La reunión fue convocada por IndustriALL Global Union, la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) y la Federación Europea de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (FETCM), y fue una continuación del trabajo iniciado en la conferencia de Dublín de 2019, en la que se formó la red de representantes y activistas sindicales.
Los participantes intercambiaron sus puntos de vista con respecto a los desafíos que enfrentan sus sindicatos y trabajadores de cara a la pandemia de COVID-19, la subcontratación, la salud y seguridad laboral, el cambio climático, la necesidad de una transición justa y el estado del diálogo social en las empresas de CRH.

Ambet Yuson, secretario general de la ICM
Al abrir la reunión, Ambet Yuson, el secretario general de la ICM, dio la bienvenida a los delegados sindicales de CRH y expresó:
“En los últimos cinco a diez años, CRH se ha convertido en un actor importante en la industria del cemento. La empresa estableció nuevas actividades en los países del Sur Global. Los trabajadores tenían la ilusión de que la llegada de CRH fuera para mejor, y esperaban inversión, modernización y desarrollo. Lamentablemente, hemos sido testigos de lo contrario. La violación del convenio colectivo en Ucrania, la introducción de turnos dobles en Brasil en tiempos de COVID-19 y la contractualización excesiva en Filipinas son ejemplos del incumplimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos y de los compromisos asumidos por la empresa bajo las directrices de la OCDE. Tenemos que unir fuerzas y luchar contra esta injusticia”.
Los delegados de la conferencia debatieron sobre el estado actual de las negociaciones orientadas a la conclusión de un nuevo convenio para el comité de empresa europeo de CRH, así como también expresaron su apoyo hacia los esfuerzos a nivel europeo.

Tom Deleu, secretario general de la FETCM
Tom Deleu, el secretario general de la FETCM, declaró:
“En CRH tenemos bastante trabajo por delante. A nivel europeo, contamos con un marco legislativo claro acerca del diálogo social dentro de las empresas multinacionales. CRH tiene un convenio voluntario, pero creemos que es deficiente. En los últimos años, se ha convertido en un actor global y ahora debe comprometerse con los sindicatos a nivel local, europeo y mundial. Nuestro objetivo es mejorar el diálogo de conformidad con las normas vinculantes de la directiva europea, y no aceptaremos nada menos”.
Los delegados debatieron acerca de un plan de acción detallado y centrado en recabar información sobre la situación en la empresa con respecto a la presencia sindical, la digitalización y la respuesta empresarial al cambio climático, entre otros aspectos. Además de establecer y afianzar el diálogo social con la empresa, los delegados también decidieron ponerse en contacto con las partes interesadas de la empresa e interactuar con ellas en cuanto a las cuestiones cruciales.
Los participantes también decidieron preparar una declaración conjunta que, después de consultar con los delegados, se compartirá con la empresa y se publicará aquí.

Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL
Kemal Özkan, el secretario general adjunto de IndustriALL, felicitó a los participantes por el éxito de la conferencia y expresó:
“Es la segunda reunión mundial centrada en los problemas del diálogo social en CRH. Nosotros les tendemos la mano en busca de un diálogo transparente y, mientras esto sea recíproco, estaremos encantados de cooperar. No obstante, CRH debe ser transparente sobre su cooperación con nosotros, y no toleraremos una actitud diferente. Si la empresa acepta nuestra oferta, haremos todo lo posible para construir nuestra relación sobre la base del respeto mutuo. Si no, tenemos otros métodos a disposición y la experiencia suficiente para llevar a cabo campañas si es necesario”.
Durante el encuentro dialogaron sobre el panorama de la empresa a nivel global y regional. Destacaron que General Motors se encuentra en un proceso de reestructuración a nivel global y que sus inversiones apuntan a la electro movilidad y a nuevas soluciones de movilidad, vehículos autónomos incluidos.
En lo que respecta a la empresa en la región, los dirigentes sindicales de Colombia explicaron que el sindicato denuncia desde 2019 que Colmotores (subsidiaria de General Motors) emplea prácticas anti-sindicales hacia los afiliados de Sintragmcol.
Señalaron que estas prácticas se profundizaron en 2020 con la pandemia, ya que la empresa le suspendió los contratos a los trabajadores sindicalizados y les pagó un 60 por ciento del salario. Temen que la suspensión de contratos aumente, ya que la compañía anunció que para el 2022 prevé una parada técnica de 8 meses para fabricar nuevos modelos.
