Los trabajadores y dirigentes sindicales de Belaruskali sufren represión en Bielorrusia

Los dirigentes y activistas del Sindicato Independiente de Bielorrusia (BITU), Siarhei Charkasau, Anatol Bokun, Yury Korzun y Pavel Puchenia, han sido arrestados arbitrariamente varias veces durante los últimos dos meses y actualmente se encuentran en la cárcel. El BITU está afiliado a IndustriALL Global Union.

Para apoyar a los activistas, siga el enlace y firme la petición de LabourStart que exige su liberación.

Los dirigentes sindicales, que también son miembros del comité de huelga, están siendo blanco de ataques por su actividad sindical. El 21 de septiembre, Anatol Bokun se manifestó pacíficamente en apoyo de su compañero de trabajo, Aleh Kudziolka, quien se negó a abandonar su lugar de trabajo subterráneo como protesta ante las elecciones presidenciales fraudulentas y la extrema violencia de la policía antidisturbios. Fue arrestado ese mismo día y actualmente está en la cárcel.

Anatol fue uno de los 22 trabajadores detenidos por la policía, pero fue el único condenado a 25 días de cárcel por presunto desorden público. Anatol debía ser puesto en libertad el 16 de octubre, pero fue arrestado de nuevo y trasladado a un centro de detención en Soligorsk cuyo nombre no se ha dado a conocer.

Del mismo modo, Siarhei Charkasau, vicepresidente del BITU, fue detenido junto con Yury Korzun y Pavel Puchenia mientras hacían un picnic en un parque público de Soligorsk el 3 de octubre. Permanecieron detenidos durante 15 días. El 16 de octubre, el día en que se suponía que iban a ser puestos en libertad, volvieron a ser arrestados y trasladados a un centro de detención policial en Soligorsk.

Mientras estaban detenidos, se les pidió a Anatol Bokun, Siarhei Charkasau, Yury Korzun y Pavel Puchenia que mintieran: si firmaban un documento y grababan un video para el canal estatal de televisión bielorruso en el que admitieran culpa y remordimiento por su participación en la huelga, se les concedería la libertad. Los cuatro dirigentes sindicales se negaron a ceder. Como consecuencia, han permanecido detenidos ilegalmente durante 15 días más.

El nivel de violencia contra las manifestaciones pacíficas tras las recientes elecciones presidenciales de agosto es extremo. A principios de septiembre, la oficina de Derechos Humanos de la ONU había documentado al menos 450 casos de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad. Aún no se ha llevado a cabo ninguna investigación penal con respecto a casos de muerte o tortura.

IndustriALL condenó la persecución y detención de los dirigentes sindicales y exigió su liberación inmediata. En su carta a las autoridades locales bielorrusas, Valter Sanches expresó:

“Estamos sumamente preocupados por su seguridad, ya que no solo han sido detenidos arbitrariamente, sino que se los mantiene en muy malas condiciones —en el caso de Anatol Bokun, sus condiciones de detención equivalen a una verdadera tortura, ya que se lo expone a grabaciones de volumen elevado sin parar— y, lo que es igualmente preocupante, están siendo reubicados cada vez que reciben una nueva sentencia, en algunos casos a lugares desconocidos”.

IndustriALL pidió “que se ponga fin inmediatamente a la persecución y violación de los derechos laborales y humanos de los dirigentes sindicales Anatol Bokun, Siarhei Charkasau, Yury Korzun y Pavel Puchenia”. Sanches exigió la liberación inmediata de los activistas sindicales en estricta conformidad con las leyes y las normas de derechos humanos nacionales e internacionales.

El gobierno filipino se retracta respecto al pago de aguinaldos tras recibir presión de los sindicatos

 

El anuncio del secretario de trabajo filipino Silvestre Bello III el 8 de octubre de que el Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE) estaba considerando permitir el aplazamiento del pago de los aguinaldos por parte de empresas con dificultades económicas provocó una gran molestia en los sindicatos.

De acuerdo con el Decreto Presidencial n.º 851 del año 1976, los empleadores están obligados a proporcionar un pago del aguinaldo a todos los empleados antes del 24 de diciembre de cada año. 

