Trabajadoras realizan piquete durante toda la noche por 1200 despidos ilícitos
El 8 de junio, en una evidente violación de la ley laboral, la dirección de Euro Clothing Company, propiedad de Gokuldas Exports Group, anunció un despido colectivo de 1200 trabajadoras. Según la legislación laboral india, el despido colectivo es un acto por el cual se detiene la producción y los trabajadores reciben el 50 por ciento de sus salarios. De acuerdo con la ley, se necesita un permiso del gobierno para llevar a cabo despidos colectivos en lugares de trabajo con más de 100 empleados.
Las medidas antisindicales en la fábrica comenzaron unas semanas antes. Con la flexibilización del confinamiento, el 5 de mayo se permitió a las industrias reanudar las actividades. A pesar de las dificultades, ya que el transporte público no había vuelto a funcionar, las trabajadoras se presentaron a trabajar.
Sólo el 30 por ciento de ellas pudieron hacerlo. Aunque recibieron el 50 por ciento del salario correspondiente al período en el que trabajaron, ninguna de las trabajadoras de ECC-2 fueron remuneradas durante el confinamiento.
Durante la noche del 30 de mayo, la dirección comenzó a retirar las máquinas sin informar a las trabajadoras o al sindicato, y esto solo se detuvo cuando las empleadas se reunieron en la puerta y bloquearon la extracción.
Sin embargo, la dirección continuó quitando las máquinas, dio trabajo solamente en la sección de planchado y anunció que solo el 50 por ciento de las trabajadoras recibirían trabajo. Las empleadas restantes serían transferidas a otras fábricas del grupo o despedidas.
La mayoría de las trabajadoras pertenecen al sindicato Unions United, afiliado a IndustriALL Global Union. El sindicato afirma que las acciones no están relacionadas con motivos comerciales, sino que se trata de una acción antisindical evidente. El asunto se llevó ante el departamento de trabajo del gobierno estatal.
ECC-2, proveedor de H&M, también está sujeta al acuerdo marco global firmado entre IndustriALL y el gigante sueco de la confección.
IndustriALL se solidariza con el sindicato y sus miembros, que hicieron un piquete en la fábrica durante toda la noche, y envió una carta a Euro Clothing Company para pedir que anule inmediatamente el despido colectivo ilícito.
El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, expresó:
“Elogiamos el coraje de las trabajadoras que luchan por sus empleos. Nos oponemos enérgicamente a las acciones ilícitas de la dirección, especialmente porque vemos una tendencia a cerrar las fábricas sindicalizadas y a despedir a miembros de sindicatos usando como excusa la crisis de la COVID-19”.
“Exhortamos a la dirección de ECC a entablar negociaciones con GATWU y a H&M a intervenir y cumplir con los compromisos de nuestro acuerdo marco global conjunto”.
Principios para la acción respecto de la COVID-19 en la industria textil, de la confección, del calzado y el cuero
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IndustriALL Principios para la acción respecto de la COVID-19 en la industria textil, de la confección, del calzado y el cuero
Según los afiliados de IndustriALL, las cancelaciones de pedidos están provocando el cierre de miles de fábricas de prendas de vestir y el despido de millones de trabajadores sin una red de seguridad social. A medida que el virus se propaga dentro de los propios países productores de ropa, más fábricas se ven obligadas a cerrar, potencialmente dejando en la calle a millones de personas más.
Las medidas adoptadas por los empleadores y los gobiernos para reducir el impacto sobre los trabajadores no han sido suficientes para proteger a la gran cantidad de afectados en este sector. Decenas de miles de trabajadores en la industria de la confección han perdido sus empleos y salarios a medida que más y más países implementan el confinamiento. En algunos casos, los trabajadores que perdieron su paga están saliendo a las calles para protestar, lo que aumenta el riesgo de infecciones.
Al mismo tiempo, entre las fábricas que sí están funcionado, algunas lo hacen sin las medidas de seguridad apropiadas, lo que pone en riesgo a los trabajadores y puede propagar aún más la COVID-19.
