IndustriALL, ITF y TUAC piden que se tomen medidas sobre créditos a la exportación para reactivar la economía mundial
IndustriALL Global Union, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) y el Comité Asesor Sindical de la OCDE (TUAC) están pidiendo a los países de la OCDE que protejan los puestos de trabajo y reactiven la economía mundial al fortalecer y coordinar sus esfuerzos a través de:
el apoyo de los organismos de crédito a la exportación (ECA, por sus siglas en inglés) para el financiamiento de las cuestiones relacionadas con los sectores aeroespacial y de aviación comercial;
el fortalecimiento de los “enfoques comunes” de los ECA vinculados con los derechos humanos, incluidas las normas laborales y las iniciativas en materia de debida diligencia;
la inclusión de sindicatos y otras ONG y la transparencia en la toma de decisiones básicas.
“En teoría, se espera que la aviación vuelva a los niveles anteriores en 2025. Sin embargo, si queremos sobrevivir, debemos mantener la industria en marcha en este momento. Los créditos a la exportación son un camino a seguir para estimular la industria aeroespacial, ya que eso facilitaría los pedidos y luego las entregas”,
expresó Atle Høie, secretario general adjunto de IndustriALL.
“Además, las políticas de la OCDE en materia de créditos a la exportación garantizarían la promoción de empleos y condiciones laborales decentes”.
Rob Johnston, secretario general adjunto de la ITF, expresó que es de vital importancia que los ECA analicen las normas laborales y las cuestiones de sostenibilidad antes de otorgar acceso a la financiación, ya que esta es la única forma de garantizar la igualdad de condiciones.
“Tanto la ITF como IndustriALL comprenden la importancia de los organismos de crédito a la exportación, ya que millones de puestos de trabajo dependen de ellos. No obstante, también es de vital importancia garantizar que se vinculen los comportamientos corporativos con la mejora de las prácticas laborales a nivel mundial”,
declaró Johnston.
Los ECA también podrían promover la renovación de las flotas de las aerolíneas, lo que será necesario para la industria, sobre todo desde una perspectiva climática, para reducir las emisiones de CO2 en el futuro.
El llamado a la acción surge luego de meses de cooperación entre las federaciones sindicales con respecto a los créditos a la exportación, que culminaron con una presentación formal a la Agencia de Crédito a la Exportación de la OCDE en octubre de 2020.
El aumento de la competencia entre países ha conducido a que los ECA individuales reduzcan sus propias políticas de apoyo al empleo. Los sindicatos están particularmente alarmados por la competencia de países no miembros de la OCDE que no son parte del marco del Enfoque común. Esto pone de manifiesto la necesidad de que los estados miembros de la OCDE trabajen más para coordinar políticas destinadas a restaurar la economía global.
También se debe fortalecer la debida diligencia en materia de derechos humanos e involucrar a los sindicatos y otras ONG, especialmente durante la pandemia en curso. Los trabajadores pueden ser el medio más eficaz para identificar, monitorear, informar y remediar los abusos de los derechos humanos y ambientales en las empresas, industrias y cadenas de suministro.
Electrificadora del Caquetá de Colombia promueve acoso laboral y sindical
La Directiva nacional de Sintraelecol (afiliada a IndustriALL Global Union) denunció en octubre del 2020 a los actuales directivos de Electrocaquetá, a otros ex funcionarios, a dos jueces laborales y a una magistrada ante la Fiscalía General de la Nación. Denunciaron que los trabajadores sindicalizados enfrentan violaciones al derecho de libertad sindical desde el año 2002.
La secretaria de educación y género de Sintraelecol, Margarita Salamanca Arias, es una de las personas que sufre persecución sindical desde hace años. Por ejemplo, asegura que en el pasado la empresa le dio un permiso sindical permanente con la condición de desmejorarle su salario y de quitarle el derecho al auxilio de transporte. Del mismo modo, la empresa no quiso pagarle las cesantías, le envió memorándums para prohibir que ejerciera hacer la actividad sindical e incluso la despidió de manera injusta.
Muchas de estas acciones las pudo revertir efectuando denuncias en la justicia. Lamentablemente, asegura que en muchos casos los procesos se truncaban, demostrando falta de transparencia en las instituciones judiciales:
“La empresa efectúa una persecución laboral, violación al derecho de reunión, despidos injustos, la restricción y manipulación de los derechos sindicales desde el 2006. La esencia del problema es una conducta permanente de vulneración a los derechos que están protegidos por los convenios internacionales y penalizadas en las normas de Colombia. Cuando vamos a las instancias judiciales, logramos ganar en una primera instancia pero no luego. Por eso pedimos que se asignen fiscales para que investiguen”
explica Salamanca Arias.
