Encontrar nuevas maneras de defenderse

Se tomaron medidas para proteger a los miembros mientras realizaban sus tareas vinculadas a la huelga cada semana. Se limitó la cantidad de miembros en la línea del piquete, se acortaron los turnos del servicio de huelga y se implementó el distanciamiento social y el uso de guantes y desinfectante de manos, entre otras medidas para mantener a todos a salvo.

Ante el problema de no poder celebrar una reunión de ratificación y votación, se desarrolló una idea innovadora en forma de un proceso de tres áreas para llevar a cabo desde el automóvil. En primer lugar, se dispuso un área de entrega del paquete informativo sobre la ratificación, luego una zona de preguntas y, finalmente, un lugar para realizar la votación desde el vehículo.

Si tenían una pregunta, los miembros levantaban la mano por fuera de la ventanilla de su automóvil y un miembro del comité de negociación iba a responder.

En una declaración en su sitio web, la UAW expresó:

“Con el apoyo que recibieron de la Región 8 y la UAW Internacional, los miembros pudieron mantenerse unidos y hacer saber a la empresa que no se limitarían a quedarse cruzados de brazos y aceptar lo que esta quisiera”.

Valter Sanches, secretario general de IndustriALL, felicitó al Local 1407 de la UAW y afirmó que durante la pandemia los sindicatos están encontrando formas innovadoras de luchar por sus miembros y preservar sus derechos.

Muchos sindicatos en Brasil han negociado convenios colectivos que establecen soluciones alternativas para proteger la vida y los derechos de los trabajadores. La mayoría de ellos se han negociado a través de asambleas virtuales, lo que les permite debatir y votar propuestas, al tiempo que se garantiza la participación, la democracia y el aislamiento social.

En una reciente asamblea virtual realizada por el Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SMABC), integrante de la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos (CNM-CUT), los miembros votaron a favor de un acuerdo con Mercedes-Benz en São Bernardo.

El acuerdo garantiza que los trabajadores recibirán entre el 80 y el 100 por ciento de sus salarios durante dos meses y asegura los 8.400 puestos de trabajo hasta el 31 de diciembre.

El Sindicato dos Metalúrgicos do Soracaba (también parte de CNM-CUT), celebró muchas asambleas virtuales en las que se aprobaron convenios colectivos que garantizan salarios y beneficios, además de la estabilidad laboral, en empresas como Bosch, Toyota, Emerson y Schaeffler. Por ejemplo, los trabajadores de Schaeffler acordaron la reducción de las horas de trabajo y los salarios por 90 días, y la suspensión de los contratos por 60 días. En ambas medidas, se garantizó la estabilidad laboral de los trabajadores hasta el 30 de noviembre.

Se pone el foco en la industria farmacéutica para luchar contra la COVID-19

Para IndustriALL Global Union, existe una fuerte dimensión social en las políticas que se aplican a la industria farmacéutica. A su vez, el acceso a medicamentos es una parte importante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, especialmente en relación con el logro de la Salud y bienestar (Objetivo 3). La cobertura sanitaria universal, incluido el acceso a medicamentos, tiene una importancia vital en este aspecto. Incluso antes de la crisis de la COVID-19, mil millones de personas en todo el mundo no podían recibir un tratamiento médico básico, al tiempo que más de dos mil millones carecían de acceso a los medicamentos esenciales.

La cobertura sanitaria universal significa que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin sufrir dificultades financieras, lo que incluye el espectro completo de servicios de salud esenciales y de calidad, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Obviamente, la industria farmacéutica tiene un papel importante que desempeñar para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Salud y bienestar.

La actual pandemia mundial resalta las cuestiones sociales que el sector farmacéutico de IndustriALL tiene que abordar constantemente. El acceso a la medicina vital es un derecho humano universal, un derecho que constantemente está siendo atacado por los especuladores. 