En tanto, los trabajadores de México explicaron que General Motors despidió a 18 trabajadores en 2019 por exigir libertad sindical. Además, comentaron que actualmente se encuentran en lucha por un contrato colectivo de trabajo (CCT) que no sea de protección patronal.
Anunciaron que la secretaría del trabajo estableció que deben realizar una nueva votación para tratar de legitimar un nuevo CCT a más tardar el 20 de agosto, luego de anular la votación de abril por detectar irregularidades.
Israel Cervantes de la agrupación “Generando Movimiento” de México dijo que el sindicato “Miguel Trujillo Lopez” (afiliado a la CTM) intenta presionar para que los trabajadores voten afirmativamente para mantener el actual CCT de protección patronal:
“El sindicato hace cursos para que los trabajadores voten por el “si”, les promete rifas, dinero en efectivo, amenaza con que General Motors se va a ir en caso de que voten por el “no” y les dice que perderán los beneficios que tienen.
Además, la CTM presentó un amparo frente a la secretaría del trabajo para evitar que vayan observadores internacionales a la votación, porque quiere seguir con el hostigamiento laboral hacia los trabajadores.”
Por su parte, los trabajadores de Brasil expresaron una preocupación por las políticas de desindustrialización que está llevando adelante el gobierno de Jair Bolsonaro, que provoca el cierre de plantas automotrices, pérdidas de fabricación de modelos y bajas en las ventas. A pesar de este panorama adverso, los trabajadores de los sindicatos que organizan las plantas de GM en el país, mencionaron que están consiguiendo, con mucho esfuerzo, renovar todas las cláusulas de los acuerdos colectivos.
A diferencia de estos países, los trabajadores de Argentina manifestaron tener buenas perspectivas. Explicaron que luego de las suspensiones rotativas que se implementaron desde 2018 para evitar el despido de 400 trabajadores, lograron que todos tengan un puesto fijo en planta. Además, la empresa dijo que sumará a la producción de la planta un nuevo modelo SUV además del Cruze que se fabrica actualmente.
Finalmente, acordaron como Red sindical de General Motors para América Latina que desarrollarán acciones para brindar apoyo y solidaridad a los trabajadores de Colombia y México, y exigir que la empresa respete el derecho a la libertad sindical en todos los lugares donde tiene fábricas:
El secretario regional de IndustriALL, Marino Vani concluyó:
“General Motors en Colombia destruye la autonomía sindical y contrata a tercerizados para substituir a los trabajadores sindicalizados. En México, respalda un contrato de protección y un sindicato que no protege a los trabajadores.
Apoyamos la construcción de sindicatos independientes, y exigimos que los trabajadores de General Motors puedan decidir qué sindicatos los representan.“
Los 300 trabajadores sostuvieron pancartas con mensajes como “¿Dónde está nuestro dueño?” y “No huiré como su dueño anterior”. Los empleados exigen que la empresa de lencería liquide inmediatamente los pagos de conformidad con la ley tailandesa.
El 10 de marzo, la fábrica cerró sin previo aviso y 1388 trabajadores fueron despedidos. Los salarios, las horas extra, las vacaciones y las indemnizaciones por despido siguen pendientes de pago. BAT ofreció devolver el monto adeudado durante un período de 10 años, algo que los trabajadores rechazaron.
El 23 de marzo, la Oficina Provincial de Protección y Bienestar Laboral de Samut Prakarn dictaminó que la empresa violó varias disposiciones de la Ley de protección laboral y debe pagar THB 242.689.862,71 (US$ 7,61 millones) a 1237 denunciantes. De no hacerlo después de 30 días, se cobrará un interés moratorio del 15 por ciento anual.

En correos electrónicos intercambiados entre IndustriALL Global Union y Clover Group, la empresa matriz de Brilliant Alliance Global Ltd. con sede en Hong Kong, esta última afirmó que había presentado una propuesta a Sindicato de Triumph International de Tailandia y que estaba en proceso de presentar un aviso de quiebra. Según el sindicato, la propuesta de pago a 10 años es inaceptable.
Prasit Prasopsuk, presidente de la Confederación del Trabajo Industrial de Tailandia (CILT), expresó:
“Es extremadamente decepcionante que la empresa haya violado las leyes laborales básicas e ignorado la orden del inspector de trabajo. La empresa afirmó haber negociado con el sindicato, cuando en realidad le pidió unilateralmente que aceptara pagos a plazos durante un período de hasta 10 años”.
“Esto solo beneficia a la empresa. No podemos aceptar la oferta, y le exigimos que cumpla con la orden del inspector de trabajo al pagarles a los empleados lo más rápido posible”.
