Namibia: el cierre de una mina dejará sin empleo a 1500 trabajadores

Informe de noticias de Namibian Broadcasting Corporation

El Sindicato de Mineros de Namibia (MUN) sostiene que la decisión se tomó antes de agotar las alternativas para continuar con las actividades, incluida la venta de la mina. El MUN argumenta que la mina, que tiene un yacimiento mineral de zinc supergénico, extrae óxidos de zinc y cuenta con una refinería, no tendría problemas para encontrar otros inversores.

El cierre de la mina conducirá a la pérdida de más de 1500 empleos. Una de las empresas contratadas, Basil Read, cuyo contrato fue rescindido, despedirá a unos 400 trabajadores.

Skorpion Zinc declaró que tuvieron que adelantar la suspensión de la minería debido al confinamiento parcial en el país por la COVID-19 del 27 de marzo al 17 de abril.

El presidente de la sección de MUN Skorpion, Peterson Kambinda, expresó:

“A pesar de la implementación de un acuerdo tripartito para mantener relaciones laborales armoniosas, garantizar la seguridad laboral y la responsabilidad empresarial en el sector de trabajo y empleo durante el período de estado de emergencia, Vedanta Resources (propietaria de la mina) tomó una decisión que resultaría en la pérdida de los empleos de miles de namibios”.

“El gobierno de Namibia debe intervenir para detener los despidos”.

Glen Mpufane, el director de minería de IndustriALL, declaró:

“A nivel mundial, las empresas mineras están desarrollando protocolos respecto a la COVID-19 para preservar los empleos y la mayoría está suspendiendo las reducciones de personal de cara a la pandemia. Es indignante que Vedanta Resources anuncie reducciones de personal en medio de esta crisis; está fuera de sintonía respecto a lo que está sucediendo a nivel mundial y debería ser denunciada”.

Según Skorpion Zinc, las fallas de pozo en la mina a cielo abierto son las culpables del cierre, ya que hacen que la extracción sea insegura. Debido a que las rocas no son lo suficientemente fuertes como para soportar aberturas o cargas pesadas sin colapsar, no se puede construir una entrada segura.

Sin embargo, el MUN afirma que hay otras tres minas que operan en el área bajo las mismas formaciones geológicas. El sindicato sostiene que se pueden explorar otros métodos de minería más seguros para preservar los empleos.

Sindicatos de Malasia luchan por los trabajadores durante el confinamiento

El 21 de marzo, el Sindicato de Empleados de la Industria Electrónica de la Región Sur (EIEUSR), afiliado a IndustriALL, presentó una denuncia ante la policía contra MFS Technology (M) Sdn. Bhd. La empresa incumplió la orden de control del movimiento del gobierno malayo, que dispuso el cierre de todas las empresas no esenciales entre el 18 y el 31 de marzo debido al brote de la COVID-19.

Idawati Idrus, subsecretaria general de EIEUSR y copresidenta del comité de mujeres de IndustriALL en Malasia, expresó:

“Junto con los miembros del sindicato, en su mayoría mujeres, presentamos denuncias ante la policía y el Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI). La acción directa puede empoderar a nuestros miembros e infundirles valor”.

“Aunque la policía cerró la fábrica de inmediato, esta reanudó sus actividades a los dos días luego de obtener la aprobación del MITI. Pero solo el diez por ciento de los trabajadores volvieron a trabajar: tenían miedo de ser infectados”.

La secretaria regional de IndustriALL Global Union, Annie Adviento, aprueba esta acción.

“Los trabajadores tienen derecho a negarse a trabajar si el entorno laboral es inseguro y poco saludable. El gobierno y el empleador deben respetar la seguridad y la salud en el trabajo”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Equipos de Transporte e Industrias Afines (NUTEAIW) envió una carta a la sede de Robert Bosch, en la que cuestionó la decisión de la empresa de continuar la producción.

“Nuestros miembros están disgustados porque los productos de la empresa, principalmente accesorios automotrices, no se consideran servicios esenciales. A pesar de ello, la empresa obtuvo la aprobación del MITI. Exigimos que la fábrica cierre durante el confinamiento, que se ha extendido hasta el 14 de abril”,

expresó Nadesan Gopalkishnam, secretario general del NUTEAIW.

