Gran crisis para los trabajadores de la confección de Bangladesh

Como parte de sus medidas de contención de la COVID-19, el gobierno de Bangladesh suspendió todas las formas de servicios de transporte y cerró los establecimientos públicos y privados, salvo por los servicios esenciales. El cierre, que inicialmente se anunció que duraría hasta el 4 de abril, se extendió hasta el 14 de este mes.

El primer anuncio provocó pánico entre los trabajadores de la confección, quienes en su mayoría son migrantes internos. Muchos se fueron de Daca para llegar hasta sus pueblos natales. Fotos desgarradoras de la capital del país muestran a los trabajadores abandonando la ciudad en camiones, transbordadores abarrotados y otros medios de transporte inseguros.

El 5 de abril se anunció que, excepto en casos de emergencia, estaba totalmente prohibido entrar o salir de Daca. La falta de coordinación en la implementación de las medidas de contención generó confusión, ya que muchos empleadores insistieron en que los trabajadores debían presentarse a trabajar para recibir sus salarios y conservar sus empleos.

Cientos y miles de trabajadores utilizaron medios de transporte abarrotados e inseguros, así como muchos caminaron en grupo para presentarse a trabajar en Daca, Gazipur, Narayanganj y otras áreas.

Sin las medidas de seguridad apropiadas, cientos de fábricas siguieron funcionando con el riesgo de propagar la COVID-19. Varias fábricas, después de someter a los trabajadores a un peligroso viaje hasta el trabajo, les avisaron a sus empleados en la puerta que cerrarían hasta el 14 de abril, sin informarles cómo se pagarían los salarios.

El 6 de abril, la confusión desencadenó manifestaciones espontáneas para exigir los salarios. Mientras un grupo de manifestantes bloqueaba la autopista de Daca-Mymensingh después de que sus fábricas cerraran sin previo aviso, estalló un enfrentamiento y dos trabajadores fueron aplastados por un camión.

Nazma Akter, presidente de la Federación Sramik de Trabajadores de la Confección de Sommilito (SGSF) y miembro del Consejo de IndustriALL en Bangladesh, expresó:

“La mayoría de los trabajadores de la confección de Bangladesh fueron expulsados injustamente de sus trabajos, se los privó de sus salarios y recibieron amenazas de ser incluidos en la lista negra por exigir sus derechos. Algunos empleadores afirmaron que recién se les pagaría a los trabajadores el 16 de abril, cuando regresen a trabajar”.

“Si se prolonga el confinamiento y no se pagan los salarios, los medios de subsistencia de los trabajadores se verán amenazados y estos correrán riesgo de inanición. Algunos beneficios ganados con esfuerzo, incluido el bono por el próximo festival EID, también están en peligro. Se debe dejar inmediatamente de obligar a las personas a trabajar a pesar del riesgo de la COVID-19”.

El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, expresó:

“Las marcas y los proveedores deben darse cuenta de que ningún trabajador debe quedar atrás en esta lucha sin precedentes contra la COVID-19. El gobierno, las marcas y los proveedores deben trabajar, junto con los sindicatos, para tomar medidas coordinadas con el fin de garantizar que se paguen los salarios y que los trabajadores y sus familias estén protegidos del impacto económico negativo que puede generar el confinamiento”.

“El gobierno de Bangladesh debe garantizar que los trabajadores obtengan su parte del paquete económico recientemente anunciado de 72.750 crores de taka (US$ 8500 millones)”.

En una declaración emitida el 8 de abril, el Consejo de IndustriALL en Bangladesh (IBC) expresó:

“Los salarios correspondientes al mes de marzo deben pagarse lo antes posible. Bajo las circunstancias imperantes, los empleadores deben asegurarse de que los pagos se realicen a través del sistema de banca móvil y que los que no tienen acceso a este reciban el pago en efectivo antes del 16 de abril. Los despidos, las reducciones de personal y las rescisiones deben detenerse de inmediato. Se debe formar un comité tripartito formado por el gobierno, los empleadores y el IBC, y todas las fábricas deben cerrar durante el período de confinamiento”.

Según la Asociación de Fabricantes y Exportadores Textiles de Bangladesh (BGMEA), el 7 de abril se cancelaron 953 millones de prendas confeccionadas para exportación, con un valor de US$ 3050 millones. Las cancelaciones afectan a más de 2,19 millones de trabajadores.

