuará la huelga indefinida y obtuvo el apoyo de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo (FNP), lo cual ayudará a aumentar el alcance de la medida de acción.

La Co-presidenta del Comité Ejecutivo de IndustriALL, co-coordinadora global del sector de minería de IndustriALL y presidenta de la CNQ/CUT, Lucineide Varjão, dijo:

“La huelga representa un gran desafío para los trabajadores. Tanto el gobierno, como el poder judicial y los principales medios de comunicación intentarán promover la desmovilización y el enfrentamiento de la opinión pública con el la organización sindical. Estamos seguros de que, incluso con toda esta presión, el movimiento sindical proporcionará la respuesta necesaria para defender a los trabajadores.”

Sindicatos de Myanmar protestan contra la decisión del Consejo de Arbitraje

Temprano en la mañana, esta organización, afiliada a IndustriALL Global Union, movilizó a 15.000 miembros de sindicatos de 80 lugares de trabajo para realizar una marcha desde la fábrica Thong Thai Textile hasta la cancha de fútbol Aung Myay Tharyar.

15.000 sindicalistas marchan en solidaridad con los 260 trabajadores despedidos de Thong Thai

El presidente de la IWFM, Daw Khaing Zar Aung, dirigió a la multitud exclamando las siguientes consignas:

“¡El Consejo de Arbitraje debe respetar los derechos humanos y los derechos de los trabajadores! ¡Dejen de tomar decisiones injustas que violan los derechos de los trabajadores!”

El 25 de octubre de 2019, 260 trabajadores de la fábrica Thong Thai Textile fueron despedidos en masa después de hacer una huelga. El objetivo de esta huelga era presionar al empleador para que aceptara 23 exigencias del personal, que incluían un aumento salarial, la confirmación de los trabajadores temporales que habían completado el período de prueba de tres meses, tarjetas de seguridad social, bonificaciones por habilidades, servicios de transporte y la erradicación de las horas extras excesivas.

 

Desde entonces, se han celebrado cinco reuniones de negociación entre los dirigentes de la IWFM y la empresa. Esta última aceptó 15 de las 23 exigencias, pero insistió en que las ocho restantes se remitieran al Consejo de Arbitraje, el organismo gubernamental que resuelve los conflictos laborales.

Khaing Zar expresó:

“Aunque la empresa aceptó 15 de las 23 exigencias, esta se negó a firmar un convenio y despidió a los trabajadores por participar en una huelga ilegal. El organismo de arbitraje dictaminó que los 260 trabajadores deberían ser reincorporados con una indemnización, pero la apelación realizada por la empresa ante el Consejo de Arbitraje condujo a un resultado insatisfactorio”.

“El Consejo de Arbitraje dictaminó que 100 trabajadores fueran reincorporados sin indemnización alguna, que no se reincorpore a los 99 trabajadores que enfrentan una demanda judicial, y que la reincorporación de los 61 trabajadores restantes quede sujeta a la discreción del empleador, una vez que los trabajadores respondan a la carta de intimación a presentar justificaciones de la empresa”.

Khaing Zar explicó que, según la legislación laboral de Myanmar, un contrato de trabajo finaliza temporalmente durante una huelga, por lo tanto, un empleador no puede despedir a sus empleados debido a esta acción. Los trabajadores pueden ser objeto de demandas por hacer huelga y solo se los puede despedir después de declarada su culpabilidad.

“Esto se trata del principio de considerar la inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad, por lo que la decisión del Consejo de Arbitraje violó las leyes laborales”.

Actualmente, los trabajadores de Myanmar no pueden ejercer la libertad de asociación y el derecho de huelga si no hay un sindicato en su lugar de trabajo. El incidente de Thong Thai es un ejemplo de trabajadores tomando medidas colectivas antes de la formación de un sindicato y enfrentando represalias por parte del empleador.

La secretaria regional de IndustriALL, Annie Adviento, exhortó a la empresa a respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y a reincorporar a los 260 empleados despedidos.

“Se debe establecer un sindicato en el lugar de trabajo de inmediato y el empleador debe reconocerlo para resolver los conflictos laborales”.

Sindicatos de Chile anuncian movilizaciones y una posible huelga nacional

Créditos de las fotos: CUT Chile

La CUT anunció un semestre de lucha y una posible huelga general. Impulsarán una agenda de movilizaciones que fortalecerá las demandas que planteó el pueblo de Chile hace tres meses, y que aún aguardan una respuesta del gobierno.