Ya que la COVID-19 es una crisis mundial, todos deberían poder beneficiarse de los productos de la industria farmacéutica. Esto es particularmente cierto al tiempo que grandes cantidades de dinero público y otros recursos (universidades y hospitales, por ejemplo) se ponen a disposición de la industria para acelerar la investigación. La opinión pública mundial espera firmemente que cuando se produzca una vacuna y/o medicamento contra la COVID-19 esta sea accesible para todos. En definitiva, sería inaceptable que hubiera gente sufriendo mientras se distribuyen enormes ganancias entre los accionistas.

A diferencia de lo que sucede actualmente en otros sectores manufactureros, hasta el momento se ha producido muy poca, si alguna, reducción en la actividad en el sector en todo el mundo. Sin embargo, la industria enfrenta posibles cambios a mediano plazo cuando, en el período posterior a la pandemia, cobren impulso las cuestiones importantes como el aumento de la influencia del Estado en el sector y la reducción de la subcontratación de la producción a países con estándares más bajos de seguridad e higiene.

El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, expresó:

“La primera prioridad para nuestros excelentes afiliados del sector farmacéutico es desarrollar el conocimiento para encontrar tratamientos, vacunas y una cura para este terrible virus. Sin embargo, en ese entonces, la industria necesitará realizar una introspección seria acerca de las cadenas de suministro mundiales, el papel del Estado y la manera de garantizar sistemas de salud más fuertes. Estas son grandes preguntas, e IndustriALL continuará facilitando este debate”.

Los trabajadores del área farmacéutica son altamente calificados y educados. Sin embargo, en varios países, los derechos sindicales en este sector son atacados de forma frecuente. IndustriALL responde a esta realidad con campañas de solidaridad y fortalecimiento de redes.

Las tendencias generales que afectan a los trabajadores del sector también incluyen una sociedad en proceso de envejecimiento, el cambio climático, las nuevas tecnologías, la digitalización, el papel de los medicamentos genéricos, las patentes y la reestructuración corporativa. La digitalización de las fábricas farmacéuticas probablemente se acelerará y afectará directamente el empleo en el área.

La mayoría de las empresas multinacionales farmacéuticas más grandes han realizado donaciones multimillonarias en efectivo, materiales, servicios, gel antibacterial y medicamentos para el esfuerzo sanitario contra la pandemia.

Las fuertes denuncias de FCE-CFDT, afiliado a IndustriALL, produjeron un cambio de las políticas en Sanofi. La empresa francesa, que es una farmacéutica prioritaria para IndustriALL, decidió unilateralmente un pago adicional del 15 % del salario de cada empleado, de cualquier país, que debiera continuar trabajando durante la pandemia. La exigencia de FCE-CFDT de una cantidad fija para todos los empleados fue finalmente satisfecha por la dirección. De lo contrario, el personal mejor pago habría recibido más que aquel con salario más bajo.

Sanofi ha unido fuerzas con la empresa farmacéutica británica GlaxoSmithKline para trabajar en una vacuna contra el coronavirus. No hay precedentes en el sector de una asociación de esta magnitud. Las dos empresas combinadas tienen la mayor capacidad de fabricación de vacunas en el mundo y su objetivo es llevar una vacuna de alta tecnología a ensayos en humanos en cuestión de meses. La vacuna se basa en una tecnología existente basada en el ADN que Sanofi usa para fabricar su vacuna contra la gripe.

Los afiliados de IndustriALL representan a los empleados de Sanofi y GSK en todos los continentes.

Estados indios suspenden las leyes laborales y aumentan las horas de trabajo

Ciertos gobiernos estatales, entre ellos los de Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh y Himachal Pradesh, han aumentado la jornada de trabajo a 12 horas y 72 horas a la semana. En una reunión de gabinete celebrada el 6 de mayo, el gobierno de Uttar Pradesh suspendió 35 de las 38 leyes laborales que rigen a los sindicatos, los conflictos laborales y los trabajadores subcontratados. Todos los establecimientos en el estado estarán exentos de cumplir las leyes laborales por un período de tres años.