40 empresas de Brasil piden frenar despidos durante crisis del COVID-19

"Não demita”  es una iniciativa del sector empresarial para promover la responsabilidad social que tienen para con la sociedad. Impulsan a otras firmas a mantener a todo su personal durante los dos primeros meses de la crisis del coronavirus, para así ayudar a prevenir o minimizar un posible colapso económico y social.

Aseguran que se trata de un tiempo extraordinario donde las empresas deben evaluar las posibilidades que tienen, antes de tomar el camino fácil que sería cerrar sus puertas y efectuar despidos masivos.

Explican que deben cuidar a los empleados que dependen de sus salarios. Reconocen que son ellos quienes trabajan para mantener sus cadenas de suministro intactas y garantizan el funcionamiento de las fábricas.

A su vez, convocan a los demás empresarios a respetar las medidas de salud y seguridad laboral que impulsan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de Brasil. Por ejemplo, al posibilitar un ambiente de trabajo seguro, donde las personas puedan mantener la distancia física recomendada.

Por otra parte, las compañías solicitan que, si las empresas disponen de solidez financiera, ayuden a las personas que viven en las comunidades linderas a sobrevivir. Afirman que muchos de ellos son pequeños emprendedores que también ayudan a que el país avance.

Dentro de las 40 empresas que llevan adelante este proyecto, al menos 7 pertenecen a los sectores de la industria que representa IndustriALL Global Union. Por ejemplo:  

El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, recientemente le envió cartas a las 50 empresas con las que la organización mundial tiene Acuerdos Marco Globales. En dicha comunicación las exhortó a trabajar con los sindicatos para proteger la salud, la seguridad, el empleo y los ingresos de los trabajadores frente a la pandemia del Covid-19.

Les solicitó que apliquen las medidas tanto de la OMS como de los gobiernos, y busquen alternativas para mantener los niveles de empleo y salarios durante la crisis, a fin de garantizar la seguridad de los ingresos.

Por lo tanto, Sanches considera que la iniciativa de las empresas de Brasil es una buena práctica, la cual que responde al pedido de IndustriALL, e invita a las compañías de otros países a seguir el ejemplo:

“Saludamos la iniciativa de este grupo de empresas en Brasil para mantener los empleos e ingresos de sus empleados durante la crisis.

Será fundamental contar con trabajadores que posean puestos de trabajo, salarios y capacidad de consumo para salir de la crisis económica lo mas rápidamente posible. Es este tipo de compromiso que buscamos en las empresas en todo el mundo”.

Las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial deben elaborar un plan para coordinar el estímulo económico, las medidas sobre salud pública y el alivio de la deuda – Declaración de la Agrupación Global Unions, abril de 2020

El COVID-19 está generando una crisis de proporciones sin precedentes. A medida que el impacto causado por la crisis de salud pública se propaga a través de las cadenas mundiales de suministro y deprimen la demanda, los despidos y la pérdida de ingresos están devastando a las familias trabajadoras. La pandemia pegó el fuego a un polvorín ya existente cebado por la carga de la deuda, una regulación financiera y laboral inadecuadas, una creciente desigualdad y años de austeridad que socavaron la sanidad pública, la protección social y la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El FMI y el Banco Mundial deberían unirse a los Gobiernos para establecer un estímulo coordinado y sostenido como plataforma de lanzamiento de un multilateralismo reformado que conceda prioridad a los trabajadores, a la prosperidad compartida y a la economía real.

En esta declaración, la Agrupación Global Unions esboza medidas urgentes para superar la crisis y sentar las bases para una recuperación inclusiva que cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Declaración de la Agrupación Global Unions

Sindicatos indonesios exigen el cierre de fábricas

A fines de la semana pasada, 430 trabajadores de la confección habían sido despedidos, a 1000 empleados se les pedía que tomaran un permiso remunerado y a otros 800 se les otorgaba un permiso con un 50 por ciento del pago durante quince días.

“Como el sector de la confección está luchando por conseguir materias primas y las ventas han caído, ahora las empresas afirman que los despidos son inevitables. Pero los dirigentes de GARTEKS a nivel de planta lograron negociar permisos remunerados en un 100 o 50 por ciento”.

