India: crisis de seguridad en las minas exige la ratificación del C176 de la OIT

El 2 de junio, cuatro trabajadores subcontratados murieron y cinco sufrieron lesiones graves en la mina a cielo abierto Godavarikhani de Singareni Collieries Company Limited (SCCL), en Telangana. Los accidentes ocurrieron mientras los trabajadores participaban en operaciones de voladura. Según fuentes sindicales, seis trabajadores murieron en SCCL durante el confinamiento por la COVID-19.

EL 29 de mayo, un operador de vehículos perdió la vida en la mina a cielo abierto Rajapur de Bharat Coking Coal Limited.

El 27 de mayo hubo un accidente en el proyecto Dudhichua de Northern Coalfields Limited, en donde una máquina cayó sobre un volquete. Según el sindicato, un accidente similar había ocurrido unos días antes, lo que demuestra el incumplimiento las normas de seguridad.

Un trabajador murió y otros dos resultaron heridos el 25 de mayo en la mina Parascole, del área de Kajora en Eastern Coalfields Limited, debido a un derrumbe del techo.

El 22 de mayo, un trabajador subcontratado falleció mientras que otros cuatro escaparon ilesos de un accidente mientras limpiaban una chimenea obstruida en una mina de carbón propiedad de Steel Authority of India Limited en Chasnala. Se inició una investigación interna y se suspendió a tres gerentes a la espera de los resultados.

El 19 de mayo, un trabajador fue aplastado por un volquete en el proyecto Nandgaon de Western Coalfields Limited.

Un trabajador del proyecto a cielo abierto Ananata, de Mahanadi Coalfields Limited, murió el 3 de mayo mientras cargaba diésel en maquinaria pesada de movimiento de tierras.

Nathulal Pandey, presidente de la Federación Hind Khadan Mazdoor y SQ Zama, secretario general de la Federación Nacional de Mineros de la India, expresaron:

“La escasez de mano de obra, los objetivos elevados de producción, la extracción no planificada de carbón, la tercerización de la explotación del carbón, la incorporación de una gran cantidad de trabajadores subcontratados no capacitados en áreas críticas, no haber usado los presupuestos destinados a seguridad en su totalidad durante los últimos tres años, la escasez de equipos de protección para todos los empleados y la negligencia en materia de medidas de seguridad siguen causando accidentes evitables y la pérdida de vidas de los trabajadores en las minas de CIL [Coal India Limited] y en SCCL”.
“Los intentos del gobierno de permitir la minería comercial y la privatización de CIL pueden empeorar la situación de seguridad”.

Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL Global Union, expresó:

“Estos accidentes fatales ponen de manifiesto la crisis de seguridad en las minas de India, algo que el gobierno ya no puede ignorar. Antes de perder más vidas, reiteramos que es urgente que India tome medidas para ratificar el Convenio C176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas”.
“Las leyes nacionales deben alinearse al C176, y los sindicatos deben participar en los procesos de toma de decisiones para crear una cultura de seguridad sólida en las minas del país”.

Detener la violencia de género en medio de una pandemia


Inglés	Francés	Español

“Ha habido informes de incidentes crecientes de violencia y acoso contra el personal que presta servicios al público. Hemos escuchado de trabajadores informales que también enfrentaron una mayor violencia por parte de las autoridades. Para muchas mujeres, quedarse en casa no significa mantenerse a salvo. Quienes perdieron sus empleos y las mujeres que trabajan desde casa corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica. Las medidas de confinamiento provocaron que las mujeres quedaran encerradas con sus parejas violentas. Durante las negociaciones del C190, hablamos de todo esto y de lo que se necesitaría para garantizar un mundo en el que este instrumento brinde elementos para lidiar con esta situación”,

expresó Marie Clarke, secretaria y tesorera del Congreso Laboral Canadiense.

“Cuando las mujeres sufren violencia doméstica, solamente pueden obtener algún tipo de apoyo en el lugar de trabajo. Quieren poder hablar con alguien sobre sus problemas y en su trabajo pueden hacerlo. Aquí es donde podemos proporcionar el apoyo necesario. Tenemos que encontrar la solución con ellas, tenemos que ponerlas en contacto con los servicios adecuados. […] Es en el lugar de trabajo donde encuentran la fuerza para luchar contra la violencia doméstica. Si se analiza el C190 y se escuchan las experiencias de las mujeres, la importancia del lugar de trabajo es muy clara y es por ello que debemos brindarles el mayor apoyo posible”,

afirmó Sheela Naikwade, vicepresidenta del sindicato MSTKS en la India.

