El sindicalismo no es un delito, los activistas no son terroristas
En el momento más oscuro desde el fin de la dictadura del presidente Marcos en 1986, el movimiento sindical de Filipinas se ha unido con el fin de luchar para salvar la democracia. El Consejo Global Unions (CGU) se ha sumado a su lucha y le brinda su apoyo. Este 30 de noviembre marca la movilización sindical mundial más reciente. En este día de acción, se expone el avance del despotismo y se exige al gobierno de Filipinas que cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Durante el gobierno del presidente Duterte, los sindicatos, los medios de comunicación y periodistas independientes, los políticos de la oposición y los activistas de derechos humanos han sido víctimas de ataques implacables. Las autoridades gubernamentales han sido responsables de acoso, a menudo dirigido a mujeres y representantes de pueblos indígenas y grupos desfavorecidos, de la inclusión de ciertas personas en una “lista roja” (red-tagging) y de generar desinformación en las redes sociales.
Según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU publicado en junio, “Facebook ha eliminado al menos 200 casos de comportamientos no auténticos coordinados, hallados en páginas, grupos y cuentas de Facebook e Instagram, que, según se descubrió, estaban vinculados a una red organizada por el encargado de redes sociales de la campaña electoral del presidente”. De acuerdo con este informe, “la retórica dañina de los más altos niveles del gobierno ha sido generalizada y profundamente perjudicial. Algunas declaraciones han alcanzado un nivel que puede considerarse como incitación a la violencia”.
Las detenciones, los arrestos, los juicios basados en pruebas falsas y la inclusión de ciertas personas en una “lista roja” se han acelerado. La cifra de muertes de sindicalistas, periodistas y activistas de derechos humanos sigue creciendo. Con raras excepciones, estos abusos se producen de manera impune. Algunos ejemplos dramáticos de la represión de la prensa libre son la condena por “ciberdifamación” de María Ressa, directora ejecutiva de un medio de comunicación, y el cierre de la empresa de radiodifusión ABS-CBN. La manipulación de las redes sociales, sin embargo, esconde estas violaciones de los derechos humanos a una gran parte de la población.
La inclusión de personas en una “lista roja” está aumentando. Esta práctica de “etiquetar” a individuos o grupos como comunistas o terroristas ha dado lugar a amenazas y violencia. En algunos casos ha sido, en efecto, una sentencia de muerte.
Las ya débiles protecciones jurídicas de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión y asociación, sufrieron otro golpe con la aprobación de la Ley antiterrorista en julio. Esta norma amplió e hizo más arbitraria la legislación existente, ya que expandió la definición de “terrorismo” para desestimular a la disidencia y la oposición y permite la detención sin una orden judicial de tres a catorce días, renovable durante diez días más. Se trata de otro instrumento destinado a aterrorizar a aquellos que se atreven a hablar y organizarlos acusándolos de ser terroristas.
El CGU, una vez más, pide al gobierno de Filipinas que ponga fin a sus violaciones de los derechos humanos y vuelva a unir a la familia de las naciones democráticas. Sin embargo, tanto nuestros llamados como las repetidas decisiones de la Organización Internacional del Trabajo y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han sido ignorados o han generado, en el mejor de los casos, promesas vacías.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación en Filipinas que incluye el caso de María Ressa. Allí se detallan las violaciones de los derechos humanos y se pide a la Comisión Europea que revise el SGP+, que proporciona un acceso privilegiado al mercado europeo. Existen sistemas de SGP en otros lugares, particularmente en Estados Unidos, un importante socio comercial de Filipinas.
Los gobiernos, de manera individual y colectiva, deben dejar claro que no tolerarán las atrocidades del gobierno filipino para conservar acuerdos económicos favorables, mientras que las corporaciones y los agentes económicos deben respetar las normas universales de derechos humanos en el país, inclusive en sus cadenas de suministro, y no aprovecharse de los puntos débiles de los procesos y regulaciones comerciales.
En Filipinas la democracia se encuentra en estado crítico, pero aún no está muerta. Esto se debe a que tantos filipinos valientes están luchando por ella. El pueblo de Filipinas requiere y merece apoyo mundial y lo necesita urgentemente. Este es el momento para que los gobiernos que apoyan los derechos humanos universales den un paso adelante y demuestren que sus compromisos no son solo palabras.
