Negociaciones por salud y seguridad en el sector del caucho en Asia Pacífico

Se han mantenido diálogos periódicos entre los sindicatos regionales del caucho y la dirección para discutir el suministro de equipo de protección personal, regulaciones importantes impuestas por el Gobierno y las preocupaciones de los trabajadores.

Darius Guerrero, director de asuntos internacionales de la organización general de trabajadores y comercio de Filipinas, declaró:

“Los sindicatos del caucho en Filipinas han tenido reuniones regulares con los empleadores durante la pandemia. Nuestros afiliados han intercambiado ideas sobre cómo mejorar las medidas de salud y seguridad en los lugares de trabajo. Hemos negociado arreglos flexibles para evitar los despidos”.

Saman Pornprachathum, presidente del grupo de sindicatos de trabajadores del caucho de Tailandia (RWUT-CILT) añadió:

“Las empresas y los sindicatos tailandeses del caucho están cooperando para reducir el impacto de la COVID-19 sobre los trabajadores. Por ejemplo, distribuimos máscaras y sanitizantes para manos a los trabajadores y las comunidades cercanas. Dado que las empresas suspendieron las horas extra y varios beneficios, están permitiendo a los trabajadores vender su propia mercadería en las instalaciones empresariales para aumentar sus ingresos”.

El 20 de agosto, compartieron sus puntos de vista en la reunión de la red de sindicatos del caucho en Asia Pacífico de IndustriALL. Aproximadamente 75 participantes de Indonesia, Japón, Filipinas y Tailandia asistieron a la reunión virtual. Entre ellos, 50 participantes estuvieron presentes físicamente en salas de reuniones en Bangkok y Yakarta.

Aparte del impacto de la pandemia, los participantes proporcionaron la última actualización sobre las dificultades de los trabajadores del caucho en cada país. La cantidad de trabajadores despedidos por Goodyear en Bogor se ha reducido de 52 a 44. Los participantes también expresaron sus preocupaciones por el despido de un sindicalista del caucho en Silverstone en Malasia.

Tom Grinter, director de los sectores de la pulpa, el papel y el caucho en IndustriALL, expresó:

“La caída en la demanda en los sectores aeronáutico y automotriz ha afectado adversamente al sector del caucho. Los trabajadores del caucho deben mantenerse unidos para proteger sus derechos y sus beneficios en el futuro incierto”.
“Continuaremos luchando contra los despidos injustos y la discriminación antisindical en la región. Utilicemos esta red sindical y planeemos más campañas para confrontar al capital mundial”.

IndustriALL analiza tendencias futuras del sector de metales básicos en Latinoamérica

La oficina de IndustriALL para América Latina y el Caribe dio inicio a una serie de seminarios temáticos con modalidad online para debatir sobre el futuro del trabajo y el desarrollo de la industria junto a dirigentes sindicales, académicos y representantes del sector empresarial.

El 18 de agosto se llevó a cabo el encuentro del sector de metales básicos, el cual contó con la asistencia de 39 delegados, y el apoyo de Union to Union de Suecia. El objetivo fue contribuir a la elaboración de propuestas de política industrial y a una agenda de trabajo orientada a la acción sindical para una transición justa.

En dicha oportunidad, fue el turno de tres mujeres del mundo académico de disertar sobre los posibles escenarios para el sector de metales básicos de América Latina y el Caribe: la doctora en ciencias sociales de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) de Brasil, Flavia Ribeiro; la doctora en desarrollo económico de Argentina, Julia Strada; y la economista de la Universidad nacional autónoma de México (UNAM), docente de la Facultad de Economía, magíster en ciencias sociales e investigadora, Alda Gonzalez.

Ribeiro expuso sobre las tendencias económicas del sector de metales básicos en el mundo y la región. Principalmente se enfocó en Argentina, Brasil y México por ser los 3 principales productores del continente. Mencionó que la industria del acero en Latinoamérica tuvo uno de los mayores impactos en la baja de la producción del mundo, y que se estima que seguirá a la baja hasta el tercer trimestre. La demanda del acero será de -6,4% en 2020 pero subirá a 3,8% en 2021.