Ante la presión recibida, Bello celebró una reunión de consulta en línea con los sindicatos el 13 de octubre. Tres días después, Bello revocó la decisión en una sesión informativa televisada y confirmó que todos los empleadores deben realizar el pago del aguinaldo. El éxito se atribuye a la unidad de los sindicatos filipinos en el tratamiento del tema.

La consulta con los sindicatos

El vicepresidente ejecutivo de ALU, Gerard Seno, expresó:

“ALU rechaza el aplazamiento del aguinaldo principalmente porque los trabajadores han ganado y acumulado los beneficios por su trabajo en los últimos 12 meses. El bono es un estándar laboral básico similar al salario mínimo, no se puede quitar ni aplazar”.

El presidente de AWATU-TUCP, Temistocles Dejon Jr, agregó:

“Al darles el monto total del aguinaldo y el bono de Navidad, millones de trabajadores y sus familias tendrán dinero para gastar, lo que beneficiará a nuestra economía porque el 60 por ciento de nuestro PIB se deriva de actividades relacionadas con el consumo”.

El presidente de la Organización Integrada del Trabajo, Abraham Reyes, celebra la nueva decisión del secretario de trabajo. Expresó que los trabajadores, especialmente los que se encuentran en una situación precaria, deben poder disfrutar de los beneficios que estipula la ley.

Annie Adviento, secretaria regional de IndustriALL, declaró:

“Felicitamos al sindicato por su éxito respecto al aguinaldo en Filipinas. Esta victoria es un ejemplo del papel indispensable de los sindicatos en el mundo laboral. Millones de trabajadores filipinos, incluidos los que no pertenecen a ningún sindicato, se beneficiarán de esta lucha”.

Trabajadores italianos luchan contra el cierre de Whirlpool en Nápoles

Los sindicatos convocaron a una huelga de ocho horas para el 22 de octubre. La huelga afecta a todas las plantas italianas del grupo y se organiza en conjunto con la reunión que convocó el Ministerio de Desarrollo Económico para el día de hoy. Los resultados de la reunión aún se deben anunciar.

Los sindicatos anunciaron que el 23 de octubre comenzarán las manifestaciones en diferentes ciudades de Italia hasta que Whirlpool renuncie a su decisión de cerrar su planta en Nápoles el 31 de octubre. Los trabajadores y sus sindicatos se oponen firmemente a esta medida ya que afecta a todos los empleados de Whirlpool, así como a los de industrias relacionadas, y atenta contra el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Desarrollo Económico en 2018. Además, los sindicatos insisten en que la decisión de cerrar la planta de Nápoles disminuirá gradualmente las habilidades y la capacidad italianas para la producción de electrodomésticos.

Según el acuerdo firmado en 2018 en el Ministerio de Desarrollo Económico, Whirlpool se comprometió a mantener a Italia como una base industrial y de mercado estratégica para la región de Europa, Oriente Medio y África. La empresa prometió invertir 250 millones de euros durante el período de tres años de 2019 a 2021 en innovación, productos y procesos e investigación y desarrollo en sus plantas industriales en el país.

Kan Matsuzaki, director de TIC, electricidad y electrónica, construcción naval y desguace de buques de IndustriALL, expresó: 

“Extendemos nuestro total apoyo solidario a nuestros afiliados y trabajadores de Whirlpool. La decisión de la empresa de cerrar la planta de Nápoles en medio de una pandemia y una crisis generalizada no puede justificarse. El gobierno italiano debe esforzarse al máximo para evitar este golpe a la economía local, los trabajadores y sus familias. ¡Whirlpool debe quedarse en Nápoles!”.

Nigeria: los sindicatos se solidarizan con las manifestaciones juveniles contra la brutalidad policial

El 11 de octubre, tras semanas de manifestaciones por abusos generalizados y graves violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas y asesinatos, cometidas por la SARS, el escuadrón especial antirrobo de la policía, el gobierno de Nigeria disolvió la unidad. Pero esto no detuvo las protestas.

