Sindicatos de Colombia exigen respeto a la protesta social

Recientemente se viralizó en redes sociales un video donde dos policías le efectúan descargas eléctricas a un hombre en el suelo, mientras este le suplica que se detengan. La persona fue identificada como Javier Humberto Ordoñez Bermúdez, un ingeniero aeronáutico y estudiante de derecho de 46 años que fue detenido con una violencia desmedida el 8 de septiembre en Bogotá y posteriormente falleció bajo custodia policial.

El uso desmedido de fuerza por parte de los agentes de la policía fue gravemente condenado por la población. La respuesta, que inició de manera virtual, no tardó en llegar a las calles, donde miles de personas protestaron y repudiaron este hecho entre el 9 y el 11 de septiembre.

Irónicamente, esas mismas personas que se movilizaron en contra de la violencia policial, fueron víctimas de abusos por parte de los uniformados. Durante los tres días que se llevaron a cabo las protestas en Bogotá y Soacha, la Policía Nacional agredió a numerosas personas. 13 civiles murieron y más de 300 personas resultaron heridas, según reportó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por su parte, el presidente de la república de Colombia, Iván Duque, dio un discurso por el día de los derechos humanos el 9 de septiembre, donde dijo que no toleraría los abusos de los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública, abusos del uniforme o de la autoridad. Dijo que procederían a realizar investigaciones y se aplicarían las normas correspondientes.

Lamentablemente, existe una larga historia de violencia, amenazas e intimidación en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia. Los sindicatos afiliados a IndustriALL Global Union en Colombia (La Uso, Sintraelecol y Sintracarbón) han denunciado reiteradas veces el agravamiento de la situación de violencia institucional contra líderes sindicales y sociales, y la criminalización de la protesta social.

En 2019 participaron en movilizaciones para denunciar la falta de acción del gobierno para detener el asesinato de cientos de defensores de los derechos humanos y de líderes indígenas. Rechazaron el fallecimiento de un joven activista de 18 años llamado Dylan Cruz, tras recibir un tiro de una bomba lacrimógena por parte un miembro del el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, el 25 de noviembre de 2019. El caso sigue en etapa de investigación.

Según la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la oficina documentó 47 asesinatos de defensores de los derechos humanos durante lo que va de 2020 en Colombia, y otros 44 casos que todavía están pendientes de ser verificados.

El Comité nacional del paro (el cual integran los sindicatos afiliados a IndustriALL y otros movimientos sociales de Colombia) presentó recientemente una agenda de movilizaciones pacífica en rechazo al asesinato de Bermúdez y a la brutalidad policial con que fue reprimida la protesta social. Convocaron a una caravana nacional para el 21 de septiembre en defensa de la vida, contra la brutalidad policial, la persecución y asesinatos. A su vez, se manifestarán en apoyo a la huelga de Sintracarbón en Cerrejón.

Por su parte, el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, le escribió una carta al presidente Duque el 17 de setiembre donde, en representación de sus organizaciones sindicales afiliadas en Colombia, le pidió una vez más que intervenga inmediatamente para garantizar el respeto a la protesta social, el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en Colombia:

“La protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas. (…) Desde IndustriALL reafirmamos nuestro compromiso con la lucha irrestricta por los derechos humanos y la democracia.

Nuevamente exhortamos a vuestro gobierno actúe con la celeridad que exige esta urgente situación para detener la violencia institucional ejercida por las fuerzas policiales, asegurar que cese la criminalización a la protesta social y proteger los derechos del pueblo colombiano.”

Las mujeres luchan por la democracia en Bielorrusia

El 13 y el 15 de agosto, las mujeres fueron las primeras en salir a las calles para protestar contra las declaraciones de Lukashenko de haber ganado las elecciones presidenciales. Miles de manifestantes fueron arrestados y las imágenes de detenidos torturados y golpeados llevaron a las mujeres a las calles para protestar contra el terror policial. A las protestas pacíficas le siguieron huelgas en muchas fábricas estatales.

Las mujeres se han involucrado desde el comienzo de la resistencia contra Lukashenko, y las sindicalistas continúan desempeñando un papel activo en el movimiento.