“Estamos hablando del equilibrio de poder. La razón por la que las trabajadoras se enfrentan a la violencia es porque tienen menos poder. Teniendo esto en cuenta, tenemos que seguir organizándonos. Tenemos que mantener la unión de nuestra comunidad y miembros del sindicato para protegernos y afianzar nuestro poder”.

“Me gustaría hacer un llamado a todos los sindicatos, dirigentes y organizadores para que estudien el problema de la discriminación, sigan realizando capacitaciones y ayuden a nuestros miembros y trabajadores a reflexionar sobre nuestra propia discriminación existente y luchar contra ella para que podamos combatir la violencia y el abuso de poder en tiempos de COVID-19”, expresó Fish Ip, de la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar (FITH).

No se pierda el próximo seminario web:

Los trabajadores de Schlumberger obtienen reconocimiento

Schlumberger emplea a unos 900 trabajadores en diversos lugares de Pakistán. Solo alrededor de 320 de ellos son permanentes, mientras que los 580 empleados restantes son trabajadores subcontratados.

Muchos de los trabajadores subcontratados han estado en la empresa durante más de diez años, generalmente con horarios extensos, a veces obligados a trabajar en circunstancias muy difíciles en yacimientos lejanos e incluso expuestos a grupos armados.

A diferencia de los empleados permanentes, los trabajadores subcontratados carecen de seguridad laboral, ganan menos y no tienen acceso a bonos y beneficios. Asimismo, cada vez que exigieron sus derechos, se los amenazó con puestos en lugares más remotos.

En febrero, un trabajador subcontratado llamado Ahmed Nawaz Khan murió en un accidente laboral. A pesar de que se reconoció oficialmente que Khan falleció mientras trabajaba en la fábrica, la dirección se negó a proporcionar la indemnización correspondiente.

En el contexto de una negación permanente de sus derechos, los trabajadores subcontratados decidieron formar un sindicato y se comunicaron con la Federación de Empleados del Petróleo y el Gas de Pakistán (APOGEF), afiliada a IndustriALL. IndustriALL pidió a Schlumberger que respete los derechos sindicales, proporcione una indemnización adecuada, se adhiera a las leyes laborales y regularice a estos trabajadores.

En mayo de 2020, el sindicato se registró en la Comisión Nacional de Relaciones Laborales, lo que significó un progreso importante hacia el logro del derecho a la libertad de asociación.

Malik Abdul Hameed, secretario general del sindicato de trabajadores de Schlumberger Pakistán, expresó:

“Registramos nuestro sindicato gracias a la lucha constante de nuestros miembros. Reconocemos el valioso apoyo solidario brindado por APOGEF e IndustriALL”.
“Actualmente, todos nuestros miembros sindicales son trabajadores subcontratados que buscan participar en las negociaciones colectivas y el diálogo social para lograr que nuestro trabajo sea digno”.

IndustriALL Global Union felicita a los trabajadores de Schlumberger y su sindicato nacional APOGEF por su decidida lucha por la dignidad, los derechos fundamentales y, finalmente, el reconocimiento sindical. Esta es la mejor manera de proteger y promover los derechos e intereses de los trabajadores.

Schlumberger, con 103.000 empleados en más de 120 países, es uno de los principales proveedores de servicios petroleros del mundo en materia de perforación, producción y procesamiento.

El acuerdo mundial con Renault debe implicar la negociación de la reestructuración

El 29 de mayo, Renault anunció un plan de ahorro de 2000 millones de euros que dará como resultado la reestructuración de las fábricas y la pérdida de unos 15.000 empleos en todo el mundo. La planta de Choisy-le-Roi, cerca de París, se cerrará por completo y 263 personas quedarán sin trabajo.

Este anuncio es devastador para los leales trabajadores de Renault y sus familias, que habían planeado construir un futuro con la empresa. También perjudica a las comunidades locales y a los trabajadores en la cadena de suministro, así como aumenta una creciente incertidumbre acerca del futuro del sector. IndustriAll Europe exhortó a los responsables políticos europeos a que reconozcan la importancia de que el sector se recupere de la crisis del coronavirus.

