Federaciones sindicales se desvinculan de un plan de seguridad inaplicable para la seguridad de las fábricas de ropa

Esta retirada significa que IndustriALL, UNI y los sindicatos locales bangladesíes ya no serán parte del RSC y su junta directiva, lo que quita toda credibilidad al Consejo como una organización eficaz para promover la seguridad de los trabajadores. 

El RSC fue creado por el Acuerdo a través de negociaciones con la industria de la confección de Bangladesh con el fin de incluir a los propietarios de fábricas como partes interesadas, dando por entendido que un nuevo acuerdo legalmente vinculante entre sindicatos y marcas sucedería al Acuerdo.

Las federaciones sindicales no pueden aceptar el reemplazo del modelo del Acuerdo, extremadamente eficaz, por una propuesta alternativa proveniente de las marcas y derivada de los enfoques fallidos adoptados durante las décadas previas al homicidio industrial del Rana Plaza.

En los últimos meses, las marcas internacionales de indumentaria han insistido en generar un nuevo marco para el futuro. Esta propuesta descarta los elementos clave que le permitieron al Acuerdo lograr que las fábricas de ropa en Bangladesh sean seguras para los trabajadores, tales como la responsabilidad individual de las marcas y el control independiente de estas.

Las promesas vacías de las marcas de renovar el Acuerdo y las ofensivas contrapropuestas presentadas han llevado a un punto crítico en materia de seguridad de las fábricas de ropa de Bangladesh, así como también han puesto en riesgo la vida de millones de trabajadores de la confección de este país.

El secretario general de IndustriALL Global Union, Valter Sanches, declaró:

“El Acuerdo y la secretaría independiente facultada para informar sobre el desempeño de las marcas, y más recientemente fortalecida a través del acuerdo de cooperación con el RSC, han evitado con éxito la pérdida de vidas durante los últimos ocho años. El mecanismo de autocontrol propuesto por las marcas es un peligroso retroceso que socava la credibilidad del programa y tendrá consecuencias inmediatas para la seguridad de millones de trabajadores en sus cadenas de suministro”.

La secretaria general de UNI Global Union, Christy Hoffman, declaró:

“En lugar de negociar la siguiente fase de nuestro trabajo conjunto a favor de la seguridad en Bangladesh, las marcas han seguido una estrategia de ‘salida del Acuerdo’ diseñada para descartar cualquier papel significativo de los sindicatos en el futuro. No podemos ser una mera formalidad durante la creación de una asociación de marcas a nivel de industria sin contar con una responsabilidad real y una supervisión sólida. Este es un momento en el que debemos avanzar y fomentar el progreso, no retroceder”.

El modelo del Acuerdo ha sido ampliamente citado como incomparable por su éxito y su coherencia con los Principios Rectores de la ONU, las directrices de la OCDE y los principios de responsabilidad creíble en la cadena de suministro y obligaciones en materia comercial y de derechos humanos.

India: represión sindical en Novartis

IndustriALL Global Union, junto con el sindicato afiliado Unia y la organización de derechos humanos MultiWatch, ambos suizos, están uniendo fuerzas para apoyar a sus compañeros sindicalistas indios.

Desde que se formó en 1984, el Sindicato de Empleados de Novartis (NEU) de la India ha gozado de una relación saludable con la dirección.

En enero de 2017, el sindicato y la dirección firmaron un acuerdo mediante el cual ambas partes acordaron reunirse tres veces al año para resolver cualquier reclamación. Esto no solo no se cumplió, sino que la dirección intentó cambiar las condiciones de empleo de forma unilateral en lugar de utilizar el proceso de negociación colectiva establecido.

El acuerdo venció en diciembre de 2018 y el NEU presentó una nueva carta de demandas en marzo de 2019. No obstante, hasta ahora la dirección se ha negado a reunirse con el sindicato para continuar la negociación colectiva.

En su afán por desmantelar el sindicato, la dirección manipuló el sistema de evaluación para utilizarlo de forma punitiva contra sus miembros e incluso para justificar despidos ilícitos. La dirección también informó a la prensa sobre los despidos previstos antes de notificar a los trabajadores y al sindicato. De forma contraria a la postura expresada públicamente por el presidente de la junta directiva de Novartis, la dirección india utilizó la pandemia de COVID-19 como excusa para llevar a cabo despidos masivos.

Según el sindicato, se ha intentado reconstruir las relaciones y la confianza por todas las vías posibles, pero la dirección sigue ignorando los protocolos acordados e incumpliendo los acuerdos y entendimientos firmados.

En una carta firmada junto con el sindicato suizo Unia y la organización de derechos humanos Multiwatch, IndustriALL pidió al director ejecutivo de Novartis, con sede en Suiza, que intervenga y

“trabaje con la dirección en la India y le recuerde los compromisos sociales mundiales del grupo Novartis. Estas violaciones ensucian gravemente la imagen de Novartis. Sin embargo, con su compromiso, el daño puede remediarse, y nuestras organizaciones están dispuestas a colaborar en este proceso”.

La revolución de las mujeres: ¿cuál es la relación del golpe de Estado con la igualdad de género en Birmania?

“Los hombres creen que tienen un poder especial sólo por el hecho de ser hombres”, asegura a Equal Times la activista por los derechos de las mujeres en el país asiático Khin Ohmar. “Y que si una pieza de ropa de una mujer está por encima de sus cabezas, eso les hará perder su poder especial”, continúa. Los htamein se usaron así como escudos para proteger las zonas de protesta y evitar que los militares entraran.

