Debe liberarse inmediatamente a una dirigente sindical encarcelada en Camboya

¡Usted puede ayudar! Firme y comparta nuestra campaña en LabourStart para pedir la liberación inmediata de Soy Sros de la cárcel camboyana.

El 2 de abril, Soy Sros fue arrestada por “provocación” según el código penal.

Según el presidente de CUMW, Pav Sina, la salud de Soy Sros se está deteriorando y, aunque está recibiendo tratamiento médico en prisión, debe ser liberada lo antes posible y recibir atención médica en un hospital.

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El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, expresó:

“Soy Sros ejercía legítimamente su libertad de expresión para defender los intereses de los trabajadores despedidos por Superl Holdings Ltd y debe ser liberada inmediatamente. En lugar de encarcelar a Soy Sros, las autoridades de este país deberían actuar como un mediador constructivo entre la empresa y el sindicato”.

“Es totalmente inaceptable que las empresas y los gobiernos aprovechen la crisis de la COVID-19 para tomar medidas enérgicas contra los sindicatos. Nos pondremos en contacto con los clientes de la empresa y movilizaremos la solidaridad internacional”.

El 16 de abril, en defensa de la dirigente sindical, IndustriALL envió una carta a Superl Holdings en la que la instó a retirar los cargos contra Soy Sros. La empresa no ha respondido.

Trabajadores tunecinos de la confección en huelga por despidos de dirigentes sindicales

Los trabajadores de Gartex, en Túnez, se declararon en huelga durante dos días en mayo, ya que el empleador ha obstaculizado, por más de dos años, los intentos por resolver una gran variedad de problemas laborales.

En 2018, se despidió al secretario general del sindicato y el secretario general adjunto después de una reunión con los trabajadores con el objetivo de analizar los problemas en el lugar de trabajo.

Debido a las deficiencias en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo, el sindicato solicitó una visita de la inspección médica laboral en junio del año pasado. Se confirmaron varias infracciones relativas a la salud y seguridad y se emitió una larga lista de recomendaciones.

La FGTHCC-UGT ha solicitado a la gerencia, en reiteradas oportunidades, que analice las peticiones del sindicato. La gerencia, por su parte, solicitó al sindicato que le enviara la lista de peticiones, alegando que no tenía poder para negociar ya que este recae en los inversores extranjeros. El sindicato presentó, en diciembre de 2019, las solicitudes y problemas laborales en detalle, pero no recibió respuesta alguna. Incluso volvió a realizar varias solicitudes de negociación de manera oficial y todas fueron ignoradas.

El 20 de febrero, se despidió a 56 trabajadores, incluidos los dirigentes electos del sindicato de la empresa y miembros del comité asesor. Como los intentos de resolver el conflicto no tuvieron éxito, los trabajadores representados por la FGTHCC-UGTT organizaron una huelga los días 13 y 14 de mayo, en protesta por la violación del derecho de sindicación y los despidos.

Habib Hazami, secretario general de la FGTHCC-UGTT, declaró:

“A pesar de la buena voluntad y flexibilidad que ha demostrado el sindicato para mantener la sostenibilidad de la empresa y defender los derechos de los trabajadores, la gerencia continúa ignorándolo en asuntos cruciales y trata de debilitar su rol entre los trabajadores”.

“La empresa no ha respondido a ninguna de nuestras peticiones legítimas y nos vimos obligados a realizar una huelga, a la que seguirán otras acciones. Instamos a la gerencia a que reincorpore a los 56 trabajadores despedidos, incluidos los dirigentes sindicales”.

En una carta dirigida a la empresa, IndustriALL expresa su preocupación por los graves problemas a los que se enfrentan los trabajadores e insta al empleador a respetar los derechos laborales fundamentales, incluido el derecho a sindicalizarse, y a reincorporar de inmediato a los dirigentes y miembros sindicales despedidos.

Kemal Izkan, subsecretario general adjunto de IndustriALL expresó:

“Es crucial que Gartex Tunisie cumpla estrictamente con la legislación laboral nacional e internacional. Esperamos que la empresa tome medidas correctivas de inmediato y, sin más demora, establezca un diálogo productivo con la FGTHCC-UGTT”.

