En busca de un protocolo de buenas prácticas en la industria minera mundial

El sector de minería y producción de diamantes, gemas, ornamentos y joyas de IndustriALL Global Union ha pedido un enfoque coherente de buenas prácticas que contenga los siguientes elementos fundamentales: instancias de consulta con los sindicatos, seguridad en los ingresos y respeto por los convenios de negociación colectiva en caso de que cierren las operaciones o se dispongan en cuidado y mantenimiento, cumplimiento de las medidas de confinamiento a nivel nacional, el nivel más alto de salud y seguridad laboral, realización de pruebas, controles y seguimientos, reducción de la densificación de los trabajadores subterráneos y trasladados, controles de los visitantes y contratistas, mantenimiento del distanciamiento social y medidas de cuarentena para los trabajadores afectados, condiciones adecuadas de traslado y alojamiento para los trabajadores “FIFO” y “DIDO”, educación y comunicación con los trabajadores y las comunidades locales, etc.

Algunos afiliados de IndustriALL han realizado declaraciones conjuntas a nivel bilateral o tripartito:

Con el fin de garantizar la alineación de los protocolos de buenas prácticas, IndustriALL dio un paso más al invitar a los directores ejecutivos de todas las principales empresas mundiales con las que ha celebrado acuerdos marco globales a compartir sus respuestas ante la pandemia mundial. Esta invitación se extendió a otras empresas que mantienen una relación de diálogo global con IndustriALL.

Las empresas mineras mundiales entran en esta categoría, e IndustriALL ha mantenido varias discusiones fructíferas con Anglo American y Glencore sobre sus enfoques para la aplicación de buenas prácticas contra la COVID-19. También ha mantenido debates similares con el Consejo Internacional de Minería y Metales.

Otras empresas mineras, como Rio Tinto, han publicado orientaciones acerca de los enfoques ante la pandemia.

En la declaración bilateral con Anglo American, en particular, se demostró una alineación entre los enfoques de Anglo American e IndustriALL Global Union respecto a las buenas prácticas ante la pandemia. El comunicado de prensa de Anglo American sobre la pandemia fue una prueba más de esta cohesión con nuestros afiliados en Australia, lo que confirma el liderazgo de Anglo en este país en materia de los enfoques de buenas prácticas respecto a esta problemática y la alineación de enfoque con lo que los sindicatos consideran como buenas prácticas.

En un mensaje al secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, Mark Cutifani, el director ejecutivo de Anglo American, compartió la respuesta de su empresa a la pandemia:

“Quería escribir para asegurarle que continuamos gestionando nuestra empresa, y en particular nuestros esfuerzos de respuesta ante la COVID, en línea con el espíritu de nuestras discusiones anteriores. Como era de esperar, estamos siendo intransigentes en la protección de la salud y la seguridad de nuestros empleados y también nos estamos enfocando en proteger los medios de vida de nuestros trabajadores, así como los de los trabajadores de proveedores y clientes y de las partes interesadas en las comunidades que nos rodean”.

“Deseo agradecerle por compartir la respuesta integral de Anglo American ante la COVID-19 con el conjunto de medidas que la empresa está tomando en los distintos países. Aunque diría que siempre hay necesidad de mejorar, quiero felicitar la forma en la que la empresa está lidiando con la situación”,

expresó Valter Sanches en su respuesta.

Bárbara Figueroa de CUT Chile recibe Premio Arthur Svensson 2020

Créditos de la foto: CUT Chile

1)    Recientemente recibiste el Premio Internacional Arthur Svensson de Derechos Sindicales, en reconocimiento a tu compromiso con la lucha por la justicia social. ¿Cómo fue el proceso desde que te enteraste de la nominación hasta que te dijeron que resultaste ganadora?

El primer reconocimiento es a quienes creyeron en mi postulación, considerando que soy una dirigente sindical sin una trayectoria larga. Tanto en la región como en mi país hay dirigentes con más tiempo en la actividad sindical, quienes tendrían más que merecido un premio como este.

Entonces, el primer reconocimiento es al secretario general adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Víctor Báez, quién consideró importante nominarme para este reconocimiento, por ser una dirigente sindical joven y la primer mujer presidenta de una central sindical de América Latina, particularmente en Chile.

Cuando supe que me votaron de manera unánime, lo entendí como un reconocimiento que trasciende a la persona. Me siento muy orgullosa por el premio, pero también asumo que es un reflejo del trabajo colectivo de la institución CUT y del rol que jugó históricamente. Es también un orgullo llevarle esta alegría a los trabajadores.

Desde que nos notificaron sobre la postulación, hasta que llegó el comunicado oficial del reconocimiento, transcurrió en paralelo la pandemia del COVID-19. Nos enfrentamos a una situación compleja que desafía al mundo de los trabajadores/as. La pandemia nos desafía también como actores sindicales ya que implicará cambios en el mundo del trabajo.

2)    El comité del Premio manifestó que desea que el reconocimiento de este año contribuya a una mayor conciencia de la situación en Chile, y sea ayude a fortalecer la lucha de los sindicatos por los derechos de los trabajadores en el país. ¿Crees que efectivamente contribuirá?

Nosotros esperamos que si. Creemos que este reconocimiento tiene un gran valor, que es hacer un pronunciamiento sobre la situación que estamos atravesando en el país. Hoy en día todos los trabajadores del mundo enfrentamos la pandemia, pero especialmente Chile viene de un proceso particular.

