El diálogo global con Glencore aborda la crisis del coronavirus en el sur de África

Los mineros de Sudáfrica y Zambia enfrentaron pérdidas de empleo y salario como resultado de las interrupciones producidas en las operaciones mineras por las paralizaciones a causa del coronavirus. IndustriALL Global Union facilitó el diálogo entre Glencore y los sindicatos de mineros en los dos países, lo que condujo a negociaciones que dieron como resultado soluciones constructivas.

Christine Olivier, funcionaria internacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA), expresó:

“La crisis de la COVID-19 no es culpa de un empleador o trabajador. Por lo tanto, es necesario que las dos partes se sienten a negociar un resultado que funcione para todos. Esto fue lo que sucedió al mantener reuniones con la dirección de Glencore cuando comenzó el confinamiento”.

En las negociaciones, NUMSA enfatizó las responsabilidades sociales y comunitarias de los empleadores durante los confinamientos a causa del coronavirus. Los trabajadores mantienen hasta ocho miembros de sus familias extendidas, y si no se pagan los salarios, las familias morirían de hambre.

Una reunión en 2019 con IndustriALL, Glencore y los sindicatos mineros de África subsahariana

Se llegó a un acuerdo en el que el empleador acordó pagar a los trabajadores sus salarios, subsidio de vivienda y asistencia médica durante el confinamiento. Mientras las minas operaban al 50 por ciento de su capacidad debido a las restricciones por la COVID-19, a los trabajadores se les pagaron bonos por trabajo en turnos y costos de transporte solo cuando concurrieron a trabajar.

Un acuerdo alcanzado con el gobierno de Zambia, con el apoyo del Sindicato de Mineros de Zambia (MUZ), hizo que 5672 trabajadores de la mina Mopani, propiedad de Glencore, volvieran a trabajar. Sin embargo, el sindicato está luchando por la recontratación de más de 5000 trabajadores contratados cuyos contratos se rescindieron debido a la COVID-19. Los trabajadores estaban empleados por empresas subcontratadas de Mopani.

Joseph Chewe, presidente de MUZ, al celebrar la decisión de Mopani de revertir la puesta en conservación y mantenimiento de las minas, señaló:

“Queremos ver a Mopani, a través de Glencore, invirtiendo más dinero para mantener operativas las minas. El sindicato consultará medidas para reducir el costo de producción y para garantizar que la empresa se mantenga a flote. Las pérdidas de empleo deben evitarse durante la pandemia del coronavirus. Los sindicatos deben ser consultados y los compromisos deben realizarse de acuerdo con las leyes”.

NUMSA y MUZ están afiliados a IndustriALL. Glencore tiene operaciones mineras de cobre, cobalto, carbón y ferroaleaciones en estos países.

Glen Mpufane, director del sector minería de IndustriALL, expresó:

“Las negociaciones y los acuerdos son importantes en la pandemia imperante de la COVID-19, que está generando mucha incertidumbre debido a las interrupciones en las cadenas de valor de la minería mundial a causa de los confinamientos en la mayoría de los países”.
“Esta es una crisis global que requiere acuerdos amistosos entre los sindicatos y las empresas mineras. Los gobiernos también deben participar en el diálogo social, hacer cumplir las normas laborales internacionales y promover protocolos de COVID-19 como respuestas críticas a la pandemia”.

Mpufane, hablando hoy en una llamada a los accionistas antes de la asamblea general anual de Glencore, elogió el éxito del diálogo en las minas del sur de África. Planteó la desesperada situación en las operaciones de Glencore en Perú y Bolivia, particularmente en la mina Antimina en Perú, donde cientos de trabajadores han sido infectados con COVID-19 y al menos uno ha muerto. Antimina es una empresa conjunta entre Glencore y otras empresas, incluida BHP Billiton. Mpufane le solicitó a Glencore que usara su influencia para mejorar la situación.

El presidente Tony Hayward, hablando en nombre del director general Ivan Glasenberg, reconoció el alcance de la crisis del coronavirus en Perú y se comprometió a trabajar con IndustriALL para aliviar la situación de los mineros.

