En 2017, Francia fue el primer país en adoptar una ley sobre el deber de vigilancia. Este texto innovador estableció por vez primera una relación penal entre la empresa matriz de una multinacional y sus filiales y subcontratistas en caso de vulneración de los derechos humanos y ambientales. En otras palabras, sirve para evitar que las grandes empresas se escondan tras su condición de ordenante.
“El Rana Plaza ha sido de gran ayuda para alertar sobre este problema, a pesar de que nosotros llevábamos mucho tiempo estudiando este vacío legal, puesto que ya se habían producido sucesos similares en el pasado”, explica Sabine Gagnier, encargada de incidencia política en Amnistía Internacional Francia.
Históricamente, la impunidad de las multinacionales también la disfrutan sus filiales. Desde un punto de vista jurídico, estas no existen, como explica Olivier Petitjean en su libro Devoir de vigilance, une victoire contre l’impunité des multinationales (Deber de vigilancia, una victoria contra la impunidad de las multinacionales):
“Allí donde nosotros vemos un sujeto coherente y autónomo –Total , Apple o H&M– que tiene bajo su égida decenas de establecimientos, filiales, empresas conjuntas u otras relaciones comerciales gestionadas en función de los intereses del conjunto, el derecho (internacional) ve una nebulosa de entidades distintas”.
Por ejemplo, en 2011, la filial del grupo petrolero Chevron fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar una multa de 9.500 millones de dólares USD (unos 8.610 millones de euros) a raíz de la catástrofe ecológica provocada por las actividades que desempeñaba en la región. Ante la negativa del gigante estadounidense a acatar esa decisión, varias ONG habían intentado, en vano, que Chevron fuera condenada en otros países donde estaba presente, puesto que no se disponía de los instrumentos jurídicos necesarios para demostrar el vínculo entre la empresa matriz y su filial sudamericana.
Una ley innovadora
Aprobada en Francia en 2017, el objetivo de la ley sobre el deber de vigilancia es colmar precisamente este vacío legal. Está basada en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derecho humanos, pero también sobre los Estados, con vistas a “determinar, prevenir y mitigar los riesgos que entrañen sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos”.
El texto se aplica a todas las empresas establecidas en Francia que empleen a más de 5.000 trabajadores en el país o 10.000 trabajadores en todo el mundo. Su objetivo es obligar a las grandes empresas francesas a prevenir los riesgos y las infracciones graves que sus actividades pueden provocar en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la salud y seguridad de las personas, así como el medio ambiente. El carácter innovador de este texto reside en el hecho de que esta responsabilidad recae en las actividades de la empresa matriz, pero también de sus filiales y de sus subcontratistas o proveedores con los que se ha establecido una relación comercial.
“La fuerza de esta ley estriba en que es transnacional, se impondrá a los ordenantes en todo el perímetro donde está presente”,
especifica Delphine Maurel, consultora de Syndex, una consultoría que asesora a los representantes del personal en las empresas.
Concretamente, las empresas en cuestión deberán publicar un plan de vigilancia anual, documento que recoge una serie de medidas preventivas. Dado que la mayoría de las empresas cotizan en Bolsa, esta información es pública y está disponible en sus sitios web o en la página plan-vigilance.org.
No obstante, tres años después de la entrada en vigor de la ley relativa al deber de vigilancia, el balance es moderado. Normalmente las empresas implicadas deberían haber elaborado dos planes para los años 2017 y 2018. Pero algunas, como Zara o H&M en el sector textil, o Lactalis en la industria agroalimentaria, todavía no han publicado ningún plan.
“Las empresas se aprovechan de una imprecisión. La ley se refiere a las empresas que operan en Francia y que emplean a más de 10.000 trabajadores en todo el mundo, pero hay quienes afirman que solo se refiere a las empresas que emplean a 10.000 trabajadores en el territorio francés”, continúa Delphine Maurel. Sin embargo, una multinacional como McDonald’s, que en su sitio web afirma tener más de 74.000 trabajadores en Francia, todavía no ha cumplido con el ejercicio.
Ante esta ambigüedad, las ONG y los sindicatos reclaman al Gobierno francés la lista de empresas que se supone deben presentar un plan de vigilancia. “Nuestras demandas siguen sin recibir respuesta”, lamenta Mohamed Lounas, asesor del Espacio Internacional de la CGT. “El Ministerio de Economía también se ha comprometido a realizar un seguimiento de la ley. El informe está encargado, pero no tenemos noticia alguna, a pesar de que debería haberse publicado hace tiempo. Tenemos la impresión de que están frenando el asunto para no molestar a las empresas”.
Una larga batalla política
Hay que decir que la culminación de esta ley ha constituido una larga lucha política. Además de los sindicatos que participaron, la lucha estuvo inicialmente dirigida por diversas ONG, como Sherpa, CCFD-Terre Solidaire y Amnistía Internacional.
“Antes de las elecciones presidenciales de 2012, las asociaciones se reunieron con un determinado número de candidatos. El futuro presidente Hollande se había comprometido a responsabilizar a las empresas matrices de las actividades de sus filiales”, recuerda Sabine Gagnier de Amnistía. Una vez establecida la nueva mayoría, los colectivos llevaron a cabo una labor de promoción con los parlamentarios. Tres diputados socialistas y ecologistas se ocuparon entonces del asunto. El proyecto de ley se presentó en 2014, y nuevamente en 2015, pero en ambas ocasiones fue rechazado por el Gobierno y el Partido Socialista por considerar que se habían sobrepasado determinadas líneas rojas.