Las mujeres han estado al frente de las protestas contra el golpe de Estado que depuso al gobierno civil liderado por la icónica Aung San Suu Kyi desde el primer momento, explica Wah Khu Shee, directora de la Karen Peace Support Network y miembro de la Karen Women’s Organization, ambas organizaciones ligadas al grupo étnico karen.

“Las primeras que salieron a las calles, que lideraron el movimiento, fueron jóvenes mujeres en Birmania”, asegura. “Fueron ellas las que empezaron a organizarlo y la gente se unió. Ahora es un movimiento nacional”, continúa.

Un 60% de los manifestantes que han salido a las calles, y entre el 70 y 80% de los líderes son mujeres, según datos facilitados por la organización local Gender Equality Network a Radio Free Asia. Muchas de ellas son enfermeras, profesoras o trabajadoras de las fábricas de textil, ya en situación muy vulnerable por la covid-19.

Muchas de esas mujeres que han salido a las calles han dado la vida para proteger la frágil democracia de Birmania, asegura Wah Khu Shee. La primera fue Mya Thwe Thwe Khine, una joven de 20 años que se convirtió en un símbolo tras su muerte el pasado 19 de febrero. Más tarde, sería Ma Kyal Sin, otra joven de 19 años asesinada a principios de marzo en una protesta en Mandalay, al norte del país, la que se convertiría en otro símbolo. Ella, y la frase que ese día rezaba en su camiseta: “everything will be OK” (todo va a ir bien).

Los militares anunciaron la toma del poder a principios de febrero, tras varios meses negándose a aceptar los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, que dieron la victoria al partido de Suu Kyi. Desde entonces, 774 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad y más de 3.738 han sido arrestadas, acusadas o condenadas, según la Asociación de Ayuda a los Prisioneros Políticos (Assistance Association for Political Prisoners).
Señales de una democracia fallida

El golpe de Estado del pasado mes de febrero es un eco del pasado. Los militares birmanos tomaron el poder por primera vez en 1962 a manos de una junta militar que controlaría el país de forma férrea durante cerca de cinco décadas. En 1990, permitieron la celebración de elecciones, después de cambiar el nombre oficial del país a Myanmar, en un intento de ganar un mayor reconocimiento internacional. Sin embargo, la victoria de la Liga Nacional para la Democracia (NLD en sus siglas en inglés), el partido opositor liderado por Suu Kyi, les llevó a anular los resultados y a incrementar la represión.

Cuando la Junta militar volvió a anunciar de nuevo una ruta hacia una “democracia disciplinada” en 2003, el proceso fue visto como un nuevo intento de lavado de imagen. En 2008 se aprobó una nueva Constitución, que reservaba importantes parcelas de poder para los militares, y en 2010 tuvieron lugar las primeras elecciones, en las que la NLD no participó en protesta por un marco electoral que impedía a Suu Kyi presentarse. Sin embargo, unas nuevas elecciones en 2015 llevaron a un traspaso de poder a un gobierno civil controlado por Suu Kyi, un paso para muchos decisivo en la transición democrática.

No obstante, en todo ese proceso, la ausencia de mujeres ha sido evidente, aseguran Gabrielle Bardall, investigadora del Centro de Estudios de Políticas Internacionales de la Universidad de Ottawa y Elin Bjarnegård, profesora asociada en Ciencia Política en el Instituto de Estudios Avanzados de los Países Bajos. Así, la nueva Constitución reservaba el 25% de los escaños para que fueran designados por el Tatmadaw —el ejército de Birmania, que solo recientemente se ha abierto a las mujeres—, además de ciertos puestos ministeriales, que sólo podían ser ocupados por militares.

Era realmente una advertencia que mostraba que esta reforma democrática no era tan profunda como se esperaba. Y aunque las mujeres no necesariamente habrían prevenido el golpe, las cosas quizá habrían ido mejor, porque hay evidencias de que la inclusión de mujeres en conversaciones de paz contribuye a una mejor construcción de la paz”,

asegura Bardall.

Ni siquiera la presencia de Suu Kyi en los principales puestos de poder —aunque la Constitución no le permitía ser presidenta del país por haber estado casada con un extranjero y tener hijos de otra nacionalidad— fue suficiente para cambiar las dinámicas de la política del país. “El ejemplo de una mujer [en el poder] no es suficiente. Se necesita a mujeres que entiendan sobre los problemas de las mujeres y que defiendan los derechos de las mujeres”, asegura Wah Khu Shee. Suu Kyi, cuyo paradero es ahora desconocido, ha sido criticada por no poner la igualdad de género como una de sus prioridades.

Dentro de los partidos políticos, tampoco se dieron cambios significativos, asegura Bjarnegård. “No he visto demasiados grandes cambios ni señales de que fuera una prioridad importante para los partidos […] reformarse”, dice, y explica que uno de los principales problemas era encontrar mujeres que quisieran dedicarse a la política. “Todas las mujeres a las que entrevistamos necesitaron el apoyo completo de su familia y su marido para entrar en política de forma profesional”, continúa, recalcando la “cultura patriarcal” como uno de los principales impedimentos. En las elecciones de noviembre de 2020, las mujeres ganaron sólo un 15% de los escaños.
Un cambio de patrón

Khin Ohmar aún recuerda lo difícil que fueron sus primeros años como activista por el hecho de ser mujer. En 1988, cuando el país se levantó contra la junta militar tras el asesinato de un estudiante por parte de la policía, ella, también estudiante, no pudo quedarse en casa. “Tuve una situación muy difícil con mi familia porque intentaron impedirme que saliera a la calle”, explica. Khin Ohmar terminó ocupando la vicepresidencia de uno de los sindicatos de estudiantes que se formaron esos años, en un momento en el que las mujeres solían ser relegadas a puestos administrativos y de finanzas. “Había algunas puertas abiertas a que las mujeres ocuparan algunos puestos de liderazgo, pero seguía siendo muy patriarcal”, continúa.