Desde el estallido social del 18 de octubre, se pusieron en tensión todos los postulados tradicionales: el modelo de desarrollo que teníamos, la mirada sesgada respecto al rol que tienen que jugar los actores sociales y la mirada despectiva al movimiento sindical. Es decir, todo lo que prima en países como el nuestro, y donde tanto la ofensiva del modelo como la tensión con el gran capital son muy fuertes.

Sin duda, lograr este reconocimiento permite cuestionar todo aquello. Porque no solo está la mirada de los actores del país, sino que existe una mirada crítica internacional respecto a cómo debe ser entendida la relación con el movimiento sindical y de la importancia de darle valor. Nosotros esperamos que eso efectivamente se recoja.

Desafortunadamente, eso no ocurrió hasta ahora. En el marco de la pandemia, el Poder Ejecutivo y el Gobierno dieron una respuesta muy lamentable, porque estuvo muy por fuera del marco del diálogo social y de la respuesta que dieron otros países para enfrentar mejor la crisis.

Entendemos que es un reconocimiento al rol del sindicalismo. En tiempos actuales, donde existe una crisis sanitaria, probablemente sea uno de los grandes temas que se van a instalar en el debate mundial. En ese sentido, esperamos que Chile nos sea ajeno al debate.

3)    El Comité también destacó que la CUT, a través de una combinación de movilizaciones masivas y negociaciones, logró aumentar el salario mínimo y reducir la semana laboral, a pesar de la gran resistencia política. ¿Esta clase de victorias te hacen reforzar tu vocación y tu compromiso con los derechos laborales y el sindicalismo?

No cabe duda. Para quienes abrazamos la causa del sindicalismo entendemos que no es un tránsito. Vivimos gran parte de nuestro ciclo vital en el mundo del trabajo. Por lo tanto, este es un compromiso que trasciende con creces un rol de dirigencia.

Este tipo de reconocimientos nos permite priorizar en las agendas nacionales que, el avanzar en más y mejor democracia, vaya de la mano con las relaciones laborales que esperamos que existan en nuestros países.

Si uno quiere sociedades democráticas, de justicia e igualdad, inevitablemente hay que mirar al mundo de trabajo. Unos lo podrán hacer como dirigentes y otros cumpliendo un rol secundario. Pero el compromiso y la mirada respecto a la importancia vital que tienen las relaciones laborales democráticas, es un tema muy relevante. Es parte de nuestros desafíos e implica la propia revisión de nuestras instituciones.

Las instituciones somos cada vez más participativas y más democráticas. Como movimiento sindical tenemos la oportunidad de proyectar, a través de nuestras propias normas, cómo pensamos las sociedades del futuro. Esto en un contexto en Chile donde tenemos todo en contra, donde tenemos autoridades comprometidos con el gran capital. Igualmente, no significa que la sociedad duerma, sino que todo lo contrario: despertó y levantó bandera.

Tenemos una tarea muy significativa de seguir relevando y posicionando en cada espacio la importancia del debate sindical. La redistribución de la riqueza y del poder en las relaciones laborales resultan vitales si queremos construir sociedades de mayor justicia e igualdad. Eso tiene que ser en complemento con todas las demandas de los movimientos que han surgido (como el feminista): tiene que ser a la par.

Para quienes somos sindicalistas creemos que gran parte de la deuda de nuestros países como los nuestros (que no han logrado transitar hacia una democracia plena) pasa precisamente por la mirada peyorativa que han tenido de este punto, de cómo entender las relaciones laborales en el beneficio de una sana y plena democracia.

4)    Los responsables de otorgar el premio destacan que eres la única mujer líder de una central sindical en la región. Creen que puedes allanar el camino para nuevas líderes femeninas, en una cultura dominada por hombres, así como también fortalecer el apoyo a los sindicatos entre las mujeres de la región. ¿Te parece que esto es así?

Nosotros esperamos que, efectivamente, premios como este también nos permitan reconocer que en el mundo del trabajo existen desigualdades inter-trabajador.  En el fondo es reconocer que hombres y mujeres no estamos en igualdad de condiciones cuando nos incorporamos al mundo de trabajo.

Uno esperaría que parte del debate que hagamos en el movimiento sindical nos permita también visibilizar de mejor forma estas desigualdades inter-trabajador, porque muchas veces son las que marcan un punto de inflexión para construir un sindicalismo más acorde a los tiempos.

Si vemos los datos en Chile, hay muchas mujeres en roles de dirigencia sindical; pero con ello no basta. Necesitamos también que la incorporación de las mujeres al mundo de trabajo y a la dirigencia sindical no sea únicamente un reconocimiento de género. Por sobre todas las cosas, debe ser un reconocimiento a las desigualdades inter-trabajador, el cual tiene que ser parte permanente de nuestra agenda, así como la incorporación de los jóvenes.

El hecho de que un reconocimiento internacional destaque que seamos mujeres a la cabeza de las instituciones, nos tiene que ayudar a repensar nuestras propias estructuras e instituciones. Porque no son los mismos tiempos: los desafíos son distintos, nuestras urgencias son diversas. Creo que esto ayuda, y esperamos que siga contribuyendo este esfuerzo que venimos desarrollando en la CUT.

Por suerte, antes de que llegara una mujer a su presidencia, este era un camino que la CUT ya estaba comenzado a recorrer. De todos modos, siempre va a ser más desafiante, sobretodo cuando la cabeza de la institución está representada por una mujer.