La Association française des entreprises privées, que representa a las principales empresas francesas, presionó mucho para que se bloqueara la ley, argumentando que perjudicaría la competitividad de las empresas francesas. “Pusieron muchísimas trabas, llegando incluso a escribir a Emmanuel Macron, entonces ministro de Economía, insistiendo en que la ley era peligrosa”,
relata Sabine Gagnier.
La situación se desbloqueó cuando el hombre que todavía no se había convertido en presidente, y que se mostraba reacio al éxito de la ley, abandonó el Gobierno en agosto de 2016. “El propio François Hollande fue quien pidió que se acelerara el proceso, sin duda por oportunismo político, porque por aquel entonces todavía pensaba volver a presentarse como candidato y consideraba que esto podría favorecer su reelección”, prosigue la representante de Amnistía. Finalmente, la ley fue aprobada el 21 de febrero de 2017, es decir durante las últimas semanas del quinquenio. En Francia es muy raro que se apruebe un proyecto de ley impulsado por la sociedad civil y respaldado por el Parlamento.
El plan de vigilancia debe incluir determinados puntos, entre ellos un mapa de los riesgos en el que se especifiquen los peligros que se considera comportan las actividades de la empresa, los procedimientos para evaluar a los subcontratistas y las medidas para atenuar los riesgos. Por último, la ley exige que se establezca un mecanismo de alerta mediante el cual los trabajadores, las ONG y también, por ejemplo, los vecinos de una obra o fábrica, puedan alertar a la empresa sobre un riesgo que no se hubiera especificado o sobre las consecuencias perjudiciales de su actividad.
También en este caso existen grandes diferencias en los planes propuestos, como se analiza en un estudio publicado por un colectivo de asociaciones. “Algunos establecen un mapa de riesgos muy detallado, pero la mayoría solo informa de riesgos muy generales”, denuncia Sabine Gagnier. “Explican que existen riesgos de trabajo infantil o de trabajo forzoso, pero no dan ninguna indicación de los lugares o los nombres de las estructuras en las que podrían existir dichos riesgos. En el mejor de los casos, especifican el continente, lo cual sigue siendo demasiado vago. Deberían presentar igualmente las medidas que es necesario adoptar para hacer frente a esos riesgos”.
El mecanismo de alerta también resulta problemático. Muy a menudo no consiste más que en una simple dirección de correo electrónico, sin que se sepa cómo se procesa y analiza la alerta, o en qué idioma puede redactarse. “No sabemos quién está detrás de esas direcciones. En muchos casos podría ser la dirección o el departamento de recursos humanos. En tales condiciones, ¿cómo podrían actuar los trabajadores?”
La jurisprudencia podría reforzar la ley
La ley se basa sobre todo en una exigencia de medios, no de resultados. Así pues, una multinacional culpable de una catástrofe ambiental, o con alguno de sus subcontratistas recurriendo al trabajo infantil, podría no ser condenada si demostrara que había establecido un plan para evitarlo. Esta versión edulcorada era el precio a pagar para que el texto pudiera ver la luz.
También hay que poner en contexto la existencia de esta ley frente al conjunto de textos favorables a los grandes grupos, en particular los diversos tratados de libre comercio. La futura adaptación en Francia de la Directiva europea relativa a la protección de los “secretos comerciales” también plantea una grave amenaza para los avances conseguidos con la ley del deber de vigilancia.
Las ONG y los sindicatos tienen grandes expectativas depositadas en las posibles condenas judiciales y estarán muy atentos a la jurisprudencia. En la primera versión del texto se preveían multas de entre 10 y 30 millones de euros en caso de daños y de falta de plan. La versión adoptada no especifica una cantidad concreta. “Quizás sea una oportunidad, porque la justicia podría dictar penas aún más severas”, espera Sabine Gagnier.
La primera acción legal se inició el pasado mes de noviembre en referencia a las actividades de Total en Uganda. Además de vulnerar el derecho a la alimentación, el proyecto del grupo petrolero en la región ha provocado supuestamente la confiscación de tierras y casas de miles de personas.
Las ONG están utilizando la ley sobre el deber de vigilancia para acusar a Total de no haber controlado a sus subcontratistas en el país en lo que respecta a la adquisición de terrenos. No obstante, el 30 de enero el Tribunal de Primera Instancia de Nanterre se declaró incompetente, considerando que el caso era competencia del Tribunal de Comercio. “Es una noticia pésima, se va a tender a una interpretación mínima de la ley”, señala Juliette Renaud, responsable de campaña sobre la regulación de las multinacionales de Amigos de la Tierra. Los tribunales comerciales son efectivamente mucho más favorables a las empresas, puesto que sus jueces son comerciantes elegidos por sus homólogos.
A pesar de este contratiempo, ¿podrá la ley francesa crear un precedente a escala internacional? En cualquier caso, la idea está ganando terreno en varios países europeos, especialmente entre la sociedad civil. Incluso en Suiza se ha iniciado un proyecto de ley, aunque de momento se encuentra estancado a nivel parlamentario. La situación en Alemania es parecida, con un proyecto de ley a iniciativa de los partidos ecologistas y de izquierda, y si estas propuestas son rechazadas, el Gobierno alemán se planteará presentar un proyecto de ley en un futuro próximo. Por último, se están manteniendo debates en el seno de la ONU para la elaboración de un tratado vinculante para las multinacionales. Sin embargo, los progresos son particularmente lentos debido a que Estados Unidos, Rusia, China y Brasil están bloqueando el proceso. “Incluso la Unión Europea está obstruyendo el camino”, explica Juliette Renaud. Francia, por su parte, está tratando de promover su ley a escala internacional. “La utiliza como arma diplomática, pero es sobre todo una cuestión de comunicación”, zanja Delphine Maurel.
Este artículo ha sido publicado en Equal Times
