IndustriALL demanda justicia por víctimas de Pasta de Conchos
Hace 15 años ocurrió una explosión en la mina 8 de carbón de la empresa minera Grupo México, en Pasta de Conchos, Coahuila. La tierra se derrumbó y sepultó a 65 trabajadores, debido a la acumulación de gas metano por encima de los estándares legales para poder trabajar.
“Grupo México se ha caracterizado por su negligencia e irresponsabilidad no sólo en la tragedia de Pasta de Conchos, sino también en la catástrofe ambiental del río Sonora y en el derrame de sustancias tóxicas en el Mar de Cortés, por mencionar algunos casos, que tampoco han sido sancionados”
dijo el presidente del Sindicato nacional de trabajadores mineros, metalúrgicos, siderúrgicos y similares de la República Mexicana (Los Mineros, afiliado a IndustriALL Global Union) y senador de la República de México, Napoleón Gómez Urrutia.
Asegura que, en su momento, Los Mineros señalaron problemas en las medidas de seguridad de la mina que podrían haber ayudado a evitar la tragedia. Luego del accidente pidieron el rescate de los cuerpos, la indemnización justa y digna de las familias, y que se hiciera una investigación objetiva de las causas.
A su vez, interpusieron denuncias por homicidio industrial y negligencia en contra de la empresa, que lamentablemente fueron archivadas por los gobiernos anteriores. Del mismo modo, explicó que la compañía no indemnizó dignamente a las familias, no hubo una investigación objetiva sobre las causas por parte de las autoridades, ni un enjuiciamiento a los directivos de la empresa o accionistas.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en una conferencia de prensa que el gobierno ya inició las labores para el rescate de cuerpos. Además, dijo que sostiene una comunicación permanente con los familiares de los mineros, y que ya se está reparando el daño, en lo que corresponde al Estado.
Respecto al esclarecimiento de los responsables de la tragedia, el mandatario dijo que es un proceso legal y que le corresponde a la fiscalía general de la República darle seguimiento.
En tanto, el sindicato United Steelworkers (USW, afiliado a IndustriALL) emitió una declaración donde pidió justicia para las víctimas de Pasta de Conchos y exigió que Grupo México rinda cuentas al gobierno de México y al de Estados Unidos.
Finalmente, el secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, dijo:
“El homicidio de Pasta de Conchos permanece fresco en nuestras cabezas. Nunca lo hemos olvidado, nunca lo olvidaremos, ni perdonaremos. Seguiremos luchando hasta que tengamos justicia. Esta es una lucha de los Mineros en México, pero, al mismo tiempo, de toda la familia global de los mineros dentro de IndustriALL”.
Trabajadores de Ford Brasil buscan alternativas para defender sus empleos
Ford anunció el cierre de actividades en las fábricas de Taubaté (São Paulo), Camaçari (Bahía) y Horizonte (Ceará). Se perderán casi 124 mil puestos de trabajo, teniendo en cuenta los empleos directos, indirectos y de otros sectores, según estimaciones del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese).
El Sindicato de trabajadores metalúrgicos de Taubaté y la región (Sindmetau) firmó un acuerdo con Ford en una audiencia de conciliación en el Tribunal Laboral Regional, el 18 de febrero. Establece que desarrollarán negociaciones con la dirección global de la automotriz de Estados Unidos el 25 de febrero, con el objetivo de intentar revertir el cierre de la empresa en el país.
El documento también garantiza el mantenimiento de puestos de trabajo, salarios y beneficios de los trabajadores de Taubaté hasta el final de las negociaciones. Además, prevé el regreso de la producción en la fábrica a partir del 22.
Aún así, los trabajadores definieron que continúan efectuando movilizaciones para luchar por sus empleos y reafirmar su unidad. Recientemente realizaron una caravana de tres horas desde el estacionamiento de Ford en Taubaté, y desarrollaron actos para alertar a la sociedad y a las autoridades públicas sobre los impactos del cierre.
