Los trabajadores austríacos del sector químico se unen por un acuerdo justo

El sindicato PRO-GE, afiliado de IndustriALL Global Union, lidera las negociaciones junto con otro sindicato austríaco, GPA-djp, unidos frente a la postura poco razonable de los empleadores del sector químico.

Los líderes del equipo de negociación, Alfred Artmäuer de PRO-GE y Günther Gallistl de GPA-djp, declararon conjuntamente:

“Mientras el coronavirus nos obliga a distanciarnos, los trabajadores de la industria química se acercan aún más”.

La propuesta de los empleadores es que los 45.000 trabajadores del sector químico en Austria acepten una reducción de los salarios reales y beneficios con un aumento del 1,45 por ciento por debajo de la inflación.

Los negociadores sindicales explican que los trabajadores ya están pagando por la crisis económica actual causada por la pandemia de dos maneras. Debido a la recesión económica, se ha utilizado ampliamente el trabajo a tiempo parcial fomentado por el gobierno. Tanto esta práctica como el estímulo estatal de la economía se costean con los impuestos de los trabajadores. Se rechaza una tercera forma de hacer que los trabajadores paguen con la reducción de sus ingresos.

Mientras se les pide a los trabajadores del sector químico que reduzcan sus salarios, los accionistas siguen siendo recompensados con dividendos. A su vez, los negociadores sindicales les recuerdan a los empleadores que la industria tuvo un desempeño excepcionalmente bueno el año pasado.

El 4 de junio, en las ciudades de Viena y Linz, los sindicatos llevarán a cabo asambleas de trabajadores que incluirán capacitación en materia de huelgas. En estas reuniones se decidirán los pasos a seguir en caso de que los empleadores no presentan una oferta significativamente mejorada.

El 19 de mayo, los interlocutores sociales en la industria electrónica del país firmaron un acuerdo sectorial que prevé un aumento salarial del 1,6 por ciento y un pago especial libre de impuestos para cada trabajador, la “bonificación por el coronavirus”. Esta industria emplea a más de 50.000 trabajadores, que también son representados por PRO-GE y GPA-djp.

El director del sector químico de IndustriALL Global Union, Tom Grinter, expresó su solidaridad con los trabajadores austríacos:

“Es genial ver tanta energía mientras nuestros colegas sindicalistas se movilizan frente a sus fábricas en toda Austria y se niegan a ser estafados. ¡Los respaldaremos hasta llegar a un acuerdo justo!”

Propuesta de ley antisindical amenaza al movimiento sindical ucraniano

El 27 de mayo, el comité parlamentario sobre política social y protección de los veteranos analizó el proyecto de ley n.º 2681 y recomendó que el parlamento lo adopte en primera lectura durante la sesión de la próxima semana.

Este proyecto de ley contradice la Constitución de Ucrania, los convenios fundamentales de la OIT, incluido el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, así como el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea.

Sus disposiciones actuales socavarían gravemente la libertad de asociación en Ucrania, ya que este proyecto permite solo dos sindicatos por empresa; establece una cantidad mínima de diez miembros para los sindicatos, lo que priva a los trabajadores de las pequeñas empresas de su derecho a formar un sindicato o afiliarse a uno; permite la creación de “comisiones de control” externas con poderes no especificados sobre los sindicatos; excluye de la negociación colectiva a los sindicatos que tienen personal “gerencial” entre sus miembros, sin una definición de este término que permita una interpretación amplia, así como impide negociar con los sindicatos cuyos miembros incluyen supervisores ocasionales que no son responsables de las decisiones administrativas. El proyecto de ley antisindical elimina la obligación del empleador de proporcionar información acerca de la negociación colectiva en el plazo de una semana luego de que los sindicatos lo solicitan; socava las obligaciones del diálogo social tripartito y permite la incautación de bienes que han estado en posesión de los sindicatos durante casi 30 años desde la independencia de Ucrania.

En una carta al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el secretario general de IndustriALL Global Union, Valter Sanches, expresó:

“Nos gustaría recordarle que, en medio de la crisis de la COVID-19, la democracia, las reglas democráticas y la gobernanza democrática son claves para superar los desafíos actuales. Al igual que en otras partes del mundo, los sindicatos son actores fundamentales para el establecimiento y desarrollo de la infraestructura democrática de su país. Le pido que genere el entorno propicio necesario para que los sindicatos funcionen correctamente en lugar de imponerles obstáculos”.

