Trabajadores de Cootrapar denuncian que el Estado paraguayo quiere expropiarlos ilegítimamente

Los trabajadores de Cootrapar desarrollan acciones preliminares frente al poder legislativo y al poder ejecutivo para evidenciar que el Estado paraguayo pretende la expropiación ilegítima de la Reserva sagrado corazón de Jesús, que es de su propiedad privada.

Aseguran que en dicha expropiación, decretada en enero por la ley 6671/2020, el Estado no justifica la causa o motivación, ni por qué sería de interés público o de utilidad social, tratándose así de una arbitrariedad. Desde su punto de vista, el objetivo final es “dar defunción política, jurídica e ideológica a un grupo de trabajadores metalúrgicos.”

Cootrapar fue liquidada, disuelta y cancelada su personería jurídica a partir de una resolución del Instituto nacional de cooperativismo (Incoop) de 2017. Los trabajadores consideran que dicha resolución de liquidación fue inconstitucional, tomada de espaldas a lo que prescribe la Constitución y las leyes cooperativas, además en violación al derecho a la defensa.

Explican que, una vez liquidado sus activos, los socios de la Cooperativa tienen derecho a recuperar el valor económico de sus aportes y de ser beneficiados por el saldo restante, incluyendo el inmueble expropiado. Dicen que este derecho está regulado y dispuesto en el artículo 99 de la Ley 438/94 de Cooperativas, el cual también garantiza el previo pago de una justa indemnización, algo que nunca percibieron.

Aceros del Paraguay (Acepar) fue una empresa pública hasta que el consorcio privado Cosipar la compró en 1997, conformado el 66,66% de las acciones por empresarios de Cerro Lorito SA y el 33,33% de las acciones por los trabajadores de Cootrapar. Los trabajadores señalan que están siendo castigados por ser los únicos denunciantes de los abusos en Acepar.

Desde 2002 denuncian un abuso sistémico del socio Cerro Lorito SA. (en acuerdo con el Estado) contra los derechos laborales del consorcio de obreros empresarios, por emprender una lucha contra la corrupción y el vaciamiento fraudulento de Acepar.

Indican que el Grupo Cerro Lorito SA. tenía técnicas reprochables de lucro inmoral (a expensas del Estado paraguayo) y procedía a despedir masivamente a quienes acusaban a los gerentes por labores punibles.

El presidente de Cootrapar Ltda., Hugo González Chirico, dijo:

“El problema de fondo es que los trabajadores rechazamos ser cómplices. Tenemos una lucha contra la inconducta del Estado paraguayo porque protege, oculta y calla el lavado de dinero que hubo a través de la siderurgia Acepar.

Además, reprime a los trabajadores por denunciar este lavado. Ese hecho grave generó la quiebra de una empresa que daba sustento a mas de 2500 familias.”  

González Chirico lamenta que el Estado paraguayo no atendiera ni respondiera seriamente a las reiteradas denuncias de Cootrapar. En su lugar, permitió el despido injustificado de más de 250 trabajadores y que la industria estuviera parada por más de 3 años “por angurria económica de la colusión pública privada”.    

Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:

“Nos solidarizamos y apoyamos a los compañeros de Cootrapar. Lamentamos la intervención del Estado de Paraguay en la organización de los trabajadores, asi como el saqueo de sus derechos y bienes.

Esperamos que tanto el gobierno como el estado actúen para que se respete la Constitución y se devuelva lo que legítimamente es de pertenencia de los trabajadores.”

Fotos de la nota: cortesía de Hugo González Chirico

434 trabajadores del papel indonesios rechazan salarios de pobreza

Los trabajadores están afiliados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Pulpa y Papel de Indonesia (FSP2KI) a través de dos sindicatos locales, el sindicato de seguridad de PTTEL (SPS) y el sindicato de servicios de PTTEL (SP3). Ambas organizaciones han estado negociando un nuevo convenio colectivo con la dirección desde principios de febrero. La empresa solamente ha ofrecido IDR 500 (US$ 0.03), lo que equivale a un aumento salarial del 0.2 por ciento.

Los sindicatos rechazaron la oferta, declararon un estancamiento en las negociaciones y anunciaron una huelga de tres días a partir del 15 de marzo. Según la FSP2KI, sin embargo, si PTTEL sigue negándose a aceptar sus reclamos, la huelga podría extenderse a siete días.

