Sindicatos llaman la atención a LafargeHolcim: “¡No hay lugar para fiestas en tiempos de pandemia!”

Debido a la pandemia, el grupo líder de materiales de construcción, LafargeHolcim, anunció que este año no celebrará su AGM, y se podrá votar sólo a través de un representante independiente. Dado que es imposible dirigirse a los accionistas cara a cara, IndustriALL Global Union, junto con sus organizaciones hermanas, la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (BWI) y la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (EFBWW) se dirigió a estos a través de una declaración.

Las tres organizaciones criticaron los dividendos exorbitantes que se les ofrece a los accionistas de LafargeHolcim mientras sus trabajadores luchan por sobrevivir.

En su declaración conjunta, IndustriALL, BWI y EFBWW, insistieron en que la empresa debe garantizar que “los acuerdos de negociación colectiva, las leyes nacionales y las recomendaciones de las autoridades públicas se respeten plenamente y se apliquen de manera adecuada. Esto es pertinente especialmente en lo referido a las medidas de seguridad y salud en el trabajo, en particular, las medidas contra la COVID-19, la organización de las horas de trabajo y el derecho a salarios o compensaciones salariales”.

A pesar de este llamado de atención de los sindicatos, la junta directiva de LafargeHolcim recibió la aprobación por parte de sus accionistas, que votaron a favor de dividendos excesivos de 2 francos suizos por acción. LafargeHolcim pagará:

En su declaración, IndustriALL, BWI y EFBWW criticaron fuertemente esta propuesta de la empresa e informaron a los accionistas que “están obligando a los trabajadores de LafargeHolcim que necesitan quedarse en sus casas a utilizar toda su licencia anual disponible para 2020 y para 2021 para seguir recibiendo su salario básico. Los empleados de los contratistas no reciben ningún apoyo por parte de LafargeHolcim”.

Además, las tres organizaciones exigieron que LafargeHolcim pusiera en marcha medidas de salud y seguridad destinadas a combatir la COVID-19, así como a respetar los derechos fundamentales de los trabajadores.

Hoy se reveló que, lamentablemente, los accionistas de LafargeHolcim ignoraron las demandas de los sindicatos y apoyaron todas las propuestas de la junta directiva.

Kemal Izkan, secretario general adjunto de IndustriALL, expresó:

“Los empleados permanentes y subcontratados en las operaciones de LafargeHolcim se enfrentan a desafíos extraordinarios durante esta pandemia de la COVID-19. Es impactante ver que LafargeHolcim paga estos dividendos tan exagerados, que ni siquiera están sujetos a impuestos”.

“Es completamente inaceptable que, solo en el año 2019, treinta y siete trabajadores de LafargeHolcim perdieran la vida. Instamos encarecidamente a LafargeHolcim a que detenga esta fiesta en un momento de pandemia e invierta más en el diálogo social, proteja la salud y la seguridad de todos los empleados y garantice sus ingresos en una situación económica difícil”. 

“Repetimos nuestro eslogan: Exigimos el respeto de los derechos de los trabajadores: ¡las personas valen más que las ganancias!”.

140 millones de trabajadores en Latinoamérica ven amenazados sus medios de subsistencia

El informe de la OIT asegura que el panorama para América Latina y el Caribe es sombrío y desafiante, principalmente para los trabajadores informales, quienes serán los más afectados por la crisis sanitaria.

Explica que las personas que trabajan en condiciones de informalidad ven reducidos sus ingresos hasta en un 81%, con un riesgo de perder sus medios de subsistencia, es decir, las capacidades, los bienes, los ingresos y las actividades necesarios para asegurar que se cubran sus necesidades vitales.

Esto se debe principalmente a que se perdió el 10,5% de las horas de trabajo en la región desde que inició la pandemia, lo que equivale a entre 25 y 31 millones de empleos a tiempo completo. El documento asegura que estas repercusiones sobre los trabajadores informales evidenciaron los problemas de inestabilidad laboral, bajos ingresos, precariedad, y escasa o nula protección que enfrentan.

En tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó un informe donde asegura que la pandemia del COVID-19 llevará a la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región: el PIB caerá -5,3% en 2020.

También anticipan un importante deterioro de los indicadores laborales en 2020. El número de desempleados de la región aumentaría a 37,7 millones. La caída del PIB y el aumento del desempleo también tendrían un efecto negativo directo sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad de contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. En ese contexto, 29 millones de personas estarán en situación de pobreza y 16 millones de personas en la pobreza extrema.

Además, el documento señala que la desigualdad de género se acentuará con medidas como el cierre de las escuelas, el aislamiento social y el aumento de personas enfermas, porque aumentará la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres. Por otro lado, la crisis provocará en el mediano plazo cambios estructurales en la organización productiva, el comercio internacional y el actual modelo de globalización.

Tanto la OIT como CEPAL aseguran que es recomendable la implementación de medidas de protección social para apoyar a la población más vulnerable, contener así el riesgo de colapso socioeconómico y prevenir los rebotes de la pandemia cuando haya una reactivación de la economía.

A su vez, recomiendan que los países promuevan el diálogo social tripartito para que las medidas tengan viabilidad y sostenibilidad política. Consideran urgente acceder a recursos financieros con base en un apoyo de los organismos financieros multilaterales y promover políticas industriales que permitan a la región tanto fortalecer sus capacidades productivas, como generar nuevas capacidades en sectores estratégicos para alcanzar un desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Como trabajadores y sindicatos debemos organizar a la clase trabajadora, principalmente a los excluidos del sistema. Tenemos que construir una agenda social y de desarrollo sostenible contundente, que atienda de inmediato y no sea únicamente paliativa. Hay que apoyar un nuevo rol e intervención del estado.

Es necesario articular a la sociedad civil y a los gobiernos progresistas para que, como dice la canciller alemana Ángela Merkel, el gran capital redistribuya hacia el bien colectivo, el regreso nos incluya a todos/as y el desarrollo sea sostenible.”

Trabajadores farmacéuticos surcoreanos denuncian a Zoetis

Desde junio de 2019, la dirección de Zoetis en Corea del Sur ha obstaculizado los esfuerzos de los empleados para formar un sindicato, cometido varios casos de intimidación y acoso, y socavado a la organización sindical. El Ministerio de Trabajo tomó conocimiento de estas violaciones e identificó las prácticas laborales injustas.

 

El 12 de mayo, IndustriALL escribió a la directora ejecutiva de Zoetis, Kristin Peck, en la sede de la empresa en Nueva Jersey, EE. UU., con el fin de exigir una solución justa para las violaciones de los derechos laborales en Corea del Sur.

Los detalles del caso están relacionados con un grupo de empleados de Zoetis en Corea del Sur, quienes formaron un sindicato en 2015. En 2018, la empresa comenzó a discriminar a los miembros del sindicato, al priorizar a quienes no formaban parte de este a la hora de otorgar ascensos. El comportamiento hostil de la dirección en las negociaciones para un acuerdo de negociación colectiva (CBA) incluyó fuertes restricciones a la licencia sindical, al tiempo que declaraba unilateralmente un aumento salarial externo a la negociación.

En junio de 2019, los nuevos gerentes de recursos humanos comenzaron a intimidar a cualquier persona relacionada con el sindicato. El CBA no se implementó, y los miembros y representantes sindicales recibieron amenazas de sanciones, acusaciones y denuncias. Esto llevó al sindicato a emprender una huelga parcial los días 25 y 26 de junio. Los empleadores respondieron cerrando completamente el lugar de trabajo durante 28 días.

 

El Ministerio de Trabajo intervino y fue testigo de las prácticas laborales injustas de la empresa. Estas incluían castigos por afiliación sindical, acoso e intimidación, así como contactar a los familiares mediante una carta de acción disciplinaria contra los miembros del sindicato.

