Una Transición Justa para los trabajadores de las centrales térmicas españolas

El pacto implica la creación de un marco para el seguimiento de los trabajadores implicados, a través de planes de formación específicos y medidas orientadas a la recolocación.

En los últimos años, las perspectivas de funcionamiento de las centrales térmicas se han visto afectadas por una serie de factores técnicos, económicos y regulatorios, como las políticas de transición a las energías renovables, mientras que las empresas tienen que hacer inversiones para reducir las emisiones de las centrales. De acuerdo con una directiva europea, las centrales eléctricas que no inviertan para reducir sus emisiones deben cerrar en 2020.

El cierre de 12 de las 15 centrales térmicas en España afectará a unos 2.300 trabajadores, de los cuales 1.300 están empleados directamente por las tres empresas, mientras que 1.000 trabajan para empresas subcontratistas.

En el acuerdo firmado el 17 de abril, el Gobierno y las empresas se comprometen a buscar proactivamente inversores con proyectos que puedan ser localizados en las zonas afectadas, Asturias, Aragón, Castilla y León, Galicia y Andalucía teniendo en cuenta las características y particularidades de cada territorio.

Las empresas firmantes se han comprometido a desarrollar planes de apoyo y trabajarán para mantener el empleo mediante la reubicación de los puestos de trabajo directos y priorizando la contratación de trabajadores de las empresas auxiliares. Las empresas están estudiando planes de recolocación de su propio personal y considerando la prioridad de contratar trabajadores de empresas auxiliares para tareas relacionadas con las nuevas actividades y el desmantelamiento y restauración de las plantas.

Habrá medidas específicas para facilitar el empleo de los trabajadores mayores de 52 años, ayudando a las empresas con bonificaciones por su contratación. Las empresas también harán propuestas de nuevas inversiones en los mismos territorios relacionadas con la generación de energía a través de energías renovables.

Los sindicatos se comprometen a facilitar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos en materia de formación, prevención de riesgos laborales, reindustrialización y difusión del acuerdo.

Las partes han acordado crear un comité de seguimiento para asegurar el cumplimiento del acuerdo, que se reunirá cada seis meses o cuando una de las partes lo solicite.

Comenta Agustín Martín, secretario general del CC.OO. de Industria:

"Estamos trabajando incansablemente en la transición energética, exigiendo que se haga de manera justa para los trabajadores y los territorios afectados. Seguiremos proponiendo, negociando y firmando acuerdos para buscar nuevas oportunidades para los afectados. Este acuerdo es la base para que los firmantes a todos los niveles (estatal, regional, provincial, comarcal y local) busquen soluciones para los trabajadores afectados por el cierre de las centrales térmicas de carbón".

Dice Pedro Hojas, secretario general de UGT-FICA:

"Hemos estado trabajado para garantizar una Transición Justa para los trabajadores de la empresa principal y de las empresas contratistas y que los territorios tengan alternativas industriales y laborales desde hace más de un año que se iniciaron las negociaciones. Las empresas propietarias de las centrales térmicas se han comprometido a invertir en estos territorios a través de sus propios proyectos y a atraer otro tipo de proyectos.”

"Todos los niveles de la Administración, tanto el Gobierno de la nación, como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, se han comprometido a trabajar conjuntamente y a proporcionar los recursos económicos necesarios para que nadie se quede sin trabajo. Este acuerdo sienta las bases para cumplir los objetivos que nos fijamos al inicio de las negociaciones".

El sector eléctrico en España emplea a 85.000 personas y representa casi una cuarta parte del consumo final de energía del país y contribuye en torno al 2% al PIB.

Sindicatos del sector químico responden a la COVID-19

Particularmente en Europa y en las grandes empresas multinacionales se han tomado importantes medidas sociales para proteger el empleo.

En Alemania, el IG BCE ha llegado a un acuerdo para todo el sector químico con la confederación de empleadores BAVC llamado “Acuerdo ante la crisis”, que se extiende hasta finales de este año. El acuerdo posibilita aumentos salariales para los trabajadores de tiempo reducido. El IG BCE dice que el trabajo de tiempo reducido pronto se convertirá en un lugar común en el sector en Alemania, que emplea a aproximadamente 1,1 millones de personas. El sindicato está organizando seminarios web de información para sus representantes del comité de empresa.

