Declaración de Valter Sanches con motivo del Primero de Mayo

Hola, compañeras y compañeros, soy Valter Sanches, el secretario general de IndustriALL Global Union.

Quiero felicitarlos a todos en este Primero de Mayo. Por primera vez en 130 años, los trabajadores del mundo no podrán salir a las calles ni defender sus derechos y exigencias.

La crisis por la que estamos pasando era predecible. Si el sistema hubiera escuchado a los virólogos y científicos que predijeron que tal pandemia podría ocurrir, esta podría haberse mitigado.

El mismo sistema y políticas neoliberales, que a lo largo de los años han destruido los servicios públicos a través de la privatización y la reducción de las inversiones, ahora son los responsables de la gran cantidad de víctimas.

Me gustaría conmemorar a las más de 200.000 víctimas que han fallecido a causa de este virus, trabajadores que construyeron la riqueza de este mundo y que perdieron la vida porque el sistema les ha fallado.

Estamos aprovechando esta oportunidad para trabajar junto con sindicatos de todo el mundo para defender la salud y la seguridad de nuestros miembros. Esta es nuestra prioridad número uno: nadie debe resultar herido mientras trabaja. Si el trabajo no es esencial, entonces nadie debe estar en su lugar de trabajo y las medidas deben ser negociadas. Para los trabajadores esenciales, deben implementarse todos los equipos de protección personales y colectivos junto con medidas para proteger la salud y la seguridad de los miembros. Todos deben tener acceso a una cobertura de salud adecuada en esta crisis.

Las grandes empresas en la cadena de suministro deben comprometerse a mantener los empleos y los ingresos de su mano de obra. Estas deben ser condiciones básicas para que podamos salir de esta crisis lo antes posible. Para que la economía vuelva a funcionar, los trabajadores deben tener un ingreso que les permita consumir.

Debemos exigir que las organizaciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pongan a disposición recursos para rescatar a los trabajadores y no a los bancos y las grandes corporaciones.

Es necesario destinar dinero a la protección social a nivel mundial. Los países del G20 anunciaron paquetes de estímulo de cinco billones de dólares. Este dinero debería garantizar los ingresos y los empleos para que podamos tener una economía saludable y recuperarnos lo antes posible.

En este momento crítico, mi mensaje a los trabajadores es la solidaridad global. El distanciamiento físico no significa que estemos lejos el uno del otro: debemos permanecer juntos en solidaridad.

A luta continua.

Sindicatos brasileños logran convenios colectivos contra el Covid-19

El Departamento de Estadística y Estudios Socioeconómicos de Brasil (DIEESE) publicó una investigación donde identificó las iniciativas presentadas por los sindicatos en las negociaciones colectivas para preservar la salud de los trabajadores, y reducir el daño al empleo e ingresos.

En los diversos sectores propusieron la implementación de medidas preventivas y de higiene para combatir la propagación de Covid-19 en el entorno laboral y el retiro inmediato del lugar de trabajo de aquellos empleados que formen parte del grupo de riesgo. También acordaron vacaciones colectivas pagas, la garantía de estabilidad temporal, el mantenimiento de los beneficios económicos, y la aprobación previa (por voto de los trabajadores y/o evaluación sindical) de las medidas aplicadas por las empresas.

A su vez, la investigación destaca que muchos acuerdos se negociaron de forma remota, mediante asambleas virtuales donde consultaron y votaron las propuestas. Por ejemplo, el sindicato SMABC de la CNM/CUT (afiliada a IndustriALL Global Union) hizo recientemente una asamblea con votación virtual. Allí aprobó un acuerdo con Mercedes-Benz de São Bernardo que garantiza del 80% al 100% de los sueldos por dos meses y estabilidad en el empleo a todos los 8400 trabajadores, hasta el 31 diciembre.