El 18 de octubre hubo un aumento en las tarifas del metro de la ciudad de Santiago que desencadenó protestas históricas. El estallido social destapó años de un sentimiento de injusticia, debido a la creciente desigualdad del país.

Con las protestas reclamaron, entre otras cosas, un aumento al salario mínimo y expresaron un descontento general por las Administradoras de fondos de pensiones de Chile (AFP). También demandaron cambios en la educación, y protestaron por las altas tarifas de la luz, el gas, el precio de la gasolina y el costo de la salud.

Muchos de los manifestantes fueron víctimas de la violencia por parte de las fuerzas policiales. Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de justicia y derechos humanos de Chile, hay un total de 31 fallecidos. En 5 de esos casos, el INDH presentó querellas contra el personal uniformado.

Ante esta situación, el gobierno firmó un acuerdo en noviembre para reformar la Constitución. Sin embargo, el movimiento sindical y social permanece inconforme dado que el Acuerdo por la Nueva Constitución se alcanzó entre los distintos partidos políticos, sin la participación de la mesa coordinadora del movimiento social y sindical.

Por tal motivo, continúan la lucha para reclamar su participación en el proceso Constituyente y el Plebiscito del próximo 26 de abril. Allí se definirá si avanza o no con el proceso constituyente, y a través de qué formato (convención mixta o convención constitucional) se construirá la nueva Carta Magna.

Según el presidente de Industrial Chile-Constramet (afiliada a IndustriALL Global Union) y miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL, Horacio Fuentes, es necesario desarrollar una agenda de movilizaciones y que los trabajadores jueguen un rol protagónico en este proceso constituyente:

“Las y los trabajadores, las organizaciones sindicales y gremiales no podemos seguir aislados del proceso constituyente. Debemos impulsar con fuerza una agenda que nos integre al debate que está encerrado en el Parlamento. También debemos ser capaces de generar instancias de intercambio en torno a este tema en nuestros lugares de trabajo y en los barrios.

Hoy es momento de tomar definiciones y de dotar el proceso constituyente de propuestas que integren un claro marco de respeto por los derechos de las y los trabajadores. Tenemos la tarea de movilizarnos por el nuevo Chile que queremos construir, porque de otra forma el camino recorrido desde octubre solo quedará como otra bonita historia.”

Justicia para los 56 trabajadores químicos despedidos ilegalmente en Georgia

El juicio duró tres años y pasó por tres instancias judiciales, ya que la empresa apeló las decisiones de dos tribunales inferiores que fallaron a favor de los trabajadores despedidos. Los trabajadores fueron representados por el Sindicato de Trabajadores de la Metalurgia, la Minería y la Industria Química (TUMMCIWG), afiliado a IndustriALL Global Union, durante todo el proceso.

Tamaz Dolaberidze, presidente del TUMMCIWG, expresó:

“Fue una guerra de nervios, ya que le tomó un año y medio a la Corte Suprema considerar si tomar o no el caso apelado por la empresa por segunda vez y, finalmente, decidir que la decisión de la segunda instancia judicial permanecería en vigor. Mirando hacia atrás, vemos que la resolución de conflictos laborales debería llevarse a cabo mediante un arbitraje laboral especial para que los trabajadores no esperen años hasta que se resuelvan sus casos. Los sindicatos han estado pidiendo la creación de tales arbitrajes laborales durante muchos años, pero el problema persiste”.

El dirigente sindical expresó su gratitud hacia IndustriALL y sus afiliados por el apoyo internacional masivo, que incluyó cartas de solidaridad y la participación de dirigentes sindicales en las manifestaciones, lo que fortaleció a TUMMCIWG en sus acciones contra el comportamiento ilícito de Rustavi Azot y ayudó a obtener justicia para los 56 trabajadores despedidos ilegalmente.

Ahora, Rustavi Azot tiene que reincorporar a los 56 trabajadores y pagarles los salarios perdidos durante los últimos tres años por un monto total de GEL 2.000.000 (US$ 700.000).

Los trabajadores fueron despedidos en enero de 2017 cuando, durante un cambio de titularidad de la empresa, no se le renovó el contrato a 350 de los 2.300 empleados. Si bien la mayoría de ellos acordó recibir una indemnización de la empresa por un monto de GEL 1.200 GEL (US$ 415), 56 trabajadores decidieron buscar justicia a través del proceso judicial.