 

El secretario general de la FSP2KI, M. Fatkuroji, expresó:

“Además de que no ha habido un aumento salarial en casi dos años, también estamos luchando por otros beneficios, tales como primas por presentismo y alimentación para los trabajadores. El aumento salarial debe basarse en la inflación y las evaluaciones de desempeño: los trabajadores tienen derecho a un salario digno.”

La FSP2KI y PTTEL han estado en conflicto acerca del uso de trabajadores tercerizados por parte de sus subcontratistas desde junio del año pasado. El subcontratista anterior, PT Kaliguma Transindo, rescindió los contratos de 38 trabajadores. La FSP2KI le exigió a la empresa de tercerización PT Kamigumi Indonesia que los reincorporara a todos.

Como resultado, el sindicato realizó un piquete frente a la empresa durante más de seis meses. En una ocasión, la policía dispersó violentamente a los sindicalistas y a otras personas defensoras de la causa. IndustriALL condenó esta violencia e inició una campaña mundial en contra de la empresa.

La secretaria regional de IndustriALL Global Union para el sudeste asiático, Annie Adviento, expresó:

“IndustriALL se solidariza con los huelguistas afiliados a la FSP2KI. Exhortamos a la empresa a negociar de buena fe y aceptar los reclamos razonables de los trabajadores”.

Envíe un mensaje de solidaridad a los trabajadores en huelga por medio del presidente de la FSP2KI, Hamdani Almedani, y su secretario general, Fatkuroji.

PTTEL, que es propiedad exclusiva de la multinacional japonesa Marubeni Group, emplea a 830 trabajadores permanentes y 734 subcontratados. Produce productos de pulpa que exporta a Europa y Japón.

Se impide el ingreso a trabajadores en fábrica de tailandesa de lencería

La fábrica de lencería Brilliant Alliance Thai Global cerró el 10 de marzo sin previo aviso. Los trabajadores llegaron para el turno de la noche y encontraron la fábrica cerrada, con un aviso en la puerta que anunciaba su cierre permanente. No recibieron notificación ni indemnización por despido, lo que es ilegal según la legislación laboral tailandesa. Los empleadores están obligados legalmente a avisar con un mes de antelación y liquidar sus compromisos financieros con los trabajadores, incluidos los salarios, la indemnización por despido, las bonificaciones no pagadas y las vacaciones anuales no utilizadas.

Los trabajadores encontraron las puertas cerradas cuando llegaron a trabajar

Brilliant, propiedad de Clover Group, con sede en Hong Kong, se hizo cargo de la fábrica de Body Fashion en 2019 en una transferencia de empresas. Sin embargo, no se transfirieron las condiciones laborales, se suspendió indefinidamente el pago de bonificaciones y se pagaba solo la mitad de la cantidad correspondiente a la cobertura médica.

El sindicato a nivel de la fábrica, afiliado a IndustriALL Global Union a través de la Confederación del Trabajo Industrial de Tailandia, trató de reunirse con la dirección de Brilliant para abordar sus inquietudes respecto a las condiciones de trabajo en varias ocasiones, pero las reuniones se retrasaron debido a la pandemia.

En enero de 2021, los representantes sindicales se reunieron con el propietario de la empresa con sede en Hong Kong a través de Zoom. Se les dijo que no había suficientes pedidos para que la fábrica se mantenga en funcionamiento. El 3 de marzo, la dirección de la empresa informó al sindicato que, debido a la cancelación de los pedidos, la empresa solo podía seguir funcionando si se modificaba el convenio colectivo, y los trabajadores aceptaban una licencia de cuatro meses recibiendo 50 por ciento de sus salarios.

El sindicato informó al departamento de trabajo y a la oficina de arbitraje y se procedió a realizar una votación: el 88 por ciento de los trabajadores votó a favor de rechazar la oferta de la empresa. Sin embargo, el sindicato permaneció abierto a la posibilidad de negociar y tenía programada una reunión con la dirección para el 9 de marzo. Durante estos días, se vieron camiones retirando material de la fábrica.

El 6 de marzo, la empresa anunció unas vacaciones de cuatro días. Cuando los trabajadores llegaron a trabajar el 10 de marzo, encontraron la fábrica cerrada, con un aviso en la puerta anunciando que había cerrado permanentemente.