Gartex emplea a unos 1000 trabajadores y es propiedad del fabricante alemán de prendas de vestir Gardeur, que a su vez es propiedad del grupo holandés Duijndam.

Sindicato apoya un acuerdo para que pequeñas empresas de Sudáfrica fabriquen 14 millones de máscaras

El consejo de negociación acreditó a 388 fabricantes con capacidad para fabricar 14 millones de máscaras que cubren la nariz y la boca.

Además, 217 fueron aprobados para fabricar equipos de protección personal y otros productos esenciales necesarios para prevenir la propagación del coronavirus.

Según SACTWU, los acuerdos ayudarán a miles de mipymes a sobrevivir y continuar la producción en las duras condiciones del confinamiento por la COVID-19.

Las mipymes emplean de 10 a 250 trabajadores, y las que se registraron recientemente de los municipios emplean al menos a seis trabajadores en promedio en sus operaciones de corte y confección. Las mipymes están eximidas de los principales convenios colectivos, pero se consideran empresas que cumplen en las estrategias para permitir su crecimiento. A pesar de que las operaciones de las mipymes son muy informales, los sindicatos están sindicalizando a los trabajadores.

SACTWU, el Departamento de Comercio, Industria y Competencia y Business for South Africa se han asociado para crear un portal en línea donde las personas y las empresas pueden comprar las máscaras.

El uso de mascarillas se convirtió en un requisito el 1 de mayo como una de las medidas preventivas para detener la pandemia del coronavirus. SACTWU está realizando una campaña para la fabricación de las máscaras utilizando material local de modo de preservar y crear puestos de trabajo.

El sindicato acoge con satisfacción la anunciada Fase 4 de las regulaciones del confinamiento para el sector de la confección de vestimenta, que ayudará a la industria local.

Andre Kriel, secretario general de SACTWU, expresó:

“Es un gran impulso para nuestra industria manufacturera local que se encuentra en dificultades y ayudará a decenas de miles de trabajadores de la vestimenta, el textil, el calzado y el cuero durante este difícil período”. 

“No podemos enfatizar lo suficiente cuán importante es que tomemos medidas ahora para asegurar que todavía tengamos una industria manufacturera nacional después del confinamiento”.

Christina Hajagos-Clausen, directora del sector textil de IndustriALL, señaló:

“Es importante permitir que las pequeñas operaciones de la confección crezcan y formen parte de la cadena de suministro, y es encomiable que SACTWU participe en el desarrollo de la capacidad de las mipymes. Es igualmente fundamental que los trabajadores participen en los esfuerzos para luchar contra la COVID-19”.

Declaración de la Agrupación Global Unions: Los derechos LGBTI son una cuestión sindical

Hoy, hace 30 años que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad como trastorno mental de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados. Desde ese día histórico, la comunidad LGBTI ha trabajado para erradicar el acoso y la discriminación basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género o características sexuales a través de leyes y políticas, así como mediante actividades que celebran la diversidad.

Como sindicatos y miembros de la comunidad mundial, hemos desempeñado un papel importante en la promoción de la inclusión y la diversidad en el lugar de trabajo y seguiremos trabajando para proteger a nuestra membresía LGBTI.

Sin embargo, a pesar de los logros, la homofobia aún existe. Las personas trabajadoras LGBTI siguen sufriendo disparidades laborales y discriminación por su orientación o identidad de género o sus características sexuales. Éstas van desde la disparidad de ingresos hasta el acoso en el lugar de trabajo, desde el trato injusto en el trabajo hasta la discriminación al solicitar un empleo.

En tiempos de crisis, como el que estamos viviendo, esta situación empeora. Desde las barreras para acceder a los servicios de salud hasta la estigmatización; desde el aumento del ciberacoso en línea y el discurso de odio hasta la violencia doméstica; personas trabajadoras LGBTI se enfrentan a una situación sin precedentes y por tanto a un mayor riesgo de problemas de salud mental y personal.