“El paquete de estímulo económico del gobierno debe ayudar a los trabajadores a poner alimentos sobre la mesa, así como se debe eximir el pago de las tasas de electricidad y el impuesto a la renta. Las oficinas de empleo locales deben supervisar que las empresas no tomen medidas arbitrarias para despedir o suspender a los trabajadores”,

expresó Trisnur Priyanto, secretario general de GARTEKS.

La secretaria regional de IndustriALL, Annie Adviento, celebró el presupuesto de 405 billones de rupias (US$ 24.600 millones) anunciado por las autoridades indonesias. No obstante, insta al gobierno de Jokowi a fortalecer el sistema de protección social para que actúe como una red de seguridad social para todos trabajadores, en particular para los trabajadores subcontratados, que son los más vulnerables.

A pesar de todo, algunos trabajadores temen por su seguridad en el lugar de trabajo.

Los empleados de PT Coats Rejo Indonesia están preocupados por su salud y su seguridad, ya que se anunció que uno de los trabajadores contrajo la COVID-19. SPN exige que la compañía detenga temporalmente las actividades para evitar la propagación del virus entre el personal.

“Los dirigentes de SPM a nivel de planta se han reunido varias veces con la dirección para plantear sus inquietudes. La respuesta de la dirección ha sido que, como el gobierno indonesio no ha anunciado el confinamiento, tienen que esperar por las instrucciones de la sede de Coats”,

declaró Iwan Kusmawan, presidente del consejo de IndustriALL en Indonesia.

IndustriALL se comunicó por escrito con la sede de Coats para plantear sus inquietudes.

“Es de máxima importancia que los trabajadores estén protegidos. A través de nuestra red sindical de Coats en Asia y el Pacífico seguimos exhortando a Coats a que convoque una reunión de diálogo social. Ahora, más que nunca, se necesita comunicación y transparencia”,

expresó Christina Hajagos-Clausen, directora del sector textil y de la confección de IndustriALL.

Namibia: el cierre de una mina dejará sin empleo a 1500 trabajadores

Informe de noticias de Namibian Broadcasting Corporation

El Sindicato de Mineros de Namibia (MUN) sostiene que la decisión se tomó antes de agotar las alternativas para continuar con las actividades, incluida la venta de la mina. El MUN argumenta que la mina, que tiene un yacimiento mineral de zinc supergénico, extrae óxidos de zinc y cuenta con una refinería, no tendría problemas para encontrar otros inversores.

El cierre de la mina conducirá a la pérdida de más de 1500 empleos. Una de las empresas contratadas, Basil Read, cuyo contrato fue rescindido, despedirá a unos 400 trabajadores.

Skorpion Zinc declaró que tuvieron que adelantar la suspensión de la minería debido al confinamiento parcial en el país por la COVID-19 del 27 de marzo al 17 de abril.

El presidente de la sección de MUN Skorpion, Peterson Kambinda, expresó:

“A pesar de la implementación de un acuerdo tripartito para mantener relaciones laborales armoniosas, garantizar la seguridad laboral y la responsabilidad empresarial en el sector de trabajo y empleo durante el período de estado de emergencia, Vedanta Resources (propietaria de la mina) tomó una decisión que resultaría en la pérdida de los empleos de miles de namibios”.

“El gobierno de Namibia debe intervenir para detener los despidos”.

Glen Mpufane, el director de minería de IndustriALL, declaró:

“A nivel mundial, las empresas mineras están desarrollando protocolos respecto a la COVID-19 para preservar los empleos y la mayoría está suspendiendo las reducciones de personal de cara a la pandemia. Es indignante que Vedanta Resources anuncie reducciones de personal en medio de esta crisis; está fuera de sintonía respecto a lo que está sucediendo a nivel mundial y debería ser denunciada”.

Según Skorpion Zinc, las fallas de pozo en la mina a cielo abierto son las culpables del cierre, ya que hacen que la extracción sea insegura. Debido a que las rocas no son lo suficientemente fuertes como para soportar aberturas o cargas pesadas sin colapsar, no se puede construir una entrada segura.