Durante las décadas siguientes, ya en el exilio, Khin Ohmar siguió ligada al movimiento prodemocracia, pero muchos seguían sin tomarse en serio la cuestión de género. “Pensaban que sólo queríamos hablar de cosas relacionadas con mujeres. Pero queríamos hablar de política, del sistema federal”, explica. “Esa es la razón por la que nuestro país está atascado. Este patriarcado está demasiado arraigado”.

Y, sin embargo, para Khin Ohmar las protestas actuales han significado un cambio en los patrones de género. “En el 88, los líderes eran hombres. En este movimiento, son las mujeres. Es emocionante”, dice. Según el informe de 2019 Feminismo en Myanmar, las reformas políticas de 2010 abrieron “un espacio para la coordinación de esfuerzos de las organizaciones de mujeres dentro y fuera del país”, en un activismo que se ha encargado no solo de “cubrir las necesidades básicas de las comunidades, sino también del proceso de reforma política”. Además, asegura el informe, las mujeres han mejorado durante los años de transición democrática sus capacidades para la movilización social y para construir redes de contactos.

Bjarnegård también percibe dinámicas diferentes. “En las protestas actuales vemos que algo está cambiando. Vemos a jóvenes, tanto hombres como mujeres. Es otra generación que en cierto modo es más liberal, que ha tenido acceso a Facebook y que ha tenido la influencia de otros países”, asegura.

Wah Khu Shee, sin embargo, teme que cuando la situación se calme, los roles de género de siempre vuelvan. “Cuando hay un conflicto y los hombres tienen miedo, las mujeres son bienvenidas. Pero cuando se vuelve a la paz, se vuelve a la discriminación de género de siempre”,

asegura.

Wah Khu Shee pone como ejemplo el proceso de paz entre el gobierno y algunas de las principales guerrillas étnicas (2011-15), en el que sólo cuatro mujeres estuvieron presentes en las delegaciones enviadas para las negociaciones (menos del 6% del total de representantes, según los datos de Bardall y Bjarnegård). Aunque guarda un pequeño resquicio de esperanza: “espero que, esta vez, podamos ver [el impacto de] las mejoras que ha habido para las mujeres en la toma de decisiones [durante el periodo democrático]”, asegura la activista, quien espera que esos cambios impidan que sean relegadas de nuevo “a la cocina” cuando lleguen los tiempos de paz. “Ha habido mejoras pero es aún muy difícil. […] Tenemos que esperar y ver”.

En esta imagen del pasado 8 de marzo, un grupo de mujeres tiende sobre hileras de cuerdas los tradicionales ‘htamein’ antes de manifestarse contra el golpe de Estado de la junta militar birmana.(STR/AFP )

Este artículo ha sido publicado en Equal Times

PERFIL: El papel protagónico de Industrial Chile Constramet en el proceso de redacción de una nueva Constitución

PERFIL

Global Worker No. 1 mayo 2021

Paìs: Chile

Organización sindical: Industrial Chile-Constramet

El 18 de octubre del 2019 hubo un aumento en las tarifas del metro de la ciudad de Santiago que desencadenó protestas históricas. El estallido social destapó años de un sentimiento de injusticia, debido a la creciente desigualdad en Chile. 

Con las protestas reclamaron un aumento al salario mínimo, demandaron cambios en la educación, y rechazaron las tarifas altas de luz, gas, el precio de la gasolina y el costo de la salud. Propusieron un cambio de la Constitución que asegure la justicia social y brinde soluciones a los profundos problemas que afectan a la sociedad.

A través de un plebiscito nacional del 25 de octubre de 2020, los chilenos y chilenas votaron a favor de que se redactara una nueva Constitución que reemplace la que rige desde la dictadura de Augusto Pinochet. Industrial Chile-Constramet participó activamente para promover que se aprobara dicho plebiscito y también para formar parte del proceso del grupo que redactará la nueva Constitución para el país. 

El texto de la nueva Constitución deberá estar pronta para abril del 2022, cuando se volverá a realizar un plebiscito ratificatorio o de salida, en el que chilenos y chilenas elegirán si aprobar o rechazar la nueva Carta Magna propuesta.

El presidente de Industrial Chile-Constramet y miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL, Horacio Fuentes, dijo:

“En 2021 tenemos el desafío de seguir luchando por las transformaciones que demanda el pueblo de Chile. Por ello, estamos jugando un rol protagónico en el proceso constituyente, que es la puerta hacia un Chile digno y justo para todos/as.”

El dirigente sindical también compartió que próximamente presentarán un documento con propuestas para “Un nuevo modelo de desarrollo para Chile”, el que será entregado a las personas que resulten electas en mayo de 2021 para redactar la nueva Constitución..

“Elaboramos un documento donde decimos que la nueva Constitución debe consagrar derechos laborales y un nuevo modelo de desarrollo. Debe ayudar a crear una industria nacional asociada a nuestros recursos naturales y que pueda lograr un mayor desarrollo industrial de Chile. La nueva Constitución tiene que cambiar el destino del país” dijo Fuentes.

Industrial Chile-Constramet se creó en 1929. Sin embargo, la organización conmemora únicamente 40 años de aniversario porque fue el 29 de diciembre de 1980 cuando recuperó su legalidad jurídica, tras revertir un decreto de la dictadura que la declaró ilegal en 1973.