La pandemia COVID-19 ha tenido un impacto en los medios de vida de trabajadoras y trabajadores LGBTI, ya que están representados de manera desproporcionada en las industrias y sectores más afectados por la pandemia, como el comercio minorista, hotelería y el turismo. Esto les expondrá a mayores niveles de dificultades económicas y desempleo, con consecuencias para su salud y bienestar.

Hoy, defendemos a todas las personas trabajadoras LGBTI y sus derechos, que son derechos humanos. Seguiremos luchando por un lugar de trabajo libre de discriminación y acoso, nos movilizaremos para protegerles y para plantear sus problemas y necesidades.

Para lograrlo, hemos creado un grupo de trabajo de los derechos LGBTI de la Agrupación de Sindicatos Mundiales. Adoptaremos una Carta de Solidaridad LGBTI y seguiremos trabajando con nuestros sindicatos afiliados para mejorar las estructuras y políticas LGBTI a fin de construir un movimiento sindical mundial más fuerte e inclusivo.

Resistamos la intolerancia y la discriminación donde la veamos. Sigamos trabajando para asegurarnos de que nuestros sindicatos sean más inclusivos con las personas LGBTI. Vayamos más allá de los días de acción individual y abordemos cada día las desigualdades sistémicas de género, de ingresos y raciales.

La Agrupación de Sindicatos Mundiales se compromete a seguir luchando por los derechos de todas y todos los trabajadores y piden a sus afiliadas en todo el mundo que apoyen la campaña para poner fin a la violencia y la discriminación en el lugar de trabajo.

Encontrar nuevas maneras de defenderse

Se tomaron medidas para proteger a los miembros mientras realizaban sus tareas vinculadas a la huelga cada semana. Se limitó la cantidad de miembros en la línea del piquete, se acortaron los turnos del servicio de huelga y se implementó el distanciamiento social y el uso de guantes y desinfectante de manos, entre otras medidas para mantener a todos a salvo.

Ante el problema de no poder celebrar una reunión de ratificación y votación, se desarrolló una idea innovadora en forma de un proceso de tres áreas para llevar a cabo desde el automóvil. En primer lugar, se dispuso un área de entrega del paquete informativo sobre la ratificación, luego una zona de preguntas y, finalmente, un lugar para realizar la votación desde el vehículo.

Si tenían una pregunta, los miembros levantaban la mano por fuera de la ventanilla de su automóvil y un miembro del comité de negociación iba a responder.

En una declaración en su sitio web, la UAW expresó:

“Con el apoyo que recibieron de la Región 8 y la UAW Internacional, los miembros pudieron mantenerse unidos y hacer saber a la empresa que no se limitarían a quedarse cruzados de brazos y aceptar lo que esta quisiera”.

Valter Sanches, secretario general de IndustriALL, felicitó al Local 1407 de la UAW y afirmó que durante la pandemia los sindicatos están encontrando formas innovadoras de luchar por sus miembros y preservar sus derechos.

Muchos sindicatos en Brasil han negociado convenios colectivos que establecen soluciones alternativas para proteger la vida y los derechos de los trabajadores. La mayoría de ellos se han negociado a través de asambleas virtuales, lo que les permite debatir y votar propuestas, al tiempo que se garantiza la participación, la democracia y el aislamiento social.

En una reciente asamblea virtual realizada por el Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SMABC), integrante de la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos (CNM-CUT), los miembros votaron a favor de un acuerdo con Mercedes-Benz en São Bernardo.

El acuerdo garantiza que los trabajadores recibirán entre el 80 y el 100 por ciento de sus salarios durante dos meses y asegura los 8.400 puestos de trabajo hasta el 31 de diciembre.

El Sindicato dos Metalúrgicos do Soracaba (también parte de CNM-CUT), celebró muchas asambleas virtuales en las que se aprobaron convenios colectivos que garantizan salarios y beneficios, además de la estabilidad laboral, en empresas como Bosch, Toyota, Emerson y Schaeffler. Por ejemplo, los trabajadores de Schaeffler acordaron la reducción de las horas de trabajo y los salarios por 90 días, y la suspensión de los contratos por 60 días. En ambas medidas, se garantizó la estabilidad laboral de los trabajadores hasta el 30 de noviembre.