Las manifestaciones han recibido el apoyo del futbolista del Manchester United Idion Ighalo, quien publicó un video en las redes sociales en el que afirmó que está “avergonzado” de que el gobierno nigeriano enviara soldados para dispararles a los manifestantes en la puerta de peaje de Lekki en Lagos.

Tolulope Fagbamigbe, miembro del comité juvenil de África subsahariana de IndustriALL por parte del Sindicato Nacional de Empleados del Sector Químico, del Calzado, Caucho, Cuero y Productos No Metálicos (NUCFRLANMPE), expresó:

“Los jóvenes nigerianos están reclamando que el gobierno escuche sus voces con respecto a #EndSARS y otras demandas. El 20 de octubre, las luces se apagaron en la puerta de peaje de Lekki en Lagos cuando los soldados ingresaron con camiones blindados y abrieron fuego contra manifestantes desarmados, matando a muchas personas en el acto”.

“La situación ha sido manejada descuidadamente por el gobierno y se está desbordando. Si el gobierno quiere cortar la situación de raíz, debe tomar medidas hacia objetivos progresistas. Si esto no se hace, se teme que la situación desate un caos aún mayor”.

La vicepresidenta de IndustriALL, Issa Aremu, declaró:

“Es comprensible que las manifestaciones actuales reflejen las sistemáticas atrocidades históricas y contemporáneas de la policía nigeriana. Es inspirador que el Grupo Presidencial de Reformas Policiales haya aceptado la demanda de cinco puntos de los manifestantes contra la brutalidad policial, a saber: detener el uso de la fuerza contra los manifestantes y la liberación incondicional de los ciudadanos detenidos, la justicia para las víctimas de la brutalidad policial, junto con el pago de una indemnización, y la evaluación psicológica de los agentes de policía, lo que incluye el aumento de sus salarios”.

En cuanto al empleo, la situación de los jóvenes nigerianos es grave. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo supera el 27 por ciento, lo que significa que 27,7 millones de jóvenes están desempleados, mientras que la tasa de subempleo supera el 28 por ciento. El desempleo se ha visto agravado por el cierre de fábricas. Para avanzar hacia la creación de puestos de trabajo dignos, Aremu afirma que los sindicatos deben hacer campaña por un “estado de desarrollo que cree empleos dignos para los jóvenes”.

Los afiliados de IndustriALL en Nigeria son el Sindicato de Trabajadores Automotrices, de Astilleros, Transporte, Equipos y Afines (AUTOBATE), el Sindicato Nacional de Empleados del Sector Químico, del Calzado, Caucho, Cuero y Productos No Metálicos (NUCFRLANMPE), el Sindicato Nacional de Empleados de la Electricidad (NUEE), el Sindicato Nacional de Trabajadores del Petróleo y el Gas Natural (NUPENG), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Confección de Prendas Textiles (NUTGTW), la Asociación del Personal Superior del Sector del Petróleo y el Gas Natural de Nigeria (PENGASSAN) y Trabajadores de Acero e Ingeniería de Nigeria (SEWUN).

Suizos votan para responsabilizar a las multinacionales por las cadenas de suministro

Documental sobre la iniciativa

La iniciativa forma parte de una ola de legislación similar que se propone en otros países, basada en los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas.

El sistema político suizo prioriza la democracia directa sobre la política partidaria. Las principales cuestiones políticas se deciden en referéndums que se celebran varias veces al año. Una iniciativa popular permite a los ciudadanos suizos solicitar una enmienda a la Constitución Federal. Los partidarios de una iniciativa tienen 18 meses para recoger 100.000 firmas antes de que se pueda realizar una votación. Para triunfar, la mayoría de los votantes y de los cantones deben votar a favor de la iniciativa.

La Iniciativa para la responsabilidad empresarial fue creada por la Coalición Suiza para la Justicia Corporativa, compuesta por organizaciones de derechos humanos y medio ambiente, grupos religiosos y sindicatos suizos, incluidos los afiliados de IndustriALL Global Union Syna y Unia. La iniciativa cuenta con un amplio apoyo popular, incluso de 120 ONG y todas las iglesias del país. La coalición recogió 120.000 firmas en menos de un año y las remitió al Parlamento para las etapas posteriores.