Los cuatro afiliados de IndustriALL que representan a los trabajadores de Renault en Francia (CFE-CGC, FO, CFDT y CGT) se reunieron el 27 de mayo y el 2 de junio para desarrollar una respuesta conjunta al plan administrativo, que conducirá a un “colapso social y a la desindustrialización”. El 2 de junio, tras un llamado conjunto de los sindicatos, los trabajadores de Choisy-le-Roi comenzaron una huelga.

Han pasado aproximadamente once años desde que la alianza Renault-Nissan, a la que se unió Mitsubishi en 2016, implementó una estrategia de crecimiento agresiva, y menos de dos años desde que el ex director ejecutivo de Renault, Carlos Ghosn, fue arrestado en Japón. Esto provocó una profunda crisis en la alianza entre Renault y Nissan y un caos en la dirección de ambas empresas, lo que también dio como resultado el cierre de plantas de Nissan.

También ha pasado solamente una semana desde que la alianza anunció recortes de personal y el cierre de plantas. En lugar de crecimiento, ahora se habla de “redimensionamiento”, un eufemismo usado en la escuela de negocios para la reducción y el fracaso de un modelo de negocios.

Afortunadamente, el movimiento sindical mundial le ha prestado mucha atención al futuro de la industria automotriz, y cuando ocurre una catástrofe, estamos preparados. Hace menos de un año, Renault e IndustriALL Global Union firmaron un acuerdo mundial que sentó precedentes acerca de la transformación de la empresa francesa hacia un nuevo mundo del trabajo.

En el primer punto del acuerdo, el Grupo Renault confirma su responsabilidad social y su compromiso de garantizar que los empleados cuenten con las herramientas y condiciones para enfrentar los desafíos del cambio y la transformación.

Renault afirmó que los recortes de empleos se realizarán a fines de 2022, y que intentará que estos se lleven a cabo mediante la “reconversión laboral, la movilidad interna y las salidas voluntarias”. No obstante, de un total de 180.000 a nivel mundial, se perderán 4600 empleos en Francia y más de 10.000 en otros países.

En el acuerdo, Renault se compromete a negociar con los sindicatos y representantes de los empleados en todos los países del mundo. Es esta inclusión de “todos los países” lo que hace que el acuerdo sea tan crucial. Las multinacionales suelen llevar a cabo procesos de reestructuración de una manera socialmente responsable en su país de origen, pero no más allá de este. El comité de empresa mundial de Renault ha estado activo durante más de una década y ahora tiene la oportunidad de llevar el diálogo social transnacional al siguiente nivel.

Esto requiere un enfoque de tres aspectos: consultas periódicas con el comité directivo del comité de empresa mundial, transparencia, y diálogo constructivo y negociaciones a nivel nacional en todos los países afectados por la reestructuración con la participación plena de los respectivos sindicatos.

Aunque este es otro golpe devastador para la industria, si se respetan los compromisos del acuerdo es posible reducir el impacto negativo y asegurar que la reestructuración se lleve a cabo de una manera socialmente responsable.

“No nos quitarán nuestro futuro” afirman los trabajadores españoles de Alcoa

Durante los últimos dos años, Alcoa recibió ayuda económica de hasta 38 millones de euros por parte del Estado, con el fin de que se garantizaran los puestos de trabajo. Hoy en día, la empresa recurre a excusas referidas a los altos costos energéticos y los bajos precios del aluminio, y anuncia que “no se tomará ninguna decisión hasta que finalice este período de consulta”.

A lo largo de los años, Alcoa, uno de los mayores productores mundiales de aluminio, se ha separado de varias plantas de aluminio en la región española de Galicia.

El cierre de la planta de aluminio de San Cibrao afectará la economía española de manera significativa, dado que el país ya no tendrá la capacidad de producir aluminio, considerado esencial para muchos otros sectores.

Los sindicatos españoles afiliados a IndustriALL, CCOO de Industria y UGT FICA reclaman la adopción de medidas que garanticen que no se suspenda la fabricación de aluminio primario y que no se pierda el empleo en la planta.

Ambos sindicatos han pasado por situaciones de similar gravedad en las otras plantas de Alcoa de Avilés y La Coruña y, en esta oportunidad, instan al gobierno español a tomar las medidas que sean necesarias para evitar que Alcoa concrete esta decisión tan perjudicial.

La planta de San Cibrao contribuye al 25 por ciento del PIB en la región, y la pérdida de 534 empleos tendrá un gran impacto en la economía.