En tanto, Estrada indagó acerca de las estrategias empresariales en la siderurgia en la pandemia y post-pandemia. Dijo que las compañías muchas veces recurren a la utilización de los trabajadores para pedirle subsidios al estado e incluso amenazan con el traslado de producción a otro país. A su vez, mencionó que también existe una estrategia de las empresas de profundizar la cantidad de empleados tercerizados para poder lograr el despido de los trabajadores en contextos de crisis.

Por su parte, González presentó los impactos en el sector de metales básicos en América Latina con la implementación del T-MEC. Detalló, por ejemplo, las consecuencias posibles ante la cláusula de las reglas de origen: que el 75% del contenido del producto industrial tiene que ser producido en la región y que el 70% tanto del acero como el aluminio debe provenir de la región. A su vez, habló de los cambios que supone la industria 4.0.

Luego de las 3 panelistas, fue el turno de los dirigentes sindicales. Se desarrolló un debate a partir de la información brindada, donde participaron sindicatos de Argentina, Brasil, Chile, Perú y México.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani concluyó:

“Este trabajo en equipo, entre dirigentes y expertos, es la continuación de un proceso de tres años. Con él buscamos adelantarnos a los cambios y actuar con vistas al futuro, sin olvidarnos de comprender primero el pasado y el presente.
A su vez, queremos fortalecer la organización de los macros sectores y de las redes sindicales por empresas, así como a los trabajadores de las cadenas de suministro de dichas trasnacionales.
Deseamos compartir información con los dirigentes sindicales de nuestras afiliadas, a fin de que puedan utilizarla como herramienta para promover un diálogo tripartito. Además, queremos que les sea de utilidad para efectuar un debate orientado a la construcción de políticas industriales nacionales y regionales, para una transición justa con desarrollo sostenible.”

Sindicato mexicano de electricistas denuncia represión policial

Según reporta la organización sindical, diversos agentes armados ingresaron por la fuerza a las instalaciones del centro de trabajo “Líneas Aéreas Norte”, en la madrugada 14 de agosto. Si bien los trabajadores fueron desalojados con violencia, evitaron ser detenidos gracias a la intervención de otros afiliados que habitaban cerca del centro de trabajo.

“Esta agresión forma parte de una campaña de provocación, represión y criminalización de nuestro movimiento sindical, orquestada por el actual director de la Comisión Federal Electoral (CFE), Manuel Bartlett Díaz. (…) Abusa del poder para perseguir a los trabajadores organizados en el SME”

dijo el gremio en un comunicado de prensa oficial.

El lugar donde ocurrieron los hechos es uno de los 50 centros de trabajo que el SME recuperó tras una larga lucha de resistencia. En 2009 más de 44 mil trabajadores del sector eléctrico de México fueron expulsados violentamente de la empresa pública de electricidad “Luz y Fuerza del Centro (LyFC)” por fuerzas policiales, debido a un decreto presidencial ilegitimo firmado por el entonces presidente Felipe Calderón.

Desde entonces, 16.599 trabajadores del SME desarrollaron una lucha permanente de resistencia activa en defensa de sus empleos. Después de once años de movilizaciones, el gobierno federal accedió a firmar diversos acuerdos para solucionar el conflicto, que incluían la entrega de diversos establecimientos de LyFC, como fábricas y talleres.

Los dirigentes del SME aseguran que en el reciente episodio de represión los oficiales de la policía privada se encontraban al servicio de la CFE, respaldada por elementos de la Guardia Nacional. El Sindicato dijo que continuará su legítima lucha y tomará medidas ante la ola represiva.

“Vamos a llevar este caso de agresión a la Comisión nacional de derechos humanos. No podemos permitir que sigan estas agresiones en un gobierno de la cuarta transformación, donde se tienen que respetar la constitución y los derechos fundamentales. Hacemos responsable a Bartlett Díaz”

dijo el secretario general del SME, Martín Esparza Flores.

A su vez, el SME decidió actuar junto a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) e iniciar una serie de movilizaciones. Rechazan el actuar de la CFE, quien dicen que respalda la modernización y privatización de la industria eléctrica a partir de una reforma energética que únicamente beneficia a las empresas trasnacionales.