En octubre, en un nuevo aumento de los ataques ilícitos de la dirección al sindicato, se sancionó al presidente del sindicato local con una suspensión de tres semanas y se aplicaron medidas disciplinarias a 14 miembros. Estas acciones fueron declaradas injustas por la comisión de relaciones laborales e impulsaron al sindicato a emprender una huelga parcial nuevamente, a partir del 20 de noviembre de 2019.

El 10 de enero de 2020, el Ministerio de Trabajo transfirió el caso de prácticas laborales injustas al ministerio público, con cargos de negligencia en la negociación colectiva, discriminación contra los miembros del sindicato y cierre patronal ilícito.

El 13 de marzo de 2020, la dirección ordenó al presidente del sindicato local que se quedara en casa, detuviera todo contacto con otros empleados, incluidos los miembros del sindicato, y que dejara de usar los sistemas electrónicos de la empresa. El 10 de abril, el presidente del sindicato local fue despedido. La dirección ya ha sancionado o está llevando a cabo procedimientos disciplinarios contra 18 miembros sindicales.

El 26 de marzo, la empresa rechazó una solicitud sindical para usar la licencia anual remunerada cuando los empleados presentan síntomas de gripe, ya que Corea no proporciona un sistema legal de licencia por enfermedad.

Tom Grinter, director del sector farmacéutico de IndustriALL, declaró:

“Nuestras compañeras y compañeros de KCTF continúan realizando piquetes y protestando localmente contra estas violaciones impactantes. IndustriALL exige una intervención urgente de la sede mundial de Zoetis para exigir a los gerentes de Corea del Sur que actúen de acuerdo con la ley, las normas internacionales del trabajo y las creencias básicas de la empresa”.

Zoetis es la empresa de salud animal líder en el mundo, emplea a 10.000 personas a nivel global y genera US$ 6000 millones al año en ingresos. La empresa investiga y fabrica productos farmacéuticos para animales, entre ellos vacunas veterinarias, medicamentos y productos para el diagnóstico, así como una gama de productos utilizados en la ganadería. Zoetis fue anteriormente parte de la gran multinacional Pfizer, hasta convertirse en una empresa independiente en 2013.

Sindicatos del sudeste asiático se valen de Internet para defender los derechos de los trabajadores

Los dirigentes sindicales están utilizando plataformas de comunicación en línea para explicar cómo se protegen los derechos de los trabajadores bajo las leyes laborales nacionales o para analizar la respuesta política ante la COVID-19. Algunos sindicalistas han empleado la vía telefónica para negociar con los empleadores y evitar la reducción de salarios.

En Myanmar, aunque el gobierno no ha impuesto el confinamiento a nivel nacional, los líderes de la Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar (IWFM) tomaron medidas preventivas al celebrar reuniones en línea con dirigentes sindicales a nivel de fábrica.

“Muchos empleadores están atacando a los sindicatos escondiéndose detrás del impacto de la COVID-19. Reducen los salarios o se niegan a pagarlos en su totalidad, y algunos miembros del sindicato han sido despedidos sin indemnización por despido. Nosotros les informamos sobre lo que los empleadores pueden o no pueden hacer de acuerdo con las leyes”,

expresó el presidente del IWFM, Khaing Zar, quien también es miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union.

En Filipinas y Malasia, el control del movimiento está fuertemente restringido. Como cualquier actividad física es casi imposible, los sindicatos en ambos países celebraron foros en línea sobre el impacto de la COVID-19 en los trabajadores junto con el Primero de Mayo.

“La manera en la que los sindicatos pueden ofrecer un servicio eficaz después de la COVID-19 se ha convertido en una cuestión desafiante”,

expresó Gabriel Aranzamendez, presidente nacional de la Confederación de Trabajadores Filipinos (CFW).