Los acuerdos del sector metalúrgico cubren la mayoría de las empresas automotrices: JEEP, Renault, Nissan, Toyota, Scania, GM, Volkswagen y Peugeot. Incluyen la paralización de la producción por cuatro semanas, la suspensión de contratos de trabajo por 30 días con todo el salario, y teletrabajo con remuneración y establecimiento de reglas.

En el sector químico también hubo logros importantes. Por ejemplo, Fequimfar (afiliada a IndustriALL) negoció un convenio colectivo que cubre a 150000 trabajadores en más de 4700 empresas en todas las sucursales del sector químico en São Paulo.

Otros sindicatos del sector químico también alcanzaron acuerdos que establecen: bancos de horas de compensación, aumento de turnos en la producción para evitar aglomeraciones, distancia en las mesas del comedor y medidas para minimizar el desplazamiento de trabajadores a los establecimientos.

El estudio asegura que, por el contrario, el gobierno de Brasil y las empresas promueven directrices en una dirección opuesta: presionan para reducir o eliminar los derechos consagrados en las leyes laborales y en los convenios colectivos. El gobierno también permite que las empresas reduzcan las horas de trabajo y los salarios, e incluso suspendan los contratos de trabajo.

Por su parte, el secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan expresó:

“IndustriALL felicita a sus afiliadas en Brasil. Observamos los resultados satisfactorios que alcanzaron a partir de los acuerdos aprobados para la gran mayoría de los trabajadores. Esperamos acuerdos sólidos similares con otras empresas para proteger la salud, el empleo y los ingresos de nuestros miembros en las fábricas".

Los sindicatos mundiales aprecian el compromiso de ENGIE de cubrir la atención médica y la seguridad social relacionadas con la COVID-19 para empleados

Dada la urgencia de asegurar cobertura de seguridad social a todos los empleados de ENGIE en el contexto de la pandemia de la COVID-19, ENGIE se ha acercado a las federaciones sindicales mundiales para hacer que las partes de ENGIE CARE tengan efecto inmediato.

“Recibimos con satisfacción esta iniciativa de nuestro socio de acuerdo marco global frente a la pandemia. Los trabajadores están pagando un precio elevado e instamos a que ENGIE lo haga accesible para todos los trabajadores en todo el mundo”,

expresó Valter Sanches, secretario general de IndustriALL.

“Las políticas de austeridad han obligado a muchos gobiernos a recortar la financiación pública para la seguridad social y otros servicios públicos. El compromiso de ENGIE de asegurar una base de protección social común para sus trabajadores en todo el mundo es una encomiable contribución para complementar la prestación del Estado, si existe, y para prestar apoyo donde los trabajadores no tienen protección. Pero también pone de relieve la necesidad de que los gobiernos inviertan en sistemas públicos de protección social para reducir el impacto socioeconómico de la crisis de la COVID-19 y para facilitar la recuperación de la economía”,

señaló Rosa Pavanelli, secretaria general de ISP.

“Como socios en las negociaciones para un nuevo Acuerdo Marco Internacional, estamos conjuntamente comprometidos a la protección y promoción de los derechos de los trabajadores en todo el mundo. Por lo tanto, ICM aplaude la respuesta proactiva de ENGIE para mitigar el impacto negativo de la COVID-19 para todos sus trabajadores. Esto resalta la importancia de reconocer la negociación colectiva en todos los niveles adecuados con sindicatos que identifiquen amenazas para la salud, derechos y bienestar de los trabajadores y que desarrollen e implementen respuestas en los lugares de trabajo”,

expresó Ambet Yuson, secretario general de ICM.

ENGIE, IndustriALL, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) quedan comprometidos a la continuación de su diálogo y a las negociaciones sobre el acuerdo marco global que se reanudarán tan pronto como las condiciones lo permitan.

El nuevo AMG de ENGIE incluirá el compromiso de la empresa de garantizar una base de protección social común en términos de paternidad, salud, discapacidad y muerte en todas sus operaciones mundiales para todos los empleados, implementada mediante el programa ENGIE CARE.