Finalmente, tanto el SME como la ANUEE presentaron juntos una denuncia penal en contra de Calderón por el ilegal decreto que determinó la extinción de Luz y Fuerza del Centro y las violaciones a los derechos. Ambas organizaciones se reunieron y definieron un plan de acción con próximas medidas para presionar al gobierno a respetar los acuerdos firmados.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Nos solidarizamos con los dirigentes y trabajadores de SME. Lamentamos la violencia y el uso de poder paralelo tanto para reprimir como aterrorizar a trabajadores. Esperamos que el estado mexicano tome las medidas necesarias para proteger los trabajadores, punir los actos y abusos de poder fuera de la ley."

Crisis del COVID-19: Sindicatos demandan que BHP respete la salud y seguridad

Representantes sindicales de Australia, Canadá, Chile, Colombia y Perú se encontraron de manera online el 20 y 21 de agosto para efectuar la reunión anual de la Red sindical global de BHP. Dialogaron sobre el impacto de la COVID-19 en las operaciones de BHP en el mundo y las respuestas de los sindicatos.

El director del sector de minería de IndustriALL, Glen Mpfane dijo:

“BHP pone un enfoque en la seguridad. Asegura que desarrolla un plan integral con protocolos, regímenes activos y transporte en América Latina frente a la COVID-19. Dice ser una institución responsable y que no tuvo ninguna muerte vinculada a la enfermedad. Tenemos historias y cifras que lo contradicen.”

Los participantes señalaron que, mientras que BHP en Australia y Canadá implementa correctamente los protocolos de seguridad y salud laboral frente a la pandemia del Coronavirus, no es la misma situación en sus operaciones en América Latina.

El secretario general del sindicato australiano CFMEU Mining&Energy, Grahame Kelly, y el presidente del distrito de Queensland, Stephen Smyth, reportaron:

“En Queensland no tuvimos ningún caso. La razón por la cual parecería que hasta ahora tuvimos éxito es por el papel del sindicato, que participó con el gobierno y presionó para establecer protocolos y normas. Por ejemplo, el ministerio de salud pública puso en práctica una serie de protocolos a través de una legislación para la industria minera.”

Lamentablemente, informaron que no es la misma situación en Perú. Sergio Cruz dijo:

“BHP expone cero letalidad. Sin embargo, en Antamina Perú (donde BHP es accionista) no es así. La cifra de letalidad hasta el momento es de 2 muertes por COVID-19. Hay una realidad muy preocupante, porque existe un contagio masivo en el sector minero. Las empresas mineras no toman en consideración los reclamos de salud y seguridad de los trabajadores.”

La situación no es mucho mejor para los trabajadores de BHP en Chile. Cuando inició la pandemia en el país, los trabajadores efectuaron una paralización de 24 horas donde pusieron exigencias de medidas y protocolos para seguir operando. Aún así, la situación dista de ser la ideal. Marcelo Franco explicó:

“La empresa tomó muy malas decisiones. En un principio las medidas fueron muy básicas, porque creyeron que iba a ser algo pasajero y que se podía trabajar en esas condiciones. Lamentablemente se propagó rápidamente y la estadística en la Compañía minera Cerro Colorado (de BHP) llegó a ser bastante alta. Las consecuencias fueron más graves aún para los trabajadores subcontratados. El 40% de las empresas contratistas están siendo desvinculadas, lo cual ha significado una agonía y cansancio mental para nuestros compañeros.”

Al igual que en Perú y en Chile, en Colombia reportaron que también continúa en aumento la cantidad de contagios y fallecimientos. El presidente de Sintracarbón, Igor Díaz de Colombia, explicó que en Cerrejón (parcialmente propiedad de BHP) hay mas de 250 trabajadores de la producción contagiados e incluso hubo 2 trabajadores fallecieron por COVID-19 en las minas de trabajo (uno directo, uno contratista).

Los trabajadores de los diversos países acordaron continuar con la campaña para exigir que BHP respete los derechos de sus trabajadores en todo el mundo. Pedirán específicamente que atienda a las necesidades de salud y seguridad en sus operaciones en el continente latinoamericano y que respete a los trabajadores contratistas en todo el mundo.

A su vez, exigirán que BHP se comprometa a cumplir su promesa de alcanzar el 50% de mujeres en su fuerza de trabajo antes del 2025 y que se implemente la equidad de género en toda su línea de producción, sin centrarse únicamente a nivel de la gerencia y de la junta. Asimismo, presionarán para que la empresa establezca medidas de apoyo frente a la violencia de género.