“Nuestro sindicato mundial espera que ponga los derechos y las expectativas de las personas primero, antes que los intereses comerciales y económicos”.

“IndustriALL exhorta al presidente de Ucrania a eliminar este proyecto de ley de inmediato y actuar de conformidad con los convenios laborales internacionales que han sido ratificados por su país y el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la UE”.

El proyecto de ley se presentó inicialmente al Parlamento en diciembre de 2019, junto con el proyecto de ley antiobrero n.º 2708, como parte de la reforma de la ley laboral. Después de una acción de solidaridad a nivel mundial en apoyo a una misión de la federación sindical mundial a Kiev en febrero, el proyecto de ley laboral n.º 2708 fue abandonado luego de la renuncia del gobierno.

Sindicalista camboyana liberada de la cárcel

El Sindicato Colectivo del Movimiento de Trabajadores (CUMW) de Camboya luchó por la liberación de su presidenta sindical local, con el apoyo de una campaña en LabourStart y la solidaridad internacional.

El presidente de CUMW, Pav Sina, expresó:

“Si bien celebramos su liberación, CUMW enfatiza que el gobierno debe abandonar toda investigación sobre Soy Sros. Superl Cambodia Ltd debe reincorporarla de inmediato con paga retroactiva completa, beneficios e indemnización por daños.
Exhortamos a la empresa a respetar la libertad de expresión de la dirigente sindical y su papel como representante de los trabajadores”.

En medio del brote del coronavirus y el cierre de fábricas, Soy Sros estaba luchando por los derechos de los miembros de CUMW, incluida una mujer embarazada, ya que Superl Cambodia Ltd. había anunciado que sus contratos de trabajo no se renovarían el 2 de abril.

Al criticar a la empresa en Facebook por no seguir los consejos del primer ministro camboyano con respecto al despido de trabajadores, Soy Sros fue arrestada al día siguiente.

IndustriALL Global Union se contactó por escrito con Superl Cambodia Ltd y las marcas que producen en la fábrica, instando a todas las partes a respetar la libertad de expresión de la dirigente de CUMW y a retirar la denuncia policial. El 15 de mayo se lanzó una campaña internacional para exigir su liberación.

La directora regional de IndustriALL para el sudeste asiático, Annie Adviento, declaró:

“IndustriALL se ha preocupado mucho por el deterioro de la salud de Soy Sros durante su reclusión. Ahora tiene acceso a un tratamiento médico adecuado. El derecho a la salud es un derecho humano.
Agradecemos a todos, en todo el mundo, por sus acciones solidarias. La liberación de Soy Sros demuestra que podemos hacer un cambio cuando estamos unidos”.

Tailandia: acciones antisindicales en Sunstar Engineering

A principios de este año, Sunstar Engineering empleaba a más de 300 trabajadores permanentes y 80 trabajadores subcontratados. La mayoría de los empleados permanentes (179) pertenecían al Sindicato de Trabajadores de Autopartes y Metal de Tailandia (TAM), afiliado a la Confederación Tailandesa de Trabajadores de la Industria Electrónica, de Electrodomésticos, Automotriz y del Metal (TEAM) y la Confederación de Trabajadores Industriales de Tailandia (CILT). La CILT está afiliada a IndustriALL Global Union.

Recientemente, Sunstar Engineering despidió a 94 trabajadores permanentes y a los 80 trabajadores subcontratados, culpando a la pandemia de COVID-19 y a la disminución de los pedidos. Los 94 empleados permanentes están afiliados al sindicato y fueron despedidos sin previo aviso. Otras posibles soluciones, tales como la jubilación anticipada voluntaria, nunca se discutieron.

La empresa también despidió a cinco trabajadores del comité de empleados sin obtener el permiso necesario del Tribunal de Trabajo, en un claro incumplimiento de la Ley de Relaciones Laborales de Tailandia.

