Sindicato mexicano de electricistas denuncia represión policial

Según reporta la organización sindical, diversos agentes armados ingresaron por la fuerza a las instalaciones del centro de trabajo “Líneas Aéreas Norte”, en la madrugada 14 de agosto. Si bien los trabajadores fueron desalojados con violencia, evitaron ser detenidos gracias a la intervención de otros afiliados que habitaban cerca del centro de trabajo.

“Esta agresión forma parte de una campaña de provocación, represión y criminalización de nuestro movimiento sindical, orquestada por el actual director de la Comisión Federal Electoral (CFE), Manuel Bartlett Díaz. (…) Abusa del poder para perseguir a los trabajadores organizados en el SME”  

dijo el gremio en un comunicado de prensa oficial.

El lugar donde ocurrieron los hechos es uno de los 50 centros de trabajo que el SME recuperó tras una larga lucha de resistencia. En 2009 más de 44 mil trabajadores del sector eléctrico de México fueron expulsados violentamente de la empresa pública de electricidad “Luz y Fuerza del Centro (LyFC)” por fuerzas policiales, debido a un decreto presidencial ilegitimo firmado por el entonces presidente Felipe Calderón.

Desde entonces, 16.599 trabajadores del SME desarrollaron una lucha permanente de resistencia activa en defensa de sus empleos. Después de once años de movilizaciones, el gobierno federal accedió a firmar diversos acuerdos para solucionar el conflicto, que incluían la entrega de diversos establecimientos de LyFC, como fábricas y talleres.

Los dirigentes del SME aseguran que en el reciente episodio de represión los oficiales de la policía privada se encontraban al servicio de la CFE, respaldada por elementos de la Guardia Nacional. El Sindicato dijo que continuará su legítima lucha y tomará medidas ante la ola represiva.

“Vamos a llevar este caso de agresión a la Comisión nacional de derechos humanos. No podemos permitir que sigan estas agresiones en un gobierno de la cuarta transformación, donde se tienen que respetar la constitución y los derechos fundamentales. Hacemos responsable a Bartlett Díaz”

dijo el secretario general del SME, Martín Esparza Flores.

A su vez, el SME decidió actuar junto a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) e iniciar una serie de movilizaciones. Rechazan el actuar de la CFE, quien dicen que respalda la modernización y privatización de la industria eléctrica a partir de una reforma energética que únicamente beneficia a las empresas trasnacionales.

Finalmente, tanto el SME como la ANUEE presentaron juntos una denuncia penal en contra de Calderón por el ilegal decreto que determinó la extinción de Luz y Fuerza del Centro y las violaciones a los derechos. Ambas organizaciones se reunieron y definieron un plan de acción con próximas medidas para presionar al gobierno a respetar los acuerdos firmados.

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Nos solidarizamos con los dirigentes y trabajadores de SME. Lamentamos la violencia y el uso de poder paralelo tanto para reprimir como aterrorizar a trabajadores. Esperamos que el estado mexicano tome las medidas necesarias para proteger los trabajadores, punir los actos y abusos de poder fuera de la ley."

Crisis del COVID-19: Sindicatos demandan que BHP respete la salud y seguridad

Representantes sindicales de Australia, Canadá, Chile, Colombia y Perú se encontraron de manera online el 20 y 21 de agosto para efectuar la reunión anual de la Red sindical global de BHP. Dialogaron sobre el impacto de la COVID-19 en las operaciones de BHP en el mundo y las respuestas de los sindicatos.

El director del sector de minería de IndustriALL, Glen Mpfane dijo:

“BHP pone un enfoque en la seguridad. Asegura que desarrolla un plan integral con protocolos, regímenes activos y transporte en América Latina frente a la COVID-19. Dice ser una institución responsable y que no tuvo ninguna muerte vinculada a la enfermedad. Tenemos historias y cifras que lo contradicen.”

Los participantes señalaron que, mientras que BHP en Australia y Canadá implementa correctamente los protocolos de seguridad y salud laboral frente a la pandemia del Coronavirus, no es la misma situación en sus operaciones en América Latina.

El secretario general del sindicato australiano CFMEU Mining&Energy, Grahame Kelly, y el presidente del distrito de Queensland, Stephen Smyth, reportaron:

“En Queensland no tuvimos ningún caso. La razón por la cual parecería que hasta ahora tuvimos éxito es por el papel del sindicato, que participó con el gobierno y presionó para establecer protocolos y normas. Por ejemplo, el ministerio de salud pública puso en práctica una serie de protocolos a través de una legislación para la industria minera.”