El patriarcado está profundamente institucionalizado en Bielorrusia, llegando hasta la cima. Cuando Lukashenko recibió la noticia de la candidatura de Svetlana Tikhanovskaya, esposa de un opositor político encarcelado, comentó que un ama de casa nunca sería una competidora real.

En mayo, Lukashenko afirmó que la sociedad bielorrusa “aún no ha madurado lo suficiente como para votar por una mujer”, y agregó que esto “se debe a que, según la constitución, nuestro presidente tiene poderes fuertes”.

La candidata y sus dos aliadas durante la campaña, Veronika Tsepkalo, también esposa de un candidato presidencial, y Maria Kolesnikova, integrante de la oficina electoral de otro oponente político, Viktor Babaryko, han demostrado a la sociedad bielorrusa que las mujeres pueden alzar la voz y ser líderes. Sus acciones han inspirado a muchas de las miles de mujeres que han tomado las calles durante más de un mes.

Las imágenes de la violenta represión policial muestran que las mujeres no se han salvado. Durante la campaña presidencial, Amnistía Internacional denunció a las autoridades bielorrusas por atacar a mujeres activistas y familiares de representantes de la oposición política. La noche de la supuesta reelección del dictador, mujeres manifestantes fueron detenidas y hubo informes de violación de mujeres presas.

Zinaida Mikhniuk, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Electrónica, un afiliado de IndustriALL, declaró:

“Apoyo a Svetlana Tikhanovskaya porque como mujeres deberíamos ser capaces de decidir por nosotras mismas si queremos ser amas de casa o no, y no ser obligadas a solicitar un préstamo bancario para preparar a nuestros hijos para la escuela cuando ambos padres están trabajando. Nosotras, las mujeres en Bielorrusia, somos un referente para muchos hombres, que no pueden permitirse el lujo de ser débiles a nuestro lado. Somos valientes, fuertes y decididas, estamos hombro a hombro con nuestros esposos, hermanos y especialmente con nuestros hijos y no dejaremos de luchar por su futuro y el nuestro”.

Fotografía: Gazeta.by  

Los sindicatos reclaman por la industrialización rápida y sostenible de África

Las Naciones Unidas designaron el 20 de noviembre como el Día de la Industrialización de África y afirmaron que “el éxito del programa de industrialización de África requerirá la creación de un entorno propicio”. Los sindicatos insisten en que esto necesita de la participación de toda la sociedad, particularmente de los trabajadores y los sindicatos.

IndustriALL y sus afiliados en la región han hecho campaña sostenidamente por la industrialización rápida y el desarrollo sostenible del continente y los países individuales a través de diversos eventos, acciones y actividades.

Issa Aremu, el vicepresidente de IndustriALL para la región, declaró:

“El involucramiento a nivel local en las políticas industriales es clave, y los sindicatos deberían incluir políticas industriales sostenibles en su trabajo diario y también luchar por la valorización de las materias primas industriales tal como el petróleo y los minerales”.

El laboratorio de ideas, realizado el 9 de septiembre, forma parte de una serie de actividades en preparación para la Semana de la Industrialización de África, que se realizará del 17 al 23 de noviembre, después de la Conferencia Virtual de la Industrialización y la Juventud el 31 de julio.

El informe de especialistas analizado en la reunión destacó que “si se establecen instituciones apropiadas a nivel nacional para apoyar la implementación del AfCFTA; entonces hay potencial para abordar los obstáculos a los que se enfrentan los países africanos en los sistemas mundiales de comercio y producción”. El informe también muestra que los impactos que trajo la COVID-19 a las economías africanas incluyen la reducción del comercio con China, el socio comercial más grande de África. Pero las industrias domésticas tienen capacidad de fabricación, como se observó recientemente en la producción de suministros para la COVID-19 incluyendo sanitizantes para manos, guantes, máscaras, jabón líquido, y respiradores.