Por su parte, el Sindicato de trabajadores metalúrgicos de Camaçari también realizó una audiencia de concliación en el Tribunal regional del trabajo de la v región (TRT5-BA), el 18 de febrero. Acordaron que los empleados de esta fábrica también volverán a trabajar el 22. A su vez, Ford se comprometió a pagar los salarios de los trabajadores durante tres meses.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados de Brasilia solicitó el 9 de febrero que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las unidades locales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) evalúen posibles violaciones de Ford al anunciar su salida del país.
Uno de los temas señalados es el impacto social y económico que la empresa deja en Brasil luego de años de recibir subsidios gubernamentales y ganancias. Además, el documento señala que se enfrenta a los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
La Comisión de Derechos Humanos también se reunió con representantes de sindicatos, del poder judicial, parlamentarios y otras entidades. Evalúan la posibilidad de presentar un proyecto de ley de nacionalización de Ford, considerando los incentivos fiscales multimillonarios que recibe la multinacional y los préstamos contraídos con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Buscan revertir el impacto del cierre de fábrica y el proceso de desindustrialización en el país.
Por su parte, organizaciones sindicales de todo el mundo enviaron cartas de solidaridad a los trabajadores de Ford en Brasil donde también manifestaron la necesidad de una política industrial activa en la que los intereses de los empleados se consideren equivalentes a los intereses de los propietarios.
Finalmente, el secretario general de IndustriALL Global Union, Valter Sanches, sostuvo:
“Quiero saludar la lucha de resistencia de los trabajadores/as de Ford y sus sindicatos en defensa de los empleos. Esta lucha ya es victoriosa porque generó decisiones favorables de la justicia laboral y abrió otras posibilidades de negociación en otro nivel.
Además, agradezco la solidaridad de los sindicatos de todo el mundo con la lucha de nuestros/as compañeros/as brasileiros/as”.
Las marcas de la ACT condenan el golpe de Estado en Myanmar
Esta es la primera declaración pública de un grupo de representantes de la comunidad empresarial con respecto al golpe de Estado en Myanmar. Las marcas —Bestseller, C&A, Esprit, H&M, Inditex, Lidl, New Look, Next, Primark, Tchibo y Tesco— declararon que “como empresas, estamos comprometidas con el pleno respeto de los derechos humanos y laborales en nuestras operaciones y cadenas de suministro, en particular con el derecho a la libertad de reunión pacífica, la libertad de opinión y la libertad de asociación en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
En 2019, las marcas se comprometieron con las Directrices sobre la libertad de asociación sindical en Myanmar, en las que se reconoce el derecho democrático de los trabajadores a organizarse libremente. La declaración de hoy lleva este compromiso a la arena política, al afirmar el compromiso de las marcas con los derechos humanos, entre ellos la libertad de reunión y de expresión. En el documento concluyeron:
“Las empresas responsables necesitan un entorno en el que se respeten los derechos humanos fundamentales”.
La ACT —Acción, Colaboración, Transformación, por sus siglas en inglés— es un acuerdo pionero entre marcas globales y sindicatos para transformar la industria de la confección, textil y del calzado, y lograr salarios dignos para los trabajadores a través de la negociación colectiva a nivel de la industria, la libertad de asociación y las prácticas de compra. La ACT está compuesta por 21 marcas globales e IndustriALL Global Union, que representa a sus sindicatos afiliados en los países productores de indumentaria.
En un comunicado publicado el 1 de febrero, IndustriALL condenó el golpe militar:
“IndustriALL insta a los líderes militares a reconocer que el fruto del crecimiento económico y la mejora del nivel de vida es el resultado de la democratización y la coexistencia pacífica de varios partidos políticos desde 2011. Recurrir a la violencia, los conflictos y el gobierno antidemocrático hará que los esfuerzos de Myanmar por atraer inversores extranjeros e integrarse en el desarrollo económico internacional sean en vano”.