Lamentablemente, informaron que no es la misma situación en Perú. Sergio Cruz dijo:

“BHP expone cero letalidad. Sin embargo, en Antamina Perú (donde BHP es accionista) no es así. La cifra de letalidad hasta el momento es de 2 muertes por COVID-19. Hay una realidad muy preocupante, porque existe un contagio masivo en el sector minero. Las empresas mineras no toman en consideración los reclamos de salud y seguridad de los trabajadores.”

La situación no es mucho mejor para los trabajadores de BHP en Chile. Cuando inició la pandemia en el país, los trabajadores efectuaron una paralización de 24 horas donde pusieron exigencias de medidas y protocolos para seguir operando. Aún así, la situación dista de ser la ideal. Marcelo Franco explicó:

“La empresa tomó muy malas decisiones. En un principio las medidas fueron muy básicas, porque creyeron que iba a ser algo pasajero y que se podía trabajar en esas condiciones. Lamentablemente se propagó rápidamente y la estadística en la Compañía minera Cerro Colorado (de BHP) llegó a ser bastante alta. Las consecuencias fueron más graves aún para los trabajadores subcontratados. El 40% de las empresas contratistas están siendo desvinculadas, lo cual ha significado una agonía y cansancio mental para nuestros compañeros.”

Al igual que en Perú y en Chile, en Colombia reportaron que también continúa en aumento la cantidad de contagios y fallecimientos. El presidente de Sintracarbón, Igor Díaz de Colombia, explicó que en Cerrejón (parcialmente propiedad de BHP) hay mas de 250 trabajadores de la producción contagiados e incluso hubo 2 trabajadores fallecieron por COVID-19 en las minas de trabajo (uno directo, uno contratista).

Los trabajadores de los diversos países acordaron continuar con la campaña para exigir que BHP respete los derechos de sus trabajadores en todo el mundo. Pedirán específicamente que atienda a las necesidades de salud y seguridad en sus operaciones en el continente latinoamericano y que respete a los trabajadores contratistas en todo el mundo.

A su vez, exigirán que BHP se comprometa a cumplir su promesa de alcanzar el 50% de mujeres en su fuerza de trabajo antes del 2025 y que se implemente la equidad de género en toda su línea de producción, sin centrarse únicamente a nivel de la gerencia y de la junta. Asimismo, presionarán para que la empresa establezca medidas de apoyo frente a la violencia de género.

Finalmente, el secretario general adjunto de IndustriALL Global Union, Kemal Özkan, concluyó:

“Sabemos que BHP no es responsable de la COVID-19. Pero entendemos que es importante que toda la Red global de trabajadores de BHP aunemos nuestros esfuerzos, y hagamos una campaña global durante esta pandemia para defender el derecho a la salud y seguridad laboral. Es necesario exponer las deficiencias de las distintas empresas de BHP, y mostrar las diferencias de postura entre lo que se les dice a los accionistas y lo que sucede en el campo.”

G20: Los sindicatos mundiales reclaman medidas con carácter urgente y global en materia de empleo, recuperación y resiliencia

En la declaración dirigida a la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20, los sindicatos del L20 establecen un plan integral para hacer frente a las repercusiones socioeconómicas de la crisis, que coloca al empleo, la protección social, los derechos fundamentales y la inversión esencial para la recuperación y la resiliencia en el corazón de la respuesta mundial.

Las reivindicaciones sindicales hacen especial hincapié en la inversión en servicios de atención –sanitaria, educativa, infantil y de la tercera edad– así como en infraestructura y política industrial, además de en impulsar las medidas de lucha contra el cambio climático y por una transición justa, junto con el cumplimiento de los compromisos previos relativos a las mujeres y los jóvenes, y la salvaguardia de los derechos fundamentales de todos los trabajadores, en consonancia con la Declaración del Centenario de la OIT, así como la salud y la seguridad en el trabajo.

Sintracarbón aprueba el inicio de una huelga en Cerrejón

El Sindicato nacional de los trabajadores de la industria del carbón (Sintracarbón, afiliado a IndustriALL Global Union) finalizó sin éxito la negociación colectiva con Carbones del Cerrejón Limited Colombia (Cerrejón,  la cual es propiedad de las multinacionales BHP, Angloamerican y Glencore). De este modo, culminó la etapa de arreglo directo y la prórroga en el marco del conflicto colectivo de trabajo.

Por este motivo, Sintracarbón desarrolló un proceso de votación desde el 13 hasta el 20 de agosto para que sus trabajadores afiliados pudieran optar entre iniciar una huelga o someter las diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento. Al final del día 20, anunciaron que el 99,03% de los afiliados a Sintracarbón decidió ir a la huelga.