A los despidos masivos a principios de 2017 les siguieron acciones antisindicales en respuesta a las manifestaciones en contra de los despidos ilegales. Los nuevos contratos celebrados con los trabajadores restantes socavaron gravemente sus condiciones de trabajo. En febrero de 2017, el TUMMCIWG denunció la opresión enfrentada por los miembros del sindicato en la planta e IndustriALL llevó a cabo una acción de solidaridad internacional en apoyo de los trabajadores de Rustavi Azot.

Turquía: los trabajadores metalúrgicos unidos logran un aumento salarial

Luego del fracaso del intento de entablar un diálogo significativo con la Asociación de Empleadores de Industrias del Metal de Turquía (MESS) en enero, Türk Metal, Birleşik Metal-İş y Özçelik-İş decidieron iniciar una huelga.

Sin embargo, en la madrugada del 29 de enero, luego de intensas negociaciones, se llegó a un convenio por un aumento salarial considerable. Los sindicatos Turk Metal y Özçelik-İş firmaron el convenio después de la concentración en apoyo de las negociaciones, mientras que el sindicato Birleşik Metal-İş lo firmó el 2 de febrero.

Este convenio tendrá validez por dos años a partir del 1 de septiembre de 2019. Según este acuerdo, se incrementarán los salarios por hora de aquellos que ganan menos de 12 liras turcas (TL). Todos los salarios aumentarán en un 17 por ciento durante el primer semestre, en comparación con la inflación del 6,05 por ciento del mismo período.

Para el segundo semestre, se brindará un aumento del seis por ciento para los salarios por hora, incluso si la tasa de inflación se encuentra por debajo de esa cifra. Si la inflación es superior al 6 por ciento, esta se agregará. Para el tercer y cuarto semestre, los salarios por hora aumentarán a un nivel equivalente a la inflación.

En cuanto a las prestaciones, se bridará un aumento del 20 por ciento durante el primer año.

El aumento promedio, con todas las ganancias, será del 18,49 por ciento durante los primeros seis meses, lo que en total suma un 25,50 por ciento para el primer año. Además, se mantendrá el seguro de salud proporcionado por los empleadores.

IndustriALL Global Union e IndustriALL European Trade Union felicitan a sus afiliados Türk Metal, Özçelik-İş y Birleşik Metal-İş por el éxito del convenio y la cooperación y unidad demostradas en el proceso de negociación.

El secretario general de IndustriAll Europe, Luc Triangle, afirmó: 

“Felicitamos a nuestros tres afiliados turcos del sector metalúrgico por el excelente resultado que alcanzaron en esta ronda de negociación colectiva. Actualmente, Europa está debatiendo acerca de las maneras de fortalecer la negociación colectiva como una herramienta para subsanar la creciente desigualdad. El resultado de este convenio está alineado con este objetivo. Nuestros sindicatos hicieron campaña por un convenio justo y eso es lo que lograron”.

El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, expresó: 

“Nuestros tres afiliados metalúrgicos turcos dieron un gran ejemplo de movilización a nivel de planta y a través de manifestaciones masivas. También han demostrado cómo los sindicatos pueden y deben estar unidos de cara a los problemas que afectan a todos los trabajadores. La unidad es crucial en estos procesos de elaboración de convenios colectivos para todo el sector. Felicitamos a los sindicatos por este gran logro”.

Unifor mantiene el bloqueo de la refinería mientras el cierre patronal se acerca al segundo mes

La refinería es propiedad de Federated Co-operatives Limited (FCL), que ha tratado de mantener la planta en funcionamiento y de proteger los suministros de combustible para las cooperativas locales, en el oeste de Canadá, valiéndose de esquiroles y, en ocasiones, de helicópteros para transportar suministros y personal. Los miembros del sindicato bloquearon las puertas de la refinería e intentaron detener el tráfico. FCL ha intentado romper el bloqueo con órdenes judiciales que los miembros del sindicato han desafiado.

Después de que el sindicato se negó a aceptar una rebaja importante del plan de pensiones, las negociaciones se interrumpieron y, el 5 de diciembre, se impuso un cierre patronal a los trabajadores. Unifor, un sindicato afiliado a IndustriALL con 315.000 miembros, sostiene que FCL, que reportó una ganancia de 959 millones de dólares canadienses en 2019, puede permitirse mantener el plan de pensiones actual.