Finalmente, el secretario general adjunto de IndustriALL Global Union, Kemal Özkan, concluyó:

“Sabemos que BHP no es responsable de la COVID-19. Pero entendemos que es importante que toda la Red global de trabajadores de BHP aunemos nuestros esfuerzos, y hagamos una campaña global durante esta pandemia para defender el derecho a la salud y seguridad laboral. Es necesario exponer las deficiencias de las distintas empresas de BHP, y mostrar las diferencias de postura entre lo que se les dice a los accionistas y lo que sucede en el campo.”

G20: Los sindicatos mundiales reclaman medidas con carácter urgente y global en materia de empleo, recuperación y resiliencia

En la declaración dirigida a la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20, los sindicatos del L20 establecen un plan integral para hacer frente a las repercusiones socioeconómicas de la crisis, que coloca al empleo, la protección social, los derechos fundamentales y la inversión esencial para la recuperación y la resiliencia en el corazón de la respuesta mundial.

Las reivindicaciones sindicales hacen especial hincapié en la inversión en servicios de atención –sanitaria, educativa, infantil y de la tercera edad– así como en infraestructura y política industrial, además de en impulsar las medidas de lucha contra el cambio climático y por una transición justa, junto con el cumplimiento de los compromisos previos relativos a las mujeres y los jóvenes, y la salvaguardia de los derechos fundamentales de todos los trabajadores, en consonancia con la Declaración del Centenario de la OIT, así como la salud y la seguridad en el trabajo.

Sintracarbón aprueba el inicio de una huelga en Cerrejón

El Sindicato nacional de los trabajadores de la industria del carbón (Sintracarbón, afiliado a IndustriALL Global Union) finalizó sin éxito la negociación colectiva con Carbones del Cerrejón Limited Colombia (Cerrejón, la cual es propiedad de las multinacionales BHP, Angloamerican y Glencore). De este modo, culminó la etapa de arreglo directo y la prórroga en el marco del conflicto colectivo de trabajo.

Por este motivo, Sintracarbón desarrolló un proceso de votación desde el 13 hasta el 20 de agosto para que sus trabajadores afiliados pudieran optar entre iniciar una huelga o someter las diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento. Al final del día 20, anunciaron que el 99,03% de los afiliados a Sintracarbón decidió ir a la huelga.

Esto implica que a partir de la fecha, por un lado, la organización sindical tiene diez días para definir la hora cero de la medida de acción. Por otro, Cerrejón puede atender el llamado del gremio a efectuar una negociación donde realmente atienda a los reclamos de los trabajadores.

“La Comisión negociadora de Sintracarbón hace un llamado a Cerrejón, al Ministerio del trabajo y al Congreso de la República a trabajar en busca de una negociación a este conflicto laboral que afecta a doce mil trabajadores de la compañía, a la comunidad de La Guajira y a la economía nacional. Si la negociación no se logra, la responsabilidad total (de la huelga) es de Cerrejón y las tres poderosas multinacionales propietarias de esta compañía”

dijo en un comunicado de prensa.

Según la Comisión, durante el proceso de negociación colectiva efectuado hasta la fecha, Cerrejón respondió al pliego de peticiones de Sintracarbón con una contrapropuesta para reducir los beneficios establecidos en el CCT. Además, el segundo día la empresa presentó una modificación de turnos de trabajo.

El sindicato denomina “el turno de la muerte” dicha modificación. Supone la eliminación de 1.200 puestos de trabajo en La Guajira, pone en riesgo la salud de los trabajadores, y afecta la calidad de vida tanto de las familias como de las comunidades de La Guajira.

A su vez, exigen que Cerrejón redoble las exigencias en relación a las medidas de seguridad laboral por el aumento de contagios por COVID-19 en la mina. Sintracarbón denunció más de 250 contagios y el fallecimiento de dos trabajadores de Cerrejón fruto de la enfermedad (uno directo y el otro subcontratado).