Hoy en día tenemos cuota de género, fuimos la primera central en establecer un 30% de representación de mujeres en todas las estructuras de dirección, incluso antes de la ley de reforma laboral que nos rige y que nos mandata un tercio de representación femenina. Hemos ido dando pasos, pero aún hay largo camino por recorrer.    

Trabajadores de Yazaki Uruguay son suspendidos sin ingresos

Yazaki S.A. tiene una fábrica en la ciudad de Las Piedras y otra en Colonia. Se dedica a la producción y exportación de arneses, elementos eléctricos y electrónicos para la industria automotriz tanto de Argentina como de Brasil.

Uno de las principales empresas a la que exporta es Toyota en Argentina, la cual está cerrada actualmente por la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno de Alberto Fernández para combatir la pandemia del COVID-19 (coronavirus). Esta situación afecta directamente a los trabajadores de Yazaki en Uruguay.

Las autoridades de Yazaki le informaron a la UNTMRA el 14 de abril que 20 trabajadores de Las Piedras serían enviados a sus casas sin salario o cualquier ingreso hasta que la empresa retome su producción al 100% cuando Argentina levante las medidas. Hoy en día Yazaki se mantiene abierta con el mínimo de personal posible.

El problema es que no se sabe a ciencia cierta cuándo se retomará la producción con normalidad, lo cual genera una enorme incertidumbre en los trabajadores. Si bien la mayor parte de los empleados de la planta recibe un seguro de desempleo mientras se desarrolla esta situación, la organización sindical asegura que estas 20 personas no reciben ninguna clase de ingreso:

“Desde que Argentina está en cuarentena, nuestro cliente tiene paralizada la producción. Por ende, ambas plantas en Uruguay tuvieron que enviar a sus trabajadores al seguro de paro, pero hay 20 que no tienen seguro porque agotaron las prórrogas formales para ampararse en este subsidio.  

Durante la reunión bipartita, la empresa nos informó que va a cortar las actividades de estas personas, si bien teníamos un acuerdo para que siguieran trabajando. Al no tener seguro y la empresa no darles jornales, se quedan sin empleo e ingresos. En plena pandemia nadie se hace cargo de ellos y la empresa dice que no tiene por qué hacerse responsable. Muchas son mujeres, jefas de familia que no tienen forma de buscar otro sustento”

explicó el delegado del comité de base de trabajadores de Yazaki y miembro de la UNTMRA, Ricardo Guadalupe.

Guadalupe también dijo que si bien aún no mantuvieron negociaciones tripartitas con el gobierno, desde la dirección del sindicato realizan todos los esfuerzos para concretar una instancia, así sea de forma online.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL Global Union, Marino Vani, expresó:

“Nos solidarizamos con los trabajadores y con nuestra afiliada UNTMRA. Esperamos que sea un malentendido y no la política de la empresa. Este no es el espíritu que se vive en Uruguay, donde no se deja a nadie en la calle ni se lo abandona. Hay varias políticas de estado y soluciones que se pueden construir.

Queremos que la dirección local de la empresa reconsidere su decisión, y que, junto al sindicato y el gobierno garantice una política orientada a no efectuar despidos. Anhelamos que de forma tripartita opten por una de las soluciones ofrecidas por la UNTMRA, orientada a mantener a los 20 trabajadores en la plantilla con una renta”

Mauricio: protección de los derechos de los trabajadores durante el confinamiento

El confinamiento en este país comenzó el 20 de marzo y finalizará el 4 de mayo.

En una carta al primer ministro, la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), afiliada a IndustriALL Global Union, propuso la introducción de un salario mínimo universal para responder a las necesidades de los trabajadores que perderán sus empleos como resultado de la pandemia. Además, el sindicato quiere que se establezca inmediatamente un foro tripartito nacional de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Derechos de los Trabajadores, ya que esto promoverá el diálogo social durante la pandemia.

Reeaz Chutto y Jane Ragoo, el presidente y la secretaria general de la CTSP, respectivamente, expresaron:

“La propuesta del sector privado de impulsar la derogación de algunos artículos de la Ley de Derechos de los Trabajadores (2019) es la peor señal que su gobierno puede enviar a los trabajadores, si es que se le concede su deseo. La introducción de la Ley de Derechos de los Trabajadores no se llevó a cabo para aumentar el gasto corporativo. Los trabajadores la consideran una ley que ha restaurado la justicia social para la clase obrera”.

En Mauricio, los sindicatos están en contra de los intentos de reducir las cantidades pagaderas por los años de servicio bajo el Fondo de Gratificación de Jubilación Transferible y describen esta situación como un “chantaje social” hacia el gobierno por parte de los empleadores, especialmente porque viene acompañado de amenazas de pérdidas de empleo.

Los sindicatos también recomiendan establecer un fondo de solidaridad para apoyar a los trabajadores del sector informal. El sector bancario, los parlamentarios, las empresas y los particulares contribuirán al fondo propuesto. Además, los reembolsos al sector privado por concepto de capacitación se dirigirían al programa de asistencia laboral que brinda apoyo inmediato a los trabajadores despedidos para encontrar otros trabajos o recibir capacitación. El programa también debería beneficiar a los trabajadores contratados y priorizar a los postulantes mauricianos en la asignación de empleos.

Los sindicatos quieren que se modifique la Ley de Salud y Seguridad Operacional para incluir disposiciones respecto al acceso de los trabajadores a instalaciones higiénicas en los lugares de trabajo. Las campañas de sensibilización e higiene básica relativas a la COVID-19 también deberían incluir a los trabajadores migrantes y estar disponibles en sus idiomas nativos.

Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, declaró:

“La pandemia de la COVID-19 nos llama a reinventar el lugar de trabajo en términos de los derechos laborales, la salud y la seguridad, el trabajo decente y el futuro del trabajo después de la pandemia. Es admirable que la CTSP esté tomando esta iniciativa”.

Camboya: los trabajadores de la confección necesitan el apoyo de las marcas

De acuerdo con las cifras oficiales, el brote de la COVID-19 ha conducido a la interrupción de la producción de 91 fábricas de prendas de vestir y al despido de 91.500 trabajadores del sector. Según los sindicatos, los trabajadores de la confección y las familias que dependen de ellos no pueden sobrevivir con US$ 70, una caída sustancial respecto al salario mínimo de US$ 190.

El 7 de abril, el gobierno camboyano anunció que los trabajadores despedidos temporalmente solo recibirían US$ 70 al mes, en lugar de una propuesta previa de US$ 114, de la cual los empleadores pagarían el 40 por ciento y el gobierno el 20 por ciento.

“Esperamos que las marcas puedan asumir parte de la responsabilidad al pagar el 40 por ciento del salario mínimo para apoyar a los trabajadores de la confección. Los fabricantes deberían aumentar su participación al 40 por ciento, dadas las ganancias que han obtenido durante años en Camboya”,

expresó Athit Kong, presidente de la Coalición Sindical Democrática de Trabajadores de la Confección de Camboya (CCAWDU), afiliada a IndustriALL Global Union.

“Cuando 15 fábricas de prendas de vestir suspendieron sus operaciones, 1180 de nuestros miembros perdieron sus empleos y 8000 fueron despedidos temporalmente. Ha habido protestas contra la falta de pago de los empleadores del salario del mes pasado”.

declaró Pav Sina, presidente del Sindicato Colectivo del Movimiento de Trabajadores (CUMW).

La secretaria regional de IndustriALL, Annie Adviento, sugiere que el gobierno camboyano entable un diálogo social con todos los sindicatos:

“En tiempos de crisis, el diálogo nacional con los sindicatos es esencial para encontrar una solución sostenible”.

CODIV-19: Empresas de zonas francas despiden a más de 2000 trabajadores nicaragüenses

Según el secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Textil, Vestuario, Piel y Calzado (FESITEX, afiliada a IndustriALL Global Union), Pedro Ortega, unos 2893 trabajadores fueron despedidos debido a la caída de las exportaciones a Estados Unidos.

“El coronavirus va a tener una repercusión incalculable en el sector de las zonas francas de Nicaragua. En una primera fase hubo 78000 trabajadores enviados a vacaciones con goce de salario. También 5500 trabajadores fueron suspendidos sin goce de salario y a 2893 los despidieron.

A fines del mes de abril y en mayo viene la segunda etapa para la Zona Franca con afectaciones mayores. Algunas empresas van a tener que solicitar cierres temporales ante el ministerio de trabajo y otras pueden cerrar definitivamente”  

explicó el dirigente sindical Ortega.

El sector de la maquila firmó un acuerdo tripartito el 24 de marzo con una vigencia de 30 días, en relación al coronavirus y sus implicancias en las operaciones de las empresas de Zonas Francas. Se hizo énfasis en garantizar orden y estabilidad en las condiciones de seguridad en la salud y protección de los trabajadores.

Aún así, si bien algunas empresas habían prometido retomar las operaciones luego de Semana Santa, diversos trabajadores fueron notificados de que aún no regresarán a sus puestos de trabajo, debido a la caída de la demanda internacional. Incluso, algunos trabajadores aseguran que les informaron que continuarán suspendidos y que recibirán solo el 50% de sus salarios.

El dirigente sindical Ortega dijo:

“Este lunes 13 de abril regresaron a trabajar de las vacaciones descansadas pagas por 15 días 78000 trabajadores aproximadamente. Por otra parte, la empresa Gildan, que tiene mas de 12000 trabajadores, mandó a suspensión temporal con 50% de salario. Otra empresa, B&F, mandó a suspensión temporal a los trabajadores pero asumió el 100% de sus salarios. A su vez, existe la posibilidad de que muchas otras empresas hagan despidos masivos.

El acuerdo tripartito se vence el 23 de abril, cuando lo vamos a revisar. Vamos a hacerle nuevas propuestas al gobierno y le vamos a pedir ayuda para los sectores vulnerables, como los trabajadores del sector informal. Queremos hablar de todos los trabajadores del país, porque la clase trabajadora es la más afectada. Si las empresas están cerradas y suspendidas, no nos va a matar la pandemia; nos va a matar el hambre.”

Finalmente, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, comentó:

“El sector textil se está viendo muy afectado por la crisis sanitaria y los trabajadores de las cadenas de suministro sufren las consecuencias. No hay salidas individuales: es necesario pensar acciones conjuntas y coordinadas para salir de la crisis. Como trabajadores de la industria tenemos que articular mesas nacionales donde podremos sugerir una agenda propositiva”

Brasil ordena el cierre de 47 represas mineras por ser inseguras

Créditos de la foto: Jornalistas Livres

El plazo para entregar una Declaración de Condición de Estabilidad (DCE) venció el 31 de marzo. La Agencia Nacional de Minería de Brasil anunció el 2 de abril que hubo 31 represas que presentaron una DCE que no atestiguó la estabilidad de las estructuras y 16 que directamente no presentaron la declaración.