La secretaria regional de IndustriALL para el sudeste asiático, Annie Adviento, declaró:
“Pedimos a la empresa que pague a los trabajadores de forma inmediata y completa, de conformidad con la orden de la Oficina Provincial de Trabajo. Victoria’s Secret, cliente de Clover Group, debe intervenir en el conflicto para proteger los derechos de los trabajadores”.
Los trabajadores de la mayor empresa energética de América Latina, Electrobras (que son parte del Colectivo Nacional dos Eletricitários, CNE) desarrollan acciones contra la medida provisoria MP 1031. El sindicato dice que la medida recientemente aprobada en el Senado permite el saqueo de bienes públicos y traerá un aumento extraordinario en la tarifa de luz.
La primera acción que desarrollaron fue una huelga de 72 horas, el 15 de junio. Posteriormente, el 22 de junio, presentaron una denuncia ante un equipo de técnicos del Tribunal Federal de Cuentas (TCU), donde señalaron que la MP 1.031 es inconstitucional porque viola diez artículos de la Constitución Federal.
En el texto de la denuncia cuestionan la falta de transparencia en el proceso, y explican que la propuesta atenta contra la soberanía y la ciudadanía. Además, mencionan que atenta contra el principio de crear una sociedad justa y garantizar el desarrollo, contra el Interés Nacional, las inversiones de capital extranjero, reinversión y regulación de la remisión de utilidades y contra la seguridad nacional.
Los trabajadores dijeron que diversos líderes de la oposición al gobierno de Jair Bolsonaro también planean presentar acciones directas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo (STF) esta semana para cuestionar la propuesta.
La MP 1031 se tramitó en el Congreso Nacional sin audiencia. Los electricistas acusan al gobierno de no haber discutido con la sociedad brasileña y con los trabajadores de Eletrobrás los riesgos que una iniciativa como esta puede traer a los brasileños.
Los trabajadores afirman que la MP1031 traerá un aumento del 25% en la tarifa de energía. Creen que sería algo absurdo teniendo en cuenta que Brasil atraviesa la mayor crisis sanitaria, social y económica de su historia por Covid-19. Aseguran que los impactos, las consecuencias económicas y sociales de la privatización de Eletrobrás deben ser discutidas por la sociedad brasileña, responsablemente y basado en estudios serios.
Rechazan la privatización porque consideran que no hay desarrollo sin soberanía energética, sin poner esta energía al servicio del país y no al servicio de banqueros y especuladores internacionales. Señalan que el gobierno podría ceder una de las empresas más rentables de Brasil y entregarla al capital extranjero. Además, el gobierno renunciaría a décadas de investigación y producción tecnológica que podrían colocar a Brasil a la vanguardia de la transición energética.
Por su parte, el secretario regional de IndustriALL Global Union, Marino Vani, expresó:
“La soberanía energética es la base para el desarrollo. Si la empresa Eletrobrás no fuera rentable, no sería vendida y ni tendría especuladores queriendo comprarla. Los pobres, los trabajadores y las pequeñas empresas son quienes van pagar las consecuencias de esta especulación financiera.
Lo que pasa en Brasil es el mundo al revés. Necesitamos organizar a los trabajadores para superar este gobierno fraudulento y aberrante, que le entrega el país a los especuladores internacionales. Si este gobierno no se va, habrá un apagón energético, más pobreza, muertes y un país a merced de las trasnacionales.”
El Sindicato dos Papeleiros de Mogi das Cruzes (el cual forma parte de la CNQ/CUT, a su vez afiliada a IndustriALL Global Union) desarrolló una serie de movilizaciones para resistir la intención de la empresa de empeorar sus condiciones de trabajo.
Luego de una campaña en redes sociales y de acciones en la puerta de la fábrica, alcanzaron un acuerdo con la empresa que mantiene sus beneficios. El 15 de junio el sindicato aprobó el acuerdo en una asamblea virtual.
Entre otros puntos, estableció:
La compañía del sector del papel y celulosa informó su intención de modificar el acuerdo que tenía con el sindicato el 17 de mayo. La organización sindical aseguraba que la propuesta de cambios no era acorde a la realidad económica de la empresa y que retiraba derechos a los trabajadores.
Exigían un acuerdo justo, que los valorase. El sindicato también denunciaba que la empresa especializada en la producción de eucalipto buscaba reducir la validez del acuerdo de dos años a uno.