“Junto con IndustriAll Europe, IndustriALL Global Union insta a Alcoa a reconsiderar el despido colectivo y reincorporarse a la mesa de negociación con los sindicatos y el gobierno para lograr conjuntamente una solución justa y viable tanto para la empresa como para los trabajadores de la planta de San Cibrao”,

expresó Valter Sanches, secretario general de IndustriALL.

Ambas organizaciones expresan su solidaridad con los sindicatos españoles y sus miembros en Alcoa en su lucha legítima y justa por el empleo.

IndustriALL cuenta con una red sindical mundial entre los afiliados que representan a los empleados de Alcoa.

Sindicato interviene para liberar a mineros de un campamento de cuarentena por la COVID-19

Si bien delegados de la mina explicaron que la cuarentena es parte de los esfuerzos realizados para detener la propagación del coronavirus entre los trabajadores, el MUZ manifestó que estos no deberían verse obligados a permanecer en el campamento lejos de sus familias.

A decir del sindicato, las condiciones de vida que incluyen dormitorios y baños parcialmente abiertos violan la privacidad y son un insulto a la dignidad de los trabajadores. Los trabajadores también se quejaron de la alimentación deficiente que recibían.

El MUZ se reunió con la dirección de la mina y llegó a un acuerdo para que los trabajadores puedan regresar a sus hogares. Se les proporcionaría transporte hacia y desde el trabajo en las minas para diferentes turnos.

El presidente del MUZ, Joseph Chewe, señaló durante una reunión con los trabajadores:

“Es nuestro deber como sindicato manifestarnos en nombre de los mineros contra cualquier maltrato. Aplaudimos su unidad al rechazar las terribles condiciones de vida a las que fueron sometidos y exigimos a la dirección que deje de obligar a los trabajadores a vivir en el campamento”.

A pesar del acuerdo, la dirección distribuyó “formularios de solicitud de cuarentena” para incitar a los trabajadores a permanecer en el campamento. En el formulario se incluyen promesas de proporcionar alimentos y un subsidio de K 1500 (USD 82) a aquellos trabajadores que aceptan continuar viviendo en el campamento.

Los trabajadores deben firmar algunas cláusulas que establecen su conformidad con renunciar a derechos que están protegidos por la ley, incluidos los despidos inmediatos.

Por ejemplo, en una sección del formulario se indica: “Entiendo que no puedo salir o retirarme del campamento sin la aprobación de la dirección, ya que esto conllevará el despido inmediato”.

Glen Mpufane, director de minería de IndustriALL, declaró:

“En ninguna circunstancia es válido forzar a trabajadores mineros a vivir en condiciones tan deplorables. Las empresas mineras tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de los trabajadores, y esto incluye proporcionar instalaciones sanitarias y de vivienda adecuadas."

De los más de 2500 trabajadores empleados en la mina Chambishi, 1450 son miembros del MUZ.

La mina y la planta de fundición de cobre son propiedad conjunta de China Non-ferrous Metals Company Limited (85 %) y Zambia Consolidated Copper Mines Limited (15 %).

Los trabajadores austríacos del sector químico se unen por un acuerdo justo

El sindicato PRO-GE, afiliado de IndustriALL Global Union, lidera las negociaciones junto con otro sindicato austríaco, GPA-djp, unidos frente a la postura poco razonable de los empleadores del sector químico.

Los líderes del equipo de negociación, Alfred Artmäuer de PRO-GE y Günther Gallistl de GPA-djp, declararon conjuntamente:

“Mientras el coronavirus nos obliga a distanciarnos, los trabajadores de la industria química se acercan aún más”.

La propuesta de los empleadores es que los 45.000 trabajadores del sector químico en Austria acepten una reducción de los salarios reales y beneficios con un aumento del 1,45 por ciento por debajo de la inflación.

Los negociadores sindicales explican que los trabajadores ya están pagando por la crisis económica actual causada por la pandemia de dos maneras. Debido a la recesión económica, se ha utilizado ampliamente el trabajo a tiempo parcial fomentado por el gobierno. Tanto esta práctica como el estímulo estatal de la economía se costean con los impuestos de los trabajadores. Se rechaza una tercera forma de hacer que los trabajadores paguen con la reducción de sus ingresos.

Mientras se les pide a los trabajadores del sector químico que reduzcan sus salarios, los accionistas siguen siendo recompensados con dividendos. A su vez, los negociadores sindicales les recuerdan a los empleadores que la industria tuvo un desempeño excepcionalmente bueno el año pasado.