La Coalición para la Reforma de la Legislación Laboral, una amplia coalición de 58 sindicatos y ONG, planteó que el primer ministro debe implementar un subsidio salarial garantizado del 80 por ciento como un paso para preservar empleos y transformar el sistema de protección social de Malasia.

Sintracarbón Colombia finaliza conflicto colectivo con Cerrajón y cancela huelga

A dos horas de cumplirse los 10 días hábiles para declarar la hora cero del inicio de una huelga en Carbones del Cerrejón Limited (propiedad de las multinacionales Glencore, Angloamerican y BHP), Sintracarbón notificó el 28 de marzo que retiraba el pliego de peticiones para renovar la Convención Colectiva de Trabajo (CCT).

Dicha decisión implicó que la CCT del período 2018-2019 se prorrogue hasta el 30 de junio de 2020. A su vez, la ley establece que se puede presentar un nuevo pliego de peticiones a partir de mayo. El sindicato asegura no lograron llegar a un acuerdo con Cerrejón en 60 días de negociaciones porque la empresa presentaba una oferta que reducía beneficios:

“La multinacional en todo momento ratificó su pretensión de disminuir el costo global de la CCT, a través del congelamiento, reducción y eliminación de beneficios, muchos de ellos conquistados en históricas luchas”

dijo Sintracarbón en una comunicación oficial.

A su vez, la firma tampoco aceptó un aumento salarial, sino simplemente un ajuste acorde al IPC por dos años. Tampoco consiguieron debatir sobre la posibilidad de cambiar los contratos fijos a indefinidos o la posibilidad de tener una acceso ilimitado a viáticos para el tratamiento de las enfermedades de los trabajadores y sus familias.

La organización sindical también propuso métodos de negociación y fórmulas de arreglo. Aun así, la compañía se mantuvo intransigente. Por ese motivo, la comisión negociadora del gremio decidió retirar el pliego de peticiones. A su vez, canceló la huelga que ya habían aprobado en una votación previa porque consideraron que terminaría beneficiando a la multinacional:  

“Nuestro análisis de la coyuntura actual incluye: la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19), el aislamiento obligatorio, las vacaciones colectivas, la reducción de operaciones de Cerrejón, la baja de precios y la actitud de la compañía de descargarnos su ahorro en costos.

Estas variables demuestran que la huelga le convenía más al patrón que a los trabajadores. Además, no había cómo hacer una huelga presencial y con verificación por parte del Ministerio de Trabajo.”

Por su parte, el secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, expresó:

“IndustriALL Global Union respalda la decisión de Sintracarbón. Como sindicato con una larga historia de lucha en defensa de los derechos e intereses de los mineros del carbón, nuestros compañeros/as tomaron una decisión sensata en medio de la crisis del Coronavirus.

Una vez más, pedimos a Cerrejón que actúe con sentido común y que llegue a un acuerdo con Sintracarbon, respecto a las demandas y expectativas de los miembros de la organización sindical”

Justicia de Brasil ordena el reintegro de huelguistas despedidos por Petrobras

Sindipetro-ES y la FUP (afiliada a IndustriALL Global Union a través de la CNQ/CUT) presentaron una acción contra la administración de Petrobras por violar el derecho constitucional a ejercer una huelga. A su vez, la denunciaron por actuar en oposición al acuerdo firmado entre la Federación y la empresa, con el aval del Ministro del Tribunal Superior del Trabajo (TST).

Dicho acuerdo se alcanzó durante la negociación colectiva que resultó en la cancelación de la huelga de febrero. La administración de Petrobras se comprometió a no despedir ni castigar a los trabajadores petroleros que participaron. Sin embargo, once trabajadores fueron despedidos y varios fueron castigados tanto con suspensiones como con otras represalias.

El juez Fábio Eduardo Bonisson Paixão del 14º Tribunal laboral de Espírito Santo decretó el 29 de marzo la suspensión inmediata de cualquier proceso de despido y afirmó que hubo una conducta antisindical por parte de Petrobras. A su vez, pautó una multa de R $ 500.00 por día por cada uno de los trabajadores, en caso de que la gerencia de Petrobras no cumpla con la decisión.

En tanto, el juez Wilson Fernandes del Tribunal regional del trabajo de la justicia de São Paulo suspendió los despidos arbitrarios de otros cinco trabajadores el 31 de marzo, y exigió la restitución de los petroleros en 48 horas.