El gobierno camboyano debe liberar de inmediato a una dirigente sindical

Soy Sros, presidenta sindical local del Sindicato Colectivo del Movimiento de Trabajadores (CUMW, por sus siglas en inglés) en Superl Holdings Ltd, fue arrestada el 2 de abril después de publicar un mensaje en Facebook en el que comentaba los despidos en la empresa:

“Superl no está respetando las recomendaciones de Hun Sen, el primer ministro del gobierno camboyano, y rescindió los contratos de trabajo de los trabajadores de las fábricas, incluida una trabajadora embarazada, por falta de materia prima debido a la COVID-19”.

“Soy Sros ejercía legítimamente su libertad de expresión para defender el interés de los trabajadores despedidos por Superl Holdings Ltd. La criminalización de su discurso es inaceptable porque lo que dijo son simples hechos”,

expresó el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches.

“El gobierno camboyano expresó su compromiso de proteger la libertad de expresión al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1992. En lugar de encarcelar a Soy Sros, las autoridades de este país deberían actuar como un mediador constructivo entre la empresa y el sindicato”.

Según el presidente del CUWM, Pav Sina, la salud de Soy Sros se está deteriorando mientras se encuentra detenida en la prisión provincial de Kompong Speu. Sina afirma que, si bien Sros está recibiendo tratamiento médico en prisión, debería ser puesta en libertad lo antes posible y recibir atención médica en un hospital.

IndustriALL insta a Superl Holdings a retirar la denuncia policial, permitir la liberación inmediata de Soy Sros y respetar los derechos sindicales.

Reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad profesional

Mientras un tercio de toda la población mundial está sometida actualmente a diversas formas de confinamiento para ralentizar la propagación de la COVID-19, millones de trabajadores, a saber, de asistencia sanitaria y social, servicios de emergencias, agricultura, alimentación y comercio al por menor, transporte, educación, infraestructuras y construcción, y otros servicios públicos (véase el anexo), siguen trabajando duro para que la sociedad no deje de funcionar. Aun así, la inmensa mayoría lo está haciendo sin la protección completa necesaria durante la exposición a una enfermedad profesional reconocida causada por un agente biológico. Esto supone un enorme riesgo para los trabajadores, sus familias y las comunidades en las que viven.

Los trabajadores necesitan con urgencia que el coronavirus SARS-CoV-2 se reconozca oficialmente como riesgo profesional. El Gobierno de la Argentina y el Instituto Nacional para la Prevención de los Accidentes en el Trabajo (INAIL, por sus siglas en italiano), de Italia, ya han reconocido a la COVID-19 como enfermedad profesional.

Al igual que ocurre con cualquier otro riesgo, los empleadores tienen la responsabilidad de proteger a sus trabajadores de este riesgo en la medida de lo posible. Eso conlleva estrictas medidas de higiene, distanciamiento social, equipos de protección personal en cantidad suficiente y del tipo adecuado (con una ejecución del programa correspondiente), y protocolos de pruebas, localización y seguimiento para los trabajadores expuestos y aquellas personas con las que hayan podido tener contacto, especialmente cuando los test se vuelvan más accesibles.

Además, los trabajadores necesitan que la COVID-19 se reconozca oficialmente como enfermedad profesional. Ese reconocimiento garantizaría el derecho a la representación de los trabajadores y los derechos de seguridad y salud en el trabajo, así como la aplicación de medidas acordadas para reducir el riesgo. Entre estos derechos figura el derecho a negarse a trabajar en condiciones de trabajo inseguras. Los gobiernos deben exigir la notificación y el registro de los casos de origen profesional y garantizar la prestación de asistencia médica completa y la implantación de planes de indemnización para las víctimas de la COVID-19 de origen profesional y para sus familias afectadas.

Por consiguiente, el movimiento sindical mundial apela a los gobiernos de todo el mundo a que adopten las medidas necesarias para proteger a estos trabajadores.