Como resultado, las 47 represas tienen prohibido recibir nuevas entradas de relaves o sedimentos, por no poseer estabilidad de la estructura certificada. A su vez, las represas que no entregaron el documento, serán multadas automáticamente.

Minas Gerais (MG) es el estado donde cerró el mayor número de presas (37). Fue allí donde ocurrieron los dos colapsos de las presas de Vale en menos de cuatro años. La primera ocurrió en Mariana (MG) en 2015 donde murieron 19 personas, y el segundo sucedió en Brumadinho (MG) en 2019 donde hubo 272 víctimas mortales.

El 1 de abril de 2020 Vale informó que tres de sus represas tienen mayor riesgo de emergencia para colapsar, mediante un comunicado de prensa. Aseguró que está construyendo tres estructuras de contención para dichas represas que pronostica finalizar los otros durante el primer semestre de 2020.

“De las 47 represas ahora prohibidas, aparentemente más de la mitad están controladas por Vale. La diferencia es que ahora el Estado anticipó y cumplió su papel de proteger a las personas. Esto es resultado de la enorme presión de la sociedad civil, y de los sindicatos locales y globales que trabajaron juntos desde el accidente de Mariana, combinando movilizaciones locales con una fuerte presión internacional, incluida la OCDE"

dijo el representante regional de Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) para América Latina y el Caribe, Nilton Freitas.  

Tras la tragedia en Mariana, IndustriALL y la ICM presentaron en 2018 una queja contra Vale S.A y BHP por violar las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

Luego de la tragedia en Brumadinho en 2019, ambas organizaciones sindicales también amonestaron a Vale por no cumplir con las directrices del Consejo Internacional de Minería y Metales sobre la prevención de fallas catastróficas en las instalaciones de almacenamiento de relaves, ni con las normas para la administración de represas de relave que señala la Iniciativa para Garantizar la Minería Responsable.

Por su parte, la Co-presidenta del Comité Ejecutivo de IndustriALL, co-coordinadora global del sector de minería de IndustriALL y presidenta de la CNQ/CUT, Lucineide Varjão, dijo:

“Incluso con crímenes de gran magnitud, como los de Mariana y Brumadinho, muchas compañías aún descuidan los procedimientos de salud y seguridad, y anteponen las ganancias a la vida. A esto se le suma la pandemia del COVID-19: Hay trabajadores infectados pero las minas continúan operando; deberían cerrar ya que hay baja demanda.

Durante este período, deben llevarse a cabo acciones para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, la sociedad y el medio ambiente.”

¿Cómo está respondiendo el sector petrolero mundial a la COVID-19?

En la mayoría de los países, la industria petrolera se considera un sector central y no está sujeta a cierres obligatorios. Sin embargo, el confinamiento mundial y la resultante caída de la actividad económica han reducido la demanda de forma drástica.

Además, ha habido una caída dramática en el precio del petróleo, tanto como consecuencia de la reducción de la demanda como de la tensión geopolítica debida a otros motivos. Sin embargo, los precios del petróleo fluctúan y pasarán varios meses antes de que se conozca el efecto sobre el empleo.

IndustriALL se comunicó por escrito con todas las empresas con las que tiene acuerdos marco globales y les pidió que trabajen junto con los sindicatos para proteger la salud, la seguridad, el empleo y los ingresos de los trabajadores. ENI y Equinor, en su respuesta, describieron su reacción a la crisis y se comprometieron a trabajar con sus sindicatos.

Existen diferencias significativas de región a región y entre las empresas, pero en general las empresas petroleras muestran dos tendencias distintas:

  1. Las empresas petroleras han mantenido la producción y protegido al personal básico, a veces con generosas asignaciones por trabajar en situaciones difíciles. Sin embargo, cortaron las relaciones con los contratistas. Dado que el 82 % del trabajo en el sector proviene de mano de obra contratada, esta situación está teniendo un efecto devastador, ya que muchos han perdido sus ingresos.
  2. En general, se tomaron decisiones sin consultar a los sindicatos.

Una excepción es Noruega, donde se llegó a un acuerdo nacional entre los sindicatos y las organizaciones de empleadores, a través del marco existente de KonKraft, para evitar despidos permanentes al mantener la actividad. Las estrategias para resolver los despidos temporales incluyen la mejora de la investigación y el desarrollo.

En Rusia, la mayoría de los trabajadores no manuales de Lukoil están trabajando de forma remota, pero, aunque la empresa planea reducir la producción, el trabajo continúa con equipos de protección personal (PPE) adicionales y medidas para combatir la propagación del virus.

El Sindicato de Trabajadores de Australia solicitó que los operadores brinden apoyo financiero continuo a los trabajadores contratados y que todos los trabajadores reciban su salario durante la cuarentena. Esto ha tenido mucho éxito, con la notable excepción de Woodside, que dejó a 1000 trabajadores sin pago.

En Nigeria, NUPENG representa a los trabajadores en la red de distribución, incluidos los conductores de camiones cisterna y los trabajadores de estaciones de servicio. Los miembros del sindicato están entregando desinfectante de manos, máscaras y guantes a los depósitos. Algunas empresas han renunciado a los contratistas, y NUPENG espera muchas pérdidas de empleos durante el próximo año.

En Estados Unidos, el efecto sobre los trabajadores hasta ahora ha sido mínimo, y United Steelworkers (USW) negoció cambios en los horarios para reducir la exposición. El USW también está presionando para que se realicen controles de salud y de temperatura en las plantas.