Nissan anuncia el cierre de fábricas catalanas

Previamente, Nissan había anunciado un plan de reestructuración global que afectaría a más de 12.000 empleos en todo el mundo. Hasta el momento se ha despedido a 4000 trabajadores, 600 en España. Los sindicatos de este país, así como a nivel europeo, han estado dialogando con la empresa y presentaron planes alternativos.

Las plantas de Barcelona en Zona Franca, Montcada y Sant Andreu de la Barca cerraron sus puertas durante el confinamiento por el coronavirus. Después de reabrir el 4 de mayo, fueron sacudidas casi inmediatamente por una huelga. Los sindicatos impulsaron una huelga indefinida como protesta ante la falta de confirmación por parte de la empresa acerca del futuro de la planta.

El 28 de mayo, Nissan anunció un plan de reestructuración global que afectaría al 20 por ciento de su capacidad de producción. El cierre de las fábricas de Barcelona forma parte de este plan. Los cierres integran una estrategia de la Alianza Nissan-Renault-Mitsubishi que reestructurará a la dirección geográficamente, dejando a Europa bajo el liderazgo de Renault.

Los afiliados a IndustriALL Global Union que representan a los trabajadores de Nissan, la Federación de Industria de USO, la Federación de Industria, Construcción y Agro de la UGT y las CCOO de Industria, cuestionan la sensatez de esta estrategia.

Los sindicatos señalan que en Europa existe un compromiso firme con un Nuevo Acuerdo Verde que implica una inyección directa de cien mil millones de euros y una contribución privada de 250.000 millones más. Una parte muy importante de tal aporte se destinará a la movilidad sostenible. Estas organizaciones creen que Nissan está perdiendo la oportunidad de obtener apoyo para un cambio hacia los vehículos eléctricos, la conducción inteligente y la movilidad compartida.

Los sindicatos afirman que, si la Alianza quiere liderar el sector automotriz, debe liderar el desarrollo de nuevas tecnologías, sus procesos de producción y la estrategia para el futuro de la movilidad, especialmente en las grandes áreas metropolitanas. Es un grave error abandonar Barcelona, el centro tecnológico del sur de Europa.

Después del anuncio, el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, envió un mensaje en video en apoyo de los trabajadores de Barcelona:

“Es inaceptable que una empresa se aproveche de un momento de pandemia para hacer una reestructuración. El comité de empresa presentó varias alternativas, la Unión Europea dispuso recursos mediante el Nuevo Acuerdo Verde, un plan que podría usarse para los vehículos eléctricos. No obstante, la empresa decidió reestructurarse e imponer la carga de la crisis sobre los hombros de los trabajadores”.

IndustriALL seguirá en contacto con los sindicatos afiliados que tienen miembros en Nissan alrededor del mundo para movilizar la solidaridad internacional hacia los afiliados en España.

Exigen reintegro del activista sindical bielorruso despedido

En 2019, los trabajadores de Redpath Deilmann intentaron obtener la certificación de seguridad de sus trabajos, de conformidad con la ley bielorrusa. Después de seis meses de diálogo infructuoso con las autoridades estatales, algunos trabajadores unieron fuerzas y crearon una sucursal local de BITU para proteger sus derechos e intereses de una manera más organizada. Poco después de que se creó el sindicato y se eligió a Mikalaj Valadzko como su líder, la gerencia de la empresa se negó a renovar su contrato de trabajo a corto plazo.

El 26 de mayo, el tribunal desestimó la acción de reintegro laboral de Mikalaj Valadzko y el pago de salarios incumplidos durante la ausencia forzada.

El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, declaró:

“La decisión injusta del tribunal de no reintegrar a Mikalaj muestra la influencia del gobierno y las empresas sobre el sistema judicial bielorruso. Las preocupaciones del gobierno sobre la pérdida de inversores extranjeros van más allá de las reglas de un juicio justo. Esto solo genera que se incremente el uso de contratos a corto plazo como una forma de deshacerse de los trabajadores que van en contra de la gerencia”.

Maxim Poznyakov, presidente del Sindicato Independiente de Bielorrusia (BITU), afirmó que la decisión del tribunal es una consecuencia de las acciones de las autoridades estatales en los últimos 20 años para “convertir a los trabajadores bielorrusos en esclavos sin poder.”