Los participantes discutieron acerca del rol de las instituciones intergubernamentales, particularmente la Unión Africana (UA), para promover una industrialización más rápida a través de programas, que incluyen el programa Desarrollo Industrial Acelerado de África (AIDA, por sus siglas en inglés) que forma parte del plan Agenda 2063 que promueve la integración regional.

Uno de los proyectos insignia del plan es el Área Continental Africana de Libre Comercio (AfCFTA, por sus siglas en inglés), que empezó a operar en 2019 con una secretaría en Ghana. Se espera que el AfCFTA impulse el comercio dentro de África y cree miles de empleos.

El Banco Africano de Desarrollo también fue resaltado como una institución donde IndustriALL y sus afiliados deberían buscar el desarrollo de políticas e implementaciones concretas para la industrialización.

En el laboratorio de ideas se decidió interactuar directamente con estas instituciones para elevar los reclamos de los trabajadores por una economía más justa.

En la reunión también se analizaron los reclamos sindicales sobre la minería sostenible como se propone en la Visión Minera de África (AMV, por sus siglas en inglés). “Los minerales deberían vincularse con un mayor desarrollo socioeconómico sostenible a través de enlaces económicos y fiscales que se encuentran en el corazón de la AMV”, expresó el director de minería de IndustriALL, Glen Mpufane.

“La minería sostenible significa la existencia de políticas públicas que promueven el uso de recursos minerales para el desarrollo económico y social, y para evitar los peores impactos sobre el medioambiente a través de regulaciones estrictas,” añadió Brian Kohler, director de salud, seguridad y sostenibilidad. 

El laboratorio de ideas coincidió con un debate global sobre la transformación de las economías, la reconfiguración de la producción internacional y la transformación de las cadenas de suministro mundiales. Los participantes subrayaron la importancia de un cambio hacia políticas de desarrollo económico sostenible, especialmente después de la disrupción causada por la pandemia de la COVID-19.

El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, expresó:

“Como parte de la campaña de la industrialización de África, durante los próximos dos meses, continuaremos tomando medidas a nivel regional y nacional en África. Seguiremos resaltando el rol importante que pueden y deben desempeñar los sindicatos para influir en la puesta en práctica de políticas en los niveles nacional y regional”.

Después de una serie de acciones, el programa de campaña para 2020 tendrá un evento virtual el 20 de noviembre para dar voz a los reclamos sindicales.

Los sindicatos del papel, del embalaje y las artes gráficas se unen por los derechos en materia de seguridad

Esta es la tercera acción global de la campaña 3R liderada por IndustriALL Global Union y UNI Global Union. Cada una de ellas se centra en uno de los tres derechos fundamentales:

Todas las empresas multinacionales de la industria cuentan con programas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Algunos son diseñados en las oficinas corporativas y se envían a los gerentes locales para su implementación, mientras que otras empresas lo hacen de manera diferente: con sindicatos y representantes de los trabajadores involucrados en la creación de políticas, programas y procedimientos de seguridad. El trabajo realizado este mes promueve los programas que son diseñados y supervisados conjuntamente al proporcionar recursos a los trabajadores sindicales en todas las industrias.

La copresidenta del sector de la pulpa y el papel de IndustriALL y vicepresidenta internacional del USW, Leeann Foster, quien lidera este trabajo en materia de salud y seguridad, declaró:

“En América del Norte, implementamos esta tercera acción coordinada en nuestro Día del Trabajador, el 7 de septiembre. Más de 70.000 trabajadores del papel integrantes del USW recibieron los materiales vinculados a la acción. Nadie quiere que ocurran muertes o lesiones en su industria, ni los sindicatos ni los empleadores. Pero para lograr un cambio debemos tomar medidas para garantizar que los tres derechos fundamentales en materia de seguridad sean una realidad y no solo palabras”.

A medida que el mundo se ocupa de lidiar con la pandemia, muchas empresas están implementando nuevas normas con respecto a la salud y la seguridad, que abarcan desde la higiene personal hasta la restricción de las visitas y el distanciamiento físico. Este es un momento clave para la participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y la manera de mitigarlos.