“Confiamos en que los sindicatos puedan adaptarse rápidamente a la nueva normalidad y mejorar nuestra estrategia de comunicación. Es imperativo que las organizaciones laborales tengan una relación de trabajo más colaborativa con el gobierno para acelerar el proceso de recuperación de nuestra nación”.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Equipos de Transporte e Industrias Afines de Malasia, N. Gopalkishnam, presentó diez demandas de la Coalición para la Reforma de la Ley Laboral en un foro con motivo de la COVID-19. El dirigente exhortó al gobierno a consultar a los sindicatos mediante el uso de plataformas de teleconferencia sobre asuntos vinculados a los trabajadores, incluidas las reformas de la legislación laboral.

Después de hacer frecuentes llamadas telefónicas para negociar con los empleadores sobre reducciones salariales poco razonables durante el confinamiento en el país, Gopalkishnam afirmó:

“Siete empresas afirmaron que solo podían permitirse pagar del 50 al 70 por ciento de los salarios en abril. Dado que viajar y reunirse físicamente con los empleadores es imposible, negociamos por teléfono”.

IndustriALL plantea diversas preguntas de cara a la Reunión General Anual de Shell

El 13 de mayo, Shell celebrará una reunión de participación de accionistas en línea antes de la Reunión General Anual del 19 de Mayo. Dos semanas antes de esta primera reunión se invitó a los accionistas a presentar preguntas que Shell responderá por correo electrónico en vez de en la reunión de carácter público.

IndustriALL Global Union siempre se ha preocupado por las condiciones en los lugares de trabajo de Shell en todo el mundo y ha hecho campaña de manera constante contra el altísimo nivel de informalidad en esta empresa. Además, ha planteado preguntas en instancias anteriores y también ha participado de las manifestaciones fuera de las AGM de Shell en La Haya en 2018 y 2019.

Lo que más preocupa a IndustriALL son las acciones de Shell en los países en desarrollo ricos en recursos, donde la gran huella de la empresa afecta negativamente el desarrollo de la economía local y afianza una industria extractiva que depende en gran medida de empresas extranjeras.

Nigeria es un claro ejemplo de esta situación, donde la presencia de Shell ha dado como resultado décadas de degradación ambiental, corrupción, abusos contra los derechos humanos y acciones antisindicales. Los sindicatos nigerianos exigen una industrialización sostenible de su país y un programa de aprovechamiento que permita que la riqueza petrolera del país aumente el nivel de vida de todos sus habitantes.

 

“Shell utiliza miles de empresas contratistas en Nigeria”

“Lo que facilita la explotación de trabajadores y dificulta su sindicalización”

 

El 82 por ciento de los trabajadores de Shell son subcontratados y viven en situación de pobreza, sin seguridad laboral, atención médica deficiente y poca consideración por su salud y seguridad. La empresa despide a los trabajadores que intentan sindicalizarse, plantean problemas de salud y seguridad o comunican lesiones. Debido a que Shell es la empresa del sector petrolero más grande del país, sus acciones han sentado precedentes, y muchas otras empresas del sector se conducen de manera similar.

Los hijos de un trabajador fallecido contratado por Shell durante la visita de IndustriALL en 2018

Los sindicatos de Nigeria dan parte de muchos casos de trabajadores que mueren o quedan discapacitados de manera permanente por temor a plantear los problemas de seguridad ante las empresas. El año pasado, IndustriALL denunció el tratamiento de Shell a los trabajadores subcontratados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El principal pedido de IndustriALL es que Shell entable un diálogo social a nivel mundial con los representantes de los trabajadores dado que, hasta ahora, Shell ha rechazado categóricamente la oferta de diálogo internacional.

En las preguntas presentadas de cara a la AGM, IndustriALL planteó las contradicciones entre los principios a los que Shell dice adherir en publicaciones como su Informe de sostenibilidad, y las pruebas debidamente documentadas de que Shell no cumple estos estándares. Las preguntas planteadas por IndustriALL fueron las siguientes:

  1. ¿Por qué Shell no ejerce la debida diligencia con respeto a los contratistas para asegurarse de que sean socialmente responsables?
  2. ¿Por qué Shell no controla y proporciona un seguro de salud adecuado para todos sus trabajadores y contratistas?
  3. ¿Aceptará un representante de Shell reunirse con IndustriALL Global Union para establecer un diálogo con el fin de abordar y resolver estas infracciones?