La organización sindical agrupa a 8000 trabajadores de la industria manufacturera, del sector del cuero, calzado, textil, forestal, metal, plástico, minería, química y del sector de la energía, independientemente del tipo de contrato que tengan. Fuentes asegura que bajó su membresía debido a la crisis económica generada a partir de la crisis sanitaria.

Explica que uno de sus desafíos es sumar a más jóvenes y mujeres a su organización sindical. Desde el comienzo de su creación, Industrial Chile-Constramet creó una secretaría de jóvenes y otra de mujeres. Lo que hacen es formarlos e incentivarlos para que integren organismos de dirección, dándoles responsabilidades, tanto a hombres como a mujeres.

 

Sin embargo, aseguran que en el último tiempo fue difícil la incorporación de jóvenes porque les cuesta encontrar personas comprometidas con la organización sindical, que prioricen el interés colectivo sobre el individual. En el caso de las mujeres, aseguran que hoy en día un tercio de la membresía de Industrial Chile-Constramet la conforman trabajadoras. Sin embargo, su objetivo es llegar al menos a un 50%. 

Finalmente el presidente de Industrial Chile-Constramet dice:

"Tenemos el desafío de generar el tipo de organización que los trabajadores desean y no la que genera el modelo a través de la ley. Eso implica la superación del sindicato por empresa y la construcción de grandes organizaciones sindicales nacionales."

IndustriALL y Anglo American establecen un marco para el diálogo global

Anglo American reconoció a IndustriALL como interlocutor a nivel mundial y reafirmó sus compromisos con los derechos fundamentales de la OIT en el trabajo, así como también pondrá en marcha mecanismos para garantizar un control permanente del acceso real de los trabajadores a estos derechos fundamentales.

El mecanismo de diálogo global tendrá lugar al menos dos veces al año.

Entre otras cosas, el mecanismo de diálogo global posibilita:

Mark Cutifiani, el director ejecutivo de Anglo American, expresó:

“Durante el último año, se nos ha vuelto a recordar el valor de la colaboración en toda la industria minera. A medida que las economías se reabren y avanzamos hacia un futuro con menos carbono, el diálogo con nuestros empleados y sus representantes nunca ha sido tan importante. Por lo tanto, recibo con gran entusiasmo la oportunidad de continuar el diálogo que tenemos con IndustriALL y espero una mayor cooperación productiva”.

La firma de hoy fue la culminación de un proceso que comenzó en el apogeo de las crisis de materias primas, en las que los trabajadores de toda la industria minera comenzaron a perder sus empleos y las manifestaciones y huelgas se volvieron moneda corriente en las relaciones laborales. La COVID-19 trajo consigo otro período difícil para la industria minera, pero también demostró ser una oportunidad para un mayor diálogo y colaboración entre las dos partes.

El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, afirmó:

“Este memorando de entendimiento es pionero en la industria minera y proporciona canales abiertos entre nosotros y Anglo American con el fin de mejorar los procesos de resolución de conflictos. El compromiso va más allá del acceso real a los derechos fundamentales en el trabajo y se extiende a la salud y la seguridad, la gestión de la introducción de nuevas tecnologías y una Transición Justa para los mineros de carbón y las comunidades alrededor de las operaciones de Anglo American”.

Anglo American, que tiene 90.000 empleados, es el mayor fabricante mundial de platino, con alrededor del 40 por ciento de la producción del planeta, así como un importante productor de diamantes, cobre, níquel, mineral de hierro y carbón metalúrgico y térmico. 

 
 
 

Trabajadores del sector químico de Georgia obtienen mejores condiciones tras una huelga

El 27 de abril, los trabajadores se declararon en huelga en reclamo de mejoras salariales. Más de 500 empleados impidieron que el transporte entrara o saliera de la fábrica. Tres días después, todas las actividades quedaron en suspenso.

A pesar del crecimiento de los ingresos de las empresas, los salarios de los trabajadores han quedado estancados. Entre 2016 y 2020, los precios al consumidor en Georgia crecieron un promedio del 27 por ciento, mientras que los salarios de los trabajadores solo aumentaron una vez, en 2019. El salario medio mensual en la empresa ronda los 750 GEL (US$ 220), uno de los más bajos del sector.

Desde un cambio de dirección producido en 2017, las relaciones laborales en Rustavi Azot han sido tensas, especialmente después del despido de 350 trabajadores. En 2018, 56 de los empleados despedidos fueron reintegrados por orden judicial.

El personal en huelga volvió a trabajar el 3 de mayo, después de que el Sindicato de Trabajadores de la Minería, la Metalurgia y la Industria Química de Georgia (TUMMCIWG), afiliado a IndustriALL Global Union, llegara a un acuerdo con la dirección sobre un aumento salarial de 250 GEL (US$ 72) para los trabajadores que ganan menos de 1000 GEL (US$ 290) y de 125 GEL (US$ 36) para los que cobran más de 1000 GEL.

La empresa también ofreció pagar una bonificación por Semana Santa y prometió no descontar los días de huelga del salario de los trabajadores.

A su vez, la dirección aceptó negociar con representantes sindicales acerca de una remuneración anual que compense la inflación, mejores condiciones de trabajo, prestaciones sociales y un paquete de seguro médico. 

La empresa se ha comprometido a no tomar represalias contra los trabajadores que participaron en la huelga y a respetar la libertad sindical en el lugar de trabajo. Como resultado, 500 nuevos miembros se unieron al TUMMCIWG, que representará los intereses colectivos de los trabajadores en futuras negociaciones.