En una carta a Clover Group, el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, expresó:

“Es inaceptable que la empresa despida unilateral e injustamente a los trabajadores sin la notificación previa y los pagos que corresponden legalmente. El comportamiento de la dirección atenta claramente contra las leyes laborales del país, así como contra la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que la indemnización laboral es un derecho humano. Está claro que esta infracción también contradice los códigos de conducta de sus clientes, como Victoria's Secret, Torrid, y Ascena Group International”.

“Por lo tanto, exhortamos a Clover Group International Limited a que actúe en total conformidad con la legislación laboral nacional y las normas laborales fundamentales a nivel internacional y que respete los derechos de los trabajadores de inmediato mediante el establecimiento de un diálogo constructivo con el sindicato y el pago de las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores despedidos injustamente”.

IndustriALL y el grupo H&M fortalecen su colaboración para fomentar la recuperación de la industria mundial de la confección

Desde el comienzo de la crisis, H&M e IndustriALL se han movilizado de diferentes maneras, tanto de forma bilateral como a través de iniciativas con múltiples partes involucradas. Esta colaboración ha sido fundamental para el apoyo del sector y la cadena de suministro durante este período.

IndustriALL y H&M han estado colaborando de forma estrecha tanto a nivel nacional como mundial, particularmente dentro de los comités nacionales de seguimiento establecidos en seis países de conformidad con el acuerdo marco global, firmado originalmente en 2015.

Para minimizar los impactos de la pandemia mundial de COVID-19 y consolidar la cooperación más allá de esta, H&M e IndustriALL reafirmaron y fortalecieron públicamente su compromiso de trabajar junto con los proveedores.

“Los fabricantes necesitan estabilidad y previsibilidad para mantener las condiciones de empleo y los ingresos: esta es la clase de compromiso que se manifiesta a través de esta declaración conjunta. Estamos trabajando juntos para ayudar a la industria a desarrollar la fuerza necesaria para recuperarse de la crisis, preservar los puestos de trabajo y proteger los derechos y los ingresos de los trabajadores”.

“Este mensaje claro de H&M hacia sus proveedores es fundamental para que nuestros sindicatos afiliados puedan ejercer plenamente su función de defender los puestos de trabajo, los derechos, los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores a lo largo de toda la cadena de suministro de esta empresa”,

expresó el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches.

Yosef El-Natour, jefe de producción del grupo H&M, afirmó:

“La importancia de una colaboración estrecha y significativa entre las empresas y los sindicatos se ha vuelto incluso más evidente durante la pandemia. Solamente uniendo fuerzas —particularmente a nivel de fábrica— es que podremos usar nuestra influencia y conocimientos combinados para superar los desafíos cuando se trata de proteger los derechos laborales fundamentales de cara a la COVID-19”.

El acuerdo conjunto incluye los siguientes puntos:

“Esta declaración conjunta confirma el compromiso genuino de H&M para mantener y fortalecer nuestra estrecha colaboración con base en el acuerdo marco global. Aunque se avecinan desafíos, solo se pueden lograr mejores condiciones de trabajo y una industria de la confección sostenible a través de la cooperación”,

expresó Marie Nilsson, presidenta del sindicato sueco IF Metall, cofirmante del acuerdo.

Foto 1: Shutterstock

Foto 2: ceremonia de firma virtual del 15 de marzo de 2021

Mauricio: el Centro de Recursos para Migrantes protege a los trabajadores migrantes contra la explotación

Actualmente, hay más de 50.000 trabajadores migrantes cualificados empleados en Mauricio, principalmente en las industrias de la confección y el textil, entre otros sectores. Alrededor del 35 por ciento de ellos provienen de Bangladesh.

Según la Confédération des Travailleurs des Secteurs Publique et Privé (CTSP), afiliada a IndustriALL Global Union, algunos agentes afirman que, para tener éxito en esta isla paradisíaca, los trabajadores solo deben “levantar piedras y encontrar oro”. La CTSP sostiene que esta información es falsa y engañosa, ya que los trabajadores terminan sufriendo condiciones laborales peligrosas y recibiendo salarios bajos a lo largo de sus tres años de contrato.

Esto dificulta que los migrantes paguen los enormes préstamos en los que habrían incurrido para financiar el viaje a Mauricio. Ahorrar suficiente dinero para enviar a sus familias se vuelve casi imposible, por lo que suelen regresar a sus países de origen con las manos vacías tras sus tres años en esta isla.