Esto implica que a partir de la fecha, por un lado, la organización sindical tiene diez días para definir la hora cero de la medida de acción. Por otro, Cerrejón puede atender el llamado del gremio a efectuar una negociación donde realmente atienda a los reclamos de los trabajadores.

“La Comisión negociadora de Sintracarbón hace un llamado a Cerrejón, al Ministerio del trabajo y al Congreso de la República a trabajar en busca de una negociación a este conflicto laboral que afecta a doce mil trabajadores de la compañía, a la comunidad de La Guajira y a la economía nacional. Si la negociación no se logra, la responsabilidad total (de la huelga) es de Cerrejón y las tres poderosas multinacionales propietarias de esta compañía”

dijo en un comunicado de prensa.

Según la Comisión, durante el proceso de negociación colectiva efectuado hasta la fecha, Cerrejón respondió al pliego de peticiones de Sintracarbón con una contrapropuesta para reducir los beneficios establecidos en el CCT. Además, el segundo día la empresa presentó una modificación de turnos de trabajo.

El sindicato denomina “el turno de la muerte” dicha modificación. Supone la eliminación de 1.200 puestos de trabajo en La Guajira, pone en riesgo la salud de los trabajadores, y afecta la calidad de vida tanto de las familias como de las comunidades de La Guajira.

A su vez, exigen que Cerrejón redoble las exigencias en relación a las medidas de seguridad laboral por el aumento de contagios por COVID-19 en la mina. Sintracarbón denunció más de 250 contagios y el fallecimiento de dos trabajadores de Cerrejón fruto de la enfermedad (uno directo y el otro subcontratado).

Por su parte, la Red sindical mundial de BHP (que integran los sindicatos afiliados a IndustriALL y otros) emitió una declaración de solidaridad con los miembros de Sintracarbón en Cerrejón en Colombia donde expresó:

“Los miembros de la Red sindical global de BHP manifiestan su solidaridad con los trabajadores de Sintracarbón y respaldan la decisión de iniciar una huelga. La Red llama a Cerrejón a respetar los derechos de los trabajadores, tanto de los beneficios adquiridos en el convenio colectivo de trabajo, como a gozar de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Todas las empresas tienen responsabilidad tanto con sus accionistas, como con sus trabajadores.”

Ante la desconfianza de la gente, Lukashenko intenta callar a los trabajadores

A pesar de la violenta represión, las autoridades no lograron detener las manifestaciones. Ahora están enfocando sus herramientas represivas en los trabajadores en huelga. Mientras muchas de las 7000 personas detenidas desde que las protestas envolvieron a Bielorrusia el 9 de agosto permanecen en prisión, IndustriALL ha recibido informes alarmantes de que las autoridades están usando sus herramientas de opresión contra trabajadores que tomaron medidas de huelga para exigir un cambio. 

A las 11 de esta mañana, Dmitri Kudelevich, miembro del comité de huelga de Belaruskaliy, fue denunciado como desaparecido por sus colegas. Otro huelguista, Maxim Filanovich, también fue denunciado como desaparecido, pero más tarde pudo comunicarse telefónicamente con sus colegas. Los sindicatos temen que continúen las denuncias de líderes y activistas secuestrados.

Ayer, la Comisión Europea anunció una serie de medidas para apoyar a la población de Bielorrusia. Los sindicatos independientes del país creen que esto es útil, pero no suficiente para permitir que la gente reconstruya la democracia. Se necesita una mayor participación de la comunidad internacional, que debe centrarse en los problemas de los trabajadores. El Gobierno está utilizando contratos a corto plazo como una herramienta para la represión política, y cualquier condena a la opresión en Bielorrusia debe contener un compromiso con los derechos de los trabajadores.

IndustriALL, sus predecesores y afiliados han seguido de cerca la situación de los derechos sindicales en Bielorrusia desde el 2000, cuando se presentó una denuncia de varios sindicatos a la Organización Internacional del Trabajo. El motivo de la denuncia fueron las violaciones sistemáticas y repetidas de los derechos de los trabajadores, incluso a través de un sistema de contratos a corto plazo utilizados para castigar a trabajadores y activistas. Los contratos a corto plazo llevaron a que miles de activistas sindicales perdieran sus trabajos por organizar o unirse a sindicatos independientes.

Otra razón fueron las leyes draconianas que regulan la creación de sindicatos independientes y la declaración de huelgas, que han dado como resultado el desmantelamiento casi total de los sindicatos independientes y democráticos.

