Trabajadores sufren duras medidas de contención contra la COVID-19

Según los informes, el 19 de octubre la cantidad total de casos de COVID-19 en Minuwangoda Brandix aumentó a 2122, incluyendo más de mil trabajadores de Brandix apparel limited, sus contactos cercanos y familiares.

Este grupo conforma casi la mitad de la cantidad total de casos de COVID en Sri Lanka y ha recibido atención a nivel nacional.

Los sindicatos afirman que las fuerzas armadas, que administran los centros de cuarentena de COVID, entraron, sin previo aviso y durante la noche, a las habitaciones de hospedaje de los trabajadores de la confección, pidiéndoles que se trasladen inmediatamente a estos centros.

Anton Marcus, del Sindicato de Trabajadores de las Zonas Francas y de los Servicios Generales, expresó:

“Si las fábricas hubieran formado comités de salud tal como lo decidió el equipo de trabajo tripartito, se habrían identificado los problemas de salud más temprano y esta crisis podría haberse evitado. Es imperativo que se formen comités de salud inmediatamente en cada fábrica de indumentaria”.

“Las medidas de cuarentena forzosas deben detenerse y los trabajadores deben ser tratados con dignidad. Apelamos al gobierno para que proporcione seguridad laboral y de ingresos a los trabajadores, así como salud y seguridad, asegurándose al mismo tiempo de que la crisis no dañe también al sector”.

A los trabajadores no se les dio tiempo para prepararse o recoger sus pertenencias. Los llevaron en conjunto, sin seguir ningún proceso de seguridad como el distanciamiento social, a los distantes centros de cuarentena. No se les dio oportunidad de avisar a alguien lo que estaba pasando.

El hecho de que el centro de cuarentena carecía de medidas de seguridad, instalaciones sanitarias básicas, personal de salud y acceso a alimentos de calidad significó una mayor posibilidad de infección entre los trabajadores en cuarentena. Los familiares de los trabajadores en cuarentena no obtuvieron ninguna información: ni siquiera los funcionarios del gobierno local sabían nada.

Varios informes sugieren que los directores de la empresa insistieron en mantener la producción para alcanzar los objetivos establecidos y no lograron detener la crisis sanitaria en desarrollo entre los trabajadores.

Apoorva Kaiwar, secretaria regional de IndustriALL, expresó:

“Estamos muy preocupados por las duras medidas de cuarentena y su impacto sobre los trabajadores y sus familias. El gobierno de Sri Lanka debería seguir las normas internacionales establecidas para controlar la pandemia respetando los derechos de los pacientes. El gobierno y el empleador deberían observar que la mayoría de los pacientes del grupo de Minuwangoda Brandix son trabajadoras y asegurarse de que se les proporcionen medidas de seguridad y salud apropiadas”.

Crédito fotográfico: Trabajadores en Nordtext, Colombo, Sri Lanka. Banco de Desarrollo de Asia, Flickr

Indonesia: respuesta violenta a una huelga sindical

En octubre, sindicalistas de toda Indonesia se declararon en huelga para manifestarse en contra de la ley general. Los sindicatos habían obligado con éxito al Parlamento a suspender un debate sobre el proyecto de ley en abril, solo para que este lo aprobara rápidamente el 5 de octubre.

La respuesta a las huelgas incluyó violencia y detenciones arbitrarias. Según los informes, 32 miembros de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Metalúrgicos de Indonesia (FSPMI) resultaron heridos por cañones de agua en Bekasi, mientras que otros diez fueron detenidos en Bekasi y Yakarta, ya que la policía acusó a los trabajadores de hacer huelga fuera del horario permitido.

En Bekasi, un conductor de la FSPMI fue interrogado por la policía de Yakarta y luego permaneció detenido durante toda la noche.

Said Iqbal, presidente de la Confederación Sindical de Indonesia (KSPI) y la FSPMI, expresó: 

“Seguiremos luchando a través de los medios constitucionales y estamos planificando manifestaciones en todo el país. También es posible que presentemos un recurso de revisión judicial en el tribunal constitucional o que intensifiquemos la campaña en contra de la ley general en la escena internacional”.