El secretario general de IndustriALL Global Union, Valter Sanches, expresó:
“IndustriALL elogia y apoya esta iniciativa de la comunidad empresarial que reconoce que la democracia y el respeto por los derechos humanos y laborales son fundamentales para el éxito y la continuidad empresarial. El restablecimiento de las normas democráticas es imprescindible para mantener los puestos de trabajo y las nuevas inversiones destinadas a mejorar la calidad de vida de los birmanos”.
En la declaración, las marcas se comprometen a trabajar con los propietarios de fábricas locales y los sindicatos en más de 200 fábricas en la cadena de suministro en Myanmar para garantizar que se implemente la libertad de asociación.
Tres trabajadores mueren en el derrumbe de una chimenea en ArcelorMittal Sudáfrica
El NUMSA informa que se realizó una operación de rescate, en la que principalmente participaron otros trabajadores, para recuperar los cuerpos de los empleados fallecidos de entre los escombros, ya que los esfuerzos de la empresa fueron lentos e ineficientes. Según ArcelorMittal, una chimenea de 90 metros de altura hecha de ladrillo y piedra sobre el horno de coque se derrumbó y los escombros enterraron una cabina de control con tres trabajadores adentro.
Kabelo Ramokhathali, secretario regional del NUMSA para Sedibeng, expresó:
“Se trata de un incidente terrible y devastador, especialmente para las familias de las víctimas, que esperaron y esperaron ansiosamente que sus seres queridos pudieran ser encontrados vivos. Desgraciadamente no fue así. Enviamos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de los fallecidos. El NUMSA está pidiendo al Departamento de Trabajo que se embarque en una investigación detallada y exhaustiva sobre la causa de este incidente”.
El NUMSA afirma que ArcelorMittal ha sido “inhumano” en la forma en que se ocupó de las preocupaciones en materia de salud y seguridad planteadas por el sindicato, lo que resultó en el despido de un delegado sindical que expuso los deficientes protocolos de salud y seguridad en la empresa antes de este accidente.
Matthias Hartwich, director del sector de metales básicos de IndustriALL, afirmó:
“ArcelorMittal ha prometido que se llevará a cabo una investigación exhaustiva del caso y que invitará al NUMSA a participar en las pesquisas”.
Los sindicatos hermanos que pertenecen a la red sindical mundial de ArcelorMittal expresaron su solidaridad inmediatamente. Por ejemplo, en una carta de solidaridad, Paulo Cayres y Maicon Michel, presidente y director de Asuntos Internacionales de la CNM-CUT de Brasil, respectivamente, afirmaron:
“Si se confirma la ausencia de un equipo de intervención a cargo de la empresa, esto será un hecho profundamente grave e intolerable. Creemos que es fundamental establecer las causas y responsabilidades para que accidentes como este no tengan que volver a ocurrir”.
Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, declaró:
“Recibimos la triste noticia de las muertes con gran conmoción e incredulidad, y de inmediato nos unimos a las familias de los trabajadores fallecidos en su duelo. La salud y la seguridad de los trabajadores deben seguir siendo una prioridad y es importante tener equipos de respuesta para emergencias en alerta y siempre listos cuando sucedan tales incidentes. Esperamos que la investigación arroje luz sobre lo que sucedió”.
La ley de seguridad cibernética de Myanmar amenaza la democracia y el movimiento sindical
Aproximadamente una semana después del golpe militar, el consejo administrativo estatal autoinstalado pidió a los proveedores de servicios de Internet que dieran su opinión con respecto a un proyecto de ley de seguridad cibernética antes del 15 de febrero.
La presentación apresurada de la ley restrictiva es un intento de sofocar el movimiento de desobediencia civil que crece rápidamente en todo el país. Las autoridades han cortado los servicios de Internet en varias ocasiones y suspendido temporalmente las redes sociales.
Una vez aprobada esta ley, cuyo texto es muy vago, criminalizará a cualquier persona que “publique información falsa o errónea con la intención de provocar pánico público, pérdida de confianza o división social en un espacio cibernético”. Conforme a esta norma, una condena conlleva una pena de prisión de no más de tres años o una multa de hasta 10 millones de kyats (US$ 7525), o ambas.