En Marruecos, los sindicatos se unieron para presionar por un fondo de gestión de la pandemia, compuesto por contribuciones de empleadores y trabajadores a la seguridad social, para pagar a los trabajadores afectados. Los sindicatos también están pidiendo una prórroga en el pago de las deudas.

En Irak, tras recibir exigencias sindicales, las empresas petroleras cambiaron los patrones de turnos laborales en los yacimientos petrolíferos para minimizar el contacto. El sindicato produjo videos educativos para los miembros y llegó a un acuerdo para que los salarios de los trabajadores contratados no se vean afectados.

En Brasil, la crisis de la COVID-19 se desató poco después de la gran huelga de Petrobras. La empresa y sus 63.000 trabajadores se han visto gravemente afectados. Los sindicatos están profundamente preocupados por la manera en que el presidente Bolsonaro está minimizando la crisis.

La directora del sector energético, Diana Junquera Curiel, declaró:

“Nos enfrentamos a una situación sin precedentes. A corto plazo, tenemos que proteger la vida y el sustento de los trabajadores del sector. A largo plazo, debemos prepararnos para los enormes cambios que traerá esta crisis que se está desarrollando”.

“En este momento difícil, debemos compartir información entre nosotros y actuar en solidaridad. Juntos podemos superar esto”.

Protección de los derechos de las mujeres durante la COVID-19

Proteger la salud y la seguridad de las trabajadoras

Presionar a los empleadores para que tomen las medidas necesarias de protección de la salud y seguridad de sus empleados.

Presionar a los gobiernos por la legislación del derecho a la licencia por enfermedad remunerada y el libre acceso a la atención médica para todos los trabajadores, independientemente de su situación laboral.

Garantizar la representación de las mujeres en los comités de salud y seguridad u otros organismos, en todos los niveles, que definan medidas para proteger a los trabajadores de la COVID-19.

Impulsar la protección específica de las trabajadoras embarazadas durante la crisis.

Instar a los gobiernos a mantener el acceso a los servicios de salud reproductiva y no desviar los recursos asignados a estos servicios vitales.

En Indonesia, GARTEKS y SPN están luchando por el cierre temporal de fábricas de prendas de vestir, donde la mayoría del personal está conformado por mujeres.

En Marruecos, la UMT negoció un aumento de la rotación del personal en las fábricas de cables para disminuir la cantidad de trabajadores en el sitio al mismo tiempo, así como de máscaras, guantes y desinfectante.

En Japón, la confederación sindical RENGO está promoviendo el teletrabajo y el cambio de los tiempos de desplazamiento de las mujeres embarazadas con el fin de evitar las horas más concurridas en el transporte público.

La central sindical TUC está recordando a las trabajadoras embarazadas acerca de las obligaciones de sus empleadores para proteger su salud durante la crisis de la COVID-19: medidas de prevención y eliminación de la exposición al riesgo para mujeres embarazadas; traslado a otros puestos con la misma remuneración y, si no es posible, ajuste de las condiciones de trabajo y teletrabajo o licencia con sueldo completo.

La pandemia actual ha alterado el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. El UNFPA está exigiendo que se mantengan estos servicios para evitar una explosión de la mortalidad pre y posnatal.

En su preocupación por el acceso cada vez más limitado de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la COVID-19, la CGT ha pedido que se tomen medidas internacionales para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y prevenir la mortalidad materna e infantil durante estos momentos difíciles.

Luchar contra la violencia hacia las mujeres

Ejercer presión sobre los gobiernos para que ratifiquen el Convenio 190.

Condenar todas las formas de violencia y acoso por motivos de género, incluida la violencia doméstica, así como publicar y hacer circular el número de línea directa para víctimas de violencia doméstica.

Garantizar que las políticas y medidas contra la violencia y el acoso en el trabajo se implementen y apliquen incluso durante la crisis de la COVID-19.

Instar a los gobiernos a aumentar los recursos asignados a la prevención de la violencia doméstica y la protección de las víctimas, mantener los refugios y aumentar su capacidad de ser necesario.

La ONU denunció el aumento de la violencia doméstica durante el confinamiento debido a la pandemia. Las víctimas de violencia doméstica, que principalmente son mujeres, se encuentran atrapadas con sus abusadores.

En Uruguay, los sindicatos enviaron un fuerte mensaje en sus sitios web y redes sociales: “¡La violencia contra las mujeres no es un daño colateral! ¡No están solas!”, promoviendo los números de línea directa para las víctimas.

En Italia, la CGIL y la UIL trabajaron juntas para promover la puesta en marcha de medidas especiales durante y después de la crisis de la COVID-19. Estas incluyen una amplia campaña para promover el número de línea directa y difundir información sobre las medidas de protección para las víctimas; la identificación de nuevos refugios posibles; la extensión de la licencia para mujeres víctimas de violencia hasta al menos seis meses, y el establecimiento de un fondo destinado a garantizar la salida de las mujeres de la espiral de violencia.

En España, el sindicato CC.OO está exhortando al gobierno a ratificar el nuevo Convenio 190 de la OIT, que contribuye a la mitigación de los impactos de la violencia doméstica en el mundo del trabajo. La Recomendación 206, relacionada con el nuevo convenio, propone, entre otras cosas, licencias para las víctimas de violencia doméstica; arreglos de trabajo flexibles y protección temporal contra el despido para estas víctimas, así como generar conciencia sobre la violencia doméstica.

Mantener los ingresos y proteger el trabajo de las trabajadoras

Llevar a cabo negociaciones nacionales tripartitas o a nivel de empresa/lugar de trabajo para garantizar los ingresos de los trabajadores y proteger a los empleos durante la crisis.