 

También hay casos de servidumbre por deudas, en los que un trabajador se ve obligado a trabajar para pagar una deuda. En tales circunstancias, los trabajadores van a Mauricio para ganar el dinero necesario para subsanar la deuda en la que habrían incurrido en sus países de origen. Según la organización Anti-Slavery International, el valor de la obra se vuelve mayor que el monto prestado originalmente.

Según ASOS, que se abastece de prendas de vestir de proveedores en Mauricio y participó en reuniones de planificación para la creación del Centro de Recursos para Migrantes, los trabajadores solo deberían pagar el costo del viaje y no las costosas tarifas de las agencias de contratación, que pueden ascender a US$ 800. Actualmente se está trabajando para lograr que otras marcas se involucren en el apoyo al centro.
 
Las violaciones de los derechos de los trabajadores migrantes incluyen la confiscación de sus pasaportes, el maltrato físico por parte los empleadores, las extensas jornadas laborales obligatorias, la falta de pago de salarios y horas extras, percibir salarios menores al salario mínimo, verse obligados a vivir en residencias en condiciones precarias, la falta de transporte brindado por las empresas, el hecho de que se les pida que trabajen sin capacitación previa y las barreras del lenguaje.
 
Para combatir esta explotación, la CTSP, IndustriALL y Anti-Slavery International crearon el Centro de Recursos para Migrantes (MRC, por sus siglas en inglés) en 2018 con el fin de generar conciencia respecto de la violación de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes, que están contemplados en la legislación mauritana.

El MRC, que brinda apoyo a los trabajadores migrantes al incentivarlos a afiliarse a un sindicato y conocer sus derechos, ha llevado a cabo 16 campañas de sensibilización que han alcanzado a más de 700 trabajadores. También proporciona información acerca de la diversidad cultural en Mauricio y de la manera de mantenerse a salvo en el país. A su vez, este centro alberga a los trabajadores que son despedidos injustamente por los empleadores y ha publicado folletos en diferentes idiomas para hacer frente a los abusos.
 
La mayoría de los trabajadores migrantes se unieron a los miembros de la CTSP después de recibir información en el centro y han presentado reclamos ante el Ministerio de Trabajo.

IndustriALL, la CTSP y ASOS desarrollaron una aplicación para teléfonos inteligentes en la que los trabajadores pueden presentar denuncias y reclamos sin arriesgarse a represalias por parte de sus empleadores.

Reeaz Chutto y Jane Ragoo, el presidente y la secretaria general de la CTSP, respectivamente, expresaron:

“El MRC es una herramienta importante para los trabajadores migrantes y hasta ahora ha sido de gran ayuda. Además, la CTSP está colaborando con el ministro de Trabajo para que se establezca una residencia para trabajadores migrantes que también pueda ser utilizada como centro de refugio”.

Christina Hajagos-Clausen, directora del sector textil y de la confección de IndustriALL, expresó:

“El MRC es un modelo de solidaridad internacional que puede ayudar a poner fin a la violación de los derechos de los trabajadores migrantes y las normas internacionales del trabajo y garantizar que se encuentre una solución. Felicitamos a la CTSP por seguir defendiendo los derechos de los trabajadores migrantes en Mauricio”.

IndustriALL pide a las empresas que garanticen los derechos fundamentales en Myanmar

En una entrevista con Worker’s Liberty, Khaing Zar, el presidente de la IWFM, organización afiliada a IndustriALL, expresó que las sanciones económicas anteriores contra Myanmar fueron las que permitieron llevar adelante unas elecciones más democráticas en primer lugar.

“Estamos pidiendo a la comunidad internacional y a los gobiernos que impongan sanciones económicas integrales para detener todo flujo financiero hacia las fuerzas armadas. Exhortamos a las instituciones financieras internacionales a que congelen todas las actividades dentro de Myanmar”,

declaró Khaing Zar. 

A principios de esta semana, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó la violencia en Myanmar y pidió al ejército que actúe con moderación. Estados Unidos impuso sanciones a dos hijos del comandante en jefe de Myanmar y a seis empresas que controlan.

IndustriALL se ha puesto en contacto con empresas multinacionales que operan en Myanmar, a las que instó a tomar medidas para proteger los derechos humanos y laborales fundamentales mediante la diligencia debida. Esto incluyó a empresas de energía como Shell, EDF, Engie, Total y Eni.