Los gobiernos estatales que hicieron cambios radicales están encabezados por el Partido Bharatiya Janata (BJP), de derecha, que también es el partido del gobierno central. Mientras las asambleas legislativas o el parlamento no estaban en sesión, se modificaron las leyes laborales de forma agresiva a través de órdenes ejecutivas. Estos cambios socavan los principios y derechos laborales fundamentales, al tiempo que revierten lo obtenido en materia de trabajo digno a lo largo de décadas de lucha sindical.

Los trabajadores del cemento en Chattisgarh se manifiestan en contra de las modificaciones en la legislación laboral. El cartel dice: “No cambien la legislación laboral a favor de las empresas”.                                    

El gobierno de Gujarat eximió a nuevas plantas industriales de cumplir las leyes y normas laborales durante 1200 días. En su caso, solo se aplicarán tres leyes: la Ley de Salarios Mínimos, las Normas de Seguridad Industrial y la Ley de Compensación de los Empleados.

Madhya Pradesh otorgó exenciones de las obligaciones legales establecidas bajo diversas leyes laborales, que incluyen la Ley de Fábricas, la Ley de Relaciones Industriales, la Ley de Controversias Industriales y la Ley del Contrato Laboral. Este estado tiene la intención de aumentar las exenciones a través de modificaciones mediante orden ejecutiva por un período de 1000 días. 

Por un período indefinido, once categorías industriales correspondientes al sector textil, del cuero, del cemento, del hierro y el acero, de productos eléctricos, de la electricidad, del transporte público motorizado y de ingeniería, incluido el sector automotriz, estarán exentas de cumplir la Ley de Relaciones Industriales de Madhya Pradesh. No se realizarán inspecciones en las empresas con menos de 50 empleados y no se hará ningún control sorpresa.

“Debe pagarse el salario total durante el período de confinamiento”

Himachal Pradesh, Rajasthan, Tripura y Punjab también aumentaron las horas de trabajo y eximieron a los establecimientos de cumplir las leyes laborales.

El 1 de mayo, durante una reunión con el ministro de Trabajo, representantes de centrales sindicales expresaron una serie de demandas al gobierno:

El gobierno no tomó medidas con respecto a ninguna de las demandas sindicales.

El 6 de mayo, el ministro de Trabajo se reunió con los empleadores, cuyas demandas incluyen la flexibilización de la Ley de Controversias Industriales para tratar el período de confinamiento como un despido, suspender las leyes laborales por los próximos 2-3 años, salvo por las disposiciones con respecto a salarios mínimos, bonificaciones y cuotas legales, y aumentar la jornada de trabajo a 12 horas por día.

Valter Sanches, secretario general de IndustriALL Global Union, expresó:

“Condenamos enérgicamente el intento de los gobiernos estatales de la India de aumentar las horas de trabajo y suspender las leyes laborales. No olvidemos que los trabajadores están en la primera línea de lucha frente a la COVID-19”.

“El gobierno central no debe permitir cambios draconianos en la legislación laboral que vayan en contra de los derechos humanos establecidos internacionalmente y las normas internacionales del trabajo. Los gobiernos estatales deberían retirar de inmediato los cambios antiobreros en la legislación laboral. IndustriALL Global Union se solidariza con el movimiento sindical indio para defender los derechos de los trabajadores”.

La plataforma conjunta de Sindicatos y Federaciones/Asociaciones Centrales denunció con vehemencia los cambios en la legislación laboral. Los sindicatos están planificando tomar acciones a nivel nacional a la brevedad.

Protección de los trabajadores en Myanmar

La pandemia de la COVID-19 ha causado una crisis en la industria de la confección de Myanmar, con graves impactos económicos para los trabajadores. En una iniciativa liderada por un sindicato, unos 100.000 trabajadores de la confección de este país se beneficiarán de medidas acordadas con marcas y empleadores.

Las partes se comprometen a cooperar de buena fe para garantizar la salud y seguridad en el lugar de trabajo de los empleados de la confección y el calzado en Myanmar y mitigar el impacto de la crisis sobre las fábricas y los trabajadores.