La directora del sector energético, Diana Junquera Curiel, expresó:

“Hemos planteado constantemente estas cuestiones ante Shell, y nunca hemos recibido una respuesta adecuada. Sin embargo, el sufrimiento en los lugares de trabajo de Shell es real y estamos decididos a cambiar esta situación. Seguimos comprometidos con el diálogo y el trabajo en conjunto con Shell para resolver estos problemas”.

CFMEU gana recurso contra la filial de Servicios de Operaciones de BHP

La división de Minería y Energía del sindicato CFMEU, afiliado a IndustriALL, planteó un recurso ante la Comisión de Trabajo Justo del tribunal de relaciones laborales de Australia contra la aprobación de dos acuerdos de empresa que abarcan a los trabajadores empleados por la filial de BHP denominada Operations Services (“Servicios de Operaciones”), que gestiona la contratación de trabajadores tercerizados.

La audiencia plenaria estuvo de acuerdo con varios de los motivos del recurso del CFMEU, entre ellos si hubo un acuerdo genuino por parte de los trabajadores y si estos acuerdos pasan la “prueba de mejoras generales” en comparación con el Laudo de la Industria Minera y el Laudo de la Industria Minera del Carbón.

El presidente nacional del CFMEU, Tony Maher, afirmó que el fallo es una victoria importante, pero que la lucha aún no ha terminado.

“Esta decisión es un revés a la estrategia del BHP para recortar salarios empleando a gente a través de acuerdos extrasindicales por medio de un proveedor interno de trabajadores tercerizados. BHP ya tiene acuerdos de empresa adecuados y vigentes para sus actividades de explotación del carbón, y quienes son contratados a través de Servicios de Operaciones merecen tener la misma paga y condiciones que sus colegas empleados directamente”.

“Nuestro mensaje para los trabajadores de Servicios de Operaciones es que estamos comprometidos a igualar su paga y condiciones a las de los empleados de BHP. A igual trabajo, igual remuneración”.

Los trabajadores de Servicios de Operaciones están actualmente ubicados en la mina de carbón Mt Arthur de BHP en Hunter Valley y en varias minas de carbón de BMA en el centro de Queensland. El sindicato ha recibido informes de salarios más bajos, una rotación muy alta y poco personal en las minas donde se han desplegado los Servicios de Operaciones.

“Felicitamos a nuestros compañeros y compañeras sindicalistas en Australia que luchan contra el comportamiento codicioso de BHP, por el cual los trabajadores se ven obligados a pagar el precio”.

“Esta es una victoria importante que demuestra a BHP que su falta de respeto por los derechos de los trabajadores no puede continuar”.

La gigante empresa minera BHP tiene una política de tercerización de empleos. En comparación con el promedio de la industria, del 30 al 40 por ciento, en los sitios administrados por BHP el 60 por ciento de la mano de obra, en promedio, está compuesta por contratistas.

Una serie de accidentes industriales sacude a la India mientras se reanuda el trabajo posconfinamiento

La serie de accidentes del 7 de mayo comenzó en las primeras horas con la fuga de gas en la planta de LG Polymers ubicada cerca de Vishakhapatnam en Andhra Pradesh.

Otros incidentes que se produjeron el mismo día incluyen una explosión de caldera en la unidad 6 de la central térmica de Neyveli, que hirió a ocho trabajadores. Siete trabajadores se enfermaron al inhalar gas venenoso en las fábricas de papel Shakti en la localidad de Tetla, cerca de Raigarh, y se produjo un incendio en una fábrica de envases farmacéuticos en el área de Satpur, cerca de la ciudad de Nashik, sin heridos informados.