Diez miembros del Sindicato de Trabajadores de la Química, la Energía y la Minería (CEMWU SPSI) fueron detenidos por la policía en Yakarta mientras tomaban café. La policía los acusó injustamente de estar involucrados en disturbios.

Además, cinco miembros de la Confederación General de Sindicatos de Indonesia (KSBSI) fueron detenidos por la policía en Yakarta por violar las normas de restricción social a gran escala (PSBB) impuestas por el gobierno de esta ciudad.

Elly Rosita Silaban, presidenta de la KSBSI, declaró:

“Estamos negociando con la policía para liberar a un miembro que todavía está detenido. No se debe culpar a los trabajadores por infringir las normas de distanciamiento social. Al aprobar la ley general, el gobierno y el Parlamento obligaron a los trabajadores a salir a las calles”.

El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, expresó:

“Pedimos al gobierno de Indonesia que respete y proteja la libertad de expresión de los trabajadores de este país y que garantice que se tomen medidas contra los policías que violaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), ratificado por el gobierno indonesio”.

Los trabajadores hacen un piquete contra la violencia y el nepotismo en Mongolia

Los trabajadores, afiliados a IndustriALL Global Union a través de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, Geología y Minería de Mongolia (MEGM), pidieron al gobierno que tomara medidas en contra de uno de los directores de la empresa, que atacó a una dirigente sindical a nivel empresarial de la MEGM cuando denunció las prácticas de nepotismo de la empresa.

 

La rama local de la MEGM ha hecho campaña contra el nepotismo desde junio, exigiendo que la empresa deje de contratar a familiares del personal directivo. Estos trabajadores, que están bien conectados, gozan de salarios y beneficios más altos que otros empleados con cargos de mayor jerarquía.

El presidente de la MEGM, Buyanjargal Khuyag, expresó:

“Condenamos enérgicamente la violencia ejercida contra una dirigente sindical. Después del piquete, nos reunimos con el ministro de Recursos Minerales y Energía y exigimos que se tomaran medidas para hacer frente a la brutalidad y el nepotismo en la empresa”.

“El ministro prometió nombrar un nuevo director ejecutivo para TPP2 y que los ejecutivos involucrados en la violencia y el nepotismo, de ser culpables, serían despedidos. El ministerio también creará un grupo de trabajo para estudiar los reclamos de los trabajadores”.

La secretaria regional de IndustriALL para el sudeste asiático, Annie Adviento, declaró:

“Felicito a la MEGM por tomar medidas rápidas y defender los derechos de las trabajadoras. Este incidente violento demuestra la importancia de eliminar la violencia en el mundo del trabajo. Espero que el gobierno mongol, los sindicatos y la asociación empresarial puedan impulsar la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”.

Pies de fotos: Trabajadores en el piquete, el presidente de la MEGM, Buyanjargal Khuyag, actos de violencia captados por la cámara

BHP sigue evitando el diálogo con IndustriALL

Durante la reunión general anual (AGM), IndustriALL planteó la cuestión de un aparente doble rasero en la forma en la que BHP está lidiando con la COVID-19. En Australia y Canadá, la empresa ha logrado dar respuestas adecuadas al virus, lo que contrasta fuertemente con su manejo deficiente de la pandemia en Chile, Perú y Colombia.

En marzo, los trabajadores de la mina Spence, ubicada en Chile y propiedad de BHP, tuvieron que hacer paro durante 24 horas para obligar a la empresa a tomar las medidas de protección adecuadas contra la COVID-19.

A fines de agosto, los sindicatos afiliados en Perú, Chile y Colombia informaron acerca de un aumento en la cantidad de infecciones en las minas de BHP, tanto en las operativas como en las no operativas. A su vez, el sindicato Sintracarbón, afiliado a IndustriALL, reportó más de 250 casos de COVID-19 solamente entre los mineros de El Cerrejón, Colombia, así como cuatro sospechas de muerte por esta enfermedad (tres empleados directos y un contratista).