Esto incluye colaborar con las organizaciones pertinentes para movilizar recursos con el fin de cubrir la pérdida salarial de los trabajadores del sector de abril a julio, en coordinación con la acción mundial para apoyar a la industria de la confección, y asistir en la investigación de la OIT para calcular la financiación necesaria con respecto a las pérdidas de salarios.

Además, las partes acuerdan apoyar el desarrollo de pisos de protección social, extender la protección social para los trabajadores y empleadores de la industria de la confección en Myanmar y promover el cumplimiento de las normas de salud y seguridad.

Una característica importante del acuerdo es que exige que se observen las Directrices sobre la libertad de asociación de Myanmar en las fábricas proveedoras de la ACT y que promueve el cumplimiento toda la industria.

La declaración acordada describe compromisos específicos para los sindicatos, los empleadores y las marcas.

Los sindicatos se comprometen a promover lugares de trabajo seguros y saludables. Esto incluye generar conciencia entre los trabajadores para seguir las medidas de protección contra infecciones.

Del mismo modo, los empleadores se comprometen a promover lugares de trabajo seguros y saludables basados en las regulaciones y directrices relacionadas con la COVID-19 establecidas por el gobierno de Myanmar. Esto incluye participar activamente en el diálogo, proporcionar información y obtener asesoramiento sobre la estrategia comercial de la empresa en respuesta a la pandemia y las posibles medidas conjuntas para mitigar la crisis.

Las marcas globales que han respaldado la declaración (hasta ahora H&M, Inditex, Next, Tchibo y Bestseller) se comprometen a pagar a los fabricantes por los productos terminados y los que están en producción, así como a mantener líneas de comunicación abierta rápidas y efectivas con los socios de la cadena de suministro sobre el estado de las actividades comerciales y la planificación a futuro.

“Las Directrices sobre la libertad de asociación de Myanmar han sentado las bases para la cooperación en la industria de la confección del país y han permitido a las partes llegar a un acuerdo sobre cómo responderán colectivamente a la crisis de la COVID”,

expresó la secretaria general adjunta de IndustriALL, Jenny Holdcroft.

“Este acuerdo es un marco concreto para una acción conjunta adicional para abordar los impactos de la próxima fase sobre las fábricas y los trabajadores. Exhortamos a todos los empleadores y marcas que obtienen sus productos en Myanmar a respaldarlo”.

Sindicato reclama justicia para un trabajador asesinado a tiros por la policía en Nigeria

El uso de medidas desproporcionadas por las fuerzas de seguridad durante el confinamiento ha sido condenado por los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país (NHRC). La NHRC afirma que la policía y otras fuerzas de seguridad mataron a 11 personas durante la aplicación del confinamiento por la COVID-19 y violaron varios derechos humanos.

La mayoría de las violaciones incluyeron la libertad de movimiento, arrestos y detenciones ilegales, confiscación de bienes, violencia sexual y de género, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y extorsión.

Okameme era un empleado de la gasolinera de Greenmac Energy en la ciudad de Aba. NUPENG exige que la familia Okameme sea indemnizada y que el gobierno investigue el asesinato.

El presidente y el secretario general de NUPENG, Williams Eniredonana Akporeha y Afolabi Olawale señalan en un comunicado:

“La vida de los trabajadores es valiosa, y haremos todo lo posible para obtener justicia. Se debe llevar a cabo una debida investigación y se deben tomar otras medidas apropiadas para detener a otros oficiales de gatillo fácil. Los oficiales de policía deben ser instruidos para entender que se espera el uso de una fuerza mínima en momentos en que se encuentran entre población civil desarmada”.

“Sin embargo, creemos que es seriamente perturbador el desafortunado silencio del gobierno del estado de Abia sobre el gravísimo asesinato de un trabajador en la primera línea de la lucha contra la COVID-19, y exhortamos urgentemente al gobierno federal a que intervenga en este asunto antes de que se degenere más”.