“Las empresas deben asegurarse de que sus proveedores y actividades comerciales no contribuyan o agraven las violaciones de derechos humanos, y que ningún trabajador o dirigente sindical sea sancionado por unirse a manifestaciones pacíficas contra el golpe”,

expresó Valter Sanches, el secretario general de IndustriALL.

El mes pasado, por iniciativa de IndustriALL, las marcas globales que se abastecen de prendas confeccionadas en Myanmar publicaron una declaración conjunta en la que reafirmaron su compromiso con los estándares democráticos:

“como empresas, estamos comprometidas a respetar plenamente los derechos humanos y laborales en nuestras operaciones y cadenas de suministro, en particular el derecho a la libertad de reunión pacífica, la libertad de opinión y la libertad de asociación en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Valter Sanches declaró:

“Apoyamos el pedido de los ciudadanos de Myanmar a favor de una campaña global para ‘Dejar de comprarle a la junta militar y pedir a las empresas que utilicen su influencia para asegurar la liberación de los detenidos, restaurar las instituciones democráticas y garantizar los derechos humanos y laborales de todos los trabajadores de Myanmar, especialmente la libertad de asociación, el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión’”.

Sindicatos demandan la restauración de la democracia en Haití

38 organizaciones sindicales de Haití firmaron una resolución conjunta para pedir el respeto a la Constitución de 1987, el restablecimiento del estado de derecho y la democracia en Haití.  Los sindicatos acusan al Presidente Jovenel Moïse de extender su mandato de forma inconstitucional.  

Entre los firmantes está la CGTP, la central sindical a la cual pertenece GOSTTRA (a su vez afiliada a IndustriALL Global Union). El coordinador de GOSTTRA, Reginald Lafontant explicó:

“La situación de los trabajadores haitianos es intolerable. Es deber del movimiento sindical comprometerse a favor del respeto de la Constitución, en la búsqueda de la libertad, del bienestar de la población en general y de los trabajadores en particular.”

El Consejo Superior del Poder Judicial de Haití informó que el mandato presidencial de 5 años de Moïse finalizó el 7 de febrero de 2021. El primer mandatario gobierna por decreto presidencial desde el 2020, luego de que disolvió el Parlamento, no organizó elecciones legislativas y confirmó su intención de continuar en el cargo hasta febrero de 2022.

Como consecuencia, se desarrollaron numerosas protestas para reclamar que Moïse debe respetar la Constitución y dimitir. A su vez, el pueblo denuncia que es víctima de hambre, pobreza y que el gobierno corrupto es incapaz de proporcionar los servicios básicos.

A su vez, existe una proliferación de bandas armadas (pandillas) que, según los sindicatos, cuenta con el apoyo del gobierno. Al principio atacaban a las personas que protestaban para exigir mejores condiciones de vida. Con el paso del tiempo, las pandillas ampliaron su accionar y llegaron a violar mujeres, incendiar casas, secuestrar opositores y amenazar de muerte a algunos líderes sindicales.

Los sindicalistas se enfrentan a una represión sistémica, con una ola de despidos, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte dirigidas a los pocos sectores donde los trabajadores han podido organizar sindicatos como en la educación, el sector público y en las Zonas Francas de Exportación.

Moïse dijo que considera que la actual Constitución es demasiado liberal y decidió cambiarla el próximo 25 de abril, al margen de las normas constitucionales vigentes. Las centrales sindicales de Haití aseguran que la vida de todos los que se atreven a decir "no" está amenazada, especialmente los sindicalistas.

Por dicho motivo, las federaciones sindicales mundiales (entre ellas la CSI/CSA) y sus sindicatos afiliados emitieron una declaración conjunta e iniciaron una campaña de solidaridad con el pueblo de Haití. Enviaron cartas a los gobiernos de los distintos países para que retiren cualquier apoyo a Moïse que pudiera llevar al cumplimiento de sus objetivos inconstitucionales.

Por su parte, el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, le envió una carta de solidaridad a Gosstra donde dijo

“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Haití en su lucha por establecer la democracia, el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos y sindicales.

Nos indigna la realidad actual en el país, donde los derechos son violados sistemáticamente por el gobierno de facto actual. Denunciamos enérgicamente el daño causado a todos los niveles por el equipo en el poder en Haití.”