“Los impedimentos a la libertad de asociación en el país, el procedimiento de autorización para iniciar un sindicato, la falta de posibilidad de huelga y el sistema de contratos a corto plazo han cumplido su cometido. La situación actual de los trabajadores es utilizada activamente no solo por las empresas estatales, sino también por el capital privado extranjero”.

BITU e IndustriALL han lanzado una campaña en LabourStart exigiendo la reincorporación de Mikalaj Valadzko. Firma y comparte la campaña, y envía un mensaje a Redpath Deilmann.

CONSFETEMA Chile denuncia a la Minera Franke de prácticas desleales

El Sindicato de trabajadores de la compañía Minera Franke (afiliado a la Confederación nacional de sindicatos de trabajadores electrometalúrgicos, mineros y automotrices de Chile, CONSFETEMA) inició un proceso de negociación colectiva en abril. Propuso renovar el convenio colectivo con un 4% de aumento salarial real, beneficios de salud y de escolaridad.

Desafortunadamente, la compañía SCM Franke no lo aceptó. Lo único que ofreció fue mantener lo pactado en el convenio colectivo previo y fijarlo por un período de dos años. Tras no llegar a un acuerdo, el sindicato votó el inicio de una huelga.

En Chile, posteriormente a que una organización sindical aprueba el inicio de una huelga, existe una instancia denominada “actuación de buenos oficios” donde interviene la dirección del trabajo durante cinco días. En este período se desarrolla una mesa de trabajo para resolver el conflicto mediante el diálogo entre las partes involucradas donde, si hay acuerdo, se puede suspender la huelga.

En medio de este proceso, la empresa envió un comunicado interno a los grupos de trabajadores que se encontraban en la faena el 7 de mayo. Les indicó que debían abandonar el lugar de trabajo porque paralizarían las faenas. El único argumento que dio fue que debía hacerlo por los altos costos y rompió la comunicación con el sindicato desde entonces.

Por ese motivo, el sindicato inició oficialmente la huelga el 12 de mayo, a fin de presionar a la empresa a regresar a la mesa de negociación y alcanzar un acuerdo respecto a la renovación del convenio colectivo. A su vez, el gremio interpuso una demanda judicial contra la minera, ya que, de acuerdo a la legislación chilena, esta situación alteró el normal desarrollo del proceso de negociación colectiva.

El vicepresidente de CONSFETEMA, Nelson Araya Meneses, dijo:

“Hago un llamado a las autoridades a intervenir con un lineamiento que permita dar seguridad a los trabajadores durante estos procesos. Es necesario que las grandes empresas del sector minero den muestras de conductas solidarias, colaboren con la causa y mantengan los procesos de negociación colectiva con normalidad. Deben sostener conversaciones y alcanzar acuerdos que ayuden a terminar correctamente los procesos que están en curso.”

Araya también manifestó su preocupación respecto a que esta clase de “prácticas desleales” se empiecen a repetir y culminen de mala manera. Aseguró que tanto la Minera Franke, como las demás empresas del sector, deben respetar la legislación y demostrar un compromiso social con los trabajadores durante la situación particular que se vive.

Finalmente, el secretario general adjunto de IndustriALL Global Union, Kemal Özkan, expresó:

“La postura de Minera Franke en el proceso de negociación no es de buena fe. Nuestros compañeros/as tienen demandas legítimas para mejorar sus condiciones de trabajo. Es obligación de la empresa sentarse con CONSFETEMA, escuchar las reivindicaciones de los trabajadores y responder de manera razonable, en lugar de cerrarles la puerta.
IndustriALL manifiesta su apoyo y solidaridad con los trabajadores/as en huelga y su sindicato. Si el problema no se resuelve, tomaremos todas las medidas necesarias a nivel internacional.”

La Sociedad Contractual Minera Franke (SCM Franke) opera el yacimiento de cobre a cielo abierto en la Región de Antofagasta y tiene aproximadamente 800 trabajadores, 400 de ellos sindicalizados. A su vez, es filial directa de la cuprífera global KGHM Polska Miedź de Polonia, que cuenta con 34.000 empleados en todo el mundo.