La secretaria regional de IndustriALL para el África Subsahariana, Paule France Ndessomin, afirmó:

“La mano dura de la policía en Nigeria haciendo frente a las regulaciones del confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus es aterrador. La vigilancia del orden público durante la pandemia debe apuntar a hacer campaña por controles sanitarios, distanciamiento social y la realización de análisis, y no hacia el uso de la fuerza letal en trabajadores desarmados y civiles”.

Con la pandemia aún lejos de terminar, el confinamiento se ha extendido en algunos estados y flexibilizado en otros, dependiendo de varios factores locales.

Según el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria, el 12 de mayo el país tenía 4787 casos confirmados de COVID-19, mientras que 959 personas estaban recuperándose tras ser dadas de alta del hospital. Hasta ahora se han registrado 158 muertes, y dos casos en el estado de Abia.

La Federación minera de Perú denuncia nuevos casos de Covid-19

El Estado de emergencia sanitaria de Perú por la pandemia de enfermedad por coronavirus inició en marzo y culminará el 24 de mayo. Si bien en un principio la minería no estaba considerada como actividad esencial, el sector empresarial presionó al gobierno y logró que las minas continuaran operando.

La FNTMMSP denuncia que, desde entonces, hubo 252 trabajadores mineros que contrajeron la enfermedad y uno que falleció. Por ese motivo, la organización sindical le escribió recientemente al presidente de Perú, Martín Vizcarra y a la ministra de energía y minas, Susana Vilca para exigirles mayores medidas de seguridad en los lugares de trabajo a fin de garantizar la vida de los trabajadores.

El secretario general de la Federación, Jorge Juárez, explicó que las empresas fallaron en la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 para asegurar la seguridad de los trabajadores, ya que hay falta de control y no realizan un seguimiento.

Por ello, le pidió al gobierno que les realice pruebas moleculares a los trabajadores mineros, que designe personal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en cada mina para supervisar las condiciones de seguridad laboral, y que posibilite una mayor participación de los trabajadores de cada empresa minera en los Comité de seguridad y salud del trabajo, con la finalidad de proponer, evaluar y actualizar protocolos internos para evitar contagios COVID 19.

Por su parte, el gobierno firmó un Decreto supremo el 2 de mayo donde aprobó la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia sanitaria nacional. Pactó que en el caso del sector minero, contaría con un “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector minería” que publicó posteriormente el 6 de mayo. 

La Federación sindical solicitó que el gobierno asegure que dicho protocolo sectorial efectivamente proteja a los trabajadores que laboran durante la cuarentena y resulten contagiados con el COVID-19, debiéndose considerar estos casos como accidentes de trabajo o enfermedad profesional.  

Finalmente, demandó que el dinero de los trabajadores que administra FONDOEMPLEO sirva para equilibrar los impactos negativos para los trabajadores y garantizar su salud en esta etapa de crisis.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Lamentamos que, una vez más, los trabajadores tengan que poner a sus vidas y familias en riego. Es asombroso cómo las transnacionales no respeten y ni promuevan el diálogo social en nuestra región. Aunque exista la posibilidad de nuevas muertes e infecciones generalizadas en la población, el gran capital busca seguir obteniendo ganancias.

Esperamos que el gobierno y las empresas mineras promuevan el diálogo con los sindicatos de la Federación Minera para acordar medidas en defensa de la dignidad y de la vida.”      

Sindicatos llaman la atención a LafargeHolcim: “¡No hay lugar para fiestas en tiempos de pandemia!”

Debido a la pandemia, el grupo líder de materiales de construcción, LafargeHolcim, anunció que este año no celebrará su AGM, y se podrá votar sólo a través de un representante independiente. Dado que es imposible dirigirse a los accionistas cara a cara, IndustriALL Global Union, junto con sus organizaciones hermanas, la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (BWI) y la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (EFBWW) se dirigió a estos a través de una declaración.

Las tres organizaciones criticaron los dividendos exorbitantes que se les ofrece a los accionistas de LafargeHolcim mientras sus trabajadores luchan por sobrevivir.