El presidente del sindicato, Marcio Bob Cruz, explicó:
“La propuesta original era muy ruin, retiraba derechos, significaba un retroceso en la historia de lucha y conquista del sindicato. Suzano no necesitaba hacer eso porque es una empresa gigante.
Nuestra lucha ganó apoyo nacional e internacional y la unidad de los trabajadores fue decisiva para que la empresa reculara. Sabemos que es difícil recuperar un derecho perdido en la mesa de negociación. Por eso, cada uno tuvo un papel central en esta victoria.”
El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, concluyó:
“Las acciones y resistencia del Sindicato dos Papeleiros de Mogi das Cruzes son una inspiración para todos los trabajadores de la industria de la celulosa y el papel, no solo en Mogi o Brasil, sino en todo el mundo.
Su victoria les dice a todos los trabajadores, así como a los patrones, que cuando se mantienen firmes y juntos, tienen el poder de refutar los intentos de la dirección de faltarles el respeto a los trabajadores.”
Más de 750 mil personas participaron en las movilizaciones del 18 y 19 de junio para responsabilizar a Bolsonaro por las más de 500.000 muertes de brasileños durante la pandemia del coronavirus, según datos oficiales del Ministerio de salud. El país tiene el 2,8% de la población del planeta y hasta el momento contabiliza un 30% de las muertes por la coronavirus del mundo. Con banderas con la frase “Fora Bolsonaro” (fuera Bolsonaro) lo culparon por el hambre, la pobreza y la falta de inversión tanto en el sistema de salud como en la generación de empleo.
Las manifestaciones ocurrieron al mismo tiempo que se desarrolla en el Senado una investigación sobre la conducción de la pandemia por el gobierno. Algunas de las declaraciones afirmaron que el Gobierno dejó de negociar y adquirir vacunas en 2020 e ignoró correos electrónicos de las farmacéuticas. Señalaron que perdió tiempo al fomentar la adopción de remedios ineficaces contra el Covid-19 (como la cloroquina), además de no incentivar el uso de tapabocas o el confinamiento.
Los actos se efectuaron en 427 ciudades de Brasil y en 17 países en el extranjero. Algunas de las movilizaciones más concurridas fueron en Río de Janeiro, donde el acto reunió alrededor de 70 mil personas, y en Porto Alegre donde sumaron más de 50 mil participantes. En Washington, Estados Unidos un grupo de brasileños y estadounidenses pidió la salida del “genocida Bolsonaro” frente a la Casa Blanca, residencia oficial del presidente Joe Biden.
Aseguran que el presidente implementó una política irresponsable y negligente que le negó al pueblo brasileño el derecho a tener la vacuna a tiempo para salvar vidas. Señalan que también les negó una ayuda de emergencia digna que le permitiera a las personas quedarse en su casa y protegerse del contagio del virus.
La situación es realmente crítica en el país. Según cifras del Instituto brasilero de geografía y estadística (IBGE), hay un desempleo record de 14,8 millones de personas, 34 millones en la informalidad, un aumento de la inflación en los últimos 12 meses que alcanzó el 8,09% y un aumento de los precios de los artículos esenciales de la canasta básica que repercuten en el hambre de la población.
Además, afirman que, en lugar de impulsar una política de desarrollo para que el país salga de la crisis, el gobierno impulsa reformas laborales que le quitan derechos a la clase trabajadora, busca privatizar servicios públicos y vender empresas estatales como Eletrobrás. Las centrales sindicales afirmaron que convocarán a nuevas acciones para el 24 de julio a fin de persistir unidos en la lucha contra Bolsonaro.
Por su parte, el secretario regional de IndustriALL Global Union, Marino Vani, expresó:
“Nos solidarizamos con el pueblo de Brasil. Felicitamos a quienes luchan para reconstruir la democracia, la soberanía jurídica y económica del país. Este es el camino y no podemos bajar los brazos; necesitamos organizar a los trabajadores para superar esta aberración, este gobierno fraude, entreguista y miliciano. Si no se va, habrán más pobres, muertos y el país quedará a merced de las trasnacionales.
Seguiremos apoyando la construcción de IndustriALL Brasil, para tener un gobierno de los trabajadores, construir propuestas y recuperar los derechos que fueron saqueados. Necesitamos reindustrializar el país, apoyar la demanda interna, y contar con políticas sociales para fomentar la generación de empleo y renta. “
La COVID y la protección social fueron algunos de los temas de discusión principales durante la CIT, que se llevó a cabo en línea este año. Como respuesta al impacto de esta enfermedad, más de un año después de su brote inicial, se aprobó un enérgico llamamiento a la acción sobre la pandemia. El Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas fue adoptado de forma unánime por representantes del gobierno, empleadores y sindicatos y aceleró la implementación de la Declaración del centenario de la OIT.