Sin embargo, el MUN afirma que hay otras tres minas que operan en el área bajo las mismas formaciones geológicas. El sindicato sostiene que se pueden explorar otros métodos de minería más seguros para preservar los empleos.

Sindicatos de Malasia luchan por los trabajadores durante el confinamiento

El 21 de marzo, el Sindicato de Empleados de la Industria Electrónica de la Región Sur (EIEUSR), afiliado a IndustriALL, presentó una denuncia ante la policía contra MFS Technology (M) Sdn. Bhd. La empresa incumplió la orden de control del movimiento del gobierno malayo, que dispuso el cierre de todas las empresas no esenciales entre el 18 y el 31 de marzo debido al brote de la COVID-19.

Idawati Idrus, subsecretaria general de EIEUSR y copresidenta del comité de mujeres de IndustriALL en Malasia, expresó:

“Junto con los miembros del sindicato, en su mayoría mujeres, presentamos denuncias ante la policía y el Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI). La acción directa puede empoderar a nuestros miembros e infundirles valor”.

“Aunque la policía cerró la fábrica de inmediato, esta reanudó sus actividades a los dos días luego de obtener la aprobación del MITI. Pero solo el diez por ciento de los trabajadores volvieron a trabajar: tenían miedo de ser infectados”.

La secretaria regional de IndustriALL Global Union, Annie Adviento, aprueba esta acción.

“Los trabajadores tienen derecho a negarse a trabajar si el entorno laboral es inseguro y poco saludable. El gobierno y el empleador deben respetar la seguridad y la salud en el trabajo”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Equipos de Transporte e Industrias Afines (NUTEAIW) envió una carta a la sede de Robert Bosch, en la que cuestionó la decisión de la empresa de continuar la producción.

“Nuestros miembros están disgustados porque los productos de la empresa, principalmente accesorios automotrices, no se consideran servicios esenciales. A pesar de ello, la empresa obtuvo la aprobación del MITI. Exigimos que la fábrica cierre durante el confinamiento, que se ha extendido hasta el 14 de abril”,

expresó Nadesan Gopalkishnam, secretario general del NUTEAIW.

La Coalición para la Reforma de la Legislación Laboral, una amplia coalición de 58 sindicatos y ONG, planteó que el primer ministro debe implementar un subsidio salarial garantizado del 80 por ciento como un paso para preservar empleos y transformar el sistema de protección social de Malasia.

Sintracarbón Colombia finaliza conflicto colectivo con Cerrajón y cancela huelga

A dos horas de cumplirse los 10 días hábiles para declarar la hora cero del inicio de una huelga en Carbones del Cerrejón Limited (propiedad de las multinacionales Glencore, Angloamerican y BHP), Sintracarbón notificó el 28 de marzo que retiraba el pliego de peticiones para renovar la Convención Colectiva de Trabajo (CCT).

Dicha decisión implicó que la CCT del período 2018-2019 se prorrogue hasta el 30 de junio de 2020. A su vez, la ley establece que se puede presentar un nuevo pliego de peticiones a partir de mayo. El sindicato asegura no lograron llegar a un acuerdo con Cerrejón en 60 días de negociaciones porque la empresa presentaba una oferta que reducía beneficios:

“La multinacional en todo momento ratificó su pretensión de disminuir el costo global de la CCT, a través del congelamiento, reducción y eliminación de beneficios, muchos de ellos conquistados en históricas luchas”

dijo Sintracarbón en una comunicación oficial.

A su vez, la firma tampoco aceptó un aumento salarial, sino simplemente un ajuste acorde al IPC por dos años. Tampoco consiguieron debatir sobre la posibilidad de cambiar los contratos fijos a indefinidos o la posibilidad de tener una acceso ilimitado a viáticos para el tratamiento de las enfermedades de los trabajadores y sus familias.

La organización sindical también propuso métodos de negociación y fórmulas de arreglo. Aun así, la compañía se mantuvo intransigente. Por ese motivo, la comisión negociadora del gremio decidió retirar el pliego de peticiones. A su vez, canceló la huelga que ya habían aprobado en una votación previa porque consideraron que terminaría beneficiando a la multinacional:  

“Nuestro análisis de la coyuntura actual incluye: la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19), el aislamiento obligatorio, las vacaciones colectivas, la reducción de operaciones de Cerrejón, la baja de precios y la actitud de la compañía de descargarnos su ahorro en costos.