En un contexto de continuo declive económico debido a la incapacidad del Gobierno para implementar una estrategia económica viable y atraer inversión extranjera, y en ausencia de un sistema de consulta dentro de la sociedad, precisamente el papel de los sindicatos, Lukashenko introdujo impuestos a los desempleados. Esto transfirió la responsabilidad del fracaso del Gobierno a los hombros de los más vulnerables, lo que provocó una ola de protestas en 2017-2018.

Finalmente, Lukashenko manejó mal la COVID-19. Su respuesta incluyó la negación y medidas de protección insuficientes, dejando a la población sola para hacer frente a la pandemia.

Esta fue la gota que colmó el vaso para que la gente reaccionara con fuerza ante los resultados electorales falsificados.

Los sindicatos temen que Lukashenko vuelva a utilizar su maquinaria administrativa de represión para aplastar a quienes se oponen a él. Ya ha comenzado: los trabajadores en huelga han comenzado a recibir notificaciones de despido.

Los sindicatos bielorrusos están pidiendo apoyo internacional. Manifiestan que los trabajadores son los primeros en la línea de represión, especialmente los más activos y valientes que organizan huelgas.

Los secretarios generales de IndustriALL Global Union e IndustriAll Europe, Valter Sanches y Luc Triangle, emitieron una declaración que expresa:

“Nuestras organizaciones exhortan al Gobierno de Bielorrusia a que detenga de inmediato la violencia, la persecución y los arrestos, y libere a todos los líderes sindicales, activistas y representantes de la sociedad civil encarcelados”.

IndustriALL Global Union, que unifica los intereses colectivos de más de 50 millones de trabajadores industriales en 143 países, insta a sus afiliados y a los trabajadores del mundo a solidarizarse con los trabajadores de Bielorrusia.

Una fábrica de ropa de Lesoto despide trabajadores por exigir lo que se les debe

Los trabajadores fueron despedidos la semana pasada después de manifestarse para preguntarle a la empresa las razones del retraso de un pago del Gobierno de LSL 800 (US$ 46). Los empleados creen que la empresa retrasó deliberadamente el pago. Por su parte, esta los acusó de haber emprendido una huelga salvaje y despidió a 253 personas.

El viernes de la semana pasada, cuando los trabajadores pidieron su indemnización por despido, la empresa los volvió a contratar. Bull les dijo serían tratados como empleados nuevos y que perderían todos sus beneficios acumulados, incluida la indemnización. También informó que tendrían que pasar por un período de prueba de tres meses con un salario significativamente reducido. La indemnización por despido está vinculada al salario y los años de servicio, y representa un activo importante para los trabajadores.

El Sindicato Democrático Independiente de Lesoto (IDUL), afiliado a IndustriALL Global Union, es el representante de los trabajadores. Después de intentar negociar con la empresa, el sindicato se reunió con el Ministerio de Trabajo en un intento por encontrar una solución. Sin embargo, la empresa no cooperó. El sindicato planteó el caso al tribunal de conciliación de la Dirección de Prevención y Resolución de Conflictos (DDPR), pero la cantidad de casos pendientes en este organismo indica que la situación no se resolverá pronto.

El sindicato también planteó el problema a un comité de desarrollo del sector gubernamental, que convocó a un representante de la empresa. La situación se complica por el hecho de que el propietario de la fábrica vive en Sudáfrica y no puede viajar a Lesoto debido a las restricciones por la COVID-19.

Al sindicato le preocupa que la empresa tenga planes secretos de cerrar la fábrica del país y trasladar las operaciones a Sudáfrica. Al despedir a los trabajadores, está intentando reducir su responsabilidad por la indemnización por despido que los trabajadores han ganado a lo largo de muchos años de servicio.

The Post informó que, desde que el Gobierno de Lesoto estipuló un salario mínimo para el sector de LSL 2020 (US$ 117) por mes hace dos años, las empresas han intentado despedir y recontratar a los trabajadores para reducir el costo de la indemnización por despido. Un trabajador de Bull declaró lo siguiente al periódico:

“Me doy cuenta de lo que están haciendo y nunca aceptaré que me engañen de esta manera”.

La secretaria regional de IndustriALL, Paule Ndessomin, expresó:

“Bull Clothing le ha jugado una mala pasada a su leal fuerza laboral. Al retrasar el pago del Gobierno, provocaron una reacción por parte de los empleados. Usaron esta reacción para acusar a los trabajadores de emprender una huelga salvaje. Bull luego los despidió, los despojó de sus beneficios y los volvió a contratar”.