Trabajadores de Perú y Chile cuestionan la respuesta de BHP frente al COVID-19

La red de trabajadores de BHP en América Latina se reunió de manera virtual para compartir cómo la empresa responde frente a la pandemia del coronavirus en las distintas plantas que tiene en la región. El panorama general brindó una imagen un tanto mixta.

Los trabajadores del sindicato de la empresa Antamina en Perú (una empresa conjunta entre BHP, Glencore, Teck Resources y Mitsubishi Corporation) denunciaron la ausencia total de un diálogo social significativo. Aseguran que 216 trabajadores dieron positivo de COVID-19 en una sola mina que emplea a 7000 trabajadores. Incluso más, dicen que el primer fallecido por COVID-19 del país fue un trabajador de Antamina.

Edmundo Villanueva de la federación minera FNTMMSP de Perú sostuvo:

“Muchas veces Antamina no toma en cuenta las recomendaciones que nuestro sindicato le envía por carta. Con el tema de COVID-19, la compañía no respetó la emergencia nacional y trajo como consecuencia un contagio generalizado. La gerencia siempre incumple el convenio colectivo, y vemos lo mismo con la pandemia. Las consecuencias también son graves para las comunidades linderas de la empresa, ya que no cuidan al ser humano.”

Por el contrario, en Chile, donde los activos son operados directamente por BHP, los sindicatos forzaron a la empresa a tomarse muy en serio la seguridad de los trabajadores:

“Hay muy pocos casos registrados al día de hoy. Eso es gracias a que los sindicatos presionamos a la empresa a respetar las medidas de salud y seguridad. Como sindicato Spence tuvimos que hacer un paro de 24 horas para que BHP respetara algunas medidas necesarias de seguridad, para establecer protocolos claros de comunicación respecto a la notificación de casos sospechosos. Dejamos de lado nuestras diferencias para poder trabajar juntos en las medidas de seguridad para los trabajadores”

dijo Ronald Salcedo del sindicato de Minera Spence de Chile.

Sin embargo, aseguran que la compañía mantiene otros comportamientos cuestionables. Por ejemplo, sostiene pocas negociaciones con los sindicatos, solamente contrata trabajadores que no tienen condiciones de salud subyacentes y decidió modificar los horarios.

Marcelo Franco del Sindicato No 1 CMCC de Cerro Colorado, comentó al respecto:

“La empresa se aprovechó de la situación. Por ejemplo, al ejercer su autoridad frente a los trabajadores respecto al cambio de turnos. Hay horarios por fuera de nuestro horario excepcional. Nos hacen entrar a las 7 de la mañana para darle agilidad a la producción, para que mantenga una continuidad durante el horario de trabajo. A su vez, como hay muchos trabajadores que tienen distintas patologías, la empresa está pidiendo trabajadores por seis meses que no tengan enfermedades para ingresar a una faena.”

Finalmente, el director del sector de procesamiento de minería, diamantes, gemas, ornamentos y joyería de IndustriALL, y responsable de la campaña de IndustriALL para exigirle a BHP respeto a los derechos de sus trabajadores, Glen Mpufane, expresó:

“La crisis ha expuesto la debilidad del modelo de empleo de BHP. Para construir resiliencia, BHP debe entablar un diálogo social global, desarrollar relaciones laborales sólidas y proporcionar trabajo decente en esta nueva normalidad”

Italia: huelga de cuatro horas en las plantas de ArcelorMittal da resultados

Como parte de sus medidas de apoyo, el gobierno confirmó públicamente su intención de unirse a la estructura accionaria de la empresa, mientras que ArcelorMittal, a cambio, prometió mantener la presencia del grupo en Italia. El director ejecutivo confirmó que cumplirá formal y sustancialmente todos los compromisos asumidos.

La pandemia y la posterior caída de la demanda agravaron la situación de las acerías italianas, dependientes en gran medida de la industria automotriz, que está atravesando una crisis muy severa en este momento.

La huelga se convirtió en la segunda gran protesta desde la flexibilización de las restricciones de la cuarentena por la COVID-19. Durante la primera protesta, cientos de trabajadores siderúrgicos se manifestaron el 18 de mayo frente a la fábrica en Génova para protestar contra los despidos y suspensiones temporales.