En primer lugar, asegurándose de recordar a los empleadores sus responsabilidades de proteger la salud y la seguridad de sus trabajadores de todos los riesgos en el lugar de trabajo, especialmente del SARS-CoV-2.

En segundo lugar, garantizando la protección de todos los trabajadores con la modificación de los sistemas de enfermedades profesionales a fin de que incluyan una "presunción refutable" de que, cuando el trabajo de una persona la ponga en riesgo de exposición al SARS-CoV-2, se debería reconocer la COVID-19 como enfermedad de origen profesional e indemnizar al trabajador por ello.

La inclusión de una presunción refutable en el caso de las infecciones de COVID-19 significará la suposición de que la enfermedad ha surgido a partir de la exposición de un trabajador al SARS-CoV-2 en el trabajo, a menos que se proporcionen pruebas concluyentes de lo contrario a las autoridades competentes en el marco legislativo y reglamentario para la indemnización de los trabajadores. La definición de lugar de trabajo abarca los desplazamientos de ida y vuelta al trabajo. Ese reconocimiento como enfermedad profesional garantizaría que los empleadores fueran responsables y que los empleadores negligentes estuvieran sujetos a la aplicación de sanciones .

El hecho de proporcionar este tipo de protección y reconocimiento a los trabajadores será un punto de partida para demostrarles el respeto que se merecen al garantizar que se ponen en práctica medidas preventivas en la mayor medida posible y, si tienen la mala fortuna de contraer la COVID-19, que disfruten de un acceso justo a la indemnización correspondiente. La protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de la infección siempre debería ser la principal prioridad, pero los trabajadores que contraigan la enfermedad deberían centrarse en su recuperación y no preocuparse por si padecerán una ruina financiera por enfermar en el trabajo.

El Día internacional de conmemoración de los trabajadores muertos y heridos en el trabajo, recordamos a los millones de trabajadores que mueren cada año en accidentes mortales en el puesto de trabajo o como consecuencia de exposiciones en el trabajo. Este año, dado que el mundo está sumido en una pandemia letal, tenemos otro motivo más para hacer lo correcto.
Los trabajadores están muriendo por salvar vidas. Se merecen nuestro apoyo y se merecen nuestro agradecimiento. La exposición al SARS-CoV-2 se debe reconocer como un riesgo profesional prevenible, y la COVID-19 de origen profesional se debe reconocer e indemnizar como enfermedad profesional.

Victoria para los sindicatos indonesios: el parlamento pospone debate sobre controvertido proyecto de ley

Said Iqbal, presidente de la Confederación de Sindicatos de Indonesia (KSPI), recibió con entusiasmo el anuncio e informó que se cancelaría una concentración prevista para el 30 de abril.

“Esta es la decisión correcta. Nuestro país está luchando contra la COVID-19 y el gobierno debería concentrarse en prevenir el despido masivo de trabajadores. El aplazamiento garantizará la unidad de todas las partes interesadas, incluidos el gobierno y los trabajadores”,

declaró Said Iqbal.

El 16 de abril, la Confederación Panindonesia de Sindicatos (KSPSI), la Confederación General de Sindicatos de Indonesia (KSBSI) y la KSPI se unieron bajo la Asamblea de Trabajadores de Indonesia (MPBI) para exigir al gobierno que retire el proyecto de ley general y anunciar una manifestación que se realizaría el 30 de abril.

Sin embargo, el 23 de abril, Said Iqbal, junto con la presidenta de la KSBSI, Elly Rosita Silaban, y el presidente de la KSPSI, Andi Gani Nena Wea, se reunieron con el presidente de Indonesia, Jokowi, para tratar la concentración planificada y el impacto de la COVID-19 en los trabajadores.

“La fuerza unificada de la MPBI es clave para el éxito, pero la lucha continúa hasta que el gobierno cancele el proyecto de ley general. El proyecto de ley debe pasar por una discusión tripartita; los sindicatos tienen el derecho de dar su opinión”,

expresó Elly Rosita Silaban.

