Camboya: los trabajadores de la confección necesitan el apoyo de las marcas
De acuerdo con las cifras oficiales, el brote de la COVID-19 ha conducido a la interrupción de la producción de 91 fábricas de prendas de vestir y al despido de 91.500 trabajadores del sector. Según los sindicatos, los trabajadores de la confección y las familias que dependen de ellos no pueden sobrevivir con US$ 70, una caída sustancial respecto al salario mínimo de US$ 190.
El 7 de abril, el gobierno camboyano anunció que los trabajadores despedidos temporalmente solo recibirían US$ 70 al mes, en lugar de una propuesta previa de US$ 114, de la cual los empleadores pagarían el 40 por ciento y el gobierno el 20 por ciento.
“Esperamos que las marcas puedan asumir parte de la responsabilidad al pagar el 40 por ciento del salario mínimo para apoyar a los trabajadores de la confección. Los fabricantes deberían aumentar su participación al 40 por ciento, dadas las ganancias que han obtenido durante años en Camboya”,
expresó Athit Kong, presidente de la Coalición Sindical Democrática de Trabajadores de la Confección de Camboya (CCAWDU), afiliada a IndustriALL Global Union.
“Cuando 15 fábricas de prendas de vestir suspendieron sus operaciones, 1180 de nuestros miembros perdieron sus empleos y 8000 fueron despedidos temporalmente. Ha habido protestas contra la falta de pago de los empleadores del salario del mes pasado”.
declaró Pav Sina, presidente del Sindicato Colectivo del Movimiento de Trabajadores (CUMW).
La secretaria regional de IndustriALL, Annie Adviento, sugiere que el gobierno camboyano entable un diálogo social con todos los sindicatos:
“En tiempos de crisis, el diálogo nacional con los sindicatos es esencial para encontrar una solución sostenible”.
CODIV-19: Empresas de zonas francas despiden a más de 2000 trabajadores nicaragüenses
Según el secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Textil, Vestuario, Piel y Calzado (FESITEX, afiliada a IndustriALL Global Union), Pedro Ortega, unos 2893 trabajadores fueron despedidos debido a la caída de las exportaciones a Estados Unidos.
“El coronavirus va a tener una repercusión incalculable en el sector de las zonas francas de Nicaragua. En una primera fase hubo 78000 trabajadores enviados a vacaciones con goce de salario. También 5500 trabajadores fueron suspendidos sin goce de salario y a 2893 los despidieron.
A fines del mes de abril y en mayo viene la segunda etapa para la Zona Franca con afectaciones mayores. Algunas empresas van a tener que solicitar cierres temporales ante el ministerio de trabajo y otras pueden cerrar definitivamente”
explicó el dirigente sindical Ortega.
El sector de la maquila firmó un acuerdo tripartito el 24 de marzo con una vigencia de 30 días, en relación al coronavirus y sus implicancias en las operaciones de las empresas de Zonas Francas. Se hizo énfasis en garantizar orden y estabilidad en las condiciones de seguridad en la salud y protección de los trabajadores.
Aún así, si bien algunas empresas habían prometido retomar las operaciones luego de Semana Santa, diversos trabajadores fueron notificados de que aún no regresarán a sus puestos de trabajo, debido a la caída de la demanda internacional. Incluso, algunos trabajadores aseguran que les informaron que continuarán suspendidos y que recibirán solo el 50% de sus salarios.
El dirigente sindical Ortega dijo:
“Este lunes 13 de abril regresaron a trabajar de las vacaciones descansadas pagas por 15 días 78000 trabajadores aproximadamente. Por otra parte, la empresa Gildan, que tiene mas de 12000 trabajadores, mandó a suspensión temporal con 50% de salario. Otra empresa, B&F, mandó a suspensión temporal a los trabajadores pero asumió el 100% de sus salarios. A su vez, existe la posibilidad de que muchas otras empresas hagan despidos masivos.
El acuerdo tripartito se vence el 23 de abril, cuando lo vamos a revisar. Vamos a hacerle nuevas propuestas al gobierno y le vamos a pedir ayuda para los sectores vulnerables, como los trabajadores del sector informal. Queremos hablar de todos los trabajadores del país, porque la clase trabajadora es la más afectada. Si las empresas están cerradas y suspendidas, no nos va a matar la pandemia; nos va a matar el hambre.”
Finalmente, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, comentó:
“El sector textil se está viendo muy afectado por la crisis sanitaria y los trabajadores de las cadenas de suministro sufren las consecuencias. No hay salidas individuales: es necesario pensar acciones conjuntas y coordinadas para salir de la crisis. Como trabajadores de la industria tenemos que articular mesas nacionales donde podremos sugerir una agenda propositiva”
Brasil ordena el cierre de 47 represas mineras por ser inseguras
El plazo para entregar una Declaración de Condición de Estabilidad (DCE) venció el 31 de marzo. La Agencia Nacional de Minería de Brasil anunció el 2 de abril que hubo 31 represas que presentaron una DCE que no atestiguó la estabilidad de las estructuras y 16 que directamente no presentaron la declaración.