La iniciativa está dirigida la actividad de empresas con sede en Suiza, incluidas las multinacionales con las que IndustriALL se relaciona, como Glencore y LafargeHolcim. Si la iniciativa tiene éxito, estas empresas, y todas las empresas con sede en Suiza, serán legalmente responsables de los abusos contra los derechos humanos y las violaciones ambientales, en cualquier parte del mundo, que sean causadas por empresas bajo su control. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos y daños ambientales podrán solicitar reparación en Suiza.

Secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan

Ha llevado casi cinco años de campañas continuas llevar la iniciativa a votación. El lobby corporativo está luchando duro contra la iniciativa, argumentando que hará que las empresas suizas sean “culpables hasta que se demuestre que son inocentes” por abusos en cualquier parte de sus cadenas de suministro, y abrirá la puerta al “chantaje” por parte de los activistas. Temiendo que la iniciativa imponga responsabilidades legales entorpecedoras que podrían volver a las empresas poco competitivas, el gobierno recomendó inicialmente que se rechazara la iniciativa, antes de desarrollar una contrapropuesta atenuada.

Stephen Smyth de CFMEU en Australia y Glen Mpufane de IndustriALL en un evento en 2018

IndustriALL ha participado en el proceso de llevar la iniciativa a votación desde el principio. En 2018, IndustriALL llevó a Suiza a sindicalistas de las operaciones de Glencore en Australia, Colombia y la República Democrática del Congo para que hablaran sobre el comportamiento de la empresa en el extranjero.

A medida que aumenta el impulso hacia a la votación, la distintiva bandera naranja de la campaña ha aparecido en ventanas y balcones de todo el país, como demostración del apoyo de la gente.

Balcón con una bandera

Valter Sanches, secretario general de IndustriALL Global Union, expresó:

“Durante demasiado tiempo, las multinacionales han podido ocultar sus abusos detrás de una apariencia de respetabilidad, utilizando la negación plausible cada vez que se señala un mal comportamiento. La Iniciativa para la responsabilidad empresarial es parte de un movimiento mundial de los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil para responsabilizar a las empresas de su comportamiento”.

“Nuestro mensaje es el siguiente: venimos por ustedes. No hay donde esconderse. Los haremos responsables”.

Un sindicato obtiene el derecho de afiliación en Myanmar gracias a las directrices de la ACT

El esfuerzo colectivo ha dado lugar a una serie de negociaciones exitosas y resoluciones de conflictos entre los proveedores con sede en Myanmar y los sindicatos locales. El diálogo social transparente y de buena fe, el compromiso proactivo de las partes negociadoras y el apoyo de las marcas internacionales han sentado un ejemplo práctico en Myanmar: se demostró que, cuando los proveedores se comprometen con los sindicatos y las marcas para encontrar soluciones para corregir y prevenir las violaciones de los derechos de los trabajadores, se desarrollan relaciones laborales constructivas.

Un ejemplo de ello es la resolución de un conflicto en Kamcaine Manufacturing, un proveedor de marcas de la ACT, donde recientemente se llegó a un acuerdo negociado con la Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar (IWFM) después de que el empleador despidiera a 57 trabajadores, incluidos los siete miembros ejecutivos del sindicato. Otro caso de resolución exitosa de conflictos fue el de los tres dirigentes sindicales en Glory Fashion, quienes fueron reintegrados con el pago de sus salarios atrasados.

“Este es un buen ejemplo de cómo los sindicatos están trabajando con las marcas para desarrollar las relaciones laborales en la cadena de suministro, como una alternativa a los programas de auditoría y códigos de conducta dirigidos por las empresas que otras marcas están utilizando en lugar de dialogar directamente con los sindicatos”,

expresó Christina Hajagos-Clausen, la directora del sector textil de IndustriALL.

Si bien se están fortaleciendo las relaciones laborales en la cadena de suministro entre los sindicatos y las marcas de la ACT en Myanmar, todavía existen proveedores que no logran entablar negociaciones transparentes y constructivas. Un ejemplo es Yongan Myanmar Fashion Company, que se ha negado a entablar negociaciones con respecto a un caso de despido injustificado de trabajadores, así como a cumplir con la decisión del consejo de arbitraje local.