“Apurarse para aprobar el proyecto de ley, mientras Yakarta se encuentra en estado de emergencia como una medida para luchar contra la COVID-19, ignora el debido proceso de elaboración de leyes al tiempo que mantiene a las partes interesadas pertinentes, tales como los sindicatos, en la oscuridad”.
“Felicitamos a la KSPI, la KSBSI y la KSPSI por la victoria en el aplazamiento del debate”.

declaró Valter Sanches, secretario general de IndustriALL Global Union.

El inmenso proyecto de ley general contiene 1028 páginas, 1194 artículos en 82 leyes indonesias sobre diversos aspectos laborales, como la abolición del salario mínimo mensual, la reducción de la indemnización por despido y el aumento de la flexibilidad laboral.

Una Transición Justa para los trabajadores de las centrales térmicas españolas

El pacto implica la creación de un marco para el seguimiento de los trabajadores implicados, a través de planes de formación específicos y medidas orientadas a la recolocación.

En los últimos años, las perspectivas de funcionamiento de las centrales térmicas se han visto afectadas por una serie de factores técnicos, económicos y regulatorios, como las políticas de transición a las energías renovables, mientras que las empresas tienen que hacer inversiones para reducir las emisiones de las centrales. De acuerdo con una directiva europea, las centrales eléctricas que no inviertan para reducir sus emisiones deben cerrar en 2020.

El cierre de 12 de las 15 centrales térmicas en España afectará a unos 2.300 trabajadores, de los cuales 1.300 están empleados directamente por las tres empresas, mientras que 1.000 trabajan para empresas subcontratistas.

En el acuerdo firmado el 17 de abril, el Gobierno y las empresas se comprometen a buscar proactivamente inversores con proyectos que puedan ser localizados en las zonas afectadas, Asturias, Aragón, Castilla y León, Galicia y Andalucía teniendo en cuenta las características y particularidades de cada territorio.

Las empresas firmantes se han comprometido a desarrollar planes de apoyo y trabajarán para mantener el empleo mediante la reubicación de los puestos de trabajo directos y priorizando la contratación de trabajadores de las empresas auxiliares. Las empresas están estudiando planes de recolocación de su propio personal y considerando la prioridad de contratar trabajadores de empresas auxiliares para tareas relacionadas con las nuevas actividades y el desmantelamiento y restauración de las plantas.

Habrá medidas específicas para facilitar el empleo de los trabajadores mayores de 52 años, ayudando a las empresas con bonificaciones por su contratación. Las empresas también harán propuestas de nuevas inversiones en los mismos territorios relacionadas con la generación de energía a través de energías renovables.

Los sindicatos se comprometen a facilitar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos en materia de formación, prevención de riesgos laborales, reindustrialización y difusión del acuerdo.

Las partes han acordado crear un comité de seguimiento para asegurar el cumplimiento del acuerdo, que se reunirá cada seis meses o cuando una de las partes lo solicite.

Comenta Agustín Martín, secretario general del CC.OO. de Industria:

"Estamos trabajando incansablemente en la transición energética, exigiendo que se haga de manera justa para los trabajadores y los territorios afectados. Seguiremos proponiendo, negociando y firmando acuerdos para buscar nuevas oportunidades para los afectados. Este acuerdo es la base para que los firmantes a todos los niveles (estatal, regional, provincial, comarcal y local) busquen soluciones para los trabajadores afectados por el cierre de las centrales térmicas de carbón".

Dice Pedro Hojas, secretario general de UGT-FICA:

"Hemos estado trabajado para garantizar una Transición Justa para los trabajadores de la empresa principal y de las empresas contratistas y que los territorios tengan alternativas industriales y laborales desde hace más de un año que se iniciaron las negociaciones. Las empresas propietarias de las centrales térmicas se han comprometido a invertir en estos territorios a través de sus propios proyectos y a atraer otro tipo de proyectos.”
"Todos los niveles de la Administración, tanto el Gobierno de la nación, como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, se han comprometido a trabajar conjuntamente y a proporcionar los recursos económicos necesarios para que nadie se quede sin trabajo. Este acuerdo sienta las bases para cumplir los objetivos que nos fijamos al inicio de las negociaciones".