“Esta es una maniobra deshonesta diseñada para reducir la responsabilidad de la empresa hacia sus trabajadores. No lo aceptaremos y lucharemos hasta que se recuperen sus beneficios”.

Bull Clothing produce ropa de trabajo al por mayor, principalmente para el mercado sudafricano.

Los sindicatos indonesios del sector textil y de la confección firman una declaración conjunta con los empleadores

La declaración firmada

En la declaración se hace referencia al Llamado a la acción en apoyo a la industria de la confección de la OIT, y las partes se comprometen a proteger a los trabajadores y empleadores de contraer la COVID-19 y a reducir el aumento de la tasa de desempleo y la pérdida de ingresos de los trabajadores.

Tanto los empleadores como los sindicatos se comprometen a aplicar las normas fundamentales del trabajo de la OIT, a cumplir con las regulaciones en materia de salud y seguridad laboral (SSL) y a comprometerse con el Gobierno y las marcas para mantener los puestos de trabajo y los medios de vida de los trabajadores.

La Federación de Sindicatos Textiles y de la Confección (FSB GARTEKS), afiliada a IndustriALL Global Union, se encuentra entre los signatarios de la declaración. La Asociación de Empleadores de Indonesia (APINDO), la Asociación Textil de Indonesia (API) y la Asociación Indonesia de Calzado (APRISINDO) representan a los empleadores.

Trisnur Priyanto, el secretario general de GARTEKS, expresó:

“Nos gustaría dar las gracias a Better Work Indonesia de la OIT por facilitar este diálogo social, y esto será un barómetro para la aplicación de la SSL en los lugares de trabajo, tanto durante la pandemia de COVID-19 como en el futuro”.

La secretaria regional de IndustriALL para el sudeste asiático, Annie Adviento, declaró:

“Felicito a Garteks por respaldar esta importante declaración, que es una manifestación del compromiso de los interlocutores tripartitos para abordar el impacto de la COVID-19. Esta es realmente una gran victoria para el sector textil y de la confección en Indonesia”.

“El plan de acción fortalecerá el diálogo social entre sindicatos y empleadores a nivel de fábrica y nacional. Espero que Garteks no tarde en hacer presión a favor de recomendaciones en materia de políticas comunes para superar los desafíos planteados por la COVID-19”.

La fabricación de vacunas debe proporcionar empleos de calidad y seguridad en materia de medicamentos

Un informe de Unite expresa su preocupación respecto a que el Reino Unido actualmente no tiene la capacidad de fabricación necesaria para satisfacer la demanda de la vacuna para la COVID-19 en la etapa de producción. Esto significa que el Reino Unido competirá con otros países en función de su capacidad de producción existente, lo que genera temores respecto a una distribución justa y universal de la vacuna. El mercado mundial está dominado por Estados Unidos y es probable que la competencia por los suministros tenga como consecuencia que se trate a las personas de los países ricos primero.

El Reino Unido se ha volcado a la subcontratación en la producción de medicamentos a países donde las empresas pueden aprovechar los salarios más bajos para explotar a los trabajadores. Unite cree que esto constituye un peligro durante una situación de pandemia, ya que los países buscarán proteger a sus ciudadanos y pueden restringir la exportación de medicamentos y suministros médicos. El Reino Unido debe garantizar una cadena de suministro nacional segura de medicamentos, desde su descubrimiento hasta la producción, distribución y administración.

Unite sostiene que todos los países deberían contar con seguridad en materia de medicamentos, es decir, la capacidad de satisfacer de manera sostenible las necesidades de medicamentos de la población. Si bien el Reino Unido tiene una importante capacidad de investigación y desarrollo y dos importantes empresas farmacéuticas, GSK y AstraZeneca, con oficinas centrales en el país, no tiene la capacidad de fabricación suficiente para satisfacer la demanda.

La producción de vacunas generalmente es un segmento marginal del gasto sanitario mundial, que suele ascender a menos del 0.5 porciento. El Reino Unido sigue rezagado con respecto a sus pares del mundo en desarrollo. Aunque el Gobierno del país ha invertido en el Centro de Innovación y Fabricación de Vacunas, los fondos proporcionados no son suficientes para construir una fábrica.

El informe sostiene que el Gobierno del Reino Unido debería invertir en capacidad para lograr un sector de fabricación farmacéutica que pueda proporcionar dosis suficientes de una vacuna. Además de crear seguridad en materia de medicamentos, esto crearía empleos sostenibles de alta calidad.