Como resultado, las 47 represas tienen prohibido recibir nuevas entradas de relaves o sedimentos, por no poseer estabilidad de la estructura certificada. A su vez, las represas que no entregaron el documento, serán multadas automáticamente.
Minas Gerais (MG) es el estado donde cerró el mayor número de presas (37). Fue allí donde ocurrieron los dos colapsos de las presas de Vale en menos de cuatro años. La primera ocurrió en Mariana (MG) en 2015 donde murieron 19 personas, y el segundo sucedió en Brumadinho (MG) en 2019 donde hubo 272 víctimas mortales.
El 1 de abril de 2020 Vale informó que tres de sus represas tienen mayor riesgo de emergencia para colapsar, mediante un comunicado de prensa. Aseguró que está construyendo tres estructuras de contención para dichas represas que pronostica finalizar los otros durante el primer semestre de 2020.
“De las 47 represas ahora prohibidas, aparentemente más de la mitad están controladas por Vale. La diferencia es que ahora el Estado anticipó y cumplió su papel de proteger a las personas. Esto es resultado de la enorme presión de la sociedad civil, y de los sindicatos locales y globales que trabajaron juntos desde el accidente de Mariana, combinando movilizaciones locales con una fuerte presión internacional, incluida la OCDE"
dijo el representante regional de Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) para América Latina y el Caribe, Nilton Freitas.
Tras la tragedia en Mariana, IndustriALL y la ICM presentaron en 2018 una queja contra Vale S.A y BHP por violar las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
Luego de la tragedia en Brumadinho en 2019, ambas organizaciones sindicales también amonestaron a Vale por no cumplir con las directrices del Consejo Internacional de Minería y Metales sobre la prevención de fallas catastróficas en las instalaciones de almacenamiento de relaves, ni con las normas para la administración de represas de relave que señala la Iniciativa para Garantizar la Minería Responsable.
Por su parte, la Co-presidenta del Comité Ejecutivo de IndustriALL, co-coordinadora global del sector de minería de IndustriALL y presidenta de la CNQ/CUT, Lucineide Varjão, dijo:
“Incluso con crímenes de gran magnitud, como los de Mariana y Brumadinho, muchas compañías aún descuidan los procedimientos de salud y seguridad, y anteponen las ganancias a la vida. A esto se le suma la pandemia del COVID-19: Hay trabajadores infectados pero las minas continúan operando; deberían cerrar ya que hay baja demanda.
Durante este período, deben llevarse a cabo acciones para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, la sociedad y el medio ambiente.”
¿Cómo está respondiendo el sector petrolero mundial a la COVID-19?
En la mayoría de los países, la industria petrolera se considera un sector central y no está sujeta a cierres obligatorios. Sin embargo, el confinamiento mundial y la resultante caída de la actividad económica han reducido la demanda de forma drástica.
Además, ha habido una caída dramática en el precio del petróleo, tanto como consecuencia de la reducción de la demanda como de la tensión geopolítica debida a otros motivos. Sin embargo, los precios del petróleo fluctúan y pasarán varios meses antes de que se conozca el efecto sobre el empleo.
IndustriALL se comunicó por escrito con todas las empresas con las que tiene acuerdos marco globales y les pidió que trabajen junto con los sindicatos para proteger la salud, la seguridad, el empleo y los ingresos de los trabajadores. ENI y Equinor, en su respuesta, describieron su reacción a la crisis y se comprometieron a trabajar con sus sindicatos.
Existen diferencias significativas de región a región y entre las empresas, pero en general las empresas petroleras muestran dos tendencias distintas:
Las empresas petroleras han mantenido la producción y protegido al personal básico, a veces con generosas asignaciones por trabajar en situaciones difíciles. Sin embargo, cortaron las relaciones con los contratistas. Dado que el 82 % del trabajo en el sector proviene de mano de obra contratada, esta situación está teniendo un efecto devastador, ya que muchos han perdido sus ingresos.
En general, se tomaron decisiones sin consultar a los sindicatos.
Una excepción es Noruega, donde se llegó a un acuerdo nacional entre los sindicatos y las organizaciones de empleadores, a través del marco existente de KonKraft, para evitar despidos permanentes al mantener la actividad. Las estrategias para resolver los despidos temporales incluyen la mejora de la investigación y el desarrollo.