El sector eléctrico en España emplea a 85.000 personas y representa casi una cuarta parte del consumo final de energía del país y contribuye en torno al 2% al PIB.

Sindicatos del sector químico responden a la COVID-19

Particularmente en Europa y en las grandes empresas multinacionales se han tomado importantes medidas sociales para proteger el empleo.

En Alemania, el IG BCE ha llegado a un acuerdo para todo el sector químico con la confederación de empleadores BAVC llamado “Acuerdo ante la crisis”, que se extiende hasta finales de este año. El acuerdo posibilita aumentos salariales para los trabajadores de tiempo reducido. El IG BCE dice que el trabajo de tiempo reducido pronto se convertirá en un lugar común en el sector en Alemania, que emplea a aproximadamente 1,1 millones de personas. El sindicato está organizando seminarios web de información para sus representantes del comité de empresa.

En Brasil, la mayoría de las fábricas de plástico y algunas fábricas de productos químicos están cerradas, mientras que las farmacéuticas están desarrollando tratamientos. Los trabajadores enviados a casa por el virus son remunerados en parte por el Estado y en parte por la empresa, según indique la legislación estatal y la fortaleza sindical en la fábrica. Al menos la mitad de los salarios están cubiertos por el Estado.

El 17 de abril, Fequimfar firmó un convenio colectivo para todo el sector en el Estado de San Pablo, que abarca 150.000 trabajadores de productos químicos, plásticos y fertilizantes. El acuerdo significa que los trabajadores no perderán salarios debido a la reducción en las horas de trabajo. El CNQ-CUT ha negociado un acuerdo de referencia con BASF que sirve como un excelente ejemplo para el sector en Brasil.

El secretario general adjunto de la IndustriALL, Kemal Özkan, expresó:

“La industria química sustenta la economía global, y nuestros sindicatos del sector químico afiliados están respondiendo a esta crisis con firmeza y madurez. Vemos fuertes acuerdos nacionales, muchos de ellos específicos de la crisis, con empresas nacionales y mundiales, y una flexibilidad de producción para fabricar equipos importantes para la lucha contra la pandemia”.

Muchas empresas de productos químicos han cambiado su producción para hacer desinfectantes, y la materia prima para estos, con el fin de que sean utilizados en la lucha contra la pandemia. Entre otras, BASF, Dow Chemical, Ineos, Shell, DSM y Mol.

Solvay, empresa asociada de GFA, ha lanzado un fondo de solidaridad para brindar apoyo adicional, tanto financiero como no financiero, a cualquier empleado y dependiente que pueda experimentar dificultades debido al impacto de la pandemia del coronavirus.

Muchas de las principales empresas del sector han anunciado que garantizarán la licencia por enfermedad paga y la remuneración salarial íntegra durante tres meses en caso de despidos temporales. Entre estas, Solvay, Yara y Unilever.

En los EE. UU., el USW negoció un protocolo de coronavirus COVID-19 con BASF que puede servir de modelo para el resto de la industria química estadounidense para mantener las instalaciones en funcionamiento y a los trabajadores seguros.

En Austria, se ha establecido una norma nacional sobre el empleo de tiempo reducido para evitar la pérdida de puestos de trabajo. Se aplica a todos los sectores por un período de tres meses, pero puede prorrogarse. Los comités de empresa y los sindicatos han garantizado los derechos de participación, y las propuestas deben estar en acuerdo.

En Bélgica e Italia, afiliados de IndustriALL han estado en conflicto por la categorización de todo el sector químico como servicios esenciales, lo que ha significado que los trabajadores que fabrican productos como cinta adhesiva no son enviados a casa para cumplir con el aislamiento. Los sindicatos italianos del sector químico han firmado acuerdos con las organizaciones de empleadores de productos químicos sobre la gestión conjunta para atravesar la crisis.