Recientemente Sintraelecol le escribió al Presidente de Colombia, Iván Duque, para expresarle que no se brindaron las garantías convencionales constitucionales y legales para que se ejerza la acción penal de forma transparente en contra de todos los denunciados. Si bien sostuvieron 3 audiencias de control de garantías, aseguran que nunca se contó con la asistencia de ningún fiscal competente para llevar a cabo tal investigación.
Por ese motivo, le solicitaron que posibilite que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, proceda a asignar a los tres fiscales especializados que tienen que investigar a las personas que están denunciando, y así dar cumplimiento a los tratados y convenios internacionales que fueron aprobados y firmados tanto por la Presidencia de la República como por la Fiscalía General de la Nación.
Gracias al pedido de Sintraelecol, Barbosa asignó al fiscal para investigar a la Magistrada, pero aún resta que asigne a los otros dos fiscales.
La organización sindical también señaló que las autoridades firmaron el Convenio Interadministrativo No. 154 – 6 (C154-6) de 2006 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual ordena investigar los delitos que atenten contra la Libertad Sindical y dar cumplimiento a las garantías de investigación penal contra los denunciados.
Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:
“Desde IndustriALL pedimos al gobierno y a la justicia de Colombia que tomen las medidas necesarias para salvaguardar a los trabajadores y al estado de derecho.
Solicitamos al fiscal general de la nación que asigne a los fiscales pertinentes para que investiguen las denuncias de Sintraelecol, conforme al C154-6 suscrito entre el estado colombiano, la fiscalía y la OIT.
Queremos empleo decente en África subsahariana
Según un informe de investigación, El sector automotriz en África subsahariana: inversión, sostenibilidad y empleo decente, encargado por IndustriALL Global Union y Friedrich Ebert Stiftung, los afiliados de IndustriALL en la región que representan a los trabajadores de esta industria saben que se requieren estrategias adecuadas para convertir las posibles nuevas inversiones anunciadas por las grandes empresas automotrices en nuevas oportunidades para las personas y las comunidades.
De acuerdo con este informe, las estrategias de política industrial en la mayoría de los países africanos incluyen el sector automotriz. Esto es especialmente cierto para Ghana, Etiopía, Kenia, Namibia, Nigeria, Ruanda y Sudáfrica. Las políticas industriales tradicionales con respecto a la fabricación de automóviles tienen como objetivo atraer inversión extranjera directa a través de incentivos, que incluyen exenciones de impuestos y el establecimiento de zonas económicas especiales. En este contexto, algunos países han firmado acuerdos con importantes empresas automotrices mundiales que incluyen a VW, Nissan, BMW, Toyota y otras.
Algunos países y empresarios están tratando de ir más allá del patrón normal e invertir en marcas y productos locales genuinos. En Etiopía y Ruanda se está explorando la producción de vehículos eléctricos. El informe hace énfasis en que la eficacia de las inversiones depende de su capacidad de “impulsar el desarrollo local y asegurar que cualquier crecimiento económico tendrá beneficios locales compartidos, creará vínculos con las actividades económicas locales y generará oportunidades de empleo de calidad”.
Sin embargo, la región sigue enfrentando problemas estructurales que incluyen una infraestructura deficiente, las importaciones masivas de vehículos usados, el déficit de competencias, la inestabilidad económica y la falta de confiabilidad de los suministros de energía. Además, la pandemia de COVID-19 ha retrasado la implementación de la mayoría de los planes de inversión.
Los sindicatos entrevistados en el informe afirman que quieren combatir la naturaleza precaria de la industria para garantizar que haya puestos de trabajo decentes más permanentes que reviertan la tendencia actual. Por ejemplo, en Nigeria, más del 70 por ciento de la fuerza laboral en el sector automotriz está conformada por trabajadores precarios subcontratados. Este es el caso en la mayoría de los demás países. Asimismo, los sindicatos también quieren que los empleadores de este sector paguen salarios dignos.
En el informe, se destaca que el diálogo social y tripartito es una plataforma importante para la participación en la política industrial, ya que genera oportunidades para desarrollar políticas específicas y conjuntas en materia de competencias, condiciones de trabajo, salud y seguridad laboral y muchos otros aspectos importantes. Además, el alcance de la negociación colectiva debe ampliarse en todos los niveles.
Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, declaró:
“Este es un informe importante porque pone de manifiesto cómo los sindicatos pueden influir en la creación de empleo en el sector automotriz a través de la participación política. Los sindicatos de la región también pueden trabajar juntos en solidaridad para abordar los problemas comunes que enfrentan y participar en redes para mejorar los salarios y las condiciones laborales”.
Huelga en Filipinas por el cierre ilegal de una fábrica
El 5 de noviembre de 2019, la Federación Sindical del Sector de la Confección, el Textil, el Calzado, el Plástico, el Cuero e Industrias Afines (TF2-KD), afiliada a IndustriALL, organizó con éxito a los trabajadores de PGA, por lo que obtuvo el estatus de representante único y exclusivo de negociación (SEBA, por sus siglas en inglés) para el sindicato de PGA.