Por su parte, la Federación dijo en una comunicación oficial:

“La FUP y sus sindicatos continuarán denunciando la gestión de Petrobras y exigirán en los tribunales la restitución de todos los petroleros despedidos y la cancelación de las sanciones impuestas arbitrariamente a los trabajadores que ejercieron el derecho legítimo de huelga.”

A su vez, los trabajadores consideran que los despidos tuvieron aún mayor gravedad dado el contexto que atraviesa Brasil y el mundo con la pandemia del COVID-19. Sindipetro-ES aseguró en un comunicado que el diálogo establecido con la administración local de Petrobras tiene un alcance limitado y que la alta dirección de la compañía insiste en adoptar medidas unilaterales, incluida la falta de respeto al actual convenio colectivo:

“Entendemos que el momento actual exige medidas no convencionales, pero esto no puede usarse como una coartada para acciones que no respetan los derechos de los trabajadores o que podrían poner en riesgo su salud. Por el bien de la población brasileña y la confrontación efectiva al coronavirus, los trabajadores de Petrobras (propios y subcontratados) deben ser tratados con gran cuidado y responsabilidad por sus gerentes.”

Finalmente, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Las decisiones de la dirección de Petrobras son inhumanas, antisindicales e inaceptables, y también enfrentan a las leyes de la justicia brasileña. Nos solidarizamos tanto con nuestra afiliada CNQ/CUT como con la FUP. Haremos todos los esfuerzos necesarios para exigirle a la empresa y a las autoridades de Brasil que respeten a los trabajadores de la FUP”

Sindicatos alertan sobre la inminente catástrofe por la COVID-19 en Zimbabue

Martin Chikuni, secretario general del ZEWU, expresó:

“Mientras que las estadísticas de personas infectadas y muertes confirmadas hasta la fecha en Zimbabue debido al coronavirus parecen bajas, creemos que existe una posibilidad inminente de que se produzca una catástrofe dado que nuestro sistema de salud ya está comprometido. La situación se ve empeorada por la crisis socioeconómica en la que se encuentra el país desde hace dos décadas”.

“Al ZEWU le preocupa que el sistema de prestación de servicios de salud colapsado, los hospitales insuficientemente equipados y los complejos equipos que se necesitan para combatir la COVID-19 claramente exceden la capacidad del país. ¿Cómo manejará Zimbabue una crisis de esta magnitud?”.

Las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud y Asistencia a la Infancia señalan que al 31 de marzo solo se realizaron 274 pruebas. Las cifras también indican que no se examinaron ni evaluaron a las más de 16.000 personas que llegaron de países con casos conocidos de COVID-19.

Un hospital especializado en enfermedades infecciosas en Harare, identificado como uno de los centros de tratamiento para el coronavirus, no contaba con respiradores y actualmente se encuentra en obras.

Uno de los métodos de prevención de la COVID-19 es lavarse las manos con agua y jabón, pero las ciudades de Zimbabue, incluida la capital –Harare–, no cuentan con un suministro regular de agua, y los habitantes han recurrido a cavar pozos.

Joseph Tanyanyiwa, presidente del consejo de coordinación nacional de IndustriALL en Zimbabue, que representa a cinco afiliados en las industrias de productos químicos y plásticos, energía, confección y textil, cuero y calzado, expresó que la respuesta de Zimbabue a la COVID-19 es muy puntual y no particularmente proactiva.

“Parece que la estrategia para la cuarentena es que las personas se queden en sus casas, y que solo se las examine y evalúe cuando ya están enfermas. La cuarentena será difícil para los trabajadores informales, que son mayoría en el país, dado que gran parte de ellos no tiene planes de contingencia y veintiún días es mucho tiempo sin recibir ingresos”.

El sindicato manifestó que le preocupa que el país continúe sufriendo escasez de combustible y alimentos básicos, como la harina de maíz y gacha.

“La gente se aglomera para conseguir productos básicos, lo que dificulta el distanciamiento social. La escasez de combustible y el uso del transporte público, especialmente los autobuses sobrecargados, comprometen la situación”.