Tamaz Dolaberidze, presidente del TUMMCIWG, expresó:

“Agradecemos a todos los que apoyaron la huelga, incluida la Representación Mayoritaria Rustavi del Parlamento de Georgia, el Ayuntamiento y el gobierno regional de Kvemo Kartli. Esperamos que la dirección de la empresa continúe la negociación colectiva de una forma tan constructiva como al final de la huelga”.

JSC Rustavi Azot produce hasta el 1 por ciento del consumo total de nitrato de amonio del mundo.

INFORME: Sindicatos latinoamericanos buscan fortalecerse para disputar la reindustrialización de la región

INFORME

Global Worker No. 1 mayo 2021

Texto: Kim Meyer

Región:América Latina y el Caribe

Tema:  la reindustrialización de la región

Más de 150 dirigentes sindicales organizados en Macros Sectores de la industria de metales básicos, energía y movilidad de América Latina y el Caribe desarrollaron en 2020 un ciclo de seminarios temáticos y grupos de debate e investigación como parte de un proyecto de potenciación sindical que impulsan los sindicatos de Suecia, Union to Union e IndustriALL en la región.

Durante el segundo semestre trabajaron junto a expertos académicos en la elaboración de un documento orientado a reflejar las principales tendencias y escenarios de la industria regional para los próximos años. La primer versión la finalizaron en diciembre, pero buscarán seguir actualizándolo en 2021.

El secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, dijo:

“Debemos ser capaces de analizar lo que está pasando y lo que podría suceder. Tenemos que ser proactivos para formular una agenda política orientada a disputar la reindustrialización de la región. Los sindicatos deben ser actores políticos y sociales. 

Necesitamos articular las fuerzas productivas, políticas y a los gobiernos progresistas para enfrentar los efectos de los cambios que se avecinan. Tenemos que construir políticas industriales sostenibles para llevar esperanzas a los trabajadores, a los millones de desempleados, migrantes y a los pobres de nuestra región”

La amenaza de una mayor desindustrialización en América Latina

Según el director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Uruguay, Gabriel Porcile, con el auge del neoliberalismo en los años 90 hubo un retroceso industrial muy fuerte en la región. Se abandonaron las políticas industriales, no hubo esfuerzos por promover nuevos sectores de la economía, se apostó casi exclusivamente a la acción del mercado (una híper globalización), se apreció el tipo de cambio y permitieron que las importaciones entraran. Eso llevó a una caída muy fuerte del peso de la industria en el valor agregado de esas economías y con efectos muy negativos en el empleo.

“En CEPAL hay una preocupación por la desindustrialización prematura en América Latina y el Caribe. La productividad relativa de la región, nuestro peso en el mundo, fue cayendo. ¿Quienes cambiaron su lugar en el mundo? Quienes se industrializaron, diversificaron, tienen políticas industriales, cambiaron su patrón de exportación a bienes industriales y productos tecnológicamente sofisticados” explicó Porcile.

A su vez, el director de CEPAL sostuvo que América Latina es una región muy golpeada por la crisis generada por la pandemia, ya que cayó el PBI un 7,7% en promedio y aumentó mucho la desigualdad. Por eso, aseguró que su perspectiva no es positiva y que existe un escenario que está abierto. Afirmó que las crisis previas demostraron que la híper globalización es un concepto que no funciona, que el mercado no se corrige por si mismo y que tienen que existir políticas muy fuertes para superar las crisis:

“Con la pandemia aumentó la importancia del papel del estado y la inversión pública para la recuperación. CEPAL propone un gran impulso para la sostenibilidad social, ambiental y económica. Sostenibilidad económica es tener inversiones dirigidas a lograr una competitividad auténtica. Tener una estrategia industrial, tecnológica, de creación de empleos formales y de calidad. Desde el punto de vista ambiental, la idea es pensar en inversiones públicas que impulsen la inversión privada, que promuevan un patrón productivo y de consumo sostenible, con una transición energética. (…)

Hay que pensar también en un multilateralismo, creando reglas que protejan a la mayoría frente al interés concentrado de los poderosos, creando reglas que favorezcan el diálogo de los actores sociales, de la sociedad civil, dejando espacios para que las políticas de protección social y de desarrollo puedan avanzar. (…)

CEPAL ha llamado por un cambio a la conversación con un nuevo contrato social, en el cual el mercado, el estado y la sociedad civil actúen de otra manera. Tiene que haber un lugar en la mesa para los trabajadores, para las organizaciones no gubernamentales y que puedan participar en la creación de políticas industriales sostenibles. Una nueva ecuación estado, mercado y sociedad.”

¿Qué agenda  proponen los sindicatos de América Latina y el Caribe?

Macro-sector de metales básicos

Los expertos y dirigentes sindicales del macro-sector de metales básicos que trabajaron en el documento aseguraron que en América Latina el comercio y el exceso de capacidad son temas tan dominantes para la industria del acero que tienden a dejar otros temas en un segundo plano. Aseguraron que el comercio puede ser un importante impulsor de la prosperidad, pero requiere un marco global justo y equitativo.

Por ello, propusieron que los sindicatos opongan resistencia a la aplicación de aranceles que son indiscriminados, unilaterales e injustos y que pueden provocar guerras comerciales, que a su vez ponen en riesgo puestos de trabajo. Creen que los países tienen derecho a utilizar soluciones comerciales basadas en normas para defender a las industrias locales contra el comercio desleal.

Para fortalecer la industria regional, y que siga siendo competitiva, explicaron que los sindicatos deben promover una política industrial regional sostenible, que incluya un marco regulatorio claro, inversión en descarbonización, creación de clúster industriales, y la capacidad de atraer y retener una fuerza laboral altamente calificada. Consideran esencial la creación de espacios de debate nacional entablando discusiones con las asociaciones empresariales y los gobiernos para crear un sector social, económica y ambientalmente sostenible.