En Japón todas las fábricas del sector están siguiendo medidas similares para prevenir la propagación de la infección, incluidos controles de temperatura de todos los que entran al país.

En el Reino Unido, sindicatos como Unite se unieron con el organismo empleador de la Asociación de Industrias Químicas para enviar un mensaje conjunto al gobierno de que están “uniendo sus esfuerzos para hacer todo lo posible para poner fin a la pandemia del coronavirus y mitigar el impacto social y económico”.

En Hungría, el afiliado de IndustriALL en el sector químico, VDSz, está luchando contra una extensión unilateral de la “Ley de la esclavitud” del gobierno de Orban, anunciada el Viernes Santo para restringir aún más las oportunidades de reacción. Otorga a los empleadores poder unilateral para ordenar a los trabajadores un período de referencia de 24 meses, en virtud del cual se suspenden las medidas del convenio colectivo. El gobierno consultó a los empleadores, pero no a los sindicatos en la elaboración de esta medida.

En Noruega, el gobierno está interviniendo para cubrir la mayoría de los costos de los trabajadores que no pueden trabajar debido a la pandemia.

En Suecia la mayoría de la industria ha continuado la producción.

En Finlandia, el sector químico ha sido nominado como un servicio esencial y los sindicatos están de acuerdo con ello.

En Uruguay, se ha utilizado el sistema tripartito de negociación para establecer medidas para los trabajadores afectados en el sector, incluido un fondo social, y medidas para trabajar desde los hogares.

En Colombia y Perú los trabajadores del sector sufren la grave falta de protección social legal.

La Red sindical del Grupo Techint solicita un diálogo global

La crisis social, económica y sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 repercute fuertemente sobre los trabajadores del Grupo Technit en todo el mundo. Así lo confirmaron recientemente los miembros de la Red sindical mundial en la reunión virtual que desarrollaron el 17 de abril.

El sindicato Sintratucar de Colombia informó que Tenaris Tubocaribe suspendió los contratos de trabajo sin salarios, a pesar de que no se permiten suspensiones o despidos colectivos en el país por motivo del Covid-19. Además, les ofreció un préstamo por el equivalente al 50% de cada sueldo. El sindicato busca negociar y dialogar con la empresa, la cual se resiste e impone medidas de forma unilateral.

En Guatemala, Sintraternium dijo que Ternium intentó tomar una serie de decisiones de manera unilateral pero el sindicato logró establecer instancias de negociaciones e impedirlo. Llegaron recientemente a un acuerdo donde pautaron que no van a efectuarse despidos y en su lugar concertaron la suspensión de los contratos de trabajo por 12 semanas. Trabajarán 4 semanas de forma rotativa para mantener los salarios completos con pago de horas extras.

En el caso de Tenaris en Italia, el sindicato FIM/FIOM aseguró que la compañía presiona para reiniciar todas las actividades laborales por considerar la rama de la energía es esencial, aunque persiste una dramática emergencia de salud. El sindicato mantiene que la esencialidad se le debería atribuir únicamente a la producción de tubos de oxigeno para los hospitales. Actualmente desarrollan negociaciones tripartitas para reiniciar las actividades de manera progresiva, con un 40% de los trabajadores, con todos los protocolos de seguridad e higiene.

En tanto, la UOM de Argentina comunicó que el Gobierno Nacional dispuso el aislamiento social obligatorio mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que el sector sindical acató al 100% y paró la planta durante un mes. En ese tiempo la empresa intentó comunicarse con cada trabajador para que volvieran a trabajar, en desconocimiento al DNU y al sindicato. Recientemente se publicó una resolución con un protocolo de producción para retomar las actividades de forma mínima, el cual que va a tener que controlar el sindicato.