En Brasil, la mayoría de las fábricas de plástico y algunas fábricas de productos químicos están cerradas, mientras que las farmacéuticas están desarrollando tratamientos. Los trabajadores enviados a casa por el virus son remunerados en parte por el Estado y en parte por la empresa, según indique la legislación estatal y la fortaleza sindical en la fábrica. Al menos la mitad de los salarios están cubiertos por el Estado.

El 17 de abril, Fequimfar firmó un convenio colectivo para todo el sector en el Estado de San Pablo, que abarca 150.000 trabajadores de productos químicos, plásticos y fertilizantes. El acuerdo significa que los trabajadores no perderán salarios debido a la reducción en las horas de trabajo. El CNQ-CUT ha negociado un acuerdo de referencia con BASF que sirve como un excelente ejemplo para el sector en Brasil.

El secretario general adjunto de la IndustriALL, Kemal Özkan, expresó:

“La industria química sustenta la economía global, y nuestros sindicatos del sector químico afiliados están respondiendo a esta crisis con firmeza y madurez. Vemos fuertes acuerdos nacionales, muchos de ellos específicos de la crisis, con empresas nacionales y mundiales, y una flexibilidad de producción para fabricar equipos importantes para la lucha contra la pandemia”.

Muchas empresas de productos químicos han cambiado su producción para hacer desinfectantes, y la materia prima para estos, con el fin de que sean utilizados en la lucha contra la pandemia. Entre otras, BASF, Dow Chemical, Ineos, Shell, DSM y Mol.

Solvay, empresa asociada de GFA, ha lanzado un fondo de solidaridad para brindar apoyo adicional, tanto financiero como no financiero, a cualquier empleado y dependiente que pueda experimentar dificultades debido al impacto de la pandemia del coronavirus.

Muchas de las principales empresas del sector han anunciado que garantizarán la licencia por enfermedad paga y la remuneración salarial íntegra durante tres meses en caso de despidos temporales. Entre estas, Solvay, Yara y Unilever.

En los EE. UU., el USW negoció un protocolo de coronavirus COVID-19 con BASF que puede servir de modelo para el resto de la industria química estadounidense para mantener las instalaciones en funcionamiento y a los trabajadores seguros.

En Austria, se ha establecido una norma nacional sobre el empleo de tiempo reducido para evitar la pérdida de puestos de trabajo. Se aplica a todos los sectores por un período de tres meses, pero puede prorrogarse. Los comités de empresa y los sindicatos han garantizado los derechos de participación, y las propuestas deben estar en acuerdo.
 
En Bélgica e Italia, afiliados de IndustriALL han estado en conflicto por la categorización de todo el sector químico como servicios esenciales, lo que ha significado que los trabajadores que fabrican productos como cinta adhesiva no son enviados a casa para cumplir con el aislamiento. Los sindicatos italianos del sector químico han firmado acuerdos con las organizaciones de empleadores de productos químicos sobre la gestión conjunta para atravesar la crisis.

En Japón todas las fábricas del sector están siguiendo medidas similares para prevenir la propagación de la infección, incluidos controles de temperatura de todos los que entran al país.

En el Reino Unido, sindicatos como Unite se unieron con el organismo empleador de la Asociación de Industrias Químicas para enviar un mensaje conjunto al gobierno de que están “uniendo sus esfuerzos para hacer todo lo posible para poner fin a la pandemia del coronavirus y mitigar el impacto social y económico”.

En Hungría, el afiliado de IndustriALL en el sector químico, VDSz, está luchando contra una extensión unilateral de la “Ley de la esclavitud” del gobierno de Orban, anunciada el Viernes Santo para restringir aún más las oportunidades de reacción. Otorga a los empleadores poder unilateral para ordenar a los trabajadores un período de referencia de 24 meses, en virtud del cual se suspenden las medidas del convenio colectivo. El gobierno consultó a los empleadores, pero no a los sindicatos en la elaboración de esta medida.

En Noruega, el gobierno está interviniendo para cubrir la mayoría de los costos de los trabajadores que no pueden trabajar debido a la pandemia.

En Suecia la mayoría de la industria ha continuado la producción.

En Finlandia, el sector químico ha sido nominado como un servicio esencial y los sindicatos están de acuerdo con ello.

En Uruguay, se ha utilizado el sistema tripartito de negociación para establecer medidas para los trabajadores afectados en el sector, incluido un fondo social, y medidas para trabajar desde los hogares.