En Rusia, la mayoría de los trabajadores no manuales de Lukoil están trabajando de forma remota, pero, aunque la empresa planea reducir la producción, el trabajo continúa con equipos de protección personal (PPE) adicionales y medidas para combatir la propagación del virus.
El Sindicato de Trabajadores de Australia solicitó que los operadores brinden apoyo financiero continuo a los trabajadores contratados y que todos los trabajadores reciban su salario durante la cuarentena. Esto ha tenido mucho éxito, con la notable excepción de Woodside, que dejó a 1000 trabajadores sin pago.
En Nigeria, NUPENG representa a los trabajadores en la red de distribución, incluidos los conductores de camiones cisterna y los trabajadores de estaciones de servicio. Los miembros del sindicato están entregando desinfectante de manos, máscaras y guantes a los depósitos. Algunas empresas han renunciado a los contratistas, y NUPENG espera muchas pérdidas de empleos durante el próximo año.
En Estados Unidos, el efecto sobre los trabajadores hasta ahora ha sido mínimo, y United Steelworkers (USW) negoció cambios en los horarios para reducir la exposición. El USW también está presionando para que se realicen controles de salud y de temperatura en las plantas.
En Marruecos, los sindicatos se unieron para presionar por un fondo de gestión de la pandemia, compuesto por contribuciones de empleadores y trabajadores a la seguridad social, para pagar a los trabajadores afectados. Los sindicatos también están pidiendo una prórroga en el pago de las deudas.
En Irak, tras recibir exigencias sindicales, las empresas petroleras cambiaron los patrones de turnos laborales en los yacimientos petrolíferos para minimizar el contacto. El sindicato produjo videos educativos para los miembros y llegó a un acuerdo para que los salarios de los trabajadores contratados no se vean afectados.
En Brasil, la crisis de la COVID-19 se desató poco después de la gran huelga de Petrobras. La empresa y sus 63.000 trabajadores se han visto gravemente afectados. Los sindicatos están profundamente preocupados por la manera en que el presidente Bolsonaro está minimizando la crisis.
La directora del sector energético, Diana Junquera Curiel, declaró:
“Nos enfrentamos a una situación sin precedentes. A corto plazo, tenemos que proteger la vida y el sustento de los trabajadores del sector. A largo plazo, debemos prepararnos para los enormes cambios que traerá esta crisis que se está desarrollando”.
“En este momento difícil, debemos compartir información entre nosotros y actuar en solidaridad. Juntos podemos superar esto”.
Imagen cortesía del Sindicato de Trabajadores de Australia
Protección de los derechos de las mujeres durante la COVID-19
Proteger la salud y la seguridad de las trabajadoras
Presionar a los empleadores para que tomen las medidas necesarias de protección de la salud y seguridad de sus empleados.
Presionar a los gobiernos por la legislación del derecho a la licencia por enfermedad remunerada y el libre acceso a la atención médica para todos los trabajadores, independientemente de su situación laboral.
Garantizar la representación de las mujeres en los comités de salud y seguridad u otros organismos, en todos los niveles, que definan medidas para proteger a los trabajadores de la COVID-19.
Impulsar la protección específica de las trabajadoras embarazadas durante la crisis.
Instar a los gobiernos a mantener el acceso a los servicios de salud reproductiva y no desviar los recursos asignados a estos servicios vitales.
En Indonesia, GARTEKS y SPN están luchando por el cierre temporal de fábricas de prendas de vestir, donde la mayoría del personal está conformado por mujeres.
En Marruecos, la UMT negoció un aumento de la rotación del personal en las fábricas de cables para disminuir la cantidad de trabajadores en el sitio al mismo tiempo, así como de máscaras, guantes y desinfectante.
En Japón, la confederación sindical RENGO está promoviendo el teletrabajo y el cambio de los tiempos de desplazamiento de las mujeres embarazadas con el fin de evitar las horas más concurridas en el transporte público.
La central sindical TUC está recordando a las trabajadoras embarazadas acerca de las obligaciones de sus empleadores para proteger su salud durante la crisis de la COVID-19: medidas de prevención y eliminación de la exposición al riesgo para mujeres embarazadas; traslado a otros puestos con la misma remuneración y, si no es posible, ajuste de las condiciones de trabajo y teletrabajo o licencia con sueldo completo.
La pandemia actual ha alterado el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. El UNFPA está exigiendo que se mantengan estos servicios para evitar una explosión de la mortalidad pre y posnatal.
En su preocupación por el acceso cada vez más limitado de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la COVID-19, la CGT ha pedido que se tomen medidas internacionales para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y prevenir la mortalidad materna e infantil durante estos momentos difíciles.
Luchar contra la violencia hacia las mujeres
Ejercer presión sobre los gobiernos para que ratifiquen el Convenio 190.