Según una declaración del secretario general de FIM-CISL, Marco Bentivogli, y el secretario nacional, Valerio D'Alò, durante la reunión “el gobierno comunicó, especialmente considerando la emergencia sanitaria, que puso a disposición del Grupo ArcelorMittal medidas excepcionales para permitirle manejar la situación”. Además, se reveló que “supuestamente se firmó un acuerdo el 4 de marzo de 2020 y este nunca se presentó a los sindicatos”.

FIM, FIOM y UILM instaron al gobierno y a ArcelorMittal a dar a conocer sus planes sobre el futuro de la empresa en Italia. En particular, los sindicatos exigieron la confirmación de los compromisos asumidos en el acuerdo celebrado en septiembre de 2018, es decir, un plan de negocios pertinente, niveles de empleo y restauración ambiental, inversiones y estructuras corporativas coherentes.

“Para mitigar el desastre laboral, económico y social, el gobierno debe establecer una legislación especial para los extrabajadores de Ilva. Debe prever las jubilaciones u otros instrumentos legislativos para las recolocaciones laborales garantizadas por el estado. Si no se realiza esta intervención, pueden darse fuertes tensiones sociales, que no estamos en condiciones de controlar”, comentó el secretario general de UILM Rocco Palombella en su video conferencia.

A su vez, Francesca Re David, secretaria general de FIOM-CGIL y Gianni Venturi, secretario nacional de FIOM-CGIL, y responsable del sector siderúrgico, declararon, “si se confirman estos compromisos, significa que al final del período que abarca el nuevo plan de negocios, la cantidad total de trabajadores en ArcelorMittal sería de 10.700, lo que sugiere la exclusión de los aproximadamente 1700 trabajadores aún en una administración extraordinaria para quienes se preveía una cláusula de salvaguarda social en el acuerdo de 2018”.

Valter Sanches, secretario general de IndustriALL Global Union, conjuntamente con Luc Triangle, secretario general de IndustriALL European Trade Union expresaron su solidaridad con los afiliados italianos y apoyaron sus demandas, declarando que:

“Es indispensable que ArcelorMittal minimice el impacto económico y social de esta pandemia sobre los trabajadores, sus familias y comunidades. La responsabilidad de la inmensa presión sobre la industria del acero en Europa y particularmente en Italia como resultado de la pandemia de la COVID-19 no puede ser asumida únicamente por los trabajadores”.

Un muerto y siete heridos en la planta siderúrgica de Bokaro, India

El 6 de mayo, un maquinista que trabajaba en el departamento de transporte entró en contacto con un cable de 25.000 kV que se había roto después de una fuerte tormenta. Sufrió quemaduras profundas por la descarga de alto voltaje y murió en el hospital el 16 de mayo.

Pocos días después, el 11 de mayo, un gerente general y dos trabajadores quedaron inconscientes cuando se escapó gas nitrógeno mientras se instalaba un transformador. Este gas debería haberse liberado en un entorno abierto antes de la instalación. Según fuentes sindicales, el gerente general era negligente y había estado involucrado en un accidente en el pasado. Las víctimas fueron trasladadas rápidamente al hospital y ahora se han recuperado por completo.

El 16 de mayo, dos trabajadores subcontratados de M/s Siva Electrical sufrieron quemaduras en un incendio, mientras trabajaban en una línea eléctrica en tensión. Según los protocolos de seguridad, la conexión eléctrica debería haberse apagado. Las dos víctimas fueron trasladadas de inmediato al hospital.

Otro incendio ocurrió al día siguiente en Ferro Scrap Nigam Limited, una filial de SAIL ubicada dentro de la planta siderúrgica de Bokaro. Dos trabajadores subcontratados sufrieron quemaduras mientras soldaban el tanque de diésel de una grúa de automóviles. Los informes sugieren que sufrieron quemaduras en el 30 por ciento del cuerpo y se dice que están fuera de peligro.

Sanjay Vadhavkar, secretario general de SMEFI y miembro del comité ejecutivo de IndustriALL, expresó:

“El uso de trabajadores subcontratados no calificados en lugares cruciales está causando accidentes en la industria siderúrgica. Pedimos al Ministerio del Acero y a SAIL que recluten más empleados permanentes, mejoren la capacitación en seguridad y aumenten las medidas de seguridad para evitar más accidentes".