Sin embargo, en lugar de negociar con el sindicato de buena fe, la empresa presentó una solicitud de cancelación del SEBA ante el Departamento de Trabajo, que reafirmó el estatus del sindicato como representante de negociación.
Sin embargo, el 21 de septiembre de 2020, la dirección informó a los 173 trabajadores que la fábrica se cerraría permanentemente en un mes. Se distribuyeron cheques de indemnización a todos los trabajadores, pero los dirigentes sindicales locales los rechazaron, ya que esto infringe el código de trabajo.
El sindicato presentó una denuncia por prácticas laborales injustas ante la oficina del distrito del Departamento de Trabajo. Además de hacer huelga, los sindicalistas llevaron a cabo una manifestación frente a la oficina central de PGA en Makiling, en la ciudad de Calamba, el 24 de febrero de 2021.
Laudicia Casana, presidenta de TF2-KD, expresó:
“Los dirigentes sindicales locales descubrieron que la empresa había abierto una nueva fábrica en la zona de procesamiento de exportaciones en Santo Tomas, Batangas, con el mismo equipo directivo. Esta es una táctica carente de escrúpulos y comúnmente utilizada por los empleadores para evitar a los sindicatos”.
“La empresa debe respetar al sindicato y convocar una reunión de negociación colectiva de inmediato, y todos los trabajadores deben ser reintegrados a la fábrica de Manggahan con el pago retroactivo de sus salarios”.
En una carta a la empresa, el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, condenó la represión sindical e instó a la empresa a entablar un diálogo social con TF2-KD:
“El empleador debe actuar de total conformidad con la legislación laboral nacional y las normas laborales fundamentales internacionales. Les pedimos que reintegren a todos los trabajadores y reanuden la negociación colectiva”.
IndustriALL reclama a la OIT y la UE que intervengan en Bielorrusia
Una vez más, IndustriALL Global Union denuncia enérgicamente las continuas violaciones a los derechos humanos y laborales fundamentales, los ataques a los sindicatos independientes y la represión de dirigentes sindicales y activistas, lo que incumple con las normas y las regulaciones laborales internacionales ratificadas por Bielorrusia.
Durante el brutal allanamiento de las oficinas del afiliado de IndustriALL, el Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Industria Electrónica (REP), la policía encontró un cartucho de escopeta, el cual, según afirman los dirigentes sindicales, fue plantado para justificar más represión. El hallazgo puede resultar en acusaciones de actividades terroristas con cadena perpetua o pena de muerte. Dadas las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la falta de justicia en Bielorrusia, el presidente del REP, Vasily Zavadsky, huyó del país para escapar de una muy probable detención ilegal.
El Sindicato Libre de Trabajadores Metalúrgicos (SPM), afiliado a IndustriALL, ha señalado que los contratos de empleo en las empresas bielorrusas incluyen cláusulas que prohíben la participación en manifestaciones, la libertad de opinión y su libre expresión; violaciones a los derechos humanos y laborales sin precedentes. Un ejemplo de ello es la Planta Automotriz de Minsk, una gran empresa pública que emplea a 15.000 trabajadores y exporta vehículos pesados a docenas de países en todo el mundo.
Los derechos y las libertades sindicales, que incluyen la libertad de asociación y el derecho a organizar actividades sindicales de manera independiente, ya no están garantizados. El Sindicato Independiente de Bielorrusia (BITU), afiliado a IndustriALL, ha informado que las autoridades se niegan a registrar a los sindicatos locales, incluido el sindicato en Byelorussian Steel Works.
En una carta a la OIT, IndustriALL reclamó una intervención urgente, que se adopten todas las medidas posibles para detener la interferencia en los asuntos sindicales por parte de los organismos del orden público, y que se ponga fin a la represión a los activistas y dirigentes sindicales independientes.
En la carta conjunta, IndustriALL Global Union e IndustriAll European Trade Union exhortan a la Comisión Europea a que revise nuevamente la política actual y la relación económica con Bielorrusia y que adopte todas las medidas posibles para frenar las acciones antidemocráticas y violentas, que ponga fin a los ataques al movimiento sindical independiente, y que exija la liberación inmediata de todos los dirigentes sindicales independientes, activistas y trabajadores, y que se retiren todos los cargos contra ellos.
El secretario general de IndustriALL Valter Sanches expresó:
“Los sindicatos independientes y democráticos juegan un papel crucial en la promoción de la democracia, construyendo una sociedad y una gobernanza democráticas en todos los países del mundo, y Bielorrusia no es la excepción. En estos tiempo difíciles e importantes, en los que se responde con represión al levantamiento prodemocrático en Bielorrusia, el movimiento sindical independiente debe recibir apoyo a través de la intervención política de alto nivel de la Unión Europea”.