Estas variables demuestran que la huelga le convenía más al patrón que a los trabajadores. Además, no había cómo hacer una huelga presencial y con verificación por parte del Ministerio de Trabajo.”

Por su parte, el secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, expresó:

“IndustriALL Global Union respalda la decisión de Sintracarbón. Como sindicato con una larga historia de lucha en defensa de los derechos e intereses de los mineros del carbón, nuestros compañeros/as tomaron una decisión sensata en medio de la crisis del Coronavirus.

Una vez más, pedimos a Cerrejón que actúe con sentido común y que llegue a un acuerdo con Sintracarbon, respecto a las demandas y expectativas de los miembros de la organización sindical”

Justicia de Brasil ordena el reintegro de huelguistas despedidos por Petrobras

Sindipetro-ES y la FUP (afiliada a IndustriALL Global Union a través de la CNQ/CUT) presentaron una acción contra la administración de Petrobras por violar el derecho constitucional a ejercer una huelga. A su vez, la denunciaron por actuar en oposición al acuerdo firmado entre la Federación y la empresa, con el aval del Ministro del Tribunal Superior del Trabajo (TST).

Dicho acuerdo se alcanzó durante la negociación colectiva que resultó en la cancelación de la huelga de febrero. La administración de Petrobras se comprometió a no despedir ni castigar a los trabajadores petroleros que participaron. Sin embargo, once trabajadores fueron despedidos y varios fueron castigados tanto con suspensiones como con otras represalias.

El juez Fábio Eduardo Bonisson Paixão del 14º Tribunal laboral de Espírito Santo decretó el 29 de marzo la suspensión inmediata de cualquier proceso de despido y afirmó que hubo una conducta antisindical por parte de Petrobras. A su vez, pautó una multa de R $ 500.00 por día por cada uno de los trabajadores, en caso de que la gerencia de Petrobras no cumpla con la decisión.

En tanto, el juez Wilson Fernandes del Tribunal regional del trabajo de la justicia de São Paulo suspendió los despidos arbitrarios de otros cinco trabajadores el 31 de marzo, y exigió la restitución de los petroleros en 48 horas.

Por su parte, la Federación dijo en una comunicación oficial:

“La FUP y sus sindicatos continuarán denunciando la gestión de Petrobras y exigirán en los tribunales la restitución de todos los petroleros despedidos y la cancelación de las sanciones impuestas arbitrariamente a los trabajadores que ejercieron el derecho legítimo de huelga.”

A su vez, los trabajadores consideran que los despidos tuvieron aún mayor gravedad dado el contexto que atraviesa Brasil y el mundo con la pandemia del COVID-19. Sindipetro-ES aseguró en un comunicado que el diálogo establecido con la administración local de Petrobras tiene un alcance limitado y que la alta dirección de la compañía insiste en adoptar medidas unilaterales, incluida la falta de respeto al actual convenio colectivo:

“Entendemos que el momento actual exige medidas no convencionales, pero esto no puede usarse como una coartada para acciones que no respetan los derechos de los trabajadores o que podrían poner en riesgo su salud. Por el bien de la población brasileña y la confrontación efectiva al coronavirus, los trabajadores de Petrobras (propios y subcontratados) deben ser tratados con gran cuidado y responsabilidad por sus gerentes.”

Finalmente, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Las decisiones de la dirección de Petrobras son inhumanas, antisindicales e inaceptables, y también enfrentan a las leyes de la justicia brasileña. Nos solidarizamos tanto con nuestra afiliada CNQ/CUT como con la FUP. Haremos todos los esfuerzos necesarios para exigirle a la empresa y a las autoridades de Brasil que respeten a los trabajadores de la FUP”

Sindicatos alertan sobre la inminente catástrofe por la COVID-19 en Zimbabue

Martin Chikuni, secretario general del ZEWU, expresó:

“Mientras que las estadísticas de personas infectadas y muertes confirmadas hasta la fecha en Zimbabue debido al coronavirus parecen bajas, creemos que existe una posibilidad inminente de que se produzca una catástrofe dado que nuestro sistema de salud ya está comprometido. La situación se ve empeorada por la crisis socioeconómica en la que se encuentra el país desde hace dos décadas”.