En Colombia y Perú los trabajadores del sector sufren la grave falta de protección social legal.

La Red sindical del Grupo Techint solicita un diálogo global

La crisis social, económica y sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 repercute fuertemente sobre los trabajadores del Grupo Technit en todo el mundo. Así lo confirmaron recientemente los miembros de la Red sindical mundial en la reunión virtual que desarrollaron el 17 de abril.

El sindicato Sintratucar de Colombia informó que Tenaris Tubocaribe suspendió los contratos de trabajo sin salarios, a pesar de que no se permiten suspensiones o despidos colectivos en el país por motivo del Covid-19. Además, les ofreció un préstamo por el equivalente al 50% de cada sueldo. El sindicato busca negociar y dialogar con la empresa, la cual se resiste e impone medidas de forma unilateral.

En Guatemala, Sintraternium dijo que Ternium intentó tomar una serie de decisiones de manera unilateral pero el sindicato logró establecer instancias de negociaciones e impedirlo. Llegaron recientemente a un acuerdo donde pautaron que no van a efectuarse despidos y en su lugar concertaron la suspensión de los contratos de trabajo por 12 semanas. Trabajarán 4 semanas de forma rotativa para mantener los salarios completos con pago de horas extras.

En el caso de Tenaris en Italia, el sindicato FIM/FIOM aseguró que la compañía presiona para reiniciar todas las actividades laborales por considerar la rama de la energía es esencial, aunque persiste una dramática emergencia de salud. El sindicato mantiene que la esencialidad se le debería atribuir únicamente a la producción de tubos de oxigeno para los hospitales. Actualmente desarrollan negociaciones tripartitas para reiniciar las actividades de manera progresiva, con un 40% de los trabajadores, con todos los protocolos de seguridad e higiene.

En tanto, la UOM de Argentina comunicó que el Gobierno Nacional dispuso el aislamiento social obligatorio mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que el sector sindical acató al 100% y paró la planta durante un mes. En ese tiempo la empresa intentó comunicarse con cada trabajador para que volvieran a trabajar, en desconocimiento al DNU y al sindicato. Recientemente se publicó una resolución con un protocolo de producción para retomar las actividades de forma mínima, el cual que va a tener que controlar el sindicato.

Dadas estas circunstancias, la Red sindical decidió enviarle una carta al presidente de la empresa, Gianfelice Mario Rocca, el 22 de abril para solicitarle que Techint Group y sus subsidiarias (Tenaris y Ternium) trabajen tanto con IndustriALL Global Union como con Techint Group Global Union Network para promover instancias de negociación bipartitas a nivel nacional y local. Desean negociar una serie de medidas para mantener empleos, salarios y la salud de los trabajadores.

Los integrantes de la Red sindical le propusieron a Rocca sostener reunión en línea para dialogar al respecto:  

“Dada la urgencia de la situación, instamos al Grupo Techint y sus subsidiarias a trabajar estrechamente con nosotros para garantizar la salud y la seguridad de la fuerza laboral de la compañía, y contribuir a la sostenibilidad de la compañía en este momento difícil. Le ofrecemos celebrar una reunión virtual lo antes posible.“

USO Colombia pide proteger a los trabajadores tercerizados de Ecopetrol

Las empresas contratistas que trabajan con Ecopetrol prescindieron de los servicios de al menos 8000 trabajadores tercerizados desde que inició la pandemia del COVID-19 en Colombia. La USO denomina esta situación como una “masacre laboral” y le exige a Ecopetrol que proteja a los trabajadores tercerizados.

Un trabajador de la unidad de Ecopetrol en Barrancabermeja, Juan Manuel Fonseca, de 49 años falleció el 8 de abril fruto de la enfermedad de COVID-19 (Coronavirus). La USO sostuvo reuniones con las autoridades de Ecopetrol donde le exigió medidas de salud y seguridad laboral para todos sus trabajadores.

Los dirigentes sindicales reconocen que desde entonces Ecopetrol escuchó los reclamos e implementó medidas de prevención. Aún así, reclaman mayores esfuerzos para proteger especialmente la salud, seguridad y empleos de los trabajadores tercerizados.

“A partir del fallecimiento del trabajador por el COVID-19, Ecopetrol aceptó la gran mayoria de las propuestas y recomendaciones de la USO, en materia de salud y seguridad laboral.  A lo que no respondió es a las solicitud en materia laboral para los trabajadores tercerizados.