Las marcas de la ACT han estado trabajando con la IWFM e IndustriALL para lograr un resultado justo, sin embargo, el proveedor se ha negado a involucrarse. En consecuencia, y como último recurso, las marcas que se abastecen de fábrica tuvieron que aplicar sus respectivas políticas de tolerancia cero, demostrando que no se tolerará la violación de los derechos de los trabajadores.

Para promover la libertad de asociación (FOA, por sus siglas en inglés) en Myanmar y ayudar a los trabajadores y proveedores a construir relaciones laborales más sólidas, las marcas de la ACT e IndustriALL han respaldado a proveedores y sindicatos en el desarrollo de las Directrices sobre la libertad de asociación. El objetivo de estas pautas es colaborar en la prevención y gestión de los conflictos que puedan surgir con respecto a la libertad de asociación y ayudar a posicionar a Myanmar como un lugar de producción responsable de categoría mundial. Para ampliar el trabajo realizado en torno a la FOA en Myanmar, las marcas de la ACT han hecho del cumplimiento de las Directrices sobre la libertad de asociación un requisito comercial, clasificado como de “tolerancia cero” en caso de infracción a partir del 1 de abril de 2020.

“Creemos sinceramente que la libertad de asociación y la negociación colectiva son la mejor manera de lidiar con los conflictos de intereses y lograr el respeto mutuo y la responsabilidad conjunta. Continuaremos nuestros esfuerzos conjuntos entre los firmantes de la ACT para trabajar en estrecha colaboración con los sindicatos locales y los empleadores para establecer estándares más altos de relaciones laborales en Myanmar”.

afirmó Andrei Vasiliev, el gerente de impacto social del abastecimiento responsable de Bestseller.

Si bien las marcas de la ACT, IndustriALL y la IWFM han logrado un progreso significativo en Myanmar, todavía queda mucho trabajo por hacer en el país para proteger la FOA, promover la negociación colectiva y construir relaciones laborales sostenibles y responsables. Los firmantes de la ACT continuarán su trabajo en este país y monitorearán de cerca la cadena de suministro. Junto con la IMFW e IndustriALL, la ACT desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos de los trabajadores.

“La libertad de asociación es un derecho fundamental de los trabajadores que debe respetarse y garantizarse en todas partes. Este es un paso hacia lograr relaciones laborales sostenibles en Myanmar, donde todas las partes interesadas contribuyen a través de las Directrices sobre la FOA. Espero que todas las marcas que se abastecen en Myanmar vean los beneficios de las directrices y se comprometan de inmediato”,

declaró Khaing Zar, el presidente de la IWFM.

Trabajadores sufren duras medidas de contención contra la COVID-19

Según los informes, el 19 de octubre la cantidad total de casos de COVID-19 en Minuwangoda Brandix aumentó a 2122, incluyendo más de mil trabajadores de Brandix apparel limited, sus contactos cercanos y familiares.

Este grupo conforma casi la mitad de la cantidad total de casos de COVID en Sri Lanka y ha recibido atención a nivel nacional.

Los sindicatos afirman que las fuerzas armadas, que administran los centros de cuarentena de COVID, entraron, sin previo aviso y durante la noche, a las habitaciones de hospedaje de los trabajadores de la confección, pidiéndoles que se trasladen inmediatamente a estos centros.

Anton Marcus, del Sindicato de Trabajadores de las Zonas Francas y de los Servicios Generales, expresó:

“Si las fábricas hubieran formado comités de salud tal como lo decidió el equipo de trabajo tripartito, se habrían identificado los problemas de salud más temprano y esta crisis podría haberse evitado. Es imperativo que se formen comités de salud inmediatamente en cada fábrica de indumentaria”.

“Las medidas de cuarentena forzosas deben detenerse y los trabajadores deben ser tratados con dignidad. Apelamos al gobierno para que proporcione seguridad laboral y de ingresos a los trabajadores, así como salud y seguridad, asegurándose al mismo tiempo de que la crisis no dañe también al sector”.