El ZEWU está realizando una campaña para lograr la licencia paga y la seguridad laboral para los trabajadores durante los 21 días de cuarentena. El sindicato también quiere que los empleadores proporcionen equipos de protección personal para detener la propagación del coronavirus, ya que la mayoría de sus miembros interactúan con el público en sus trabajos.

El sindicato también proporciona información sobre la COVID-19 a sus miembros y ha establecido un centro de comunicaciones común para que los miembros se comuniquen con el sindicato cuando necesiten ayuda.

Bielorrusia: no se renueva contrato de trabajo debido a actividad sindical

Durante los últimos seis meses, los líderes y miembros sindicales han intentado obtener la certificación de seguridad de sus trabajos en Redpath Deilmann, de acuerdo con la legislación bielorrusa. Hasta ahora, la empresa recurre a lagunas legales y evita implementar la certificación de los lugares de trabajo.

Mikalaj Valadzko es un especialista altamente calificado sin antecedentes de disciplina. Hace un mes, un grupo sindical de trabajadores en Redpath Deilmann se registró en el BITU, y se eligió a Mikalaj Valadzko como presidente del grupo.

Los hechos muestran que su contrato de trabajo no se renovó como represalia por su actividad sindical y esto constituye un caso de discriminación basada en la afiliación sindical.

En una carta a la dirección de Redpath Deilmann, Valter Sanches, secretario general de IndustriALL Global Union, expresa que la decisión parece ser una interpretación muy selectiva de la legislación bielorrusa y contradice la legislación laboral nacional por la que la empresa rige sus operaciones en Alemania.

Según Redpath Deilmann, el contrato de Mikalaj Valadzko no se renovó en virtud del sistema nacional de contratos a corto plazo.

“Hay pruebas fehacientes para demostrar que el hecho de que su contrato no se renueve representa una represalia por su actividad sindical. Les instamos a que reconsideren su decisión de inmediato y renueven el contrato de Valadzko”.

“También les instamos a certificar todos los lugares de trabajo de conformidad con la legislación bielorrusa y a aplicar todas las medidas de seguridad que esta exige”, expresa Valter Sanches.

COVID-19: Sindicatos de Brasil luchan contra las medidas nocivas de Bolsonaro

Mientras que todos los países hacen esfuerzos para garantizar empleos, salarios y condiciones mínimas para la supervivencia de los trabajadores durante la pandemia, el primer mandatario de Brasil impulsa medidas que promueven lo contrario. La Medida Provisional (MP) 927/2020 permitía que las empresas pudiesen suspender los contratos de trabajo y dejaran de pagar los salarios durante cuatro meses.

A su vez, establecía que los empleadores podían negociar acuerdos individuales con los trabajadores (sin la participación de los sindicatos) para establecer la reducción de hasta un 50% en las horas de trabajo y los salarios. Incluso, permitía que las compañías despidieran a empleados que contrajeran coronavirus (COVID-19).

La medida fue revocada el 26 de marzo, gracias a la presión de los sindicatos, los movimientos populares y partidos de oposición. Las centrales sindicales rechazan la respuesta general del presidente frente a la crisis del COVID-19: niega la gravedad de la crisis e incumple tanto las recomendaciones de cuarentena de las autoridades de salud, como de los gobernadores en la gran mayoría de los estados.

Recientemente Bolsonaro no siguió las pautas médicas y realizó un recorrido por los mercados y centros de vendedores ambulantes en las afueras de Brasilia, por lo cual podría recibir una importante multa. Tampoco mantuvo la distancia social recomendada por las autoridades y expresó su intención de emitir un decreto para que "todas y cada una de las profesiones regresen al trabajo".

Las centrales sindicales impulsan una serie de medidas alternativas que si ayudarían a los trabajadores. Propusieron el establecimiento de una renta básica de emergencia para los trabajadores más vulnerables a la crisis sanitaria. La Cámara de diputados aprobó el Proyecto de Ley (PL) 9236/17 el 26 de marzo y el Senado federal el día 30. Establece por tres meses el pago de una ayuda de emergencia a personas de bajos ingresos (incluidos los trabajadores informales, desempleados y autónomos) por un monto de R $600.00 (USD 117.00 aproximadamente).