El director de minería de IndustriALL, Glen Mpufane, preguntó a la junta directiva:

“BHP se compromete a defender los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, lo que indicaría que respalda el principio de respetar, de manera igualitaria, los derechos humanos de las personas en todos los países donde opera. Entonces, ¿cómo explica BHP la disparidad entre su gestión de la COVID-19 en los países industrializados con respecto a la que realizó en los países de menores ingresos?”

A pesar de los testimonios de los trabajadores, BHP se negó a reconocer diferencia alguna.

Las operaciones en la mina de carbón de El Cerrejón en Colombia, en la que BHP posee una participación del 33 por ciento, se paralizaron el 31 de agosto. El sindicato Sintracarbón, afiliado a IndustriALL, impulsó una huelga luego de rechazar un cambio en los turnos que agregaría 72 días de trabajo al año sin aumento salarial.

Lo que los trabajadores llaman el “turno de la muerte” también reduciría la cantidad de empleos en un 25 por ciento y supondría una carga enorme para la salud, el bienestar y la vida familiar del personal restante. 

Aunque el director ejecutivo de BHP, Mike Henry, en respuesta a la carta en la que Valter Sanches pidió a BHP que resuelva la huelga, hizo énfasis en la necesidad de dialogar para solucionar esta situación, el presidente de la junta directiva, Ken Mckenzie, se negó rotundamente a entablar un diálogo con IndustriALL Global Union.

Glen Mpufane había preguntado lo siguiente:

“¿Iniciará BHP un diálogo significativo con IndustriALL Global Union a fin de garantizar que se mantengan los más altos estándares laborales en todas sus operaciones y que los desafíos que plantea la pandemia puedan abordarse mediante un diálogo social significativo?”

Organizaciones sociales de Colombia marchan en apoyo a Sintracarbón

Bajo el llamado “Kato’u Wajira” (“Despierta Guajira” en lengua originaria) marcharon decenas de personas pacíficamente por las calles de Riohacha de la capital de La Guajira el 9 de octubre. El objetivo fue mostrar el apoyo de la comunidad a la huelga del Sindicato nacional de los trabajadores de la industria del carbón (Sintracarbón, afiliado a IndustriALL Global Union).  

“La marcha sirvió para que la comunidad y los trabajadores le expresaran, tanto a la empresa Cerrejón como al gobernador de la Guajira (quien se mantiene silencioso frente al conflicto), que estamos en pie de lucha y dispuestos a negociar.

Siempre dijimos que tenemos voluntad de diálogo y que la huelga es simplemente una herramienta. El fin del sindicato es alcanzar un acuerdo que le brinde tranquilidad a la Guajira, a los trabajadores y que le permita a la empresa reactivar la producción“

dijo el presidente de Sintracarbón, Igor Díaz, en declaraciones a RCN radio.

Los trabajadores se encuentran en huelga desde el 31 de agosto, fecha en que  detuvieron las operaciones en la mina de carbón de Cerrejón (propiedad de las multinacionales Glencore, BHP y Anglo American).

Tomaron la medida para rechazar un cambio de turno de trabajo que agregaría 72 días laborables por año, sin ningún aumento salarial. A su vez, rechazan la intención de la compañía de reducir los beneficios establecidos en el convenio colectivo de trabajo.

Hace una semana iniciaron una hoja de ruta propuesta por el Ministerio de trabajo, la cual incluyó reuniones de la autoridad laboral con cada una de las partes involucradas. Si bien anunciaron que el próximo paso será una instancia tripartita, Sintracarbón dice que hasta el momento no conoce cuándo se va a llevar a cabo.

“Hasta el momento no ha sido posible sentarnos a la mesa con Cerrejón porque se niega. No sabemos qué posición tiene respecto a encontrarnos presencialmente las tres partes. Esperamos que si tenga la voluntad para encontrar caminos para un acuerdo, que es lo que necesita todo en el país, especialmente la Guajira que tan afectada está”

agregó el dirigente de Sintracarbón.