Ecopetrol se desprendió de toda responsabilidad laboral frente a estos trabajadores y se la trasladó a las empresas contratistas. Creemos que no puede lavarse las manos para generar una masacre laboral frente a los trabajadores tercerizados”

dijo el secretario de relaciones internacionales de la USO, Ludwing Gómez Almeida.

La organización sindical aseguró que, por ejemplo, la refinería Barrancabermeja terminó contratos de 800 trabajadores tercerizados de forma arbitraria e ilegal, a partir de correos electrónicos. A su vez, dice que no le pagaron la indemnización estipulada por la ley para los contratos de obra.

La USO desarrolla reuniones online con Ecopetrol desde hace 3 semanas donde le insiste en que no tome más decisiones aceleradas que destruyen miles de empleos en medio de la crisis sanitaria. Aseguran que esto es un gran error de Ecopetrol, el cual deja a miles de familias sin sustento.

Creen que lo que debe primar es el diálogo y la solidaridad para acordar fórmulas que le garanticen una renta básica a los trabajadores de la industria del petróleo, la cual les permita subsistir durante esta cuarentena nacional.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Es lamentable que una empresa del pueblo colombiano le haga esto a sus trabajadores y proveedores. Dicha fórmula necesita ser revista: debe tener responsabilidad social y promover el diálogo social. No podemos aceptar que una empresa estatal imponga el cierre de contratos sin buscar alternativas.

En momentos como el que estamos viviendo, el estado y el gobierno deben proteger a su pueblo. Esperamos que tanto ellos como Ecopetrol negocien con la USO medidas, y construyan políticas tanto públicas como sociales. Anhelamos que cumplan los contratos y que, tanto los derechos como la dignidad de los trabajadores, sean protegidos. Resulta fundamental mantener sus empleos e ingresos en tiempos de una pandemia global.”    

Únase al seminario web de IndustriALL el 28 de abril

En el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, y el secretario general adjunto, Kemal Ozkan, compartirán los últimos consejos sobre el Covid-19 en el mundo del trabajo.

El seminario web se transmitirá en vivo en esta página de Facebook.



Luego de la presentación, responderán comentarios y preguntas. Puedes hacer tus preguntas ahora, comentando la publicación, o durante la transmisión en vivo

Sindicatos tunecinos firman un acuerdo sobre los salarios en tiempos de pandemia

Túnez ha estado en confinamiento desde el 22 de marzo, medida que recientemente se extendió hasta el 3 de mayo. La economía se cerró por completo y solo se ha permitido que los servicios esenciales permanezcan en actividad. Aunque en marzo la mayoría de las empresas pagaron el salario completo a sus trabajadores, algunos recibieron solamente un pago parcial, y la situación de los salarios de abril siguió siendo incierta. Aproximadamente 1,5 millones de trabajadores empleados en el sector privado de Túnez se han visto afectados.

Según la práctica nacional común, los trabajadores reciben TND 200 (US$ 69) mensuales como parte del apoyo del gobierno ante la interrupción del trabajo en tiempos de confinamiento. Sin embargo, esta cantidad no es suficiente para vivir.

Según el acuerdo, los empleadores harán su aporte para completar la parte faltante de los salarios de cada empleado del sector privado. El secretario general del UGTT, Noureddine Taboubi, elogió a la asociación de empleadores UTICA por este compromiso. El acuerdo permitirá que los trabajadores disfruten de su salario completo hasta fines de abril. Taboubi también afirmó que el acuerdo recientemente firmado protegería a los trabajadores del sector privado de los despidos durante las circunstancias excepcionales del país.

El 21 de abril, como seguimiento a su implementación, el UGTT aclaró que “el acuerdo corresponde a los derechos sociales de las empresas hacia sus trabajadores. Es claro y no necesita más interpretación, debe aplicarse con precisión y los salarios de los trabajadores deben pagarse como se establece en el acuerdo”.

Este acuerdo es extremadamente importante para los trabajadores empleados en los sectores petroquímico, metalúrgico y textil representados por los afiliados tunecinos de IndustriALL.