El accidente de fuga de gas estireno ocurrió alrededor de las 2.30 a. m. mientras los empleados de LG Polymers estaban preparando la planta para su reapertura después de un confinamiento de 40 días de toda la nación por la COVID-19. El gas se extendió rápidamente en la atmósfera en un radio de unos cinco kilómetros y formó una espesa niebla que afectó la visibilidad.

El monómero de estireno se encuentra normalmente en estado líquido y es seguro por debajo de una temperatura de 20 grados Celsius. Según los informes iniciales, un mal funcionamiento en la unidad de refrigeración condujo a un aumento de la temperatura por encima del nivel de seguridad, lo que produjo que el producto químico se convirtiera en gas y se filtrara a la atmósfera. Otro informe de Down to Earth declaró que la falta de mantenimiento, un sistema de detección de compuestos orgánicos volátiles caduco y negligencia en la administración pueden haber causado este accidente.

La fuga afectó al menos a cinco localidades alrededor de la planta cerca de Vishakhapatnam. Cuando la gente intentó escapar en vehículos, muchos cayeron inconscientes en las calles. Se informó la muerte de grandes cantidades de ganado. Actualmente, un total de 305 pacientes están recibiendo tratamiento en los hospitales y alrededor de 128 personas se han recuperado y han sido dados de alta. No se informa que haya casos graves. El gobierno anunció que cubrirá todos los gastos del tratamiento para los pacientes afectados por la fuga de gas. 

Los equipos de rescate de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres y el Instituto Nacional de Investigación de Ingeniería Ambiental apoyaron a la administración local en la evacuación de las víctimas. Según la Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS, el estireno es un posible carcinógeno humano y es altamente tóxico. Se presentan riesgos reproductivos y neurológicos para quienes se expongan a este.

El director de IndustriALL para la industria química, Tom Grinter, expresó:

“La sostenibilidad ambiental de LG Polymers debe ser revisada. Todas las personas expuestas al estireno ahora deben recibir evaluaciones médicas y tratamiento gratuito. LG Chem debe asumir la responsabilidad no solo por las complicaciones de salud actuales sino también por las complicaciones futuras que puedan surgir para las víctimas. Debe mantener la transparencia y revelar todos los detalles de los productos químicos utilizados y las medidas correctivas que planea tomar para mejorar la seguridad”.

La policía registró causas penales contra la administración de la planta LG Polymer. El gobierno de Andhra Pradesh formó un comité para investigar el incidente. El gobierno estatal anunció una compensación de INR 1 crore (USD 132.799) para cada familia de los fallecidos, INR 10 lakh (USD 13.380) para cada paciente sometido a tratamiento con respiración asistida e INR 25.000 (USD 332) para pacientes ambulatorios. Además, a cada una de las aproximadamente 15.000 personas en las localidades afectadas por la fuga de gas se les pagará INR 10.000 (USD 133). El gobierno también anunció una compensación por el ganado perdido.

LG Chem emitió una declaración de disculpa y afirmó que la empresa movilizará todas sus capacidades tecnológicas para evitar problemas futuros, investigar el accidente y compartir la información. Los lugareños exigen que la empresa se cierre permanentemente.

Apoorva Kaiwar, secretaria regional de IndustriALL en Asia del Sur, expresó:

“Esta serie de accidentes en un solo día resalta las deficiencias de las normas de seguridad y plantea serias interrogantes sobre el impacto del confinamiento prolongado por la COVID-19 en los establecimientos industriales. El gobierno de la India debería activar su sistema de inspección y enviar advertencias a todo el país para que se tomen precauciones y se eviten accidentes a medida que las fábricas comienzan a reanudar el trabajo”.

La filial marroquí de Veolia ignora las leyes laborales y paga salarios bajos

Amanor, una filial de la multinacional francesa Veolia, que opera en servicios de gestión de agua y desechos y energía, es responsable de los despidos masivos, incluido del líder sindical, la falta de pago de los beneficios contractuales, un ataque total al sindicato, y ahora un bloqueo de la ayuda estatal para 500 trabajadores porque la gerencia se niega a registrarlos para que puedan acceder a la seguridad social durante la pandemia.