Khaing Zar, el presidente de la Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar (IWFM), afirmó:
“El proyecto de ley de seguridad cibernética es una amenaza grave para la democracia y el movimiento sindical de Myanmar. Viola el principio democrático básico de que los ciudadanos deben poder acceder a información gratuita”.
“Los sindicatos no pueden funcionar y seguir organizando a los trabajadores bajo una ley de seguridad cibernética tan restrictiva, instamos al gobierno a restaurar la democracia y liberar a los parlamentarios antes de deliberar acerca de la ley”.
La población de Myanmar se sigue manifestando en contra del régimen militar y cientos de miles de trabajadores en todo el país están participando en la desobediencia civil pacífica. Los sindicatos están desempeñando un papel visible y directo en estas acciones, y la IWFM, afiliada a IndustriALL, emitió un comunicado en el que pide a la industria de la confección de Myanmar que respete los derechos fundamentales de los trabajadores a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica.
“Las manifestaciones en curso en Myanmar son necesarias para hacer retroceder la intrusión militar en los derechos y libertades fundamentales, que son esenciales para garantizar un entorno estable para las relaciones laborales. El futuro de la industria de la confección de Myanmar depende de una solución pacífica y sensata a la crisis política actual, ya que la amenaza inminente a la democracia también es una amenaza para el entorno empresarial de los inversores extranjeros”.
“Los trabajadores de Myanmar están ejerciendo derechos humanos universalmente protegidos para reunirse y protestar pacíficamente contra el golpe militar y pedir el regreso del gobierno conformado por civiles elegidos por el pueblo”.
Valter Sanches, el secretario general de IndustriALL Global Union, declaró:
“La ley cibernética elimina efectivamente la libertad de expresión en Myanmar y entrega el control de las comunicaciones al ejército, algo que no podemos tolerar en absoluto. Nos solidarizamos con los trabajadores que están haciendo retroceder pacíficamente a las fuerzas armadas en su lucha por restaurar la democracia”.
IndustriALL condena las brutales redadas contra los sindicatos en Bielorrusia
La oficina del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Industria Electrónica (REP) de Bielorrusia, afiliado a IndustriALL, fue allanada y registrada por la policía durante todo el día. La búsqueda fue turbulenta: varios documentos y otros artículos fueron arrojados al suelo y pisoteados.
Se incautaron todos los dispositivos de comunicación y computadoras portátiles, junto con casi toda la documentación básica, incluidos los documentos contables, diversos materiales impresos y de campaña, y dinero personal. Los policías se negaron a entregar una copia del registro de búsqueda o proporcionar un inventario de los artículos incautados.
La dirigencia sindical declaró que la policía encontró un cartucho de escopeta de caza en un sofá de la cocina, lo que se cree que es una provocación.
Esa misma mañana, la policía registró la casa del abogado del REP de la región de Brest, Vladimir Maley, confiscó su equipo personal, libros y dinero. Maley fue detenido.
El 16 de febrero, también se registró el apartamento del presidente del sindicato de base del REP en la planta de motores de Minsk, Andrei Komlik-Yamatin, que fue detenido por negarse a abrir la puerta. Al día siguiente, el juzgado lo condenó a 25 días de detención administrativa “por desobediencia a una orden o solicitud de un funcionario de turno”. Actualmente se desconoce el paradero del representante del REP en Minsk, Igor Komlik.
Las redadas constituyen un nuevo ejemplo de las represiones brutales por parte de las autoridades contra las organizaciones de la sociedad civil, que han estado luchando contra las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad tras las elecciones presidenciales fraudulentas de agosto del año pasado.