Habib Hazami, secretario general de la Fédération Générale du Textile, de l'Habillement, Chaussure et Cuir (FGTHCC-UGTT), expresó:

“En el sector textil estamos decididos a implementar este acuerdo y asegurar el pago total de los salarios de abril. Rechazamos cualquier interpretación o confusión que pueda afectar a los trabajadores y las empresas en este aspecto, ya que necesitamos cooperar de manera urgente para superar la crisis”.

Tahar Berberi, secretario general de la Fédération Générale de la Métallurgie et de l'Electronique (FGME-UGTT), declaró:

“Para nuestro sector en Túnez, a la luz de esta situación excepcional y delicada, logramos negociar acuerdos a nivel nacional y de empresa. Además, tenemos empresas que desean recuperar las horas perdidas. De esta manera, logramos garantizar los salarios de todos los trabajadores y al mismo tiempo proteger su salud”.

Los afiliados de IndustriALL en Medio Oriente y África del Norte (MENA) están tomando diferentes medidas en respuesta al brote del coronavirus.

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¿Cuál es el mayor desafío para la salud y la seguridad en el lugar de trabajo?

“El mayor desafío es comprender que la salud y la seguridad en el trabajo no es un beneficio por el cual negociar ni un favor que se debe pedir. Es nuestro derecho”. 

“Ningún salario vale nuestra salud o nuestra vida, y ningún árbitro puede conceder una indemnización que las devuelva una vez que se pierden”.

¿Existe alguna solución rápida?

“Si hay una solución rápida, ¡no la he encontrado en más de 40 años de activismo por la salud y la seguridad! Nuestros derechos nunca se otorgan fácilmente, siempre deben ganarse con activismo y determinación. De hecho, todos los derechos que gozamos actualmente llegaron después, y nunca antes, de las demandas, la determinación y el activismo de las personas. 

“No existe una bala de plata; un lugar de trabajo seguro y saludable es el resultado del esfuerzo y la atención constantes”.

¿Cuál es el papel de IndustriALL en la promoción de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo?

“IndustriALL puede apoyar a los activistas sindicales en su lucha al proporcionar un marco para comprender la salud y la seguridad laboral desde el punto de vista sindical. Los lugares de trabajo seguros y saludables son el resultado de sistemas de seguridad eficaces y que operan simultáneamente: materiales, herramientas, equipos, entorno laboral, prioridades de la dirección, políticas, programas, procedimientos de trabajo y, por supuesto, las personas”. 

“Todos estos elementos deben ser diseñados, probados, educados o entrenados para que sean lo más seguros y saludables posible”. 

¿Cómo detenemos el coronavirus en el trabajo?

“La pandemia de COVID-19 que enfrentamos hoy en día es una situación extraordinaria, pero los principios del control de infecciones se conocen desde hace décadas. Hay que mantener la limpieza personal, especialmente de las manos. Mantener limpios los equipos, las herramientas, los controles y las superficies. Si no se puede mantener el distanciamiento social en el lugar de trabajo, considerar el uso de las máscaras, pero asegurándose de usar la máscara correcta e implementando el programa de máscaras acompañado de una educación, capacitación y control adecuados. Cualquier programa de protección respiratoria, ya sea usar una máscara quirúrgica simple o un respirador con suministro de aire, necesita una implementación cuidadosa y que se haga un seguimiento para tener éxito. 

“Hay que pensar en las rutas de transmisión: durante el viaje desde y hacia el trabajo, en los cambios de turno, cerca de equipos particulares, en el comedor, los baños, donde sea que las personas compartan el mismo espacio vital”. 

“Se debe garantizar que los trabajadores tengan suficiente ‘licencia por enfermedad’ de modo que no sientan la necesidad de ir a trabajar mientras están enfermos. Implementar un programa de realización de pruebas cuando estas sean más fácilmente disponibles. Es necesario tener un plan para atender a los trabajadores con mayores niveles de riesgo. Planificar cómo lidiar con un trabajador que comienza a sentir síntomas mientras está en el trabajo: ¿cómo se lo llevará a recibir atención médica y cómo se rastreará y hará un seguimiento a cada trabajador con el que haya entrado en contacto? 

“Estos son solo ejemplos, pero existen directrices detalladas disponibles de la Organización Mundial de la Salud, gobiernos nacionales y otras fuentes confiables. También hay mucha información errónea, ¡así que hay que asegurarse de recibir orientación de una fuente confiable!”

¿Qué derechos tienen los trabajadores?