IndustriALL se comunicó más de una vez con las tres multinacionales para exigir que asuman la responsabilidad por esta crisis. La organización sindical mundial también le escribió a los clientes de Cerrejón y a inversionistas institucionales para ponerlos al tanto de la situación.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Felicitamos tanto a los trabajadores como a la comunidad de la Guajira por estar al frente y a la vanguardia en la lucha por la defensa de la vida y de las futuras generaciones. Esta unidad es ejemplo de cooperación y solidaridad con el prójimo. Hay que seguir en la unidad porque sin sacrificios no habrán avances ni un futuro.

Esperamos y apelamos a que la empresa (que tanto ganó y sigue ganando por estas tierras de sus ancestros) revise sus expectativas de ganancias, no abuse de su poder económico y haga su parte para que encontremos mediante el diálogo una solución razonable, aceptable y digna para los trabajadores y la comunidad.

Solo con el diálogo y propuestas concretas se encontrará una salida y un camino para todos, sin dejar a nadie atrás. La lucha continúa, estamos con ustedes. Fuerza, fe y coraje; solo juntos seremos dignos de un futuro”.      

Si aún no lo hiciste, por favor firma aquí y comparte la campaña de IndustriALL y LabourStart para mostrar tu apoyo a Sintracarbón.

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Kirguistán debe respetar la democracia y los derechos humanos y laborales

Durante las manifestaciones masivas en la capital de Kirguistán, Biskek, desencadenadas por las acusaciones de fraude en las elecciones parlamentarias del 4 de octubre, los manifestantes tomaron el edificio gubernamental y se liberó a los presos políticos.

Posteriormente, se anularon los resultados de la elección, se destituyó al gobierno y se eligió un nuevo primer ministro. El 15 de octubre, el presidente del país anunció su dimisión.

Además del caos político, la economía se ha visto profundamente afectada por los disturbios. La industria minera es importante para la economía del país, pero muchas minas fueron incautadas y algunas empresas de este sector tuvieron que suspender sus actividades.

A raíz de las apelaciones de los sindicatos y los empleadores, las fuerzas policiales están vigilando las instalaciones y las actividades se están reanudando lentamente.

Según Eldar Tadjibaev, presidente del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Kirguistán (MMTUK), más de 5000 de sus miembros todavía no han podido regresar a sus empleos debido a los daños en los lugares de trabajo.

Los sindicatos kirguises son bastante optimistas y esperan que el cambio político en los poderes legislativo y ejecutivo del país pueda contribuir a la mejora de su situación. A su vez, esperan que, al llevar a cabo elecciones justas, se abandone un proyecto de ley antisindical que infringe los principios fundamentales de los Convenios 87 y 98 de la OIT, ratificados por Kirguistán.

El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, expresó:

“Kirguistán necesita avanzar hacia una democracia y unas instituciones democráticas genuinas y bien establecidas. Nuestra lucha, junto con nuestros afiliados kirguises, continuará fortaleciendo la democracia y los derechos humanos, en particular el pleno respeto y aplicación de los derechos laborales”.

“Instamos al nuevo gobierno a garantizar que los organismos encargados de la aplicación de la ley dejen de interferir en los asuntos de los sindicatos y de perseguir a los dirigentes sindicales”.

Chevron Nigeria planea despedir a 1000 trabajadores sin consultar a los sindicatos

Los sindicatos sostienen que esta falta de consulta por parte de Chevron forma parte de las “prácticas antiobreras” de la empresa que apuntan a despedir, en contra de las leyes laborales nigerianas, a 600 empleados permanentes y 400 trabajadores subcontratados. Mediante una instancia de consulta, los sindicatos podrían comprender por qué se tomó una decisión tan drástica y proponer alternativas a los despidos.

El 2 de octubre, Ofolabi Olawale, secretario general de NUPENG, y Lumumba Okugbawa, secretario general de PENGASSAN, escribieron lo siguiente a la empresa:

“Es muy desconcertante enterarnos de que la dirección ha iniciado el proceso de despedir a unos 600 empleados regulares de Chevron Nigeria Limited sin ningún tipo de comunicación o discusión con los dirigentes de NUPENG y PENGASSAN. Esta medida no es nada menos que una violación de las leyes laborales existentes relativas a la desvinculación de los empleados y una clara afrenta al sindicato y a la asociación”.