Según la agencia de seguridad del estado, el Comité de Investigación de Bielorrusia, las búsquedas e interrogatorios masivos tienen como objetivo “determinar las circunstancias de la financiación de las actividades de protesta” y se llevaron a cabo como parte de un proceso penal en virtud del artículo 342 del Código Penal sobre la “organización y preparación de acciones que vulneren gravemente el orden público”.
Sin embargo, IndustriALL Global Union cree que Bielorrusia debe entender que sus intentos de intimidación no desanimarán a otros de llevar a cabo actividades legítimas para la defensa de los derechos humanos. La comunidad internacional seguirá apoyando al pueblo, los trabajadores y los sindicatos de Bielorrusia en su lucha por la democracia y los derechos humanos, así como oponiéndose a la represión de la sociedad civil.
El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, expresó:
“Este escandaloso ataque contra los activistas sindicales independientes y defensores de los derechos humanos es claramente un intento del Estado de destruir las organizaciones de la sociedad civil del condado, que han estado luchando por los derechos humanos y laborales fundamentales en duras condiciones antidemocráticas”.
“IndustriALL condena enérgicamente estas brutales redadas realizadas bajo falsos pretextos y pide la liberación inmediata de todos los que han sido detenidos y encarcelados por el ejercicio pacífico de sus derechos”.
Somalia ratifica el C190 y otros seis convenios de la OIT
La Federación de Sindicatos de Somalia (FESTU) afirma que la ratificación beneficiará a los trabajadores durante la pandemia de COVID-19 en curso y ayudará a lograr una “recuperación social y económica resiliente”. El Sindicato de Trabajadores del Petróleo y el Gas de Somalia (SUPEGW), que está afiliado a IndustriALL y también pertenece a la FESTU, participó en la campaña de ratificación.
El secretario general de la FESTU, Omar Faruk Osman, expresó:
“Promovimos estas ratificaciones siguiendo los principios de tripartismo, diálogo social y relaciones laborales armoniosas de la OIT, y nos reunimos con el primer ministro, Mohamed Hussein Roble, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Cámara de Comercio e Industria de Somalia. Al ratificar estos marcos reconocidos internacionalmente, que establecen garantías jurídicas para los trabajadores, el gobierno somalí ahora está obligado a asegurar que las leyes y políticas nacionales del país estén alineadas con las normas y prácticas internacionales”.
La FESTU afirma que el C190 (Convenio sobre la violencia y el acoso) promoverá la igualdad de género en el lugar de trabajo y ayudará a poner fin a la violencia sexual y de género que está afectando negativamente a las mujeres en el mundo laboral. El convenio también ayudará a los sindicatos en sus campañas para la presentación de un proyecto de ley sobre delitos sexuales en el Parlamento federal.
El Convenio 144 sobre la consulta tripartita promoverá mejores relaciones laborales y mejorará el vínculo de las partes interesadas con el gobierno, los empleadores y los sindicatos.
Además, los Convenios 187 y C155 sobre salud y seguridad protegen los derechos de los trabajadores y ayudarán a poner fin a las condiciones de trabajo inseguras que han lesionado a muchas personas, así como mejorarán su bienestar.
Según la FESTU, el Convenio 97 sobre la migración por motivos de empleo, el C143 sobre los trabajadores migrantes y el C181 sobre las agencias de empleo privadas buscan tratar el abuso y la explotación que enfrentan los trabajadores migrantes somalíes en el extranjero al proporcionar protección legal. Un informe de la OIT afirma que la mayoría de los trabajadores migrantes somalíes están empleados como trabajadores informales y domésticos en la región de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, compuesta por Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Sudán del Sur, Sudán y Uganda, a la que también pertenece Somalia, y el Medio Oriente, especialmente Yemen. Los sindicatos sostienen que los convenios sientan una base sobre la cual el país puede construir una política de migración de trabajo nacional.
El Parlamento federal del país aprobó la ratificación el 26 de diciembre de 2020 y desde entonces se han presentado los documentos a la OIT. Los sindicatos atribuyen el éxito de la campaña a la buena voluntad de los interlocutores en el diálogo social para trabajar juntos y garantizar que el país se adhiera a las normas de trabajo internacionales.
Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, declaró:
“Es digno de admiración que la FESTU haya hecho campaña con éxito para la ratificación de múltiples convenios, un logro estratégico en el sentido de que proporciona instrumentos más amplios para abordar diversos problemas que afectan a los trabajadores. Seguimos exhortando a los sindicatos a que impulsen vigorosamente la campaña por la ratificación del C190 y la aprobación de la recomendación 206 como estrategia para poner fin a la violencia contra las mujeres en el trabajo”.
La ley obligará a las empresas con sede en Alemania a garantizar que se respeten los derechos humanos y las normas ambientales afines en todos los niveles de la cadena de suministro. Se espera que esta ley entre en vigor a principios de 2023 y que inicialmente cubra a las empresas con más de 3000 empleados. A partir de 2024, se prevé que abarque a las empresas con más de 1000 trabajadores.
Los subcontratistas de otros países tendrán que cumplir las mismas normas, aunque los proveedores indirectos sólo serán examinados si se plantean problemas. Esto haría que las empresas alemanas sean responsables de los abusos que se producen en sus cadenas de suministro. Si no remedian estas infracciones, los sindicatos y las ONG podrían llevar a las empresas a juicio en Alemania en nombre de las víctimas.
“La ley de la cadena de suministro debe fortalecer la libertad de asociación local y tomar medidas contra la represión sindical. Necesitamos sindicatos fuertes en los países involucrados a lo largo de las cadenas de suministro. Junto con los trabajadores, los sindicatos pueden detectar abusos y penar las infracciones para proteger los derechos de los trabajadores”,
expresó Wolfgang Lemb, miembro del comité ejecutivo de IG Metall, un sindicato afiliado a IndustriALL.
Las empresas podrán limitar su responsabilidad si implementan normas industriales aprobadas por el gobierno, llamadas disposiciones de “Puerto seguro” (Safe Harbour). Los sindicatos alemanes sostienen que un requisito mínimo para la condición de Puerto seguro sería que la empresa firme un acuerdo marco global (AMG) con la federación sindical pertinente. Esto proporcionaría otro mecanismo para dirimir cualquier reclamo, así como determinar las consecuencias negativas para las empresas, tales como Volkswagen, que violen los términos de los AMG.
A nivel mundial, existe una tendencia creciente a la creación de leyes en materia de debida diligencia. En 2017, Francia se convirtió en el primer país en aprobar una ley nacional basada en los principios rectores de las Naciones Unidas. Los Países Bajos adoptaron una ley sobre el trabajo infantil en 2019, y el Reino Unido cuenta con una Ley de esclavitud moderna. Se han aprobado leyes en Estados Unidos y Suiza, así como se están preparando otras en Hong Kong y Canadá. La organización hermana de IndustriALL Global Union, IndustriAll Europe, exige reglas de debida diligencia a nivel de la UE.
Imagen de la Iniciativa Lieferkettengesetz: “Por una moda sin víctimas: necesitamos un marco legal”.
Los sindicatos alemanes han abogado constantemente por una ley similar, uniendo fuerzas con más de 120 organizaciones miembros en la Iniciativa Lieferkettengesetz y trabajando duro para hacer campaña y ejercer presión a favor de la ley. Al destacar las falencias del enfoque voluntario, estos construyeron apoyo político a lo largo de los años, y la ley ha sido respaldada por destacados economistas. Algunas empresas, entre las que se encuentra Tchibo, que tiene un AMG con IndustriALL, también apoyan la ley.
Hoy en día, se les ha dado la razón. Las encuestas demuestran que el 75 por ciento de los ciudadanos está a favor de una ley de la cadena de suministro. Cada vez más, los políticos de todo el espectro político reconocen la necesidad de un marco jurídico para crear condiciones justas para las actividades de las empresas alemanas a nivel mundial.