El sindicato afirma que, en contra de lo que sostiene Sunstar Engineering, la empresa ha mostrado ganancias en los últimos años. Después de detener temporalmente la producción durante parte de abril, Sunstar Engineering retomó completamente sus actividades en mayo.

Según el sindicato, esta no es la primera vez que se toman medidas antisindicales. El gerente de recursos humanos de Sunstar Engineering había advertido a los miembros del sindicato que probablemente serían despedidos. Además, la empresa envió un documento para que firmen los integrantes del sindicato en el que notificaba que ya no deduciría automáticamente las cuotas sindicales de los salarios.

Esta intimidación, otra clara violación de la Ley de Relaciones Laborales de Tailandia, llevó a 35 trabajadores a dejar el sindicato el 22 de mayo. Después de que otros empleados lo abandonaron, la cantidad de miembros se redujo a menos de 20.

Junto con la CSI y otros sindicatos mundiales, IndustriALL ha planteado serias preocupaciones acerca de las violaciones de los derechos laborales en Tailandia, incluidas las vulneraciones al derecho a la libertad de asociación, sindicación y negociación colectiva. Tailandia es uno de los pocos países del mundo que no ha ratificado ni el Convenio 87 de la OIT sobre libertad de asociación, ni el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.

En octubre del año pasado, Estados Unidos anunció que en abril de 2020 suspendería parcialmente las preferencias comerciales de Tailandia en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Este retraso de seis meses tenía como objetivo dar al gobierno tailandés la oportunidad de tomar las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores. Sin embargo, la mayoría de estos problemas no se han abordado de manera significativa.

IndustriALL Global Union exhorta firmemente al gobierno a resolver por completo los problemas planteados en la revisión del SGP en consulta con sindicatos legítimos y representativos, y sostiene que es frustrante que se sigan realizando acciones antisindicales y que el gobierno aún no haya tomado las medidas necesarias.

El diálogo global con Glencore aborda la crisis del coronavirus en el sur de África

Los mineros de Sudáfrica y Zambia enfrentaron pérdidas de empleo y salario como resultado de las interrupciones producidas en las operaciones mineras por las paralizaciones a causa del coronavirus. IndustriALL Global Union facilitó el diálogo entre Glencore y los sindicatos de mineros en los dos países, lo que condujo a negociaciones que dieron como resultado soluciones constructivas.

Christine Olivier, funcionaria internacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA), expresó:

“La crisis de la COVID-19 no es culpa de un empleador o trabajador. Por lo tanto, es necesario que las dos partes se sienten a negociar un resultado que funcione para todos. Esto fue lo que sucedió al mantener reuniones con la dirección de Glencore cuando comenzó el confinamiento”.

En las negociaciones, NUMSA enfatizó las responsabilidades sociales y comunitarias de los empleadores durante los confinamientos a causa del coronavirus. Los trabajadores mantienen hasta ocho miembros de sus familias extendidas, y si no se pagan los salarios, las familias morirían de hambre.

Una reunión en 2019 con IndustriALL, Glencore y los sindicatos mineros de África subsahariana

Se llegó a un acuerdo en el que el empleador acordó pagar a los trabajadores sus salarios, subsidio de vivienda y asistencia médica durante el confinamiento. Mientras las minas operaban al 50 por ciento de su capacidad debido a las restricciones por la COVID-19, a los trabajadores se les pagaron bonos por trabajo en turnos y costos de transporte solo cuando concurrieron a trabajar.

Un acuerdo alcanzado con el gobierno de Zambia, con el apoyo del Sindicato de Mineros de Zambia (MUZ), hizo que 5672 trabajadores de la mina Mopani, propiedad de Glencore, volvieran a trabajar. Sin embargo, el sindicato está luchando por la recontratación de más de 5000 trabajadores contratados cuyos contratos se rescindieron debido a la COVID-19. Los trabajadores estaban empleados por empresas subcontratadas de Mopani.

Joseph Chewe, presidente de MUZ, al celebrar la decisión de Mopani de revertir la puesta en conservación y mantenimiento de las minas, señaló:

“Queremos ver a Mopani, a través de Glencore, invirtiendo más dinero para mantener operativas las minas. El sindicato consultará medidas para reducir el costo de producción y para garantizar que la empresa se mantenga a flote. Las pérdidas de empleo deben evitarse durante la pandemia del coronavirus. Los sindicatos deben ser consultados y los compromisos deben realizarse de acuerdo con las leyes”.