El director del sector de IndustriALL Global Union, Tom Grinter, reclamó:

“¿Despedir trabajadores por exigir beneficios que no les fueron pagos? ¿Negarse abiertamente a respetar la legislación laboral nacional? ¿Evitar vengativamente que los trabajadores reciban ayuda estatal a causa de la pandemia? Repugnante. Veolia debe solucionar esto de inmediato”.

Los trabajadores de Amanor están sindicalizados en la Union Marocaine du Travail (UMT) y están contemplados en un acuerdo de negociación colectiva, firmado en noviembre de 2017. En octubre de 2019, la gerencia violó el acuerdo de negociación colectiva cuando dejó de pagar el beneficio de rotación de turnos de 571 dirhams (US$ 57). El mes siguiente, la gerencia dejó de pagar el beneficio de transporte de 250 dirhams (US$ 25), en un momento en que se adelantaron las negociaciones para un nuevo acuerdo de negociación colectiva.

El inspector de trabajo oficial consideró ilegales los recortes en los beneficios durante un proceso en el que el gerente general declaró abiertamente que no reconoce la legislación laboral marroquí.

Después de agotar todas las posibilidades de diálogo con la administración, el sindicato comenzó a protestar en diciembre de 2019. Se realizaron huelgas de advertencia con dos exigencias: la restauración de los beneficios eliminados y la integración oficial a la empresa matriz Veolia.

La intervención y mediación del gobernador de Tánger, y la UMT nacional no pudieron detener los ataques antisindicales de la gerencia. El secretario general del sindicato a nivel de empresa fue despedido sin motivo el 20 de enero, lo que provocó una huelga indefinida en todas las partes de la empresa y grandes protestas.

La gerencia continuó despidiendo a los trabajadores que intentaban poner fin a su lucha, lo que concluyó en el despido de diez representantes sindicales y simpatizantes a fines de enero.

Desde entonces, la empresa se ha negado a reincorporar a todos los trabajadores despedidos, lo que significa que la huelga indefinida ahora continúa en su tercer mes. Con Marruecos enfrentando la pandemia mundial, los 500 trabajadores afectados y sus familias enfrentan graves dificultades. Los trabajadores que protestan están presentes en las oficinas centrales de la empresa en Tánger-Tetuán y Rabat, exigiendo justicia.

Se ofrece ayuda del estado marroquí a los trabajadores de todo el país para superar la crisis por la pandemia. Pero esta ayuda no llega a los 500 trabajadores de Amanor y sus familias porque la gerencia de la empresa se niega a registrarlos en la oficina nacional de seguridad social.

La empresa matriz Veolia tiene compromisos a nivel global muy fuertes en materia de derechos humanos y sindicales, con el objetivo público de ampliar el acceso de sus empleados a los “mecanismos de relaciones laborales”.

Fortalecer la protección social en Indonesia

A mediados de abril, el Ministerio de Coordinación de Asuntos Económicos de Indonesia reveló que 2,8 millones de trabajadores habían perdido sus empleos debido al cierre temporal de negocios durante el brote de la COVID-19, y que 1,4 millones de trabajadores solicitaron unirse al programa de la tarjeta de pre-empleo para recibir capacitación y subsidios económicos.

El asombroso aumento del desempleo plantea un gran desafío para el sistema de protección social de Indonesia. Según el Informe Mundial de Protección Social 2017-2019 de la OIT, el porcentaje del gasto en protección social del país (excluida la salud) con respecto al PIB ha disminuido gradualmente desde el año 2000.
 