Sindicatos mongoles frenan aumento de las primas de seguro social
El 26 de febrero, en calidad de presidente de la asamblea nacional tripartita con representantes de sindicatos y asociaciones empresariales, el ministro de Trabajo y Protección Social de Mongolia, A. Ariunzaya, dio lugar a los reclamos sindicales y anunció que el gobierno anularía la controversial política.
La prima de seguro social en Mongolia abarca varios beneficios, que incluyen pensiones y seguro por accidentes laborales, desempleo y médico. Antes del aumento, las tasas de contribución de empleadores y empleados eran del 12.5 y 11.5 por ciento, respectivamente.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, Geología y Minería (MEGM), Buyanjargal Khuyag, declaró:
“Agradecemos al gobierno por escuchar la voz de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores mongoles se oponen al aumento de las primas, dado que no pueden gozar de muchos beneficios después de jubilarse a los 60 años. La expectativa de vida promedio de los hombres y las mujeres de Mongolia es de 66 y 76”.
A principios de febrero, la Confederación de Sindicatos de Mongolia (CMTU) movilizó a sus 200.000 miembros de sus 14 afiliados sectoriales y 22 afiliados regionales y realizó manifestaciones en línea o protestas presenciales a nivel nacional para reclamar que el gobierno ponga freno al aumento de las primas.
Los dos afiliados mongoles de IndustriALL Global Union, MEGM y la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Mongolia (MITUF) están afiliados a la CMTU.
Trabajando en conjunto con la CMTU, todas las secciones sindicales de MEGM iniciaron una campaña de petición para detener el aumento de las primas, que hasta ahora ha recolectado 4759 firmas de miembros de los sectores de la energía y la minería.
MEGM organizó varias sesiones informativas en línea con los dirigentes de las secciones, en las que logró que los miembros se unieran a campañas de redes sociales tomando fotos y compartiéndolas en línea. Se sugirió a los miembros del sindicato que envíen mensajes de texto acerca de sus inquietudes a sus representantes parlamentarios.
La secretaria regional para el sudeste asiático de IndustriALL, Annie Adviento, expresó:
“Felicitamos a nuestros afiliados por esta victoria sindical. El gobierno debería modificar la ley para permitir que los familiares más cercanos de los trabajadores reciban beneficios, los fondos de pensión pertenecen a los trabajadores”.
Trabajadores latinoamericanos del papel y celulosa defienden la negociación colectiva
Dirigentes sindicales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay se reunieron junto a representantes de IndustriALL a nivel regional y global. Dialogaron sobre la situación de los trabajadores del papel y celulosa en la región, y definieron acciones y un calendario de trabajo a desarrollar en el 2021 como sector.
Para ello, contaron con las exposiciones del secretario general adjunto, Kemal Özkan, y del director de los sectores de productos químicos, farmacéuticos, pulpa y papel, e industrias del caucho, Tom Grinter. Por su parte, Özkan habló de los constantes ataques de las empresas a los derechos de los trabajadores, en un contexto de pandemia global.
“Vemos ataques a los derechos fundamentales de los trabajadores, a partir de restricciones por el COVID-19. En diferentes países no pueden negociar colectivamente, hacer huelga, ni hacer asambleas pacíficas. También observamos que hay un desmantelamiento de la legislación laboral, mediante las reformas. Por eso, necesitamos estar en unidad y solidaridad para superar los desafíos.”
dijo Özkan.
En tanto, Grinter detalló cuál es la agenda sindical para el 2021 en los sectores que dirige. Habló de la importancia de reforzar las redes sindicales por empresa, especialmente en firmas como International Paper, Essity, Stora Enso, Amcor, Sappi, WestRock, Kimberly Clark, Norske Skog y CMPC.
A su vez, explicó que la agenda del sector también estará enfocada en demostrar que, en un contexto de pandemia, los sindicatos hacen que el trabajo sea más seguro. Los afiliados a IndustriALL lucharán juntos para defender el derecho a gozar de salud y seguridad laboral, y de contar con sistemas de salud efectivos.
Por su parte, los dirigentes sindicales estuvieron de acuerdo en la necesidad de trabajar en la conformación de nuevas redes de empresa y de retomar agenda de red CMPC. Explicaron que en algunas empresas atraviesan dificultades para negociar acuerdos colectivos, porque se aprovechan de la situación generada por la pandemia.
Por eso, tanto el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, como el secretario regional adjunto, Cristian Alejandro Valerio, destacaron la importancia mantenerse unidos y llevar a cabo lo planeado para superar los desafíos actuales.
Finalmente, los participantes manifestaron su solidaridad con los trabajadores de la empresa forestal de Finlandia, UPM. La firma comunicó que a partir del 2022 no negociará colectivamente las condiciones de empleo para sus empleados asalariados, sino que través de evaluaciones individuales.