NUMSA y MUZ están afiliados a IndustriALL. Glencore tiene operaciones mineras de cobre, cobalto, carbón y ferroaleaciones en estos países.

Glen Mpufane, director del sector minería de IndustriALL, expresó:

“Las negociaciones y los acuerdos son importantes en la pandemia imperante de la COVID-19, que está generando mucha incertidumbre debido a las interrupciones en las cadenas de valor de la minería mundial a causa de los confinamientos en la mayoría de los países”.
“Esta es una crisis global que requiere acuerdos amistosos entre los sindicatos y las empresas mineras. Los gobiernos también deben participar en el diálogo social, hacer cumplir las normas laborales internacionales y promover protocolos de COVID-19 como respuestas críticas a la pandemia”.

Mpufane, hablando hoy en una llamada a los accionistas antes de la asamblea general anual de Glencore, elogió el éxito del diálogo en las minas del sur de África. Planteó la desesperada situación en las operaciones de Glencore en Perú y Bolivia, particularmente en la mina Antimina en Perú, donde cientos de trabajadores han sido infectados con COVID-19 y al menos uno ha muerto. Antimina es una empresa conjunta entre Glencore y otras empresas, incluida BHP Billiton. Mpufane le solicitó a Glencore que usara su influencia para mejorar la situación.

El presidente Tony Hayward, hablando en nombre del director general Ivan Glasenberg, reconoció el alcance de la crisis del coronavirus en Perú y se comprometió a trabajar con IndustriALL para aliviar la situación de los mineros.

Nissan anuncia el cierre de fábricas catalanas

Previamente, Nissan había anunciado un plan de reestructuración global que afectaría a más de 12.000 empleos en todo el mundo. Hasta el momento se ha despedido a 4000 trabajadores, 600 en España. Los sindicatos de este país, así como a nivel europeo, han estado dialogando con la empresa y presentaron planes alternativos.

Las plantas de Barcelona en Zona Franca, Montcada y Sant Andreu de la Barca cerraron sus puertas durante el confinamiento por el coronavirus. Después de reabrir el 4 de mayo, fueron sacudidas casi inmediatamente por una huelga. Los sindicatos impulsaron una huelga indefinida como protesta ante la falta de confirmación por parte de la empresa acerca del futuro de la planta.

El 28 de mayo, Nissan anunció un plan de reestructuración global que afectaría al 20 por ciento de su capacidad de producción. El cierre de las fábricas de Barcelona forma parte de este plan. Los cierres integran una estrategia de la Alianza Nissan-Renault-Mitsubishi que reestructurará a la dirección geográficamente, dejando a Europa bajo el liderazgo de Renault.

Los afiliados a IndustriALL Global Union que representan a los trabajadores de Nissan, la Federación de Industria de USO, la Federación de Industria, Construcción y Agro de la UGT y las CCOO de Industria, cuestionan la sensatez de esta estrategia.

Los sindicatos señalan que en Europa existe un compromiso firme con un Nuevo Acuerdo Verde que implica una inyección directa de cien mil millones de euros y una contribución privada de 250.000 millones más. Una parte muy importante de tal aporte se destinará a la movilidad sostenible. Estas organizaciones creen que Nissan está perdiendo la oportunidad de obtener apoyo para un cambio hacia los vehículos eléctricos, la conducción inteligente y la movilidad compartida.

Los sindicatos afirman que, si la Alianza quiere liderar el sector automotriz, debe liderar el desarrollo de nuevas tecnologías, sus procesos de producción y la estrategia para el futuro de la movilidad, especialmente en las grandes áreas metropolitanas. Es un grave error abandonar Barcelona, el centro tecnológico del sur de Europa.

Después del anuncio, el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, envió un mensaje en video en apoyo de los trabajadores de Barcelona:

“Es inaceptable que una empresa se aproveche de un momento de pandemia para hacer una reestructuración. El comité de empresa presentó varias alternativas, la Unión Europea dispuso recursos mediante el Nuevo Acuerdo Verde, un plan que podría usarse para los vehículos eléctricos. No obstante, la empresa decidió reestructurarse e imponer la carga de la crisis sobre los hombros de los trabajadores”.