Negociar medidas a nivel mundial con empresas multinacionales para proteger los empleos y los ingresos de los trabajadores en sus cadenas de suministro.

Extender el acceso a las prestaciones y seguros por desempleo a quienes trabajan de forma precaria y en la economía informal.

Negociar con los gobiernos para obtener protección social específica y apoyo de emergencia para los trabajadores vulnerables que no se benefician de las redes existentes de seguridad y protección social (trabajadores en la economía informal, migrantes, etc.).

Negociar con los gobiernos para establecer un apoyo específico para familias de bajos ingresos, en particular para las monoparentales, así como por la suspensión temporal de los pagos de préstamos e hipotecas.

Las mujeres constituyen la mayoría de la mano de obra en algunas de las cadenas de suministro de los sectores de IndustriALL más afectados por la crisis, tales como el sector de la confección.

En la industria de la confección, la situación es alarmante. La caída en los pedidos de las principales marcas y el confinamiento en muchos países productores provocaron el cierre de miles de fábricas y la suspensión temporal o el despido de millones de trabajadoras.

Muchos trabajadores no han recibido ningún salario o asignación y no se benefician de ninguna red de seguridad social.

Algunos afiliados de IndustriALL han logrado garantizar los ingresos de trabajadores, tales como SACTWU en Sudáfrica o Garteks y SPN en Indonesia. A nivel mundial, IndustriALL ha estado negociando con las marcas para tomar las medidas necesarias para pagar los salarios y asignaciones de los trabajadores y proteger los empleos.

A nivel mundial, la mayoría de quienes trabajan de forma precaria y en la economía informal son mujeres. En Canadá, para brindar protección a los trabajadores precarios, UNIFOR exigió que el gobierno federal implemente pagos especiales de asistencia de ingresos de emergencia a los trabajadores vulnerables, incluidos los trabajadores precarios que de otro modo no recibirían beneficios de seguro de empleo.

En Marruecos, la UMT logró negociar medidas para proteger el trabajo de las trabajadoras y trabajadores subcontratados en fábricas de cables del sector automotriz, haciendo que tomaran sus licencias anuales en lugar de que se rescindan sus contratos.

La SEWA, en la India, ha estado apoyando a las trabajadoras informales más vulnerables. Durante el confinamiento en Gujarat, la organización distribuye alimentos, especialmente a los trabajadores migrantes. La organización le pidió al ministerio de trabajo de este país que brinde apoyo económico para que las familias de los trabajadores de la economía informal puedan cubrir sus necesidades básicas, el suministro del Sistema de distribución pública y gratuita de alimentos mientras dure la crisis y seis meses de amortización en el pago de todos los préstamos.

Arreglos de trabajo flexibles y licencias remuneradas para padres

Llevar a cabo negociaciones nacionales tripartitas o a nivel de empresa/lugar de trabajo para establecer acuerdos de trabajo flexibles (horarios flexibles, teletrabajo), reducción del horario de trabajo (con mantenimiento de ingresos) o licencias remuneradas para respetar el derecho de todos los trabajadores a disponer de lo necesario para cuidar de sus familias durante la crisis.

Negociar alternativas de emergencia para el cuidado de los niños para los padres que deben seguir trabajando.

Pedir un cambio en las normas sociales y una distribución más equitativa del trabajo doméstico y el cuidado de los niños entre hombres y mujeres.

El cierre de las escuelas, así como los riesgos específicos que enfrentan los ancianos, tienen un impacto en las mujeres, que son las cuidadoras principales de las familias. Es fundamental establecer medidas que permitan a los trabajadores, y especialmente a las mujeres, mantener sus empleos e ingresos en este contexto. Muchos gobiernos, luego de negociaciones tripartitas, han adoptado medidas para este fin.

Desarrollar un enfoque de género para abordar la crisis

Presionar a los gobiernos y empleadores para que recopilen datos segregados por género para analizar los impactos de la COVID-19 y desarrollar enfoques sensibles al género a corto y largo plazo.

Monitorear las tendencias de desempleo a nivel nacional, así como los despidos a nivel de empresa, para garantizar que las consecuencias de la COVID-19 no exacerben las desigualdades existentes en el mundo del trabajo.

En España, el CC.OO, a través de sus Miradas violetas, está siguiendo de cerca el impacto de género de las medidas orientadas a resolver las consecuencias de la COVID-19.

El derecho a decir que no

ENGFRAESP

¿Qué se entiende por “derecho”?

Un derecho es algo que se nos permite hacer o tener, moral o legalmente.

Los trabajadores no disfrutan automáticamente del derecho legal de rechazar o detener el trabajo inseguro en todas las jurisdicciones o circunstancias. Sin embargo, siempre tenemos el derecho moral de rechazar o detener el trabajo inseguro. En circunstancias graves, entendemos que no solo tenemos el derecho de rechazar o detener el trabajo inseguro, sino que tenemos el deber de hacerlo.

Nuestros problemas surgen cuando el ejercicio de ese derecho se ve desprotegido a causa de represalias de los empleadores.

Cabe mencionar que siempre que los trabajadores disfrutan del derecho legal de rechazar el trabajo inseguro, ya sea porque así se establece en leyes nacionales o regionales, o en los acuerdos de negociación colectiva, este derecho siempre ha venido después del activismo y las exigencias de los trabajadores; nunca lo ha precedido. Rara vez se nos otorgan derechos libremente; debemos exigirlos y luchar por ellos.