De este modo, los empleados están siendo despojados por completo de sus derechos de negociación colectiva, igualdad de salario y condiciones de empleo.
Además, la organización de empleadores Industrias Forestales de Finlandia anunció una reforma histórica en sus estatutos para que se retire de la negociación colectiva nacional y la negociación sobre las condiciones de trabajo se transfiera al nivel de empresa.
Los sindicatos latinoamericanos expresaron que temen que este modo de actuar se extienda a otras empresas y países. Por eso, concluyeron que continuarán trabajando juntos en solidaridad para exigir en sus países medidas legislativas que salvaguarden sus derecho fundamentales.
Las fuerzas armadas de Myanmar reprimen a los sindicatos
A principios de esta semana, cientos de miles de personas participaron en manifestaciones masivas pacíficas en todo Myanmar. Mientras el movimiento pacífico de desobediencia civil continúa protestando contra la toma del poder por parte del ejército en este país, las autoridades están tomando medidas enérgicas contra los sindicatos y sus dirigentes.
La policía emitió órdenes de arresto contra 20 dirigentes sindicales, la mayoría de la Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar (IWFM), incluido su vicepresidente, Soe Lay.
Según informes del sindicato, policías vestidos de civil están tratando de encontrar a los dirigentes sindicales que participaron en la huelga nacional del lunes.
En un comunicado, el presidente de la IWFM, Khang Zar, expresó:
“La IWFM ha trabajado incansablemente para proteger los derechos y mejorar la vida de los trabajadores de la confección y sus familias desde que se nos permitió regresar al país después de la dictadura anterior, en 2012”.
“Juntos, el pueblo de Myanmar y la comunidad internacional pueden recuperar la democracia. A través de la desobediencia civil, las manifestaciones y las huelgas, el pueblo de Myanmar está hablando con claridad y en voz alta. Esperamos que la comunidad internacional haga lo mismo. Necesitamos de su apoyo para hacer que este golpe de Estado fracase”.
Hasta la fecha, el ejército ha arrestado a más de 100 parlamentarios electos y ministros principales, entre ellos Aung San Suu Kyi.
“Los sindicatos juegan un papel importante en la lucha por reestablecer la democracia en Myanmar. Brindamos nuestro apoyo solidario incondicional a nuestros afiliados en el país y pedimos un retorno al gobierno de carácter civil elegido por el pueblo”,
expresó Valter Sanches, el secretario general de IndustriALL.
El acuerdo de exención de impuestos sobre tejidos es un gran avance para preservar empleos en Sudáfrica
La publicación del 5 de febrero anuncia importaciones libres de impuestos para tejidos. Según el SACTWU, este cambio de política promoverá el crecimiento en los sectores de fabricación de textiles e indumentaria. Además, estimulará las compras locales y aumentará la contribución del sector a la industrialización del país.
En una economía en la que el desempleo es elevado, esto preservará puestos de trabajo. Según el cuarto informe trimestral de 2020 del Departamento de Estadísticas de Sudáfrica, el desempleo es del 32,5 por ciento y hasta del 42,5 por ciento si se considera la tasa de desempleo ampliada, que incluye a los buscadores de empleo desalentados.
Este anuncio fue producto de cuatro meses de negociaciones entre interlocutores sociales, incluidos los minoristas, los fabricantes de indumentaria y los talleres textiles. Los empleadores que participaron en las negociaciones representan el 75 por ciento de las PYMES, mientras que el SACTWU representa el 90 por ciento de los trabajadores. Las negociaciones se llevaron a cabo en el marco del Plan maestro para el comercio minorista, la indumentaria, los textiles, el calzado y el cuero (R-CTFL, por sus siglas en inglés).
Andre Kriel, secretario general del SACTWU, expresó:
“El consenso alcanzado en este acuerdo de desarrollo industrial no tiene precedentes. Juntas, estas organizaciones empresariales y sindicales constituyen la voz más representativa de la industria en esta cuestión de exención de impuestos. Es importante destacar que solo las empresas que sean signatarias del Plan maestro para el R-CTFL y cumplan con las normas laborales mínimas podrán utilizar estos tejidos importados”.
El Plan maestro para el R-CTFL, desarrollado por el Departamento de Comercio, Industria y Competencia, tiene como objetivo desarrollar la cadena de valor textil y de la confección. La cadena de valor incluye el hilado, el tejido, el teñido, el tricotado y el acabado de los insumos de fibras naturales y sintéticas y el curtido del cuero.
También forman parte de la cadena de valor las empresas de corte, confección y decoración, las casas de diseño, los fabricantes de textiles para indumentaria y para el hogar, así como de cuero y calzado. También se incluyen los productos locales e importados, y la venta al por menor abarca los mercados nacionales e internacionales.