“Los sindicatos insisten en tres derechos básicos de salud y seguridad laboral para los trabajadores: el derecho a saber, el derecho a participar y el derecho a rechazar o a impedir el trabajo inseguro”.

“El derecho a saber significa conocer todo lo necesario acerca de los peligros de nuestro trabajo y recibir la educación y capacitación necesarias para desempeñar las tareas de manera segura”.

“El derecho a participar significa ser interlocutores plenos en el desarrollo e implementación de todas las políticas, programas y procedimientos de salud y seguridad en el trabajo, en las investigaciones de accidentes/incidentes, inspecciones, auditorías, evaluaciones de riesgos… en todo. Queremos que la salud y la seguridad se desarrollen con nosotros, no ‘por nosotros’. Las únicas personas con la autoridad moral para evaluar un riesgo son aquellas que lo enfrentan”.

“Finalmente, exigimos el derecho de negarnos a realizar o a impedir que se realice cualquier trabajo que se considere inseguro o peligroso para la salud, sin sufrir repercusiones negativas”. 

IndustriALL pide al gobierno mexicano que restablezca los derechos de los trabajadores de Goodyear

La planta, ubicada en la ciudad industrial mexicana de San Luís Potosí, tiene una representación sindical fraudulenta a cargo de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), que está alineada con el empleador.

Los trabajadores no eligieron a este sindicato falso para su representación, y no tienen forma de plantear problemas o establecer las prioridades que se plantearán a la dirección.

En 2015, dos años antes de que la planta empezara a funcionar, la CTM firmó con Goodyear un contrato de protección, un falso convenio de negociación colectiva, para este sitio.

En una carta a la secretaria de trabajo y previsión social de México, Luisa María Alcalde Luján, el secretario general de IndustriALL Global Union, Valter Sanches, le solicitó la intervención del gobierno para hacer cumplir la ley. Específicamente, la empresa sigue negando a sus empleados importantes protecciones laborales previstas por la reforma de la ley laboral que se promulgó recientemente.

Los despidos masivos de alrededor de 50 personas, realizados el 9 de julio de 2018, fueron fuertemente condenados por IndustriALL en ese momento. Los sindicatos de Goodyear de todo el mundo tomaron medidas de solidaridad en apoyo de la demanda de la reincorporación de los trabajadores mexicanos y el derecho a elegir cómo organizarse.

El sindicato líder en esta iniciativa es el USW en América del Norte, que representa a una cantidad significativa de empleados de Goodyear en el país de origen de la empresa, Estados Unidos.

Dirigiéndose a Goodyear, Valter Sanches expresó:

“Me preocupa que Goodyear no haya reincorporado a ninguno de los trabajadores que protestaron por sus despidos. Les insto a que vigilen de cerca el progreso de los casos legales relacionados con el restablecimiento y el pago retroactivo total de los trabajadores despedidos injustamente por protestar contra la representación de la CTM y las condiciones de trabajo inseguras”.

Las instalaciones de Goodyear en San Luis Potosí han estado cerradas desde el 18 de marzo debido al brote de la COVID-19. A los trabajadores se les dijo que continuarían recibiendo el 75 por ciento del salario mientras la fábrica esté cerrada. Sin embargo, el gobierno mexicano declaró reiteradamente que los trabajadores deben recibir el 100 por ciento de su paga durante este período.

Las autoridades de este país declararon una emergencia sanitaria durante el mes de abril. En contravención de las órdenes oficiales, Goodyear está obligando a los trabajadores a usar su salario vacacional y amenazando con hacer uso de futuras vacaciones acumuladas para compensar a los trabajadores en el presente.

“Cuando los trabajadores regresen al trabajo, es fundamental que puedan ejercer su derecho a la libertad de asociación y la negociación colectiva. También es esencial que la empresa no use esta pandemia para eliminar a los activistas laborales de su nómina. La nueva ley laboral mexicana no beneficiará a los trabajadores si a los empleadores se les permite violarla impunemente”,

expresó Valter Sanches.

Tribunal sudafricano impide que Mondi explote a sus trabajadores

El Sindicato de Trabajadores de la Química, Energía, Papel, Imprenta, Madera y Afines (CEPPWAWU, por sus siglas en inglés) y la Asociación Unida de Sudáfrica (UASA, por sus siglas en inglés), afiliados a IndustriALL Global Union, argumentaron que los empleadores no pueden cambiar las condiciones de los convenios de negociación colectiva sin negociar con los sindicatos.