Se pone el foco en la industria farmacéutica para luchar contra la COVID-19

Para IndustriALL Global Union, existe una fuerte dimensión social en las políticas que se aplican a la industria farmacéutica. A su vez, el acceso a medicamentos es una parte importante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, especialmente en relación con el logro de la Salud y bienestar (Objetivo 3). La cobertura sanitaria universal, incluido el acceso a medicamentos, tiene una importancia vital en este aspecto. Incluso antes de la crisis de la COVID-19, mil millones de personas en todo el mundo no podían recibir un tratamiento médico básico, al tiempo que más de dos mil millones carecían de acceso a los medicamentos esenciales.

La cobertura sanitaria universal significa que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin sufrir dificultades financieras, lo que incluye el espectro completo de servicios de salud esenciales y de calidad, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Obviamente, la industria farmacéutica tiene un papel importante que desempeñar para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Salud y bienestar.

La actual pandemia mundial resalta las cuestiones sociales que el sector farmacéutico de IndustriALL tiene que abordar constantemente. El acceso a la medicina vital es un derecho humano universal, un derecho que constantemente está siendo atacado por los especuladores. 

Ya que la COVID-19 es una crisis mundial, todos deberían poder beneficiarse de los productos de la industria farmacéutica. Esto es particularmente cierto al tiempo que grandes cantidades de dinero público y otros recursos (universidades y hospitales, por ejemplo) se ponen a disposición de la industria para acelerar la investigación. La opinión pública mundial espera firmemente que cuando se produzca una vacuna y/o medicamento contra la COVID-19 esta sea accesible para todos. En definitiva, sería inaceptable que hubiera gente sufriendo mientras se distribuyen enormes ganancias entre los accionistas.

A diferencia de lo que sucede actualmente en otros sectores manufactureros, hasta el momento se ha producido muy poca, si alguna, reducción en la actividad en el sector en todo el mundo. Sin embargo, la industria enfrenta posibles cambios a mediano plazo cuando, en el período posterior a la pandemia, cobren impulso las cuestiones importantes como el aumento de la influencia del Estado en el sector y la reducción de la subcontratación de la producción a países con estándares más bajos de seguridad e higiene.

El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, expresó:

“La primera prioridad para nuestros excelentes afiliados del sector farmacéutico es desarrollar el conocimiento para encontrar tratamientos, vacunas y una cura para este terrible virus. Sin embargo, en ese entonces, la industria necesitará realizar una introspección seria acerca de las cadenas de suministro mundiales, el papel del Estado y la manera de garantizar sistemas de salud más fuertes. Estas son grandes preguntas, e IndustriALL continuará facilitando este debate”.

Los trabajadores del área farmacéutica son altamente calificados y educados. Sin embargo, en varios países, los derechos sindicales en este sector son atacados de forma frecuente. IndustriALL responde a esta realidad con campañas de solidaridad y fortalecimiento de redes.

Las tendencias generales que afectan a los trabajadores del sector también incluyen una sociedad en proceso de envejecimiento, el cambio climático, las nuevas tecnologías, la digitalización, el papel de los medicamentos genéricos, las patentes y la reestructuración corporativa. La digitalización de las fábricas farmacéuticas probablemente se acelerará y afectará directamente el empleo en el área.

La mayoría de las empresas multinacionales farmacéuticas más grandes han realizado donaciones multimillonarias en efectivo, materiales, servicios, gel antibacterial y medicamentos para el esfuerzo sanitario contra la pandemia.

Las fuertes denuncias de FCE-CFDT, afiliado a IndustriALL, produjeron un cambio de las políticas en Sanofi. La empresa francesa, que es una farmacéutica prioritaria para IndustriALL, decidió unilateralmente un pago adicional del 15 % del salario de cada empleado, de cualquier país, que debiera continuar trabajando durante la pandemia. La exigencia de FCE-CFDT de una cantidad fija para todos los empleados fue finalmente satisfecha por la dirección. De lo contrario, el personal mejor pago habría recibido más que aquel con salario más bajo.