Los interlocutores sociales que participaron en las negociaciones son la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas de Indumentaria (NCRF) que representa a los vendedores de prendas de vestir al por menor, la Asociación de Indumentaria y Textiles de Sudáfrica (ATASA), la Asociación de Indumentaria de Sudáfrica (SAAA) y los Fabricantes de Indumentaria de Sudáfrica (AMSA), en representación de los fabricantes de prendas de vestir, y la Federación Textil (Texfed) en representación de los talleres textiles.
Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, declaró:
“Felicitamos al SACTWU por luchar constantemente por acuerdos que benefician a los trabajadores. La cadena de valor del sector textil y de la confección es clave para la industrialización de Sudáfrica y la creación de empleos decentes”.
Los interlocutores sociales presentaron el plan al gobierno en septiembre de 2020. El SACTWU afirma que, después de cuatro décadas de discusiones, este avance estaba pendiente desde hace mucho tiempo.
Qué pueden hacer los sindicatos para detener la violencia doméstica
La violencia doméstica incluye todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que ocurren dentro de la familia o unidad doméstica o entre cónyuges o parejas anteriores o actuales. La violencia doméstica es un patrón de comportamiento utilizado por una persona para controlar o dominar a otra con quien tiene o ha tenido una relación íntima o de tipo familiar.
16. ¿Por qué los empleadores deben abordar el impacto de la violencia doméstica en el trabajo?
La violencia doméstica puede afectar gravemente la salud, el bienestar y la seguridad de los trabajadores afectados. Todos los empleadores tienen un “deber de cuidado” hacia sus empleados. Las leyes de salud y seguridad garantizan que los trabajadores tengan derecho a trabajar en un entorno seguro donde los riesgos para la salud y el bienestar se tengan en cuenta y se resuelvan de manera eficaz. Los asesinatos de víctimas en su lugar de trabajo muestran cuán graves pueden ser las consecuencias de la violencia doméstica en el ámbito laboral.
Se puede considerar que un empleador ha incumplido su deber de cuidado al no hacer todo lo razonablemente posible, según las circunstancias, para mantener a su empleado sano y salvo.
El abuso doméstico resulta en una disminución de la productividad y un aumento de las ausencias, los errores y la rotación de personal. A su vez, afecta a otros miembros del personal que pueden tener que reemplazar a colegas ausentes o no productivos; sentir resentimiento hacia las víctimas/sobrevivientes; tratar de proteger a las víctimas/sobrevivientes de visitas y llamadas telefónicas no deseadas; sentirse indefensos y distraídos de su trabajo, y temer por su propia seguridad.
En el documento acerca de las perspectivas de género de la ONU sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos establece que las empresas deben desarrollar medidas y soluciones que sean “transformadoras”, es decir, capaces de “realizar cambios sistemáticos en las estructuras de poder discriminatorias”. Cuando las empresas comunican que la violencia doméstica y el abuso son inaceptables, esto puede tener un efecto complementario: enviar un mensaje contundente a la comunidad en general y contribuir a cambiar las normas sociales que dan como resultado la aceptación de la violencia doméstica como algo normal.
Para las víctimas/sobrevivientes de violencia doméstica, el trabajo representa un refugio lejos de sus abusadores, en donde su trabajo y capacidades pueden ser valorados y las interacciones con los colegas hacen que disminuya su aislamiento. El trabajo también representa una fuente de ingresos e independencia financiera.
La violencia doméstica afecta el desempeño laboral y la víctima/sobreviviente puede enfrentarse a sanciones y al despido. Nadie debería perder su trabajo o sus ingresos como resultado de sufrir abuso doméstico. Al perder su fuente de ingresos, las personas pierden su independencia, lo que les hace más difícil dejar a sus abusadores. Los sindicatos deben defender los derechos de estos miembros y trabajadores.
La solidaridad y la igualdad son los pilares principales del trabajo sindical. La violencia contra la mujer es una expresión radical de la discriminación. Los sindicatos deben encontrar formas de apoyar y proteger a los trabajadores víctimas/sobrevivientes de violencia doméstica.
La violencia doméstica también es un problema de salud y seguridad, que representa un riesgo tanto para las víctimas/sobrevivientes como para sus compañeros de trabajo.
18. ¿Por qué los empleadores deben abordar el impacto de la violencia doméstica en el trabajo?
Los sindicatos deben concientizar y educar a los miembros y trabajadores acerca del impacto de la discriminación y la desigualdad de género. Deben desafiar los estereotipos de género y las normas sociales que generan y justifican la violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica.
Para poner fin a la violencia de género, el C190 pide un “enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género” y que “aborde las causas subyacentes y los factores de riesgo, entre ellos los estereotipos de género, las formas múltiples e interseccionales de discriminación y el abuso de las relaciones de poder por razón de género”.