La mayoría de las corporaciones multinacionales afirman que no es necesaria una legislación en materia de debida diligencia y que pueden controlar sus propias operaciones a través de códigos de conducta voluntarios. Sin embargo, los sindicatos han demostrado que esto no es cierto. Una y otra vez, han dejado en evidencia que las empresas no respetan los códigos voluntarios cuando esto no les beneficia a nivel económico.
Michael Vassiliadis
El presidente de IG BCE, afiliado a IndustriALL, Michael Vassiliadis, expresó:
“Las multinacionales han tenido mucho tiempo para demostrar que pueden resolver estos desafíos a través de un proceso voluntario, pero han fracasado. Ahora tienen que aceptar la consecuencia lógica: una ley”.
Alemania está gobernada por una gran coalición formada por la CDU/CSU, de centroderecha, y el SPD, de centroizquierda. El SPD ha apoyado constantemente la ley, pero incluso los políticos conservadores se han sumado a la causa. El ministro de la CSU a cargo del BMZ, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, que es responsable de la asistencia y el desarrollo en el extranjero, se unió al ministro de Trabajo del SPD en una declaración a favor de la legislación.
Jörg Hofmann
Jörg Hofmann, el presidente de IG Metall e IndustriALL Global Union, declaró:
“¡El gobierno federal alemán ha logrado un acuerdo! Los esfuerzos del ministro de Trabajo, Hubertus Heil, y del ministro de Desarrollo, Gerd Müller, han dado lugar a este avance. IG Metall celebra el acuerdo sobre una ley de debida diligencia. Después de una larga y dura lucha, esta es una señal positiva”.
“Sin embargo, existe un lado negativo: la ley tardará demasiado en entrar en vigor. Instamos a los empleadores a cumplir de antemano con los estándares establecidos por la ley. A mediano plazo, se debe evaluar si las evaluaciones de los proveedores indirectos dentro de la cadena de valor basadas en ocasiones puntuales resultan suficientes”.
Los sindicatos de Bahréin exigen el pago del aumento salarial anual
La GFBTU, afiliada a IndustriALL, pide que se entable un diálogo social genuino con los sindicatos para mejorar la situación de los trabajadores y la seguridad del proceso de producción.
En un comunicado emitido el 1 de febrero de 2021, la GFBTU expresó que las empresas han experimentado un aumento en las ganancias y una expansión de la actividad, lo que hace que la decisión de congelar los salarios sea extraña, especialmente porque se ha reconocido la importancia del esfuerzo de la población para alcanzar estos beneficios. Las empresas suelen pagar un aumento promedio del tres por ciento vinculado a un desempeño laboral satisfactorio. Sin embargo, este año no se pagaron los aumentos.
En su comunicado, la GFBTU afirmó que esta es la primera vez que no se otorga el aumento salarial anual a los trabajadores del sector privado, lo que contrasta con sus colegas del sector público, que han gozado de este ajuste. Debido a que los aportes a la seguridad social están vinculados a los niveles salariales, no pagar el aumento anual priva a miles de trabajadores y pensionistas de la capacidad de mantenerse al día con la inflación, lo que afecta directa e indirectamente a diferentes segmentos de la sociedad.
La GFBTU cree que la magnitud del aumento es pequeña en comparación con las ganancias que han recibido las empresas. No otorgarlo tendrá un impacto desproporcionadamente negativo en la situación financiera y el poder adquisitivo de los trabajadores, reducirá la clase media y aumentará la pobreza.
La organización sindical señaló que el aumento anual, la escala salarial y el sistema de ascensos forman parte de un sistema integrado dentro de las plantas de producción, por lo que la falta de pago de los aumentos pone en riesgo la integridad de todo el sistema.
La GFBTU presentó un plan global para el mercado de trabajo y los fondos de seguridad social que aseguraría la continuación del aumento salarial anual para todos los trabajadores y pensionistas, así como el empleo para los desempleados, para así garantizar simultáneamente la sostenibilidad de los fondos de seguridad social y el logro de un desarrollo sostenible.