IndustriALL seguirá en contacto con los sindicatos afiliados que tienen miembros en Nissan alrededor del mundo para movilizar la solidaridad internacional hacia los afiliados en España.

Exigen reintegro del activista sindical bielorruso despedido

En 2019, los trabajadores de Redpath Deilmann intentaron obtener la certificación de seguridad de sus trabajos, de conformidad con la ley bielorrusa. Después de seis meses de diálogo infructuoso con las autoridades estatales, algunos trabajadores unieron fuerzas y crearon una sucursal local de BITU para proteger sus derechos e intereses de una manera más organizada. Poco después de que se creó el sindicato y se eligió a Mikalaj Valadzko como su líder, la gerencia de la empresa se negó a renovar su contrato de trabajo a corto plazo.

El 26 de mayo, el tribunal desestimó la acción de reintegro laboral de Mikalaj Valadzko y el pago de salarios incumplidos durante la ausencia forzada.

El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, declaró:

“La decisión injusta del tribunal de no reintegrar a Mikalaj muestra la influencia del gobierno y las empresas sobre el sistema judicial bielorruso. Las preocupaciones del gobierno sobre la pérdida de inversores extranjeros van más allá de las reglas de un juicio justo. Esto solo genera que se incremente el uso de contratos a corto plazo como una forma de deshacerse de los trabajadores que van en contra de la gerencia”.

Maxim Poznyakov, presidente del Sindicato Independiente de Bielorrusia (BITU), afirmó que la decisión del tribunal es una consecuencia de las acciones de las autoridades estatales en los últimos 20 años para “convertir a los trabajadores bielorrusos en esclavos sin poder.”

“Los impedimentos a la libertad de asociación en el país, el procedimiento de autorización para iniciar un sindicato, la falta de posibilidad de huelga y el sistema de contratos a corto plazo han cumplido su cometido. La situación actual de los trabajadores es utilizada activamente no solo por las empresas estatales, sino también por el capital privado extranjero”.

BITU e IndustriALL han lanzado una campaña en LabourStart exigiendo la reincorporación de Mikalaj Valadzko. Firma y comparte la campaña, y envía un mensaje a Redpath Deilmann.

CONSFETEMA Chile denuncia a la Minera Franke de prácticas desleales

El Sindicato de trabajadores de la compañía Minera Franke (afiliado a la Confederación nacional de sindicatos de trabajadores electrometalúrgicos, mineros y automotrices de Chile, CONSFETEMA) inició un proceso de negociación colectiva en abril. Propuso renovar el convenio colectivo con un 4% de aumento salarial real, beneficios de salud y de escolaridad.

Desafortunadamente, la compañía SCM Franke no lo aceptó. Lo único que ofreció fue mantener lo pactado en el convenio colectivo previo y fijarlo por un período de dos años. Tras no llegar a un acuerdo, el sindicato votó el inicio de una huelga.

En Chile, posteriormente a que una organización sindical aprueba el inicio de una huelga, existe una instancia denominada “actuación de buenos oficios” donde interviene la dirección del trabajo durante cinco días. En este período se desarrolla una mesa de trabajo para resolver el conflicto mediante el diálogo entre las partes involucradas donde, si hay acuerdo, se puede suspender la huelga.

En medio de este proceso, la empresa envió un comunicado interno a los grupos de trabajadores que se encontraban en la faena el 7 de mayo. Les indicó que debían abandonar el lugar de trabajo porque paralizarían las faenas. El único argumento que dio fue que debía hacerlo por los altos costos y rompió la comunicación con el sindicato desde entonces.

Por ese motivo, el sindicato inició oficialmente la huelga el 12 de mayo, a fin de presionar a la empresa a regresar a la mesa de negociación y alcanzar un acuerdo respecto a la renovación del convenio colectivo. A su vez, el gremio interpuso una demanda judicial contra la minera, ya que, de acuerdo a la legislación chilena, esta situación alteró el normal desarrollo del proceso de negociación colectiva.