Los sindicatos también deben tomar medidas para condenar todas las formas de violencia de género, incluida la violencia doméstica, y generar conciencia sobre este problema estableciendo, por ejemplo, una política interna, un código de conducta o una declaración de igualdad para promover un ambiente sindical libre de violencia y acoso; publicando artículos o material sobre violencia doméstica y el lugar de trabajo, y colaborando con organizaciones y asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia doméstica.
La responsabilidad principal de abordar la violencia doméstica es de los gobiernos. Los sindicatos han hecho campaña, junto con las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, para lograr licencias remuneradas y otras disposiciones legales. Por ejemplo, en Filipinas y Nueva Zelanda, se realizaron campañas intensas que condujeron a la inclusión de diez días de licencia remunerada para las víctimas/sobrevivientes de violencia doméstica, mientras que en Australia se lograron cinco días de licencia sin goce de sueldo y, en Canadá, cinco días de licencia remunerada en casi todas las provincias.
Los sindicatos también han presionado a los gobiernos para que ratifiquen el Convenio 190 de la OIT y garanticen que los gobiernos y los empleadores se tomen en serio su deber de cuidar a los trabajadores afectados por la violencia doméstica, ya sean lugares de trabajo públicos o privados.
19. ¿Cómo pueden los sindicatos apoyar a los miembros y trabajadores?
Las víctimas/sobrevivientes se esfuerzan de manera considerable para ocultar lo que les sucede, especialmente en el lugar de trabajo. Muy a menudo, las mujeres sufren en silencio, ya que están demasiado asustadas o quizás demasiado avergonzadas para buscar ayuda. Los miembros que confían en que el sindicato puede hacer frente a la violencia doméstica y defender a las víctimas tienen más probabilidades de denunciar la situación y acudir a un representante sindical de confianza.
Al demostrar que les importa, los representantes sindicales pueden ayudar a romper el aislamiento de las víctimas. Es esencial que cualquier persona que denuncie un maltrato esté segura de que tal denuncia será tomada en serio y escuchada. Es importante que el sindicato capacite a sus representantes para reconocer signos de violencia doméstica, escuchar y ofrecer apoyo confidencial a las víctimas y sobrevivientes, así como contactarlas con los servicios disponibles.
Los sindicatos han elaborado pautas y capacitaciones para sus representantes y delegados a fin de garantizar que sus intentos de ayudar no generen más daño o sean contraproducentes y expongan a alguien a un peligro mayor. Un ejemplo de ello son las pautas para los delegados sobre qué hacer y qué NO hacer del sindicato AMWU.
Unifor, en Canadá, negoció un programa de Defensores de la Mujer que ahora cuenta con más de 400 defensores de mujeres en lugares de trabajo en todo el país. El empleador costea la formación y proporciona un espacio en la oficina para representantes sindicales especializados que ayudan a las mujeres que sufren acoso o violencia en el trabajo o en su vida personal. Los defensores ofrecen apoyo confidencial y libre de prejuicios, explican las opciones disponibles en la comunidad y el lugar de trabajo y ayudan a la persona afiliada al sindicato a transitar por estos sistemas. Los defensores están capacitados para reconocer signos de abuso, realizar recomendaciones y trabajar junto con el empleador para elaborar un plan de seguridad.
20. ¿Qué negociar con los empleadores a través de la negociación colectiva?
El desarrollo de una política laboral sólida en materia de violencia doméstica es fundamental para abordar el impacto de este tipo de maltrato en el trabajo. Los empleadores deben elaborarla de la mano de los comités de salud y seguridad o los representantes de los trabajadores.
Estas políticas deben incluir lo siguiente:
una declaración en contra de la violencia doméstica
capacitaciones y sesiones de concientización para el personal de recursos humanos y los gerentes, así como para los empleados, acerca de la manera de reconocer los signos de violencia doméstica y cómo responder a ellos de manera segura y apropiada
medidas de protección y modalidades de trabajo para las víctimas/sobrevivientes
protección contra represalias o discriminación por motivo de la denuncia
una cláusula de estricta confidencialidad
estrategias de seguridad en el lugar de trabajo, que incluyan evaluaciones de riesgos y planes de seguridad para las víctimas/sobrevivientes y sus colegas, cuando se denuncia la violencia doméstica
Los sindicatos también pueden negociar para incluir la violencia doméstica en los convenios colectivos en todos los niveles o a nivel nacional, regional, sectorial, empresarial o del lugar de trabajo, así como en las políticas sobre violencia y acoso en el ámbito laboral.
Asimismo, pueden incluir la violencia doméstica como un ejemplo de violencia cubierta por el convenio colectivo o las políticas, así como negociar términos independientes que reconozcan la violencia doméstica como un motivo de preocupación importante en el lugar de trabajo y que requiere medidas específicas de protección y seguimiento. Al nombrar abiertamente la violencia doméstica en las políticas de salud y seguridad en el lugar de trabajo, se logra un avance a favor de desestigmatizar la violencia doméstica.