Fábrica en Bangladesh / IndustriALL
Como guía para nuestro trabajo en el sector TGSL durante a la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, nos adherimos a los siguientes principios:
En muchos países, existe una gran urgencia para lidiar con la pérdida de empleo e ingresos de los trabajadores en el sector TGSL. Necesitamos acciones inmediatas por parte de empleadores, marcas, minoristas y gobiernos para establecer medidas que aseguren los ingresos y el futuro empleo de los trabajadores.
Se deben asegurar los ingresos para todos los trabajadores, incluidos los empleados permanentes, temporales, subcontratados, a domicilio y todos los que participan en el proceso de producción.
Es necesario que estos ingresos sean suficientes para su sustento y el de sus familias durante este período difícil, en el entendido de que, incluso durante los tiempos normales, los salarios en las industrias son tan bajos que los trabajadores dependen de las horas extras y las bonificaciones por presentismo para sobrevivir.
Los despidos colectivos, la reducción de personal y las rescisiones deben detenerse de inmediato.
Los trabajadores deben mantenerse en la nómina de los proveedores, así como no debe interrumpirse la relación laboral. El mantenimiento de ingresos tiene que ser administrado a través de la nómina de proveedores supervisada por los sindicatos, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil.
Debe respetarse la libertad de asociación, sin penalizaciones por plantear problemas de seguridad o exigir los salarios no pagados.
Ningún trabajador debe verse obligado a trabajar en lugares de trabajo inseguros. En aquellas fábricas que sigan funcionando, debe garantizarse la salud y la seguridad de conformidad con las “Recomendaciones para trabajadores y empleadores” de IndustriALL respecto de la COVID-19:
Siempre que sea posible, debe redirigirse la producción hacia la fabricación de materiales sanitarios.
Las marcas deben adoptar prácticas de compra responsables al garantizar que no se cancele ningún pedido, asumir la responsabilidad por las prendas fabricadas y entablar diálogos responsables respecto de futuros pedidos, no aplicar cláusulas de emergencia que puedan incluirse en los contratos para detener pedidos que están en marcha o como pretexto para no pagar los productos manufacturados. Es necesario invertir en la reconversión laboral y el desarrollo de competencias necesarias para permitir que las fábricas se adapten a los nuevos productos y tecnologías y sigan siendo viables.
El gobierno, las marcas y los proveedores deben trabajar junto con los sindicatos para tomar medidas coordinadas con el fin de garantizar que se paguen los salarios y que los trabajadores y sus familias estén protegidos del impacto económico negativo del confinamiento.
Las estructuras existentes en materia de relaciones laborales, incluidos los grupos de países de la ACT y los comités de seguimiento de los AMG, son un medio para que los sindicatos se comprometan con los fabricantes y las marcas sobre medidas para garantizar el apoyo a los trabajadores durante la crisis.
Al reconocer que la acción de los gobiernos y los empleadores a nivel nacional no será suficiente para garantizar los salarios de los trabajadores de la confección mientras dure la crisis, IndustriALL se adhiere al documento “COVID-19: ACCIÓN EN LA INDUSTRIA MUNDIAL DE LA CONFECCIÓN”, desarrollado por la OIT, y exhorta a todas las marcas y minoristas, fabricantes, agentes y otros actores de la industria para que hagan lo mismo. Sobre la base de estos principios, IndustriALL seguirá trabajando con la industria para llevar a cabo lo siguiente:
Interactuar con instituciones financieras, gobiernos, donantes, marcas, minoristas y proveedores para apoyar la movilización rápida e innovadora de fondos a través de fondos de socorro de emergencia, créditos y préstamos a corto plazo para brindar ayuda económica rápida a los trabajadores
Mejorar los programas de protección social y apoyar las medidas para preservar los empleos a través de diferentes medios, paquetes fiscales o cargas de seguridad social y programas de desempleo temporal
Asegurar que los fondos se utilicen para permitir a los fabricantes garantizar el pago de los salarios de todos los trabajadores
Apoyar el desarrollo de pisos de protección social y ampliar la protección social de los trabajadores de la industria de la confección.
Trabajadores de Shougang Hierro Perú denuncian falta de protocolos de seguridad
La empresa Shougang convocó a todos los empleados a retornar a sus puestos de trabajo el 30 de mayo, sin brindarles mayor información del protocolo de seguridad y salud para que la reanudación de sus actividades fuera segura ante la crisis sanitaria. Los trabajadores denunciaron que, al proceder de este modo, la compañía incumplió el protocolo de bioseguridad establecido por el Gobierno, y los expuso a posibles contagios.