Condenar todas las formas de violencia y acoso por motivos de género, incluida la violencia doméstica, así como publicar y hacer circular el número de línea directa para víctimas de violencia doméstica.
Garantizar que las políticas y medidas contra la violencia y el acoso en el trabajo se implementen y apliquen incluso durante la crisis de la COVID-19.
Instar a los gobiernos a aumentar los recursos asignados a la prevención de la violencia doméstica y la protección de las víctimas, mantener los refugios y aumentar su capacidad de ser necesario.
En Uruguay, los sindicatos enviaron un fuerte mensaje en sus sitios web y redes sociales: “¡La violencia contra las mujeres no es un daño colateral! ¡No están solas!”, promoviendo los números de línea directa para las víctimas.
En Italia, la CGIL y la UIL trabajaron juntas para promover la puesta en marcha de medidas especiales durante y después de la crisis de la COVID-19. Estas incluyen una amplia campaña para promover el número de línea directa y difundir información sobre las medidas de protección para las víctimas; la identificación de nuevos refugios posibles; la extensión de la licencia para mujeres víctimas de violencia hasta al menos seis meses, y el establecimiento de un fondo destinado a garantizar la salida de las mujeres de la espiral de violencia.
En España, el sindicato CC.OO está exhortando al gobierno a ratificar el nuevo Convenio 190 de la OIT, que contribuye a la mitigación de los impactos de la violencia doméstica en el mundo del trabajo. La Recomendación 206, relacionada con el nuevo convenio, propone, entre otras cosas, licencias para las víctimas de violencia doméstica; arreglos de trabajo flexibles y protección temporal contra el despido para estas víctimas, así como generar conciencia sobre la violencia doméstica.
Mantener los ingresos y proteger el trabajo de las trabajadoras
Llevar a cabo negociaciones nacionales tripartitas o a nivel de empresa/lugar de trabajo para garantizar los ingresos de los trabajadores y proteger a los empleos durante la crisis.
Negociar medidas a nivel mundial con empresas multinacionales para proteger los empleos y los ingresos de los trabajadores en sus cadenas de suministro.
Extender el acceso a las prestaciones y seguros por desempleo a quienes trabajan de forma precaria y en la economía informal.
Negociar con los gobiernos para obtener protección social específica y apoyo de emergencia para los trabajadores vulnerables que no se benefician de las redes existentes de seguridad y protección social (trabajadores en la economía informal, migrantes, etc.).
Negociar con los gobiernos para establecer un apoyo específico para familias de bajos ingresos, en particular para las monoparentales, así como por la suspensión temporal de los pagos de préstamos e hipotecas.
Las mujeres constituyen la mayoría de la mano de obra en algunas de las cadenas de suministro de los sectores de IndustriALL más afectados por la crisis, tales como el sector de la confección.
En la industria de la confección, la situación es alarmante. La caída en los pedidos de las principales marcas y el confinamiento en muchos países productores provocaron el cierre de miles de fábricas y la suspensión temporal o el despido de millones de trabajadoras.
Muchos trabajadores no han recibido ningún salario o asignación y no se benefician de ninguna red de seguridad social.
Algunos afiliados de IndustriALL han logrado garantizar los ingresos de trabajadores, tales como SACTWU en Sudáfrica o Garteks y SPN en Indonesia. A nivel mundial, IndustriALL ha estado negociando con las marcas para tomar las medidas necesarias para pagar los salarios y asignaciones de los trabajadores y proteger los empleos.
A nivel mundial, la mayoría de quienes trabajan de forma precaria y en la economía informal son mujeres. En Canadá, para brindar protección a los trabajadores precarios, UNIFOR exigió que el gobierno federal implemente pagos especiales de asistencia de ingresos de emergencia a los trabajadores vulnerables, incluidos los trabajadores precarios que de otro modo no recibirían beneficios de seguro de empleo.
En Marruecos, la UMT logró negociar medidas para proteger el trabajo de las trabajadoras y trabajadores subcontratados en fábricas de cables del sector automotriz, haciendo que tomaran sus licencias anuales en lugar de que se rescindan sus contratos.
La SEWA, en la India, ha estado apoyando a las trabajadoras informales más vulnerables. Durante el confinamiento en Gujarat, la organización distribuye alimentos, especialmente a los trabajadores migrantes. La organización le pidió al ministerio de trabajo de este país que brinde apoyo económico para que las familias de los trabajadores de la economía informal puedan cubrir sus necesidades básicas, el suministro del Sistema de distribución pública y gratuita de alimentos mientras dure la crisis y seis meses de amortización en el pago de todos los préstamos.