Las medidas de protección para las víctimas/sobrevivientes podrían incluir lo siguiente:
protección temporal contra el despido para víctimas/sobrevivientes
modalidades de trabajo para adaptar sus horarios, el uso de pseudónimos, y horarios flexibles de trabajo
permitir los cambios necesarios para protegerse de los abusadores que se aprovechan del conocimiento de sus horarios y lugares de trabajo
La licencia específica para las víctimas/sobrevivientes de violencia doméstica es clave, ya que les permite retirarse y hacer frente a cualquier procedimiento legal, así como acceder a apoyo, servicios y recursos, y establecerse en otro lugar de forma segura.
Además de las disposiciones vigentes sobre licencias, los sindicatos deben negociar un mínimo de diez días de licencia remunerada al año, prorrogada en circunstancias excepcionales, ya que ninguna persona sobreviviente de violencia doméstica debería tener que elegir entre su trabajo y su seguridad y la de su familia. Si los empleadores no están de acuerdo con las disposiciones con respecto a la licencia remunerada, una licencia sin goce de sueldo es, por el momento, la postura a adoptar por defecto, siempre que el puesto de trabajo del o de la sobreviviente esté garantizado.
21. ¿Qué pueden hacer los sindicatos durante los confinamientos y ante el aumento del teletrabajo?
Frente al aumento de violencia doméstica, los sindicatos han comunicado activamente los medios para contactar los servicios de asistencia y emergencia para las víctimas/sobrevivientes de este tipo de maltrato. También han estado presionando a los gobiernos para que aumente el apoyo a los refugios y los servicios de asistencia para las personas en situaciones de violencia de género, así como para que establezcan un fondo destinado a garantizar la salida de las mujeres de la espiral de violencia.
El aislamiento social significa que las personas en riesgo tienen menos contacto con las personas que normalmente podrían detectar signos de abuso. Los representantes o compañeros de trabajo pueden tener mayores posibilidades de ayudar, ya que tienen un pretexto para hablar “a puertas cerradas” y comunicarse con las personas por vía telefónica o videollamada.
Los delegados sindicales pueden mantenerse en contacto con las y los miembros a través de los canales de comunicación del sindicato, sitios web y mensajes de texto para preguntarles si se sienten seguros en sus hogares. Los sindicatos deben difundir información de manera periódica acerca de las medidas de seguridad relacionadas con la violencia doméstica y de cómo buscar ayuda. A su vez, los representantes pueden detectar signos de posible violencia doméstica y apoyar a las víctimas y sobrevivientes que se quedan en casa debido al confinamiento y al teletrabajo.
Los sindicatos también deben trabajar y negociar con los empleadores para encontrar nuevas formas de brindar apoyo a las víctimas/sobrevivientes de este tipo de violencia que trabajan desde su casa y adaptar y/o introducir planes de seguridad en los entornos domésticos/laborales.
22. ¿Qué hacer si el autor de la violencia doméstica es un trabajador y/o miembro del sindicato?
Encontrar soluciones al problema de tratar con abusadores que pueden ser colegas, miembros o representantes del sindicato es una cuestión importante y complicada.
Es posible que los abusadores usen el tiempo o las herramientas de trabajo para enviar mensajes abusivos o para planificar y llevar a cabo actos violentos. También pueden estar preocupados o distraídos, lo que afecta su desempeño laboral. Es responsabilidad del empleador proporcionar un entorno de trabajo seguro y responsabilizar a los trabajadores involucrados en comportamientos abusivos.
Es posible que deban aplicarse sanciones y medidas disciplinarias, que incluyen los despidos. Los empleadores pueden ayudar a los autores de la violencia a poner fin a su comportamiento abusivo. Las medidas disciplinarias pueden incluir su participación en programas de tratamiento/orientación para abusadores.
Es importante que el sindicato cuente con pautas claras para los dirigentes y representantes sindicales sobre cómo entablar conversaciones y lidiar con los miembros que cometen actos de violencia doméstica. Los sindicatos pueden sugerir a sus representantes que, si conocen a un colega o miembro que creen que puede cometer abuso doméstico, se comuniquen con ellos y les indiquen cómo obtener ayuda.
En situaciones en las que sean necesarias medidas disciplinarias, se puede exigir al sindicato que represente a los autores. Los representantes sindicales deben analizar todas las opciones para adaptarse de forma razonable. El abusador debe saber que el comportamiento es incorrecto y que no será tolerado.
Si la víctima/sobreviviente y el autor de la violencia trabajan en la misma empresa, es posible que sea necesario tomar medidas para garantizar que no estén en contacto en el lugar de trabajo. También puede que sea necesario tomar medidas, tales como un cambio de funciones para uno o ambos empleados o retirarles el acceso a la información.