Si bien el comunicado de la empresa solicitaba que los empleados asistieran a las paradas de los autobuses autorizados para ingresar a la mina con mascarillas y con distanciamiento social, los trabajadores dijeron que la empresa omitió algo fundamental: efectuarles pruebas para descartar casos positivos de Covid-19 antes de ingresar al vehículo.
Incluso, la minera recalcó que de no presentarse en la fecha solicitada, procedería a implementar medidas disciplinarias. También presionó a los trabajadores a aceptar jornadas de trabajo en las minas con regímenes que superan la jornada máxima de trabajo según recomendaciones de la OIT, y en desconocimiento de lo establecido en el convenio colectivo.
La Federación minera aseguró que esta situación resulta preocupante ya que existen más de 700 trabajadores mineros que dieron positivo en diferentes empresas del país:
“Los trabajadores mineros de Shougang temen por su vida y la de sus familias, pues tienen conocimiento del gran número de casos positivos de COVID-19 en su región: la minera Marcobre (vecina de Shougang) colapsó con los contagios por falta de control y complimiento de protocolos preventivos”
Por ese motivo, la Federación exhortó a la empresa, al gobierno y a las demás autoridades competentes a promover las pruebas moleculares necesarias para efectuar una reanudación responsable de actividades que salvaguarde la vida de los trabajadores mineros en todo el país.
Por su parte, el secretario regional de IndustriALL Global Union, Marino Vani, expresó:
“IndustriALL se solidariza con los trabajadores y sus familias. Estamos muy atentos a lo que pasa, en solidaridad con nuestra afiliada FNTMMSP. Esperamos que la empresa priorice el diálogo social mediante una mesa tripartita y que tome todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad, la vida y los empleos de los trabajadores. Estaremos apoyando a la Federación para luchar en pos de eso siempre.”
Parlamento de Holanda retira su apoyo al acuerdo Mercosur-UE
El parlamento votó una resolución el 2 de junio por medio de la cual le solicitó al gobierno holandés que informara a la Comisión Europea que los Países Bajos retiraban el apoyo al acuerdo. La resolución critica las consecuencias del tratado sobre el medio ambiente y los agricultores.
El acuerdo comercial firmado hace un año entre la UE y el Mercosur (conformado por Argentina, Brasil, Paragua y Uruguay) solamente puede implementarse si todos los estados miembros lo ratifican. El parlamento austriaco también se abstuvo de confirmarlo debido a los compromisos de Brasil con el medio ambiente.
Según el analista de la Institución financiera ING, Raoul Leering, muchos agricultores de Holanda temen que la apertura gradual de los mercados de la UE para la carne y el azúcar de América del sur conduzca a una competencia desleal. También dudan de que el acuerdo garantice que los países del Mercosur apliquen las mismas condiciones de trabajo y los estándares ambientales que Holanda.
A su vez, Leering explica que el hecho de que los agricultores quemaran la selva amazónica en Brasil en 2019, provocó una mayor oposición contra el acuerdo comercial. El texto pauta la protección del medio ambiente como una de las condiciones previas para la apertura de los mercados de productos de los otros países.
Recientemente el Parlamento Europeo publicó un informe donde manifestó que la administración actual en Brasil tiene una clara falta de compromiso con la conservación de la naturaleza:
“Con el 60% de la selva amazónica dentro de sus límites, y el principal socio comercial del Mercosur con Europa, Brasil fue uno de los primeros signatarios tanto del Convenio sobre la diversidad biológica como del Acuerdo de París. Pero el índice actual de deforestación amazónica, y la violación del país de un pacto social proindígena de larga data, desafían la confianza global en el compromiso del país con los acuerdos internacionales.”
Por su parte, el movimiento sindical de ambos continentes se posicionó en contra de la firma del tratado desde un comienzo, por efectuarse a puertas cerradas. El Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union adoptó en 2018 un Plan de acción global hacia un comercio internacional y una política industrial justos, a fin de impulsar a sus sindicatos afiliados a intervenir en las negociaciones de acuerdos y tratados comerciales multilaterales.