Arreglos de trabajo flexibles y licencias remuneradas para padres
Llevar a cabo negociaciones nacionales tripartitas o a nivel de empresa/lugar de trabajo para establecer acuerdos de trabajo flexibles (horarios flexibles, teletrabajo), reducción del horario de trabajo (con mantenimiento de ingresos) o licencias remuneradas para respetar el derecho de todos los trabajadores a disponer de lo necesario para cuidar de sus familias durante la crisis.
Negociar alternativas de emergencia para el cuidado de los niños para los padres que deben seguir trabajando.
Pedir un cambio en las normas sociales y una distribución más equitativa del trabajo doméstico y el cuidado de los niños entre hombres y mujeres.
El cierre de las escuelas, así como los riesgos específicos que enfrentan los ancianos, tienen un impacto en las mujeres, que son las cuidadoras principales de las familias. Es fundamental establecer medidas que permitan a los trabajadores, y especialmente a las mujeres, mantener sus empleos e ingresos en este contexto. Muchos gobiernos, luego de negociaciones tripartitas, han adoptado medidas para este fin.
Desarrollar un enfoque de género para abordar la crisis
Presionar a los gobiernos y empleadores para que recopilen datos segregados por género para analizar los impactos de la COVID-19 y desarrollar enfoques sensibles al género a corto y largo plazo.
Monitorear las tendencias de desempleo a nivel nacional, así como los despidos a nivel de empresa, para garantizar que las consecuencias de la COVID-19 no exacerben las desigualdades existentes en el mundo del trabajo.
En España, el CC.OO, a través de sus Miradas violetas, está siguiendo de cerca el impacto de género de las medidas orientadas a resolver las consecuencias de la COVID-19.
Un derecho es algo que se nos permite hacer o tener, moral o legalmente.
Los trabajadores no disfrutan automáticamente del derecho legal de rechazar o detener el trabajo inseguro en todas las jurisdicciones o circunstancias. Sin embargo, siempre tenemos el derecho moral de rechazar o detener el trabajo inseguro. En circunstancias graves, entendemos que no solo tenemos el derecho de rechazar o detener el trabajo inseguro, sino que tenemos el deber de hacerlo.
Nuestros problemas surgen cuando el ejercicio de ese derecho se ve desprotegido a causa de represalias de los empleadores.
Cabe mencionar que siempre que los trabajadores disfrutan del derecho legal de rechazar el trabajo inseguro, ya sea porque así se establece en leyes nacionales o regionales, o en los acuerdos de negociación colectiva, este derecho siempre ha venido después del activismo y las exigencias de los trabajadores; nunca lo ha precedido. Rara vez se nos otorgan derechos libremente; debemos exigirlos y luchar por ellos.
Derecho internacional
El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. No establece que estos derechos desaparecen cuando vamos a trabajar. De hecho, el derecho a condiciones satisfactorias de trabajo también se menciona en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Otro documento de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que todos deben tener derecho a condiciones de trabajo seguras y saludables. Sin embargo, las referencias más importantes al derecho a rechazar el trabajo inseguro provienen de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de las normas internacionales del trabajo. La OIT tiene varios convenios y recomendaciones que mencionan el derecho a rechazar el trabajo inseguro. El más general de estos es el Convenio 155, el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981. En el Convenio 155 se declara (fragmentos): • “Artículo 4 (1). Todo Miembro deberá, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas y habida cuenta de las condiciones y práctica nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo”. “(2) Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo”. • “Artículo 5 (e). La protección de los trabajadores y de sus representantes contra toda medida disciplinaria resultante de acciones emprendidas justificadamente por ellos de acuerdo con la política a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio”. • “Artículo 13. De conformidad con la práctica y las condiciones nacionales, deberá protegerse de consecuencias injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud”. • “Artículo 19. Deberán adoptarse disposiciones a nivel de empresa en virtud de las cuales: (f) el trabajador informará de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro inminente y grave para su vida o su salud; mientras el empleador no haya tomado medidas correctivas, si fuere necesario, no podrá exigir de los trabajadores que reanuden una situación de trabajo en donde exista con carácter continuo un peligro grave e inminente para su vida o su salud”. En términos sencillos, esto significa que, dentro del contexto de la legislación nacional, los trabajadores pueden, por motivos razonables, retirarse de trabajo en condiciones inseguras y no regresar hasta que el empleador haya remediado la situación, y si han ejercido este derecho de buena fe, no pueden sufrir consecuencias indebidas. Otros convenios de la OIT también hacen referencia a este derecho. Por ejemplo, el Convenio 176, el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995; Recomendación 183 sobre seguridad y salud en las minas, 1995; Recomendación 172 sobre el asbesto, 1986; y Recomendación 177 sobre productos químicos, 1990.