Además, los sindicatos afirman que Chevron ha estado involucrado en prácticas laborales desleales, como por ejemplo no conceder el traspaso de los días de licencia de 2018 a los contratos actuales. La empresa también debe dinero a los trabajadores, ya que en 2012 se realizaron deducciones excesivas a las indemnizaciones por despido.

Los sindicatos proponen que la empresa genere instancias de consulta con respecto a los despidos inmediatamente, que inicie las negociaciones para los convenios colectivos y que conceda un ascenso a los trabajadores de NUPENG que hayan adquirido nuevas cualificaciones. El estancamiento de los trabajadores durante 5-11 años es injusto y debe resolverse. También es necesario permitir que los trabajadores subcontratados viajen en los autobuses de la empresa y que los que trabajan desde casa reciban bonificaciones para costear los datos y mejorar la ergonomía.

Okugbawa considera que: “La manzana de la discordia se relaciona con los términos de la partida. Mientras que la dirección quiere despidos, los sindicatos quieren que el proceso sea voluntario. Tampoco nos convencen las cifras presentadas por la dirección de Chevron. Quieren despedir al 25 por ciento de los trabajadores”.

Diana Junquera Curiel, directora de industria energética de IndustriALL, expresó:

“Exhortamos a Chevron Nigeria a dialogar con los sindicatos. Para construir mejores relaciones laborales, las empresas petroleras deben consultar a los sindicatos acerca de los despidos en lugar de tomar decisiones unilaterales. Es importante que las prácticas laborales sean justas con los trabajadores y esto solo puede alcanzarse mediante negociaciones con los sindicatos”.

Foto: Roo Reynolds

Cementera impone cierre patronal a las tres horas de iniciada una huelga

El Syndicat des travailleurs de Demix Béton (St-Hubert), afiliado a IndustriALL, representa a los trabajadores en las negociaciones colectivas. El 23 de septiembre, los trabajadores rechazaron por unanimidad la oferta final de la empresa y se declararon en huelga por 24 horas.

Unas horas después de iniciada la huelga, el 24 de septiembre, la empresa cerró las puertas a sus empleados. Esa misma noche, se aprobó por unanimidad una votación para realizar una huelga general ilimitada.

El sindicato quiere renovar el convenio colectivo, y el principal tema de controversia es la paridad salarial con respecto a otros trabajadores de Demix en la región.

Actualmente, los miembros del sindicato de Demix Concrete ganan alrededor de CAD 3 (US$ 2,2) menos por hora que los demás operadores y conductores de otras partes de la región, a pesar de que hacen el mismo trabajo para la misma empresa.

El sindicato sostiene que no hay argumentos que puedan justificar esta diferencia salarial. Al actuar de esta manera, la empresa está tratando de reprimir al sindicato y preparar el terreno para otros sindicatos, cuya ronda de negociaciones comenzará próximamente.

IndustriALL envió un mensaje de solidaridad y apoyo a los trabajadores del cemento en huelga. En este mensaje, Valter Sanches, el secretario general de IndustriALL Global Union, expresó:

“Nos indignamos al enterarnos de que la dirección de CRH/Demix impuso un cierre patronal a los trabajadores tres horas después de iniciada la huelga, que se anunció oficialmente, en lugar de responder a sus reclamos plenamente justificados. Esto es totalmente inaceptable”.

IndustriALL se comprometió a informar a toda la red sindical del cemento en América del Norte y al Comité de Empresa Europeo sobre la lucha de los trabajadores de este sector, así como a sugerirles que también expresen su apoyo a los huelguistas.

Finlandia: los fabricantes de papel rompen la negociación colectiva nacional

Los convenios colectivos nacionales existentes vencerán a fines de 2021, lo que significa que las partes tienen más de un año para generar un nuevo modelo de negociación.

Los tres sindicatos finlandeses afectados por esta decisión son afiliados de IndustriALL: el sindicato de trabajadores del papel, Paperiliitto, el sindicato industrial, Teollisuusliitto, y el sindicato Pro.