Las organizaciones sindicales también consiguieron que el presidente de la Confederación nacional de la industria (CNI), Robson Braga de Andrade, se comprometiera el 29 de marzo a orientar a todos sus sindicatos, federaciones patronales y empresas a que no adelanten ninguna decisión en relación a los empleos, sin antes debatir y negociar con los sindicatos locales.

También pusieron la conformación de un espacio para enfrentar la crisis con la participación del gobierno, el congreso y las entidades que representan a empresarios y trabajadores, con el objetivo de establecer iniciativas consensuadas para la protección de la vida, los ingresos y el empleo, en oposición a iniciativas unilaterales del presidente.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL Global Union, Marino Vani, expresó:

“Nos solidarizamos con el pueblo y con nuestras afiliadas de Brasil, que proponen salidas colectivas frente a los desafíos que nos presenta el contexto actual.

No podemos negar o agrandar los obstáculos: tenemos que ser proactivos y priorizar la vida de las personas. A su vez, debemos alcanzar acuerdos y apoyar todos los esfuerzos para superar esta grave pandemia. Juntos, poniendo el foco en la vida, es que podremos retomar el desarrollo económico”.  

Las marcas de la ACT se comprometen con prácticas comerciales responsables en Bangladesh

En la mayoría de las fábricas de prendas de vestir en Bangladesh, los trabajadores aún no han recibido los pagos correspondientes a marzo. Los dirigentes sindicales en el IBC insisten en que los trabajadores son vulnerables, ya que muchas fábricas están cerrando por temor al brote del virus y, en algunos casos, despidiendo a sus empleados.

El IBC exhorta a las marcas a pagar los pedidos que se hayan completado total o parcialmente y, si es posible, considerar abonarlos por adelantado.

Según la BGMEA, las marcas y compradores que obtienen sus productos de Bangladesh han cancelado o suspendido 907 millones de prendas de vestir por un valor de US$ 2870 millones. Esto tiene un impacto directo sobre los 2,09 millones de trabajadores en la industria textil del país.

Si las marcas no asumen la responsabilidad por los artículos ya producidos y listos para ser enviados y pagan al menos el costo de producción de los pedidos en el proceso de fabricación, será casi imposible que los empleadores paguen los salarios de los trabajadores, afirma la BGMEA. 

La mayoría de las tiendas de las marcas de la ACT, incluidas H&M, Inditex, PVH, C&A, Primark, Next, Lidl, Tesco, Tchibo y otras, están cerradas en Europa y Norteamérica, lo que conduce a una crisis de liquidez.

Sin embargo, la mayoría está de acuerdo, en principio, en pagar los pedidos completos, y están dialogando acerca de diversos paquetes de incentivos y estímulos para que los proveedores garanticen el pago de los trabajadores.

A fines de abril, el gobierno de Bangladesh pondrá a disposición 50.000 millones de taka bangladesíes (US$ 581.000). Sin embargo, esto será suficiente para pagar los salarios de los trabajadores durante un mes y es un préstamo que los empleadores deberán pagar con un interés del 2 por ciento.

La secretaria regional de IndustriALL para el sur de Asia, Apoorva Kaiwar, expresó:

“Nos gustaría un acuerdo por escrito con los sindicatos sobre la manera de utilizar el fondo asignado por el gobierno para pagar a los trabajadores. También estamos exhortando a las marcas a contribuir a ese fondo”.

Sindicato de Sri Lanka protege a los trabajadores en medio de la COVID-19

El 18 de marzo, el gobierno de Sri Lanka declaró un toque de queda en todo el país. Todas las fábricas y oficinas, excepto las que brindan servicios esenciales, cerraron sus puertas.

A pesar de las instrucciones del gobierno de cerrar las fábricas antes del 18 de marzo, la mayoría de las fábricas ubicadas en zonas francas permanecieron abiertas hasta el toque de queda. Como resultado, la mayor parte de los trabajadores no pudieron regresar a sus pueblos y quedaron varados en las pensiones ubicadas cerca de estas áreas. Los trabajadores, que esperaban recibir su salario mensual, se quedaron sin dinero para cubrir sus necesidades básicas.