A su vez, esta organización destacó el papel de los trabajadores y pensionistas a la hora de ayudar a las empresas e instituciones a superar la crisis económica, y demostró que su lealtad y dedicación, así como lo aportado al fondo de seguros contra las perturbaciones, contribuyeron a duplicar las ganancias. Deben ser recompensados y no privados de su aumento salarial anual.
El secretario general de la GFBTU, Abdulqader Al-Shehabi, declaró:
“Este problema involucra a las empresas clave en diversos sectores, que incluyen el metalúrgico y del petróleo y el gas. El aumento anual de los salarios compensaría el incremento continuo de los precios y la inflación. Privar a los trabajadores de esto aumentaría la pobreza, debilitaría su poder adquisitivo y afectaría negativamente la inversión”.
El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, expresó:
“Este problema afecta el nivel de vida de los trabajadores y los pensionistas. Exhortamos a las respectivas empresas a entablar un diálogo social con la GFBTU y discutir este tema de buena fe para encontrar soluciones”.
El acuerdo estableció que la minera pagará un monto de indemnización por el crimen de Brumadinho de $ 37,68 mil millones de reales. Durante la audiencia de conciliación el 4 de febrero, los afectados protestaron por no permitirles participar y por cerrar el acuerdo sin ningún tipo de información a la sociedad.
Las comunidades afectadas por el crimen de Vale en Brumadinho también presentaron una demanda al Tribunal Supremo Federal (STF) el 10 de febrero, donde pidieron la cancelación de la aprobación del acuerdo de reparación firmado entre la empresa minera y el gobierno de Minas Gerais.
Reclaman el derecho de las personas afectadas a participar directamente y en igualdad de condiciones en las negociaciones. Destacan que el acuerdo alcanzado no cumple su principal fin, que es garantizar la reparación económica, social y ambiental de los daños morales colectivos y económicos ocasionados por la rotura de la represa Vale, mina Córrego do Feijão.
Si bien el gobernador de Minas Gerais Romeu, Zema aseguró que “todas las partes involucradas participaron y fueron escuchadas”, los propulsores de la demanda aseguran que el acuerdo se construyó desde octubre de 2020 sin la participación de los afectados, representantes, ni comisiones en la mesa de negociación.
Además, explican que, mientras el Estado recibirá casi 27 mil millones, los afectados recibirán 9 mil millones, una diferencia que consideran absurda. Del mismo modo, dicen que el dinero previsto para el pago de ayudas e ingresos de emergencia a los afectados no es suficiente para incluir a todas las comunidades, lo cual excluye a 20.000 personas.
De este modo, refuerzan que es claro que los afectados no se ven beneficiados por el acuerdo y que los únicos beneficiados son el gobierno y Vale. Desde que comenzaron a publicar las noticias sobre el acuerdo, el valor de mercado de las acciones de Vale aumentaron y de este modo sus ganancias.
El documento cuenta con el respaldo del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), del Movimiento por la Soberanía Popular en Minería (MAM), y está suscrito por la Asociación Nacional de Afectados por Represas (ANAB), el Centro de Alternativas Socioeconómicas del Cerrado. (CASEC), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido de los Trabajadores (PT).
Por su parte, el MAB señaló que la Comisión Externa de la Cámara (la cual investiga la negociación del acuerdo de Brumadinho) tampoco tuvo acceso a los términos del acuerdo para analizar el contenido final. La Comisión mantuvo recientemente una reunión con todos los afectados y programará una audiencia pública con los afectados y representantes del gobierno de Minas Gerais, el TJMG, el Ministerio Público, la Defensoría Pública.
Finalmente, el secretario general adjunto de IndustriALL Global Union, Kemal Özkan, expresó:
“IndustriALL Global Union está indignada y enojada porque continúa la injusticia contra las víctimas de Brumadinho. Ningún dinero puede compensar el dolor que todos sentimos con este crimen. Manifestamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas: continuaremos hasta que llegue la justicia.”
Con informaciones del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)