 Los miembros de Unifor bloquean la refinería

Foto: Unifor 594

Unifor, que está pidiendo un boicot a las empresas cooperativas, llamó a sus miembros a apoyar el piquete y bloquear la refinería. Se establecieron piquetes secundarios en empresas cooperativas en todo el oeste de Canadá. FCL obtuvo una orden judicial contra el sindicato, con lo que pudo limitar el bloqueo a períodos de diez minutos. El 20 de enero, el presidente nacional de Unifor, Jerry Dias, y otros 13 miembros y funcionarios sindicales fueron arrestados por participar en un bloqueo que la policía calificó de ilegal.

Más tarde, los sindicalistas arrestados fueron puestos en libertad y actualmente están esperando por el juicio. El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, envió una carta a Jerry Dias, en la que expresó:

“IndustriALL Global Union insta a la policía de Regina a que se abstenga de recurrir a tácticas de mano dura, que han implicado el arresto de miembros de Unifor que se manifestaban pacíficamente. La policía debe respetar plenamente el derecho de los trabajadores a manifestarse en contra del comportamiento vergonzoso de la refinería cooperativa”.

Después de otro incidente, Unifor fue declarado en desacato a una orden judicial y recibió una multa de CAD 100.000. El sindicato expresó su rechazo al arresto no provocado de sus miembros por parte de la policía y al apoyo que los políticos de derecha del partido de gobierno de Saskatchewan le han brindado al empleador.

Foto: Unifor 594

El 29 de enero, Unifor recibió otra orden de desacato por causa de los bloqueos. El sindicato anunció que retiraría los bloqueos si FCL volvía a la mesa de negociaciones. La empresa aceptó, y se programó una reunión para el 31 de enero.

Jerry Dias expresó:

“Unifor siempre ha estado profundamente comprometido con la negociación de contratos justos para los trabajadores de la refinería, pero esta es la primera acción que hemos visto que sugiere que FCL está interesada en llegar a un acuerdo”.

El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, expresó:

“Se supone que las cooperativas deben ofrecer un modelo de negocios diferente, basado en el respeto a la comunidad y el compromiso a la cooperación. Pero a través de su comportamiento, FCL está demostrando que es tan mala como cualquier multinacional antisindical”.

“FCL puede permitirse pagar a sus trabajadores una pensión decente. Debe volver a la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo con Unifor”.

Foto: Unifor 594

Los sindicatos de Indonesia rechazan el proyecto de ley general

En su discurso ante el Simposio nacional sobre la respuesta de los sindicatos al proyecto de ley general, realizado el 28 de enero en Yakarta, el presidente del Consejo de Indonesia de IndustriALL, Iwan Kusmawan, criticó la intención del gobierno de apresurar la aprobación de la ley, lo que sacrificaría los intereses de los trabajadores. A su vez, exhortó al gobierno a atender a las demandas de millones de trabajadores indonesios o arriesgarse a que se realicen más manifestaciones callejeras.

En el simposio participaron más de cien representantes sindicales de los once afiliados de IndustriALL en Indonesia, así como otros cuatro líderes de federaciones y confederaciones.

El secretismo en torno al proyecto de ley general sobre la creación de empleos ha generado frustración entre los dirigentes sindicales de este país. El secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Química, Energía, Minería, Petróleo y Gas (FSP KEP), Bambang Surjono, expresó:

“El gobierno no ha brindado información sobre el proyecto de ley. Solicitamos a la comisión parlamentaria que nos invite a debatir antes de que el Parlamento presente este proyecto”.

El presidente de Lomenik, Eduard Marpaung, añadió que el proyecto de ley integral es contradictorio por naturaleza: la integración de la mano de obra en el proyecto de ley general con el objetivo principal de estimular la inversión conduciría, sin duda, a la flexibilidad laboral y a la disminución del bienestar de los trabajadores.

“De acuerdo con nuestra constitución, cada ciudadano debe tener el derecho de trabajar y ganarse la vida humanamente. Cualquier política en materia laboral debe garantizar la protección del empleo y la seguridad social. El trabajo no es una mercancía”,

afirmó Marpaung.

La secretaria regional de IndustriALL para el sudeste asiático, Annie Adviento, exhorta al gobierno indonesio a respetar las voces de los trabajadores y retirar el proyecto de ley inmediatamente.

“La estabilidad política es una de las principales preocupaciones de los inversores extranjeros; las repercusiones muestran que el controvertido proyecto de ley podría terminar causando más disturbios sociales”.