El director del sector de IndustriALL, Tom Grinter, declaró:

“IndustriALL considera que el acceso a medicamentos esenciales es un derecho humano universal. Todo el mundo debería tener acceso a una vacuna. El trabajo de Unite ayuda a garantizar que esto se cumpla."

“ Apoyamos su reclamo por una política industrial sostenible en el sector, con empleos de buena calidad y derechos sindicales”.

IndustriALL reclama constantemente una política industrial sostenible, que incluya el apoyo estatal a sectores clave. IndustriALL considera que el acceso a los medicamentos es un derecho humano que debe protegerse de los que buscan lucrar con la situación, especialmente en el contexto de una pandemia, cuando se están invirtiendo grandes cantidades de dinero público en el desarrollo de vacunas.

Tony Devlin, coordinador de Unite a nivel nacional para el sector, declaró:

“…el Gobierno del Reino Unido debe tomar acciones de manera urgente para garantizar la seguridad en materia de medicamentos en el país mediante la creación de un entorno industrial y económico que brinde un sector de fabricación farmacéutica sólido y seguro que genere empleos calificados y bien remunerados que no solo apoyen a nuestros ciudadanos y a la sociedad, sino también a los los trabajadores y la economía del país”.

Las multinacionales deben asumir la responsabilidad por los trabajadores de la cadena de suministro durante la pandemia

-Publicado originalmente en SwissInfo

Es fácil hacer el bien durante un período de crecimiento económico, pero es en los tiempos de crisis cuando las empresas revelan su verdadero compromiso con los trabajadores.

La pandemia de coronavirus nos tomó a todos por sorpresa. Para los sindicatos de todo el mundo, la prioridad inmediata fue proteger la seguridad y los medios de vida de los trabajadores. Al negociar el pago durante los confinamientos en muchos países, millones de trabajadores pudieron permanecer a salvo en sus casas, lo que ha ralentizado la propagación del virus y salva vidas.

Se produjo un cierre global sin precedentes y el mundo cambió para siempre. Para algunos, esto reforzó el sentido de nuestra humanidad común, nuestra responsabilidad hacia los demás. A todos nos han conmovido los ejemplos de sacrificio y solidaridad.

También nos hemos dado cuenta de que muchos de los puestos de trabajo esenciales que mantienen unidas a nuestras sociedades son algunos de los peor pagados y menos respetados. Muchos han aprendido el valor de los empleados de supermercados, transporte y entregas, de los trabajadores de la salud y limpiadores hospitalarios, que a menudo tuvieron que ir a trabajar sin equipo de protección.

No estamos todos juntos en esto. Todos nos enfrentamos a la misma tormenta, pero algunos están en tierra firme, otros en barcos con capacidad de navegar, mientras que otros se aferran desesperadamente a balsas y escombros. La desigualdad de ingresos ha venido creciendo durante años, y la pandemia ha acelerado el proceso. Las mujeres y las personas de color se han visto afectadas desproporcionadamente.

La respuesta a la pandemia es reveladora

Algunos líderes políticos ignoraron y restaron importancia a la crisis o bien la utilizaron con fines políticos. Otros quemaron su capital político al tomar decisiones poco populares de confinamiento con el fin de salvar vidas. En India, Filipinas, Turquía, Brasil, Indonesia y otros lugares, se aprovechó la pandemia como una oportunidad para debilitar las protecciones laborales y vulnerar los derechos humanos.

Es fácil hacer el bien durante un período de crecimiento económico, pero es en los tiempos de crisis cuando las empresas revelan su verdadero compromiso con la responsabilidad social empresarial. Algunas multinacionales utilizaron su poder e influencia para mantener unida a la sociedad; otras se aprovecharon de la crisis. En un extremo del espectro están las empresas que tomaron dinero del Gobierno, pagaron dividendos a los accionistas, y luego usaron la pandemia como una excusa para implementar cambios que no podrían lograr en épocas normales, tales como despedir trabajadores, informalizar los empleos y aumentar el ritmo de producción.

En el otro extremo están las empresas que asumieron la responsabilidad respecto de su cadena de suministro y elaboraron acuerdos con proveedores, sindicatos y Gobiernos nacionales para sostener la situación a corto plazo. A su vez, trabajaron en pos de una nueva normalidad sostenible a medio y largo plazo. Por ejemplo, la multinacional química belga Solvay no pagó dividendos y la dirección aceptó recortar sus salarios.

La necesidad de diálogo social

La mayoría de las empresas se encuentran entre estos dos extremos. Nuestro trabajo, como sindicalistas mundiales, es moverlas en la dirección correcta, hacia el diálogo social global.