Por su parte, la Red sindical mundial de BHP (que integran los sindicatos afiliados a IndustriALL y otros) emitió una declaración de solidaridad con los miembros de Sintracarbón en Cerrejón en Colombia donde expresó:

“Los miembros de la Red sindical global de BHP manifiestan su solidaridad con los trabajadores de Sintracarbón y respaldan la decisión de iniciar una huelga. La Red llama a Cerrejón a respetar los derechos de los trabajadores, tanto de los beneficios adquiridos en el convenio colectivo de trabajo, como a gozar de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Todas las empresas tienen responsabilidad tanto con sus accionistas, como con sus trabajadores.”

Ante la desconfianza de la gente, Lukashenko intenta callar a los trabajadores

A pesar de la violenta represión, las autoridades no lograron detener las manifestaciones. Ahora están enfocando sus herramientas represivas en los trabajadores en huelga. Mientras muchas de las 7000 personas detenidas desde que las protestas envolvieron a Bielorrusia el 9 de agosto permanecen en prisión, IndustriALL ha recibido informes alarmantes de que las autoridades están usando sus herramientas de opresión contra trabajadores que tomaron medidas de huelga para exigir un cambio.

A las 11 de esta mañana, Dmitri Kudelevich, miembro del comité de huelga de Belaruskaliy, fue denunciado como desaparecido por sus colegas. Otro huelguista, Maxim Filanovich, también fue denunciado como desaparecido, pero más tarde pudo comunicarse telefónicamente con sus colegas. Los sindicatos temen que continúen las denuncias de líderes y activistas secuestrados.

Ayer, la Comisión Europea anunció una serie de medidas para apoyar a la población de Bielorrusia. Los sindicatos independientes del país creen que esto es útil, pero no suficiente para permitir que la gente reconstruya la democracia. Se necesita una mayor participación de la comunidad internacional, que debe centrarse en los problemas de los trabajadores. El Gobierno está utilizando contratos a corto plazo como una herramienta para la represión política, y cualquier condena a la opresión en Bielorrusia debe contener un compromiso con los derechos de los trabajadores.

IndustriALL, sus predecesores y afiliados han seguido de cerca la situación de los derechos sindicales en Bielorrusia desde el 2000, cuando se presentó una denuncia de varios sindicatos a la Organización Internacional del Trabajo. El motivo de la denuncia fueron las violaciones sistemáticas y repetidas de los derechos de los trabajadores, incluso a través de un sistema de contratos a corto plazo utilizados para castigar a trabajadores y activistas. Los contratos a corto plazo llevaron a que miles de activistas sindicales perdieran sus trabajos por organizar o unirse a sindicatos independientes.

Otra razón fueron las leyes draconianas que regulan la creación de sindicatos independientes y la declaración de huelgas, que han dado como resultado el desmantelamiento casi total de los sindicatos independientes y democráticos.

En un contexto de continuo declive económico debido a la incapacidad del Gobierno para implementar una estrategia económica viable y atraer inversión extranjera, y en ausencia de un sistema de consulta dentro de la sociedad, precisamente el papel de los sindicatos, Lukashenko introdujo impuestos a los desempleados. Esto transfirió la responsabilidad del fracaso del Gobierno a los hombros de los más vulnerables, lo que provocó una ola de protestas en 2017-2018.

Finalmente, Lukashenko manejó mal la COVID-19. Su respuesta incluyó la negación y medidas de protección insuficientes, dejando a la población sola para hacer frente a la pandemia.

Esta fue la gota que colmó el vaso para que la gente reaccionara con fuerza ante los resultados electorales falsificados.

Los sindicatos temen que Lukashenko vuelva a utilizar su maquinaria administrativa de represión para aplastar a quienes se oponen a él. Ya ha comenzado: los trabajadores en huelga han comenzado a recibir notificaciones de despido.

Los sindicatos bielorrusos están pidiendo apoyo internacional. Manifiestan que los trabajadores son los primeros en la línea de represión, especialmente los más activos y valientes que organizan huelgas.

Los secretarios generales de IndustriALL Global Union e IndustriAll Europe, Valter Sanches y Luc Triangle, emitieron una declaración que expresa:

“Nuestras organizaciones exhortan al Gobierno de Bielorrusia a que detenga de inmediato la violencia, la persecución y los arrestos, y libere a todos los líderes sindicales, activistas y representantes de la sociedad civil encarcelados”.

IndustriALL Global Union, que unifica los intereses colectivos de más de 50 millones de trabajadores industriales en 143 países, insta a sus afiliados y a los trabajadores del mundo a solidarizarse con los trabajadores de Bielorrusia.