En tanto, los representantes sindicales de IndustriALL en el América Latina y el Caribe adoptaron en 2019 un Plan de acción regional donde destacaron la importancia estratégica de intervenir en las negociaciones de acuerdos de libre comercio, ya que pueden limitar el desarrollo industrial, económico y social en los países en desarrollo.
Finalmente, el secretario general de IndustriALL, Valter Saches, expresó:
“Las negociaciones entre Mercosur y la UE se hicieron sin ninguna transparencia, a las espaldas de la sociedad civil (especialmente en los países de Mercosur), a pesar de la potencial destrucción de la industria de los integrantes de dicho bloque.
El aumento de la desforestación, así como el ataque a los indígenas en Brasil complicará sus posibilidades comerciales. Los gobiernos de la región deben consultarle a los sindicatos a fin de compatibilizar las políticas industriales con el comercio exterior.”
India: crisis de seguridad en las minas exige la ratificación del C176 de la OIT
El 2 de junio, cuatro trabajadores subcontratados murieron y cinco sufrieron lesiones graves en la mina a cielo abierto Godavarikhani de Singareni Collieries Company Limited (SCCL), en Telangana. Los accidentes ocurrieron mientras los trabajadores participaban en operaciones de voladura. Según fuentes sindicales, seis trabajadores murieron en SCCL durante el confinamiento por la COVID-19.
EL 29 de mayo, un operador de vehículos perdió la vida en la mina a cielo abierto Rajapur de Bharat Coking Coal Limited.
El 27 de mayo hubo un accidente en el proyecto Dudhichua de Northern Coalfields Limited, en donde una máquina cayó sobre un volquete. Según el sindicato, un accidente similar había ocurrido unos días antes, lo que demuestra el incumplimiento las normas de seguridad.
Un trabajador murió y otros dos resultaron heridos el 25 de mayo en la mina Parascole, del área de Kajora en Eastern Coalfields Limited, debido a un derrumbe del techo.
El 22 de mayo, un trabajador subcontratado falleció mientras que otros cuatro escaparon ilesos de un accidente mientras limpiaban una chimenea obstruida en una mina de carbón propiedad de Steel Authority of India Limited en Chasnala. Se inició una investigación interna y se suspendió a tres gerentes a la espera de los resultados.
El 19 de mayo, un trabajador fue aplastado por un volquete en el proyecto Nandgaon de Western Coalfields Limited.
Un trabajador del proyecto a cielo abierto Ananata, de Mahanadi Coalfields Limited, murió el 3 de mayo mientras cargaba diésel en maquinaria pesada de movimiento de tierras.
Nathulal Pandey, presidente de la Federación Hind Khadan Mazdoor y SQ Zama, secretario general de la Federación Nacional de Mineros de la India, expresaron:
“La escasez de mano de obra, los objetivos elevados de producción, la extracción no planificada de carbón, la tercerización de la explotación del carbón, la incorporación de una gran cantidad de trabajadores subcontratados no capacitados en áreas críticas, no haber usado los presupuestos destinados a seguridad en su totalidad durante los últimos tres años, la escasez de equipos de protección para todos los empleados y la negligencia en materia de medidas de seguridad siguen causando accidentes evitables y la pérdida de vidas de los trabajadores en las minas de CIL [Coal India Limited] y en SCCL”.
“Los intentos del gobierno de permitir la minería comercial y la privatización de CIL pueden empeorar la situación de seguridad”.
Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL Global Union, expresó:
“Estos accidentes fatales ponen de manifiesto la crisis de seguridad en las minas de India, algo que el gobierno ya no puede ignorar. Antes de perder más vidas, reiteramos que es urgente que India tome medidas para ratificar el Convenio C176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas”.
“Las leyes nacionales deben alinearse al C176, y los sindicatos deben participar en los procesos de toma de decisiones para crear una cultura de seguridad sólida en las minas del país”.