El vicepresidente de CONSFETEMA, Nelson Araya Meneses, dijo:

“Hago un llamado a las autoridades a intervenir con un lineamiento que permita dar seguridad a los trabajadores durante estos procesos. Es necesario que las grandes empresas del sector minero den muestras de conductas solidarias, colaboren con la causa y mantengan los procesos de negociación colectiva con normalidad. Deben sostener conversaciones y alcanzar acuerdos que ayuden a terminar correctamente los procesos que están en curso.”

Araya también manifestó su preocupación respecto a que esta clase de “prácticas desleales” se empiecen a repetir y culminen de mala manera. Aseguró que tanto la Minera Franke, como las demás empresas del sector, deben respetar la legislación y demostrar un compromiso social con los trabajadores durante la situación particular que se vive.

Finalmente, el secretario general adjunto de IndustriALL Global Union, Kemal Özkan, expresó:

“La postura de Minera Franke en el proceso de negociación no es de buena fe. Nuestros compañeros/as tienen demandas legítimas para mejorar sus condiciones de trabajo. Es obligación de la empresa sentarse con CONSFETEMA, escuchar las reivindicaciones de los trabajadores y responder de manera razonable, en lugar de cerrarles la puerta.
IndustriALL manifiesta su apoyo y solidaridad con los trabajadores/as en huelga y su sindicato. Si el problema no se resuelve, tomaremos todas las medidas necesarias a nivel internacional.”

La Sociedad Contractual Minera Franke (SCM Franke) opera el yacimiento de cobre a cielo abierto en la Región de Antofagasta y tiene aproximadamente 800 trabajadores, 400 de ellos sindicalizados. A su vez, es filial directa de la cuprífera global KGHM Polska Miedź de Polonia, que cuenta con 34.000 empleados en todo el mundo.

Trabajadores de Perú y Chile cuestionan la respuesta de BHP frente al COVID-19

La red de trabajadores de BHP en América Latina se reunió de manera virtual para compartir cómo la empresa responde frente a la pandemia del coronavirus en las distintas plantas que tiene en la región. El panorama general brindó una imagen un tanto mixta.

Los trabajadores del sindicato de la empresa Antamina en Perú (una empresa conjunta entre BHP, Glencore, Teck Resources y Mitsubishi Corporation) denunciaron la ausencia total de un diálogo social significativo. Aseguran que 216 trabajadores dieron positivo de COVID-19 en una sola mina que emplea a 7000 trabajadores. Incluso más, dicen que el primer fallecido por COVID-19 del país fue un trabajador de Antamina.

Edmundo Villanueva de la federación minera FNTMMSP de Perú sostuvo:

“Muchas veces Antamina no toma en cuenta las recomendaciones que nuestro sindicato le envía por carta. Con el tema de COVID-19, la compañía no respetó la emergencia nacional y trajo como consecuencia un contagio generalizado. La gerencia siempre incumple el convenio colectivo, y vemos lo mismo con la pandemia. Las consecuencias también son graves para las comunidades linderas de la empresa, ya que no cuidan al ser humano.”

Por el contrario, en Chile, donde los activos son operados directamente por BHP, los sindicatos forzaron a la empresa a tomarse muy en serio la seguridad de los trabajadores:

“Hay muy pocos casos registrados al día de hoy. Eso es gracias a que los sindicatos presionamos a la empresa a respetar las medidas de salud y seguridad. Como sindicato Spence tuvimos que hacer un paro de 24 horas para que BHP respetara algunas medidas necesarias de seguridad, para establecer protocolos claros de comunicación respecto a la notificación de casos sospechosos. Dejamos de lado nuestras diferencias para poder trabajar juntos en las medidas de seguridad para los trabajadores”

dijo Ronald Salcedo del sindicato de Minera Spence de Chile.

Sin embargo, aseguran que la compañía mantiene otros comportamientos cuestionables. Por ejemplo, sostiene pocas negociaciones con los sindicatos, solamente contrata trabajadores que no tienen condiciones de salud subyacentes y decidió modificar los horarios.