Macro-sector de la energía:

Los trabajadores y expertos de este macro-sector revindicaron la energía como derecho fundamental y universal. Afirmaron que deben asegurar que la energía sea segura, social, sostenible y que permita la aplicación de políticas industriales sostenibles. Explicaron que la transición energética va a necesitar de mucha infraestructura por lo que los sindicatos deben instar a los gobiernos y empresas para que inviertan en el futuro de la energía.

La descarbonización de la matriz energética es para ellos de vital importancia. Por eso, explicaron que debe hacerse de acuerdo al interés publico, con criterios inclusivos, justos, respetando los derechos laborales y el concepto de energía como “Derecho Fundamental”.  Argumentaron que la implementación de generación distributiva ofrece una opción frente a la centralización en manos de empresas transnacionales.

Propusieron que sindicatos logren la participación de las partes interesadas en la elaboración de una política energética nacional, no solo para garantizar una transición hacia energías limpias, sino también una política energética equitativa. Concluyeron que un proceso amplio es necesario para prever y mitigar los efectos de las estrategias de descarbonización, y asegurar una transición justa para los trabajadores y sus comunidades, evitando los riesgos.

Sector de la movilidad

Los dirigentes sindicales y expertos del macro-sector de movilidad propusieron crear espacios de diálogo tanto locales como regionales con gobiernos y empresas para no quedar atrasados en la implementación de tecnologías y creación de infraestructura.

Además, dijeron que buscarán agregarle valor al litio y entrar en la cadena de valor de las baterías eléctricas, porque será́ una de las principales autopartes de los vehículos del futuro y además porque se está acelerando la baja en los costos de las baterías.

Los sindicatos latinoamericanos de este macro-sector aseguraron que su principal desafío será́ seguir fortaleciendo la organización de los trabajadores de todas las cadenas de suministro y la construcción de redes sindicales. A su vez, promoverán alianzas para incidir en las mesas de diálogo con empresarios y gobiernos para ayudar a construir políticas industriales orientadas a la reindustrialización latinoamericana. Buscarán construir acciones tanto gubernamentales como privadas para insertarse en el mundo de la movilidad digital de forma menos contaminante.

IndustriALL condena la violencia contra el pueblo de Colombia

Desde el 28 de abril se desarrolla un Paro nacional en Colombia con movilizaciones multitudinarias y pacíficas en rechazo a una propuesta de reforma tributaria que aumentaba los impuestos a los servicios públicos. El gobierno de Iván Duque decidió reprimir las protestas con el accionar desmedido de la policía nacional.

Como resultado, se registraron hasta el momento 28 muertes, 726 detenciones arbitrarias, hay 234 personas heridas y más de 100 desaparecidas. Las federaciones sindicales globales le enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 4 mayo para solicitarles que intervengan urgentemente en Colombia para detener la brutal violencia policial.

Además, las organizaciones sindicales hicieron un llamado al gobierno colombiano a promover el diálogo para escuchar los reclamos del Comité́ Nacional de Paro, los cuales motivaron la protesta nacional tras la crisis sanitaria, económica y social, fruto de la pandemia de COVID-19.

Si bien el gobierno anunció el 2 de mayo que retiraba la propuesta de reforma tributaria, el Comité nacional del paro orientó a seguir la movilización nacional. Pidieron, entre otras cosas, la negociación del Pliego Único de Emergencia, el cese de las masacres y el castigo a los responsables.

Por dicho motivo, los afiliados a IndustriALL en el país volvieron a salir a las calles. El presidente de la USO, Edwin Palma Egea explicó:

“Hoy está en riesgo nuestra democracia; el gobierno de Colombia está fraguando un estado de conmoción interior para militarizar las calles y seguir justificando la masacre de nuestros jóvenes. Le hacemos un llamado de atención al gobierno para que se siente a negociar con todos los actores sociales para solucionar esta agenda, antes de que siga ocurriendo más violencia y muertes. ”

Finalmente, el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, le escribió una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, hoy 6 de mayo donde le expresó:

“Condenamos enérgicamente la brutal represión al pueblo colombiano, el cual ha ejercido su derecho a la libertad de expresión desde el 28 de abril, manifestándose en contra del proyecto de reforma tributaria y otras políticas nocivas de su gobierno.

Nos sumamos a las legítimas demandas del pueblo colombiano, respaldamos la continuidad del paro, las movilizaciones pacíficas en consonancia con las decisiones del Comité Nacional de Paro y múltiples organizaciones sociales que lo acompañan.”

INFORME ESPECIAL: Campaña en favor de condiciones de trabajo más seguras en la minería artesanal y a pequeña escala en Zimbabue

INFORME ESPECIAL

Global Worker no. 1 mayo 2021

Pays: Zimbabwe

Tema: la minería artesanal y a pequeña escala en Zimbabue 

Cientos de mineros artesanales y de pequeña escala en el país están muriendo en faenas mineras como consecuencia de inundaciones y derrumbes, donde los mineros quedan frecuentemente atrapados bajo tierra. Los desprendimientos de rocas a menudo bloquean las rutas de escape y los gases tóxicos sofocan a los mineros en minas mal ventiladas. La mayoría de las operaciones de rescate que se realizan con equipos del gobierno no pueden completar sus acciones de socorro, y solo unos pocos mineros son rescatados antes de que se abandonen las operaciones de rescate.