Detener la violencia de género en medio de una pandemia
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“Ha habido informes de incidentes crecientes de violencia y acoso contra el personal que presta servicios al público. Hemos escuchado de trabajadores informales que también enfrentaron una mayor violencia por parte de las autoridades. Para muchas mujeres, quedarse en casa no significa mantenerse a salvo. Quienes perdieron sus empleos y las mujeres que trabajan desde casa corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica. Las medidas de confinamiento provocaron que las mujeres quedaran encerradas con sus parejas violentas. Durante las negociaciones del C190, hablamos de todo esto y de lo que se necesitaría para garantizar un mundo en el que este instrumento brinde elementos para lidiar con esta situación”,
expresó Marie Clarke, secretaria y tesorera del Congreso Laboral Canadiense.
“Cuando las mujeres sufren violencia doméstica, solamente pueden obtener algún tipo de apoyo en el lugar de trabajo. Quieren poder hablar con alguien sobre sus problemas y en su trabajo pueden hacerlo. Aquí es donde podemos proporcionar el apoyo necesario. Tenemos que encontrar la solución con ellas, tenemos que ponerlas en contacto con los servicios adecuados. […] Es en el lugar de trabajo donde encuentran la fuerza para luchar contra la violencia doméstica. Si se analiza el C190 y se escuchan las experiencias de las mujeres, la importancia del lugar de trabajo es muy clara y es por ello que debemos brindarles el mayor apoyo posible”,
afirmó Sheela Naikwade, vicepresidenta del sindicato MSTKS en la India.
“Estamos hablando del equilibrio de poder. La razón por la que las trabajadoras se enfrentan a la violencia es porque tienen menos poder. Teniendo esto en cuenta, tenemos que seguir organizándonos. Tenemos que mantener la unión de nuestra comunidad y miembros del sindicato para protegernos y afianzar nuestro poder”.
“Me gustaría hacer un llamado a todos los sindicatos, dirigentes y organizadores para que estudien el problema de la discriminación, sigan realizando capacitaciones y ayuden a nuestros miembros y trabajadores a reflexionar sobre nuestra propia discriminación existente y luchar contra ella para que podamos combatir la violencia y el abuso de poder en tiempos de COVID-19”, expresó Fish Ip, de la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar (FITH).
No se pierda el próximo seminario web:
Los trabajadores de Schlumberger obtienen reconocimiento
Schlumberger emplea a unos 900 trabajadores en diversos lugares de Pakistán. Solo alrededor de 320 de ellos son permanentes, mientras que los 580 empleados restantes son trabajadores subcontratados.
Muchos de los trabajadores subcontratados han estado en la empresa durante más de diez años, generalmente con horarios extensos, a veces obligados a trabajar en circunstancias muy difíciles en yacimientos lejanos e incluso expuestos a grupos armados.
A diferencia de los empleados permanentes, los trabajadores subcontratados carecen de seguridad laboral, ganan menos y no tienen acceso a bonos y beneficios. Asimismo, cada vez que exigieron sus derechos, se los amenazó con puestos en lugares más remotos.
En febrero, un trabajador subcontratado llamado Ahmed Nawaz Khan murió en un accidente laboral. A pesar de que se reconoció oficialmente que Khan falleció mientras trabajaba en la fábrica, la dirección se negó a proporcionar la indemnización correspondiente.
En el contexto de una negación permanente de sus derechos, los trabajadores subcontratados decidieron formar un sindicato y se comunicaron con la Federación de Empleados del Petróleo y el Gas de Pakistán (APOGEF), afiliada a IndustriALL. IndustriALL pidió a Schlumberger que respete los derechos sindicales, proporcione una indemnización adecuada, se adhiera a las leyes laborales y regularice a estos trabajadores.
En mayo de 2020, el sindicato se registró en la Comisión Nacional de Relaciones Laborales, lo que significó un progreso importante hacia el logro del derecho a la libertad de asociación.
Malik Abdul Hameed, secretario general del sindicato de trabajadores de Schlumberger Pakistán, expresó:
“Registramos nuestro sindicato gracias a la lucha constante de nuestros miembros. Reconocemos el valioso apoyo solidario brindado por APOGEF e IndustriALL”.
“Actualmente, todos nuestros miembros sindicales son trabajadores subcontratados que buscan participar en las negociaciones colectivas y el diálogo social para lograr que nuestro trabajo sea digno”.