El 4 de junio, en las ciudades de Viena y Linz, los sindicatos llevarán a cabo asambleas de trabajadores que incluirán capacitación en materia de huelgas. En estas reuniones se decidirán los pasos a seguir en caso de que los empleadores no presentan una oferta significativamente mejorada.

El 19 de mayo, los interlocutores sociales en la industria electrónica del país firmaron un acuerdo sectorial que prevé un aumento salarial del 1,6 por ciento y un pago especial libre de impuestos para cada trabajador, la “bonificación por el coronavirus”. Esta industria emplea a más de 50.000 trabajadores, que también son representados por PRO-GE y GPA-djp.

El director del sector químico de IndustriALL Global Union, Tom Grinter, expresó su solidaridad con los trabajadores austríacos:

“Es genial ver tanta energía mientras nuestros colegas sindicalistas se movilizan frente a sus fábricas en toda Austria y se niegan a ser estafados. ¡Los respaldaremos hasta llegar a un acuerdo justo!”

Propuesta de ley antisindical amenaza al movimiento sindical ucraniano

El 27 de mayo, el comité parlamentario sobre política social y protección de los veteranos analizó el proyecto de ley n.º 2681 y recomendó que el parlamento lo adopte en primera lectura durante la sesión de la próxima semana.

Este proyecto de ley contradice la Constitución de Ucrania, los convenios fundamentales de la OIT, incluido el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, así como el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea.

Sus disposiciones actuales socavarían gravemente la libertad de asociación en Ucrania, ya que este proyecto permite solo dos sindicatos por empresa; establece una cantidad mínima de diez miembros para los sindicatos, lo que priva a los trabajadores de las pequeñas empresas de su derecho a formar un sindicato o afiliarse a uno; permite la creación de “comisiones de control” externas con poderes no especificados sobre los sindicatos; excluye de la negociación colectiva a los sindicatos que tienen personal “gerencial” entre sus miembros, sin una definición de este término que permita una interpretación amplia, así como impide negociar con los sindicatos cuyos miembros incluyen supervisores ocasionales que no son responsables de las decisiones administrativas. El proyecto de ley antisindical elimina la obligación del empleador de proporcionar información acerca de la negociación colectiva en el plazo de una semana luego de que los sindicatos lo solicitan; socava las obligaciones del diálogo social tripartito y permite la incautación de bienes que han estado en posesión de los sindicatos durante casi 30 años desde la independencia de Ucrania.

En una carta al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el secretario general de IndustriALL Global Union, Valter Sanches, expresó:

“Nos gustaría recordarle que, en medio de la crisis de la COVID-19, la democracia, las reglas democráticas y la gobernanza democrática son claves para superar los desafíos actuales. Al igual que en otras partes del mundo, los sindicatos son actores fundamentales para el establecimiento y desarrollo de la infraestructura democrática de su país. Le pido que genere el entorno propicio necesario para que los sindicatos funcionen correctamente en lugar de imponerles obstáculos”.

“Nuestro sindicato mundial espera que ponga los derechos y las expectativas de las personas primero, antes que los intereses comerciales y económicos”.

“IndustriALL exhorta al presidente de Ucrania a eliminar este proyecto de ley de inmediato y actuar de conformidad con los convenios laborales internacionales que han sido ratificados por su país y el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la UE”.

El proyecto de ley se presentó inicialmente al Parlamento en diciembre de 2019, junto con el proyecto de ley antiobrero n.º 2708, como parte de la reforma de la ley laboral. Después de una acción de solidaridad a nivel mundial en apoyo a una misión de la federación sindical mundial a Kiev en febrero, el proyecto de ley laboral n.º 2708 fue abandonado luego de la renuncia del gobierno.

Sindicalista camboyana liberada de la cárcel

El Sindicato Colectivo del Movimiento de Trabajadores (CUMW) de Camboya luchó por la liberación de su presidenta sindical local, con el apoyo de una campaña en LabourStart y la solidaridad internacional.

El presidente de CUMW, Pav Sina, expresó:

“Si bien celebramos su liberación, CUMW enfatiza que el gobierno debe abandonar toda investigación sobre Soy Sros. Superl Cambodia Ltd debe reincorporarla de inmediato con paga retroactiva completa, beneficios e indemnización por daños.
Exhortamos a la empresa a respetar la libertad de expresión de la dirigente sindical y su papel como representante de los trabajadores”.