Los Convenios de la OIT tienen legitimación legal cuando se ratifican, pero su gobierno nacional puede no haber ratificado estos convenios. Las recomendaciones, como sugiere el título, no son necesariamente exigibles en el ámbito legal. Sin embargo, tanto los Convenios como las Recomendaciones de la OIT se pueden mencionar como parte de las mejores prácticas internacionales, a veces, incluso en países que no han ratificado el Convenio pertinente.
Ley nacional o regional (estatal; provincial u otra) de salud y seguridad en el trabajo
Las leyes nacionales o regionales varían mucho en todo el mundo, y es necesario verificar lo que dice la ley en su jurisdicción.
Si el marco legislativo y normativo en materia de salud y seguridad en el trabajo en su jurisdicción protege el derecho a rechazar o detener el trabajo inseguro, normalmente se seguirá un procedimiento estricto para ejercer este derecho. El procedimiento describirá qué tipos de trabajos peligrosos o de riesgo se considerarán legalmente rechazables, y los pasos que debe seguir para negarse a hacerlos. Normalmente, esto incluirá informar el peligro a su supervisor, retirarse del daño inmediato mientras espera que se investigue el asunto y un procedimiento de resolución de conflictos. Asegúrese de familiarizarse con el procedimiento que aplica para usted y sígalo atentamente para protegerse de medidas disciplinarias que puedan tomarse en su contra o del despido.
Incluso si la ley de salud y seguridad en el trabajo no garantiza específicamente el derecho a rechazar el trabajo inseguro, las leyes generales de la mayoría de los países protegen su derecho a defender su propia vida. Este derecho no desaparece cuando ingresa a un lugar de trabajo. Consulte con alguien bien informado sobre las leyes de su jurisdicción.
Acuerdos de negociación colectiva
Consulte su acuerdo de negociación colectiva. Muchos acuerdos de negociación colectiva hacen referencia al derecho a rechazar o detener el trabajo inseguro. A menudo, también se especificará un procedimiento estricto para ejercer este derecho. Asegúrese de familiarizarse con el procedimiento que aplica para usted y sígalo atentamente para protegerse de medidas disciplinarias que puedan tomarse en su contra o del despido.
Conclusión
Cuando un empleador y un trabajador no logran ponerse de acuerdo en la interpretación de la ley laboral o los convenios colectivos, la regla general es cumplir ahora y lamentarse más tarde. Este consejo sirve para proteger al trabajador de las medidas disciplinarias inmediatas o el despido, en el entendido de que, si un mediador laboral o un juez luego falla a favor del trabajador, es posible aplicar un recurso de reparación apropiado. Los salarios perdidos pueden ser reembolsados, los trabajadores pueden ser reincorporados a los puestos que les corresponden, las indignidades pueden ser compensadas.
Sin embargo, en el caso de la salud y seguridad en el trabajo, esta regla general no puede aplicarse. No hay recurso que pueda imponer un mediador que devuelva la vida o la salud si se pierde.
El derecho a rechazar o detener el trabajo inseguro o insalubre no está garantizado automáticamente por la ley o por acuerdos de negociaciones colectivas. Como todos los derechos humanos, afirmamos nuestra autoridad moral cuando la exigimos. Es un derecho que debemos ganar o perder junto con nuestra salud o nuestra vida.
A eso nos referimos los sindicatos cuando decimos “usted tiene derecho a rechazar el trabajo inseguro”.
No se lleve sus derechos a la tumba.
Gran crisis para los trabajadores de la confección de Bangladesh
Como parte de sus medidas de contención de la COVID-19, el gobierno de Bangladesh suspendió todas las formas de servicios de transporte y cerró los establecimientos públicos y privados, salvo por los servicios esenciales. El cierre, que inicialmente se anunció que duraría hasta el 4 de abril, se extendió hasta el 14 de este mes.
El primer anuncio provocó pánico entre los trabajadores de la confección, quienes en su mayoría son migrantes internos. Muchos se fueron de Daca para llegar hasta sus pueblos natales. Fotos desgarradoras de la capital del país muestran a los trabajadores abandonando la ciudad en camiones, transbordadores abarrotados y otros medios de transporte inseguros.
El 5 de abril se anunció que, excepto en casos de emergencia, estaba totalmente prohibido entrar o salir de Daca. La falta de coordinación en la implementación de las medidas de contención generó confusión, ya que muchos empleadores insistieron en que los trabajadores debían presentarse a trabajar para recibir sus salarios y conservar sus empleos.
Cientos y miles de trabajadores utilizaron medios de transporte abarrotados e inseguros, así como muchos caminaron en grupo para presentarse a trabajar en Daca, Gazipur, Narayanganj y otras áreas.