IndustriALL Global Union felicita a los trabajadores de Schlumberger y su sindicato nacional APOGEF por su decidida lucha por la dignidad, los derechos fundamentales y, finalmente, el reconocimiento sindical. Esta es la mejor manera de proteger y promover los derechos e intereses de los trabajadores.
Schlumberger, con 103.000 empleados en más de 120 países, es uno de los principales proveedores de servicios petroleros del mundo en materia de perforación, producción y procesamiento.
El acuerdo mundial con Renault debe implicar la negociación de la reestructuración
El 29 de mayo, Renault anunció un plan de ahorro de 2000 millones de euros que dará como resultado la reestructuración de las fábricas y la pérdida de unos 15.000 empleos en todo el mundo. La planta de Choisy-le-Roi, cerca de París, se cerrará por completo y 263 personas quedarán sin trabajo.
Una manifestación en Choisy-le-Roi
Este anuncio es devastador para los leales trabajadores de Renault y sus familias, que habían planeado construir un futuro con la empresa. También perjudica a las comunidades locales y a los trabajadores en la cadena de suministro, así como aumenta una creciente incertidumbre acerca del futuro del sector. IndustriAll Europe exhortó a los responsables políticos europeos a que reconozcan la importancia de que el sector se recupere de la crisis del coronavirus.
Los cuatro afiliados de IndustriALL que representan a los trabajadores de Renault en Francia (CFE-CGC, FO, CFDT y CGT) se reunieron el 27 de mayo y el 2 de junio para desarrollar una respuesta conjunta al plan administrativo, que conducirá a un “colapso social y a la desindustrialización”. El 2 de junio, tras un llamado conjunto de los sindicatos, los trabajadores de Choisy-le-Roi comenzaron una huelga.
Una manifestación en Choisy-le-Roi
Han pasado aproximadamente once años desde que la alianza Renault-Nissan, a la que se unió Mitsubishi en 2016, implementó una estrategia de crecimiento agresiva, y menos de dos años desde que el ex director ejecutivo de Renault, Carlos Ghosn, fue arrestado en Japón. Esto provocó una profunda crisis en la alianza entre Renault y Nissan y un caos en la dirección de ambas empresas, lo que también dio como resultado el cierre de plantas de Nissan.
También ha pasado solamente una semana desde que la alianza anunció recortes de personal y el cierre de plantas. En lugar de crecimiento, ahora se habla de “redimensionamiento”, un eufemismo usado en la escuela de negocios para la reducción y el fracaso de un modelo de negocios.
En el primer punto del acuerdo, el Grupo Renault confirma su responsabilidad social y su compromiso de garantizar que los empleados cuenten con las herramientas y condiciones para enfrentar los desafíos del cambio y la transformación.
Renault afirmó que los recortes de empleos se realizarán a fines de 2022, y que intentará que estos se lleven a cabo mediante la “reconversión laboral, la movilidad interna y las salidas voluntarias”. No obstante, de un total de 180.000 a nivel mundial, se perderán 4600 empleos en Francia y más de 10.000 en otros países.
En el acuerdo, Renault se compromete a negociar con los sindicatos y representantes de los empleados en todos los países del mundo. Es esta inclusión de “todos los países” lo que hace que el acuerdo sea tan crucial. Las multinacionales suelen llevar a cabo procesos de reestructuración de una manera socialmente responsable en su país de origen, pero no más allá de este. El comité de empresa mundial de Renault ha estado activo durante más de una década y ahora tiene la oportunidad de llevar el diálogo social transnacional al siguiente nivel.
Esto requiere un enfoque de tres aspectos: consultas periódicas con el comité directivo del comité de empresa mundial, transparencia, y diálogo constructivo y negociaciones a nivel nacional en todos los países afectados por la reestructuración con la participación plena de los respectivos sindicatos.
Aunque este es otro golpe devastador para la industria, si se respetan los compromisos del acuerdo es posible reducir el impacto negativo y asegurar que la reestructuración se lleve a cabo de una manera socialmente responsable.
“No nos quitarán nuestro futuro” afirman los trabajadores españoles de Alcoa
Durante los últimos dos años, Alcoa recibió ayuda económica de hasta 38 millones de euros por parte del Estado, con el fin de que se garantizaran los puestos de trabajo. Hoy en día, la empresa recurre a excusas referidas a los altos costos energéticos y los bajos precios del aluminio, y anuncia que “no se tomará ninguna decisión hasta que finalice este período de consulta”.