Los sindicatos impulsan la diligencia debida a nivel de la UE

Los afiliados europeos de IndustriALL Global Union e IndustriAll Europe están haciendo campaña para que la Comisión de la UE apruebe una legislación sobre diligencia debida. Esta legislación obligaría a las empresas a actuar sobre las violaciones de derechos humanos y los riesgos ambientales reales y potenciales en sus propias actividades, las cadenas de suministro y en los servicios que utilizan.

El 4 y 5 de marzo, 80 participantes de más de 20 sindicatos europeos diferentes se reunieron en línea para debatir sobre “Diligencia debida empresarial e información no financiera: ¿amenazas o nuevas ventajas para los representantes de los trabajadores?”. El evento se organizó con la cooperación de la consultora Syndex e incluyó un día completo de capacitación para representantes sobre la comprensión y el uso de la legislación propuesta.

Ben Richards, del sindicato Unite del Reino Unido, enfatizó que “la diligencia debida no debe sustituir la coordinación mundial de la acción sindical”, sino que debe considerarse como una herramienta más.

Luc Triangle

Luc Triangle, secretario general de IndustriAll Europe, señaló:

“No solo es importante tener normas de la UE obligatorias y vinculantes en materia de diligencia debida y gestión empresarial sostenible, sino que también debemos capacitar a nuestros representantes de los empleados para asegurarnos de que puedan utilizar esta importante herramienta en su trabajo diario. Además, debemos saber qué tipo de inquietudes o expectativas tienen”.

Durante su intervención en el evento, Paul Nemitz, el principal asesor sobre política de justicia de la Comisión de la UE, presentó argumentos convincentes a favor de la legislación de diligencia debida, con base en un período de estudio y consulta de tres años. Explicó que la diligencia debida sirve a los objetivos políticos que promueven los sindicatos y sus aliados, pero también es buena para las actividades comerciales, porque la diligencia debida desalienta el pensamiento a corto plazo que hace que las empresas sean vulnerables a las recesiones y otras crisis. La legislación hará que las empresas de la UE sean más resilientes al incentivar la estrategia comercial y la planificación a largo plazo. Asimismo, fortalecería el diálogo social al redefinir los intereses de la empresa para que incluyan la sostenibilidad, los trabajadores, el medio ambiente y la comunidad, además de los accionistas.

La legislación es necesaria para generar igualdad de condiciones. El enfoque voluntario no ha funcionado: en febrero de 2020, la Comisión publicó un estudio que reveló que en la actualidad solo una de cada tres empresas toma medidas de diligencia debida.

Este trabajo se basa en desarrollos en la jurisprudencia mundial: en 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que introdujeron la primera norma mundial para la diligencia debida. Posteriormente, otras organizaciones internacionales desarrollaron normas de diligencia debida basadas en los Principios Rectores, como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales de 2011 y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y política social de la OIT de 2017.

A estos esfuerzos le siguió la legislación a nivel nacional, más recientemente con el anuncio de un proyecto de ley en Alemania. Nemitz propone que la legislación de la UE sea más amplia que la iniciativa alemana, mediante la inclusión de empresas más pequeñas y el desarrollo de un enfoque mesurado con respecto a la responsabilidad del proveedor.

El 10 de marzo, los eurodiputados aprobaron un informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo en el que se recomienda que la Comisión adopte una legislación de diligencia debida que cumpla con estas directrices. Los eurodiputados sostuvieron que todas las empresas que quieran acceder al mercado interno de la UE tendrían que demostrar que cumplen con las obligaciones de diligencia debida.

Kemal Özkan

Al referirse sobre el creciente conjunto de instrumentos jurídicos, el secretario general adjunto de IndustriALL Global Union, Kemal Özkan, manifestó:

“Luchamos por la diligencia debida obligatoria en toda la cadena de suministro, con sanciones y con acceso a reparación para las víctimas. Esto ayudará a establecer un nuevo equilibrio del poder económico a favor de los trabajadores. Existen diversos sistemas y marcos legales diferentes. Debemos encajarlos entre sí para crear una imagen general coherente que mejore las condiciones de trabajo”.

La violencia doméstica y el papel de los sindicatos

Reconociendo la violencia doméstica

PARTE 2: "Explicación de la violencia doméstica y el papel de los sindicatos". No podemos luchar contra la violencia doméstica si no somos capaces de reconocerla.