Kusmawan recomienda al gobierno que proporcione ayudas mensuales en efectivo para los trabajadores, en lugar de hacer que asistan a capacitaciones bajo el programa de la tarjeta de pre-empleo. A su vez, afirma que las necesidades más críticas en este momento corresponden a obtener alimentos, ropa y refugio:

“El gobierno debe monitorear estrictamente los ceses y los despidos, y los empleadores están moralmente obligados a otorgar todas las prestaciones por despido establecidas en las leyes laborales. Las marcas en el sector textil, de prendas de vestir, calzado y cuero también deberían establecer un fondo de responsabilidad social corporativa para ayudar a los trabajadores”.

El presidente de la Confederación de Sindicatos de Indonesia (KPSI) y la Federación Sindical de Trabajadores Metalúrgicos de Indonesia (FSPMI), Said Iqbal, insta a la Agencia de Seguridad Social de los Trabajadores (BPJS) a establecer un fondo especial a partir de los intereses de depósito del fondo de trabajadores para comprar mascarillas y desinfectantes para manos.

“Debe distribuirse equipo de protección personal a todos los trabajadores indonesios de forma gratuita”.

Iqbal también pidió al gobierno y a los empleadores que detengan los despidos para proteger el bienestar de los trabajadores. Sugirió que las empresas detengan la producción y proporcionen el 100 por ciento de licencia paga a los trabajadores como un medio para reducir el costo operativo.

“Apoyamos la solicitud de un 100 % de licencias pagas para los trabajadores indonesios. Los gobiernos del sudeste asiático deben tomar medidas para fortalecer los sistemas de protección social durante este período sin precedentes”,

expresó la secretaria regional de IndustriALL, Annie Adviento.

“El hambre nos va a matar antes que el coronavirus”

Thandi, una trabajadora de la confección en Fashion International en Matsapha, señaló:

“No nos han pagado y estamos tratando de sobrevivir con el poco dinero que tenemos. Es duro. El empleador debe pagarnos lo que nos debe para que podamos comprar alimentos. Algunas de las mujeres en la fábrica son viudas y es extremadamente difícil para ellas”.

“El hambre nos va a matar antes que el coronavirus. Necesitamos de los salarios ya que no nos alcanza siquiera para comprar sal. Estamos luchando para pagar el alquiler. ¿Por qué el empleador no nos paga cuando tiene el dinero para hacerlo?”

Otro trabajador, Sizwe, de las fábricas de FTM en Nhlangano, declaró:

“Cuando mi hijo se enfermó, no tenía dinero para llevarlo al hospital y tuve que salir a mendigar. Con el bajo salario que gano, tengo pocos ahorros”.

El Sindicato Unificado de Suazilandia (ATUSWA), afiliado a IndustriALL Global Union, exige que se pague a los trabajadores del fondo de previsión al que contribuyen.

“Estamos haciendo campaña para que los empleadores paguen salarios dignos a los trabajadores, no para que ni siquiera paguen los bajos salarios con los que los trabajadores luchan cada mes. Esta falta de pago es aún más dolorosa en las difíciles condiciones de confinamiento. El fondo de previsión nacional de Eswatini se puede utilizar para pagar salarios de al menos Emalangeni 1400 (US$ 76), pero nuestro objetivo a largo plazo es que los salarios sean superiores a E 3500 (US$ 190)”, sostuvo Wander Mkhonza, secretario general de ATUSWA. 

El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, declaró:

“En medio de una pandemia que está matando a miles de trabajadores diariamente, los empleadores deben actuar de manera responsable sin empeorar una situación que ya es grave. A los trabajadores se les debe pagar su salario en tiempo y forma. Esperar que los trabajadores se queden en casa sin comida para sus familias es inaceptable”.

En una carta al primer ministro de Eswatini, Ambrose Mandvulo Dlamini, Sanches señaló:

“Esperamos sinceramente que las negociaciones actuales entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores puedan lograr que se lleven a cabo acciones urgentes para apoyar a los trabajadores mediante pagos inmediatos en lugar de exponerlos a una crisis dual de COVID‑19 y pobreza”.

Los salarios promedio son de E 1700 (US$ 92) por mes.