Marcelo Franco del Sindicato No 1 CMCC de Cerro Colorado, comentó al respecto:

“La empresa se aprovechó de la situación. Por ejemplo, al ejercer su autoridad frente a los trabajadores respecto al cambio de turnos. Hay horarios por fuera de nuestro horario excepcional. Nos hacen entrar a las 7 de la mañana para darle agilidad a la producción, para que mantenga una continuidad durante el horario de trabajo. A su vez, como hay muchos trabajadores que tienen distintas patologías, la empresa está pidiendo trabajadores por seis meses que no tengan enfermedades para ingresar a una faena.”

Finalmente, el director del sector de procesamiento de minería, diamantes, gemas, ornamentos y joyería de IndustriALL, y responsable de la campaña de IndustriALL para exigirle a BHP respeto a los derechos de sus trabajadores, Glen Mpufane, expresó:

“La crisis ha expuesto la debilidad del modelo de empleo de BHP. Para construir resiliencia, BHP debe entablar un diálogo social global, desarrollar relaciones laborales sólidas y proporcionar trabajo decente en esta nueva normalidad”

Italia: huelga de cuatro horas en las plantas de ArcelorMittal da resultados

Como parte de sus medidas de apoyo, el gobierno confirmó públicamente su intención de unirse a la estructura accionaria de la empresa, mientras que ArcelorMittal, a cambio, prometió mantener la presencia del grupo en Italia. El director ejecutivo confirmó que cumplirá formal y sustancialmente todos los compromisos asumidos.

La pandemia y la posterior caída de la demanda agravaron la situación de las acerías italianas, dependientes en gran medida de la industria automotriz, que está atravesando una crisis muy severa en este momento.

La huelga se convirtió en la segunda gran protesta desde la flexibilización de las restricciones de la cuarentena por la COVID-19. Durante la primera protesta, cientos de trabajadores siderúrgicos se manifestaron el 18 de mayo frente a la fábrica en Génova para protestar contra los despidos y suspensiones temporales.

Según una declaración del secretario general de FIM-CISL, Marco Bentivogli, y el secretario nacional, Valerio D'Alò, durante la reunión “el gobierno comunicó, especialmente considerando la emergencia sanitaria, que puso a disposición del Grupo ArcelorMittal medidas excepcionales para permitirle manejar la situación”. Además, se reveló que “supuestamente se firmó un acuerdo el 4 de marzo de 2020 y este nunca se presentó a los sindicatos”.

FIM, FIOM y UILM instaron al gobierno y a ArcelorMittal a dar a conocer sus planes sobre el futuro de la empresa en Italia. En particular, los sindicatos exigieron la confirmación de los compromisos asumidos en el acuerdo celebrado en septiembre de 2018, es decir, un plan de negocios pertinente, niveles de empleo y restauración ambiental, inversiones y estructuras corporativas coherentes.

“Para mitigar el desastre laboral, económico y social, el gobierno debe establecer una legislación especial para los extrabajadores de Ilva. Debe prever las jubilaciones u otros instrumentos legislativos para las recolocaciones laborales garantizadas por el estado. Si no se realiza esta intervención, pueden darse fuertes tensiones sociales, que no estamos en condiciones de controlar”, comentó el secretario general de UILM Rocco Palombella en su video conferencia.

A su vez, Francesca Re David, secretaria general de FIOM-CGIL y Gianni Venturi, secretario nacional de FIOM-CGIL, y responsable del sector siderúrgico, declararon, “si se confirman estos compromisos, significa que al final del período que abarca el nuevo plan de negocios, la cantidad total de trabajadores en ArcelorMittal sería de 10.700, lo que sugiere la exclusión de los aproximadamente 1700 trabajadores aún en una administración extraordinaria para quienes se preveía una cláusula de salvaguarda social en el acuerdo de 2018”.

Valter Sanches, secretario general de IndustriALL Global Union, conjuntamente con Luc Triangle, secretario general de IndustriALL European Trade Union expresaron su solidaridad con los afiliados italianos y apoyaron sus demandas, declarando que:

“Es indispensable que ArcelorMittal minimice el impacto económico y social de esta pandemia sobre los trabajadores, sus familias y comunidades. La responsabilidad de la inmensa presión sobre la industria del acero en Europa y particularmente en Italia como resultado de la pandemia de la COVID-19 no puede ser asumida únicamente por los trabajadores”.