La gestión eficaz de la seguridad en las plantas y fábricas de esta industria solo se puede lograr si los trabajadores tienen el derecho a participar en la toma de decisiones. Los sindicatos hacen que el trabajo sea más seguro.

Los comités conjuntos de salud y seguridad están instituidos por la ley en muchos países, pero inicialmente fueron producto de la negociación colectiva. Los representantes de los trabajadores en esos comités deben ser electos y no designados por la dirección.

Los dos sindicatos mundiales activos en estos sectores, IndustriALL Global Union y UNI Global Union, están trabajando juntos para apoyar estas acciones internacionales en materia de seguridad.

La presidenta del sector de gráficos y embalaje de UNI, Joaquina Rodríguez Torrejón, expresó:

“La experiencia nos demuestra que, en asuntos tan importantes como la salud y la seguridad, la dirección de la empresa no puede ser la única que tome las decisiones. Es imperativo establecer estructuras comunes en las que los sindicatos y los empleadores decidan las medidas para proteger a los trabajadores de manera conjunta”.

Los trabajadores de la electricidad en Pakistán exigen seguridad

Los trabajadores de este sector se enfrentan a condiciones laborales adversas para garantizar que 27 millones de consumidores en Pakistán reciban electricidad. El 16 de septiembre, trabajadores de la Autoridad de Desarrollo de Agua y Energía de Pakistán (WAPDA, por sus siglas en inglés) y varias empresas de distribución de energía en todo el país conmemoraron un día de la seguridad.

El Sindicato de Trabajadores Hidroeléctricos de WAPDA de Pakistán (APWHEWU), afiliado a IndustriALL, celebró el día de la seguridad para generar conciencia y promover una cultura de seguridad entre el personal de campo. El sindicato debatió formas de prevenir accidentes laborales para garantizar que el personal de línea trabaje con las medidas de seguridad adecuadas.

Khurshid Ahmed, secretario general de APWHEWU, expresó:

“Los trabajadores de la electricidad están arriesgando sus vidas para proveer electricidad a todo el país y no deberían trabajar en condiciones inseguras. Pakistán ha sido testigo de un aumento masivo en el trabajo de electricidad, pero el sector enfrenta una grave escasez de personal debido a la prohibición impuesta por el Gobierno a la contratación de nuevo personal, y el personal jubilado no es reemplazado. El Ministerio de Energía debería cubrir los puestos vacantes. También exigimos que se termine con el sistema de trabajadores jornaleros y subcontratados y en su lugar se conviertan en trabajadores regulares, tanto en empresas públicas como privadas. Esto contribuiría en gran medida a mejorar la seguridad”.

“El Gobierno de Pakistán debería reformar las empresas de distribución para aumentar su eficiencia operativa y las medidas de seguridad con la cooperación de los trabajadores, pero debería abstenerse de privatizar”.

El APWHEWU sostiene que, dado el fuerte aumento de los precios de los productos básicos, el Gobierno debería aumentar los salarios y las pensiones de quienes trabajan en el sector público. Asimismo, debería trabajar con las organizaciones de trabajadores para resolver las cuestiones planteadas en el Convenio 144 sobre la Consulta Tripartita de la OIT, ratificado por el Gobierno.

 

En su mensaje de solidaridad, el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, señaló:

“Resulta alarmante constatar que una gran cantidad de trabajadores continúan siendo víctimas de accidentes. Los trabajadores deben estar informados y capacitados para llevar a cabo tareas peligrosas y deben tener derecho a rechazar el trabajo inseguro”.

“La dirección debe asumir la responsabilidad de mejorar la seguridad, así como involucrar a la fuerza laboral en el proceso de toma de decisiones. IndustriALL Global Union apoyará a su afiliado, APWHEWU, en sus esfuerzos por mejorar la seguridad en el lugar de trabajo”.

Sindicato afirma que los conflictos salariales en Sudáfrica responden a oportunismo por la COVID-19

El SACTWU, afiliado de IndustriALL, declaró que algunos empleadores están proponiendo reducir los salarios en un 20 porciento y aportar menos a los fondos de pensión. Además, no quieren pagar bonos anuales y horas extra.