En su declaración conjunta, IndustriALL, BWI y EFBWW, insistieron en que la empresa debe garantizar que “los acuerdos de negociación colectiva, las leyes nacionales y las recomendaciones de las autoridades públicas se respeten plenamente y se apliquen de manera adecuada. Esto es pertinente especialmente en lo referido a las medidas de seguridad y salud en el trabajo, en particular, las medidas contra la COVID-19, la organización de las horas de trabajo y el derecho a salarios o compensaciones salariales”.

A pesar de este llamado de atención de los sindicatos, la junta directiva de LafargeHolcim recibió la aprobación por parte de sus accionistas, que votaron a favor de dividendos excesivos de 2 francos suizos por acción. LafargeHolcim pagará:

En su declaración, IndustriALL, BWI y EFBWW criticaron fuertemente esta propuesta de la empresa e informaron a los accionistas que “están obligando a los trabajadores de LafargeHolcim que necesitan quedarse en sus casas a utilizar toda su licencia anual disponible para 2020 y para 2021 para seguir recibiendo su salario básico. Los empleados de los contratistas no reciben ningún apoyo por parte de LafargeHolcim”.

Además, las tres organizaciones exigieron que LafargeHolcim pusiera en marcha medidas de salud y seguridad destinadas a combatir la COVID-19, así como a respetar los derechos fundamentales de los trabajadores.

Hoy se reveló que, lamentablemente, los accionistas de LafargeHolcim ignoraron las demandas de los sindicatos y apoyaron todas las propuestas de la junta directiva.

Kemal Izkan, secretario general adjunto de IndustriALL, expresó:

“Los empleados permanentes y subcontratados en las operaciones de LafargeHolcim se enfrentan a desafíos extraordinarios durante esta pandemia de la COVID-19. Es impactante ver que LafargeHolcim paga estos dividendos tan exagerados, que ni siquiera están sujetos a impuestos”.

“Es completamente inaceptable que, solo en el año 2019, treinta y siete trabajadores de LafargeHolcim perdieran la vida. Instamos encarecidamente a LafargeHolcim a que detenga esta fiesta en un momento de pandemia e invierta más en el diálogo social, proteja la salud y la seguridad de todos los empleados y garantice sus ingresos en una situación económica difícil”. 

“Repetimos nuestro eslogan: Exigimos el respeto de los derechos de los trabajadores: ¡las personas valen más que las ganancias!”.

140 millones de trabajadores en Latinoamérica ven amenazados sus medios de subsistencia

El informe de la OIT asegura que el panorama para América Latina y el Caribe es sombrío y desafiante, principalmente para los trabajadores informales, quienes serán los más afectados por la crisis sanitaria.

Explica que las personas que trabajan en condiciones de informalidad ven reducidos sus ingresos hasta en un 81%, con un riesgo de perder sus medios de subsistencia, es decir, las capacidades, los bienes, los ingresos y las actividades necesarios para asegurar que se cubran sus necesidades vitales.

Esto se debe principalmente a que se perdió el 10,5% de las horas de trabajo en la región desde que inició la pandemia, lo que equivale a entre 25 y 31 millones de empleos a tiempo completo. El documento asegura que estas repercusiones sobre los trabajadores informales evidenciaron los problemas de inestabilidad laboral, bajos ingresos, precariedad, y escasa o nula protección que enfrentan.

En tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó un informe donde asegura que la pandemia del COVID-19 llevará a la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región: el PIB caerá -5,3% en 2020.

También anticipan un importante deterioro de los indicadores laborales en 2020. El número de desempleados de la región aumentaría a 37,7 millones. La caída del PIB y el aumento del desempleo también tendrían un efecto negativo directo sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad de contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. En ese contexto, 29 millones de personas estarán en situación de pobreza y 16 millones de personas en la pobreza extrema.

Además, el documento señala que la desigualdad de género se acentuará con medidas como el cierre de las escuelas, el aislamiento social y el aumento de personas enfermas, porque aumentará la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres. Por otro lado, la crisis provocará en el mediano plazo cambios estructurales en la organización productiva, el comercio internacional y el actual modelo de globalización.