Una fábrica de ropa de Lesoto despide trabajadores por exigir lo que se les debe

Los trabajadores fueron despedidos la semana pasada después de manifestarse para preguntarle a la empresa las razones del retraso de un pago del Gobierno de LSL 800 (US$ 46). Los empleados creen que la empresa retrasó deliberadamente el pago. Por su parte, esta los acusó de haber emprendido una huelga salvaje y despidió a 253 personas.

El viernes de la semana pasada, cuando los trabajadores pidieron su indemnización por despido, la empresa los volvió a contratar. Bull les dijo serían tratados como empleados nuevos y que perderían todos sus beneficios acumulados, incluida la indemnización. También informó que tendrían que pasar por un período de prueba de tres meses con un salario significativamente reducido. La indemnización por despido está vinculada al salario y los años de servicio, y representa un activo importante para los trabajadores.

El Sindicato Democrático Independiente de Lesoto (IDUL), afiliado a IndustriALL Global Union, es el representante de los trabajadores. Después de intentar negociar con la empresa, el sindicato se reunió con el Ministerio de Trabajo en un intento por encontrar una solución. Sin embargo, la empresa no cooperó. El sindicato planteó el caso al tribunal de conciliación de la Dirección de Prevención y Resolución de Conflictos (DDPR), pero la cantidad de casos pendientes en este organismo indica que la situación no se resolverá pronto.

El sindicato también planteó el problema a un comité de desarrollo del sector gubernamental, que convocó a un representante de la empresa. La situación se complica por el hecho de que el propietario de la fábrica vive en Sudáfrica y no puede viajar a Lesoto debido a las restricciones por la COVID-19.

Al sindicato le preocupa que la empresa tenga planes secretos de cerrar la fábrica del país y trasladar las operaciones a Sudáfrica. Al despedir a los trabajadores, está intentando reducir su responsabilidad por la indemnización por despido que los trabajadores han ganado a lo largo de muchos años de servicio.

The Post informó que, desde que el Gobierno de Lesoto estipuló un salario mínimo para el sector de LSL 2020 (US$ 117) por mes hace dos años, las empresas han intentado despedir y recontratar a los trabajadores para reducir el costo de la indemnización por despido. Un trabajador de Bull declaró lo siguiente al periódico:

“Me doy cuenta de lo que están haciendo y nunca aceptaré que me engañen de esta manera”.

La secretaria regional de IndustriALL, Paule Ndessomin, expresó:

“Bull Clothing le ha jugado una mala pasada a su leal fuerza laboral. Al retrasar el pago del Gobierno, provocaron una reacción por parte de los empleados. Usaron esta reacción para acusar a los trabajadores de emprender una huelga salvaje. Bull luego los despidió, los despojó de sus beneficios y los volvió a contratar”.
“Esta es una maniobra deshonesta diseñada para reducir la responsabilidad de la empresa hacia sus trabajadores. No lo aceptaremos y lucharemos hasta que se recuperen sus beneficios”.

Bull Clothing produce ropa de trabajo al por mayor, principalmente para el mercado sudafricano.

Los sindicatos indonesios del sector textil y de la confección firman una declaración conjunta con los empleadores

En la declaración se hace referencia al Llamado a la acción en apoyo a la industria de la confección de la OIT, y las partes se comprometen a proteger a los trabajadores y empleadores de contraer la COVID-19 y a reducir el aumento de la tasa de desempleo y la pérdida de ingresos de los trabajadores.

Tanto los empleadores como los sindicatos se comprometen a aplicar las normas fundamentales del trabajo de la OIT, a cumplir con las regulaciones en materia de salud y seguridad laboral (SSL) y a comprometerse con el Gobierno y las marcas para mantener los puestos de trabajo y los medios de vida de los trabajadores.

La Federación de Sindicatos Textiles y de la Confección (FSB GARTEKS), afiliada a IndustriALL Global Union, se encuentra entre los signatarios de la declaración. La Asociación de Empleadores de Indonesia (APINDO), la Asociación Textil de Indonesia (API) y la Asociación Indonesia de Calzado (APRISINDO) representan a los empleadores.