Si se implementan, las propuestas del empleador revertirán los logros de la campaña del SACTWU por un salario digno. En marzo, el SACTWU negoció exitosamente un acuerdo por el cual los trabajadores recibieron su salario completo durante los primeros días del confinamiento en el país.

Para defender los logros, el SACTWU declaró un conflicto salarial en el sector textil y de la vestimenta. Los sectores incluyen a los trabajadores empleados en la fabricación de productos no tejidos tales como pañales y ropa de cama, productos tejidos como telas, carteras y productos de cuero, fibras manufacturadas, textiles industriales, y el sector de lavandería que presta servicios a hospitales y hoteles. Se ha alcanzado un acuerdo en el sector de los textiles domésticos.

La declaración del conflicto se produce luego de tres meses de negociaciones fallidas con asociaciones de empleadores en el marco del Consejo de Negociación Nacional de la Industria de la Confección de Vestimenta. Entre las asociaciones de empleadores involucradas en las negociaciones se encuentran la Asociación de Indumentaria de Sudáfrica, la Asociación de Indumentaria y Textiles de Sudáfrica, la Asociación de Fabricantes de Vestimenta de Transvaal, la Asociación de Fabricantes de Vestimenta de la Provincia Oriental, y la Asociación de Fabricantes de Vestimenta de Sudáfrica. El SACTWU también está involucrado en las negociaciones a nivel de fábrica donde se han declarado los conflictos.

Andre Kriel, secretario general del SACTWU, expresó:

“Si bien reconocemos que el confinamiento ha sido difícil para nuestro sector, no nos quedaremos sentados ni aceptaremos sumisamente estos ataques brutales de los empleadores a la calidad de vida de nuestros miembros. Estamos decididos a no dejar que los empleadores erradiquen los logros y las condiciones laborales de los trabajadores por los que se luchó fuertemente por décadas, empleadores que están empecinados en usar de manera oportunista la crisis de la COVID-19 para robarle a nuestros miembros lo que les pertenece por ley”.

Debido a la COVID-19, las negociaciones se realizaron de manera virtual. Según el SACTWU, los conflictos procederán a un proceso de conciliación obligatorio.

Christina Hajagos-Clausen, directora del sector textil y de la confección de IndustriALL, expresó:

“Los sindicatos deben pararse firmes contra los retrocesos impulsados por los empleadores. Los trabajos, los salarios, y los beneficios deben protegerse y no sacrificarse”.

Esuatini: un empleador demanda al sindicato por daños y perjuicios causados por una huelga

El ATUSWA, afiliado a IndustriALL Global Union, sostiene que impugnará estos reclamos, cuyo objetivo es llevar al sindicato a la bancarrota. Además, afirma que la empresa está empleando esta estrategia para que los fondos de la organización se desperdicien en honorarios legales. El sindicato considera que el razonamiento del empleador es que cuanto menos dinero tenga el sindicato, peor será el servicio que le proporcione a los trabajadores, y que un sindicato débil generará descontento entre sus miembros.

Wander Mkhonza, secretario general del ATUSWA, expresó:

“Este es un caso clásico de represión sindical. Los empleadores del sector textil y de la confección están tomando el camino legal no porque busquen una compensación en los tribunales, sino simplemente para frustrar a los sindicatos y obligarlos a incurrir en enormes honorarios legales”.

“A los empleadores ni siquiera les preocupa si ganarán los casos; simplemente van a juicio porque tienen el dinero para que los casos se extiendan durante mucho tiempo, siendo plenamente conscientes de que los sindicatos saldrán perdiendo a nivel económico en estas largas batallas judiciales”.

En agosto de 2018, el ATUSWA se reunió con sus miembros en Zheng Yong, Nhlangano, para decidir si seguiría adelante con la huelga propuesta para exigir un salario digno tras una disputa con el empleador. La reunión atrajo a miles de trabajadores de otras fábricas.

 

Sin embargo, los trabajadores optaron por negociar a través del convenio colectivo que el sindicato tenía con Zheng Yong. Los salarios dignos son uno de los principales reclamos de los trabajadores del sector textil y de la confección, que reciben E 1800 al mes (US$ 108). El sindicato está haciendo campaña por un salario mínimo vital de E 3500 (US$ 210).