Derecho internacional

El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. No establece que estos derechos desaparecen cuando vamos a trabajar. De hecho, el derecho a condiciones satisfactorias de trabajo también se menciona en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Otro documento de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que todos deben tener derecho a condiciones de trabajo seguras y saludables.
Sin embargo, las referencias más importantes al derecho a rechazar el trabajo inseguro provienen de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de las normas internacionales del trabajo. La OIT tiene varios convenios y recomendaciones que mencionan el derecho a rechazar el trabajo inseguro. El más general de estos es el Convenio 155, el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981.
En el Convenio 155 se declara (fragmentos):
•    “Artículo 4 (1). Todo Miembro deberá, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas y habida cuenta de las condiciones y práctica nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo”.
“(2) Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo”.
•    “Artículo 5 (e). La protección de los trabajadores y de sus representantes contra toda medida disciplinaria resultante de acciones emprendidas justificadamente por ellos de acuerdo con la política a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio”.
•    “Artículo 13. De conformidad con la práctica y las condiciones nacionales, deberá protegerse de consecuencias injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud”.
•    “Artículo 19. Deberán adoptarse disposiciones a nivel de empresa en virtud de las cuales: (f) el trabajador informará de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro inminente y grave para su vida o su salud; mientras el empleador no haya tomado medidas correctivas, si fuere necesario, no podrá exigir de los trabajadores que reanuden una situación de trabajo en donde exista con carácter continuo un peligro grave e inminente para su vida o su salud”.
En términos sencillos, esto significa que, dentro del contexto de la legislación nacional, los trabajadores pueden, por motivos razonables, retirarse de trabajo en condiciones inseguras y no regresar hasta que el empleador haya remediado la situación, y si han ejercido este derecho de buena fe, no pueden sufrir consecuencias indebidas.
Otros convenios de la OIT también hacen referencia a este derecho. Por ejemplo, el Convenio 176, el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995; Recomendación 183 sobre seguridad y salud en las minas, 1995; Recomendación 172 sobre el asbesto, 1986; y Recomendación 177 sobre productos químicos, 1990.

Los Convenios de la OIT tienen legitimación legal cuando se ratifican, pero su gobierno nacional puede no haber ratificado estos convenios. Las recomendaciones, como sugiere el título, no son necesariamente exigibles en el ámbito legal. Sin embargo, tanto los Convenios como las Recomendaciones de la OIT se pueden mencionar como parte de las mejores prácticas internacionales, a veces, incluso en países que no han ratificado el Convenio pertinente.

Ley nacional o regional (estatal; provincial u otra) de salud y seguridad en el trabajo

 

Las leyes nacionales o regionales varían mucho en todo el mundo, y es necesario verificar lo que dice la ley en su jurisdicción.

Si el marco legislativo y normativo en materia de salud y seguridad en el trabajo en su jurisdicción protege el derecho a rechazar o detener el trabajo inseguro, normalmente se seguirá un procedimiento estricto para ejercer este derecho. El procedimiento describirá qué tipos de trabajos peligrosos o de riesgo se considerarán legalmente rechazables, y los pasos que debe seguir para negarse a hacerlos. Normalmente, esto incluirá informar el peligro a su supervisor, retirarse del daño inmediato mientras espera que se investigue el asunto y un procedimiento de resolución de conflictos. Asegúrese de familiarizarse con el procedimiento que aplica para usted y sígalo atentamente para protegerse de medidas disciplinarias que puedan tomarse en su contra o del despido.

Incluso si la ley de salud y seguridad en el trabajo no garantiza específicamente el derecho a rechazar el trabajo inseguro, las leyes generales de la mayoría de los países protegen su derecho a defender su propia vida. Este derecho no desaparece cuando ingresa a un lugar de trabajo. Consulte con alguien bien informado sobre las leyes de su jurisdicción.

Acuerdos de negociación colectiva

Consulte su acuerdo de negociación colectiva. Muchos acuerdos de negociación colectiva hacen referencia al derecho a rechazar o detener el trabajo inseguro. A menudo, también se especificará un procedimiento estricto para ejercer este derecho. Asegúrese de familiarizarse con el procedimiento que aplica para usted y sígalo atentamente para protegerse de medidas disciplinarias que puedan tomarse en su contra o del despido.

Conclusión

Cuando un empleador y un trabajador no logran ponerse de acuerdo en la interpretación de la ley laboral o los convenios colectivos, la regla general es cumplir ahora y lamentarse más tarde. Este consejo sirve para proteger al trabajador de las medidas disciplinarias inmediatas o el despido, en el entendido de que, si un mediador laboral o un juez luego falla a favor del trabajador, es posible aplicar un recurso de reparación apropiado. Los salarios perdidos pueden ser reembolsados, los trabajadores pueden ser reincorporados a los puestos que les corresponden, las indignidades pueden ser compensadas.

Sin embargo, en el caso de la salud y seguridad en el trabajo, esta regla general no puede aplicarse. No hay recurso que pueda imponer un mediador que devuelva la vida o la salud si se pierde.

El derecho a rechazar o detener el trabajo inseguro o insalubre no está garantizado automáticamente por la ley o por acuerdos de negociaciones colectivas. Como todos los derechos humanos, afirmamos nuestra autoridad moral cuando la exigimos. Es un derecho que debemos ganar o perder junto con nuestra salud o nuestra vida.

A eso nos referimos los sindicatos cuando decimos “usted tiene derecho a rechazar el trabajo inseguro”.

No se lleve sus derechos a la tumba.