A lo largo de los años, Alcoa, uno de los mayores productores mundiales de aluminio, se ha separado de varias plantas de aluminio en la región española de Galicia.
El cierre de la planta de aluminio de San Cibrao afectará la economía española de manera significativa, dado que el país ya no tendrá la capacidad de producir aluminio, considerado esencial para muchos otros sectores.
Los sindicatos españoles afiliados a IndustriALL, CCOO de Industria y UGT FICA reclaman la adopción de medidas que garanticen que no se suspenda la fabricación de aluminio primario y que no se pierda el empleo en la planta.
Ambos sindicatos han pasado por situaciones de similar gravedad en las otras plantas de Alcoa de Avilés y La Coruña y, en esta oportunidad, instan al gobierno español a tomar las medidas que sean necesarias para evitar que Alcoa concrete esta decisión tan perjudicial.
La planta de San Cibrao contribuye al 25 por ciento del PIB en la región, y la pérdida de 534 empleos tendrá un gran impacto en la economía.
“Junto con IndustriAll Europe, IndustriALL Global Union insta a Alcoa a reconsiderar el despido colectivo y reincorporarse a la mesa de negociación con los sindicatos y el gobierno para lograr conjuntamente una solución justa y viable tanto para la empresa como para los trabajadores de la planta de San Cibrao”,
expresó Valter Sanches, secretario general de IndustriALL.
Ambas organizaciones expresan su solidaridad con los sindicatos españoles y sus miembros en Alcoa en su lucha legítima y justa por el empleo.
IndustriALL cuenta con una red sindical mundial entre los afiliados que representan a los empleados de Alcoa.
Sindicato interviene para liberar a mineros de un campamento de cuarentena por la COVID-19
Si bien delegados de la mina explicaron que la cuarentena es parte de los esfuerzos realizados para detener la propagación del coronavirus entre los trabajadores, el MUZ manifestó que estos no deberían verse obligados a permanecer en el campamento lejos de sus familias.
A decir del sindicato, las condiciones de vida que incluyen dormitorios y baños parcialmente abiertos violan la privacidad y son un insulto a la dignidad de los trabajadores. Los trabajadores también se quejaron de la alimentación deficiente que recibían.
El MUZ se reunió con la dirección de la mina y llegó a un acuerdo para que los trabajadores puedan regresar a sus hogares. Se les proporcionaría transporte hacia y desde el trabajo en las minas para diferentes turnos.
El presidente del MUZ, Joseph Chewe, señaló durante una reunión con los trabajadores:
“Es nuestro deber como sindicato manifestarnos en nombre de los mineros contra cualquier maltrato. Aplaudimos su unidad al rechazar las terribles condiciones de vida a las que fueron sometidos y exigimos a la dirección que deje de obligar a los trabajadores a vivir en el campamento”.
A pesar del acuerdo, la dirección distribuyó “formularios de solicitud de cuarentena” para incitar a los trabajadores a permanecer en el campamento. En el formulario se incluyen promesas de proporcionar alimentos y un subsidio de K 1500 (USD 82) a aquellos trabajadores que aceptan continuar viviendo en el campamento.
Los trabajadores deben firmar algunas cláusulas que establecen su conformidad con renunciar a derechos que están protegidos por la ley, incluidos los despidos inmediatos.
Por ejemplo, en una sección del formulario se indica: “Entiendo que no puedo salir o retirarme del campamento sin la aprobación de la dirección, ya que esto conllevará el despido inmediato”.
Glen Mpufane, director de minería de IndustriALL, declaró:
“En ninguna circunstancia es válido forzar a trabajadores mineros a vivir en condiciones tan deplorables. Las empresas mineras tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de los trabajadores, y esto incluye proporcionar instalaciones sanitarias y de vivienda adecuadas."
De los más de 2500 trabajadores empleados en la mina Chambishi, 1450 son miembros del MUZ.
La mina y la planta de fundición de cobre son propiedad conjunta de China Non-ferrous Metals Company Limited (85 %) y Zambia Consolidated Copper Mines Limited (15 %).