A los trabajadores no se les dio tiempo para prepararse o recoger sus pertenencias. Los llevaron en conjunto, sin seguir ningún proceso de seguridad como el distanciamiento social, a los distantes centros de cuarentena. No se les dio oportunidad de avisar a alguien lo que estaba pasando.

El hecho de que el centro de cuarentena carecía de medidas de seguridad, instalaciones sanitarias básicas, personal de salud y acceso a alimentos de calidad significó una mayor posibilidad de infección entre los trabajadores en cuarentena. Los familiares de los trabajadores en cuarentena no obtuvieron ninguna información: ni siquiera los funcionarios del gobierno local sabían nada.

Varios informes sugieren que los directores de la empresa insistieron en mantener la producción para alcanzar los objetivos establecidos y no lograron detener la crisis sanitaria en desarrollo entre los trabajadores.

Apoorva Kaiwar, secretaria regional de IndustriALL, expresó:

“Estamos muy preocupados por las duras medidas de cuarentena y su impacto sobre los trabajadores y sus familias. El gobierno de Sri Lanka debería seguir las normas internacionales establecidas para controlar la pandemia respetando los derechos de los pacientes. El gobierno y el empleador deberían observar que la mayoría de los pacientes del grupo de Minuwangoda Brandix son trabajadoras y asegurarse de que se les proporcionen medidas de seguridad y salud apropiadas”.

Crédito fotográfico: Trabajadores en Nordtext, Colombo, Sri Lanka. Banco de Desarrollo de Asia, Flickr

Indonesia: respuesta violenta a una huelga sindical

En octubre, sindicalistas de toda Indonesia se declararon en huelga para manifestarse en contra de la ley general. Los sindicatos habían obligado con éxito al Parlamento a suspender un debate sobre el proyecto de ley en abril, solo para que este lo aprobara rápidamente el 5 de octubre.

La respuesta a las huelgas incluyó violencia y detenciones arbitrarias. Según los informes, 32 miembros de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Metalúrgicos de Indonesia (FSPMI) resultaron heridos por cañones de agua en Bekasi, mientras que otros diez fueron detenidos en Bekasi y Yakarta, ya que la policía acusó a los trabajadores de hacer huelga fuera del horario permitido.

En Bekasi, un conductor de la FSPMI fue interrogado por la policía de Yakarta y luego permaneció detenido durante toda la noche.

Said Iqbal, presidente de la Confederación Sindical de Indonesia (KSPI) y la FSPMI, expresó: 

“Seguiremos luchando a través de los medios constitucionales y estamos planificando manifestaciones en todo el país. También es posible que presentemos un recurso de revisión judicial en el tribunal constitucional o que intensifiquemos la campaña en contra de la ley general en la escena internacional”.

Diez miembros del Sindicato de Trabajadores de la Química, la Energía y la Minería (CEMWU SPSI) fueron detenidos por la policía en Yakarta mientras tomaban café. La policía los acusó injustamente de estar involucrados en disturbios.

Además, cinco miembros de la Confederación General de Sindicatos de Indonesia (KSBSI) fueron detenidos por la policía en Yakarta por violar las normas de restricción social a gran escala (PSBB) impuestas por el gobierno de esta ciudad.

Elly Rosita Silaban, presidenta de la KSBSI, declaró:

“Estamos negociando con la policía para liberar a un miembro que todavía está detenido. No se debe culpar a los trabajadores por infringir las normas de distanciamiento social. Al aprobar la ley general, el gobierno y el Parlamento obligaron a los trabajadores a salir a las calles”.

El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, expresó:

“Pedimos al gobierno de Indonesia que respete y proteja la libertad de expresión de los trabajadores de este país y que garantice que se tomen medidas contra los policías que violaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), ratificado por el gobierno indonesio”.

Los trabajadores hacen un piquete contra la violencia y el nepotismo en Mongolia

Los trabajadores, afiliados a IndustriALL Global Union a través de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, Geología y Minería de Mongolia (MEGM), pidieron al gobierno que tomara medidas en contra de uno de los directores de la empresa, que atacó a una dirigente sindical a nivel empresarial de la MEGM cuando denunció las prácticas de nepotismo de la empresa.