En una carta dirigida al ministro de Trabajo, el Sindicato de Trabajadores de las Zonas Francas y de los Servicios Generales (FTZ & GSEU), afiliado a IndustriALL, solicitó una intervención inmediata para que se realice lo siguiente:

Simultáneamente, el FTZ & GSEU y el Centro de Mujeres lanzaron un programa para proporcionar alimentos a las zonas francas. Los representantes sindicales visitaron las pensiones, que también acogen a trabajadores asalariados empleados a través de agencias de contratación, para distribuir paquetes de alimentos. 

Durante este proceso, el sindicato descubrió que las pensiones no son adecuadas para el distanciamiento social y no cumplen con muchas de las medidas necesarias para la contención de la COVID-19. Posteriormente, el FTZ & GSEU exigió al gobierno que dispusiera lo necesario inmediatamente para transportar a los trabajadores a sus hogares.

Los días 18 y 27 de marzo, las autoridades tomaron medidas para transportar a los trabajadores varados de regreso a sus hogares en diferentes partes del país. Los trabajadores transportados están bajo observación por la COVID-19 y se les ha instado a respetar el distanciamiento social.

Un grupo de trabajo a nivel ministerial ha solicitado que los salarios se paguen antes de cerrar las fábricas. El grupo de trabajo también decidió que la ausencia de los trabajadores debida al toque de queda no puede considerarse como licencia ni descontarse de la licencia personal del empleado. Además, determinó que los salarios del mes de marzo se paguen en su totalidad. Como muchos de los trabajadores transportados no han recibido sus salarios, el FTZ & GSEU ahora pide una vez más al gobierno que garantice el pago de los salarios adeudados.

La secretaria general adjunta de IndustriALL, Jenny Holdcroft, expresó:

“Elogiamos las acciones de nuestro afiliado FTZ & GSEU en Sri Lanka, que exigió que el gobierno dispusiera lo necesario para que los trabajadores no sufran las consecuencias de la crisis actual. También es alentador que haya tomado la iniciativa de distribuir paquetes de alimentos a los trabajadores varados”.

Argentina: AOMA denuncia que LafargeHolcim expone a los trabajadores al COVID-19

El secretario general de AOMA y miembro del comité ejecutivo de IndustriALL Global Union, Héctor Laplace, le envió una carta a la Directora de recursos humanos de Holcim, Cecilia Glatstein, donde rechazó que la cementera ignorara el decreto de aislamiento social obligatorio determinado por el Presidente de la nación, Alberto Fernández, para hacer frente a la pandemia.

Laplace asegura que el gremio de mineros aceptó previamente que un mínimo indispensable de trabajadores efectuara guardias para cuidar la maquinaria e instalaciones, a fin de cumplir con lo establecido en el Decreto presidencial. A su vez, luego se comprometió a trabajar para concluir una obra que ya estaba en curso. Aún así, la empresa acudió a las autoridades locales.

“Holcim buscó la intervención de la Secretaría de industria de la nación y del Ministerio de trabajo de la provincia de Córdoba, en el afán de continuar con la producción ininterrumpida de su planta, persiguiendo mantener la manufactura en su totalidad”

explica Laplace.

De este modo, la empresa consiguió que las autoridades de Córdoba pautaran la excepción del aislamiento para todos los trabajadores de Planta de Malagueño de la cementera. El gremio argumenta que la compañía hizo abuso de las normativas vigentes para lograr la continuidad del negocio, sin proteger la salud e integridad de los trabajadores.

“Nos indignan las decisiones tomadas por las autoridades provinciales para autorizar que la cementera continúe produciendo al 100 % de su capacidad operativa. (…) Ni esta Asociación, ni los trabajadores que la integran, estamos dispuestos a exponernos a los peligros de la pandemia, con la única finalidad de que Holcim comercialice como si nada pasara”

agregó el secretario general de AOMA.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Esta situación es lamentable y demuestra el valor que la transnacional LafargeHolcim le da a la vida de sus trabajadores, a la comunidad local y al país. Mientras existe un estado de emergencia por una pandemia global y el país busca preservar la vida, la empresa prioriza mantener sus ganancias y su capital.

Nos solidarizamos con los trabajadores y con nuestra afiliada AOMA. Esperamos que las autoridades locales hagan cumplir el decreto presidencial, y que LafargeHolcim (en respeto a la vida de sus trabajadores) cierre sus operaciones de inmediato. Cuando volvamos todos a levantar el país, la empresa deberá negociar con el sindicato las condiciones para el retorno de los trabajadores”