Sin las medidas de seguridad apropiadas, cientos de fábricas siguieron funcionando con el riesgo de propagar la COVID-19. Varias fábricas, después de someter a los trabajadores a un peligroso viaje hasta el trabajo, les avisaron a sus empleados en la puerta que cerrarían hasta el 14 de abril, sin informarles cómo se pagarían los salarios.
El 6 de abril, la confusión desencadenó manifestaciones espontáneas para exigir los salarios. Mientras un grupo de manifestantes bloqueaba la autopista de Daca-Mymensingh después de que sus fábricas cerraran sin previo aviso, estalló un enfrentamiento y dos trabajadores fueron aplastados por un camión.
Nazma Akter, presidente de la Federación Sramik de Trabajadores de la Confección de Sommilito (SGSF) y miembro del Consejo de IndustriALL en Bangladesh, expresó:
“La mayoría de los trabajadores de la confección de Bangladesh fueron expulsados injustamente de sus trabajos, se los privó de sus salarios y recibieron amenazas de ser incluidos en la lista negra por exigir sus derechos. Algunos empleadores afirmaron que recién se les pagaría a los trabajadores el 16 de abril, cuando regresen a trabajar”.
“Si se prolonga el confinamiento y no se pagan los salarios, los medios de subsistencia de los trabajadores se verán amenazados y estos correrán riesgo de inanición. Algunos beneficios ganados con esfuerzo, incluido el bono por el próximo festival EID, también están en peligro. Se debe dejar inmediatamente de obligar a las personas a trabajar a pesar del riesgo de la COVID-19”.
El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, expresó:
“Las marcas y los proveedores deben darse cuenta de que ningún trabajador debe quedar atrás en esta lucha sin precedentes contra la COVID-19. El gobierno, las marcas y los proveedores deben trabajar, junto con los sindicatos, para tomar medidas coordinadas con el fin de garantizar que se paguen los salarios y que los trabajadores y sus familias estén protegidos del impacto económico negativo que puede generar el confinamiento”.
“El gobierno de Bangladesh debe garantizar que los trabajadores obtengan su parte del paquete económico recientemente anunciado de 72.750 crores de taka (US$ 8500 millones)”.
En una declaración emitida el 8 de abril, el Consejo de IndustriALL en Bangladesh (IBC) expresó:
“Los salarios correspondientes al mes de marzo deben pagarse lo antes posible. Bajo las circunstancias imperantes, los empleadores deben asegurarse de que los pagos se realicen a través del sistema de banca móvil y que los que no tienen acceso a este reciban el pago en efectivo antes del 16 de abril. Los despidos, las reducciones de personal y las rescisiones deben detenerse de inmediato. Se debe formar un comité tripartito formado por el gobierno, los empleadores y el IBC, y todas las fábricas deben cerrar durante el período de confinamiento”.
Según la Asociación de Fabricantes y Exportadores Textiles de Bangladesh (BGMEA), el 7 de abril se cancelaron 953 millones de prendas confeccionadas para exportación, con un valor de US$ 3050 millones. Las cancelaciones afectan a más de 2,19 millones de trabajadores.
40 empresas de Brasil piden frenar despidos durante crisis del COVID-19
"Não demita” es una iniciativa del sector empresarial para promover la responsabilidad social que tienen para con la sociedad. Impulsan a otras firmas a mantener a todo su personal durante los dos primeros meses de la crisis del coronavirus, para así ayudar a prevenir o minimizar un posible colapso económico y social.
Aseguran que se trata de un tiempo extraordinario donde las empresas deben evaluar las posibilidades que tienen, antes de tomar el camino fácil que sería cerrar sus puertas y efectuar despidos masivos.
Explican que deben cuidar a los empleados que dependen de sus salarios. Reconocen que son ellos quienes trabajan para mantener sus cadenas de suministro intactas y garantizan el funcionamiento de las fábricas.
A su vez, convocan a los demás empresarios a respetar las medidas de salud y seguridad laboral que impulsan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de Brasil. Por ejemplo, al posibilitar un ambiente de trabajo seguro, donde las personas puedan mantener la distancia física recomendada.
Por otra parte, las compañías solicitan que, si las empresas disponen de solidez financiera, ayuden a las personas que viven en las comunidades linderas a sobrevivir. Afirman que muchos de ellos son pequeños emprendedores que también ayudan a que el país avance.
Dentro de las 40 empresas que llevan adelante este proyecto, al menos 7 pertenecen a los sectores de la industria que representa IndustriALL Global Union. Por ejemplo:
WEG – Bienes de equipo (del sector electro-electrónico y de energía)
Suzano (papel y celulosa)
Unipar (químico)
SEB (electrodomésticos)
Cosan (bio-combustibles y, petróleo y gas)
Alpargatas (textil y vestuario)
Natura (cosméticos)
El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, recientemente le envió cartas a las 50 empresas con las que la organización mundial tiene Acuerdos Marco Globales. En dicha comunicación las exhortó a trabajar con los sindicatos para proteger la salud, la seguridad, el empleo y los ingresos de los trabajadores frente a la pandemia del Covid-19.