Los trabajadores del sector textil y de la confección en países como Bangladesh, Camboya y Vietnam perdieron sus medios de vida, ya que las marcas de moda internacionales se negaron a pagar por los pedidos que ya habían realizado. Frente a la bancarrota, muchas fábricas de proveedores despidieron a sus trabajadores. Algunas marcas se comprometieron a solucionar el problema. A pesar de esto, en muchos casos, los proveedores utilizaron la pandemia como excusa para despedir trabajadores y reprimir a los sindicatos.

Esta ha sido una dinámica deprimentemente familiar y, en muchos sectores, las empresas se aseguraron de que los trabajadores fueran los primeros en hacer frente a los costos de la crisis. Una serie de accidentes industriales en India demostró que los empleadores no suelen tardar en sacrificar vidas para mantener la producción, y en muchos países y sectores se hicieron despidos masivos.

Muchos de los abusos más graves ocurrieron en empresas privadas en países en desarrollo de los que muchos clientes nunca han oído hablar, pero estas empresas existen en un ecosistema: forman parte de las cadenas de suministro mundiales controladas en última instancia por corporaciones multinacionales.

Una empresa que cambió su comportamiento bajo la presión de nosotros mismos y de los sindicatos de todo el mundo es Inditex, la multinacional española de la confección propietaria de marcas populares como Zara y Massimo Dutti. En respuesta a la crisis de empleo en los países productores de moda, Inditex se comprometió no solo a pagar los pedidos realizados a las empresas proveedoras, sino a garantizar un calendario de pago continuo y proporcionar financiación para mantener a las empresas a flote.

Inditex también se comprometió a garantizar que, a medida que las fábricas reabran, lo hagan de forma segura. Es crucial que el cumplimiento de estos compromisos por parte de la empresa sea supervisado por un comité sindical global que represente a sus empleados de todo el mundo, incluidas las fábricas de proveedores.

A paso lento

La industria de la moda tiene características únicas —en particular, marcas de consumo sensibles a la opinión pública— pero el modelo de otorgar a las partes interesadas el poder real para determinar el futuro de la industria es a lo que debemos apuntar en todos los sectores de la economía.

En la minería no se ha visto este nivel de responsabilidad colectiva. Las empresas mineras generalmente obtienen gran parte de su valor de los países pobres con normas de seguridad y leyes laborales débiles. Muchas prefieren un enfoque no intervencionista, con filiales locales encargadas de mantener un flujo constante de productos básicos mientras resuelven todos los problemas a nivel local.

Al principio de la pandemia, cientos de mineros se infectaron con COVID-19 en la mina Antimina en Perú, una empresa conjunta entre BHP Billiton, Glencore (con sede en Suiza) y otras. Hemos tratado de entablar un diálogo con estas gigantes mineras durante años, y hemos logrado algunos avances con Glencore. Aunque no tenemos un acuerdo global, un mecanismo informal de solución de controversias que entró en vigor antes de la COVID-19 ha ayudado a resolver problemas como el de Antimina, así como en la República Democrática del Congo, Zambia y otros lugares.

Con BHP Billiton no hemos tenido tanta suerte, ya que se niega a trabajar con sindicatos a nivel mundial y ha utilizado el coronavirus como excusa para violar los convenios colectivos.

Doble moral

Dentro de este espectro han surgido otras dinámicas, como las empresas que tratan a los trabajadores manuales y no manuales de manera diferente, o que cuidan a los empleados en sus países de origen mientras ignoran a los de otros lugares.

Volkswagen generalmente tiene buenas relaciones con los sindicatos y, a pesar de algunas tensiones recientes, está negociando a nivel mundial. En Alemania, la empresa aseguró la reapertura segura de las plantas automotrices después de que se flexibilizaran las restricciones de confinamiento. No obstante, en Sudáfrica, después de que 120 trabajadores contrajeran la COVID-19 en la planta de Uitenhage, el Ministerio de Trabajo descubrió que la empresa había incumplido las regulaciones para el regreso seguro al trabajo. Cuando los trabajadores ejercieron su derecho legal a rechazar el trabajo inseguro, Volkswagen suspendió a los delegados sindicales. El comité de empresa mundial está resolviendo la cuestión, pero esta situación demuestra dónde se encuentran las grietas en nuestro sistema mundial interconectado.

El sistema económico exige a las empresas que maximicen el valor para los accionistas, lo que entra en conflicto con sus compromisos con la responsabilidad social empresarial. Incluso las mejores empresas están obligadas por las mismas fuerzas del mercado y deben competir con rivales menos escrupulosos. Esto crea un peligro moral que puede recompensar a los malos actores con una ventaja competitiva. En última instancia, esto solo puede resolverse mediante normas mundiales vinculantes que garanticen un punto de referencia de decencia para todos.