Tanto la OIT como CEPAL aseguran que es recomendable la implementación de medidas de protección social para apoyar a la población más vulnerable, contener así el riesgo de colapso socioeconómico y prevenir los rebotes de la pandemia cuando haya una reactivación de la economía.

A su vez, recomiendan que los países promuevan el diálogo social tripartito para que las medidas tengan viabilidad y sostenibilidad política. Consideran urgente acceder a recursos financieros con base en un apoyo de los organismos financieros multilaterales y promover políticas industriales que permitan a la región tanto fortalecer sus capacidades productivas, como generar nuevas capacidades en sectores estratégicos para alcanzar un desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Como trabajadores y sindicatos debemos organizar a la clase trabajadora, principalmente a los excluidos del sistema. Tenemos que construir una agenda social y de desarrollo sostenible contundente, que atienda de inmediato y no sea únicamente paliativa. Hay que apoyar un nuevo rol e intervención del estado.

Es necesario articular a la sociedad civil y a los gobiernos progresistas para que, como dice la canciller alemana Ángela Merkel, el gran capital redistribuya hacia el bien colectivo, el regreso nos incluya a todos/as y el desarrollo sea sostenible.”

Trabajadores farmacéuticos surcoreanos denuncian a Zoetis

Desde junio de 2019, la dirección de Zoetis en Corea del Sur ha obstaculizado los esfuerzos de los empleados para formar un sindicato, cometido varios casos de intimidación y acoso, y socavado a la organización sindical. El Ministerio de Trabajo tomó conocimiento de estas violaciones e identificó las prácticas laborales injustas.

 

El 12 de mayo, IndustriALL escribió a la directora ejecutiva de Zoetis, Kristin Peck, en la sede de la empresa en Nueva Jersey, EE. UU., con el fin de exigir una solución justa para las violaciones de los derechos laborales en Corea del Sur.

Los detalles del caso están relacionados con un grupo de empleados de Zoetis en Corea del Sur, quienes formaron un sindicato en 2015. En 2018, la empresa comenzó a discriminar a los miembros del sindicato, al priorizar a quienes no formaban parte de este a la hora de otorgar ascensos. El comportamiento hostil de la dirección en las negociaciones para un acuerdo de negociación colectiva (CBA) incluyó fuertes restricciones a la licencia sindical, al tiempo que declaraba unilateralmente un aumento salarial externo a la negociación.

En junio de 2019, los nuevos gerentes de recursos humanos comenzaron a intimidar a cualquier persona relacionada con el sindicato. El CBA no se implementó, y los miembros y representantes sindicales recibieron amenazas de sanciones, acusaciones y denuncias. Esto llevó al sindicato a emprender una huelga parcial los días 25 y 26 de junio. Los empleadores respondieron cerrando completamente el lugar de trabajo durante 28 días.

 

El Ministerio de Trabajo intervino y fue testigo de las prácticas laborales injustas de la empresa. Estas incluían castigos por afiliación sindical, acoso e intimidación, así como contactar a los familiares mediante una carta de acción disciplinaria contra los miembros del sindicato.

En octubre, en un nuevo aumento de los ataques ilícitos de la dirección al sindicato, se sancionó al presidente del sindicato local con una suspensión de tres semanas y se aplicaron medidas disciplinarias a 14 miembros. Estas acciones fueron declaradas injustas por la comisión de relaciones laborales e impulsaron al sindicato a emprender una huelga parcial nuevamente, a partir del 20 de noviembre de 2019.

El 10 de enero de 2020, el Ministerio de Trabajo transfirió el caso de prácticas laborales injustas al ministerio público, con cargos de negligencia en la negociación colectiva, discriminación contra los miembros del sindicato y cierre patronal ilícito.

El 13 de marzo de 2020, la dirección ordenó al presidente del sindicato local que se quedara en casa, detuviera todo contacto con otros empleados, incluidos los miembros del sindicato, y que dejara de usar los sistemas electrónicos de la empresa. El 10 de abril, el presidente del sindicato local fue despedido. La dirección ya ha sancionado o está llevando a cabo procedimientos disciplinarios contra 18 miembros sindicales.