Mondi Group quería un permiso para extender los turnos de ocho a 12 horas durante el período de confinamiento sin cumplir con los convenios colectivos existentes y los índices salariales. La empresa no quiso pagar horas extra y solicitó al Tribunal de Trabajo en Durban que le permita suspender las condiciones de los convenios colectivos firmados con los sindicatos.

Sin embargo, el 16 de abril el tribunal dictó sentencia a favor de los sindicatos y desestimó la solicitud.

El secretario general de CEPPWAWU, Welile Nolingo, expresó:

“Aplaudimos al Tribunal de Trabajo por desestimar la solicitud y por proteger el derecho de los trabajadores a recibir salarios justos. Nunca se debe permitir a los empleadores alterar los convenios colectivos por los que tanto luchamos para que se firmaran”.

El director de pulpa y papel de IndustriALL, Tom Grinter, expresó:

“Celebramos la victoria de los sindicatos en el tribunal contra Mondi Group. Es inaceptable que un empleador intente usar la pandemia de COVID-19 para explotar a los trabajadores. Los convenios colectivos deben respetarse siempre para proteger los ingresos de los trabajadores, especialmente para aquellos que se presentan para el servicio bajo el riesgo de infección del letal coronavirus”.

Las cadenas de valor de la pulpa, papel, empaques, reciclado y pañuelos son algunas de las industrias designadas como “servicios esenciales” de acuerdo con las regulaciones del confinamiento en Sudáfrica. El sector produce papel para imprimir, de uso para oficinas tal como blocs de notas, papel higiénico y para empaquetar. Otros productos incluyen batas de hospital, máscaras y equipo de protección personal para uso médico. Actualmente, los productos médicos y de higiene son cruciales para los esfuerzos para detener la propagación del coronavirus.

Sudáfrica es uno de los principales productores del mundo de pulpa y papel para consumo interno, así como para exportaciones. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y Pesca, el sector de la pulpa y el papel emplea a alrededor de 24.000 trabajadores que son parte de una cadena de valor de más de 150.000 trabajadores. Estos incluyen trabajadores informales que suministran fibra reciclada a las fábricas de papel.

Acción mundial para apoyar a la industria de la confección

A medida que los minoristas cierran sus tiendas en todo el mundo, las fábricas de prendas de vestir están cesando sus actividades a un ritmo alarmante, con efectos devastadores para los trabajadores de la confección. Se necesitan medidas urgentes para proteger sus medios de vida durante y después del cierre.

La declaración de prioridades y compromisos COVID-19: Acción en la industria mundial de la confección (solo en inglés) refleja un amplio consenso sobre la acción conjunta a realizar para proteger los ingresos, la salud y el empleo de los trabajadores de la confección y ayudar a los fabricantes a sobrevivir a los problemas económicos causados por la pandemia de COVID-19, así como para mejorar la protección social para los trabajadores del sector a largo plazo.

Hasta la fecha, varias marcas líderes han respaldado esta declaración, incluidas Adidas, C&A, H&M, Inditex, Primark, PVH, Tchibo, VF Corporation y Zalando, así como IndustriALL y la CSI. El documento permitirá a la OIT trabajar junto con la industria para obtener fondos y desarrollar la protección social.

Las organizaciones que respaldan la declaración se comprometieron a trabajar, junto con los gobiernos y las instituciones financieras, para movilizar los fondos suficientes con el fin de permitir a los fabricantes garantizar la continuidad del negocio, incluido el pago de salarios, así como los planes de ayuda a la renta y de retención de empleos para abordar el impacto de la crisis.

El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, expresó:

“Estos principios son el primer paso esencial para movilizar los fondos necesarios para mantener los medios de vida de los trabajadores de la confección durante y después de esta crisis. En este momento, la industria necesita medidas concretas para proteger las cadenas de suministro y a los trabajadores de los que dependen”.

“Continuaremos exigiendo que las marcas y los minoristas contribuyan a asegurar sus propias cadenas de suministro y garantizar una mejor protección social para los trabajadores de la confección”.

Dentro de las próximas dos semanas, se establecerá un grupo de trabajo internacional convocado por la OIT, que incluirá a las marcas, fabricantes, sindicatos y gobiernos, para profundizar sobre los pasos de implementación necesarios para cumplir con estos compromisos.