El día de hoy, los tres sindicatos publicaron lo siguiente en un informe conjunto:

“Los sindicatos deploran esta reforma, que está socavando el sistema del mercado laboral finlandés. Este sistema, que funciona correctamente, aporta una gran estabilidad y previsibilidad al mercado laboral del país. Los convenios colectivos actuales tienen un margen considerable para llegar a un acuerdo a nivel de empresa, por ejemplo, con respecto a las horas de trabajo. El convenio colectivo nacional garantiza al empleador un ambiente competitivo justo y paz laboral, así como un trato más igualitario a los empleados.”

El convenio nacional garantiza las condiciones mínimas para los trabajadores en todo el sector en Finlandia, incluso en las empresas que no pertenecen al grupo Industrias Forestales. Además de las condiciones económicas, los convenios brindan licencia parental pagada, licencia por enfermedad, bonos vacacionales, y más.

Los convenios nacionales cubren a unos 28.000 obreros y empleados administrativos en 80 empresas y más de 100 plantas de producción.

El grupo Industrias Forestales de Finlandia comprende 72 empresas de renombre que operan en el sector de la silvicultura, la pulpa y el papel.

Tom Grinter, director del sector de pulpa y papel de IndustriALL, expresó:

“Esta decisión del grupo empresarial se basa en la codicia: la codicia de beneficios a corto plazo en detrimento de la estabilidad y las relaciones laborales sólidas. Los sindicatos finlandeses cuentan con todo nuestro apoyo”.

Federaciones sindicales internacionales lanzan campaña regional: Lo público en manos públicas

En el marco de la Jornada mundial por trabajo decente, la Confederación sindical de trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA), ISP, UNI, IndustriALL Global Union, ITF, ICM, IE y el Comité brasileiro en defensa de las empresas públicas desarrollaron un foro regional con modalidad online para lanzar una campaña unificada, el 7 de octubre.

Durante el encuentro presentaron una declaración conjunta donde remarcaron la decisión de trabajar como movimiento sindical unificado para “defender que lo público es de todos”, particularmente en períodos de crisis, donde se torna necesario impulsar el desarrollo sustentable para asegurar la calidad de vida de toda la población.

El presidente de la Unión sindical obrera (USO, afiliada a IndustriALL en Colombia), Edwin Palma, dijo durante el foro:

“El neoliberalismo nos ha ganado en la batalla ideológica en lo que refiere a lo público. Se comprende que lo público es un bien de nadie, y por tanto, susceptible a la apropiación privada. Nosotros debemos construir una narrativa diferente, que nos lleve a transmitirle a toda la ciudadanía que los bienes públicos son de todos. Debemos hacer grandes coaliciones para defenderlo.”

En el encuentro destacaron que la crisis global generada por la pandemia del Covid-19 evidenció las insuficiencias del actual modelo de Estado y de la política económica global, ya que aumentó la desigualdad y la falta de acceso a servicios públicos de calidad.

Por ello, el objetivo de las federaciones es reforzar la importancia de las empresas y servicios públicos tanto para la población como para el desarrollo de los países post pandemia. Aseguran que ayudan a configurar Estados más democráticos con igualdad de acceso a los servicios esenciales a sus ciudadanos.

Del mismo modo, señalaron que es prioritario impulsar políticas de generación de empleo decente, que contribuyan a una transición justa donde se respeten los derechos laborales y el medioambientales. Para conseguirlo, consideran fundamental la construcción de un nuevo contrato social global, donde el Estado y las políticas públicas jueguen un papel central en favor de la población excluida del actual modelo político-económico.

Además de contar con la participación de representantes de cada una de las federaciones internacionales, el encuentro convocó a expositores del Transnational Institute, del Caixa Econômica Federal, del anterior gobierno del Uruguay y de Oxfam Internacional. Los oradores realizaron presentaciones sobre cómo financiar empresas y servicios públicos, acerca de experiencias prácticas de las empresas públicas, y de la importancia del rol del Estado y de los sindicatos.

La responsable de justicia fiscal para Oxfam Internacional, Susana Ruiz Rodríguez dijo:

“La crisis no la podemos pagar los de siempre. Es fundamental que se tomen decisiones públicas que permitan reorientar y enfocar de forma diferente las decisiones, si queremos fortalecer el papel del estado y las políticas públicas.”