Federaciones sindicales se reúnen con líder de la oposición bielorrusa

En la reunión se abordó la terrible situación en Bielorrusia tras las elecciones presidenciales de agosto de 2020 y la consiguiente represión de las manifestaciones pacíficas contra los controvertidos resultados.

En la apertura a la reunión, el secretario general de IndustriALL Global Union, Valter Sanches, habló del compromiso del movimiento sindical mundial de apoyar la democracia en Bielorrusia. Se están violando derechos fundamentales de los trabajadores. Los sindicatos independientes, sus dirigentes y activistas están siendo sometidos a represión, lo que contraviene las normas y regulaciones laborales internacionales que Bielorrusia ha ratificado.

Sanches aseguró que las federaciones sindicales habían compilado una lista de empresas que operan en Bielorrusia y están trabajando con las afiliadas que tienen relaciones con estas empresas para instarlas a realizar la debida diligencia con respecto a sus actividades en el país.

Las empresas que operan en Bielorrusia deben asegurarse de:

Tsikhanouskaya agradeció al movimiento sindical por su apoyo y señaló que la reunión era importante para discutir pasos concretos en pos de la democracia en Bielorrusia. Afirmó que es fundamental apoyar los comités de huelga y los sindicatos libres e independientes.

Hoy tuve una reunión fructífera con representantes de @IndustriALL_GU. Estoy agradecida por el apoyo que han estado brindando los trabajadores bielorrusos reprimidos por el régimen. Es fundamental apoyar a los sindicatos independientes y los comités de huelga, para garantizar el derecho a huelga y tener condiciones de trabajo seguras. pic.twitter.com/nTvuyYVU92 

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) 10 de marzo de 2021  

Tsikhanouskaya explicó que la crisis humanitaria en Bielorrusia se ha intensificado y alcanzado una escala formidable: desde agosto, al menos seis personas han fallecido durante las protestas y más de 33.000 han sido detenidas. Muchos denuncian torturas durante la detención, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 4644 denuncias de uso de fuerza física por parte de las fuerzas de seguridad y al menos 500 casos de tortura.

El presidente de IndustriALL, Jörg Hofmann, afirmó que IndustriALL había seguido de cerca el desarrollo de eventos en Bielorrusia, y con gran preocupación. En su reunión de noviembre de 2020, el comité ejecutivo aprobó una declaración de solidaridad con los sindicatos independientes de Bielorrusia. IndustriALL consultó con sus afiliados en Bielorrusia sobre la posibilidad de reunirse con Tsikhanouskaya, y ellos agradecieron la oportunidad.

Trescientas personas han sido condenadas a más de un año de prisión, incluidos tres miembros del Sindicato Independiente de Bielorrusia (BITU), afiliada de IndustriALL.

Owen Tudor, de la Confederación Sindical Internacional (CSI), afirmó: “Representamos a más de 200 millones de trabajadores en todo el mundo, miembros de sindicatos libres e independientes, que quieren ver la democracia en Bielorrusia”.

En una declaración dada a conocer a la prensa, el movimiento sindical mundial se comprometió a cooperar con representantes independientes de la sociedad bielorrusa, incluida la oficina de Sviatlana Tsikhanouskaya, para establecer los derechos y libertades sindicales en Bielorrusia. Esto debe incluir el derecho fundamental a la libertad de asociación y el derecho a organizar actividades sindicales de forma independiente y sin interferencia o presión de los órganos gubernamentales o empleadores.

Sobre el papel de los sindicatos, un portavoz de la oficina de Sviatlana Tsikhanouskaya dijo:

“Tuvimos dos grandes oleadas de huelgas que fueron un experimento para nosotros: la gente no había estado en huelga desde el colapso de la Unión Soviética hace unos treinta años y tuvo que aprender a hacerlo de nuevo. Las huelgas crecieron masivamente, hasta que los gerentes de la empresa dijeron que es ilegal hacer huelga por razones políticas. Esto le quitó algo del impulso”.

“Necesitamos preparar a Bielorrusia para la transformación democrática. Necesitamos que la gente sepa que la huelga es un derecho, y que se construyan las instituciones que lo respaldan. Los trabajadores son el motor de esta revolución. Lukashenko está perdiendo el control y no durará mucho. Necesitamos acelerar el proceso de destitución, antes de que haga más daño y lastime a más personas”.