Matthias Hartwich, director de IndustriALL para el sector de ingeniería mecánica y metales básicos, afirmó:

“Este tipo de accidentes son innecesarios, se trata de seguir los protocolos de seguridad apropiados. Es necesario que la dirección de SAIL aprenda de estos accidentes, se detenga el trabajo precario y los representantes sindicales participen en la planificación e implementación de la seguridad. La seguridad no admite compromisos”.

La multinacional electrónica Jabil despide a 190 trabajadores italianos durante la pandemia

La multinacional estadounidense de productos electrónicos Jabil anunció que despediría a 350 de los 700 trabajadores de la planta de Marcianise. El lunes 25 de mayo, después de que 160 empleados aceptaran un despido voluntario o fueran transferidos a otro lugar, 190 trabajadores se quedaron en la calle.

Esto sucedió a pesar de la emisión de un paquete de apoyo del gobierno italiano, que prohíbe los despidos hasta mediados de agosto en un intento por salvar la economía en medio de la emergencia económica y sanitaria causada por la COVID-19. El 15 de mayo, el gobierno italiano emitió el Decreto de relanzamiento, como parte de un paquete de 155 mil millones de euros, para que Italia se recupere mediante el apoyo a la recuperación económica, la cohesión social y la seguridad.

El paquete incluye un fondo de garantía salarial, subvenciones a empresas y moratoria sobre pagos de impuestos, facturas de servicios públicos y reducciones. La empresa asumió compromisos con el Ministerio de Desarrollo Económico y no los han cumplido.

FIOM-CGIL, FIM-CISL y UILM, afiliados a IndustriALL Global Union, reaccionaron prometiendo una huelga indefinida. Los sindicatos, indignados por la falta de solidaridad social, emitieron una declaración donde denunciaron como “intolerable, ilegal y malvada” la decisión de “echar a los trabajadores a la calle durante una pandemia”, y pidieron una respuesta del gobierno.

El director de IndustriALL para la industria electrónica, Kan Matsuzaki, expresó:

“Marcianise se encuentra en una región económicamente deprimida cerca de Nápoles, en el sur de Italia, y estos despidos son devastadores para las familias locales. Jabil ha aprovechado el colchón de seguridad social proporcionado por el gobierno italiano y luego despidió a los trabajadores. Esta acción cínica y poco ética sienta un precedente muy peligroso”.

El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, escribió a la filial italiana para exigir la reincorporación de los trabajadores despedidos:

“IndustriALL Global Union condena en los términos más enérgicos la decisión unilateral de la empresa de despedir a 190 trabajadores en medio de la pandemia de COVID-19 sin una consulta adecuada con los sindicatos interesados. Estamos extremadamente preocupados por la vida y el sustento de los trabajadores despedidos y sus familias, víctimas de la acción irresponsable de la empresa”.

Sanches también envió una carta de solidaridad a los sindicatos italianos.

Jabil, una de las multinacionales de fabricación de productos electrónicos más grandes del mundo, tiene 120 fábricas y doscientos mil empleados a nivel mundial. La planta de Marcianise fabrica principalmente placas de circuitos electrónicos.

Acuerdo tripartito para proteger a los trabajadores de Sri Lanka

El gobierno de Sri Lanka estableció un grupo de trabajo tripartito para la COVID-19 con el objetivo de proteger los intereses de los trabajadores y empleadores a través del diálogo social. El 5 de mayo, el grupo de trabajo alcanzó un acuerdo aplicable a todos los sectores que garantiza el pago de salarios y empleo dentro del marco legal vigente. El gabinete ministerial de Sri Lanka respaldó el acuerdo el 14 de mayo.

Los miembros del grupo de trabajo acordaron que los trabajadores continuarán empleados y no serán despedidos debido a las medidas de cuarentena que se han tomado como consecuencia de la COVID-19. Todos los empleados tendrán tareas en su trabajo y se les asignará la misma cantidad de turnos a través de un sistema de rotación. Esto protege los intereses de los trabajadores al tiempo que respeta las medidas de salud y seguridad tales como el distanciamiento social.