Sanofi ha unido fuerzas con la empresa farmacéutica británica GlaxoSmithKline para trabajar en una vacuna contra el coronavirus. No hay precedentes en el sector de una asociación de esta magnitud. Las dos empresas combinadas tienen la mayor capacidad de fabricación de vacunas en el mundo y su objetivo es llevar una vacuna de alta tecnología a ensayos en humanos en cuestión de meses. La vacuna se basa en una tecnología existente basada en el ADN que Sanofi usa para fabricar su vacuna contra la gripe.

Los afiliados de IndustriALL representan a los empleados de Sanofi y GSK en todos los continentes.

Estados indios suspenden las leyes laborales y aumentan las horas de trabajo

Ciertos gobiernos estatales, entre ellos los de Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh y Himachal Pradesh, han aumentado la jornada de trabajo a 12 horas y 72 horas a la semana. En una reunión de gabinete celebrada el 6 de mayo, el gobierno de Uttar Pradesh suspendió 35 de las 38 leyes laborales que rigen a los sindicatos, los conflictos laborales y los trabajadores subcontratados. Todos los establecimientos en el estado estarán exentos de cumplir las leyes laborales por un período de tres años.

Los gobiernos estatales que hicieron cambios radicales están encabezados por el Partido Bharatiya Janata (BJP), de derecha, que también es el partido del gobierno central. Mientras las asambleas legislativas o el parlamento no estaban en sesión, se modificaron las leyes laborales de forma agresiva a través de órdenes ejecutivas. Estos cambios socavan los principios y derechos laborales fundamentales, al tiempo que revierten lo obtenido en materia de trabajo digno a lo largo de décadas de lucha sindical.

Los trabajadores del cemento en Chattisgarh se manifiestan en contra de las modificaciones en la legislación laboral. El cartel dice: “No cambien la legislación laboral a favor de las empresas”.                                    

El gobierno de Gujarat eximió a nuevas plantas industriales de cumplir las leyes y normas laborales durante 1200 días. En su caso, solo se aplicarán tres leyes: la Ley de Salarios Mínimos, las Normas de Seguridad Industrial y la Ley de Compensación de los Empleados.

Madhya Pradesh otorgó exenciones de las obligaciones legales establecidas bajo diversas leyes laborales, que incluyen la Ley de Fábricas, la Ley de Relaciones Industriales, la Ley de Controversias Industriales y la Ley del Contrato Laboral. Este estado tiene la intención de aumentar las exenciones a través de modificaciones mediante orden ejecutiva por un período de 1000 días. 

Por un período indefinido, once categorías industriales correspondientes al sector textil, del cuero, del cemento, del hierro y el acero, de productos eléctricos, de la electricidad, del transporte público motorizado y de ingeniería, incluido el sector automotriz, estarán exentas de cumplir la Ley de Relaciones Industriales de Madhya Pradesh. No se realizarán inspecciones en las empresas con menos de 50 empleados y no se hará ningún control sorpresa.

“Debe pagarse el salario total durante el período de confinamiento”

Himachal Pradesh, Rajasthan, Tripura y Punjab también aumentaron las horas de trabajo y eximieron a los establecimientos de cumplir las leyes laborales.

El 1 de mayo, durante una reunión con el ministro de Trabajo, representantes de centrales sindicales expresaron una serie de demandas al gobierno:

El gobierno no tomó medidas con respecto a ninguna de las demandas sindicales.

El 6 de mayo, el ministro de Trabajo se reunió con los empleadores, cuyas demandas incluyen la flexibilización de la Ley de Controversias Industriales para tratar el período de confinamiento como un despido, suspender las leyes laborales por los próximos 2-3 años, salvo por las disposiciones con respecto a salarios mínimos, bonificaciones y cuotas legales, y aumentar la jornada de trabajo a 12 horas por día.

Valter Sanches, secretario general de IndustriALL Global Union, expresó:

“Condenamos enérgicamente el intento de los gobiernos estatales de la India de aumentar las horas de trabajo y suspender las leyes laborales. No olvidemos que los trabajadores están en la primera línea de lucha frente a la COVID-19”.