En medio del brote del coronavirus y el cierre de fábricas, Soy Sros estaba luchando por los derechos de los miembros de CUMW, incluida una mujer embarazada, ya que Superl Cambodia Ltd. había anunciado que sus contratos de trabajo no se renovarían el 2 de abril.

Al criticar a la empresa en Facebook por no seguir los consejos del primer ministro camboyano con respecto al despido de trabajadores, Soy Sros fue arrestada al día siguiente.

IndustriALL Global Union se contactó por escrito con Superl Cambodia Ltd y las marcas que producen en la fábrica, instando a todas las partes a respetar la libertad de expresión de la dirigente de CUMW y a retirar la denuncia policial. El 15 de mayo se lanzó una campaña internacional para exigir su liberación.

La directora regional de IndustriALL para el sudeste asiático, Annie Adviento, declaró:

“IndustriALL se ha preocupado mucho por el deterioro de la salud de Soy Sros durante su reclusión. Ahora tiene acceso a un tratamiento médico adecuado. El derecho a la salud es un derecho humano.
Agradecemos a todos, en todo el mundo, por sus acciones solidarias. La liberación de Soy Sros demuestra que podemos hacer un cambio cuando estamos unidos”.

Tailandia: acciones antisindicales en Sunstar Engineering

A principios de este año, Sunstar Engineering empleaba a más de 300 trabajadores permanentes y 80 trabajadores subcontratados. La mayoría de los empleados permanentes (179) pertenecían al Sindicato de Trabajadores de Autopartes y Metal de Tailandia (TAM), afiliado a la Confederación Tailandesa de Trabajadores de la Industria Electrónica, de Electrodomésticos, Automotriz y del Metal (TEAM) y la Confederación de Trabajadores Industriales de Tailandia (CILT). La CILT está afiliada a IndustriALL Global Union.

Recientemente, Sunstar Engineering despidió a 94 trabajadores permanentes y a los 80 trabajadores subcontratados, culpando a la pandemia de COVID-19 y a la disminución de los pedidos. Los 94 empleados permanentes están afiliados al sindicato y fueron despedidos sin previo aviso. Otras posibles soluciones, tales como la jubilación anticipada voluntaria, nunca se discutieron.

La empresa también despidió a cinco trabajadores del comité de empleados sin obtener el permiso necesario del Tribunal de Trabajo, en un claro incumplimiento de la Ley de Relaciones Laborales de Tailandia.

El sindicato afirma que, en contra de lo que sostiene Sunstar Engineering, la empresa ha mostrado ganancias en los últimos años. Después de detener temporalmente la producción durante parte de abril, Sunstar Engineering retomó completamente sus actividades en mayo.

Según el sindicato, esta no es la primera vez que se toman medidas antisindicales. El gerente de recursos humanos de Sunstar Engineering había advertido a los miembros del sindicato que probablemente serían despedidos. Además, la empresa envió un documento para que firmen los integrantes del sindicato en el que notificaba que ya no deduciría automáticamente las cuotas sindicales de los salarios.

Esta intimidación, otra clara violación de la Ley de Relaciones Laborales de Tailandia, llevó a 35 trabajadores a dejar el sindicato el 22 de mayo. Después de que otros empleados lo abandonaron, la cantidad de miembros se redujo a menos de 20.

Junto con la CSI y otros sindicatos mundiales, IndustriALL ha planteado serias preocupaciones acerca de las violaciones de los derechos laborales en Tailandia, incluidas las vulneraciones al derecho a la libertad de asociación, sindicación y negociación colectiva. Tailandia es uno de los pocos países del mundo que no ha ratificado ni el Convenio 87 de la OIT sobre libertad de asociación, ni el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.

En octubre del año pasado, Estados Unidos anunció que en abril de 2020 suspendería parcialmente las preferencias comerciales de Tailandia en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Este retraso de seis meses tenía como objetivo dar al gobierno tailandés la oportunidad de tomar las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores. Sin embargo, la mayoría de estos problemas no se han abordado de manera significativa.

IndustriALL Global Union exhorta firmemente al gobierno a resolver por completo los problemas planteados en la revisión del SGP en consulta con sindicatos legítimos y representativos, y sostiene que es frustrante que se sigan realizando acciones antisindicales y que el gobierno aún no haya tomado las medidas necesarias.