Lamentablemente, algunas minas donde han ocurrido accidentes son ahora tumbas de mineros, principalmente de jóvenes. En los últimos años entre los accidentes mineros ocurridos figura la tragedia en la mina Ran, Bindura, donde el 6 de noviembre de 2020 se derrumbó un antiguo pozo de una mina de oro abandonada y en ruinas. Solo seis mineros fueron rescatados y cuando terminó la misión de rescate quedaron 24 atrapados bajo tierra. En las minas Cricket y Silvermoon en la zona de Battlefields cerca de Kwekwe murieron más de 40 mineros. La mayoría de los accidentes han ocurrido en minas que no se hallaban operativas y cuyas licencias mineras estaban en disputa.

Al comentar sobre la rápida suspensión de las operaciones de rescate en el país, el Parlamento de Zimbabue señaló que falta compasión en la forma como las autoridades del país tratan las muertes de mineros artesanales, debido a la incapacidad de los equipos de rescate, que no logran salvar a mineros que se hallan atrapados a una profundidad no mayor de unos 60 metros. 

La legislación laboral de Zimbabue tiene en cuenta la salud y seguridad en las minas y el país también ha firmado el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en las minas.Sin embargo, estos marcos legales son de menos utilidad en un contexto de trabajo informal que a veces se encuentra controlado por organizaciones mafiosas y pandillas.

Sin otra fuente de ingresos, más de un millón de mineros, o el 14% de la fuerza de trabajo del país, continúa buscando minerales, especialmente oro, para ganarse la vida a duras penas. Los accidentes en las peligrosas minas continúan cobrando la vida de los trabajadores/as, prolongando así el círculo vicioso. Con décadas de crisis económica en el país, el desempleo sigue siendo alto y más de dos millones de personas viven en la pobreza. El trabajo infantil es común en las zonas de los ríos, donde algunos niños abandonan la escuela para trabajar lavando oro.

Terrance Sakala (de 25 años), minero artesanal que trabaja cerca de Kadoma en una mina a pequeña escala con otros siete trabajadores, ha dicho: 

“Mi jornada de trabajo comienza bombeando agua de la mina de 30 metros de profundidad con una bomba de agua sumergible y esperando cuatro horas antes de perforar tres agujeros en la tierra con un martillo neumático. Después de eso, colocamos explosivos, los detonamos y esperamos otras cuatro horas antes de entrar en la mina para sacar el mineral. Nos pagan semanalmente, pero esto depende del oro que obtengamos después de la molienda. Cuando no hay oro, no hay dinero. En una semana buena se puede obtener hasta 500 dólares americanos, pero cuando la extracción es poca o mala se gana sólo 100 dólares o nada. Vivimos con esperanza y fe. La minería artesanal es cuestión de resistencia. No es minería industrial a gran escala”.

El informe de la Contraloría General de Zimbabue confirma que existe incumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional en la MAPE. Esto se ve agravado por situaciones en las que la minería se lleva a cabo en sitios donde hay disputas de propiedad y donde las autoridades pueden considerar que la minería es ilegal. También han habido incidentes de violencia: este es el caso cuando bandas armadas con cuchillos atacaron a algunos mineros artesanales y comunidades en violentos enfrentamientos por el uso de la tierra.

Desde hace mucho tiempo, los sindicatos de Zimbabue han identificado riesgos de la MAPE debido a que los pozos son inseguros y mal ventilados. Además, los pozos y túneles se hallan propensos a derrumbes e inundaciones, especialmente después de fuertes lluvias. También hay falta de equipo de protección personal para trabajadores/as, que se ven expuestos al polvo. Los mineros también son vulnerables ante otros riesgos derivados de las duras faenas, que involucran cavar repetidas veces con picos y palas durante largas jornadas. La mayoría de estos mineros o sus empleadores no cuentan con fondos para adquirir equipos y maquinarias para la minería. También enfrentan exposición a sustancias peligrosas como es el mercurio.

Refiriéndose al hecho de que se hacen cada vez más frecuentes los llamados para normalización de las faenas de la MAPE, Justice Chinhema, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Diamantes y Minerales Afines de Zimbabue, señaló: 

“Como sindicato que representa los intereses de los trabajadores mineros en todo el país, instamos al gobierno a promover los derechos de los mineros artesanales y de pequeña escala, otorgándoles concesiones mineras y mejor acceso a los derechos sobre recursos minerales. Constituye un obstáculo importante la falta de tales concesiones, que ofrecerían títulos legales para la normalización de la MAPE.También quisiéramos que se brinde apoyo técnico a la MAPE a través de una regulación que promueva la formación de cooperativas mineras, la provisión de seguridad social y la creación de fondos de pensiones”.

Zimbabue se halla en proceso de enmendar la Ley de Minas y Minerales, para que incluya a los mineros artesanales, introduciendo la normalización y una mejor regulación. Además, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas por las minas están pidiendo a las autoridades del país que adopten las recomendaciones de African Mining Vision sobre la integración de la MAPE como una de las estrategias para el desarrollo basado en los recursos y en reducir la pobreza.

En cuanto a remesas ilícitas de fondos, existen recomendaciones para impedir el contrabando de oro. Por ejemplo, en 2020, se sacó del país, en forma clandestina, oro con un valor de más de US$ 1.800 millones. Un informe que fue publicado en el Daily Maverick de Sudáfrica con el titular “Cartel power dynamics in Zimbabwe” (Dinámica de poder de los cárteles en Zimbabue) afirmaba que el contrabando de oro está controlado por carteles y que la mayor parte del oro de traficantes que va hacia Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos es extraído por la minería artesanal y a pequeña escala, que "en 2019 produjo el 63% del oro comercializado formalmente en Zimbabue". Esto es más que el oro producido por las minas a gran escala.