Dadas estas circunstancias, la Red sindical decidió enviarle una carta al presidente de la empresa, Gianfelice Mario Rocca, el 22 de abril para solicitarle que Techint Group y sus subsidiarias (Tenaris y Ternium) trabajen tanto con IndustriALL Global Union como con Techint Group Global Union Network para promover instancias de negociación bipartitas a nivel nacional y local. Desean negociar una serie de medidas para mantener empleos, salarios y la salud de los trabajadores.

Los integrantes de la Red sindical le propusieron a Rocca sostener reunión en línea para dialogar al respecto:

“Dada la urgencia de la situación, instamos al Grupo Techint y sus subsidiarias a trabajar estrechamente con nosotros para garantizar la salud y la seguridad de la fuerza laboral de la compañía, y contribuir a la sostenibilidad de la compañía en este momento difícil. Le ofrecemos celebrar una reunión virtual lo antes posible.“

USO Colombia pide proteger a los trabajadores tercerizados de Ecopetrol

Las empresas contratistas que trabajan con Ecopetrol prescindieron de los servicios de al menos 8000 trabajadores tercerizados desde que inició la pandemia del COVID-19 en Colombia. La USO denomina esta situación como una “masacre laboral” y le exige a Ecopetrol que proteja a los trabajadores tercerizados.

Un trabajador de la unidad de Ecopetrol en Barrancabermeja, Juan Manuel Fonseca, de 49 años falleció el 8 de abril fruto de la enfermedad de COVID-19 (Coronavirus). La USO sostuvo reuniones con las autoridades de Ecopetrol donde le exigió medidas de salud y seguridad laboral para todos sus trabajadores.

Los dirigentes sindicales reconocen que desde entonces Ecopetrol escuchó los reclamos e implementó medidas de prevención. Aún así, reclaman mayores esfuerzos para proteger especialmente la salud, seguridad y empleos de los trabajadores tercerizados.

“A partir del fallecimiento del trabajador por el COVID-19, Ecopetrol aceptó la gran mayoria de las propuestas y recomendaciones de la USO, en materia de salud y seguridad laboral. A lo que no respondió es a las solicitud en materia laboral para los trabajadores tercerizados.
Ecopetrol se desprendió de toda responsabilidad laboral frente a estos trabajadores y se la trasladó a las empresas contratistas. Creemos que no puede lavarse las manos para generar una masacre laboral frente a los trabajadores tercerizados”

dijo el secretario de relaciones internacionales de la USO, Ludwing Gómez Almeida.

La organización sindical aseguró que, por ejemplo, la refinería Barrancabermeja terminó contratos de 800 trabajadores tercerizados de forma arbitraria e ilegal, a partir de correos electrónicos. A su vez, dice que no le pagaron la indemnización estipulada por la ley para los contratos de obra.

La USO desarrolla reuniones online con Ecopetrol desde hace 3 semanas donde le insiste en que no tome más decisiones aceleradas que destruyen miles de empleos en medio de la crisis sanitaria. Aseguran que esto es un gran error de Ecopetrol, el cual deja a miles de familias sin sustento.

Creen que lo que debe primar es el diálogo y la solidaridad para acordar fórmulas que le garanticen una renta básica a los trabajadores de la industria del petróleo, la cual les permita subsistir durante esta cuarentena nacional.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Es lamentable que una empresa del pueblo colombiano le haga esto a sus trabajadores y proveedores. Dicha fórmula necesita ser revista: debe tener responsabilidad social y promover el diálogo social. No podemos aceptar que una empresa estatal imponga el cierre de contratos sin buscar alternativas.

En momentos como el que estamos viviendo, el estado y el gobierno deben proteger a su pueblo. Esperamos que tanto ellos como Ecopetrol negocien con la USO medidas, y construyan políticas tanto públicas como sociales. Anhelamos que cumplan los contratos y que, tanto los derechos como la dignidad de los trabajadores, sean protegidos. Resulta fundamental mantener sus empleos e ingresos en tiempos de una pandemia global.”