Como foro tripartito único, la CIT está compuesta por representantes de empresas, gobiernos y sindicatos de los Estados miembros de la OIT. La Comisión de Aplicación de Normas (CAN) de la CIT fue escenario de debates profundos y a veces difíciles sobre los 19 casos individuales de violaciones de los convenios de la OIT, pero logró adoptar conclusiones para todos los casos.
IndustriALL y sus afiliados participaron activamente en las comisiones de la CIT y en el Comité de Aplicación de Normas para denunciar la falta de respeto de los derechos de los trabajadores en diferentes países.
Junto con las demás federaciones sindicales y sus afiliados, IndustriALL tomó la palabra para denunciar las violaciones más graves del Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación en Bielorrusia, Etiopía, Camboya, Colombia y Kazajistán, así como del Convenio 98 de la OIT en Rumania.
En cuanto a Bielorrusia, la CAN emitió el conjunto de conclusiones más firmes, según las cuales las continuas violaciones de los derechos de los trabajadores en materia de libertad sindical en este país deben ser consideradas en un párrafo especial. Esta es la medida más enérgica posible tomada por la CAN con respecto a un país que viola sistemáticamente los convenios de la OIT.
IndustriALL, como parte del Consejo Global Unions, cuestionó la legitimidad de la junta de Myanmar en todo el sistema de las Naciones Unidas. La CIT adoptó una resolución de emergencia sobre Myanmar, en la que instó al régimen militar a poner fin a las violaciones de los derechos humanos, respetar el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y poner fin a la violencia y a los arrestos y detenciones arbitrarios.
“Ante una crisis sin precedentes, debemos reconocer que la recuperación de la última crisis mundial, si bien ha generado riqueza, no ha resultado en una distribución equitativa y ha profundizado la desigualdad. La OIT es un modelo de tripartismo, donde gobiernos, empleadores y trabajadores buscan acuerdos para mejorar el mundo del trabajo. Una recuperación mundial justa solo se logrará mediante la garantía efectiva de los convenios fundamentales establecidos por este organismo, especialmente al asegurar la libertad sindical y la negociación colectiva”,
expresó el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches.
Tamara Kabowa, que fue acosada sexualmente por su supervisor general, Joaquim Carvalho, demandó con éxito a su empleador, Mota Engil Engenharia Construcao Africa, por daños y perjuicios. Según lo informado al tribunal, Carvalho había acariciado a Kabowa a la fuerza e intentado desnudarla usando una “navaja para romper sus pantalones”. Carvalho renunció y abandonó Malawi antes de que el caso se presentara en tribunales.
El tribunal dictaminó que Kabowa debía ser indemnizada por su empleador, Mota Engil, la parte demandada en el caso, por “daños y perjuicios agravados y ejemplares por el daño a su dignidad como mujer y el trauma emocional y psicológico, entre otros, derivado de la negligencia de la demandada para frenar el abuso sexual a manos de uno de sus empleados, que era su superior”.
Además, el tribunal dictaminó que Mota Engil “incumplió su deber como empleador en virtud del artículo 13 de la Ley de salud, seguridad y bienestar laboral de garantizar un lugar de trabajo seguro”.
Los afiliados de IndustriALL en Malawi acogen con entusiasmo el firme enfoque que los tribunales están adoptando para combatir la violencia sexual y de género, así como también están participando en campañas a favor de la ratificación del C190 en el marco del Programa de Trabajo Decente en Malawi II. Los afiliados también están llevando a cabo campañas como miembros del Congreso de Sindicatos de Malawi y con organizaciones de la sociedad civil a favor de la incorporación de la perspectiva e igualdad de género. Los afiliados de IndustriALL son el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, la Ingeniería Civil y Afines (BCCEAWU), el Sindicato de Trabajadores de la Energía Química, la Minería y Afines (CEMAWU), el Sindicato de Trabajadores del Comercio, la Industria y Afines (CIAWU), el Sindicato del Personal de Escom (ESU) y el Sindicato de Trabajadores del Sector Textil, de la Confección, el Cuero y los Servicios de Seguridad (TGLSSWU).
“Acogemos con entusiasmo los recientes fallos, en los que los tribunales están dictando sentencias y penas más firmes para los autores de violencia sexual y de género en el trabajo”,
expresó William Mnyamula, secretario general del ESU.
Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, declaró:
“Felicitamos a las mujeres que están combatiendo el acoso sexual en el lugar de trabajo. El empleador tiene el deber de proteger a las trabajadoras y garantizar su seguridad. Teniendo en cuenta que los tribunales apoyan esta causa, la ratificación del Convenio 190 por parte de Malawi se convertirá en el siguiente paso necesario”.
En África Subsahariana, Namibia y Somalia han ratificado el Convenio, mientras que otros países se encuentran en diversas etapas consultivas hacia la ratificación.
Debido a que el gobierno no reconoce a los sindicatos independientes, que se ven limitados de forma sistemática, esta huelga salvaje está siendo coordinada por comités de huelga de trabajadores. Las demandas inmediatas de la huelga son mejores salarios, seguridad social adecuada y mejores condiciones de vida. Los comités de huelga emitieron un conjunto claro de demandas salariales para cada categoría de empleo y afirmaron que el trabajo se reanudará cuando los empleadores cumplan con lo solicitado.
Esta manifestación es reflejo de una ola de huelgas de un mes de duración que tuvo lugar en los yacimientos de gas y petróleo de South Pars en agosto del año pasado, en la que participaron 10.000 trabajadores. La huelga de 2020 obligó a los empleadores a mejorar los salarios y las condiciones de vida.
El Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos y Mecánicos de Irán (UMMI), afiliado a IndustriALL Global Union, informó que la ola de huelgas actual comenzó el 19 de junio, cuando los trabajadores cesaron sus actividades y abandonaron sus lugares de trabajo en varios sitios del sur de Irán.
Estos trabajadores son empleados por medio de empresas contratistas que proporcionan mano de obra para los proyectos de desarrollo en los yacimientos de gas y petróleo. Los contratistas actúan como amortiguadores entre los trabajadores y las empresas de este sector, y tratan de controlar las demandas de los trabajadores al emplearlos en contratos renovables a corto plazo. El ciclo de turnos es de 20 días de trabajo y 10 días de descanso. Durante el período activo de 20 días, los trabajadores se alojan en dormitorios comunes cerca del lugar de trabajo. La mayoría de ellos son técnicos y obreros calificados, tales como constructores de andamios, montadores, soldadores y electricistas.
Las condiciones de los dormitorios son malas y antihigiénicas, la comida de los comedores es mediocre y los salarios son bajos. Debido a que los trabajadores son contratados a través de intermediarios, no pueden negociar mejores condiciones directamente con las empresas de gas y petróleo. Los contratistas establecen los salarios y las condiciones.
Además, estas empresas también suelen pagar menos aportes a la seguridad social de las que corresponden al clasificar erróneamente a los trabajadores, lo que afecta sus pensiones y seguros por desempleo y enfermedad.
La huelga se ha extendido por todo el país. Actualmente, miles de trabajadores en 22 refinerías y proyectos en los centros de gas y petróleo, incluidos Jahan Pars, Gachsaran Petrochemicals, Tehran Refinery y Abadan Refinery, están en huelga, lo que ha obligado a varios proyectos a suspender sus operaciones.
Se espera que la huelga se extienda a medida que terminen los ciclos de turnos de 20 días de los trabajadores y estos reciban su paga. Los empleados directos de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) se unirán a la huelga y organizarán manifestaciones a nivel nacional el 30 de junio.
En un comunicado publicado en su sitio web, el UMMI se dirigió a los trabajadores del sector:
“Nuestras manos aprietan los tornillos y los tubos se sueldan con nuestro sudor. Ningún proyecto puede continuar sin nuestro trabajo de montaje, soldadura o andamiaje. Confíen en su poder y quédense en casa, ¡veamos si los andamios se construyen solos!”
Las sanciones de Estados Unidos han detenido la mayoría de las exportaciones de gas y petróleo de Irán. La moneda nacional se ha depreciado y la inflación alimentaria es extremadamente alta. Antes de iniciar la huelga, los trabajadores protestaron frente al parlamento en Teherán y en Ahvaz, la capital de la provincia productora de petróleo de Juzestán, para exigir que el ministro de Petróleo, Bijan Zanganeh, responda a sus demandas.
El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, expresó:
“Una vez más, nuestros compañeros iraníes han demostrado un enorme coraje y determinación frente a la opresión. Están tomando medidas colectivas para defenderse, mejorar sus condiciones y exigir que su patria se construya teniendo en cuenta las necesidades de la mayoría. Los saludamos y nos solidarizamos con su lucha y sus justas demandas”.