Es hora de una recuperación justa

Nuestros sindicatos creen que es hora de construir una Recuperación Justa que recompense a aquellos que se sacrifican en el presente para sentar las bases de un futuro mejor. Necesitamos un sistema mundial de relaciones laborales para el siglo XXI que reconozca las conexiones entre nosotros.

Debemos proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, transformar la gobernanza mundial para crear empleo y trabajo digno, luchar por la protección social universal y los servicios públicos de calidad, defender la democracia y los derechos de los trabajadores, regular las cadenas de suministro mundiales, desarrollar políticas industriales sostenibles y preservar los empleos manufactureros, luchar por la igualdad de género y dar voz y voto a los trabajadores para determinar el futuro del trabajo.

Las nuevas leyes son una parte de ello, por lo que la Iniciativa para la responsabilidad empresarial, impulsada en Suiza, y las propuestas similares en otros países que buscan garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, son importantes. También tenemos que hacer cumplir las normas ya vigentes, incluidos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y los acuerdos mundiales vinculantes entre los representantes de los trabajadores y las empresas.

No desperdiciemos esta crisis. Este es el momento de construir un mundo más justo y resistente.

Apoye a los trabajadores de la industria del papel que se manifiestan en Indonesia

Download the posterThey were collectively dismissed over two months ago as the large pulp manufacturer Tanjungenim Lestari switched to a new service provider at the site in Lampung Province, Indonesia. It is union busting and unfair dismissal.

“¡Reincorporen a los 38 trabajadores de la industria del papel en PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper!”

Estos trabajadores fueron despedidos masivamente hace más de dos meses, cuando el gran fabricante de celulosa Tanjungenim Lestari decidió contratar un nuevo proveedor de servicios en su planta ubicada en la provincia de Lampung, Indonesia. Esto fue un acto de represión sindical y un despido injustificado.

A nivel mundial y regional, el sector de la celulosa y el papel de IndustriALL Global Union dio máxima prioridad a la campaña para la reincorporación de los 38 trabajadores. Si bien todos ellos son miembros de FSP2KI, afiliado de IndustriALL, la firme manifestación que han organizado a la entrada de la fábrica ha ganado un amplio apoyo de la sociedad civil y otros sindicatos indonesios.

IndustriALL atribuye la responsabilidad de este ataque antisindical principalmente a la empresa que dirige todo el lugar de trabajo, PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper. El nuevo prestador de servicios, PT Kamigumi, debería volver a contratar a los 38 trabajadores que han estado en sus puestos de trabajo durante varios años, y Tanjungenim debe exigirles que lo hagan.

Envíe su reclamo al personal directivo superior de Tanjungenim utilizando estos datos de contacto. Puede usar este modelo de carta y el membrete de su sindicato, y enviarlo a:

La manifestación se ha llevado a cabo durante todo el día desde los despidos masivos, incluso a pesar de condiciones climáticas adversas. La bandera de IndustriALL ondea alto en medio del piquete. IndustriALL condenó la agresiva intervención policial del 8 de agosto para disolver la protesta de los trabajadores a la entrada de la fábrica.

Si bien los consumidores generalmente no reconocen el nombre de la empresa Tanjugenum Lestari, la pulpa fabricada en ese lugar se envía a varios países y se convierte en todo tipo de papel y productos de papel tisú.

IndustriALL también está trabajando para plantear este caso a las empresas de la cadena de suministro.

El director de IndustriALL para el sector de la pulpa de celulosa y el papel, Tom Grinter, pidió:

“Les pedimos que sumen sus voces a este reclamo de justicia en Indonesia. Es una simple petición: que estas 38 personas vuelvan a sus trabajos inmediatamente. Nuestro mensaje para Tanjungenim Lestari es que no nos iremos hasta que eso suceda”.

¿Qué puede hacer?

  1. Envíe este modelo de mensaje con el membrete de su sindicato a la dirección de la empresa;
  2. Firme la petición y pida a los miembros de su sindicato que hagan lo mismo;
  3. Descargue el afiche y tómese una foto con este junto a sus compañeros de trabajo. Envíenos las imágenes que se cargarán en línea y publíquelas en sus propias cuentas de redes sociales;
  4. Utilice el marco temporal en su perfil de Facebook para mostrar su apoyo a la campaña.

La FSP2KI representa a unos 15.000 trabajadores de la industria de la pulpa y el papel en Indonesia.