“El gobierno central no debe permitir cambios draconianos en la legislación laboral que vayan en contra de los derechos humanos establecidos internacionalmente y las normas internacionales del trabajo. Los gobiernos estatales deberían retirar de inmediato los cambios antiobreros en la legislación laboral. IndustriALL Global Union se solidariza con el movimiento sindical indio para defender los derechos de los trabajadores”.

La plataforma conjunta de Sindicatos y Federaciones/Asociaciones Centrales denunció con vehemencia los cambios en la legislación laboral. Los sindicatos están planificando tomar acciones a nivel nacional a la brevedad.

Protección de los trabajadores en Myanmar

La pandemia de la COVID-19 ha causado una crisis en la industria de la confección de Myanmar, con graves impactos económicos para los trabajadores. En una iniciativa liderada por un sindicato, unos 100.000 trabajadores de la confección de este país se beneficiarán de medidas acordadas con marcas y empleadores.

Las partes se comprometen a cooperar de buena fe para garantizar la salud y seguridad en el lugar de trabajo de los empleados de la confección y el calzado en Myanmar y mitigar el impacto de la crisis sobre las fábricas y los trabajadores.

Esto incluye colaborar con las organizaciones pertinentes para movilizar recursos con el fin de cubrir la pérdida salarial de los trabajadores del sector de abril a julio, en coordinación con la acción mundial para apoyar a la industria de la confección, y asistir en la investigación de la OIT para calcular la financiación necesaria con respecto a las pérdidas de salarios.

Además, las partes acuerdan apoyar el desarrollo de pisos de protección social, extender la protección social para los trabajadores y empleadores de la industria de la confección en Myanmar y promover el cumplimiento de las normas de salud y seguridad.

Una característica importante del acuerdo es que exige que se observen las Directrices sobre la libertad de asociación de Myanmar en las fábricas proveedoras de la ACT y que promueve el cumplimiento toda la industria.

La declaración acordada describe compromisos específicos para los sindicatos, los empleadores y las marcas.

Los sindicatos se comprometen a promover lugares de trabajo seguros y saludables. Esto incluye generar conciencia entre los trabajadores para seguir las medidas de protección contra infecciones.

Del mismo modo, los empleadores se comprometen a promover lugares de trabajo seguros y saludables basados en las regulaciones y directrices relacionadas con la COVID-19 establecidas por el gobierno de Myanmar. Esto incluye participar activamente en el diálogo, proporcionar información y obtener asesoramiento sobre la estrategia comercial de la empresa en respuesta a la pandemia y las posibles medidas conjuntas para mitigar la crisis.

Las marcas globales que han respaldado la declaración (hasta ahora H&M, Inditex, Next, Tchibo y Bestseller) se comprometen a pagar a los fabricantes por los productos terminados y los que están en producción, así como a mantener líneas de comunicación abierta rápidas y efectivas con los socios de la cadena de suministro sobre el estado de las actividades comerciales y la planificación a futuro.

“Las Directrices sobre la libertad de asociación de Myanmar han sentado las bases para la cooperación en la industria de la confección del país y han permitido a las partes llegar a un acuerdo sobre cómo responderán colectivamente a la crisis de la COVID”,

expresó la secretaria general adjunta de IndustriALL, Jenny Holdcroft.

“Este acuerdo es un marco concreto para una acción conjunta adicional para abordar los impactos de la próxima fase sobre las fábricas y los trabajadores. Exhortamos a todos los empleadores y marcas que obtienen sus productos en Myanmar a respaldarlo”.

Sindicato reclama justicia para un trabajador asesinado a tiros por la policía en Nigeria

El uso de medidas desproporcionadas por las fuerzas de seguridad durante el confinamiento ha sido condenado por los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país (NHRC). La NHRC afirma que la policía y otras fuerzas de seguridad mataron a 11 personas durante la aplicación del confinamiento por la COVID-19 y violaron varios derechos humanos.

La mayoría de las violaciones incluyeron la libertad de movimiento, arrestos y detenciones ilegales, confiscación de bienes, violencia sexual y de género, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y extorsión.

Okameme era un empleado de la gasolinera de Greenmac Energy en la ciudad de Aba. NUPENG exige que la familia Okameme sea indemnizada y que el gobierno investigue el asesinato.