Cuando los trabajadores regresaron al trabajo después de la reunión, la dirección de Zheng Yong había cerrado las puertas. Esto encolerizó a los trabajadores, que procedieron a formar un piquete al que se unieron más empleados de FTM Garments y otras fábricas. La policía empeoró la tensa situación al lanzar gases lacrimógenos contra los trabajadores reunidos, lo que intensificó las manifestaciones.

Christina Hajagos-Clausen, directora del sector textil y de la confección de IndustriALL, expresó:

“Los propietarios de fábricas deberían esforzarse por construir mejores relaciones laborales con los sindicatos y no conspirar para destruirlos. Llevar al sindicato a juicio con acusaciones falsas es un acto de mala fe por parte de FTM Garments”.

Un aumento insuficiente del salario mínimo golpea duramente a los trabajadores

El gobierno de Camboya no cumplió con las exigencias de los sindicatos, ya que determinó el salario mínimo para 2021 en US$ 192. Los sindicatos exigieron un aumento de US$ 12,35 con respecto al salario mínimo vigente, de US$ 190, en función de la tasa de inflación, la productividad y la rentabilidad.

Sin embargo, las asociaciones de empleadores querían que el salario mínimo se redujera a US$ 172,62, y un estudio del Gobierno demostró que el nuevo salario mínimo debería ser de US$ 186.

En el Consejo Nacional del Salario Mínimo, celebrado del 9 al 10 de septiembre en Nom Pen, la reunión tripartita con representantes de sindicatos, asociaciones de empleadores y el Gobierno, no logró llegar a un consenso.

Posteriormente, el primer ministro de Camboya, Hun Sen, anunció la nueva tarifa, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021.

Consternado por la decisión, el presidente de la Coalición Sindical Democrática de Trabajadores de la Confección de Camboya (CCAWDU), Kong Athit, expresó:

“Nuestros miembros están descontentos con el insignificante aumento de US$ 2. Durante estos tiempos difíciles, los trabajadores tienen poco poder de negociación para impugnar la decisión”.

Coincidiendo con Athit, el vicepresidente del Sindicato Libre de Trabajadores del Reino de Camboya (FTUWKC), Mann Senghak, añadió:

“Estamos descontentos, pero no nos queda otra opción, ya que los cálculos de los empleadores y del Gobierno indican una tasa de crecimiento negativa. Además, los Gobiernos de Vietnam y Bangladesh decidieron congelar los salarios mínimos para 2021”.

La secretaria regional de IndustriALL para el sudeste asiático, Annie Adviento, declaró:

“La propuesta de los empleadores de recortar los salarios durante la pandemia, cuando la tasa de inflación de los alimentos se disparó del 2,1 por ciento en 2019 al 4,3 por ciento en 2020, es aberrante”.

“Los trabajadores y sus familias están sufriendo; seguiremos apoyando a nuestros afiliados camboyanos para garantizar que se respete el derecho de los trabajadores a un nivel de vida digno”.

Sindicatos de la industria uruguaya se organizan en una Confederación

Los sindicatos se reunieron el 3 de setiembre para analizar la situación de la industria en el país. Durante el encuentro, anunciaron que el congreso fundacional de la “Confederación de los sindicatos de la industria” será el 12 de diciembre. Hasta entonces, las 12 organizaciones sindicales que la integrarán van a desarrollar diversas acciones en conjunto.

Aprobaron un plan de acción que incluye la adhesión a un paro general de actividades convocado por la central sindical uruguaya PIT-CNT en defensa del empleo, salario, calidad de los servicios públicos y la educación pública para el 17 de setiembre. A su vez, impulsarán una campaña de recolección de firmas en defensa de la industria y el empleo de calidad, y un paro parcial de la industria el 8 de octubre.