Sin embargo, las faenas mineras y las condiciones de trabajo de la MAPE en Zimbabue reflejan lo que sucede en la mayoría de los países del África subsahariana, donde 10 millones de mineros artesanales y a pequeña escala excavan en busca de minerales mediante paneo, faenas a cielo abierto y minería de pozo. Estos minerales incluyen estaño, tungsteno, tantalio, oro, cobalto y otros metales poco comunes que se utilizan en la fabricación de baterías de automóviles eléctricos, teléfonos inteligentes y otros productos.

Para mejorar las condiciones en la MAPE, IndustriALL ha organizado reuniones con afiliados en África subsahariana para estudiar la implementación del Convenio 176 de la OIT y la adopción de la Recomendación 204 de la OIT sobre la transición del trabajo informal. Entre otras cuestiones, la recomendación tiene como objetivo "facilitar la transición de los trabajadores y las unidades informales a la economía formal, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales de los trabajadores y garantizando oportunidades para la seguridad de los ingresos, los medios de vida e iniciativas empresariales".

Los afiliados de IndustriALL en Zimbabue y otros países africanos, incluidos Burkina Faso, la República Democrática del Congo, Ghana y Sudáfrica, han participado en el Alternative Mining Indaba (AMI), que se celebra anualmente en paralelo al Mining Indaba, donde se han adoptado resoluciones para apoyar la MAPE y reconocer el papel que desempeñan los mineros en el sustento de los medios de vida de las comunidades rurales y marginadas.

Una de las resoluciones de la AMI dice: “La MAPE contribuye al sustento de millones de africanos. Como tal afirmamos que esto debe ser reconocido en la legislación y las políticas de los países y no debe ser criminalizado. Esto incluye el fortalecimiento del derecho de la MAPE al acceso y propiedad de los derechos mineros, un marco de trabajo decente destinado a garantizar beneficios justos a lo largo de la cadena de valor, acceso a protección social y redes de seguridad y condiciones de trabajo decentes”.

Glen Mpufane, director de minería de IndustriALL, dice: 

“IndustriALL apoya la normalización de la MAPE para abordar las espantosas condiciones de salud y seguridad y el déficit de trabajo decente en Zimbabue y otros países africanos. Es realmente desolador ver que los mineros sigan perdiendo la vida en accidentes prevenibles que podrían evitarse con legislación nacional y normas laborales internacionales. La normalización trae cumplimiento, conocimientos y capacidad técnica sobre la gobernanza minera, tal como se explica en el Marco de Gobernanza de los Minerales Africanos".

También se han adoptado resoluciones en la AMI en favor de una mejor gobernanza de los recursos minerales y la contención de las remesas ilícitas de fondos que, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, quitan al continente africano más de US$ 88 mil millones, que salen ilegalmente del continente para depositarse en cuentas en el exterior.

Químicos latinoamericanos defienden el derecho universal de acceso a la vacuna de COVID-19

Trabajadores de Brasil, Chile, Perú y Uruguay desarrollaron su segunda reunión virtual del año, el 29 de abril. El secretario general adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan explicó que recientemente IndustriALL Global Union e IndustriAll Europa efectuaron una declaración conjunta donde instaron a la industria farmacéutica a que anteponga el bien y los intereses públicos a las ganancias, y permita que los medicamentos y las vacunas estén disponibles para todos.

En tanto, el director el director para los sectores de productos químicos, farmacéuticos, pulpa y papel, y caucho de IndustriALL, Tom Grinter, dijo que la contracción económica de América Latina en 2020 fue la más pronunciada a nivel mundial y que, si bien la región comenzó a recuperarse, dicha recuperación se basa en gran medida en el acceso a una vacuna de la COVID-19.

Por su parte, los sindicatos de Brasil y de Perú presentaron informes sobre la situación del sector en sus países. En el caso de Brasil, los dirigentes señalaron que las confederaciones sindicales de Brasil decidieron impulsar el 1ro de mayo acciones en defensa del acceso universal a las vacunas, así como la aceleración de la seguridad alimentaria para combatir el aumento del desempleo, el hambre y la pobreza.

Además, destacaron la importancia de reforzar las redes sindicales por empresa, y de organizar a más mujeres, quienes se vieron mayoritariamente impactadas por la pandemia. Afirmaron que las redes permitirán que los trabajadores se fortalezcan para las negociaciones colectivas.

En relación a Perú, explicaron que los sindicatos del sector enfrentan problemas con las empresas como Farmaindustria (parte de la trasnacional Abot) porque dilatan la negociación colectiva por la crisis sanitaria. Además, señalaron que el sistema de salud peruano está colapsado y que muchas personas se mueren por falta de oxígeno medicinal.

Finalmente, el secretario regional adjunto de IndustriALL, Cristian Alejandro Valerio, y el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, hablaron del plan de trabajo para el sector en 2021. El mismo incluye próximas reuniones virtuales por redes, reuniones del macro sector, de los grupos de trabajo del proyecto de potenciación sindical con Union to Union, así como un seminario regional para hablar sobre el teletrabajo.

Además, adelantaron que van a impulsar un programa para enseñar cómo efectuar investigaciones estratégicas de empresas para empoderar a los trabajadores en las mesas de negociación.

Özkan concluyó:

“Defendemos el derecho universal para el acceso a la atención médica, a la vacuna y a los medicamentos para tratar la COVID-19. No debería depender del poder de compra de los gobiernos ni de la dinámica de los mercados. Creemos que nadie debe ser delegado en este momento y que son esenciales la cooperación, la solidaridad y la justicia.”