El presidente y el secretario general de NUPENG, Williams Eniredonana Akporeha y Afolabi Olawale señalan en un comunicado:

“La vida de los trabajadores es valiosa, y haremos todo lo posible para obtener justicia. Se debe llevar a cabo una debida investigación y se deben tomar otras medidas apropiadas para detener a otros oficiales de gatillo fácil. Los oficiales de policía deben ser instruidos para entender que se espera el uso de una fuerza mínima en momentos en que se encuentran entre población civil desarmada”.

“Sin embargo, creemos que es seriamente perturbador el desafortunado silencio del gobierno del estado de Abia sobre el gravísimo asesinato de un trabajador en la primera línea de la lucha contra la COVID-19, y exhortamos urgentemente al gobierno federal a que intervenga en este asunto antes de que se degenere más”.

La secretaria regional de IndustriALL para el África Subsahariana, Paule France Ndessomin, afirmó:

“La mano dura de la policía en Nigeria haciendo frente a las regulaciones del confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus es aterrador. La vigilancia del orden público durante la pandemia debe apuntar a hacer campaña por controles sanitarios, distanciamiento social y la realización de análisis, y no hacia el uso de la fuerza letal en trabajadores desarmados y civiles”.

Con la pandemia aún lejos de terminar, el confinamiento se ha extendido en algunos estados y flexibilizado en otros, dependiendo de varios factores locales.

Según el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria, el 12 de mayo el país tenía 4787 casos confirmados de COVID-19, mientras que 959 personas estaban recuperándose tras ser dadas de alta del hospital. Hasta ahora se han registrado 158 muertes, y dos casos en el estado de Abia.

La Federación minera de Perú denuncia nuevos casos de Covid-19

El Estado de emergencia sanitaria de Perú por la pandemia de enfermedad por coronavirus inició en marzo y culminará el 24 de mayo. Si bien en un principio la minería no estaba considerada como actividad esencial, el sector empresarial presionó al gobierno y logró que las minas continuaran operando.

La FNTMMSP denuncia que, desde entonces, hubo 252 trabajadores mineros que contrajeron la enfermedad y uno que falleció. Por ese motivo, la organización sindical le escribió recientemente al presidente de Perú, Martín Vizcarra y a la ministra de energía y minas, Susana Vilca para exigirles mayores medidas de seguridad en los lugares de trabajo a fin de garantizar la vida de los trabajadores.

El secretario general de la Federación, Jorge Juárez, explicó que las empresas fallaron en la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 para asegurar la seguridad de los trabajadores, ya que hay falta de control y no realizan un seguimiento.

Por ello, le pidió al gobierno que les realice pruebas moleculares a los trabajadores mineros, que designe personal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en cada mina para supervisar las condiciones de seguridad laboral, y que posibilite una mayor participación de los trabajadores de cada empresa minera en los Comité de seguridad y salud del trabajo, con la finalidad de proponer, evaluar y actualizar protocolos internos para evitar contagios COVID 19.

Por su parte, el gobierno firmó un Decreto supremo el 2 de mayo donde aprobó la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia sanitaria nacional. Pactó que en el caso del sector minero, contaría con un “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector minería” que publicó posteriormente el 6 de mayo. 

La Federación sindical solicitó que el gobierno asegure que dicho protocolo sectorial efectivamente proteja a los trabajadores que laboran durante la cuarentena y resulten contagiados con el COVID-19, debiéndose considerar estos casos como accidentes de trabajo o enfermedad profesional.  

Finalmente, demandó que el dinero de los trabajadores que administra FONDOEMPLEO sirva para equilibrar los impactos negativos para los trabajadores y garantizar su salud en esta etapa de crisis.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Lamentamos que, una vez más, los trabajadores tengan que poner a sus vidas y familias en riego. Es asombroso cómo las transnacionales no respeten y ni promuevan el diálogo social en nuestra región. Aunque exista la posibilidad de nuevas muertes e infecciones generalizadas en la población, el gran capital busca seguir obteniendo ganancias.

Esperamos que el gobierno y las empresas mineras promuevan el diálogo con los sindicatos de la Federación Minera para acordar medidas en defensa de la dignidad y de la vida.”