“Al ZEWU le preocupa que el sistema de prestación de servicios de salud colapsado, los hospitales insuficientemente equipados y los complejos equipos que se necesitan para combatir la COVID-19 claramente exceden la capacidad del país. ¿Cómo manejará Zimbabue una crisis de esta magnitud?”.

Las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud y Asistencia a la Infancia señalan que al 31 de marzo solo se realizaron 274 pruebas. Las cifras también indican que no se examinaron ni evaluaron a las más de 16.000 personas que llegaron de países con casos conocidos de COVID-19.

Un hospital especializado en enfermedades infecciosas en Harare, identificado como uno de los centros de tratamiento para el coronavirus, no contaba con respiradores y actualmente se encuentra en obras.

Uno de los métodos de prevención de la COVID-19 es lavarse las manos con agua y jabón, pero las ciudades de Zimbabue, incluida la capital –Harare–, no cuentan con un suministro regular de agua, y los habitantes han recurrido a cavar pozos.

Joseph Tanyanyiwa, presidente del consejo de coordinación nacional de IndustriALL en Zimbabue, que representa a cinco afiliados en las industrias de productos químicos y plásticos, energía, confección y textil, cuero y calzado, expresó que la respuesta de Zimbabue a la COVID-19 es muy puntual y no particularmente proactiva.

“Parece que la estrategia para la cuarentena es que las personas se queden en sus casas, y que solo se las examine y evalúe cuando ya están enfermas. La cuarentena será difícil para los trabajadores informales, que son mayoría en el país, dado que gran parte de ellos no tiene planes de contingencia y veintiún días es mucho tiempo sin recibir ingresos”.

El sindicato manifestó que le preocupa que el país continúe sufriendo escasez de combustible y alimentos básicos, como la harina de maíz y gacha.

“La gente se aglomera para conseguir productos básicos, lo que dificulta el distanciamiento social. La escasez de combustible y el uso del transporte público, especialmente los autobuses sobrecargados, comprometen la situación”.

El ZEWU está realizando una campaña para lograr la licencia paga y la seguridad laboral para los trabajadores durante los 21 días de cuarentena. El sindicato también quiere que los empleadores proporcionen equipos de protección personal para detener la propagación del coronavirus, ya que la mayoría de sus miembros interactúan con el público en sus trabajos.

El sindicato también proporciona información sobre la COVID-19 a sus miembros y ha establecido un centro de comunicaciones común para que los miembros se comuniquen con el sindicato cuando necesiten ayuda.

Bielorrusia: no se renueva contrato de trabajo debido a actividad sindical

Durante los últimos seis meses, los líderes y miembros sindicales han intentado obtener la certificación de seguridad de sus trabajos en Redpath Deilmann, de acuerdo con la legislación bielorrusa. Hasta ahora, la empresa recurre a lagunas legales y evita implementar la certificación de los lugares de trabajo.

Mikalaj Valadzko es un especialista altamente calificado sin antecedentes de disciplina. Hace un mes, un grupo sindical de trabajadores en Redpath Deilmann se registró en el BITU, y se eligió a Mikalaj Valadzko como presidente del grupo.

Los hechos muestran que su contrato de trabajo no se renovó como represalia por su actividad sindical y esto constituye un caso de discriminación basada en la afiliación sindical.

En una carta a la dirección de Redpath Deilmann, Valter Sanches, secretario general de IndustriALL Global Union, expresa que la decisión parece ser una interpretación muy selectiva de la legislación bielorrusa y contradice la legislación laboral nacional por la que la empresa rige sus operaciones en Alemania.

Según Redpath Deilmann, el contrato de Mikalaj Valadzko no se renovó en virtud del sistema nacional de contratos a corto plazo.

“Hay pruebas fehacientes para demostrar que el hecho de que su contrato no se renueve representa una represalia por su actividad sindical. Les instamos a que reconsideren su decisión de inmediato y renueven el contrato de Valadzko”.

“También les instamos a certificar todos los lugares de trabajo de conformidad con la legislación bielorrusa y a aplicar todas las medidas de seguridad que esta exige”, expresa Valter Sanches.