Les solicitó que apliquen las medidas tanto de la OMS como de los gobiernos, y busquen alternativas para mantener los niveles de empleo y salarios durante la crisis, a fin de garantizar la seguridad de los ingresos.
Por lo tanto, Sanches considera que la iniciativa de las empresas de Brasil es una buena práctica, la cual que responde al pedido de IndustriALL, e invita a las compañías de otros países a seguir el ejemplo:
“Saludamos la iniciativa de este grupo de empresas en Brasil para mantener los empleos e ingresos de sus empleados durante la crisis.
Será fundamental contar con trabajadores que posean puestos de trabajo, salarios y capacidad de consumo para salir de la crisis económica lo mas rápidamente posible. Es este tipo de compromiso que buscamos en las empresas en todo el mundo”.
Las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial deben elaborar un plan para coordinar el estímulo económico, las medidas sobre salud pública y el alivio de la deuda – Declaración de la Agrupación Global Unions, abril de 2020
El COVID-19 está generando una crisis de proporciones sin precedentes. A medida que el impacto causado por la crisis de salud pública se propaga a través de las cadenas mundiales de suministro y deprimen la demanda, los despidos y la pérdida de ingresos están devastando a las familias trabajadoras. La pandemia pegó el fuego a un polvorín ya existente cebado por la carga de la deuda, una regulación financiera y laboral inadecuadas, una creciente desigualdad y años de austeridad que socavaron la sanidad pública, la protección social y la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El FMI y el Banco Mundial deberían unirse a los Gobiernos para establecer un estímulo coordinado y sostenido como plataforma de lanzamiento de un multilateralismo reformado que conceda prioridad a los trabajadores, a la prosperidad compartida y a la economía real.
En esta declaración, la Agrupación Global Unions esboza medidas urgentes para superar la crisis y sentar las bases para una recuperación inclusiva que cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Sindicatos indonesios exigen el cierre de fábricas
A fines de la semana pasada, 430 trabajadores de la confección habían sido despedidos, a 1000 empleados se les pedía que tomaran un permiso remunerado y a otros 800 se les otorgaba un permiso con un 50 por ciento del pago durante quince días.
“Como el sector de la confección está luchando por conseguir materias primas y las ventas han caído, ahora las empresas afirman que los despidos son inevitables. Pero los dirigentes de GARTEKS a nivel de planta lograron negociar permisos remunerados en un 100 o 50 por ciento”.
“El paquete de estímulo económico del gobierno debe ayudar a los trabajadores a poner alimentos sobre la mesa, así como se debe eximir el pago de las tasas de electricidad y el impuesto a la renta. Las oficinas de empleo locales deben supervisar que las empresas no tomen medidas arbitrarias para despedir o suspender a los trabajadores”,
expresó Trisnur Priyanto, secretario general de GARTEKS.
La secretaria regional de IndustriALL, Annie Adviento, celebró el presupuesto de 405 billones de rupias (US$ 24.600 millones) anunciado por las autoridades indonesias. No obstante, insta al gobierno de Jokowi a fortalecer el sistema de protección social para que actúe como una red de seguridad social para todos trabajadores, en particular para los trabajadores subcontratados, que son los más vulnerables.
A pesar de todo, algunos trabajadores temen por su seguridad en el lugar de trabajo.
Los empleados de PT Coats Rejo Indonesia están preocupados por su salud y su seguridad, ya que se anunció que uno de los trabajadores contrajo la COVID-19. SPN exige que la compañía detenga temporalmente las actividades para evitar la propagación del virus entre el personal.
“Los dirigentes de SPM a nivel de planta se han reunido varias veces con la dirección para plantear sus inquietudes. La respuesta de la dirección ha sido que, como el gobierno indonesio no ha anunciado el confinamiento, tienen que esperar por las instrucciones de la sede de Coats”,
declaró Iwan Kusmawan, presidente del consejo de IndustriALL en Indonesia.
IndustriALL se comunicó por escrito con la sede de Coats para plantear sus inquietudes.
“Es de máxima importancia que los trabajadores estén protegidos. A través de nuestra red sindical de Coats en Asia y el Pacífico seguimos exhortando a Coats a que convoque una reunión de diálogo social. Ahora, más que nunca, se necesita comunicación y transparencia”,
expresó Christina Hajagos-Clausen, directora del sector textil y de la confección de IndustriALL.