 

La rama local de la MEGM ha hecho campaña contra el nepotismo desde junio, exigiendo que la empresa deje de contratar a familiares del personal directivo. Estos trabajadores, que están bien conectados, gozan de salarios y beneficios más altos que otros empleados con cargos de mayor jerarquía.

El presidente de la MEGM, Buyanjargal Khuyag, expresó:

“Condenamos enérgicamente la violencia ejercida contra una dirigente sindical. Después del piquete, nos reunimos con el ministro de Recursos Minerales y Energía y exigimos que se tomaran medidas para hacer frente a la brutalidad y el nepotismo en la empresa”.

“El ministro prometió nombrar un nuevo director ejecutivo para TPP2 y que los ejecutivos involucrados en la violencia y el nepotismo, de ser culpables, serían despedidos. El ministerio también creará un grupo de trabajo para estudiar los reclamos de los trabajadores”.

La secretaria regional de IndustriALL para el sudeste asiático, Annie Adviento, declaró:

“Felicito a la MEGM por tomar medidas rápidas y defender los derechos de las trabajadoras. Este incidente violento demuestra la importancia de eliminar la violencia en el mundo del trabajo. Espero que el gobierno mongol, los sindicatos y la asociación empresarial puedan impulsar la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”.

Pies de fotos: Trabajadores en el piquete, el presidente de la MEGM, Buyanjargal Khuyag, actos de violencia captados por la cámara

BHP sigue evitando el diálogo con IndustriALL

Durante la reunión general anual (AGM), IndustriALL planteó la cuestión de un aparente doble rasero en la forma en la que BHP está lidiando con la COVID-19. En Australia y Canadá, la empresa ha logrado dar respuestas adecuadas al virus, lo que contrasta fuertemente con su manejo deficiente de la pandemia en Chile, Perú y Colombia.

En marzo, los trabajadores de la mina Spence, ubicada en Chile y propiedad de BHP, tuvieron que hacer paro durante 24 horas para obligar a la empresa a tomar las medidas de protección adecuadas contra la COVID-19.

A fines de agosto, los sindicatos afiliados en Perú, Chile y Colombia informaron acerca de un aumento en la cantidad de infecciones en las minas de BHP, tanto en las operativas como en las no operativas. A su vez, el sindicato Sintracarbón, afiliado a IndustriALL, reportó más de 250 casos de COVID-19 solamente entre los mineros de El Cerrejón, Colombia, así como cuatro sospechas de muerte por esta enfermedad (tres empleados directos y un contratista).

El director de minería de IndustriALL, Glen Mpufane, preguntó a la junta directiva:

“BHP se compromete a defender los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, lo que indicaría que respalda el principio de respetar, de manera igualitaria, los derechos humanos de las personas en todos los países donde opera. Entonces, ¿cómo explica BHP la disparidad entre su gestión de la COVID-19 en los países industrializados con respecto a la que realizó en los países de menores ingresos?”

A pesar de los testimonios de los trabajadores, BHP se negó a reconocer diferencia alguna.

Las operaciones en la mina de carbón de El Cerrejón en Colombia, en la que BHP posee una participación del 33 por ciento, se paralizaron el 31 de agosto. El sindicato Sintracarbón, afiliado a IndustriALL, impulsó una huelga luego de rechazar un cambio en los turnos que agregaría 72 días de trabajo al año sin aumento salarial.

Lo que los trabajadores llaman el “turno de la muerte” también reduciría la cantidad de empleos en un 25 por ciento y supondría una carga enorme para la salud, el bienestar y la vida familiar del personal restante. 

Aunque el director ejecutivo de BHP, Mike Henry, en respuesta a la carta en la que Valter Sanches pidió a BHP que resuelva la huelga, hizo énfasis en la necesidad de dialogar para solucionar esta situación, el presidente de la junta directiva, Ken Mckenzie, se negó rotundamente a entablar un diálogo con IndustriALL Global Union.

Glen Mpufane había preguntado lo siguiente:

“¿Iniciará BHP un diálogo significativo con IndustriALL Global Union a fin de garantizar que se mantengan los más altos estándares laborales en todas sus operaciones y que los desafíos que plantea la pandemia puedan abordarse mediante un diálogo social significativo?”