El 26 de marzo, la empresa rechazó una solicitud sindical para usar la licencia anual remunerada cuando los empleados presentan síntomas de gripe, ya que Corea no proporciona un sistema legal de licencia por enfermedad.

Tom Grinter, director del sector farmacéutico de IndustriALL, declaró:

“Nuestras compañeras y compañeros de KCTF continúan realizando piquetes y protestando localmente contra estas violaciones impactantes. IndustriALL exige una intervención urgente de la sede mundial de Zoetis para exigir a los gerentes de Corea del Sur que actúen de acuerdo con la ley, las normas internacionales del trabajo y las creencias básicas de la empresa”.

Zoetis es la empresa de salud animal líder en el mundo, emplea a 10.000 personas a nivel global y genera US$ 6000 millones al año en ingresos. La empresa investiga y fabrica productos farmacéuticos para animales, entre ellos vacunas veterinarias, medicamentos y productos para el diagnóstico, así como una gama de productos utilizados en la ganadería. Zoetis fue anteriormente parte de la gran multinacional Pfizer, hasta convertirse en una empresa independiente en 2013.

Sindicatos del sudeste asiático se valen de Internet para defender los derechos de los trabajadores

Los dirigentes sindicales están utilizando plataformas de comunicación en línea para explicar cómo se protegen los derechos de los trabajadores bajo las leyes laborales nacionales o para analizar la respuesta política ante la COVID-19. Algunos sindicalistas han empleado la vía telefónica para negociar con los empleadores y evitar la reducción de salarios.

En Myanmar, aunque el gobierno no ha impuesto el confinamiento a nivel nacional, los líderes de la Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar (IWFM) tomaron medidas preventivas al celebrar reuniones en línea con dirigentes sindicales a nivel de fábrica.

“Muchos empleadores están atacando a los sindicatos escondiéndose detrás del impacto de la COVID-19. Reducen los salarios o se niegan a pagarlos en su totalidad, y algunos miembros del sindicato han sido despedidos sin indemnización por despido. Nosotros les informamos sobre lo que los empleadores pueden o no pueden hacer de acuerdo con las leyes”,

expresó el presidente del IWFM, Khaing Zar, quien también es miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union.

En Filipinas y Malasia, el control del movimiento está fuertemente restringido. Como cualquier actividad física es casi imposible, los sindicatos en ambos países celebraron foros en línea sobre el impacto de la COVID-19 en los trabajadores junto con el Primero de Mayo.

“La manera en la que los sindicatos pueden ofrecer un servicio eficaz después de la COVID-19 se ha convertido en una cuestión desafiante”,

expresó Gabriel Aranzamendez, presidente nacional de la Confederación de Trabajadores Filipinos (CFW).

“Confiamos en que los sindicatos puedan adaptarse rápidamente a la nueva normalidad y mejorar nuestra estrategia de comunicación. Es imperativo que las organizaciones laborales tengan una relación de trabajo más colaborativa con el gobierno para acelerar el proceso de recuperación de nuestra nación”.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Equipos de Transporte e Industrias Afines de Malasia, N. Gopalkishnam, presentó diez demandas de la Coalición para la Reforma de la Ley Laboral en un foro con motivo de la COVID-19. El dirigente exhortó al gobierno a consultar a los sindicatos mediante el uso de plataformas de teleconferencia sobre asuntos vinculados a los trabajadores, incluidas las reformas de la legislación laboral.

Después de hacer frecuentes llamadas telefónicas para negociar con los empleadores sobre reducciones salariales poco razonables durante el confinamiento en el país, Gopalkishnam afirmó:

“Siete empresas afirmaron que solo podían permitirse pagar del 50 al 70 por ciento de los salarios en abril. Dado que viajar y reunirse físicamente con los empleadores es imposible, negociamos por teléfono”.