Trisnur Priyanto, el secretario general de GARTEKS, expresó:

“Nos gustaría dar las gracias a Better Work Indonesia de la OIT por facilitar este diálogo social, y esto será un barómetro para la aplicación de la SSL en los lugares de trabajo, tanto durante la pandemia de COVID-19 como en el futuro”.

La secretaria regional de IndustriALL para el sudeste asiático, Annie Adviento, declaró:

“Felicito a Garteks por respaldar esta importante declaración, que es una manifestación del compromiso de los interlocutores tripartitos para abordar el impacto de la COVID-19. Esta es realmente una gran victoria para el sector textil y de la confección en Indonesia”.
“El plan de acción fortalecerá el diálogo social entre sindicatos y empleadores a nivel de fábrica y nacional. Espero que Garteks no tarde en hacer presión a favor de recomendaciones en materia de políticas comunes para superar los desafíos planteados por la COVID-19”.

La fabricación de vacunas debe proporcionar empleos de calidad y seguridad en materia de medicamentos

Un informe de Unite expresa su preocupación respecto a que el Reino Unido actualmente no tiene la capacidad de fabricación necesaria para satisfacer la demanda de la vacuna para la COVID-19 en la etapa de producción. Esto significa que el Reino Unido competirá con otros países en función de su capacidad de producción existente, lo que genera temores respecto a una distribución justa y universal de la vacuna. El mercado mundial está dominado por Estados Unidos y es probable que la competencia por los suministros tenga como consecuencia que se trate a las personas de los países ricos primero.

El Reino Unido se ha volcado a la subcontratación en la producción de medicamentos a países donde las empresas pueden aprovechar los salarios más bajos para explotar a los trabajadores. Unite cree que esto constituye un peligro durante una situación de pandemia, ya que los países buscarán proteger a sus ciudadanos y pueden restringir la exportación de medicamentos y suministros médicos. El Reino Unido debe garantizar una cadena de suministro nacional segura de medicamentos, desde su descubrimiento hasta la producción, distribución y administración.

Unite sostiene que todos los países deberían contar con seguridad en materia de medicamentos, es decir, la capacidad de satisfacer de manera sostenible las necesidades de medicamentos de la población. Si bien el Reino Unido tiene una importante capacidad de investigación y desarrollo y dos importantes empresas farmacéuticas, GSK y AstraZeneca, con oficinas centrales en el país, no tiene la capacidad de fabricación suficiente para satisfacer la demanda.

La producción de vacunas generalmente es un segmento marginal del gasto sanitario mundial, que suele ascender a menos del 0.5 porciento. El Reino Unido sigue rezagado con respecto a sus pares del mundo en desarrollo. Aunque el Gobierno del país ha invertido en el Centro de Innovación y Fabricación de Vacunas, los fondos proporcionados no son suficientes para construir una fábrica.

El informe sostiene que el Gobierno del Reino Unido debería invertir en capacidad para lograr un sector de fabricación farmacéutica que pueda proporcionar dosis suficientes de una vacuna. Además de crear seguridad en materia de medicamentos, esto crearía empleos sostenibles de alta calidad.

El director del sector de IndustriALL, Tom Grinter, declaró:

“IndustriALL considera que el acceso a medicamentos esenciales es un derecho humano universal. Todo el mundo debería tener acceso a una vacuna. El trabajo de Unite ayuda a garantizar que esto se cumpla."
“ Apoyamos su reclamo por una política industrial sostenible en el sector, con empleos de buena calidad y derechos sindicales”.

IndustriALL reclama constantemente una política industrial sostenible, que incluya el apoyo estatal a sectores clave. IndustriALL considera que el acceso a los medicamentos es un derecho humano que debe protegerse de los que buscan lucrar con la situación, especialmente en el contexto de una pandemia, cuando se están invirtiendo grandes cantidades de dinero público en el desarrollo de vacunas.

Tony Devlin, coordinador de Unite a nivel nacional para el sector, declaró:

“…el Gobierno del Reino Unido debe tomar acciones de manera urgente para garantizar la seguridad en materia de medicamentos en el país mediante la creación de un entorno industrial y económico que brinde un sector de fabricación farmacéutica sólido y seguro que genere empleos calificados y bien remunerados que no solo apoyen a nuestros ciudadanos y a la sociedad, sino también a los los trabajadores y la economía del país”.