Si los empleados no tienen tareas asignadas en el trabajo durante mayo y junio, se les pagará el 50 por ciento de su salario básico o LKR 14.500 (USD 77), la opción que sea más beneficiosa para ellos. Además, las contribuciones del fondo de previsión de empleados (EPF) y del fondo fiduciario de empleados (ETF) sobre los salarios también se pagarán a los trabajadores.

Anton Marcus, miembro del Sindicato de Trabajadores de las Zonas Francas y de los Servicios Generales afiliado a IndustriALL, e integrante del grupo de trabajo expresó:

“Dadas las difíciles circunstancias que enfrentamos con la COVID-19, este acuerdo tripartito es un instrumento para proteger los intereses de los trabajadores. En este momento, estamos trabajando para crear una mayor conciencia entre los trabajadores sobre este acuerdo para garantizar que lo implementen una gran cantidad de empresas”.

Apoorva Kaiwar, secretaria regional de IndustriALL en Asia del Sur, indicó:

“El acuerdo tripartito es un avance importante para ayudar a los trabajadores de Sri Lanka. IndustriALL Global Union se solidariza con los afiliados de Sri Lanka en sus esfuerzos por defender los derechos de los trabajadores durante este difícil período”.

El grupo de trabajo tripartito incluye representantes de la Federación de Empleadores de Ceilán (EFC), los sindicatos, incluidos muchos sindicatos ceilaneses afiliados a IndustriALL, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Desarrollo de Capacidades, Empleo y Relaciones Laborales de Sri Lanka.

Sindicatos de Madagascar protestan contra la licencia forzada

Según una carta de la dirección de Ambatovy a los trabajadores, el paro técnico comenzará en mayo y finalizará en octubre. Durante este período, los empleados recibirán el 100 por ciento de su salario en junio, el 75 por ciento en julio y el 50 por ciento en los meses restantes.

La empresa tiene varias operaciones, que incluyen una mina, tuberías, una planta de producción, relaves y un puerto. En la planta de Ambatovy en Toamasina, la empresa emplea a 3000 trabajadores, de los cuales el 60 por ciento entró en licencia forzada durante seis meses, mientras que 1200 trabajadores en la mina de Moramanga se encuentran en la misma situación.

Los subcontratistas de Ambatovy también han impuesto una licencia forzada a los trabajadores. Por ejemplo, KPS dio de baja a 250 personas durante seis meses y Macadan a 150 durante tres meses.

Los sindicatos afiliados a IndustriALL Global Union Syndicalisme et Vie des Societies (SVS), Sendika Kristanina Malgasy (SEKRIMA) y Fédération des Syndicats Autonomes des Travailleurs de l’Industrie (FESATI), que organizan a los trabajadores de las minas, están impugnando el paro técnico debido a que nunca se les consultó al respecto.

El código laboral del país indica que antes de que una empresa implemente el paro técnico, debe haber instancias de consulta con los sindicatos. El código define al paro técnico como la interrupción del trabajo, permitida por hasta seis meses, causada por accidentes, cortes de energía, desastres, escasez de materias primas, herramientas y problemas de transporte.

Los sindicatos dudan si la pandemia de la COVID-19 encaja en estas categorías y afirman que es ilegal que las empresas implementen el paro técnico sin consultar a los sindicatos. Los trabajadores también tienen derecho a decidir cuándo tomar licencia y no ser obligados a hacerlo por el empleador.

Glen Mpufane, el director de minería de IndustriALL, declaró:

“Instamos a Ambatovy a evitar las prácticas laborales injustas y a adoptar protocolos en materia de COVID-19 que protejan los derechos de los trabajadores, incluidos los de salud y seguridad, seguridad laboral y protección de ingresos, tal como se está convirtiendo en la norma a nivel mundial. Esto debe llevarse a cabo en consulta con los sindicatos”.

Los sindicatos también están haciendo campaña contra el estigma que enfrentan los trabajadores que dan positivo a la COVID-19 en las comunidades donde viven.

Ambatovy es una empresa minera de níquel y cobalto con sede en Madagascar. Se trata de una asociación de tres empresas; Sherritt International Corporation de Canadá, Sumitomo Corporation de Japón y Korea Resources Corporation de Corea.