El secretario general del PIT-CNT y de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA, afiliada a IndustriALL Global Union), Marcelo Abdala, expresó:

“Se trata de un conjunto de sindicatos industriales que ya venían relativamente coordinados a la hora de la movilización y la lucha, vinculadas a la defensa del trabajo y para desarrollar una negociación industrial mas importante y sólida en Uruguay. Decidieron construir una organización nueva, una Confederación con participación directa de los trabajadores, con una red de reuniones entre todas las direcciones de los sindicatos, procesos de asamblea en los lugares de trabajo y un congreso democrático.

Es importante porque va a ayudar a posicionar a los trabajadores como actores industriales, en un mundo muy cambiante por la globalización del capital, las tecnologías disruptivas que avanzan en el mundo del trabajo y una geopolítica nueva. Queremos que piensen en el desarrollo del país y en una economía distinta que efectivamente permita una buena calidad de vida para la población.“

Los tres sindicatos afiliados a IndustriALL en Uruguay: la UNTMRA, la Unión de Obreros Curtidores (UOC) y la Federación de Obreros, Papeleros, Cartoneros del Uruguay (FOPCU)- participan en la iniciativa. Las 3 organizaciones sindicales trabajan juntas desde hace años para impulsar intereses comunes.     

Por ejemplo, desarrollaron una marcha en 2015 en defensa del salario digno, la educación, la seguridad y la salud; otra movilización en 2017 en defensa de la industria nacional y en reclamo de trabajo de calidad. A su vez, actualmente participan en el proyecto “Industria integrada” del Instituto Cuesta Duarte e Inefop. 

El objetivo del proyecto es analizar la revolución científica y tecnológica (industria 4.0), y construir propuestas para estimular el empleo, el crecimiento de actividades productivas y la conformación de una política industrial sostenible. Los sindicatos trabajarán junto al gobierno y al sector empresarial para negociar políticas públicas y privadas que permitan una transición justa, que fortalezcan la industria nacional y aseguren empleos decentes.

Mueren 22 mineros en Pakistán

En el momento del accidente, entre 40 y 50 personas estaban trabajando en la mina situada cerca de la frontera con Afganistán, en Khyber Pakhtunkwa. El deslizamiento de tierra afectó varias minas cercanas.

Las operaciones de rescate se vieron obstaculizadas por deslizamientos de tierra posteriores y se teme que más personas sigan atrapadas bajo los escombros. 25 horas después del accidente, una persona fue rescatada con vida y la búsqueda continúa.

Glen Mpufane, el director de minería de IndustriALL, declaró:

“La mayoría de las minas en Pakistán siguen utilizando métodos de minería antiguos y tradicionales y operan sin las medidas de seguridad adecuadas. Es inaceptable que la mayoría de los trabajadores no reciban capacitación sobre prácticas seguras de minería y que no haya personal de seguridad en las minas. Los organismos gubernamentales responsables de la seguridad en las minas deben aplicar medidas enérgicas para mejorar la seguridad en las minas paquistaníes”.

 

Las muertes en las minas de mármol de Ziarat parecen ser el mayor desastre minero en Pakistán este año. Desde enero, el país ha sido testigo de incesantes accidentes fatales en las minas, y ni siquiera el confinamiento por la COVID-19 redujo las muertes.

Según fuentes locales, al menos 97 trabajadores han muerto en los alrededor de 44 accidentes registrados en 2020.

Desde 2010, la cifra estimada de mineros muertos en las minas de este país es de 523. El número real podría ser mucho mayor.

Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL, expresó:

“Es una masacre. Tanto el Gobierno central como los provinciales están plenamente al tanto del creciente número de muertes en las minas paquistaníes. No obstante, a pesar de los frecuentes recordatorios y llamados a la acción, estos accidentes siguen ocurriendo”.

“Pakistán no puede esperar a que mueran más trabajadores y debe trabajar junto con organismos nacionales e internacionales, incluida la OIT y los sindicatos mundiales, para mejorar la seguridad de las minas. El Gobierno central y los provinciales deben tomar medidas de inmediato para ratificar e implementar el Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas. IndustriALL seguirá trabajando con sus afiliados y actores sociales para intensificar la campaña por la seguridad de minas”.